La relación de los mamuts con los elefantes no se limita a su parentesco. La historia de estos gigantes nos deja lecciones que podemos aplicar hoy para evitar que sus hermanos pequeños sigan el mismo camino fatal que sufrieron los Mammuthus, según muestra CaixForum con una exposición dedicada a estos animales, extinguidos hace unos cuatro milenios. 

La pieza central de la exposición, que podrá verse hasta agosto de 2023 en su sede de Madrid, es el esqueleto fosilizado real de un mamut siberiano, que transportará a los visitantes a la Edad de Hielo para conocer cómo vivían estos animales, su relación con los humanos y las posibles causas de su extinción. ¿Se debió su desaparición al cambio climático o fueron exterminados por los seres humanos?

Según indica Ignasi Miró, director corporativo del Área de Cultura y Ciencia de la Fundación la Caixa, ambas respuestas son correctas. Los mamuts desaparecieron por dos factores: la variación de condiciones climáticas que tuvieron impacto en el paisaje y la caza del hombre. Dos elementos que encontramos también en la actualidad amenazando a los elefantes, afectados por el cambio climático, la pérdida de hábitat y la acción del hombre.

Para Miró las conexiones entre mamuts y elefantes son evidentes. “No se puede tropezar con la misma piedra. Hay que pensar en qué medida somos conscientes de que esto está ocurriendo”, afirma.

El origen de los mamuts se remonta a África hace unos cinco millones de años, aunque no fue hasta hace algo más de 3,5 millones de años cuando salieron de este territorio y continuaron su evolución en otras partes del mundo, en un viaje que retratan varios mapas de la exposición, entre ejemplares y reconstrucciones de las distintas especies de este animal.

Además, cuentan con muestras de molares procedentes del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC y del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont, que muestran cómo fue evolucionando la dentición de los diferentes géneros del orden de los proboscidios, incluidas varias especies de mamuts.

¿'Desextinción' de los mamuts?

La exposición reflexiona acerca de la extinción de los mamuts, que sigue enfrentando a aquellos que piensan que fue debida a la acción humana y quienes creen que un cambio climático propició su desaparición. Como explicaba Miró, el aumento de la temperatura global favoreció la extensión de los bosques, eliminando grandes zonas de praderas y mermando así las poblaciones de mamuts, que también sufrían el acoso de la caza.

Esta evolución se asemeja, con todas las diferencias que imponen miles de años de distancia, a la que sufren sus parientes vivos, los elefantes, que se enfrentan a idénticas amenazas. Solo depende de la acción humana, explican los científicos, que no tengan el mismo final.

En paralelo se da la paradoja de que en algún momento cercano sea posible volver a ver un mamut en directo. Los avances en el campo de la genética están dando lugar a varias investigaciones que pretenden revivir a los mamuts a partir del ADN obtenido de ejemplares bien conservados, unas intenciones que han generado un debate ético sobre si debería hacerse o no y con qué objetivo, más allá del avance científico.

Según indica Javier Hidalgo, responsable de exposiciones de Ciencia de la Fundación La Caixa, “el pariente más cercano es el elefante asiático, y se podría modificar genéticamente para parecerse a un mamut. Sería un híbrido entre elefante y mamut”.

Actividades complementarias a la exposición

Además de la pieza protagonista, un ejemplar de más de tres metros de altura encontrado en el desierto de Siberia, la exposición muestra fósiles procedentes de museos españoles y reconstrucciones de piezas de estos animales traídas de otros museos de Europa.

En el marco de la muestra, CaixaForum Madrid ha programado diferentes actividades que complementan la experiencia del visitante y que permiten conocer más sobre estos seres históricos. Por ejemplo, del 17 al 31 de mayo se impartirá el seminario De cuando mamuts y homínidos compartimos el mundo, que se dividirá en tres ponencias para hacer un recorrido en la historia de los mamuts.  

¿Diversión o competición? Ambas son compatibles y no hay por qué elegir. Se compite para aprender, crecer y divertirse. Pero en el deporte infantil, muchas veces son los propios padres los que exigen a los más pequeños ser la estrella del equipo y el resultado puede ser el abandono.

Casi la mitad de los niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen, en gran parte, por la fuerte exigencia que les trasladan sus padres o familiares, según este estudio realizado por la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Huelva. Incluso una elevada autoexigencia desarrollada por el propio niño con el objetivo de no defraudar hace que pierdan la ilusión por el juego.

El deporte infantil es una actividad que no solo brinda una oportunidad para hacer ejercicio, sino que también enseña habilidades sociales importantes como la cooperación, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Sin embargo, a menudo hay una presión excesiva sobre los niños para que tengan un desempeño sobresaliente en su deporte, lo que puede llevar a consecuencias negativas para su salud física y mental.

“Si los padres presionan, los niños pueden tener estrés y puede repercutir en su salud mental”, explica David Peris del Campo, doctor en Psicología y Presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte. “Dar la sensación de que hay que hacer más para ser mejor y no es así.” Peris del Campo coincide con las conclusiones del estudio y añade que, ante estas situaciones de presión, “años más tarde, cuando los niños tienen poder de decisión, quieren abandonar el deporte”.

Actuar como padres, no como entrenadores

Esas altas expectativas que generan los padres en sus hijos a veces llegan un paso más allá: “Hay situaciones en las que un padre llega a mover hilos dentro del equipo para beneficiar a su hijo y eso, perjudica a los otros”, cuenta el psicólogo. En este sentido, “los padres esperan que sus hijos sean el próximo Messi, e igual lo llegan a ser, pero no exigiéndoles desde los siete años”, nos cuentan en un club de fútbol del norte de la Comunidad de Madrid.

La exigencia puede manifestarse de diversas maneras: presión sobre los sus hijos para que practiquen más horas de las recomendadas, criticar duramente los errores del juego, e incluso cuestionar el trabajo de los entrenadores. “Hay padres que dirigen a los niños desde la grada y las instrucciones se contradicen con las mías. Ahí es cuando los niños se agobian”, afirma Sergio, entrenador de un equipo alevín en el club Rivas F.C de Madrid.

Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, en este caso, hacer lo imposible para que salgan ganadores pero ¿a costa de qué? “Si los padres se sobrepasan, generan mucho estrés en los niños y la reacción es el bloqueo”, añade Peris del Campo.

Este experto explica que es importante que los padres y entrenadores entiendan la importancia de fomentar un ambiente saludable y positivo para los niños en el deporte infantil: enfocarse en el disfrute y no solo en el rendimiento. “Disfrutar y aprender de lo que pasa, dejar de lado las presiones que nada tienen que ver con el juego”, remata.

Un mal ejemplo desde la grada

Además de esta presión, los adultos también influyen con la actitud y el comportamiento que muestran durante los juegos. Las noticias sobre insultos a colegiados y jugadores desde la grada no son nada nuevo. Desde gritos a los niños, entrenadores y hasta a los árbitros, los padres parecen querer dirigir el partido.

Los niños no se sienten frustrados por la derrota en sí, sino por el drama que hacen los adultos

Árbitro de La Paz

Ángel Andrés Jiménez, bautizado como Árbitro de la Paz, tiene como principal cometido eliminar del fútbol (y del deporte en general) los insultos y las malas formas. Con sus charlas previas al juego, intenta que se instale un ambiente sano basado en el respeto y deportividad. Uno de los mensajes que transmite se conoce como V.A.R (ver, animar y respetar), de la Plataforma 0:90. “Animar no es dar instrucciones a los niños porque al final les genera presión y tensión y tienen que jugar simplemente divirtiéndose”, añade Ángel.

El Árbitro de la Paz, testigo de muchas de estas situaciones, cree que “los niños tienen que equivocarse y rectificar pero no tener presión desde la grada. Muchos se sienten frustrados no por la derrota en sí, sino por el drama que hacen los adultos”.

Además, Ángel también ha recibido insultos por parte de los aficionados: “Hace años, los adultos se concentraron a la salida de un partido para seguir insultándome y uno de los niños salió en mi defensa y pidió respeto”. El mundo al revés. “Los niños merecen que los adultos les demos ejemplo a ellos, no ellos a nosotros. Tienen derecho a jugar en un ambiente educativo y nosotros tenemos que crearlo”, concluye Ángel.

Una forma de fomentar un ambiente saludable es establecer límites. Los padres y entrenadores deben enfocarse en el esfuerzo y el progreso de los niños en lugar de solo en los resultados. Todos los niños tienen diferentes habilidades y ritmos de aprendizaje. Y como decía el ex seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique en su etapa como streamer en Twitch: “Solo llega un 1% de los niños. Dejad que disfruten”.

La vuelta a la normalidad y a las relaciones convencionales hace más felices a los españoles. Esta es una de las principales conclusiones de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada hoy y que recoge que 8 de cada 10 españoles dice sentirse feliz tras haber superado la pandemia.

Según el CIS, los españoles se consideran bastante felices: se posicionan con un 8’06 sobre 10 en esta cuestión. Además, los ciudadanos también se muestran satisfechos con su vida familiar, que valoran con un 8,63. La relación de pareja (8,55) y sus amistades (8,28) también se sitúan en el notable alto.    

En esta tercera oleada del estudio se ha preguntado sobre las relaciones sociales y la mayoría de los encuestados consideran que la relación que más ha mejorado tras la pandemia es la de pareja, seguida de la familiar y la de amistad.

Los ciudadanos también han opinado sobre a qué aspectos le dan más importancia a la hora de iniciar una relación en pareja, y para el 80% que “no se implique en las tareas domésticas” es el aspecto más importante, mientras siete de cada diez (69,4%) afirman que unas relaciones sexuales “no satisfactorias” son otro aspecto a tener en cuenta. Sin embargo, la inmensa mayoría (91,5%) afirma que el aspecto económico es poco importante.

Disparidad con las relaciones abiertas

En lo sentimental se ha tratado la fidelidad y las relaciones abiertas, con diferentes interpretaciones. Mientras una mayoría (tres de cada cuatro) está “de acuerdo o muy de acuerdo” en que “si se ama verdaderamente se es fiel a la pareja siempre”, para el 41,4% de los españoles “los miembros de una pareja pueden acordar tener relaciones sexuales con otras personas fuera de la pareja sin que haya vinculo sentimental con ellos”. De hecho, el 47,4% cree que se pueden tener varias relaciones afectivosexuales a la vez, aunque un porcentaje casi igual (49,7%) está en desacuerdo con la información.

Por último y en cuanto a la orientación sexual, el 90,9% se declara heterosexual.

Conocer el dinero público que se destina a financiar las clases de religión en centros públicos y concertados puede llegar a ser misión imposible. Únicamente diez comunidades autónomas han facilitado a elDiario.es las cantidades anuales que dedican a pagar las retribuciones de estos docentes. En total, si se tienen en cuenta los datos del curso 2020/21, los gobiernos regionales se han gastado 205,4 millones de euros en esta partida presupuestaria, sumando las cantidades facilitadas por Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Madrid, La Rioja y Comunidad Valenciana. 

Además de la financiación autonómica, el Gobierno central también dedica una partida presupuestaria a este asunto. En 2021 el sueldo de los profesores de religión que pagó el Ministerio de Educación batió su récord con 115 millones de euros, tal y como publicó esta redacción. Para conocer el gasto total que asume el Estado para abonar el salario de estos docentes, habría que tener acceso también al desembolso del resto de comunidades que no han facilitado esta información a elDiario.es después de ser solicitada a través del portal de transparencia autonómico.

Madrid y Castilla-La Mancha: más de 40 millones al año

Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de los portales de transparencia autonómicos, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha son las autonomías que destinaron la partida presupuestaria más elevada para pagar a los docentes que dan clase de religión. Las dos comunidades superaron los 40 millones de euros. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dedicó 47,2 millones en 2022 y 46,5 millones en 2021 a esta misión, según los datos publicados por la Comunidad sobre la ejecución presupuestaria anual. 

En el periodo escolar 2020/21 Madrid registró un pico de profesores de religión: contrató a 1.239. Un curso después contó con 19 menos. La mayor parte (1.192) de estos empleados están vinculados a la religión católica, frente a los 22 que impartieron religión evangélica y seis, religión islámica. El coste anual de cada una de estas plazas asciende a 41.268 euros, en el caso de Educación Primaria, y 46.287 euros, en el de Secundaria, según la información facilitada por el portal de transparencia madrileño. 

En Castilla-La Mancha contaron con 852 docentes en el curso 2021/22 y 902 en el 2020/21. Para abonar sus retribuciones se destinaron, respectivamente, 41,8 y 40,5 millones de euros. Siguiendo la tónica general, la mayor parte de estas cantidades se dirigieron a sufragar el coste de los empleados que imparten clases de religión católica. Analizando los datos nacionales, hablar de profesores de religión en España es, prácticamente, referirse a religión católica.

A la Comunidad de Madrid y a Castilla-La Mancha, le siguen Catalunya (34,7 millones), la Comunitat Valenciana (32,5 millones) y Andalucía (30,6 millones), según los datos del curso 2021/22 a los que ha accedido elDiario.es. Hay que tener en cuenta que estos son los gastos que asumen las comunidades autónomas, es decir, es el dinero que sale de las arcas autonómicas.

En el caso de Andalucía esos 30,6 millones se destinan únicamente a pagar las retribuciones de los docentes que dan clase en la Educación Secundaria Obligatoria porque las competencias para contratar a los docentes de Educación Infantil y Primaria corresponden al Ministerio de Educación. En 2021–las últimas cifras consultadas por esta redacción– el departamento de Pilar Alegría gastó 84 millones de euros para pagar esas nóminas. Si se suman esas dos cantidades, se superan los 100 millones dirigidos a abonar los sueldos de los docentes de religión. 

115 millones abonados por el Ministerio en 2021

El Ministerio de Educación no solo afronta esas retribuciones en Andalucía, también en Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla. En estas comunidades, el Gobierno central tiene competencias para contratar a los maestros que no pertenecen a los Cuerpos de Funcionarios docentes y que imparten formación de las confesiones católica, evangélica e islámica en centros públicos de Educación Infantil y Primaria. En el caso de las ciudades autónomas, también hacen frente a la contratación de docentes de religión para los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato. 

A lo largo de la última década, los fondos del Ministerio para pagar las retribuciones de estos profesores han oscilado entre los 94,3 millones de euros en 2012 y los 115,9 de 2021. El dinero recibido y el número de horas impartidas han desarrollado tendencias dispares. Si en los últimos diez años la financiación del Gobierno central ha aumentado con el paso del tiempo, el número de sus profesores y el de las horas totales trabajadas por los docentes no ha hecho más que disminuir en ese periodo. Frente a los 3.281 maestros que contrató Educación en el curso 2011/12, el Ministerio contó en el periodo 2021/2022 con 2.827 docentes. En esta última década han perdido a 454 profesores. Desde el gabinete de prensa de Educación explican que el incremento del gasto se debe a que en 2021 “se llevó a cabo una revisión de los complementos salariales de estos docentes”.

Andalucía fue la comunidad que recibió la mayor financiación del Ministerio en 2021 para abonar el sueldo de los docentes de religión de Infantil y Primaria, las siguientes autonomías que obtuvieron la partida más elevada fueron Canarias (18 millones de euros), Aragón (6 millones), Cantabria (4 millones) y Madrid (73.623 euros), a esta última se le paga lo correspondiente por los servicios de educación a distancia. A las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se destinaron, respectivamente, 2,1 y 1,2 millones de euros.

Junto a los 18 millones de euros que recibe del Gobierno central, Canarias no ha facilitado a esta redacción la partida autonómica dirigida a abonar los salarios de los docentes de religión en Secundaria. Por su parte, Aragón sí que ha aportado esa información. Su departamento educativo empleó 3,2 millones de euros en el curso 2021/22 para asumir el coste de los 66 profesores que imparten esta materia en Secundaria. Cantabria, que también tiene transferidas las competencias de los docentes de religión en Primaria, se gastó 2,3 millones en ese mismo periodo educativo.

Otras comunidades que también han optado por la transparencia y han facilitado esos datos a elDiario.es han sido Baleares, La Rioja y Asturias. El Gobierno de Francina Armengol ha aportado los datos de 2021. Ese año su departamento de educación abonó con 5,4 millones de euros los salarios de los empleados que imparten religión católica, a esa cantidad hay que añadir 40.607 euros por las clases de religión islámica. Frente a los 93 alumnos inscritos en esta docencia, 22.394 acudieron a la modalidad de religión católica. 

En Asturias (7,3 millones de euros) y La Rioja (3,7 millones) la inscripción mayoritaria también se produce en la doctrina impartida por la Conferencia Episcopal. El Gobierno del Principado contó en el curso 2021/22 con 35.242 estudiantes en religión católica y 453 en evangélica. Una dinámica similar a la de La Rioja, con 27.289 alumnos en la primera modalidad, 138 en la segunda y 604 en clases de religión islámica, según los datos facilitados por los portales de transparencia autonómicos.

Tal y como ha sucedido con la financiación que destina el Ministerio de Educación a esta partida; si se realiza un sumatorio de los datos facilitados por las comunidades autónomas, la cantidad destinada por los gobiernos regionales no ha parado de crecer. Si en el curso 2016/17 se invirtieron 166,4 millones, en 2020/21 –el último periodo escolar del que hay datos de todas las regiones– se abonaron 205,4 millones de euros.

Esta tendencia contrasta con la dinámica detectada por la Conferencia Episcopal, ya que por primera vez en más de 20 años las cifras oficiales de la jerarquía eclesiástica constatan que el total de alumnos que cursa esta disciplina en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato baja del 60%. Los datos del Ministerio de Educación, asimismo, sitúan en mínimos históricos el porcentaje de estudiantes de Primaria que escogen esta materia. Este parámetro ha pasado del 83% en el curso 2000/01 al 59,5% en 2020/2021.

Para recabar esta información y conocer la financiación que destina cada comunidad autónoma a pagar los sueldos de los profesores de religión, elDiario.es dirigió a los portales de transparencia de las 17 comunidades autónomas la misma solicitud hace varios meses. Hay diez que han facilitado la información, aunque la Comunidad de Madrid no aportó el dato global que abona el Gobierno autonómico para sufragar esta partida presupuestaria. 

Canarias, Galicia, Castilla y León, Navarra y Euskadi respondieron a la solicitud realizada por esta redacción, aportaron información sobre el número de docentes o alumnos, pero no concretaron el coste anual o por curso escolar requerido. Por otro lado, Extremadura y Murcia, directamente, inadmitieron la petición. 

–––––––

Ya que estás aquí, sigue leyendo...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

El acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual en igualdad de condiciones es un Derecho Humano. Está reconocido en el Artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Pero, aunque en los últimos años se han aprobado reformas para hacer más accesibles los trámites judiciales, las fórmulas para facilitar desenvolverse en la tantas veces llamada maraña judicial quedan muchas veces a la sombra. Si no se usa el recurso es casi como si no existiese. ¿Ejemplos? Podríamos hablar del facilitador.

Un sistema policial y judicial que no se adecuaba a su condición provocaba que el acceso a la justicia de los discapacitados intelectuales fuese defectuoso, según cuentan en la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI). Este equipo, que depende de la Fundación A la par, trabaja hoy dando apoyo a las personas con discapacidad intelectual y en coordinación con todos los agentes jurídicos y de protección.

La UAVDI nació para superar el daño derivado del abuso y acceder al sistema en condiciones igualitarias, cuentan. En 2010 recibió una propuesta de la mano de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para andar ese camino. “Querían mejorar las entrevistas de cara a tomar declaración a las personas con discapacidad intelectual. Vimos una necesidad y lo hicimos”, afirma Israel Berenguer, director de la UAVDI. Así, surgió la figura del facilitador.

Éramos conscientes de la situación, pero no tanto del grado. A medida que se fue trabajando se fue destapando la realidad

Israel Berenguer — Diector de la Fundación A la Par

El cometido del facilitador es implementar los apoyos a las personas con discapacidad en el proceso penal. “Éramos conscientes de la situación, pero no tanto del grado. A medida que se fue trabajando se fue destapando la realidad”, cuenta Israel, que además de dirigir la fundación también ejerce de facilitador.

Un puente judicial

Los facilitadores trabajan para asegurar que exista una comunicación eficaz durante los procedimientos judiciales, pero “no son intérpretes”, afirma Berenguer. “El facilitador aprende cómo se comunica un discapacitado y estudia sus limitaciones para poder insertar los apoyos necesarios”, añade. Su fin es evaluar las capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad intelectual participantes en procedimientos judiciales, a fin de diseñar e implementar los apoyos y ajustes de procedimiento necesarios.

Son psicólogos expertos en discapacidad y en psicología forense y, según aportan desde UAVDI, sin su presencia “un 40% de los casos se archivan”. En cambio, si se solicitan sus servicios, “se valoran adecuadamente las limitaciones y se archivan solo el 6%”.

Esta situación ya brotó cuando, en 2013, la organización Plena inclusión España (entonces llamada FEAPS) publicó el informe Las personas con discapacidad intelectual ante los procesos penales, en el que se pretendía estudiar el impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico penal español. También en 2016 la Asociación Española de Fundaciones Tutelares publicó otro trabajo sobre la falta de accesibilidad a la justicia.

Estos informes concluían que las personas con discapacidad intelectual “apenas recibieron información sobre lo que iba a ocurrir y, si la tuvieron, no la comprendieron; se sintieron ajenos al proceso en el acto de la vista y no comprendieron los tecnicismos utilizados”.

Reconocido por la ley, pero desconocido

Ahora, la figura del profesional experto facilitador está reconocida en la Ley 8/2021 del 2 de junio. En ella se reconoce que en los procesos que participen personas con discapacidad, se deben realizar las adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.

Para la UAVDI, la vocación de universalizar el facilitador “requerirá de la máxima cooperación y sensibilidad de los profesionales y los poderes públicos responsables”. De hecho, desde 2010, han crecido exponencialmente en cuanto a personal formado y casos atendidos, pero Berenguer considera que aún hay un gran desconocimiento de la figura del facilitador “dentro y fuera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los operadores jurídicos”.

Aunque hasta 2022 la UAVDI ha registrado un total de 262 casos tratados, consideran que todavía se está empezando a conocer a los facilitadores y la situación que sufren los discapacitados intelectuales en los procesos judiciales. De hecho, Berenguer cuenta cómo ahora son los propios jueces o policías los que solicitan su ayuda: “Les damos más elementos que facilitan su trabajo”. Aún así, son conscientes de que el facilitador es aún una figura desconocida, por lo que “hay que llamar a la puerta, demostrar que funciona y lucharlo”, concluye Berenguer.

La polémica entre la cantante Selena Gómez y la modelo Hailey Baldwin ha vuelto a escena. Gómez, exnovia del cantante Justin Bieber, y Baldwin, su actual pareja, se han empeñado en varias ocasiones en desmentir esa teórica rivalidad, pero un vídeo de TikTok que la cantante compartió con sus seguidores y que fue supuesto motivo de burla para Hailey encendió de nuevo a los diferentes clubs de fans. A pesar de que en el pasado se difundió una foto de ambas abrazadas que recorrió el mundo y han asegurado que “todo es respeto y amor”, su relación está continuamente bajo la lupa en busca de una rivalidad.

No es la primera vez que el mundo se divide en bandos a raíz de una supuesta enemistad entre dos mujeres por un hombre, como sucedió con el “equipo Jennifer Aniston” o “equipo Angelina Jolie” tras ser ambas pareja de Brad Pitt, en el que el público tomaba partido por una u otra como si sus vidas se vieran afectadas por ello. Sea la enemistad verídica o no, es muy habitual que de manera pública se busque la rivalidad femenina que domina el relato en este tipo de historias. Sin embargo, el papel de los hombres, Brad Pitt y Justin Bieber en estos casos, no parece ser tan relevante. 

Coral Herrera, escritora y comunicadora feminista especializada en amor y relaciones, tiene claro el origen de estas rivalidades: la educación que reciben las mujeres dentro del sistema patriarcal. “Nos educan a través del ego para ver que nuestra valía reside en la medida que los hombres nos dan ese reconocimiento”, afirma. Considera que las mujeres pelean por los hombres “como si ellos fueran la llave de la salvación”. Así, parece que para que una mujer tenga estatus tiene que ser amada por un hombre.

Este mismo patrón siguió el triángulo entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía, la nueva pareja del futbolista. La cantante, en cambio, parece haberse posicionado en un verso de su nueva canción: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”. Con ese mensaje en el tema que ha lanzado junto con Karol G ,TQG , Shakira se desvincula de cualquier competición por el que era su pareja. No obstante, Coral Herrera cree que ese mensaje sigue aún atenuado por esa estructura patriarcal: “Se desvincula, pero da pie a que las mujeres se metan con las demás”.

Desde nuestra infancia recibimos constantes mensajes sobre cómo debemos comportarnos. Las películas de Disney, que han incitado la competencia entre mujeres como algo natural, son un ejemplo: en La Cenicienta, las hermanastras peleaban para casarse con el príncipe; en Blancanieves, La Bella Durmiente o La Sirenita, las villanas eran mujeres que odiaban y envidiaban a otras mujeres, mientras que el hombre era su salvador. Las princesas Disney eran mujeres sumisas que se encargaban de las tareas del hogar. En cambio, si lo que querían era poder, su papel era el de villanas.

Herrera cree que no se dan las referencias necesarias: “Si me hubiesen contado que Cenicienta se juntó con compañeras empleadas del hogar y formó un sindicato, sería otra historia, pero me contaron que esperó a que la salvara un hombre”.

Un tabú

En La rivalidad femenina y cómo acabar con ella, escrito por Elisabeth Cadoche y Anne de Montarlot, se contextualiza el tema desde sus orígenes hasta la diferencia de la rivalidad entre el género masculino y femenino a lo largo de la historia. “Nos dimos cuenta de que era un tema tabú. No era adecuado admitir que podías competir con una amiga, una hermana o, peor aún, con tu propia hija. Por lo tanto, queríamos entender de dónde venía la rivalidad, tanto para desmitificarla como para evitar perpetuarla”, afirman las autoras.

Para ellas, el origen de estas rivalidades tiene algo de mito y algo de realidad. “Se cree que es un mito inventado por el patriarcado que puede así dividir y vencer pero eso es una pequeña parte de la realidad. De hecho, cuando profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que todas las mujeres se sienten en competencia en un momento u otro de sus vidas”, afirman.

Cuando se compara con el género masculino, las autoras afirman que la rivalidad entre los hombres se acepta, incluso se valora. “Se vuelve un componente indisociable de su masculinidad y su poder. En cambio, en las mujeres, la rivalidad no tiene cabida. Una mujer es cariñosa, colabora, es solidaria. De lo contrario, es una bruja o una histérica”. En este punto coincide Coral Herrera, que sostiene que las mujeres, aisladas y enfrentadas, rivalizan por el amor de un hombre que se privilegia y beneficia de ello. “Lo incentivan para posicionarse como machos. Les da prestigio”, añade.

Cadoche y Montarlot asumen que este tipo de enfrentamientos “puede comenzar en la infancia, donde compites por la atención de los padres y el amor con tu hermana. Continúa en la edad adulta donde podemos ver a otras mujeres como una amenaza: nos 'robarán' el hombre, el trabajo...”. Para las autoras “no hay suficiente espacio para las mujeres en los negocios, por lo que si llega otra mujer, nos portaremos mal con ella, imaginando que si toma un pedazo del pastel, nos lo quitará”. Es hora de adoptar una mentalidad de la abundancia para una mayor cabida para las mujeres en la sociedad, afirman.

Cambiar los relatos para combatir la rivalidad

Todas estas historias mediáticas, que también se dan en lo privado, hacen que en vez de una unión entre mujeres se provoque una lucha como si solo hubiera lugar para una sola mujer. Como oposición a esa idea, surgió el concepto de “sororidad”, definido por la RAE como la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Es una alianza necesaria que propicia la confianza y el apoyo recíproco y, a pesar de existir desde hace siglos, es una palabra que no resuena con frecuencia en la relación entre las mujeres.

En el libro de Cadoche y Montarlot se habla del concepto de sororidad como una forma de comprensión que va más allá de la solidaridad, y que consiste en la puesta en común de recursos y el reconocimiento de otra mujer como una hermana. El movimiento #MeToo, que ayudó a las mujeres a terminar con el silencio que reinaba en su sufrimiento, expandió este concepto. “Lo que era íntimo se convirtió en universal y las unió y conectó como pocas veces antes”, escriben las autoras.

Para Coral Herrera, el comienzo para acabar con esta rivalidad sería una autocrítica de los medios de comunicación: “Ellos perpetúan los mitos y el patriarcado. Tienen la responsabilidad de presentar otros modelos de relación entre mujeres”. Para la experta hay una gran carencia de referentes. “Hay que cambiar los relatos. No se puede hablar de revolución educativa si no hay una revolución mediática ni cultural”, concluye.

Las autoras de La rivalidad femenina y cómo acabar con ella coinciden, alegando que “cuando pensamos en rivalidades famosas, la prensa sensacionalista la construye por todos lados y antes de tener la oportunidad de apreciarse, las dos mujeres ya están en competencia. Esas mismas revistas ya están pidiendo a sus lectores que elijan equipo”.

Casi treinta organizaciones y vecinos de la Comunidad de Madrid protestarán el domingo contra el “deterioro” de la sanidad pública, ya que, según algunos convocantes como CCOO Madrid, UGT o Facua, “el panorama sigue siendo desolador”. Consideran que el acuerdo recién firmado por la Comunidad y Amyts tras cuatro meses de huelga de los médicos y pediatras de atención primaria no soluciona los problemas sanitarios y que son “parches” por la llegada de las elecciones.

Los profesionales y la ciudadanía mostrarán en las calles su rechazo a la política sanitaria del PP reclamando la necesidad de un cambio. Esta manifestación, que ya se celebró el 22 de octubre, recordará la “urgente necesidad” de una mayor financiación y mejores condiciones laborales en la sanidad madrileña. De hecho, según informa la agencia Europa Press, los manifestantes no descartan la idea de una huelga general si no mejora esta situación.

123 días después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso fin al que era su talón de Aquiles: la huelga indefinida de la atención primaria de Madrid. Tras quince reuniones, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el comité de huelga de médicos y pediatras firmaron “la paz” el pasado jueves. Con el acuerdo, los médicos lograban la limitación de agendas y el pago de 450 euros al mes que recibirán como complemento salarial y no como una subida lineal, como habían solicitado y a lo que se comprometió Isabel Díaz Ayuso en septiembre de 2020.

Durante el ultimo pleno de la legislatura, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha intervenido para explicar la propuesta de los populares para la mejora de la atención primaria. Ruiz Escudero sitúa este Plan en cuatro ejes estratégicos: los profesionales, la mejora de la accesibilidad y de los procesos asistenciales, las infraestructuras y los avances en salud digital. Además, añade que “el presupuesto inicial se ha incrementado con las mejoras pactadas esta última semana”.

1.000 plazas de médicos

Escudero que no repetirá como consejero de Sanidad en la próxima legislatura ha afirmado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está actuando sobre aspectos clave como las mejoras retributivas, el número de profesionales adecuados, las plazas de difícil cobertura, una mayor accesibilidad para el paciente o un impulso a nivel tecnológico y de infraestructuras. Escudero ha prometido la creación de más de mil nuevas plazas de profesionales en todas las categorías, de las cuales, 264 serían médicos de familia, 84 pediatras y 264 profesionales de enfermería. La realidad es que los últimos años el Gobierno regional no ha sido capaz de retener a los médicos residentes que terminaban su formación en Madrid.

El pasado junio, la Gerencia de Atención Primaria convocó a 338 médicos de familia que habían terminado su especialidad para repartir 197 plazas. Solo logró cubrir 59 puestos. 279 nuevos médicos ni siquiera tuvieron interés en acceder a un puesto de trabajo para el que llevaban años formándose. Con pediatría ocurrió algo similar. De 26 plazas, completaron cinco.

A pesar del conflicto que se alargó durante cuatro meses, Escudero ha hecho un discurso triunfal: “Vamos a seguir trabajando cada día para que la Atención Primaria madrileña siga siendo un referente”, ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Para ello, Escudero ha defendido el modelo de de videoconsulta criticado por la oposición y los sindicatos.

Pero el optimismo de Escudero ha sido cuestionado por la oposición, que acusa al Gobierno de “desmantelar la sanidad”. “Han utilizado la pandemia como excusa para desmantelar la sanidad”, ha recriminado la portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lilli, a Ruiz Escudero. Para Lillo, lo expuesto por el consejero “nada tienen que ver con la realidad” y es un plan que presentó hace un año sin ningún avance. Unidas Podemos se ha sumado así a llamar a la “movilización y manifestación”, recordando la protesta prevista para este domingo.

Por lo contrario, Vox se ha alegrado por la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el fin de la huelga: “Es un punto de partida. Me alegro por los profesionales y por la Consejería”, añade Pilar Joya Verde sobre el acuerdo alcanzado con Amyts.

La oposición recrimina la falta de presupuesto

El PSOE, en cambio, ha encontrado tres fracasos en la actuación del gobierno de Ayuso durante la huelga: la imposición, los conflictos y el presupuesto. La diputada Matilde Díaz Ojeda ha recriminado a Escudero las propuestas de los sindicatos que “no tuvieron en cuenta” y la demora por la firma de un acuerdo, además de la construcción de equipos para el Zendal en lugar de la construcción de centros de salud que se habían comprometido. “Ha echado un pulso con los sindicatos y con la ciudadanía y lo ha perdido. En los próximos meses también lo perderá”, ha concluido la socialista.

Más Madrid, por su parte, ha recriminado al consejero de Sanidad que no haya avanzado los últimos dos años en la mejora de la atención primaria: “Podría registrar la misma iniciativa que hace dos años”. “Al ver que se acercaban las elecciones han apretado con la construcción de los centros de salud. Se han gastado 27 mil euros en carteles. Más carteles que consultas”, ha recriminado el diputado Javier Padilla. “No funciona esta consejería ni este gobierno”, ha señalado Padilla mostrando un cartel con el rostro de Ayuso rotulado con la frase 'Ayuso no funciona', y que el presidente de la Asamblea le ha instado a retirar.

La réplica del PP en la asamblea se ha basado en reivindicar la labor del gobierno, afirmando que el paso previo para reformar la Atención Primaria es “que la izquierda no vuelva a gobernar”. El consejero ha afirmado que el problema para cubrir plazas de sanitarios no es de la Comunidad, sino “un problema de Estado, del Sistema Nacional de Salud”. Así ha dirigido la responsabilidad al Ministerio de Sanidad y Educación, que “demoran la homologación de títulos de medicina que podrían palear ese déficit de personal”. Todo mientras su Gobierno es incapaz de retener a los médicos residentes que terminan la formación cada año en Madrid.

Unidas Podemos y los socialistas han coincidido en el prematuro cante de victoria del gobierno de la Comunidad de Madrid. “Una cosa es resolver un conflicto puntual y otra uno general”. “El fin de la huelga no es el fin del conflicto”, añaden respectivamente. Algo en lo que coinciden las organizaciones sociales a las que se ha sumado también Amyts que volverán a las calles este domingo contra el deterioro de la sanidad pública.

La Comisión 8M ha detallado este viernes cómo será la manifestación del próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, convocada por la plataforma, que supone recuperar el recorrido de las huelgas feministas de 2018 y 2019. La organización, que se ha reivindicado como “un espacio que se junta desde 1977” para organizar la marcha, ha presentado de forma oficial el manifiesto que se leerá al final del recorrido, que partirá bajo el lema “somos el grito necesario, el feminismo lo está cambiando todo” de la calle Atocha a las 19.00 para culminar en Plaza España.

Media hora antes saldrá del mismo lugar la otra marcha convocada por segundo año consecutivo en la capital por los sectores críticos con la Ley Trans y abolicionistas de la prostitución, que emprenderán camino en sentido contrario, en dirección calle Atocha, para pedir la dimisión la ministra Irene Montero. Preguntada sobre ello, desde la Comisión 8M alegan que “no hay un solo feminismo, sino que hay un montón” y han reivindicado “la diversidad del movimiento feminista, desde un nosotras y un nosotres diverso”, ha afirmado Arantxa López, una de las portavoces.

Las convocantes de la manifestación, que han definido como “un espacio seguro para todas y todes”, en palabras de Julia Tabernero, otra de sus integrantes, han querido dejar clara su postura sobre la Ley Trans recién entrada en vigor. “Donde esté la bandera trans más grande ahí estaremos”, han añadido. Sobre la prostitución, indican que conviven “muchas posturas” dentro de la organización y defienden que “tratamos de debatir” para a pesar de los puntos en los que no hay consenso “poder seguir avanzando”, ha asegurado Tabernero.

Más allá de ello, entre las reivindicaciones que quieren enarbolar en las calles el próximo 8M, que aspiran a que sea multitudinario, cobra especial relevancia la defensa de la sanidad pública y el apoyo a las protestas del personal sanitario en Madrid. “No solo nos matan los feminicidios, también un sistema que invisibiliza los cuidados, que recorta y que desmantela la sanidad pública”, ha añadido la portavoz, que reclama un sistema público que atienda la salud mental, pero “uno de verdad”.

A ello se une la “lucha contra un patriarcado capitalista, racista e imperialista” y por la erradicación de las violencias machistas “en todos los espacios y para todas las mujeres” junto al fin de la cultura de la violación “poniendo en el centro el consentimiento y el deseo”, defienden en el manifiesto sin nombrar la ley del 'solo sí es sí'. Piden también educación afectivo-sexual en los centros educativos y centran buena parte de sus denuncias en la Comunidad de Madrid, entre ellas, contra los desahucios, la tala de árboles, la falta de luz en la Cañada Real o los centros de salud cerrados, ejemplifican. “Este tornado feminista viene a terminar con el gobierno noeoliberal que tenemos en Madrid y que campa a sus anchas”, manifiestan.

El racismo y la discriminación a las mujeres migrantes ocupa también un lugar destacado entre sus demandas. Así, la Comisión 8M denuncia “un patriarcado que provoca y silencia la masacre de la valla de Melilla” y pide “la derogación de la Ley de extranjería y la aprobación de la ILP de regularización extraordinaria impulsada por los colectivos antirracistas”. Además, señalan que “un 70%” de las personas sin papeles son mujeres que realizan trabajos sin ningún tipo de garantía y especialmente expuestas a las violencias machistas, al acoso y a la explotación. “Todas con papeles o ninguna sin papeles”, ha añadido Margarita Martínez, portavoz de la plataforma y también trabajadora de hogar.

El Museo de Historia de la Mujer y el Género, situado en la ciudad ucraniana de Járkov, es único en Europa del Este. Su colección permanente de más 3.000 piezas (vestidos, fotos, material audiovisual, objetos cotidianos...) representa a las mujeres ucranianas a lo largo de la historia y busca educar en la cultura de género en un país que no destaca por sus índices de igualdad.

Su creadora, Tatiana Isaeva, vivió en primera persona la dificultad de ser mujer (y feminista) en un ambiente adverso. Se convirtió en madre soltera siendo muy joven, lo que la convenció de la importancia de concienciar no solo a las niñas, sino a toda la población, sobre los roles que históricamente han encasillado a ambos sexos y que han generado discriminación.

El museo ilustra el recorrido desde antes incluso del nacimiento de Ucrania como país hasta su experiencia en la actual guerra con Rusia. Las bombas han conseguido cerrar sus puertas físicas, pero todavía es posible visitarlo online. Y este jueves se ha lanzado un videojuego en España para difundir su labor y ayudarle a sobrevivir.

En realidad, el museo ha vivido en peligro casi desde sus inicios. La primera crisis se produjo tras las manifestaciones del Euromaidán, que marcaron el inicio del conflicto ruso-ucraniano en 2013 tras la suspensión del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Aquella revuelta hizo que solo pudiera visitarse en horas de sol o con velas, y no había forma de mantener el local, ya que se habían destinado los fondos del museo para la milicia y las zonas ocupadas.

Misión 'salvar el Museo'

Fue por entonces cuando llegó a Ucrania María 'Pimienta' Sánchez, que debe su apodo a su “personalidad cañera y activista”, según ella misma explica. Esta artista y gestora cultural se instaló en el país en 2014, poco después de haber estallado el conflicto, buscando una nueva perspectiva para su tesis de comunicación en proyectos culturales. Allí trabajó con una ONG al servicio de la Comisión Europea para mantener los proyectos culturales, pero a su llegada al Gender Museum se encontró con una directora desesperanzada, que le indicó cuál sería su único cometido: meter todo en cajas para clausurarlo.

Tatiana Isaeva, a quien María describe como una mujer “brava, luchadora y muy reivindicativa”, había conseguido el apoyo del Fondo de Mujeres de Ucrania, el Fondo Mundial para la Mujer y el Programa para la Igualdad de Oportunidades y los Derechos de la Mujer en Ucrania para poner en marcha su museo. Pero el conflicto y la falta de recursos la habían convencido de que había llegado el final. La joven española decidió apostar por todo lo contrario.

Desde hace nueve años, María Sánchez impulsa la iniciativa #SaveGenderMuseum, una campaña que puso en marcha en enero de 2015 con la intención de ayudar a sobrevivir al pequeño museo y recibir ayuda de cualquier asociación, persona o colectivo que pudiese socorrerlo económicamente para mantener su espacio físico. La campaña buscaba un anfitrión que sufragase los gastos –“menos de cien euros al mes”– pero pedir ayuda sin arrimar el hombro le parecía a María contradictorio, así que ella asumió los gastos los primeros meses. “Primero fui yo, luego mis abuelos, después mis padres...”, enumera. Reunió poco a poco las primeras mensualidades hasta que consiguió más apoyo: “Durante cinco años tuvimos un patrocinador cada mes”, cuenta con satisfacción.

Gracias a la campaña, el museo tuvo una gran difusión y reconocimiento internacional, consiguió ayudas europeas y de otros museos feministas y de género. Además, dio un salto y se trasladó de un antiguo piso ubicado en el centro a un espacio más grande en las afueras de Járkov. Una mudanza que fue decisiva para su supervivencia.

El edificio que acoge la colección ha sobrevivido a los brutales bombardeos sobre la ciudad, lo que alimenta las esperanzas de estas dos mujeres: “Que el museo siga en pie después de todo lo que hemos luchado es un símbolo de resistencia”, afirma María.

Un nuevo proyecto

En 2016, Daniel Sánchez, director del estudio de videojuegos Gammera Nest, se hace cargo de una mensualidad del museo y contacta con María para desarrollar un juego que diese visibilidad a la campaña. En su afán por salvar el museo, María no dudó en participar en la creación de VONA/SHE, el videojuego que quiere crear conciencia sobre la situación de la galería y de las mujeres ucranianas. Su nombre rinde homenaje a Ucrania, a su idioma y a las mujeres, ya que Vona significa “ella” en ucraniano.

“El videojuego surge como un recorrido colaborativo entre dos grupos de trabajo: Ucrania, que aporta el contenido, y España, que aporta la parte técnica”, cuenta María, que defiende la voz y la experiencia ucranianas como fuente primordial del proyecto.

Simulando un escape room, este juego encarna la esclavitud social que sufren muchas mujeres en todo el mundo y que los jugadores experimentan a través del personaje de una mujer que vive en un bucle de jornadas ocupadas por las tareas del hogar. Los usuarios deben descubrir cómo sublevarse ante esta situación. 

VONA/SHE es gratuito y se podrá acceder a él a través del PC o de las aplicaciones para Android e iOS. Según indican los creadores, el museo se abre ante los ojos del jugador una vez comprenden que el cambio ha comenzado y “que no hay vuelta atrás”. Además, el juego posibilita el acceso a la web de Save Gender Museum, donde se explica en profundidad el proyecto y se ofrece la posibilidad de donar para apoyar al museo.

María considera que la clave en este videojuego es que “la historia se cuente en primera persona a través de mujeres ucranianas”. Y, de paso, volver a buscar fondos para que no se pierda la colección por la que tantas han trabajado. Y, por qué no, soñar con un futuro cercano en el que el museo vuelva a abrir sus puertas en Járkov.

Cristina Cifuentes logró salir indemne judicialmente en su batalla por el caso máster, pero la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) aún sigue pagando los platos rotos por el desprestigio que provocó el amaño de las notas de la exmandataria popular. Cuatro años después de que se destapara cómo la expresidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo de forma fraudulenta su título en Derecho Autonómico por la URJC, las cifras de alumnos matriculados se han resentido, especialmente en los másteres.

Según datos del Portal de Transparencia de la propia universidad, desde el año académico 2017-2018, cuando estalló el caso, las cifras de alumnos matriculados en estos posgrados descendieron notablemente. La Universidad tenía 5.885 alumnos matriculados en másteres en marzo de 2018, cuando elDiario.es reveló el caso Cifuentes; hoy son 3.525, según los datos provisionales del curso 2021-2022. La caída es de 2.360 estudiantes. Dicho de otra forma, la URJC ha perdido el 40% de su alumnado de esta etapa en cuatro años.

La caída se registra principalmente en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (precisamente a la que pertenecía el máster de la expresidenta), que perdió la mitad de su alumnado (de 4.639 a 2.315 estudiantes) desde el curso en que estalló el escándalo. El resto de ramas se mantuvieron constantes o sufrieron leves cambios en el número de matriculados.

Desde la URJC atribuyen esa caída de alumnos a la desadscripción de centros que ofertaban algunos másteres, como el EAE o ESIC. Sin embargo, la universidad no ofrece datos que respalden que una caída de casi la mitad del alumnado se deba a la pérdida de estos dos centros. Fuentes del centro también explican que la pandemia de COVID-19 ralentizó muchos de los acuerdos con alumnos extranjeros –que suponen se irán retomando poco a poco– aunque esto sucedió dos años después del caso Cifuentes y la caída de alumnado ya se había producido. En cualquier caso, justifican que todo se enmarca en un proceso de racionalización voluntario del centro. “Se mantienen las ratios que se quieren mantener. No es que los alumnos no vengan, sino que ya nos va bien como estamos”, aseguran.

Pero tras las primeras explicaciones sobreviene la crisis de imagen que ha supuesto el máster regalado a la expresidenta, de la que el centro es consciente, y la posterior gestión del escándalo: “No nos engañemos. La universidad tiene un historial y para subir su reputación solo sirven los hechos. Puedes contar muchas historias pero lo que vale es lo que haces”, reconocen fuentes de la universidad.

El caso Cifuentes dañó la imagen de la Universidad, como admite el propio centro. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, hoy tertuliana, acabó dimitiendo tras acreditarse que sin ir a clase y sin presentarse a los exámenes, la Universidad expidió de forma irregular su titulación y que incluso se modificaron algunas de sus notas académicas. Después, para corroborar el relato de que la exdirigente del PP había defendido correctamente su trabajo final, se elaboró un acta de TFM falsa. El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para condenar a Cifuentes, que dejó la política en 2018 tras estallar el escándalo. El fallo de la sentencia concluía que no se podía probar ninguna intervención de la expresidenta en la fabricación del acta. Según los magistrados, no se acreditaba que Cifuentes “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación”, pero en cambio sí condenaron a dos años de cárcel a una profesora y a la exasesora de Educación del Gobierno regional.

Consecuencias también en los grados

Los grados también han sufrido el golpe. Las preinscripciones para grado como primera opción para estudiar en la URJC se vieron afectadas desde el curso académico 2018-2019, aunque no sufrieron tantas bajas como los que luego se matricularon efectivamente como primera opción, que desde el curso 2017-2018 hasta 2021-2022, cayeron casi un 18%.

Los matriculados como primera opción son aquellos que, tras terminar la prueba de Selectividad, desean acceder a la URJC como opción preferente, por lo que se puede intuir que la universidad pagó también en este nivel las consecuencias del escándalo. Sin embargo, los datos del total de alumnos matriculados en grado apenas varían en comparación a la abismal caída de los matriculados en máster.

En paralelo se ha producido, a tenor de los datos, el movimiento contrario con el profesorado contratado: la suma de personal docente ha aumentado desde el curso 2017-2018 a la vez que descendía el número de estudiantes. Así, a diciembre de 2021, había un total de 788 contratados de personal PAS (personal de administración y servicios) y 2.615 de PDI (personal docente e investigador). Tres años antes en pleno escándalo Cifuentes, había 671 empleados PAS y 2.126 PDI. Esto supone que hay 606 profesores más ahora.

Ante el incremento de profesorado, la URJC informa que el rector manifestó en el plan estratégico 2020-2025, su voluntad de mejorar la calidad de la enseñanza incrementando la relación profesores/estudiantes entre otras medidas. Desde la URJC dicen estar asumiendo mayormente el control de lo que se hace desde la propia universidad y segmentando las áreas de conocimiento para “esforzarse en la transparencia y la calidad de la universidad”.

Un congreso para abordar las “oportunidades en la lucha contra el tabaquismo”, una universidad pública y el Ministerio de Sanidad son los protagonistas del último capítulo de las iniciativas, muchas veces envueltas en una pátina científica, impulsadas por los promotores de los cigarrillos electrónicos. El guion gira en torno al eufemismo de la “reducción de daños del tabaco” (THR, por sus siglas en inglés), que lleva años cuestionado por decenas de asociaciones y expertos, incluida la OMS, que también se ha visto involucrada en el culebrón. 

La Universidad Rey Juan Carlos iba a acoger el próximo jueves el ‘Tobacco Harm Reduction Summit Spain’. El nombre no sugiere nada perjudicial pero el Ministerio de Sanidad dio la voz de alarma, como adelantó El País. Tras conocer el programa y los ponentes, la Dirección General de Salud Pública advirtió al centro de que el acto podía “contravenir el Convenio Marco de Control de Tabaco de la OMS” e informó al centro educativo madrileño para que pudiesen “revisar su participación e implicación”, señalan fuentes del Ministerio a elDiario.es.

Según indican desde la Rey Juan Carlos, “acto seguido de recibir la carta”, el rector Javier Ramos retiró su presencia del congreso y finalmente se decidió que no se celebrase en las instalaciones de la Universidad, que “no formó parte de la organización del evento en ningún momento”, sostienen.

A partir de ahí, una cascada de bajas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que se retirara su logo y la Fundación España Salud alegó que tampoco formaba parte de la organización ni la conocía, sino que habían sido invitados para presentar un estudio “sobre los efectos nocivos del tabaco y su tardía desaparición”. Un estudio que, de hecho, según su autor habían financiado junto a la Universidad de Valencia y la Politécnica de Catalunya y en el que se comparaban muestras de orina de fumadores, fumadores que se habían pasado al vapeo y no fumadores.

El autor del estudio, 'La memoria del tabaco en ex fumadores', es el catedrático de química analítica de la Universidad de Valencia Miguel de la Guardia. En diálogo con esta redacción, afirma que la idea de esta convención no era promover los cigarrillos electrónicos, sino la reducción del daño. “Un cigarrillo electrónico no provoca ningún beneficio, pero si un fumador de tabaco se pasa al cigarrillo electrónico se produce una reducción del daño”, explica. Es una teoría que defienden los defensores del vapeo, pero que va en contra de la posición de la OMS sobre el tabaquismo. Y también contra los planes del Ministerio, que ha incluido los cigarrillos electrónicos en sus campañas contra “todas las formas de fumar”.

Desarrollados por empresas tabacaleras

Un informe del Ministerio de Sanidad, publicado en 2022, señala que “en los últimos años se ha dado un rápido crecimiento en el mercado de estos productos”, que “han sido adquiridos y desarrollados en varios casos por las grandes empresas tabacaleras, quienes están realizando potentes campañas de marketing”. Philip Morris, una de las grandes multinacionales tabacaleras, comercializa estos dispositivos.

Ese mismo trabajo indica que “en general, se publicitan como inocuos”, pero señala los principales efectos del consumo de estos productos a corto plazo, que tienen que ver con efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias “similares a aquellos asociados al humo del tabaco”, la aparición de sustancias cancerígenas en líquidos y aerosoles, la emisión de propilenglicol, partículas PM, nicotina y otras sustancias perjudiciales, así como numerosas intoxicaciones.

El germen de la supuesta evidencia científica en torno a los beneficios de los cigarrillos electrónicos está en un pronunciamiento de la Public Health England, una agencia del Departamento de Salud de Inglaterra que comenzó a operar en 2013, no exenta de polémica. En 2015, este organismo indicó que “las mejores estimaciones muestran que los cigarrillos electrónicos son un 95% menos dañinos para la salud que los cigarrillos normales”. Rápidamente, un grupo de expertos en salud pública se pronunciaron contra esta investigación en The Lancet.

Según un artículo publicado en la revista científica The BMJ, de alto impacto, la PHE se había basado en hallazgos de un trabajo de investigación “metodológicamente débil, según aceptan los propios autores”, y con conflictos de interés que planteaban “serias dudas sobre las conclusiones del informe” y “sobre la calidad del proceso de revisión por pares de la agencia”. A diferencia de la Unión Europea, Reino Unido sí promueve el vapeo para dejar de fumar.

Conflicto de intereses

El artículo, firmado por Jonathan Gornall, desvela fuertes conexiones entre los autores de una carta enviada a la OMS en 2014 denunciando que se había “marginado deliberadamente” el potencial de la reducción de daños con la industria tabacalera. Uno de los firmantes era David Sweanor, que figura como orador en la página web del congreso, aunque ya no aparece en el programa, que se ha ido reduciendo durante los últimos días y que se celebrará finalmente de forma online.

Tras la renuncia del rector de la URJC a abrir el acto, en la web llegó a figurar como anfitriona la exministra de Sanidad del Partido Popular Ana Mato. Desde el entorno de la exministra confirman a elDiario.es que le ofrecieron participar en el evento pero que “en todo momento dijo que no”. Esta redacción ha intentado ponerse en contacto con los organizadores del evento, la Plataforma para Reducción del Daño por Tabaquismo, pero no ha obtenido respuesta.

Por otro lado, la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales (Anesvap), que iba a participar inicialmente, alega no saber nada al respecto tras la supuesta suspensión del evento después de la “presión” recibida por parte del Ministerio de Sanidad. “No tenemos más información pero si nos invitan desde luego estaremos encantados de participar”, añaden. Además, dejan clara su postura sobre este congreso: “No es comprensible que no pueda organizarse un debate libre y abierto sin que haya presión de un Ministerio para que no se hable de lo que ellos no quieren”. “Hemos visto en medios de comunicación la carta que se envió a la Universidad Rey Juan Carlos y creemos que es un escándalo que se amenace así a una universidad pública”, afirma Ángeles Muntadas-Prim, presidenta de ANESVAP.

El congreso lo inaugurará finalmente el portavoz de la Plataforma Médica Española para la Reducción de Daños del Tabaco, Fernando Fernández Bueno, que es el cirujano oncólogo del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, del Ministerio que dirige Margarita Robles. Desde este departamento también marcan distancias y aclaran que el médico se encuentra en excedencia.

La plataforma que organiza el congreso ha publicado un documento en el que defiende que los cigarrillos electrónicos o el tabaco sin combustión pueden ser la solución y no parte del problema en la lucha contra el tabaquismo. Este mismo viernes lamentaron el “boicot” contra el acto. A través de su cuenta de Twitter defendieron que había sido esta situación la que había provocado “que algunos organizadores se retiraran”.

No solo no ayudan a dejar de fumar, sino que facilitan que la gente persista en su adicción a la nicotina, por lo que pueden volver a recaer

“Hay un dato que echa por tierra todo lo expuesto sobre la reducción de daños. Del 60 al 80% de los consumidores de estos productos siguen fumando. Por lo tanto, su riesgo no solo no disminuye, sino que se incrementa significativamente. Decir que es menos perjudicial es una falacia”, defiende Rodrigo Córdoba, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), que en noviembre publicó un trabajo desmontando los bulos pseudocientíficos sobre los cigarrillos electrónicos.

“No solo no ayudan a dejar de fumar, sino que facilitan que la gente persista en su adicción a la nicotina, por lo que pueden volver a recaer”, indica Córdoba, que insiste en que “los jóvenes que empiezan consumiendo cigarrillos electrónicos o tabaco calentado tienen una vulnerabilidad cuatro veces mayor de iniciarse en el consumo de cigarrillos”. Un estudio publicado en 2018 ya demostraba que el saldo entre quienes dejan de fumar gracias a estos productos y los que empiezan a hacerlo tras probarlos es negativo. Pero la evidencia científica del riesgo es mayor.

La Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Etudes) realizada en 2021 señala que el 44,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años han consumido en alguna ocasión cigarrillos electrónicos. El porcentaje se dispara hasta el 77% entres quienes han fumado tabaco y solo el 8,5% manifiestan que su intención era reducir o dejar este hábito, aunque no indica si lo consiguieron. Córdoba afirma que la existencia de estos productos ha resucitado lo que ya se creía erradicado: “En los últimos años el número de jóvenes que consumían tabaco estaba bajando rápidamente y ahora ha habido un estancamiento, incluso un repunte en los últimos cinco años”. 

Que tras el programa había un interés en promocionar el uso de los cigarrillos electrónicos es evidente, ante ponencias como ‘Consecuencias del negacionismo de la ciencia THR en España. ¿Cómo podemos maximizar la comunicación de la ciencia THR en nuestro país?’. En ella estaba previsto que participase el portavoz de ANESVAP, Julio Ruades, conocido en internet y las redes sociales como el 'Mono Vapeador’. Ruades tiene una microempresa cuya principal actividad es el “comercio de líquidos para vaporizadores y productos como cigarrillos electrónicos”. Esta pasó de facturar 73.508 en 2020 a 26.909 en 2021. Ese ejercicio, el último del que hay datos disponibles, perdió 3.584 euros. El 'Mono Vapeador' también se ha caído del cartel del polémico congreso.

“Da mala imagen”. Esta es la explicación más frecuente que reciben los trabajadores obligados a estar de pie, quietos, durante toda o casi toda su jornada laboral, aunque dispongan de sillas para sentarse y sus tareas les permitan hacer uso de ellas. En este grupo de personas se encuentran tanto aquellas que atienden en las cajas de supermercados como las que están en los mostradores de establecimientos de venta al público. En la práctica, contar con el derecho a descansar en una silla no solo depende de las directrices de la empresa, sino también del superior al cargo, que comunica a los empleados si pueden o no sentarse en el trabajo.

Claudia Gallardo describe así su experiencia en una cadena de tiendas de carcasas para móviles donde trabajó más de un año: “No teníamos sillas, pero es que además era impensable que las pudiera haber. Teníamos que estar como ellos nos decían, en posición de ”soldadito“ a escasos metros de la entrada para poder captar a los clientes sin hacerles esperar ni un minuto. No podíamos estar detrás del mostrador. Muchas veces estábamos vigiladas por cámaras y, si no veían bien la postura, llamaban por teléfono para decírnoslo. Toda la jornada era de pie, hubiera o no trabajo, siempre teníamos que hacer algo o fingir hacerlo por si acaso”.

El caso de Gallardo no es aislado. Muchos otros trabajadores y trabajadoras en España explican situaciones similares: o no cuentan con sillas, o solo hay una disponible para múltiples personas, o, aunque las haya, tienen la orden de no utilizarlas para no dar “mala imagen” a los clientes. Esta situación les obliga a sufrir una bipedestación prolongada: estar de pie, quietos, o con desplazamientos cortos, durante más de una hora de forma continua o durante más de cuatro horas en su jornada diaria. Precisamente España es el país de la Unión Europea con el porcentaje más elevado de trabajadores que tienen que estar la mayor parte del tiempo en pie (43%), según un estudio de Eurostat publicado en 2019. 

Los peligros de estar muchas horas en pie

“En los tiempos muertos en los que no vienen clientes nunca se me ha permitido sentarme”, cuenta Natalia, que trabaja como camarera desde hace diez años. En ninguno de los restaurantes en los que ha trabajado ha sido distinto: “Es una cuestión de imagen, me decían siempre mis jefes”. Para ella, el trabajo supone un gran desgaste físico y el hecho de estar obligada a permanecer de pie le acarrea problemas de salud que podrían evitarse fácilmente, como los recurrentes dolores de espalda. “Un camarero no puede sentarse durante el servicio, pero en esos momentos en los que no hay nadie, se agradece el reposo”. 

España es el país de la Unión Europea con el porcentaje más elevado de trabajadores que tienen que estar la mayor parte del tiempo en pie (43%), según un estudio de Eurostat

Multitud de estudios muestran que pasar la jornada laboral constantemente en pie y sin apenas moverse incrementa de forma importante el riesgo de diversos problemas de salud. Los más frecuentes y leves son la fatiga y la sensación de incomodidad, pero también pueden aparecer dolores musculoesqueléticos en piernas, pies y espalda, rigidez de cuello y hombros, hinchazón de las piernas, alteraciones cardiovasculares (destacando la aparición de varices) y diversos problemas en el embarazo como abortos espontáneos o nacimientos prematuros. Cuanto más tiempo esté la persona de pie, quieta, mayor es el riesgo de que aparezcan dichos efectos negativos para la salud.

Son varios los mecanismos implicados en el daño que provoca la bipedestación prolongada. Por un lado, estar de pie y quieto durante horas provoca una reducción del aporte sanguíneo en diversos músculos, lo que acelera la aparición de fatiga muscular en el trabajador. Con el tiempo, este proceso también causa dolor en piernas, espalda, pies y cuello.

Por otro lado, esta postura rígida supone mantener inmóviles las articulaciones de las piernas durante mucho tiempo, lo que aumenta el riesgo de daño degenerativo de estas, con lesiones en tendones y ligamentos, y la consiguiente aparición de dolor. A esto se une que la presión constante en las articulaciones de los pies, las rodillas, las caderas y los tobillos afecta a la lubricación y la amortiguación de las articulaciones, lo que potencia su desgaste. A su vez, un desgaste excesivo de las articulaciones lleva a dolor y dificultades para moverse.

Las varices (venas superficiales anormalmente dilatadas) son también uno de los efectos negativos más visibles de mantenerse de pie e inmóvil a lo largo de la vida laboral. Esto se produce por una acumulación de sangre en las zonas más bajas del cuerpo (en pies y piernas) de forma mantenida en el tiempo y a una alteración de las válvulas venosas de las piernas.

Cómo evitar los efectos negativos

Existen varias medidas para evitar los problemas para la salud que podría causar la bipedestación prolongada, como el uso de medias de comprensión para prevenir o tratar la insuficiencia venosa en las piernas. Ana García de la Torre, Secretaria de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores (UGT), cita algunas de ellas como “la alternancia de tareas y posturas y dotar de taburetes o sillas que tengan una altura adecuada para el trabajo que se realiza. Por ejemplo, se pueden utilizar taburetes de altura regulable. Establecer pausas y descansos, utilizar calzado adecuado, plantillas para calzado o esterillas acolchadas”.

Cuando me tocó por primera vez atender caja durante toda la jornada, pregunté si había posibilidad de sentarse, pero mis superiores me dijeron que no. Los dolores son inevitables después de estar casi ocho horas de pie

Almudena — ex empleada de una tienda de ropa

La Organización Internacional del Trabajo, perteneciente a las Naciones Unidas, establece, entre sus recomendaciones, que si es necesario desarrollar un trabajo en pie, se debe aportar una silla o una esterilla al trabajador y permitirle sentarse a intervalos regulares.

“Además, la empresa debe formar e informar a las personas trabajadoras sobre los riesgos de la bipedestación prolongada y las medidas preventivas para minimizarlos”, remata De la Torre.

La legislación sobre el “derecho” a la silla

Almudena, extrabajadora de una multinacional de ropa, cuenta cómo pasaba más de siete horas trabajando sin tener dónde sentarse: “Cuando me tocó por primera vez atender caja durante toda la jornada, pregunté si había posibilidad de sentarse, pero mis superiores me dijeron que no, que teníamos que estar de pie”. Según cuenta Almudena, detrás de los mostradores hay una especie de barra para poder apoyar los pies y no cansarse tanto, pero “es inevitable que se te carguen los gemelos y tengas dolores después de estar casi ocho horas de pie”, añade. El único lugar con asientos era el área de descanso de los trabajadores, situado en el almacén, pero en el resto del local “ni siquiera había sillas”, añade. 

Como expresa Daniel Torregrosa, técnico de prevención de riesgos laborales, no existe una normativa específica actual que detalle expresamente las condiciones del uso de la silla en este grupo de trabajadores: “Lo que habría que hacer sería evaluar el riesgo ergonómico. Y en función de esa evaluación, proponer medidas preventivas, como descansos. Ahora bien, eso no está contemplado específicamente en un real decreto, sólo de forma genérica en la Ley de Prevención. Respecto a trabajar de pie, solo se puede hacer algo si se evita el riesgo, se evalúa el riesgo y se proponen medidas. Algo que al no estar sustentado en una legislación concreta puede no verse ejecutado. Aunque el principio de la ley es el de evitar el riesgo. Otro tema es si se trata de una trabajadora que está embarazada, ahí sí que es obligatorio que se haga una evaluación específica y se adapte su puesto”.

Por otra parte, Ana García de la Torre aclara que “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica, en su artículo 15, que en primer lugar se deben evitar los riesgos laborales. Por lo tanto, las empresas deberían evitar que su plantilla permanezca de pie durante más de una hora de forma continua o durante más de 4 horas a lo largo de su jornada laboral. Si esto no fuera posible por el tipo de trabajo, se tendrá que realizar una evaluación de riesgos ergonómicos y aplicar las medidas preventivas que se derivasen de dicha evaluación para garantizar la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras”.

En realidad, sí existe una ley en España que establece que los trabajadores anteriores tienen derecho a una silla. Aunque esta norma sea antigua, concretamente de 1912, sigue vigente. En un comunicado del Ministerio de Gobernación de dicho año puede leerse: “Ley disponiendo que en los almacenes, tiendas, oficinas, escritorios, y en general, en todo establecimiento no fabril, de cualquier clase que sea, donde se vendan o expendan artículos u objetos al público por mujeres empleadas, sea obligatorio para el dueño o su representante particular o compañía tener dispuesto un asiento para cada una de aquellas”.

Guadalupe Muñoz Álvarez, académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, explica que a esta norma se la conoce vulgarmente como la “ley de la silla” y se “actualizó” en 1918 para ampliar este derecho a los varones. No obstante, a pesar de que la ley sigue vigente, apenas se aplica en multitud de establecimientos en donde los trabajadores están obligados a estar de pie y sin apenas moverse, poniendo en riesgo su salud, por una cuestión de estética.

––––––––––

Si has llegado hasta aquí, sigue leyendo

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

A Silvia Martínez se le está enredando la universidad por momentos. Esta estudiante de Farmacia suspendió dos asignaturas el curso pasado, lo que ha desencadenado un efecto cascada que, teme, acabe prolongando sus estudios más de lo que le gustaría. Y no por motivos académicos. Por dinero.

Martínez cuenta que ha tenido que renunciar a cursar algunas asignaturas que le tocarían este año. “Veía que no podía gestionar tantas asignaturas y tuve que escoger”, explica. “No podía permitirme suspender unas por estudiar otras, porque iba a tener que pagarlas el año que viene”, elabora. Esta estudiante se refiere al sistema de precios universitarios, un modelo (anómalo) que penaliza económicamente suspender. Y mucho.

El coste de las segundas, terceras y sucesivas matrículas –las que paga todo el mundo porque no las cubren las becas– en España se multiplica varias veces. Y lo hace, se sorprende Vera Sacristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), de manera dispar y sin un criterio aparente: como se ve en el gráfico, realizado a partir del informe Precios públicos de matrícula: ¿ya está? del OSU, en unas comunidades la segunda matrícula cuesta un 36% más (un factor de multiplicación 1,36), en otras se duplica; las terceras y cuartas tienen directamente vida propia.

El ejemplo más extremo de la disparidad de precios es La Rioja: en la primera matrícula de los grados más baratos allí cuesta 14,08 euros el crédito. A partir de ahí se empieza a disparar: 29,18 euros la segunda, 63,22 la tercera y 87,54 la cuarta y sucesivas. Esto es: una asignatura estándar de seis créditos cuesta 84,48 euros la primera vez; 175,08 la segunda; 379,32 la tercera y 525,24 la cuarta. El precio se multiplica por 6,2.

La situación la sufren especialmente los estudiantes de familias de nivel socioeconómico bajo, a los que suspender una asignatura les supone una especie de triple castigo: el económico de tener que afrontar el pago de materias suspensas que te pueden costar lo mismo que un curso entero, el temporal que explicaba Martínez (pospones asignaturas y se alarga la carrera) y el coste de oportunidad de retrasar la incorporación plena al mercado laboral.

Lo explicaba también un estudio sobre las causas del abandono universitario elaborado para el Ministerio de Universidades que presentó el ministro Joan Subirats el año pasado. El texto señalaba, entre otras causas, el coste de la matrícula del grado cursado y su origen socioeconómico y procedencia como dos de los factores que más condicionan seguir en los campus o abandonarlos. “La existencia de estas desventajas sociales, económicas y culturales hacen que no se puedan permitir no tener un buen rendimiento en la universidad”, se lee.

La causalidad que establece el estudio es la esperable: a mayor precio de matrícula (y esto incluye la repetición de asignaturas), mayor abandono. La autora del informe, María Fernández Mellizo-Soto, socióloga y profesora en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid, señaló durante la presentación que eliminar la penalización económica que implica repetir una asignatura es una de las mejores soluciones al abandono.

Esto se observa en el estudio Evolución del acceso a la universidad y de la elección de titulación universitaria entre la población joven en Catalunya, que ofrece algunos datos sobre esta circunstancia en los últimos años, en paralelo al encarecimiento de las matrículas. Los datos muestran cómo mientras la subida de los precios por sí misma no expulsó al alumnado más humilde de la Universidad de manera masiva, sí cambió su forma de comportarse y afrontar los estudios.

El informe –elaborado por las profesoras Helena Troiano, Dani Torrens, Albert Sánchez-Gelabert y Lidia Daza, del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de las universidades Autónoma y de Barcelona– divide al estudiantado catalán en tres grupos según su origen socioeconómico (se evalúa el nivel formativo de los padres, que a su vez correlaciona directamente con la renta familiar) y evalúa su presencia por un lado en las titulaciones más caras y por otro lado en las más difíciles en función del rendimiento que tiene el alumnado en ellos –varias ingenierías, Matemáticas, Física o Medicina serían algunos ejemplos–.

Y dicen los datos que pese a la subida de precios entre 2002 y 2014 la proporción entre los diferentes grupos de estudiantes en las carreras más caras se mantuvo bastante estable: aunque la presencia de alumnado de familias más favorecidas siempre es ligeramente superior, el reparto de estudiantes en función de la renta era muy similar en estos grados en 2002 y en 2014.

No sucede lo mismo con los grados más difíciles, los que tienen una menor tasa de rendimiento (créditos aprobados). Aquí la brecha se ha ido agrandando: mientras en 2002 el reparto de estudiantes en las carreras de mayor dificultad estaba equilibrado (un tercio cada grupo, aproximadamente), según pasaron los años y se encarecieron las matrículas se fue creando una diferencia primero y ampliando la brecha después: en 2014, cuando más disparado estaba el precio del crédito y el de repetir, los estudiantes con más recursos eran claramente mayoritarios.

¿Cómo se traduce esto? El estudio explica que “los estudiantes han llevado a cabo estrategias de reducción del riesgo en su acceso a la universidad”. Sacristán lo pone en términos sencillos: “El porcentaje de estudiantes de clases desfavorecidas en carreras más difíciles, con mayor tasa de repetición, está cayendo. Lleva años cayendo”. Y los estudiantes lo bajan a su realidad material: “Tengo que recuperar dos del año pasado, así que he dejado otras sin matricular para cursar el año que viene”, comenta Mar Barrientos, estudiante de Derecho. “Prefiero ir a lo seguro que tener que pagar más del doble por repetir asignaturas”, explica.

Esta situación supone para muchos quedarse por el camino, en ocasiones de manera preventiva, como muestra el estudio catalán. “A medida que el precio se vuelve más caro condiciona más”, explica Sacristán. “Condiciona de manera doble: tienes que dedicar años de tu vida a estudiar y trabajar con problemas, a jornada partida, lo que ya es un sacrificio”.

A Alejandro Suárez las tres asignaturas que ha tenido que repetir este curso le han costado 720 euros. Un año entero estándar –diez asignaturas, normalmente– son en su caso 1.100 euros. Este estudiante de periodismo explica que trabaja durante los veranos para pagarse el grado, pero “ni siquiera lo que cobraba un mes entero llegaba a cubrir el coste completo de la matrícula”.

El coste real no se conoce

Lo que cuesta entender, incluso a expertas en la cuestión como Sacristán, es el criterio con el que se fijan los precios. La situación se arrastra de alguna manera a raíz del conocido como 'decreto Wert', de 2012, que vinculó el precio de los estudios, lo que debían pagar las familias, a su supuesto coste real. “Los precios públicos cubrirán entre el 15% y el 25% de los costes en primera matrícula; entre el 30% y el 40% de los costes en segunda matrícula; entre el 65% y el 75% de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90% y el 100% de los costes a partir de la cuarta matrícula”, estableció el exministro popular.

Aquel decreto modeló los precios que aún rigen hoy. Porque desde entonces se ha modificado el sistema de precios, pero solo el de la primera matrícula. Algunas comunidades, como Catalunya o la Comunitat Valenciana, han rebajado también los de las sucesivas, pero no es la norma, como constata el OSU en su informe. De aquellos barros, estos lodos.

¿El problema? No existe un cálculo fiable de lo que le cuesta a las universidades dar clase. “El 'coste del servicio' [al que alude el decreto Wert como referencia] no está definido”, explica Sacristán. “¿Qué es el servicio? ¿Para Madrid sería el coste de la docencia universitaria en toda la comunidad o el coste de la Universidad Carlos III de Madrid para esos estudios? ¿El de ese departamento? ¿El de la asignatura?”.

Se responde ella misma, consciente de que no hay explicación razonable para sus preguntas retóricas: “Como no hay ningún criterio, se llega al punto de que se tienen que listar los estudios por grupos”. O sea, no atiende a unos parámetros objetivos medibles sino que se establece el coste y hay que colocar los estudios en un sitio.

Porque ante la falta de respuestas, de concreciones, se ha decidido establecer el coste de los estudios en función del grado de experimentalidad, de si requieren de más o menos medios para realizarse (hay que usar laboratorios, maquinaria...). Un error, en opinión de Sacristán. “Si hablamos del coste de cada carrera por separado, las carreras más caras no serían las que más laboratorios o experimentalidad requieren, sino las que menos estudiantes tienen. Pero eso no se hace”, se sorprende.

La anomalía española

Otra circunstancia es que el “castigo económico” por repetir, como lo define Sacristán, es particular de España. “Esto en Europa no pasa. Cuando hay algún tipo de penalización económica no se traduce en un castigo inmediato a cada asignatura, es un castigo económico (cuando sucede, que se da en pocos países) cuando pasas en la carrera un porcentaje de tiempo superior al que deberías (para una carrera de tres años entras en el quinto, por ejemplo)”, explica.

Esta profesora de la Universidad Politécnica de Catalunya matiza que considera positivo que la administración busque “un uso eficiente de los recursos públicos y se haga algo para que el estudiante no se eternice”, pero cree que el castigo económico lineal no es la respuesta. Recuerda Sacristán otras alternativas, como la llamada “fase selectiva”, por la que un estudiante tenía dos años para completar el primer curso de un grado si no quería ser expulsado, el límite en el número de convocatorias a las que se puede apuntar un estudiante o el “parámetro alfa”, por el que hay que aprobar un determinado porcentaje de los créditos en los que alguien se ha matriculado. “El incentivo económico solo busca disuadir y recaudar”, cierra.

–––––––––––––

Antes de que dejes de leer...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

Los últimos tres años han sido un compendio de primeras veces y vueltas a la normalidad. Este miércoles, se vivió en España un nuevo paso en esa desescalada que comenzó en abril de 2020: la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en el transporte público. Pero tras una relajación previa del seguimiento de la norma por un lado y de la rutina por otro, la imagen en trenes y autobuses no ha sido tan diferente a la del día anterior.

“Al subir al autobús he visto que todos la llevaban. No quería ser la única sin ella, así que me la he puesto”, decía Silvia, una estudiante de 19 años que reconoce haber cedido a la presión social pese al levantamiento de la norma, que aprobó el martes el Consejo de Ministros. Marisa, en Rivas-Vaciamadrid, aseguraba que haría uso de ella según lo crea necesario. “Si veo que hay un 'mogollón' de gente, probablemente me la ponga. Mientras tanto, disfrutaré de ir sin ella”, decía mientras esperaba el bus.

Cuando Quique Bassat, que es epidemiólogo e investigador ICREA en el Instituto de Salud Global de Barcelona, cogió un taxi por la mañana, creía que el conductor le recibiría sin mascarilla, pero no fue así. “Me decía que él se sentía más seguro y protegido y que la seguiría llevando. A pesar de que haya dejado de ser obligatoria, habrá gente que la seguirá utilizando, como ocurrió cuando dejó de ser obligatoria en la calle”, explica este experto, que considera que la medida llega “en el momento adecuado”. “Podríamos haberlo hecho en septiembre, cuando ya se abrió el debate, pero ante el miedo a lo que podía llegar con el frío y los virus respiratorios se optó por no retirarlas. Ahora que ya han pasado las fiestas [navideñas] había llegado el momento”, indica.

“Había que tomar la decisión”

La portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), María del Mar Tomás, hubiera esperado a primavera, pero tampoco se muestra preocupada. “Había que tomar la decisión y no pasa nada por que sea en febrero o en marzo. En Europa no es necesaria la mascarilla y está bajando la incidencia de virus respiratorios. Ya hemos estado en contacto en Navidad y cierto es que probablemente no suponga un incremento en las infecciones”, aclara.

Según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, con datos hasta el 29 de enero, la incidencia ha bajado de 756 a 638 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria en dos semanas y de 21,3 a 15,1 en hospitalaria.

No se estaba siguiendo bien y una norma que no se sigue bien no es útil desde el punto de vista de salud pública

Quique Bassat — Epidemiólogo

Bassat señala otro argumento a favor de esta medida: “No se estaba siguiendo bien y una norma que no se sigue bien no es útil desde el punto de vista de salud pública”. En el Metro de Madrid la situación no ha cambiado mucho respecto a las últimas semanas, cuando el uso del cubrebocas ya se había relajado visiblemente, pese a la normativa. En los andenes ya no era obligatorio utilizarla, pero este miércoles se ha visto a más gente desprenderse de ella.

Mar, una usuaria de metro, reconoce que es incómodo llevar la mascarilla, por lo que optará por no ponérsela definitivamente. “Todos usan las quirúrgicas y no sirven para protegerse a sí mismo, por lo que lo veo absurdo si estoy sana”, afirma. Precisamente, esta es una de las cuestiones en las que inciden los expertos y que verbalizaba este mismo martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que hacía hincapié en la “importancia de recomendar un uso responsable”.

“Que la gente que tenga síntomas la siga llevando, que es un mensaje que ha calado menos en la sociedad”, reclama Bassat. Algo que han repetido desde la Sociedad Española de Epidemiología. Su presidente, Óscar Zurriaga, indica que “sigue siendo útil en determinadas circunstancias, sobre todo en aquellas personas que tengan síntomas”. “Es una cuestión no solo de responsabilidad individual, sino también colectiva y de respeto hacia la salud de los demás”, ha destacado.

Este epidemiólogo también recomienda su uso entre aquellas personas vulnerables, con comorbilidades, inmunodeprimidas, cuando estén en contacto con otras o en lugares con mala ventilación o aglomeraciones.

“Me siento ligeramente más protegido”

Por lo general, las personas de más edad son las que aguantan con la mascarilla en el transporte público. “Tengo que ponérmela para ir al médico, no me supone ningún esfuerzo seguir llevándola en el metro. Así, además, me protejo”, explicaba Acacia, de 72 años. Pero con un paseo por andenes y terminales se encuentran perfiles de todas las edades. Como el de Emre, de 20 años, que dice haberse acostumbrado a este trozo de tela. “No me molesta para nada. Me siento ligeramente más protegido”, añade.

José Miguel, funcionario de 58 años, cubre su boca con una mascarilla FPP2. “Ahora que nadie va a llevarla quiero protegerme más aún, sobre todo en el transporte, que viene y va mucha gente”, dice. En el centro de Madrid Janet baja de un vagón en la estación de Tirso de Molina pasadas las cuatro de la tarde. Ambas llevan la cara cubierta. “No nos las hemos quitado porque todavía estamos en época de frío y aunque no es hora punta, todavía hay muchos pasajeros. Soy sanitaria y estoy habituada a usarla”, explica.

“Todavía hace frío pero en cuanto entremos en marzo y vengan las buenas temperaturas la gente se sentirá más segura”, considera Tomás, que como todos los expertos consultados para este reportaje recomienda que “aquellas personas que necesiten cuarta dosis de la vacuna, se la pongan”. Una idea, la de completar la vacunación, en la que llevan meses incidiendo desde el Ministerio de Sanidad. “Con el brote de China hubo un pequeño aumento por el efecto miedo, quizá ahora se pueda producir por prudencia”, añade Bassat.