Frente a las políticas de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que este jueves anunció un incremento del 15% del presupuesto para los colegios concertados, el movimiento por la educación pública se ha fortalecido en los últimos meses en la región. Desde el pasado otoño han proliferado en la capital distintas marchas y concentraciones que exigen al Gobierno de Ayuso una mejora en la financiación, “más plazas públicas, acabar con la contratación dos por uno en los docentes y una bajada de ratio en las aulas”, según explican a este diario algunos de los convocantes.

Las protestas han sido impulsadas por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid y otras plataformas como Primaria Existe e Infantil Existe, que desde el mes de octubre se concentran cada semana en la plaza de Callao para reivindicar la mejora de las condiciones del profesorado de Infantil y Primaria, la igualdad de oportunidades del alumnado y la atención a la diversidad o la reducción del número de horas lectivas. La movilización tiene previsto prolongarse durante los próximos meses hasta, al menos, las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La cuestión de fondo detrás de las protestas es “el insuficiente presupuesto educativo que tiene la Comunidad de Madrid”, según aseguran desde la Federación de Enseñanza de Madrid. “La educación pública no se ha recuperado de los recortes que sufrió en la crisis financiera y que sin revertirse se han seguido manteniendo”, afirman. También reclaman que la brecha entre la pública y la privada, concertada o sin concierto, “no ha hecho más que crecer”, dando lugar a un mayor número de desigualdades con respecto a la educación pública.

En una de las últimas protestas en la plaza de Callao se pudieron escuchar cánticos como “Ayuso, escucha, la pública está en lucha” y se vieron pancartas con diferentes mensajes protestando contra las políticas del Gobierno regional. La mayoría de los docentes que se manifiestan se encuentran actualmente en paro, a pesar de haber aprobado las oposiciones en varias ocasiones. Este es el caso de profesoras como Mila, María o Laura, especializadas en Educación Primaria e Infantil, respectivamente. “Esto es la punta del iceberg de todos los recortes que ha sufrido la educación de la Comunidad de Madrid. Parece que se están riendo de nosotros”, explican a elDiario.es.

Entre sus principales preocupaciones se encuentra la contratación “dos por uno” de los docentes de Primaria e Infantil. Con esa expresión se refieren a la realidad que viven varios profesores que hacen el trabajo que deberían hacer dos docentes, pero con un único salario. Por ejemplo, un maestro de inglés no solo da clases de inglés a diferentes cursos, sino que también tiene una tutoría. “Están cogiendo maestros de otras especialidades como inglés y con eso cubren dos puestos con un solo profesor”, explica Laura, una de las maestras de Infantil que protesta en Callao.

Todos los asistentes a la concentración coinciden en que esta situación no solo perjudica al profesorado al haber menos plazas vacantes, sino también a los alumnos porque “no se les puede atender correctamente con el doble de trabajo”, explica Mila, profesora de primaria. Además, entre los objetivos de estas movilizaciones no solo está conseguir unas mejores condiciones para los docentes sino también hacer llegar a los padres la situación en la que está la enseñanza de sus hijos. “Queremos que los padres sepan que no se está invirtiendo suficiente en educación pública y que por eso el profesor no tiene tanto tiempo para su hijo”, explica María, profesora de Primaria.

La concertada y la privada ganan terreno a la pública

La cesión de suelo público para la construcción de centros concertados es otra de las quejas de los docentes de la escuela pública, que aseguran que “se están destinando más fondos públicos a la concertada y a la privada”. En noviembre, Ayuso convocó dos concursos para “la construcción y gestión de centros educativos privado-concertados” en suelo público. Esta decisión supone que los beneficiarios de dichas construcciones solo tendrían que pagar el coste de la construcción, pero no el suelo sobre el que se construye.

Estas dos adjudicaciones se dieron en parcelas situadas en Vallecas y Valdebebas. En este último caso se ha proyectado el primer instituto que ofrece Secundaria en todo el barrio, donde aún no existe ninguno público a pesar de las peticiones de los vecinos que la Comunidad de Madrid no ha atendido. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, fue una de las asistentes a la concentración celebrada el pasado 23 de enero en la plaza de Callao y calificó esta situación como “un escándalo y una auténtica falta de respeto”, además de acusar a Ayuso de “querer cargarse la educación pública”.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, en 2020 Madrid tenía el 14,8% del alumnado de España pero tan solo destinaba el 10% del presupuesto educativo de todo el país. Además, es la comunidad con más alumnos en la enseñanza privada concertada. En términos relativos, el 29,5% de los estudiantes de la región acuden a un centro privado sostenido con fondos públicos, mientras en Catalunya son un 25,8% y en Andalucía un 20,6%. Todas ellas se sitúan, sin embargo, lejos de Euskadi, donde prácticamente uno de cada dos alumnos vascos (48%) está matriculado en un centro concertado. En 2020 la Comunidad de Madrid era la segunda comunidad, por detrás de Catalunya, donde más dinero se destinaba a los centros educativos privados y concertados.

El debate por la mayor inversión en la enseñanza pública se produce en un momento en el que el sector educativo de Madrid reclama una bajada de ratios en las aulas, es decir, un menor número de alumnos sobre todo en Primaria e Infantil para “poder atender mejor a sus necesidades y dedicarles más tiempo”. “Esto se nos ha prometido y no se ha cumplido”, asegura Laura, profesora de Infantil que actualmente se encuentra en paro. Además de la bajada de ratio, los docentes reclaman que faltan más plazas para profesores en la pública y que son necesarias porque “la bolsa está prácticamente parada y salen muy pocos llamamientos”, explica Laura.

Esto ocurre en la Educación Infantil pero también en la Primaria. Mila y María son profesoras que ya han opositado en varias ocasiones, pero no consiguen trabajo en un colegio público. Ambas explican que en muchas ocasiones las vacantes de bajas o maternidades las sacan más tarde para “pagar menos”. “Han sacado plazas para cubrir bajas y hemos visto que estaban sin profesor desde el 13 de enero, hace más de diez días. Parece que se están riendo de nosotros”, explican a este medio.

En el foco de estos problemas está el “insuficiente presupuesto educativo” de la Comunidad de Madrid. En los presupuestos de 2022, que se repetirán este 2023 dado que Ayuso no llegó a un acuerdo en la Asamblea de Madrid con los demás grupos, la cantidad destinada a educación es de casi 6.000 millones de euros. Según los datos publicados por la Comunidad de Madrid, el gasto en educación ha aumentado un 9,28% con respecto a 2021. Pero aunque en los últimos años el gasto en educación ha ido en aumento, el porcentaje total de los presupuestos destinado a educación ha disminuido casi un 5% en los últimos 10 años.

Miles de taxistas han teñido de blanco el Paseo de la Castellana de Madrid, desde la Plaza de Castilla hasta la Consejería de Transportes situada a la altura de la calle Maudes. Con los pitidos de sus cláxones y distintas pancartas han vuelto a protestar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los taxistas han vuelto a parar la Castellana doce días después de su última protesta para mostrar su rechazo al nuevo reglamento del Taxi de Madrid anunciado por el Gobierno regional. “Es un documento que pretende precarizar, especular y acumular licencias en manos de las empresas”, ha explicado a los medios el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz.

La nueva normativa contempla la liberalización de los horarios del sector del taxi, lo que les permitiría trabajar las 24 horas del día los siete días de la semana frente al límite de 16 horas diarias que existe actualmente. Además, también permitiría a los usuarios reservar una plaza única en un coche compartido y a los conductores tener un máximo de 50 licencias, frente a las tres permitidas actualmente. Mientras Ayuso asegura que este nuevo reglamento “dará más libertad y seguridad” y permitirá que “ingresen hasta un 60% más por licencia”, los taxistas aseguran que este texto “no es lo que el taxi necesita” ya que permite la “precarización, especulación y la acumulación de licencias en manos de las empresas no de los autónomos del taxi”, según ha explicado Julio Sanz.

Desde el sector del taxi prefieren llamarlo “uberización” porque el reglamento “lo que va a conseguir es destruir al sector del taxi y favorecer a los VTC”, explica a elDiario.es Daniel, uno de los conductores que se han manifestado durante la mañana de este martes 24 de enero. Él lleva 24 años con su licencia de taxi y explica que, con el nuevo régimen de libranzas, no ganaría más dinero porque “los taxis que actualmente libran diariamente, que son alrededor de 3.500, saldrían a la calle y habría los mismos clientes para más conductores”. “Tendríamos que trabajar mucho más para ganar mucho menos”, asegura.  

La marcha estaba convocada para unos 6.000 taxis por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Élite Taxi que, junto a otras asociaciones –a excepción de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid y los empresarios– han recorrido la Castellana durante al menos dos horas. Estas dos últimas, la Gremial del taxi y los empresarios, representan el 27% y el 9% del sector, respectivamente. Desde la Federación Profesional del Taxi aseguran, sin embargo, que este modelo solo quiere “seguir asemejándose a los VTC desregulando el sector del Taxi para no regular el de los VTC”.

El aumento de licencias de Taxi “no beneficia a los autónomos”

Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan con la nueva normativa es el mayor número de licencias por persona física o jurídica. Actualmente el 95% de los taxis madrileños pertenecen a autónomos con una media de entre una y tres licencias por persona. Con la nueva normativa se les permitiría tener hasta 50 licencias, pero esta situación solo beneficiaría a las grandes empresas multinacionales que sí que podrían permitirse comprar 50 licencias de taxi. Este es el caso de Óscar, miembro de Élite Taxi y conductor del Taxi desde hace 23 años, que asegura que le inquieta “mucho más la entrada de las flotas de 50 coches que la libertad de horarios”.

“No creo que nadie del 95% de los autónomos del taxi pueda comprar 50 coches y no por meter más coches van a salir más clientes”, asegura Óscar a elDiario.es. Su situación es similar a la de otros conductores, que tienen que compaginar su vida laboral con la familiar, con la jornada actual de 16 horas se organizan “como buenamente puedes”. Si se aprueba la jornada de 24 horas solo beneficiará “a los floteros que no les importan las condiciones del conductor” porque ellos “tienen que conciliar su vida”, remata.

Por otro lado, también reivindican la falta de un régimen sancionador para los VTC frente al Taxi, “lo que se esconde detrás de todo esto es desregular al taxi para no tener que regular a las VTC”, ha declarado el presidente de Federación Profesional del Taxi de Madrid. El Gobierno regional llevó al último pleno de la Asamblea de Madrid, celebrado en diciembre, una propuesta para establecer un nuevo régimen sancionar a los VTC que no les permitiría captar clientes a pie de calle, pero esta no salió adelante al presentarse por lectura única, sin posibilidad de debate ni enmiendas, y no obtener el apoyo de Vox por “la manera de tramitarse”. 

Los taxistas también han amenazado con seguir manifestándose si el reglamento sigue adelante. “Si alguien no da marcha atrás dentro de 12 días estaremos convocando otra concentración más grande. No vamos a parar hasta que se den cuenta que esto es un despropósito”, ha rematado Julio Sanz.

Las exigencias de la Unión Europea sobre la calidad del aire y la coyuntura económica marcada por las consecuencias de la guerra en Ucrania han forzado al Ayuntamiento de Madrid a incorporar nuevas modificaciones en la movilidad de la ciudad coincidiendo con el inicio del año. Pese a que la gran promesa electoral del alcalde, José Luis Martínez Almeida, del PP, fue la supresión de Madrid Central –el plan del anterior gobierno municipal que restringía el tráfico en el centro de la ciudad para reducir la contaminación–, con el comienzo de 2023 el actual consistorio ha ampliado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a la M-30 y ha establecido la prohibición de circular por esta vía a los vehículos sin etiqueta medioambiental. A estas novedades se suman la bonificación del 60% al abono transporte hasta junio de 2023 y una nueva regulación de los taxis que ha generado tensiones en el sector.

A partir de este año la Zona de Bajas Emisiones de Madrid tendrá un alcance mayor: los coches que no tengan etiqueta medioambiental ya no podrán circular por la M-30. Esta medida se suma a las iniciativas llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento de Madrid para “mejorar la calidad del aire” de la ciudad. Los vehículos sin etiqueta medioambiental que circulen por esta vía podrán ser sancionados con multas de hasta 200 euros, aunque las cámaras de vigilancia aún no están instaladas y el consistorio no contempla que se inicien las sanciones hasta junio, es decir, hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

En 2022 Madrid evitó, por primera vez, una sanción por parte de las instituciones europeas por superar los límites de contaminación. Pero si la capital cumplió el año pasado por primera vez con esos máximos impuestos por la Unión Europea a las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) que respiran sus ciudadanos fue, entre otras estrategias, gracias a que el equipo de Almeida restringió el tráfico en uno de los puntos negros de la contaminación en Madrid, la estación de medición de la Plaza Elíptica. Por la mínima, esta no superó los 40 microgramos por metro cúbico que las autoridades comunitarias exigen a sus países miembros y que sí se superó en 2021, pese a la pandemia. “Madrid, por fin, respira”, es el lema escogido ahora por el ayuntamiento para presumir de ese hito cuestionado por todos los partidos de la oposición y por los expertos medioambientales.

Con todo, los principales afectados por la ampliación de la ZBE que se puso en marcha el día 1 son los turismos que no tienen etiqueta medioambiental, y que con el nuevo año tienen prohibido el acceso a Madrid por la M-30 y la circulación por el interior de esta. Dentro de este grupo de vehículos se encuentran los de gasolina matriculados antes del 2000 y los de diésel matriculados antes de 2006. Los coches históricos, que son aquellos de más de treinta años que tienen la matrícula precedida por la letra H, seguida de cuatro dígitos y tres letras, serían las únicas excepciones al veto de los vehículos sin etiqueta.

Las restricciones de movilidad en la M-30 se controlarán con 44 cámaras automáticas, pero estas aún no están colocadas y la empresa dispone de tres meses para instalarlas por lo que, hasta entonces, se colocarán agentes de movilidad en puestos aleatorios “para garantizar el cumplimiento de la normativa”, según ha anunciado el ayuntamiento. El siguiente paso dentro del plan de la Ordenanza de Movilidad, creado en 2018, será que en 2024 ningún coche sin etiqueta medioambiental pueda circular por la ciudad. Así, si en 2022 las restricciones aplicaban al interior de la M-30, en 2023 afectan ya al interior y a la propia autopista, y en 2024 se prevé su extensión a toda la ciudad.

Descuento del 60% en el abono transporte

En cuanto al transporte público, la Comunidad de Madrid lleva desde septiembre de 2022 con el abono mensual reducido en un 50%. Aunque el Gobierno madrileño anunció su retirada a partir del 1 de enero, esta medida se prolongará seis meses más y el descuento será aún mayor, del 60%. Esta decisión fue tomada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el Gobierno central seguiría aportando el 30% de la bonificación siempre que las comunidades aportaran el 20% restante, y tras acusar al Ejecutivo en un inicio de lanzar “chequevotos” para comprar, según Ayuso, los apoyos de los ciudadanos de cara al nuevo ciclo electoral. El abono transporte será además gratuito para los mayores de 65 años, al igual que la tarjeta infantil, hasta los 7 años.

Otra de las novedades es la unificación de Rivas Vaciamadrid en la zona B1 a partir del primer trimestre de 2023. El municipio ya no pertenecerá a la zona B2 y su precio será menor. Los títulos de Metro, Metro Ligero y EMT de 10 viajes mantendrán su precio de 8,5 euros, dentro de la zona A.

El abono Joven, disponible hasta los 25 años incluidos pasará a costar de 10 a 8 euros a partir de febrero. El título de la zona A desciende de los 27,3 euros a 21,8; el de la zona B1, de 31,8 a 25,4 euros; el de la zona B2 pasa de 36 a 28,8 euros y la zona unificada B3-C1/C2 se quedará en 32,8 euros al mes. Todos los abonos seguirán contando con el descuento para familia numerosa general de un 20% y para familia numerosa especial, que ascenderá a un 50%.

Nueva regulación de los taxis

El Gobierno de Ayuso también tiene prevista una nueva regulación de Taxis para este 2023, que según la presidenta, dará “más libertad y seguridad” al sector que, en cambio, tiene previsto movilizarse este mismo jueves en contra de esa modificación del reglamento que, consideran, atenta contra sus derechos laborales. Y es que el plan, que se prevé que se apruebe en marzo, contempla que los profesionales del taxi tengan libertad horaria y puedan trabajar las 24 horas del día los siete días de la semana.

Otra de las novedades es el aumento del precio de los taxis en la Comunidad de Madrid. A partir del 1 de enero serán, de media, un 4,8% más caros tras la propuesta que hizo el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida. Las que subirán serán las tarifas 1, 3 y 7, correspondientes a los servicios de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas, los servicios entre el aeropuerto y una zona fuera de la M-30 y los trayectos de menos de 1.450 metros, respectivamente. El incremento será de 15 céntimos el kilómetro. También ha aumentado la tarifa 2, correspondiente a los servicios nocturnos y en días festivos. Y lo ha hecho en 10 céntimos el kilómetro.

A partir de este año, además de la subida del precio, se ha creado también una octava tarifa para impulsar el uso del taxi en los trayectos más largos, de más de 15 kilómetros de distancia. Tendrá un precio reducido de 1,25 euros el kilómetro y 23,75 euros la hora.

A poco más de cuatro meses para que comience el nuevo ciclo electoral que se abrirá el 28 de mayo con las elecciones autonómicas y municipales, PACMA ha renovado su imagen y ha cambiado de nombre, aunque mantiene las siglas: ya no será el Partido Animalista contra el Maltrato Animal sino el Partido Animalista con el Medio Ambiente. Según el nuevo presidente de la formación, todo se explica en que su objetivo es “ser ese partido verde de referencia en España que actualmente no ocupa ninguna formación”. 

La agrupación ha incluido en su programa más iniciativas dedicadas al Medio Ambiente porque “es una demanda actual de la sociedad”, afirma Luna en declaraciones a elDiario.es. Su junta directiva ha sido renovada recientemente y, además, ha establecido un logotipo “más actual” aunque manteniendo su esencia: el toro y el pájaro, pero con un nuevo color verde en referencia a su nueva denominación. “Cubrimos la defensa del Medio Ambiente, la protección animal y los derechos humanos”, explica su presidente.  

Entre sus propuestas está crear la “revolución de la empatía medioambiental”, el fin de las macrogranjas y una Ley de Protección Animal que incluya a todos los animales sin discriminación. En esta nueva planificación incorporan 140 medidas medioambientales, además de las iniciativas de protección animal que ya tenían en el pasado.

Aunque haya cambiado su denominación, su logotipo y su junta directiva, Luna reivindica que, básicamente, su apuesta sigue siendo la misma. “Somos totalmente fieles a nuestros ideales, nunca hemos vendido nuestros principios. PACMA está formado por personas que no necesitan la política para vivir, somos honestos y eso es algo que se está perdiendo en la política”, asegura.

El partido más votado sin representación parlamentaria

En las últimas elecciones generales PACMA no consiguió escaño en el Congreso, aunque se posicionó como el partido más votado sin representación parlamentaria en las comicios de 2015 y 2019. Según el último Barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en diciembre de 2022, PACMA tiene una estimación de voto del 1,1% de cara al próximo ciclo electoral, frente al 1,5% que tenía en el mismo estudio de octubre de 2022.

2023 coincide ahora con los 20 años del partido desde su creación en 2003 y se centrará en “conseguir una representación política en las elecciones municipales y autonómicas”. PACMA se presentará en muchos municipios de España y en todas las autonomías, así como a las elecciones generales. “Nuestra propuesta es apostar fuertemente por las elecciones municipales porque creemos que el salto a las elecciones generales pasa por hacer una buena campaña en los ayuntamientos”, plantean desde la formación animalista. 

Respecto a los candidatos que presentará PACMA está confirmado que su presidente, Javier Luna, concurrirá como candidato a la Alcaldía de Córdoba. Él es natural de la ciudad y su candidatura va en consonancia con otra de las nuevas estrategias del partido que consiste en presentarse en municipios donde “realmente” tienen posibilidades de conseguir representación a través de candidatos que son caras conocidas del lugar.

El candidato o candidata para las elecciones generales aún no está decidido y en el seno del partido se decantan por abrir ese melón después de las elecciones municipales y autonómicas, aunque sí aseguran que “PACMA se presentará a las elecciones generales, como ha hecho siempre, esperando conseguir una representación política”. 

La Ley de Bienestar Animal y el conflicto sobre los perros de caza

En las últimas semanas PSOE y Unidas Podemos se han visto enfrentados por sus diferencias respecto al proyecto de Ley de Bienestar Animal propuesto desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Ione Belarra. Según ha explicado la ministra, esta ley “busca acabar con la impunidad de los maltratadores y con el abandono animal”.

La enmienda realizada por los socialistas que propone excluir a los perros de caza de esta Ley salió adelante el pasado 22 de diciembre en el Congreso, aunque sin el apoyo de Unidas Podemos. De esta manera, la Ley de Protección Animal tiene prevista su aprobación para este 2023, si los grupos parlamentarios logran llegar a un acuerdo.

No obstante, tras la enmienda presentada por el PSOE y para que la Ley salga adelante, Belarra propuso seguir el modelo de ley de protección animal de Castilla La-Mancha vigente desde 2020, bautizado como “el modelo Page”. La propuesta implica que los perros de caza quedan exentos de la aplicación sancionadora de la ley únicamente durante la actividad cinegética. “No es nuestro modelo ideal, pero pensamos que es urgente que esta Ley sea aprobada en el Congreso”, afirmó Belarra. Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, aseguró que “esta Ley regula los derechos de todos los animales y supone un salto cualitativo para España en avance ecológico y protección de los animales”. 

Desde PACMA no están de acuerdo con estas declaraciones ni con la decisión de excluir finalmente a los perros de caza de la nueva Ley de Protección Animal. “Hay un total desconocimiento por parte de Yolanda Díaz o de Ione Belarra cuando dicen que esta normativa defiende a todos los animales contra el maltrato animal porque no incluye a los animales de los festejos taurinos ni a los perros de caza”, explica el presidente de la formación.

Además, el partido animalista ha convocado varias manifestaciones en más de 20 ciudades españolas para este 8 de enero a las 12.00 horas con el objetivo de protestar contra la exclusión de los perros de caza del proyecto de ley, que aún no ha concluido su tramitación parlamentaria.

Tras conocer la decisión de excluir a los perros de caza, PACMA ha solicitado a Unidas Podemos que retire el Proyecto de Ley de Protección Animal antes de su aprobación definitiva porque “desprotege a los animales”. En 2021, en España el 13% del total de perros abandonados fue debido al fin de la temporada de caza. Esta cifra supone un total de 21.800 perros de caza abandonados en 2021 al acabar la temporada, según los datos de la Fundación Affinity.

El partido animalista no considera que los partidos políticos tengan una mayor preocupación por el medioambiente o la protección de los animales a pesar de iniciativas como la Ley de Bienestar Animal. “No hay más preocupación, solo que cuando llegan las campañas electorales intentan incluir cosas para ganarse al electorado”, asegura Luna. 

“Los políticos siempre se pliegan al lobby de la tauromaquia o de la caza, en beneficio de sus votantes”, dice el presidente de PACMA. Desde el partido animalista consideran que la medida del PSOE de excluir a los perros de caza está estrechamente relacionada con la proximidad de las elecciones generales. “Entienden que esto les perjudica de cara a sus votantes sobre todo en las comunidades donde gobiernan, como Castilla La-Mancha”.

Posible confluencia con otros partidos

En las elecciones anteriores PACMA rechazó la confluencia con otros partidos y este año hará lo mismo en las generales, pero no en las autonómicas y las municipales donde sí barajan posibilidades de confluencia con partidos que compartan su mismo ideario en temas de animales y medioambiente. Este es el caso de Baleares, donde PACMA ha anunciado recientemente un acuerdo de coalición con el partido Progreso en Verde de cara a los comicios del 28 de mayo. Esta coalición con otra formación política es la primera en la historia de PACMA, que hasta ahora siempre ha concurrido en solitario.

En Santiago de Compostela la procesión del 31 de diciembre no fue hacia la Puerta Santa, que cierra tras dos Xacobeos consecutivos, los primeros de la historia, sino de turismos y todoterrenos a las gasolineras low cost del polígono industrial. El mismo día 31 hubo romerías de coches desde primera hora y algunos tuvieron que estacionar en los márgenes de la carretera para esperar turno. La cuenta atrás del descuento de los 20 céntimos, la bonificación que el Gobierno puso en marcha el 1 de abril, hizo sudar a los operarios de las estaciones de servicio y también a las aplicaciones de móvil, que los gigantes energéticos obligan a descargar a los conductores que quieran mantener el descuento en 2023. El goteo en gasolineras de todo el país se ha repartido desde que Pedro Sánchez anunciara este martes en el último Consejo de Ministros del año, que el descuento dejaba de tener carácter general en 2023.

En el año nuevo, la gran distribución Repsol, BP, Cepsa y Galp mantendrán descuentos, con los que habían acompasado la bonificación del Gobierno, pero solo a aquellos clientes con tarjetas de bonificación. Completar los trámites para descargar algunas de las apps también propició esperas en el final de año. “Las pobres aplicaciones también están haciendo horas extra”, admitía Óscar, el operario de una estación de servicio al norte de Compostela, a un cliente que intentaba bajarse la aplicación, sin éxito, ante una hilera de clientes poco frecuente en la mañana de un sábado. 

El conductor del Volkswagen Golf había surtido 27,07 litros de gasolina Efitec 98. Por la cuenta vieja, saldría a 49,20 céntimos el repostaje. Con el descuento de 25 céntimos (20 del gobierno y cinco de Repsol) va a horrarse 6,76 euros. Si encima funcionase la app, que tiene un bono de bienvenida, serían 30 céntimos más de descuento por litro. Pero como no funciona, esos 8 euros extra se pierden en el limbo porque además el último día para utilizarlo es el mismo 31. 

En Bilbao, los conductores también han apurado las últimas horas del descuento. Han sido jornadas con mayor afluencia pero se han registrado menos aglomeraciones en las gasolineras de las que algunos temían. Las estaciones de servicio vizcaínas consultadas por elDiario.es han duplicado estos días sus ventas de combustible y reforzado los turnos de personal para evitar problemas en el caso de aglomeraciones. La presidenta de las Estaciones de Servicio de Bizkaia, Nuria Lekue descartaba este sábado problemas de desabastecimiento antes de las campanadas pero se mostraba crítica con la argumentación de Sánchez de que los precios de los combustibles han bajado de precio respecto al mes de marzo en que alcanzaron precios nunca vistos en la última década. 

 ¿Qué dicen los datos? En la gasolinera Euskadi Low Cost de Vitoria, 2022 arrancó con la gasolina a 1,42 y el diésel a 1,27. El 1 de abril, momento de inicio de las rebajas, estaban a 1,78 y 1,79, respectivamente. En junio, el momento de mayor carestía de los combustibles, estuvieron a 2,21 y 2,04, más del doble del 0,99 alcanzado justo al finalizar el confinamiento. 

A partir de ahí la curva fue descendente salvo por un repunte en otoño. Los precios actuales son los que había antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Y qué ocurrirá en el futuro? La representante de las gasolineras de Bizkaia vaticina que lo más probable es que se incrementen a principios de año. Y se aventura a poner cifras: hasta 15 céntimos más por litro de gasolina y 27 en el caso del diésel. De hecho, este año ha implicado que el gasóleo sea más costoso que la gasolina. De media, la 95 ha crecido un 6% por un 22% del diésel. ¿Y cómo afecta al negocio? “Este incremento de precios no hace que las estaciones de servicio vendamos más. Al contrario”, señala. La facturación se ha desplomado un 25% con respecto a 2019.

Ese incremento de precios ya se ha empezado a notar en algunas estaciones de servicio. En Pozuelo de Alarcón (Madrid), los marcadores han ido subiendo céntimo a céntimo durante los últimos días. Entre el viernes 30 y el sábado 31 en la estación de servicio de Repsol la gasolina pasó de 1,609 el litro, a 1,619 y el diesel de 1,709 a 1,719. En un solo día, llenar un depósito de 55 litros se ha encarecido en casi cinco euros, sin esperar al fin de la bonificación del Gobierno. “Ha venido muchísima más gente de lo habitual y el precio ha subido un céntimo cada día por la alta demanda y está previsto que lo siga haciendo”, explicaba en el surtidor la empleada de la gasolinera. 

Esto mismo ha ocurrido en gasolineras como Cepsa, que también han notado “más gente de lo normal” y una subida del precio del diésel, según confirman operarios y clientes.

Ajenos a estas pequeñas variaciones, los coches siguen agolpándose en las estaciones de servicio, algunos antes de viajar a la cena de nochevieja. Las mayores colas en Pozuelo, el municipio con más renta de España, se han dado en las estaciones ‘low cost’.  Al volante de su utilitario, Javier, de 24 años, explica que acude a ellas “porque sale mucho más barato llenar el depósito”. En estas estaciones el precio de la gasolina ronda 1,5 euros el litro, sin contar con el descuento gubernamental. Con esta bonificación llenar un depósito de diésel de 53 litros tiene un descuento de 10 euros. Adelantarse un día implica empezar 2023 con esa propina en el bolsillo.  El peaje a pagar son los más de veinte minutos de espera para echar gasolina, algo impensable un día normal. 

La bonificación de los carburantes solo se mantendrá a partir del 1 de enero en sectores profesionales como el transporte, los agricultores o los pescadores. La ayuda para estos sectores se eliminará de manera progresiva, es decir, se mantendrá en 20 céntimos por litro durante el primer trimestre y bajará a 10 céntimos durante el segundo trimestre. Las gasolineras aún no saben cómo funcionará este sistema. “No tenemos mucha información”, explican en la víspera del fin de año empleados de las gasolineras de BP y Cepsa a elDiario.es.

La decisión de aplicar un descuento universal de 20 céntimos por litro sin tener en cuenta la renta de los beneficiarios fue una de las medidas de urgencia que adoptó el Gobierno a finales de marzo cuando los precios de los carburantes rompieron todas las barreras: la gasolina se había situado un 21,1% por encima del récord al que había llegado en 2012, y el gasóleo marcaba precios un 25% superiores de los máximos históricos. Llenar un depósito de gasolina o de gasoil en aquella fecha llegó a rondar los 100 euros, entre 36 y 41 euros más, según el combustible que un año antes. La medida se ha mantenido durante nueves meses y ha supuesto el mayor desembolso del Estado en el plan anticrisis, entre críticas de economistas que defienden que ha beneficiado más a las rentas más altas, que usan más el coche y disponen de vehículos más potentes. 

Desde que el martes Pedro Sánchez anunciase el fin de la bonificación, las estaciones de servicio fueron notando un aumento gradual de los clientes, que derivó en caravanas de vehículos según se acercaba el fin de año. 

En la gasolinera del polígono industrial de Toledo, la romería de vehículos ha sido constante a lo largo de la semana. Noemí además de encargarse del surtidor ha tenido que ejercer de guardia para dirigir el tráfico y evitar incidentes. “Ha sido así toda la semana y hoy más aún”, contaba este viernes en medio del trajín de coches y todoterrenos. “La gasolinera siempre está llena, porque somos los más baratos de Toledo”, explica.  

Están los conductores que reconocen acercarse por el descuento. Y los que alegan que les pilla de paso. Cada semana tres camiones tráiler llenan los depósitos y este viernes el pedido tuvo que adelantarse un par de horas. 

Como en todas las gasolineras visitadas en los últimos días por periodistas de elDiario.es, también aquí el suministro está garantizado. En la resaca del 1 de enero, a 20 céntimos más caro. 

Con información de Bea Muñoz, Iker Rioja, Francisca Bravo, Elena Martínez y Javier Ayuso.