El Constitucional afronta un año clave con la renovación de su presidencia atascada por un nuevo bloqueo del PP

El Tribunal Constitucional afronta un 2026 con una agenda intensa tanto dentro como fuera de su salón de plenos. Los magistrados tienen por delante debates como la amnistía de Carles Puigdemont o la condena del Supremo al exfiscal general Álvaro García Ortiz pero también una renovación convulsa de cuatro de sus magistrados, entre ellos su actual presidente Cándido Conde-Pumpido. Unos nombramientos que debe votar el Senado mientras el Partido Popular amaga con un nuevo bloqueo como el que ya ejecutó en el Consejo General del Poder Judicial y que permitió alargar casi cinco años el dominio conservador. La diferencia es que, en este caso y mientras esperan su momento, los de Alberto Núñez Feijóo estarán prorrogando en el puesto a un presidente y unos magistrados progresistas a los que han llegado a calificar de “cáncer”.

El pleno del tribunal de garantías tiene 12 magistrados, pero no todos son nombrados por el mismo procedimiento. Cuatro son designados por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, y las renovaciones se van haciendo por tercios y por mandatos de nueve años. Los próximos nombramientos en el horizonte son de los cuatro magistrados que designó el Senado la última vez: los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez. Su mandato caducó a mediados de diciembre y la cámara alta, con mayoría absoluta del PP, apenas ha puesto en marcha el engranaje para la renovación a pesar de las advertencias del propio Constitucional.

El Tribunal cuenta con una mayoría de siete magistrados progresistas desde la renovación parcial de 2021, cuando el ejecutivo asumió la entrada de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel a cambio de nueve años de mayoría progresista. Los nombramientos del Senado, que ya van con retraso, no ponen en peligro la aritmética interna del tribunal: se tienen que acordar por tres quintos del total de senadores, lo que obliga al PP a pactar con el PSOE y cierra la puerta a un desequilibrio y un 'sorpasso' de los conservadores. Al menos con la distribución parlamentaria actual.

En la actualidad el PP y sus socios habituales de Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) no tienen senadores suficientes para pactar entre ellos una renovación parcial del Constitucional. Pero los de Alberto Núñez Feijóo ya han dejado claro que, por el momento, no tienen intención de sentarse a negociar. “Este es un Gobierno con el que el PP difícilmente puede negociar absolutamente nada”, dijo su portavoz Miguel Tellado. En Génova tienen clara una cosa: el ciclo electoral que arrancó el domingo en Extremadura les irá bien y también a sus potenciales socios de Vox, que no dejan de señalar cada acuerdo del PP como “muleta” del PSOE.

La renovación parcial del Constitucional por parte del Senado tiene, además, una particularidad: los candidatos a magistrado son propuestos por las asambleas de las comunidades autónomas. Un proceso generalmente pacífico –en su momento la candidatura de Conde-Pumpido fue avalada por el PP en la Asamblea de Madrid– que ahora se enfrenta a un escenario distinto: parlamentos regionales como Extremadura o Aragón llegan a este proceso en pleno ciclo electoral y otras como Castilla y León y Andalucía también con las urnas en el horizonte. Comicios donde Vox espera crecer exponencialmente y ser llave de gobierno para el PP tras su buen resultado en Extremadura. Con su capacidad de negociación, por tanto, al alza.

El bloqueo anunciado por el PP con todo tipo de cálculos políticos y electorales de fondo se suma a la lista de otros ejecutados anteriormente en la última década. A la cabeza, el que impuso en el CGPJ y que consiguió perpetuar una mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces cinco años después de que caducara el mandato. Con una diferencia fundamental: en este caso el bloqueo lo que perpetúa es la mayoría progresista del Constitucional y mantiene en funciones el mandato como presidente de Cándido Conde-Pumpido, señalado públicamente por el PP como su enemigo número uno en los tribunales. En un momento, además, clave para el Constitucional con asuntos de alto voltaje político por delante.

De la amnistía al fiscal general

El pleno del Constitucional viene de unos años intensos con decisiones que le han enfrentado directamente al Tribunal Supremo y que, además, le han costado el señalamiento constante de PP y Vox con una campaña de descrédito contra cualquier decisión que contravenga sus intereses o rechace sus recursos. Desde tumbar buena parte de las condenas de los ERE de Andalucía hasta avalar la Ley de amnistía del procés pasando por dar la razón a Arnaldo Otegi o Alberto Rodríguez tras ser condenados por el Supremo.

Y otros asuntos candentes pendientes de deliberación para este año 2026 con la renovación de su presidencia en el aire.

El más inmediato es el último y relevante fleco de la amnistía: si la ley de perdón también se aplica al delito de malversación atribuido en condena o instrucción a los políticos catalanes implicados en el procés. Los recursos de Oriol Junqueras y otros condenados, así como el del imputado Carles Puigdemont, fueron admitidos a trámite a lo largo de 2025 y el pleno tiene previsto dictar las sentencias en el primer trimestre de este año. Resoluciones de las que dependen tanto la inhabilitación que pesa sobre Junqueras y el resto de políticos, pero también la imputación que a día de hoy impide que Puigdemont pueda volver a España sin arriesgarse a ser arrestado por seguir en búsqueda y captura dentro del país.

Este 2026 será también el año en que Álvaro García Ortiz recurra su condena de multa e inhabilitación por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ex fiscal general está pendiente de interponer un incidente de nulidad –que será previsiblemente rechazado por el mismo Supremo que le ha condenado– como paso previo a ir al Constitucional, con un recurso cimentado en el voto particular de dos magistradas progresistas cuyos argumentos ya han tenido éxito en ocasiones anteriores ante el tribunal de garantías.

Otros recursos pendientes también anticipan un 2026 caliente en la sede el Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Normas como la Ley Trans o la reforma conocida como 'ley del solo sí es sí' siguen pendientes de sentencia. También aguarda una decisión Dolores Delgado, ex fiscal general, sobre sus recursos contra las sentencias del Supremo que tumbaron sus ascensos a fiscal de sala.

Son algunos de los asuntos que llegarán a manos del pleno mientras cuatro de sus magistrados, entre ellos su presidente, están pendientes de saber si seguirán o no en el tribunal. También mientras el PP se niega a facilitar el desalojo de un Conde-Pumpido al que no dejan de apuntar como un peligro para la integridad judicial española a la espera de un ciclo político más favorable para intentar invertir la mayoría progresista del tribunal.