La condena de un Supremo dividido al ex fiscal general anticipa una nueva batalla en el Constitucional

La condena de Álvaro García Ortiz pondrá rumbo al Tribunal Constitucional en las próximas semanas. El ex fiscal general se apoyará en el voto particular de las dos magistradas discrepantes para recurrir en amparo la sentencia que le culpa de la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo que abre un escenario diferente: un nuevo debate en un Constitucional dividido con un voto particular firmado por dos magistradas cuyo criterio se ha terminado imponiendo en casos como los ERE de Andalucía o la condena a Alberto Rodríguez.

La Abogacía del Estado tiene previsto poner en marcha cuanto antes la maquinaria necesaria para acudir al Constitucional. Primero tendrán que interponer un incidente de nulidad –con pocas probabilidades de éxito y con menos margen de acción que un recurso normal– ante la misma Sala de lo Penal que le ha condenado. Después ya podrán llevar sus reclamaciones al tribunal de garantías.

Los servicios jurídicos del Estado, que han defendido a García Ortiz en el proceso, siguen examinando una sentencia y un voto particular que suman más de 200 folios, pero fuentes del caso invitan a analizar todas las quejas que tanto la Abogacía como la Fiscalía han presentado ante el Supremo en el último año, en fase de instrucción con el juez Ángel Hurtado y durante el juicio ante la Sala de lo Penal.

Muchas de esas quejas arrancaron durante la investigación y ahora son pilares maestros de la condena de dos años de inhabilitación impuesta al ex fiscal general. Por ejemplo, la decisión de Hurtado de considerar delictiva la nota de prensa de la Fiscalía en contra del criterio de la sala de admisiones. O los registros ordenados por el juez y llevados a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de donde salieron las pruebas clave para la acusación. También la decisión del tribunal de entender que García Ortiz o su “entorno” filtraron el correo a la prensa, aunque ese “entorno” –sus colaboradores más cercanos– haya declarado en el caso sin que nadie, sino él, haya sido juzgado.

Los argumentos quedarán plasmados en un recurso que todavía tiene semanas por delante antes de ser terminado e interpuesto. Pero el previsible viaje del caso al Tribunal Constitucional anticipa un escenario que ya se ha vivido varias veces en los últimos años: casos penales de gran relevancia pública y política que no fueron sentenciados por unanimidad en el Supremo y que se zanjan con un correctivo en el Constitucional, también sin unanimidad.

El principal apoyo del futuro recurso de García Ortiz contra su condena será el voto particular que han firmado dos magistradas progresistas del Supremo: Susana Polo y Ana Ferrer. Un voto discrepante que cuenta con un primer aspecto relevante desde la firma: Polo fue la ponente del auto que en octubre de 2024 decidió abrir la causa contra él. Y defiende, como máxima responsable de esa decisión y en contra de sus cinco compañeros, que el Supremo descartó entonces que hubiera delito en la nota de prensa por la que ahora es condenado.

El voto particular de estas dos magistradas rebate los puntos principales de la sentencia condenatoria. Desde la falta de pruebas y concreción de sus compañeros para atribuir la filtración a García Ortiz o un “entorno” inconcluso hasta las “muchas personas” que tuvieron acceso al correo antes que él pasando por la mayor importancia que da a los periodistas que testificaron en el juicio. Sin pasar por alto el hecho, como sí hace la sentencia, de tener en cuenta que el primero en difundir correos confidenciales de su caso fue el propio González Amador.

Dos magistradas discrepantes

En el Tribunal Supremo consideran que el relato de hechos probados corta el paso a que el Tribunal Constitucional pueda anular o matizar su sentencia sin entrar en terreno vedado y sin tener que comportarse como una segunda instancia penal para una sentencia que ya es firme. Un razonamiento extensible a cualquier sentencia de cualquier tribunal que aspira a que sus resoluciones sean confirmadas por instancias superiores o en amparo.

La publicación de la sentencia que condena al entonces fiscal general del Estado consagra esa causa especial como una de las más polémicas de la historia del Supremo. Desde el voto particular de uno de los magistrados de la Sala de Apelaciones –que entendió que la causa ni siquiera merecía llegar a juicio– hasta el voto también discrepante de dos magistradas que apuestan por la absolución. La nota habitual en un Tribunal Supremo que hace tiempo que dejó atrás la unanimidad del procés, dando paso a la división en casos como los ERE de Andalucía, la condena a Alberto Rodríguez o la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, entre otros.

Algunos de esos casos han terminado con sentencias del Constitucional que han cuestionado decisiones del Tribunal Supremo y varias tenían un punto en común: votos particulares de Polo y Ferrer contra las condenas. Sucedió en el caso de los ERE de Andalucía, cuando la mayoría progresista del pleno anuló buena parte de las condenas de los políticos andaluces, y sucedió en el caso de Alberto Rodríguez, cuando la queja de Susana Polo y Javier Hernández sobre la desproporción de la condena que le dejó sin escaño también prosperó.

El caso llegará al Tribunal Constitucional en un momento delicado para la institución. Tanto por la constante campaña de desacreditación lanzada por la derecha y extrema derecha de PP y Vox desde que la corte cuenta con una mayoría progresista de magistrados como por la próxima renovación de una parte de sus magistrados.

El Senado tiene pendiente poner en marcha el proceso para renovar a los cuatro magistrados que dependen de su criterio, entre ellos el propio Cándido Conde-Pumpido, que tiene por costumbre apartarse de causas que afectan a sus antiguos subordinados como fiscal general, entre los que se incluye García Ortiz. La posible renovación de un tercio de los magistrados, en la que por el momento no hay visos ni de negociación entre partidos, que se solapará con la tramitación de las alegaciones de García Ortiz contra la condena que le sacó de la Fiscalía General del Estado.