Todavía hay cuentos de hadas políticos. El triunfo de este domingo del socialista António José Seguro es la mayor victoria de un presidente de la República en Portugal en número absoluto de votos. Un éxito que representó la unión de un amplio campo político —que va desde los comunistas hasta los liberales— en torno a un candidato que se enfrentaba al líder de la extrema derecha y a la amenaza más clara para la democracia que los portugueses han construido desde 1974.

El ganador de la segunda vuelta electoral había estado alejado del foco mediático durante la última década. António Costa dijo que el Partido Socialista (PS) de Seguro había ganado por “muy poco” las elecciones europeas de 2014 —solo obtuvo 123.000 votos más que la coalición de derecha que había aplicado la austeridad— y decidió dar un paso adelante para destituirlo de la dirección. En unas elecciones primarias sin precedentes, abiertas a todos los militantes y simpatizantes, Seguro fue destituido tras obtener el 31% de los votos, se dedicó a dar clases en la universidad y rehabilitó casas para convertirlas en alojamientos turísticos en su localidad natal, Penamacor, en la frontera con Extremadura. No tuvo la oportunidad de presentarse a las elecciones legislativas como cabeza de lista del PS y, “para no dividir”, estuvo 11 años fuera del espacio mediático, no concedió entrevistas ni asumió un puesto de tertuliano en la televisión, algo muy tradicional en la política portuguesa para los antiguos líderes de los partidos.

Este alejamiento de la política activa le permitió acumular un importante capital político: no se dejó debilitar por los años de desgaste acumulado que sufrieron Costa y quienes formaban parte de sus gobiernos. Al no estar presente, Seguro se volvió completamente inmune a todos los casos que dañaron la imagen de los socialistas. Y así se convirtió en transversal.

Cuando se presentó a estas elecciones, una primera encuesta le dio un 6%. Ahora, ha ganado las presidenciales con un 67% de los votos. Es un ascenso que, hasta hace unas semanas, nadie podía prever. Durante los últimos 20 años, ningún candidato de izquierda había conseguido ganar unas elecciones presidenciales y, en un país que nunca había estado tan a la derecha, ha sido una victoria que muestra que los votantes siguen apostando por el equilibrio de poderes entre los dos principales partidos de la historia democrática del país. Seguro ha logrado este triunfo apelando “a todos los demócratas y a todos los humanistas” contra un adversario al que calificó de “peligro para la democracia”, mostrándose como una voz de compromiso, estabilidad y moderación.

Seguro comenzó esta carrera solo, con el apoyo de unos pocos amigos y alcaldes socialistas, pero terminó rodeado de personas de todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha. Frente a una política acelerada y de extremos, ha ganado el candidato que puso el diálogo en el centro. A pesar de no haber sido la primera opción del Partido Socialista, el aspirante dio alegría y esperanza a la izquierda, demostrando que las elecciones se ganan hablando a la gente y mostrando que pueden confiar en los políticos. 

El premio de consolación

La extrema derecha consigue un premio de consolación: obtiene un mayor porcentaje de votos que los que obtuvieron los partidos del gobierno (una coalición de dos partidos de derecha) en las últimas elecciones legislativas. Ventura también consigue 300.000 votos más que el resultado de su partido en esos comicios y en total cosecha un 33% de los apoyos. En su discurso de la noche, el líder ultra hizo lo que ya se esperaba: se autoproclamó “líder de la derecha” y afirmó que está cada vez más cerca de gobernar Portugal.

Ventura nunca quiso ser presidente de la República. En Portugal, esta figura política no tiene capacidad de gobierno, sino que actúa únicamente como representante del país y árbitro del régimen. El líder de Chega solo quería el tiempo de antena que le daba una candidatura. Al final, gracias a él y a la división que creó en la derecha, el país va a tener un presidente de izquierdas. 

De los dos millones de votos en disputa procedentes de candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, el ultra solo consiguió 400.000

El objetivo de Ventura es el mismo de siempre: no salir nunca de la agenda mediática. La prueba de que está funcionando es que, en las encuestas de opinión, más personas saben quién es el líder del partido de extrema derecha que quién es el primer ministro.

El resultado de este domingo es también un claro indicador del índice de rechazo de la extrema derecha. Dos de cada tres votantes no votaron a un populista. Es una extraña paradoja a la que se enfrenta el líder de Chega: si, para mantener a un tercio de los portugueses fieles a su partido, tiene que seguir gritando contra las personas migrantes y gitanas o contra las subvenciones, por otro lado, hay dos tercios de los portugueses que rechazan firmemente esta forma de hacer política. Ventura quizá no tenga más margen de crecimiento si no cambia de enfoque. 

De los dos millones de votos en disputa procedentes de candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, el ultra solo consiguió 400.000.

Desacelerar el ciclo político

Seguro ha demostrado estar por encima de los partidos. Frente a un candidato que dijo que “no quería ser el presidente de todos”, afirmó querer tratar a todos por igual, con una “cultura de compromiso con las soluciones”.

Dirigiéndose a Ventura, Seguro afirmó: “Como presidente de la República, a partir de esta noche dejamos de ser adversarios”. Alejando las crisis políticas, Seguro habla de un ciclo de tres años sin elecciones y garantiza “no ser oposición [al Gobierno], sino exigencia”. Esto fue música para los oídos del primer ministro conservador, Luís Montenegro, y también da margen al Partido Socialista para reorganizarse y prepararse con tiempo para las próximas elecciones. 

En contraste con el actual presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, el objetivo de António José Seguro es desacelerar el vertiginoso ciclo político que ha dado lugar a sucesivas convocatorias electorales que han llevado al auge de la extrema derecha.

Las cifras de la victoria aún no son definitivas, ya que 37.000 votantes solo podrán votar el próximo domingo. Se trata de electores de localidades afectadas por el mal tiempo, como Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, donde, durante la jornada electoral, la atención se centró en la recuperación de las casas destruidas y las vías de acceso. Pero el regreso de António José Seguro es la mayor victoria de la moderación frente al populismo extremista, y ya nadie le puede quitar eso al candidato socialista.

En estos días existe un consenso atípico en torno a un candidato a las elecciones presidenciales en Portugal, cuya segunda vuelta se celebra este domingo. António José Seguro suma apoyos y promesas de voto procedentes de casi todo el espectro político, desde el Partido Comunista hasta los más liberales. El hombre que presentó su candidatura en junio del año pasado sin apoyos, y que en octubre sumó el apoyo natural del Partido Socialista —ya que era su antiguo líder—, ha visto en las últimas semanas cómo decenas de personalidades de la derecha salían en defensa de su candidatura.

La razón es simple: al otro lado está el líder de la ultraderechista Chega, André Ventura, que promete “sacudir el sistema y cambiarlo desde dentro”.

La transformación de António José Seguro de antiguo líder del Partido Socialista a figura de consenso institucional que trasciende las fronteras de su propio campo partidista no sorprende. La derecha moderada, que actualmente gobierna el país en minoría, se ha dado cuenta de que la estabilidad de las instituciones depende de un presidente que actúe como un árbitro predecible y no como un elemento provocador de crisis constantes. La propia posición de la derecha moderada estaría en peligro si el candidato de extrema derecha obtuviera este domingo un resultado significativo en las urnas.

El expresidente de la República y primer ministro elegido por el partido de centroderecha PSD, Aníbal Cavaco Silva; diputados y antiguos líderes de la derecha; el primer presidente elegido en democracia, Ramalho Eanes, y diputados del partido liberal ya han declarado públicamente que votarán al candidato de centroizquierda.

A pesar de las discrepancias ideológicas, sabemos que António José Seguro no atentará contra los valores democráticos y humanistas

Carta abierta de personalidades vinculadas a la derecha

Incluso aquellos que se opusieron a Seguro cuando era líder de los socialistas, entre 2011 y 2014 –como el antiguo vice primer ministro conservador, Paulo Portas–, apoyan ahora al aspirante “moderado y defensor de la estabilidad y la democracia”. Todos los principales candidatos a las elecciones presidenciales que no pasaron a la segunda vuelta también anunciaron su voto para António José Seguro.

Una carta abierta publicada hace poco más de una semana suma más de 6.500 firmas de personalidades vinculadas a la derecha. “A pesar de las discrepancias ideológicas, sabemos que António José Seguro no atentará contra los valores democráticos y humanistas, ni contra los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos”, dicen. Y eso basta para romper las barreras ideológicas.

En el campo del candidato de extrema derecha, son pocos los que han salido en su defensa. De hecho, prácticamente solo los militantes del partido ultra admiten públicamente apoyar a André Ventura.

El candidato ultra aprovechó el hecho de no contar con el apoyo de figuras destacadas para autodenominarse “el candidato del pueblo contra las élites”, difundiendo por todo el país carteles con el mensaje en el que se podía leer: “Cuando todos están en contra de un hombre es porque él va por el camino correcto”.

Ventura ha pedido este jueves el retraso de la segunda vuelta de las elecciones las inundaciones y daños causados por los temporales que han azotado Portugal. “Francamente, creo que no estamos en condiciones de tener elecciones”, ha afirmado, agregando: “Votar es un deber, pero podemos prescindir [de él] una semana”.

Lo que está en juego

Portugal elige este domingo al presidente de la República para los próximos cinco años, en una segunda vuelta inédita en 40 años, entre un candidato moderado de centroizquierda y el líder de la extrema derecha, que ha acumulado candidaturas a diversos cargos en los últimos años para aumentar su tiempo en antena: concejal, diputado, eurodiputado y ahora, por segunda vez, presidente de la República, Ventura se ha presentado a todos los puestos.

Tras conocerse, el 18 de enero, los dos nombres que pasaron a la segunda ronda, estas parecían unas elecciones sin historia y con un ganador desde el principio, pero hay mucho más en juego este domingo, en particular, el futuro del Gobierno y de la propia derecha en Portugal.

A pesar del apoyo recibido por parte de la derecha, el primer ministro, Luís Montenegro, no ha manifestado su apoyo de forma explícita. Los analistas políticos atribuyen el silencio del líder del Gobierno al hecho de que Montenegro necesita al partido de extrema derecha Chega para garantizar la estabilidad gubernamental hasta el final de la legislatura.

Un eventual apoyo al aspirante socialista podría romper las relaciones con Chega hasta el punto de precipitar la celebración de elecciones anticipadas, pero algunos miembros destacados del PSD critican que la decisión de Montenegro de mantenerse al margen de esta segunda vuelta de las presidenciales no se haya debatido dentro de su partido. En la primera ronda, el candidato apoyado por el Gobierno, Luís Marques Mendes, quedó en quinto lugar con solo el 11% de los votos.

El contraste entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta no podía ser más evidente. Ventura ha basado su campaña en una promesa de ruptura, comprometiéndose a utilizar todos los poderes constitucionales para forzar una recomposición del sistema político; mientras que António José Seguro se posiciona como garante de la estabilidad y el diálogo entre partidos.

El gran objetivo del líder ultra nunca ha sido ser elegido presidente de la República, sino conseguir el apoyo popular suficiente para hacer daño al Gobierno y poder ganar unas elecciones generales

Cuando los fuertes vientos de la tormenta Krisitin destruyeron la ciudad de Leiria, en el centro de Portugal, la noche del 28 de enero, Seguro estuvo sobre el terreno varios días, mostrándose cercano a la población. Públicamente, los pocos momentos de campaña estuvieron marcados por la contención y las peticiones de apoyo para las personas que sufrieron la tormenta. A modo de ejemplo, el presidente del Ayuntamiento de Figueira da Foz y antiguo primer ministro elegido por el conservador PSD, Pedro Santana Lopes, dijo, en los primeros días de la tormenta, que nadie del Gobierno le había llamado para preguntarle si necesitaba ayuda para su municipio y que solo lo había hecho Seguro.

Por su parte, André Ventura se grabó cargando media docena de palés de agua en un pequeño coche que se dirigía a Leiria, en un momento que el alcalde de Leiria consideró “una puesta en escena”. Ventura ha aprovechado para desgastar al Gobierno asegurando que las ayudas a las poblaciones y empresas afectadas “son insuficientes” y ha criticado “la respuesta descoordinada” a la catástrofe, ya que, más de una semana después de la tormenta, 76.000 hogares siguen sin electricidad.

Ventura quiere ser “líder de la derecha”

En estos días, figuras de la derecha moderada trabajan discretamente para movilizar a su electorado que, aunque descontento con los bajos salarios y con el deterioro de los servicios públicos, teme aún más la incertidumbre de un mandato disruptivo liderado por una figura radical.

Para Ventura, una victoria este domingo significaría obtener más del 31% que obtuvieron los partidos de derecha en las elecciones legislativas de 2025. El gran objetivo del líder ultra nunca ha sido ser elegido presidente de la República, sino conseguir el apoyo popular suficiente para hacer daño al Gobierno y poder ganar unas elecciones generales.

Si termina con más del 31% de los votos el domingo, Ventura querrá salir de estas elecciones con la imagen de “líder de la derecha”, después de haber forzado la imagen de “líder de la oposición” tras los comicios generales de 2025, a pesar de haber obtenido menos votos que el Partido Socialista –aunque tenga dos diputados más en la Asamblea–.

Al menor error del Gobierno, la extrema derecha se prepara para hacer caer al Gobierno, forzar elecciones e intentar ganarlas: ese es el objetivo de Ventura desde que abandonó la derecha democrática y lanzó su proyecto político en 2019.

Por su parte, el candidato socialista, que solo necesita el 50% de los votos (sin contar los votos en blanco ni los nulos), pide un voto reforzado para dar una “legitimidad reforzada” a su elección.

Por mucho que el candidato de extrema derecha haya intentado decir que estas elecciones eran entre “un socialista y todos los que no se identificaban con el espacio socialista”, la encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Universidad Católica publicada este miércoles muestra que la mayoría de los portugueses ven estas elecciones como una disputa entre “un moderado y un extremista”. Y, en esa elección, el 67% no tiene dudas en elegir al candidato moderado António José Seguro.

Aun así, el principal reto del candidato socialista es garantizar que sus votantes no se desmovilicen ante una victoria casi segura, en particular aquellos que no pertenecen a su espacio político. Con el mal tiempo que ha marcado las últimas semanas en Portugal, la participación es una de las grandes incógnitas de estas elecciones y la abstención puede dar lugar a algún tipo de sorpresa. Entre un político ultra y otro moderado, más de 11 millones de portugueses están llamados a elegir este domingo al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa. 

Lo que comenzó con unos cálculos “a ojo” en un “papelito” durante una asamblea de trabajadores –en la que se anunció el despido colectivo y el cierre de la empresa que publicaba más de una decena de revistas–, se convirtió en un movimiento de resistencia sin precedentes en el periodismo portugués. Una iniciativa que recaudó más de 200.000 euros en nueve días. Hoy, un grupo de periodistas intenta mantener a flote la popular revista Visão con un objetivo en el horizonte: crear un proyecto sostenible y financiado por quienes lo leen.

Entre estos resistentes está Margarida Davim, que explica a elDiario.es que la decisión de luchar por la revista surgió en un momento crítico. “Hablé con el director [Rui Tavares Guedes] y le pregunté: '¿Qué te parece si llamo a un abogado y le pido ayuda para intentar frenar la liquidación de la revista en los tribunales?”.

Tras la pandemia, la caída de las ventas en quioscos, la disminución de la publicidad y el aumento del coste del papel llevaron al extremo la situación de Trust in News, la empresa propietaria de Visão, que fue acumulando deudas imposibles de pagar, en una espiral que se agravó con los salarios atrasados y la incapacidad de pagar a los proveedores. La empresa dejó de poder enviar las revistas por correo a los suscriptores y fue haciendo recortes, pero todo ello fue insuficiente y, en julio del año pasado, un tribunal decretó el cierre de las revistas y la liquidación de los activos que quedaban.

Al rescate de una revista histórica

Actualmente, solo 12 periodistas producen la publicación, sin personal administrativo ni comercial en el grupo. Lo hacen a pesar de los salarios atrasados, trabajando exclusivamente desde casa desde que fueron desalojados de las instalaciones de la revista a finales de julio de 2025. Entre reuniones a distancia y mucha perseverancia, lograron mantener Visão en los quioscos gracias a una autorización judicial especial que les dio esperanzas de otro desenlace para la revista. 

Debido a la insolvencia de la empresa que tenía los derechos de publicación de más de una docena de revistas, el cese de la actividad y la venta de activos era un requisito judicial para que los acreedores de la empresa pudieran recuperar parte del dinero que el grupo Visão les debía. El antiguo accionista intentó recuperar la compañía, pero el plan fue rechazado por la Justicia porque se consideró inviable. Para evitar un largo período de espera en los tribunales hasta que se resolviera la liquidación de la empresa y la venta de los títulos en subasta, a algunos de los periodistas que trabajaban en la revista se les ocurrió proponer la continuación de la publicación de Visão.

El objetivo de seguir publicándola era evitar que el histórico título de la prensa portuguesa, que saca una revista semanal desde 1993, perdiera su valor. Cada uno desde su casa hacen una revista que nunca ha dejado de salir a los quioscos y que ahora vende más que antes de la crisis que afectó a la empresa. Aunque no tiene cifras exactas, Davim habla de unas ventas de “alrededor de 10.000 ejemplares por edición”, un éxito para el panorama mediático portugués.

Después de garantizar que la revista nunca dejara de publicarse, aún faltaban las condiciones para iniciar la nueva fase del proyecto: una estructura que permitiera empezar de nuevo, sin deudas y con la garantía de que la revista Visão pudiera seguir siendo elaborada por los periodistas que ayudaron a construir ese medio de comunicación.

A través de una campaña de crowdfunding lanzada este mes de enero, la docena de periodistas pidió a los lectores que no “cerraran los ojos”. El objetivo era recaudar 200.000 euros, suficientes para cubrir los gastos de los primeros meses, comprar material informático y licencias, garantizar la impresión y adquirir el título en la subasta que aún debe celebrar el tribunal. Este grupo de periodistas ya ha recaudado unos 250.000 euros, procedentes de casi 6.000 donaciones. 

Nadie asegura que no vayan a aparecer más interesados en comprar Visão —incluso puede aparecer alguien que pague más y que no tenga ningún interés en seguir publicándola—, pero con la campaña intentan asegurarse de que cuentan con el dinero suficiente para garantizarse que los derechos de publicación de la revista sigan en manos de los periodistas que la hacen cada semana.

Un modelo financiado por quienes lo leen

El equipo que mantiene viva Visão quiere que su nueva estructura pase por una sociedad de periodistas, creada desde cero y blindada contra los intereses externos de los propietarios de los grandes grupos empresariales y mediáticos del país. Margarida Davim subraya que el proyecto que han ideado es financieramente sostenible, respaldado por un plan de negocio a 10 años diseñado con la ayuda de expertos financieros. El objetivo es crecer, contratar a más periodistas, hacer más reportajes y volver a publicar algunas de las revistas que tuvieron que dejar de existir, como Visão Júnior, la única revista de información en Portugal dirigida al público juvenil. Todo ello sin renunciar a la edición en papel.

La publicación puede estar a la venta, pero el equipo que la elabora no está y los lectores tampoco

Margarida Davim — Periodista de 'Visão'

“El título debe pertenecer a los periodistas y, sobre todo, blindar la cuestión editorial y la cuestión de la dirección”, dice Margarida Davim, quien apostilla que el grupo no acepta la participación de “capitalistas con agendas ocultas”.

El futuro de la revista depende ahora de una subasta por carta cerrada que solo se llevará a cabo tras una evaluación oficial de los títulos. Este proceso de evaluación está en curso y, según Davim, “deberá tardar entre un mes y un mes y medio”. Hasta ese momento, el crowdfunding continúa, lo que mantiene al grupo con la esperanza de conseguir conservar el derecho a publicarla. Sobre todo porque, como recuerda Margarida Davim, “la publicación puede estar a la venta, pero el equipo que la elabora no está y los lectores tampoco”. 

La periodista explica que la estrategia está “inspirada en modelos como Le Monde, The Guardian o elDiario.es” y consiste en recuperar la relación con los miles de suscriptores y demostrar que el periodismo especializado y de profundidad, “especialmente en papel”, sigue teniendo un papel fundamental en la democracia. En Portugal solo hay dos revistas semanales de actualidad. Sin Visão, el país perdería otro título histórico en una agonía que ha reducido al mínimo el sector de la prensa.

Por primera vez desde hace cuatro décadas, Portugal no ha conseguido elegir al jefe de Estado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En las celebradas este domingo, el más votado fue el candidato socialista, António José Seguro, con un 31% de los votos. Por un lado, su victoria demuestra que las fuerzas moderadas aún pueden ganar; por otro lado, hay una señal preocupante: la extrema derecha sigue creciendo en Portugal y el candidato André Ventura obtuvo casi uno de cada cuatro votos (24%).

Una obra de teatro ayuda a explicar lo ocurrido este domingo y lo que puede suceder en las próximas tres semanas. En Lisboa, ha vuelto a representarse Catarina e a beleza de matar fascistas (Catarina y la belleza de matar fascistas), que ha llenado salas en todo el país desde su estreno, hace ya cinco años. Durante la pieza, un político de extrema derecha se levanta y lanza un discurso racista y xenófobo dirigido al público. El monólogo de más de 20 minutos se va radicalizando hasta volverse insoportable. Cuando alguno de lo espectadores interrumpe al actor, es habitual que se produzca una oleada de abucheos y que algunos abandonen la sala. Pero otros asistentes lo toleran, más o menos.

Es un símil de lo que ocurre en Portugal. Hay quienes nunca han tolerado las palabras, carteles y gestos xenófobos que inundan los discursos políticos y otros que tardan en reaccionar con firmeza. Quedan tres semanas para la segunda vuelta de una campaña entre un candidato que quiere ser “el presidente de todos los portugueses” y otro que dice que “no será el presidente de todos” y que, además, aspira a modificar la Constitución para cambiar sustancialmente el modelo de gobierno.

Ventura sigue creciendo elección tras elección y no es difícil entender dónde obtiene más votos: donde el Estado está menos presente

La clave de estas elecciones podría ser precisamente esta: ¿hasta qué punto están dispuestos los portugueses a escuchar un discurso populista y sin soluciones, basado en el fomento del odio hacia las minorías y los inmigrantes? ¿Y hasta qué punto ese discurso puede condicionar a la derecha democrática e, incluso, ganar las elecciones?

Ventura sigue creciendo elección tras elección y no es difícil entender dónde obtiene más votos: donde el Estado está menos presente, donde no hay transporte, donde escasea el trabajo, donde hay que recorrer demasiados kilómetros para recibir atención sanitaria y donde los más jóvenes ya no quieren quedarse. Y donde la política no da respuestas, crece el populismo. Mirar los mapas electorales sirve de lección para cualquier democracia: sin un Estado que cubra las necesidades de los ciudadanos, el terreno se vuelve fértil para el extremismo.

Estrategias para la segunda vuelta

La extrema derecha intentará convencer a los portugueses de que estas elecciones se disputarán “entre socialistas y no socialistas”, tratando de asociar a António José Seguro con el último Gobierno de este signo en Portugal. Pero el ganador de la primera vuelta de estas elecciones ha estado fuera de la vida política durante más de una década, dedicándose exclusivamente a la enseñanza, la agricultura y la gestión de alojamientos locales en su tierra natal, Penamacor, junto a la frontera con Extremadura.

La derecha tradicional y los liberales no declararon su apoyo a Seguro este domingo: entre los responsables de esos partidos y del primer ministro reinó el silencio, lo que da espacio a Ventura para presentarse, al menos durante estas tres semanas, como líder indiscutible de la derecha en Portugal.

El Gobierno, que se está colocando al margen de la segunda vuelta tras la rotunda derrota del candidato al que apoyaba —Luís Marques Mendes no superó el 11%, el resultado más bajo jamás obtenido por un candidato apoyado por el partido de centroderecha PSD—, corre un grave riesgo si Ventura consigue crecer mucho. Si obtiene un buen resultado en la segunda ronda, aunque no gane, el principal objetivo del candidato de extrema derecha es desgastar al máximo al Ejecutivo hasta que sea inevitable la convocatoria de elecciones anticipadas.

Seguro quiere demostrar que está por encima de las luchas entre partidos, defendiendo que la batalla de estas elecciones es contra “quienes siembran el odio y la división entre los portugueses”. A pesar de contar con el apoyo del Partido Socialista, el candidato volvió a defender que la suya “no es una candidatura partidista, sino la casa de todos los demócratas” y no recurrió a los barones del partido durante la campaña.

El antiguo líder del PS se benefició de la división de la derecha —con tres candidatos con porcentajes entre el 11% y el 16%— y de la concentración del voto de izquierdas. A la izquierda de Seguro, ningún candidato obtuvo más del 2%, lo que demuestra que esos votantes optaron por el aspirante que garantizaba la presencia de la izquierda en la segunda vuelta. Pero, por mucho que las encuestas muestren que Seguro no debería tener dificultades para vencer a Ventura, el candidato no quiere que sus votantes se desmovilicen. “En democracia nada está garantizado y, mucho menos, las victorias”, advirtió.

Buena noche para Seguro

En esta victoria de António José Seguro hay algo de justicia poética con casi una década de retraso. Seguro fue líder del PS entre 2011 y 2014, pero, tras una escasa victoria en las elecciones europeas de 2014, fue desafiado por el entonces alcalde de Lisboa, António Costa. Más carismático que Seguro, Costa forzó la celebración de elecciones primarias que lo llevaron a la dirección del partido, que ganó con el 67% de los votos. Seguro se retiró de la dirección del Partido Socialista y desapareció hasta hace unos meses, cuando los candidatos presidenciales comenzaron a perfilarse para estas elecciones.

Las elecciones del próximo 8 de febrero son entre la democracia y el extremismo

Seguro consigue que los portugueses lo vean como más fiable y moderado, una figura de consenso que se sitúa en el centro del espectro político. No deja de ser un triunfo para él, ya que cuando presentó su candidatura fueron muchas las voces que desde el Partido Socialista dijeron que no reunía las condiciones para ser presidente y que preferían tener a otro candidato socialista. Nadie dio un paso al frente.

De hecho, es una sorpresa que Seguro haya conseguido situarse por delante de André Ventura, ya que las encuestas daban con mayor probabilidad que el candidato de extrema derecha quedara en primer lugar.

El candidato liberal, Cotrim de Figueiredo, llegó a aspirar a quedar entre los dos primeros y pasar a una segunda vuelta, pero perdió parte de su base de apoyo la última semana tras no rechazar a André Ventura en una segunda vuelta. Más tarde admitió que no sabía “en qué estaba pensando” cuando dijo eso. Una lección para cualquier demócrata.

Ante cualquier intento de convertir la segunda vuelta de estas elecciones en una lucha “entre socialistas y no socialistas”, un recordatorio: Portugal no va a elegir entre la izquierda y la derecha. Las elecciones del próximo 8 de febrero son entre la democracia y el extremismo. Y en cualquier democracia sana solo hay una opción posible.

A las puertas de unas de las elecciones más inciertas de la historia democrática portuguesa, el país respira una atmósfera de fin de ciclo que va más allá de la mera sustitución del nombre del presidente de la República, tras agotar Marcelo Rebelo de Sousa su segundo mandato. Las encuestas, muy igualadas, podrían dar como escenario una segunda vuelta entre el líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, y el candidato socialista, António José Seguro, aunque los candidatos conservador y liberal también tienen posibilidades de éxito.

Tras una década marcada por la omnipresencia mediática y un estilo de proximidad casi exhaustivo de Rebelo de Sousa —conocido como el “presidente de los afectos”—, los distintos candidatos intentan llenar el vacío institucional que deja con visiones diametralmente opuestas sobre el papel del jefe de Estado. El escenario parlamentario también es totalmente diferente al que tenía Portugal hace una década, cuando el profesor de Derecho que se hizo famoso como comentarista televisivo llegó al cargo más alto del país.

En el sistema político semipresidencialista de Portugal, el presidente actúa como árbitro, con el poder de disolver el Parlamento y convocar elecciones. La decisión que tomen los portugueses el próximo domingo será determinante para la estabilidad política de un país que ha navegado por aguas parlamentarias turbulentas: cuatro elecciones legislativas desde 2019 y una mayoría frágil en el Parlamento.

La campaña se ha caracterizado por un débil equilibrio en las encuestas y muchas dudas, lo que sugiere que, por segunda vez en la historia, la decisión se remitirá a una segunda vuelta, ya que ninguno de los candidatos conseguirá reunir el 50% de los votos. En 10 elecciones presidenciales, solo en 1986 hubo una segunda vuelta. Ese año, los votantes de izquierda se unieron para elegir al socialista fundador de la democracia portuguesa, Mário Soares, frente al candidato de derecha que salió vencedor en la primera vuelta, Freitas do Amaral.

Los protagonistas

De los 11 candidatos que figuran en la papeleta electoral, solo cinco tienen posibilidades reales de conseguir un puesto en la segunda vuelta.

En el centro de este tablero político, António José Seguro se presenta como la cara de la previsibilidad y el retorno a las raíces institucionales, tratando de captar el voto moderado que teme una ruptura con la historia de los presidentes de la república. El antiguo líder socialista ha centrado su discurso en la necesidad de un “árbitro sereno”, prometiendo una magistratura influyente que no interfiera diariamente en la gestión ejecutiva, pero que garantice el cumplimiento de la Constitución.

En oposición a este modelo de continuidad, el líder de extrema derecha André Ventura ha logrado captar gran parte de la atención al proponer una transformación radical de la figura del presidente. El líder de Chega quiere convertir el Palacio de Belém en un instrumento de lucha contra lo que él denomina “el sistema establecido”. Con una retórica centrada en la seguridad y el control de la inmigración, Ventura capitaliza el descontento de una parte del electorado que se siente olvidada por las élites. En la calle, el líder ultra colocó carteles de contenido racista que decían que “los inmigrantes no pueden vivir de subsidios” y que “los gitanos deben cumplir la ley”.

Por su parte, el almirante Gouveia e Melo introdujo un elemento de imprevisibilidad y de independencia militar en la campaña. Su candidatura, basada en el orden y la eficacia demostrados durante el proceso de vacunación contra la COVID-19 (que él mismo gestionó) parece atraer a aquellos que desconfían de los políticos tradicionales.

Sin embargo, su trayectoria en las encuestas se ha visto marcada por cierta erosión, a medida que el debate se politiza y los candidatos con maquinaria partidista, como Luís Marques Mendes y João Cotrim de Figueiredo, ocupan el espacio mediático. Marques Mendes, antiguo ministro del conservador Partido Social Demócrata, y conocido entre la población por su papel como comentarista televisivo, intenta asegurarse la base del centroderecha, mientras que el eurodiputado Cotrim de Figueiredo se posiciona como la alternativa reformista y liberal, centrada en la modernización económica y la crítica al estatismo, con un discurso muy orientado a los jóvenes.

Denuncia por acoso sexual

A pesar de las ambiciones del candidato liberal de pasar a la segunda vuelta, impulsado por una serie de encuestas positivas, una denuncia de acoso sexual por parte de una antigua asesora de su partido, Iniciativa Liberal, manchó la última semana de campaña y limitó las posibilidades del candidato liberal. Cotrim de Figueiredo dice que es una “denuncia falsa” para perjudicar su candidatura, pero el partido supuestamente la conocía desde 2023.

Los temas que dominan esta recta final de la campaña reflejan las heridas abiertas en la sociedad portuguesa: la crisis de la vivienda y el visible deterioro del Servicio Nacional de Salud. Aunque el presidente no tiene poderes ejecutivos para contratar médicos o controlar los alquileres, el debate se ha centrado en quién tendrá el valor político de presionar al Gobierno o vetar la legislación que no responda a estas urgencias.

Además, está sobre la mesa la posibilidad de una revisión constitucional realizada exclusivamente por la derecha, ya que esta cuenta con más de dos tercios de los diputados en Portugal, algo que la izquierda quiere evitar por temor a los cambios que la derecha democrática podría acordar con la extrema derecha.

Las encuestas dan esperanzas a cinco candidatos

Las últimas proyecciones indican que ningún candidato superará la barrera del 50% de los votos el próximo domingo, lo que proyecta un duelo final el próximo 8 de febrero.

La encuesta de RTP y Público conocida este martes muestra que el líder de la extrema derecha, André Ventura, debería obtener un 24%, mientras que el candidato socialista António José Seguro debería quedarse en un 23%. El liberal Cotrim de Figueiredo lograría el 19% y el exmilitar Gouveia e Melo, el 14%, empatado con el candidato apoyado por el Gobierno, el socialdemócrata Luís Marques Mendes. Otros trabajos ponen al socialista por delante.

Además de los cinco candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta, Catarina Martins, del Bloco de Esquerda, el comunista António Filipe y el candidato ecologista obtendrán probablemente menos del 2% de los votos, perjudicados por la concentración del voto en António José Seguro, el único candidato de izquierda con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

El escenario más probable apunta a un enfrentamiento directo entre António José Seguro y André Ventura, lo que convertiría la segunda vuelta en una votación sobre el futuro del propio régimen. Aun así, dados los niveles de rechazo del dirigente ultra, es difícil que André Ventura pueda aspirar a ser presidente de la República, pero puede utilizar estas elecciones para afirmarse como líder de la derecha portuguesa.

Las noticias sobre el fin del bipartidismo en Portugal tras las últimas elecciones generales de mayo fueron claramente exageradas. Las elecciones municipales de este domingo se caracterizaron por la clara victoria del partido de centroderecha que gobierna el país, el PSD. Pero, de la última noche, también se registró una resistencia inesperada del Partido Socialista y una derrota de la extrema derecha frente a las expectativas de poder dominar una buena parte del sur del país.

Si por un lado es cierto que el Partido Socialista no logró imponerse en las ciudades más grandes del país – Lisboa, Oporto, Sintra, Vila Nova de Gaia y Cascais –, todas ellas ganadas por el Partido Socialdemócrata, también lo es que el margen de la derrota electoral es estrecho si nos fijamos en el número de municipios conquistados en el total nacional. Los socialistas se quedan con 127 ayuntamientos frente a los 136 que consigue el partido de centroderecha, en un país con 308 municipios.

El PSD aprovecha el buen momento del Gobierno para reforzarse. Con estas elecciones consigue el pleno: lidera el Gobierno, es el partido más representado en la Asamblea de la República, tiene un presidente de la República de su color político, lidera los gobiernos de las dos regiones autónomas del país – los archipiélagos de las Azores y Madeira – y se queda con el liderazgo de las asociaciones de alcaldes. 

¿Qué puede ayudar a explicar el éxito del centro-derecha en Portugal cuando hace poco más de dos años eran los socialistas quienes controlaban el país con mayoría absoluta? Con la salida de António Costa se produce una inversión del ciclo de victorias socialistas que duró prácticamente una década, ya acusando cierto desgaste debido a la suma de pequeños casos que debilitaron la confianza en el Gobierno. También es evidente un cambio profundo sustentado por el auge del discurso antiinmigración – que ha convertido a la extrema derecha en la segunda fuerza política parlamentaria – y por la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias. Además, el Gobierno de centroderecha ha tomado una serie de medidas populares aprovechando los superávits de los presupuestos conseguidos en los últimos años.

La semana pasada, en plena campaña electoral para las elecciones municipales, se dio a conocer la propuesta de presupuesto del Estado para el próximo año y, una vez más, el Gobierno apareció ofreciendo aumentos para los jubilados y reducciones de impuestos.

La oleada de anuncios de medidas durante la campaña electoral mereció una reprimenda al Gobierno por parte del presidente de la República, también del PSD, que pidió al Gobierno que actuara con cautela en los anuncios a pocos días de las elecciones. La estrategia aparentemente funcionó para los socialdemócratas.

Además, hay que tener en cuenta la particularidad del sistema electoral municipal en Portugal. Muchos de los ayuntamientos que cambiaron de manos eran municipios que llegaban al final de su ciclo – en Portugal no es posible ser alcalde durante más de tres mandatos consecutivos – y también el hecho de que la ley electoral convierte automáticamente en alcalde al candidato de la lista más votada, incluso si hay una mayoría de concejales de otro campo político.

En Portugal, la concentración del voto es crucial para ganar un ayuntamiento, pero la izquierda en las principales ciudades fue víctima de una dispersión de votos que ella misma creó. El Partido Comunista se negó a unirse a coaliciones preelectorales con los socialistas, incluida la megacoalición de izquierda de Lisboa, que unió a cuatro partidos para derrotar al alcalde socialdemócrata, Carlos Moedas. Esto fue suficiente para que ganara el candidato de centroderecha, a pesar de la pérdida de apoyo en las últimas semanas debido a las consecuencias del accidente en el Elevador da Glória. Además, los comunistas quedaron en cuarto lugar en Lisboa, con solo 11 votos menos que la extrema derecha. Fueron votos suficientes para que la extrema derecha tuviera un concejal más que el partido de izquierda.

Por parte del Partido Socialista, hay una esperanza reforzada en una inversión del ciclo de pérdidas. A pesar de perder alcaldías, los socialistas se quedan con una sensación de alivio porque las indicaciones iniciales apuntaban a que las pérdidas serían mucho mayores de lo que fueron. El cambio de liderazgo del partido y la estabilización en el número de alcaldes dan un respiro al liderazgo de José Luís Carneiro, que ahora sueña con resistir hasta las elecciones legislativas de 2029.

El Partido Comunista tiene menos motivos para sonreír, aunque sigue siendo la tercera fuerza política en las municipales. De 19 ayuntamientos conquistados en 2021 pasa a 12. En 50 años de democracia, los comunistas nunca habían liderado tan pocos ayuntamientos.

Todos estos resultados se producen en un contexto de completa transformación, ya que Portugal ha cambiado mucho políticamente desde 2021. Hace cuatro años, la extrema derecha solo tenía un escaño en un parlamento de 230 diputados. En las elecciones municipales de ese año, Chega no consiguió ganar ningún ayuntamiento y solo se eligieron 19 concejales. De los elegidos, más de la mitad se desvinculó durante el mandato por no estar de acuerdo con la dirección del partido. Los elegidos de la extrema derecha tampoco dejaron buena reputación por donde pasaron, empezando por el propio líder: en 2021, el líder de la extrema derecha, André Ventura, se presentó como candidato a miembro de la Asamblea Municipal – un órgano que supervisa la actividad del Ayuntamiento – en Moura, una región rural cercana a Extremadura donde Chega había obtenido su mejor resultado gracias a la contestación a la población de origen gitano. Fue elegido, pero solo se presentó a dos reuniones en estos cuatro años. Cuatro años después, la extrema derecha ha perdido apoyo en este municipio del sur del país.

A pesar de haberse fijado un objetivo muy ambicioso – con la apuesta por elegir a 30 alcaldes –, la extrema derecha llega al final de la noche con solo tres alcaldes elegidos, dos en pequeños municipios y uno en la ciudad algarvia de Albufeira. Un fracaso que demuestra que, para gobernar su ciudad, los portugueses prefirieron optar por las caras y los partidos que siempre han conocido (y que las elecciones municipales son muy diferentes de las generales).

Portugal ha amanecido este jueves de luto y con uno de sus principales símbolos destruido, después del descarrilamiento del funicular de Glória que causó la muerte de 16 personas y que otras 22 resultaran heridas, seis de ellas en cuidados intensivos. El Gobierno luso ha declarado un día de luto nacional, que serán tres en la capital.

Los vehículos amarillos que ayudan a la ciudad de Lisboa a enfrentarse a sus siete colinas se convirtieron hace tiempo en una de las principales imágenes turísticas de la ciudad. Fueron los turistas quienes salvaron a estos antiguos tranvías y funiculares de desaparecer, porque hace mucho que los lisboetas dejaron de considerar estos vehículos del siglo XIX como un elemento central de su movilidad cotidiana.

Después de la tragedia del miércoles, el Funicular de Glória ha pasado de ser una atracción turística al reflejo de los recortes ciegos en el gasto para maximizar los beneficios. Desde el comienzo de su existencia, el Elevador da Glória era mantenido por los trabajadores de la propia empresa de transporte, pero en los últimos años la administración de Carris —la empresa pública municipal responsable de los tranvías y autobuses de Lisboa— decidió externalizar el mantenimiento a empresas externas.

Aunque el resultado inmediato puede ser el ahorro, el sistema es perverso y lleva a reducir la especialización: cada tres años se convoca un concurso público para elegir quién se encargará del mantenimiento. Si se elige una empresa diferente, es muy probable que no haya transferencia de conocimientos entre los trabajadores y entre generaciones, por lo que se pierde la experiencia que no figura en los manuales técnicos.

Según una información del jueves del Correio da manhã, un documento de la empresa responsable de mantenimiento señala que el aparato había sido revisado la misma mañana del siniestro durante casi media hora, el tiempo habitual, y había recibido un “OK” en el apartado “el ascensor tiene todas las condiciones para funcionar”, además de validar el estado de los cables.

Tras el letal accidente del miércoles, se supo que los sindicatos de Carris llevaban mucho tiempo denunciando internamente fallos en el mantenimiento. En 2018, otro descarrilamiento en este mismo funicular pasó desapercibido en las noticias porque no causó víctimas, pero en ese momento se temió que pasara algo peor si no se hacía nada al respecto. Ha ocurrido ahora, siete años después.

El presidente de la empresa municipal de transportes Carris —que gestiona los servicios de autobuses, tranvías, funiculares y el ascensor de Santa Justa— Pedro de Brito Bogas, ha dicho el jueves por la tarde que el accidente le resulta “inimaginable, inusitado” y que entiende que todas las inspecciones se habían realizado correctamente. Los ingenieros más veteranos de la compañía están “perplejos”, reveló.

Brogas detalló también que la empresa responsable del mantenimiento del funicular es la misma desde 2019 y que desde el 1 de septiembre opera con una prórroga del contrato de cinco meses. Los pliegos de la nueva licitación preveían un incremento del coste de 995.000 euros a 1,2 millones, pero el concurso resultó desierto y se estaba preparando uno nuevo, según indicó.

Descarrilamiento y choque

El miércoles 3 de septiembre, Lisboa aún sabía a verano, con miles de turistas en las calles disfrutando del sol y el calor de estos días. Con un intervalo de diez minutos entre viajes que son constantes a lo largo del día —con unos tres millones de pasajeros al año—, el Funicular de Glória hacía un día más su recorrido con un desnivel de 48 metros, entre la Praça dos Restauradores y la zona del Bairro Alto, en el centro histórico de la capital. Tras el accidente, el sonido de las ambulancias a gran velocidad se apoderó de la ciudad.

Se rompió un cable de conexión entre las dos cabinas, cada una con capacidad para 43 pasajeros, que forman parte del sistema de contrapesos del funicular. La cabina llena de pasajeros que viajaba en sentido descendente se salió de los raíles a gran velocidad y chocó con un edificio en una de las curvas del recorrido del funicular, perdiendo por completo su forma original.

La otra cabina, que se encontraba al final del recorrido, resbaló aproximadamente un metro, sin causar víctimas, pero provocando el pánico entre las decenas de pasajeros que, ya dentro del vehículo, esperaban empezar el ascenso cuando fueron sorprendidos por el estampido del otro vehículo al chocar contra la pared.

La investigación del accidente realizada por técnicos vinculados al ferrocarril debería haber comenzado el mismo día del accidente, pero la falta de recursos humanos —solo hay un inspector para todo Portugal— dejó la recogida de pruebas para este jueves.

Pasadas las 14h del jueves, el primer ministro, Luis Montenegro, compareció junto al alcalde de Lisboa para dar públicamente el pésame —El Gobierno ha decretado un día de luto nacional, al que se suman los tres señalados a nivel local por el ayuntamiento capitalino— e insistir en que la investigación se llevará hasta las últimas consecuencias.

“Se están determinando las responsabilidades y todo lo que se pueda decir [ahora] es especulación”, previno Moedas. “Soy el primer interesado en que se averigüe todo”, ha dicho.

Montenegro, por su parte, señaló que la rápida intervención de los servicios de emergencia impidió un resultado aún más grave y defendió que la policía judicial, la comisión de investigación de accidentes y la fiscalía general están ya investigando lo sucedido. “Este es un momento de unión”, reclamó, y pidió que no se produzcan “maniobras de aprovechamiento político” ni se creen “divisiones”.

El primer ministro estableció la cifra de fallecidos en 16, después de que la dirección de protección civil hubiese dicho previamente que las víctimas mortales eran 17. Posteriormente, indicó que se había cometido un error por la duplicación de un registro.

Un solo inspector para todo el país

En un país que celebra el buen estado de las cuentas públicas, faltan las cosas menos visibles: en los servicios públicos escasean los medios y no hay recursos humanos. En los últimos meses, el único inspector encargado de investigar los accidentes ferroviarios reveló su incapacidad para elaborar un informe completo sobre los accidentes en menos de un año, precisamente porque está solo. El Gobierno no ha hecho nada para cambiar la situación.

El accidente del funicular de Glória se produce poco más de un mes antes de las elecciones municipales, poniendo el foco en el descuido de la ciudad de Lisboa. Con la sobrecarga turística, la capital portuguesa se enfrenta a una serie de problemas de mantenimiento de sus calles. La recogida de basura ha sido el problema más evidente de todos ellos, ya que los servicios municipales tienen dificultades para recoger todos los residuos, mientras que la apuesta del Ayuntamiento ha sido seguir promocionando Lisboa como destino turístico.

El alcalde de la ciudad, Carlos Moedas, de una coalición de centroderecha, se apresuró a acudir al lugar para lamentar un “trágico día” para Lisboa, pero aún es pronto para saber qué repercusiones tendrá en su reelección. En la última encuesta conocida, la candidata de la coalición de izquierda, Alexandra Leitão, se sitúa a dos puntos porcentuales por debajo de Carlos Moedas (28% en intención de voto frente al 30% del alcalde).

Si durante los incendios del verano muchos habitantes del interior del país se quejaron de la falta de medios para combatir el fuego y del abandono institucional, mientras el primer ministro se dejaba ver en una fiesta del partido, este miércoles el accidente ha afectado al centro de la capital, lo que demuestra que el Estado también falla en el corazón de su ciudad principal y no sólo en la periferia. A partir de este jueves, Portugal intentará saber cómo ha sido posible esta tragedia.

Portugal es ahora un país en el que la gente ya no cree ni a los periodistas, ni a los científicos, ni a los políticos tradicionales. Un país en el que la ultraderecha pisa los talones al Partido Socialista, fundador de la democracia lusa, como segunda fuerza.

Las elecciones de este domingo han hecho saltar las alarmas. La primera de esas advertencias es que no se debe subestimar la capacidad de Chega para aprovecharse electoralmente del descontento de una clase media en apuros. En Portugal, la asfixia de quienes han visto caer vertiginosamente su poder adquisitivo, con el precio de los alimentos disparándose y la crisis inmobiliaria agravándose, se expresa en un voto de protesta que ha llevado a la ultraderecha a donde nunca había llegado en 50 años de elecciones libres. 

Ir al supermercado cuesta prácticamente lo mismo que en España, ir a la gasolinera cuesta mucho más en Portugal que al otro lado de la frontera, comprar una bombona de gas cuesta el doble en Lisboa que en Madrid. El país está acostumbrado a mirar a España con admiración y ahora, es posible que muchos portugueses lo hagan con envidia. Aquí, el salario mínimo no llega a 900 euros e incluso los que ganan más que eso, no consiguen tener la vida desahogada que les prometieron, elección tras elección.

Los jóvenes se acumulan en las casas de sus padres, sin posibilidad de soñar con un lugar donde vivir. Las nuevas viviendas solo se construyen para las clases altas o los inversores extranjeros, y los centros históricos de las ciudades se han convertido en parques temáticos para los turistas, mientras los portugueses se sienten apartados. El campo vive olvidado y abandonado, sin servicios públicos ni transporte. Hay quienes han tenido que permanecer en ambulancias porque no había ningún hospital cercano abierto para recibirlos. 

Cualquiera que se atreva a arriesgarse a lanzar una empresa entra en una espiral burocrática, la misma a la que se somete a tantos inmigrantes que acaban desistiendo de un largo proceso en el que siempre falta un papel más. Pero la ultraderecha quiere hacer creer que Portugal es un país “puertas abiertas”, en el que cualquiera puede entrar sin mayores dificultades.

Los que “no hacen nada” (la forma en que la extrema derecha se refiere a los beneficiarios de prestaciones sociales) creen que hay alguien más que hace mucho menos y recibe mucho más del Estado. Las cifras lo desmienten, pero Chega ha conseguido transmitir la idea de que hay miles de personas que viven de las ayudas sin contribuir al Estado.

No hay razones únicas para el crecimiento de la ultraderecha, pero no se puede entender la ultraderecha sin entender un país que, en la mitología colectiva, alcanzó su apogeo en algún momento entre finales de los 90 y principios de los 2000 –para un portugués, en algún momento entre la Expo-98 (en Lisboa) y la final de la Eurocopa de fútbol de 2004 que Portugal perdió contra los griegos– y desde entonces ha ido perdiendo su ambición de estar en línea con la media europea.

Además, hay una desconexión con los políticos tradicionales por parte de un sector de la población cada vez más alejado de la política y enganchado a las frases hechas que ve en vídeos cortos en las redes sociales. No es casualidad que el líder de la ultraderecha portuguesa proceda de un popular programa de tertulia deportiva de la televisión por cable en el que los aficionados de los tres principales clubes se pasan horas gritándose mientras discuten sobre el arbitraje y los bastidores del fútbol en lugar de hablar del juego. El líder de Chega, André Ventura, aficionado del Benfica, era imbatible en ese terreno. 

Recuerdo muchas noches de elecciones. En 2019, cuando André Ventura entró solo en el Parlamento, nos preguntábamos qué había pasado para que eso ocurriera. En 2022, cuando Chega alcanzó los 12 diputados, nos preguntamos si la ultraderecha había llegado a su techo. Y no fue así. En 2024, pensamos que sería difícil que siguiera creciendo, pero alcanzó los 50 diputados. Ahora serán al menos 58, con la posibilidad de que, contando los votos de los emigrantes –que en Portugal eligen a cuatro diputados– sean más de 60 legisladores, superando al Partido Socialista, que se quedó en 58.

Durante años creímos que, en Portugal, éramos inmunes a la ultraderecha. Los traumas de la dictadura lo justificaban. La formación ultra que existía tenía unas cifras irrisorias en las urnas y fue rápidamente sustituida por un partido unipersonal –Chega– dirigido por un hombre bien hablado, con una maquinaria bien engrasada pero sin cuadros y con disputas internas frecuentes. Nada de esto ha sacudido la marca de André Ventura. Ni siquiera los casos de supuesta prostitución de menores entre miembros del partido o el caso del diputado electo por la circunscripción de las islas Azores que aprovechaba sus viajes a la Asamblea de la República en Lisboa para robar maletas en los aeropuertos.

La izquierda, en mínimos

Estas elecciones han supuesto un fortalecimiento de la derecha y el resultado más bajo de la historia para la izquierda. No hay escenarios estables de gobernabilidad, pero a partir de ahora, la derecha puede llevar a cabo una revisión constitucional por sí sola, sin necesidad de los socialistas. Esto no había ocurrido nunca.

El primer ministro de centroderecha, Luís Montenegro, se beneficiará de nueve diputados más (tendrá 89), después de haber abierto la puerta a las elecciones con la votación de una moción de confianza. Los portugueses pensaron que el hecho de que la empresa personal del jefe del Gobierno siguiera recibiendo pagos corporativos mientras Montenegro estaba en el Ejecutivo no era motivo suficiente para sancionarle. Pero Montenegro está lejos de la mayoría y espera contar con la buena voluntad de los socialistas para seguir ejerciendo el poder ejecutivo.

La izquierda se encuentra ahora en una profunda crisis: los socialistas se han quedado sin líder, los comunistas pierden otro diputado y el Bloque de Izquierda se queda solo con su líder en la Asamblea de la República. Hará falta tiempo para empezar de nuevo, aunque el horizonte de inestabilidad podría empujar al país de nuevo a unas elecciones anticipadas dentro de poco más de un año.

Hace poco más de 50 años, el 25 de abril de 1975, los portugueses votaron por primera vez en democracia. Aquel día se celebró una participación histórica que nunca se ha repetido: el 92%. Antes de aquellas elecciones, en una de las pocas entrevistas que concedió el hombre fuerte de la Revolución de los Claveles, el capitán Salgueiro Maia, declaró al diario Expresso que “no hay límites a las posibilidades de elección, si el pueblo quiere ir al infierno, iremos al infierno”. Se desconoce adónde va Portugal, pero el país nunca se ha adentrado en un terreno tan incierto desde que votó por primera vez hace medio siglo.

Portugal acude este domingo a las urnas para elegir la composición del nuevo Parlamento. Estas elecciones legislativas se celebran por cuarta vez en poco más de cinco años, y poco más de un año después de las elecciones del 10 de marzo de 2024. Sin vencedores de antemano, los escenarios de estabilidad parecen difíciles de concretar en un Parlamento tripartito entre la izquierda, la extrema derecha y la derecha.

Los principales partidos son Partido Social Demócrata (PSD), conservador y formación del actual primer ministro, Luís Montenegro; CDS-Partido Popular, aliado del PSD; Partido Socialista (PS), principal opositor, y Chega, de extrema derecha. Después están Iniciativa Liberal, comunistas, el Bloco y Livre.

¿Por qué más elecciones?

Hay dos razones principales. La primera tiene que ver con el actual marco parlamentario: no hay una mayoría clara en el Parlamento que dé estabilidad al Gobierno que salió de las elecciones del año pasado. Además de la falta de apoyo parlamentario, la situación se ha agravado en los últimos meses, cuando se supo que el primer ministro seguía recibiendo anticipos de empresas privadas a través de sus negocios familiares.

En febrero, el diario Correio da Manhã publicó un artículo en el que denunciaba la existencia de Spinumviva, una empresa propiedad del primer ministro, Luís Montenegro, que realiza negocios en el sector inmobiliario, en un momento en el que Portugal debatía un cambio en la ley de ordenación del territorio para facilitar la construcción en suelo rústico. Las primeras noticias llevaron a pensar que Luís Montenegro podría beneficiarse del cambio de la ley, pero pronto se comprobó que la principal área de negocio de Spinumviva no era el sector inmobiliario, sino la prestación de servicios de consultoría en el ámbito del análisis de datos.

Tras unas explicaciones poco claras de Montenegro, el diario Expresso descubrió que uno de los principales clientes de la empresa del primer ministro era Solverde, una empresa de casinos, hoteles y juegos de azar en internet que pagaba a la empresa una cuota mensual de 4.500 euros y siguió haciéndolo incluso cuando Montenegro era primer ministro, lo que levantó sospechas en un año en el que el contrato de concesión a Solverde para explotar los casinos se presentaba a un nuevo concurso público.

Durante este periodo se presentaron dos mociones de censura contra el Gobierno —una por el partido de extrema derecha Chega y otra por el Partido Comunista—, pero ambas fueron rechazadas. Ante la situación de sospecha y la parálisis legislativa y gubernamental, el primer ministro creyó que podría ganar con una aclaración electoral y el gobierno decidió presentar una moción de confianza, que finalmente acabó perdiendo.

Desde el principio de la legislatura, el Partido Socialista había garantizado que no aprobaría mociones de censura, pero tampoco mociones de confianza. Eso es lo que ocurrió. La moción de confianza fue rechazada y el Presidente de la República decidió volver a dar la palabra a los portugueses.

¿Qué dicen las encuestas?

Las encuestas no muestran un escenario muy diferente al de hace un año y esto podría complicar las cosas. Según el agregador de sondeos realizado por el diario Público, ningún partido o coalición alcanzaría los 116 diputados necesarios para la mayoría absoluta.

Por ahora, es más probable una victoria de la coalición de derechas AD (que reúne al PSD y al CDS), beneficiada por el hecho de estar ya en el poder y por el desgaste de ocho años de gobierno del Partido Socialista. Pero el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos sigue estando al alcance de la coalición de derechas y espera beneficiarse del 'voto útil', cuando los electores, sobre todo en circunscripciones donde los partidos pequeños tienen dificultades para salir elegidos, prefieren votar a los partidos más grandes y con más posibilidades de conseguir la elección en lugar de votar a su opción preferida.

Según el agregador de encuestas, la coalición de derechas pasaría de 80 a 84 diputados, los socialistas mantendrían los mismos 78 y la ultraderecha perdería un diputado y se quedaría con 49.

El partido Iniciativa Liberal perdería un diputado y se quedaría con siete. Los comunistas recuperarían un diputado y pasarían a tener cinco y el resto de los partidos de izquierda —el Bloco y Livre— ganarían tres o cuatro diputados. Completa las cuentas el partido animalista PAN, que podría conservar su escaño en el Parlamento (donde sólo tiene una diputada electa).

También hay indicios de que un partido regional con sede en la Región Autónoma de Madeira podría entrar en el Parlamento nacional: Juntos Pelo Povo (JPP). Aunque la Constitución portuguesa prohíbe los partidos regionales, para sortearlo el JPP se presenta en varias circunscripciones, aunque sólo tiene posibilidades de ser elegido en la región de Madeira. El JPP es un partido de izquierdas surgido de una escisión del Partido Socialista de Madeira y actualmente lidera la oposición en el archipiélago.

En la práctica, la izquierda está empatada con la derecha democrática, cada uno con 91 diputados. Esta será también una de las grandes batallas de la noche electoral del próximo domingo: ver si es la izquierda o la derecha democrática la que sale vencedora.

¿Puede la extrema derecha llegar al gobierno?

No con los actuales protagonistas. El actual primer ministro conservador, Luís Montenegro, ya ha rechazado incluir a Chega en una solución de gobierno, pero hay una posibilidad sobre la mesa: un cambio de líder del PSD que permitiría formalizar una coalición más estable. Sin embargo, este escenario sólo puede darse si el Partido Socialista obtiene el mayor número de votos en las elecciones, lo que dejaría al PSD dependiendo de la extrema derecha para mantenerse en el poder.

¿Qué otros escenarios están sobre la mesa?

La mayor esperanza de la derecha democrática es que haya una mayoría entre AD e Iniciativa Liberal que les permita gobernar durante cuatro años, pero ese escenario parece lejano. El Partido Socialista, consciente de que es prácticamente imposible que la izquierda tenga mayoría en estas elecciones, apuesta por acabar como el partido más votado, exigiendo a AD que haga lo mismo que hizo el PS el año pasado: posibilitar un gobierno en minoría que garantice la gobernabilidad del país.

Si pierde, el líder de los socialistas debería permanecer al frente del Partido Socialista al menos hasta las elecciones municipales, que deben celebrarse en septiembre u octubre, y entonces volver a evaluar la situación política.

También existe la tercera alternativa: un cambio de liderazgo a la derecha por un líder que favorezca un acuerdo con la extrema derecha.

¿Qué temas dominan estas elecciones?

El estado de la sanidad nacional —con dificultades por falta de médicos—, los problemas de vivienda y el elevado precio de la vivienda —sobre todo en las grandes ciudades— y las cuestiones de inmigración están marcando la campaña. El caso de la empresa del primer ministro ha quedado en un relativo segundo plano y los partidos políticos han optado por mostrar las diferencias de sus programas.

Aun así, en los últimos días se han producido algunos incidentes durante la campaña, como los insultos de la comunidad gitana a la campaña de Chega —el líder ultraderechista acusa a los gitanos de no trabajar y ha sido recibido con protestas por parte de esta comunidad— y el líder de Iniciativa Liberal que fue atacado con tinta verde durante una protesta de activistas por el clima.

¿Y si nadie suma mayoría?

La situación es aún más compleja que el año pasado. Si el programa de un posible gobierno es rechazado por los diputados y no hay solución alternativa, no se pueden convocar nuevas elecciones a corto plazo —la Constitución portuguesa estipula que las elecciones deben celebrarse en los seis meses siguientes a unas elecciones, y como estamos llegando al final de un mandato presidencial, tampoco es posible que el presidente de la República convoque elecciones en los últimos seis meses de su mandato—. Tampoco es legalmente posible celebrar elecciones legislativas en los primeros 90 días después de unas elecciones presidenciales.

Con las elecciones previstas para finales de enero, no hay otra oportunidad de convocar elecciones en más de un año, por lo que un posible rechazo del gobierno pondría al país en una situación de ingobernabilidad que todos los partidos dicen querer evitar.

El primer ministro conservador de Portugal, Luís Montenegro, no ha durado ni un año en el cargo. El Gobierno en minoría ha caído este martes después de que toda la oposición –a excepción del pequeño partido liberal Iniciativa Liberal– rechazara una moción de confianza este martes en el Parlamento, un año y un día después de los comicios del 10 de marzo de 2024. La falta de aclaraciones sobre los negocios familiares del primer ministro ha precipitado la crisis política y allanado el camino a la celebración de elecciones anticipadas dentro de poco más de dos meses.

¿Qué ha provocado la caída del Gobierno portugués?

Hay dos razones: por un lado, la falta de una mayoría estable que permitiera al Gobierno contar con apoyo parlamentario para aplicar su agenda y, por otro, la incapacidad del primer ministro de dar explicaciones claras sobre las actividades de su empresa familiar.

Tras las elecciones de marzo de 2024, hay tres grandes partidos representados en el Parlamento. Todos ellos rechazaron coaliciones de gobierno entre ellos: el Partido Socialista, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el partido de ultraderecha Chega. Este escenario ya hacía prever una crisis política, pero la perspectiva era que el país solo acudiera a las urnas tras el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, con la oposición preparándose para unos comicios a principios de 2026.

Sin embargo, un escándalo ha marcado las últimas semanas y ha acelerado la crisis: Luís Montenegro es propietario de una empresa –llamada Spinumviva– con sede en su propio domicilio, en la que prestaba servicios en el ámbito del derecho y la protección de datos, facturando más de 718.000 euros en tres años. 

Inicialmente, el diario Correio da Manhã se refirió al hecho de que la empresa estuviera registrada también como sociedad de compraventa de inmuebles y terrenos –podría haber un conflicto de intereses porque el Gobierno estaba preparando una legislación para facilitar la construcción en suelo rural con el fin de resolver la crisis inmobiliaria–, pero el foco se desplazó rápidamente a otra parte: el periódico Expresso informó de que la empresa de la familia Montenegro seguía recibiendo una comisión mensual de 4.500 euros de la sociedad de gestión de casinos, hoteles y juegos online Solverde.

El primer ministro asegura que tiene derecho a tener sociedades y que la empresa está gestionada por su familia y no directamente por él, pero el pago a una compañía de su familia ha levantado sospechas en un año en el que se va a revisar la concesión del casino Solverde. Montenegro garantizó que pediría no tomar decisiones que implicaran a los clientes de la empresa.

El 1 de marzo, cuando se supo que Solverde había pagado una comisión a la empresa del presidente del Gobierno, Montenegro se dirigió al país para dar más explicaciones y pidió a los partidos que aclararan su posición sobre el Ejecutivo, admitiendo que presentaría una moción de confianza.

En 2022, cuando asumió la dirección del PSD, Luís Montenegro había cedido el 92% de la empresa a su mujer, con la que está casado en gananciales, por lo que la empresa seguía siendo suya. El 1 de marzo anunció que la traspasaría íntegramente a sus hijos –uno ya licenciado en gestión, pero el otro todavía estudiando–, pero la oposición le acusó de falta de claridad y transparencia y de negarse a dar explicaciones: Luís Montenegro se negó inicialmente a divulgar los nombres de sus clientes, entre los que figuran también empresas de los sectores de electrodomésticos y siderúrgico. El Partido Socialista ya ha presentado una solicitud de comisión parlamentaria de investigación sobre los negocios del primer ministro, que, dada la previsible convocatoria de elecciones, solo saldrá adelante después de los comicios.

En las dos últimas semanas, dos mociones de censura contra el Gobierno –una presentada por la extrema derecha de Chega y otra por el Partido Comunista Portugués– han sido rechazadas, obligando al primer ministro a dar explicaciones, pero la solución era inevitable dado el acelerado desgaste de Montenegro: la semana pasada, el Gobierno aprobó la presentación de una moción de confianza que, ahora rechazada, ha provocado la caída inmediata del Ejecutivo.

El Partido Socialista ha cumplido lo que había prometido desde el inicio del mandato del Gobierno: votar en contra las mociones de censura presentadas y rechazar cualquier moción de confianza.

¿Por qué presentó el Gobierno una moción de confianza sabiendo que sería rechazada?

Según la prensa portuguesa, la dirección del PSD, algunos miembros del Gobierno y el primer ministro están convencidos de que saldrán ganando con unas elecciones anticipadas, ya que pillan al Partido Socialista poco preparado y a Chega en medio de varios escándalos que han afectado a su popularidad: desde varios casos de abusos sexuales a menores protagonizados por cargos del partido hasta la investigación a un exdiputado por robar maletas en aeropuertos.

Luís Montenegro también dijo que preferiría dos meses de crisis política a tener un gobierno paralizado durante un año o año y medio. Con el adelanto de las elecciones, espera evitar que el desgaste por el asunto de los negocios familiares se prolongue en el tiempo. También espera poder responsabilizar a los socialistas de la crisis política.

Además, los últimos meses han estado marcados por una serie de medidas consideradas populares, aprovechando la buena situación presupuestaria dejada por el Gobierno socialista de António Costa, como el acuerdo para aumentar los salarios en una serie de carreras de la administración pública, las rebajas fiscales para los jóvenes o la creación de un abono nacional de tren que cuesta 20 euros.

Unas horas antes de que se debatiera la moción de confianza, el Gobierno presentó nuevas propuestas, sobre todo en el ámbito de las infraestructuras, entre ellas la creación de más de 30 nuevos enlaces por carretera, como el túnel bajo el Tajo en la ciudad de Lisboa y el enlace entre Castelo Branco y la zona de Moraleja (Cáceres). También se ha confirmado que el AVE Lisboa-Madrid estará terminado en el lado portugués en 2034.

¿Quién podría beneficiarse más de estas elecciones?

Aún es pronto para saber quién podría salir victorioso de estas elecciones, dado que todavía quedan dos meses de campaña y no está claro si habrá un cambio en el panorama electoral respecto a las elecciones del año pasado, pero estos comicios cogen desprevenida a la izquierda: el Partido Socialista estaba a punto de iniciar un periodo de consultas en todo el país para preparar un programa electoral y los partidos a su izquierda no han conseguido crecer en las encuestas.

En una entrevista en televisión, Luís Montenegro garantizó que sería el candidato de su partido en las elecciones, aunque fuera investigado por la justicia. “No he cometido ningún delito”, dijo.

En el sondeo del Diário de Notícias publicado este martes, el Partido Socialista aparece en cabeza con un 30,8% en intención de voto frente al 25,8% de la coalición de derechas en el Gobierno.

Por otro lado, en el sondeo de Pitagórica de marzo, la coalición de derechas entre PSD y CDS tenía una ligera ventaja dentro del margen de un empate técnico (33% frente al 29% de los socialistas). Chega, por su parte, cae al 13,5% (frente al 18,1% de las elecciones legislativas), tras la serie de escándalos que han dañado al partido. El resto de formaciones están en línea con sus resultados de hace un año.

¿Qué ocurrirá ahora?

Una vez rechazada la moción de confianza, el presidente de la República escuchará los partidos y anunciará una decisión, pero se da por seguro que Portugal irá a nuevas elecciones. Serán los terceros comicios anticipados en tres años.

También existía la posibilidad de que el presidente invitara a otro nombre a formar gobierno dentro del actual marco parlamentario, pero el partido de centroderecha PSD se niega a presentar un candidato que no sea el actual primer ministro. En el pasado, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, también rechazó que el Partido Socialista designara un nuevo candidato cuando dimitió António Costa, por lo que la única solución viable son nuevas elecciones.

Según los cálculos del presidente, las fechas más probables para las elecciones generales anticipadas son el 11 o el 18 de mayo, aunque también cabe la posibilidad del 25 de mayo. En cualquiera de los dos escenarios, la Asamblea de la República dispondrá aún de algunos días de trabajo para concluir los proyectos legislativos en curso.

Las elecciones parlamentarias anticipadas tienen lugar en medio de un intenso ciclo político, con elecciones regionales en la Región Autónoma de Madeira el 23 de marzo, elecciones municipales que se convocarán en septiembre u octubre, y elecciones presidenciales en enero de 2026.

Tres destacados miembros del partido de extrema derecha portugués Chega están siendo investigados por distintos delitos: robar maletas en aeropuertos, conducir con exceso de alcohol y mantener relaciones sexuales con menores. Los casos que han aparecido en los últimos días han sacudido la popularidad del partido, criticado porque sus representantes practican lo contrario de lo que defienden públicamente.

El dirigente lisboeta acusado de prostitución infantil

Este jueves, el partido de André Ventura –que cuenta con 49 diputados en un Parlamento de 230 escaños–, se despertó con un nuevo escándalo. Un concejal municipal y dirigente del partido en Lisboa fue acusado por la Fiscalía de dos delitos de prostitución de un menor.

El caso se remonta a julio de 2023, cuando el concejal lisboeta Nuno Pardal, entonces de 53 años, mantuvo relaciones sexuales con un chico de 15 años al que conoció en la aplicación de citas Grindr. Según el diario portugués Expresso, ambos acordaron encontrarse en una estación de tren de la zona de Lisboa. Después fueron a un pinar donde mantuvieron relaciones sexuales. Al final, el líder ultraderechista dio al menor 20 euros.

Nuno Pardal admite haber mantenido relaciones sexuales con el menor, pero se ha defendido declarando al diario portugués Público que “fue algo que pasó” y que no suele hacer “estas prácticas”, reafirmando que desconocía la edad del chico, pero la investigación demuestra lo contrario, ya que Pardal había preguntado previamente al menor su edad.

Dos meses después de este encuentro sexual, Nuno Pardal intentó repetirlo: “Me gustaría volver a verte” y “si hace falta, te pago otra vez”, escribió Pardal al menor por WhatsApp, pero no hubo respuesta. El caso fue denunciado por los padres de la víctima, que encontraron los mensajes en el teléfono del menor. “¿Nunca habías estado con un daddy?”, le preguntó el concejal de Chega, que también pidió imágenes íntimas del menor.

Nuno Pardal también formó parte del grupo de trabajo de la llamada Asamblea de los Niños de Lisboa, una especie de pleno con niños de todos los barrios de la capital para que hagan sugerencias para mejorar la ciudad. En una de sus reuniones, Pardal defendió públicamente que “la protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual es, de hecho, para Chega un punto fundamental en el ámbito de la justicia”; y defendió la castración química de quienes mantienen relaciones sexuales con menores.

El dirigente acabó dimitiendo y el líder del partido, André Ventura, aprovechó la ocasión para intentar sacar provecho personal del caso, argumentando que el partido fue rápido al retirar la confianza política al hombre ahora acusado de prostitución infantil. Ventura también defendió la castración química en el caso del exmiembro de Chega.

Cuando se fundó en 2019, el partido creció en popularidad con tres banderas: el fin de la corrupción en la clase política, el fin de los supuestos beneficios que se daban a la comunidad gitana y la castración química de pederastas y abusadores de menores.

El diputado que robaba maletas en los aeropuertos...

Elegido diputado en las últimas elecciones legislativas del pasado marzo por la región autónoma de las Azores, Miguel Arruda viajaba cada semana entre Lisboa y la isla de São Miguel. En uno de estos viajes entre las Azores y la capital, fue sorprendido por la policía en flagrante delito cuando salía del aeropuerto de Lisboa portando una maleta que no era suya.

No era la primera vez que lo hacía. En los registros de su domicilio fueron encontradas 17 maletas y en su despacho de la Asamblea de la República, otras cuatro. El esquema era sencillo: Arruda se acercaba a la cinta de equipajes del aeropuerto y cogía su maleta, junto a otra que no le pertenecía y que creía que tenía algún valor. Luego entraba rápidamente en un lavabo y salía con la maleta robada dentro de otra más grande.

Una vez finalizada la estafa, Arruda vendía los objetos robados en la plataforma de venta de ropa y objetos de segunda mano Vinted, aprovechando incluso los servicios postales del Parlamento para pagar menos por los envíos. Miguel Arruda declaró a los periodistas que la cuenta de Vinted no era suya, aunque el email que figuraba en el registro era el mismo que había facilitado a la Asamblea de la República. Esa cuenta fue rápidamente eliminada

Tras conocerse el caso, las declaraciones de Miguel Arruda a RTP Açores, durante la campaña electoral de marzo del año pasado, se hicieron virales. Durante una visita a un terreno donde se construirá una cárcel en la isla de São Miguel, Arruda prometió a los periodistas que Chega acabaría con la delincuencia y que la cárcel “podría ser demasiado pequeña para tantos delincuentes que hay por ahí”.

Tras conocerse el caso, Chega intentó que el parlamentario dimitiera, pero no renunció a su escaño y pasó a ser diputado independiente, con derecho a despacho propio y asesor. El partido de extrema derecha, por su parte, pasó de 50 a 49 diputados, pero no perdió ningún beneficio por la pérdida del parlamentario.

Este viernes, Miguel Arruda volvió a estar en el centro de la polémica tras realizar supuestamente un saludo nazi durante el turno de votaciones en el Parlamento. Antes de la polémica de la maleta, Arruda era ya conocido por ser partidario de movimientos neonazis.

...Y el que conducía borracho

En la madrugada del pasado domingo, José Paulo Sousa, diputado regional de Chega en el Parlamento de las Azores, fue detenido por la policía con una tasa de alcoholemia de 2,25 g/litro. Según la legislación portuguesa, es delito conducir con una tasa de alcoholemia superior a 1,2 g/litro. El diputado está ahora a la espera del resultado del proceso penal.

Su futuro político se decidirá en la reunión del grupo Chega en el Parlamento regional de las Azores el próximo lunes.

Además de estos casos, el partido de extrema derecha que prometió «limpiar Portugal» tiene entre sus miembros a personas acusadas e investigadas por delitos: El líder de Chega, André Ventura, fue condenado en mayo de 2021 por ofensa a la imagen y al honor por unos comentarios racistas que hizo durante un debate televisivo. También está siendo investigado por un delito de incitación al odio.

El diputado Marcus dos Santos fue detenido dos veces en Estados Unidos por violar las normas de inmigración en ese país, mientras que el líder del partido en Aveiro fue condenado por violencia machista. También la diputada de Chega Cristina Rodrigues está siendo investigada por haber borrado miles de correos electrónicos de la cuenta de su antiguo partido, el PAN (equivalente al PACMA).

Los procesos de reclutamiento en Chega han resultado ser poco selectivos y se han basado solo en la lealtad al líder del partido, Ventura. Con el crecimiento de la formación de extrema derecha y la necesidad de personas para cubrir cargos, muchos se han postulado sin que el partido se haya molestado en conocer sus antecedentes.

Hay una gran diferencia entre las cifras oficiales y la percepción que la extrema derecha intenta transmitir en Portugal. Uno de los países más seguros del mundo es, en sus palabras, “cada vez más inseguro”. Si bien los datos no lo demuestran, esta idea de inseguridad, motivada por una supuesta “inmigración descontrolada”, ha contaminado en los últimos meses el discurso político y las medidas de la derecha democrática que gobierna el país. Como resultado, recientemente se han producido actuaciones policiales cuestionadas y se han aprobado restricciones en el acceso de las personas extranjeras a la sanidad pública.

En el tradicional mensaje de Navidad que el primer ministro dirige al país en la noche del 25 de diciembre, Luís Montenegro dio gran protagonismo a la cuestión de la seguridad. “Somos uno de los países más seguros del mundo, pero tenemos que salvaguardar este activo para no perderlo”, dijo el político conservador, que afirma que solo quiere “promover una inmigración regulada para acoger a quienes eligen vivir y trabajar con dignidad y humanidad”.

Montenegro rebajó el tono después de semanas en las que el Gobierno ha ordenado a la policía que se hiciera más visible y llevara a cabo operaciones en los barrios con mayor presencia de población inmigrante. Se trata de una petición reiterada hace meses por el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas (del mismo color político que Montenegro), que denuncia una “percepción de mayor inseguridad” en la ciudad por la supuesta falta de policías.

Una mayor percepción de inseguridad está motivada por “predisposiciones personales y un mayor acceso a la información”, explica en un artículo científico Isabel Rocha Pinto, directora del Laboratorio de Psicología Social de la Universidad de Oporto. “Validamos como verdadera la información que responde a nuestras intuiciones y predisposiciones, considerando falsa o cuestionable la que no valida nuestra posición”, como es el caso de que las cifras de criminalidad no hayan aumentado en Portugal. 

Es la tormenta perfecta: la extrema derecha utiliza las redes sociales para difundir vídeos falsos o descontextualizados que incitan al odio contra las personas inmigrantes o las minorías, en un momento en que la presencia de esta población es más visible, dada la gran necesidad de trabajadores extranjeros para puestos de trabajo en la agricultura, el comercio, los servicios y la industria. La percepción también se ve acentuada por la existencia de un popular canal de televisión, CMTV, cuya programación se centra en debates en directo sobre crímenes y fútbol.

Operaciones policiales polémicas

La operación policial más polémica tuvo lugar el 19 de diciembre en el barrio lisboeta de Martim Moniz, en la que los agentes pusieron a varias decenas de personas –en su mayoría de origen nepalí, paquistaní, indio y bangladesí– contra la pared para registrarlas, sin sospecha alguna. Se trata de un barrio donde la mayoría de los comercios –tiendas de ultramarinos, de recuerdos para turistas y pequeños talleres de reparación de teléfonos móviles– son propiedad de personas procedentes del sur de Asia. La operación se saldó con dos detenidos: un hombre de 27 años que frecuentaba uno de los comercios registrados y que portaba una gran dosis de cannabis, y otro sobre el que pesaba una orden de detención por robo.

Las imágenes de la actuación policial supuestamente desproporcionada fueron defendidas por los partidos de derechas que apoyan al Ejecutivo, que gobierna en minoría, y muy criticadas por la izquierda. Fueron suficientes para movilizar a los partidos progresistas que, unidos, acudieron a la zona de Martim Moniz para hablar con los vecinos y repartir claveles, símbolo de la revolución democrática de hace medio siglo, en una inusual acción conjunta. Por otro lado, personalidades vinculadas a partidos de izquierda y a la sociedad civil, como la escritora y periodista Pilar del Río, presentarán una denuncia contra la policía.

Quienes vivieron de cerca la acción policial no tienen palabras para condenar lo que experimentaron. Citado por el diario Expresso, el líder de la comunidad bangladesí en Portugal, Rana Taslim Uddin, afirma que “era la primera vez” que veía “una operación así”. Asegura que los vecinos de origen migrante “estaban muy asustados”. “Ponernos contra la pared fue indecente, (...) la mayoría de la gente que vive allí está [en situación] legal”, argumenta el líder de una comunidad que ya cuenta con 70.000 personas, muchas de ellas “haciendo trabajos duros que los europeos no quieren hacer”. El rostro de la comunidad bangladesí sí señala que los problemas con el tráfico de drogas “han crecido en el barrio desde la pandemia”, una situación que afecta a más barrios y que no se debe específicamente a la llegada de inmigrantes del Indostán.  

“En los últimos meses el Gobierno ha intensificado la persecución y el acoso a los inmigrantes en todo el país”, dice en declaraciones a elDiario.es la organización SOS Racismo, que denuncia que se está consagrando una “visión xenófoba y racista de los flujos migratorios”. La asociación también acusa al Gobierno de “instrumentalizar a la policía a través de megaoperaciones con gran repercusión mediática”. A sus ojos, esta operación solo ha servido para “humillar e intimidar” a la población migrante. En respuesta, el 11 de enero se ha convocado una protesta contra la xenofobia y el racismo.

La actuación policial provocó también el reproche del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se congratuló de la apertura de una investigación interna para esclarecer la postura de la policía, pero se limitó a decir que “la seguridad debe ejercerse respetando las normas constitucionales y legales”, en lo que puede considerarse una crítica directa a la forma en que se llevó a cabo la operación. En las últimas semanas se ha hecho público el desencuentro entre el presidente de la República y el líder del Gobierno –a pesar de proceder ambos del mismo partido de centroderecha–. “Éramos felices y no lo sabíamos”, dijo el jefe de Estado en un discurso reciente en referencia a los tiempos en que trataba con el Gobierno del socialista António Costa.

El líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, no ha tardado en intentar sacar rédito de la redada. El lunes, se paseó con sus seguidores por Martim Moniz y saludó a algunos vecinos. Un pequeño grupo de personas exclamó a su paso “¡25 de abril siempre, fascismo nunca más!”, en referencia a la Revolución de los Claveles que puso fin a la dictadura de Salazar en el país hace 50 años.

El cerco se estrecha en la sanidad

La polémica no ha acabado con las operaciones policiales. Como respuesta a los problemas que azotan a la sanidad pública portuguesa, como la incapacidad para responder a todas las llamadas telefónica de urgencias y la falta de personal, el Gobierno de Montenegro ha optado por centrarse en el supuesto abuso del sistema por parte de extranjeros no residentes que, según argumenta el Ejecutivo, realizan una especie de ‘turismo sanitario’ en Portugal para recibir tratamiento gratuito.

Aunque no hay cifras concretas para identificar la magnitud del fenómeno, los casos expuestos en los últimos meses por la prensa y amplificados por el creciente discurso antiinmigración han desembocado en medidas restrictivas al acceso a los servicios sanitarios para los no residentes o procedentes de la Unión Europea o de un tercer país con acuerdo en este ámbito. A excepción de las urgencias, el acceso a la sanidad dejará de ser gratuito para todas las personas sin papeles que acudan a la sanidad pública portuguesa. Las propuestas, presentadas por los dos aliados del Gobierno de derecha, fueron aprobadas en el Parlamento luso con el apoyo de la extrema derecha.

La medida ha sido criticada por la izquierda por su “falta de humanidad”. Casi un millar de profesionales sanitarios han firmado una carta criticando este cambio en la ley, amenazando con desobedecerlo y seguir atendiendo a los extranjeros como siempre.

También, en los últimos meses, el Gobierno ha dificultado los trámites de acceso al país con el fin de la “manifestación de interés”, una declaración que permitía a un extranjero de un país no perteneciente a la UE solicitar un permiso de residencia en Portugal. Ahora, para acceder al país, es necesario presentar previamente un contrato de trabajo o un documento que formalice la promesa de empleo. Estas normas son más permisivas para los ciudadanos de países de lengua portuguesa, ya que el Gobierno considera que representan una inmigración con un “mayor potencial de integración en el país”.

El Gobierno también ha prometido crear dos centros de detención temporal para personas sin papeles, con el objetivo de que regresen a su país de origen, aunque el primer ministro evitó hacer comparaciones con los centros de detención que Italia ha levantado en territorio albanés. Aún no se sabe cuándo se llevará a cabo la construcción de estos centros.

En Portugal –que históricamente ha sido un país de emigración, sobre todo a Francia, Luxemburgo, Brasil, Estados Unidos y Alemania– vive un millón de inmigrantes, la gran mayoría (35%) procedentes de Brasil. En la actualidad, representan uno de cada diez residentes. Por el contrario, España fue el año pasado el principal destino de la emigración portuguesa. Más de 70.000 portugueses eligieron el país vecino para vivir.

La cifra escandaliza: más de 70.000 hombres portugueses forman parte de grupos que comparten contenidos íntimos y no consentidos en la red Telegram. La existencia de estos espacios fue revelada en agosto por la revista digital NiT y ha causado conmoción en el país, que ronda los 10 millones de habitantes. A pesar del impacto que ha causado la noticia, no se ha conseguido identificar a los responsables.

Organizados por subtemas –“desnudos”, “gordas”, “embarazadas”, “trans”...– miles de portugueses se reúnen en Telegram para mirar o compartir fotografías eróticas o sexuales compartidas sin consentimiento. En estos grupos se comparte todo tipo de contenido: desde fotografías hechas a mujeres en plena calle, capturas de pantalla de páginas de Instagram o incluso fotografías íntimas tomadas por la pareja en casa. También hay fotos sin ropa o clips de relaciones sexuales y una gran cantidad de material pornográfico conocido como 'porno de venganza': fotos o vídeos que incluso se pueden haber realizado con el consentimiento de la pareja, pero que se han difundido sin consentimiento, con frecuencia después de que la relación haya terminado.

En cuanto se publica una foto se suceden decenas de comentarios de hombres: hay peticiones para describir en detalle actos sexuales o averiguar más información sobre esa mujer en concreto. Según informa la prensa portuguesa, los líderes del grupo piden constantemente que se envíen nuevos contenidos, ya que todos están allí “buscando lo mismo”.

En Portugal hay penas de cárcel de hasta cinco años para quienes comparten contenidos, pero estos hombres se esconden tras perfiles falsos y números de teléfono desechables difíciles de identificar

Uno de los temas más activos, describe el diario portugués Público, es la categoría voyeur, que sirve esencialmente para compartir fotos de mujeres tomadas en plena calle en posturas que podrían verse como sexualizadas –mujeres agachadas, por ejemplo– o fotos tomadas bajo las faldas. Pero también hay fotografías tomadas en la intimidad familiar, incluso de mujeres embarazadas.

En Portugal hay penas de cárcel de hasta cinco años para quienes comparten contenidos, pero estos hombres se esconden tras perfiles falsos y números de teléfono desechables difíciles de identificar. Muchas de las víctimas también lo son sin saberlo, lo que dificulta la acción judicial contra los delincuentes. 

Desde 2021, la asociación No compartas intenta alertar sobre este fenómeno, pero una vez subidas las fotos es difícil rastrearlas y borrarlas por completo. El rostro de esta asociación es Inês Marinho, una joven de 25 años que en 2019 vio cómo un vídeo íntimo suyo se compartía en Telegram, Twitter y Reddit. A pesar de las denuncias ante las autoridades, el caso acabó archivándose, pero ella no renunció a dar visibilidad a las víctimas y crear una red de apoyo. 

La principal dificultad era que resultaba difícil identificar a los propietarios de las cuentas de Telegram. “Aunque se retiren los canales, enseguida aparecen otros en su lugar”, admite Inês Marinho a la revista NiT. La página de la asociación comparte contenidos de apoyo para otras mujeres (y también hombres) que han sufrido la divulgación no autorizada de contenido íntimo. Marinho admite que “no hay semana que pase sin una denuncia o una petición de ayuda”.

Varias personas que acabaron con imágenes suyas expuestas en estos grupos aseguran haber sido abordadas por desconocidos por redes sociales. Se trata de hombres que intentan establecer contacto con las víctimas, ya sea para tratar de entablar algún tipo de relación o para chantajearlas psicológicamente a cambio de dinero: o las víctimas pagan o los estafadores aseguran que compartirán las imágenes con sus familiares.

Los diputados portugueses aprobaron en octubre crear redes de protección para las víctimas y campañas de prevención desde la escuela, pero los grupos de Telegram siguen activos

Las autoridades portuguesas hacen un llamamiento para que se denuncien los casos a la policía y no se efectúe ningún pago, ya que los estafadores intentan obtener el máximo de ingresos posibles de víctimas a las que creen económicamente capaces. 

Conscientes de la situación de estas víctimas, los diputados portugueses aprobaron este mes de octubre propuestas para crear redes de protección para las víctimas, mejorar la respuesta de las autoridades ante estos casos y crear campañas de prevención desde la escuela. Los resultados se analizarán en el futuro, pero los grupos de Telegram siguen activos.

La Fiscalía de Portugal ha abierto esta semana un expediente para investigar por supuesta incitación al odio las declaraciones del líder del partido de extrema derecha Chega, del líder parlamentario y de un asesor del partido después de que la policía matara con disparos a un hombre negro en un barrio a las afueras de Lisboa.

En la madrugada del 21 de octubre, Odair Moniz, de 43 años, iba en su coche por la zona de Damaia, un barrio a pocos kilómetros de Lisboa conocido por la gran presencia de comunidades africanas. Al parecer, pisó una línea continua y la policía le ordenó detenerse, pero no obedeció y se inició una persecución policial. Odair se estrelló contra varios coches antes de parar y salir del vehículo. La policía no consiguió poner las esposas al fugitivo y disparó al aire y al torso de Odair, que murió allí mismo.

El agente de 27 años que efectuó los disparos contra el ciudadano de Cabo Verde acabó justificando su comportamiento con un supuesto intento de agresión con un arma blanca, algo que las imágenes de vídeo no muestran.

En estas zonas humildes de la periferia de la capital portuguesa es habitual un clima de tensión entre los residentes y las fuerzas de seguridad. La falta de políticas públicas, el creciente estigma hacia las comunidades inmigrantes y los fenómenos de radicalización en el interior de la policía han creado una especie de “tormenta perfecta”.

Tras la muerte de Odair Moniz, la tensión escaló en algunos barrios de la periferia de la ciudad, con una ola de disturbios que ha acabado con coches, cubos de basura y autobuses –uno de los cuales fue atacado con un cóctel molotov lanzado contra el conductor, que hoy sigue “gravemente” herido en el hospital– incendiados en protesta por la actuación policial que se cobró la vida del hombre caboverdiano. El pasado domingo se celebró el funeral, y decenas de familiares, amigos y vecinos se congregaron para darle el último adiós, entre el dolor y la indignación.

El caso ha reabierto el debate sobre el racismo y la violencia policial en el país. “La extrema derecha racista está innegablemente infiltrada en la policía”, dice la asociación SOS Racismo. “La muerte de personas negras a manos de la policía suscita las mayores preocupaciones sobre las verdaderas motivaciones” de los agentes, señala la organización.

A pesar de la cuestionada actuación policial, el líder de Chega, André Ventura, se apresuró públicamente a “agradecer” al agente que disparó a Moniz “el trabajo que hizo”. “Debemos condecorarle y no convertirle en un acusado, amenazar con procesarle o detenerle”, añadió. “Lo único [que hay que destacar es que Odair Moniz] intentó apuñalar a policías, huía de ellos e iba a cometer delitos, con toda probabilidad”. No es la primera vez que Ventura, cuya formación cuadruplicó el número de escaños en las elecciones del pasado 10 de marzo, expresa opiniones xenófobas y racistas.

“No tiene cabida en una democracia”

Un grupo de ciudadanos presentó el pasado lunes una denuncia penal ante la Fiscalía portuguesa, en la que argumentan que “todas las acusaciones [de Ventura] eran falsas, inventadas y solo pretendían inflamar los ánimos sociales, provocando malestar social, ira, resentimiento y violencia”. “Alabar una acción policial que supuso la pérdida de una vida humana es obviamente apología de un delito”, algo que está “sancionado por el Código Penal”, agregan.

La denuncia –impulsada por abogados, analistas de izquierdas, profesores, dos exministros socialistas y personalidades de la cultura– ha sido respaldada por una petición que ya suma más de 130.000 firmas, una de las mayores iniciativas de este tipo en el país. María Escaja, una de las promotoras de la petición, explica a elDiario.es que esta movilización demuestra que “no todo vale” porque “hay una Constitución y un Código Penal que hay que cumplir” e “incitar al odio y al delito no tiene cabida en una democracia”.

“No todos los policías son racistas ni están radicalizados”, dice Escaja, que señala la paradoja de que Chega sea “el primero en poner en peligro a las fuerzas de seguridad” cuando “las explota sin preocuparse verdaderamente por sus condiciones de trabajo”.

Durante mucho tiempo, el partido ultra ha aprovechado las estructuras informales de las fuerzas de seguridad para hacer crecer su influencia dentro de estas organizaciones. El caso más conocido es el del Movimento Zero, un grupo inorgánico que surgió como respuesta a la acusación de agentes de la Policía de Seguridad Pública por haber detenido y agredido en 2015 a jóvenes negros en el interior de la comisaría de Alfragide, a las afueras de Lisboa, sin justificación alguna. Ventura llevaba las pulseras del Movimento Zero y siempre estaba presente en las manifestaciones policiales.

Además de las declaraciones de Ventura, el líder parlamentario del partido, Pedro Pinto, también está en el punto de mira de la acción penal por haber dicho, en un debate en el canal público de información RTP3: “Tal vez si [la policía] disparara más a matar, el país estaría más en orden”. El asesor parlamentario de Chega también está acusado de incitación al odio por haber escrito en la red social X: “Un delincuente menos, un votante menos del BE (iniciales en portugués del partio Bloque de Izquierda)”.

El sábado pasado se convocaron dos manifestaciones a la misma hora: una contra el racismo en la policía, pidiendo “justicia” por la muerte de Odair Moniz, y otra en defensa de la policía, promovida por Chega. La manifestación del partido ultra fue menos concurrida, demostrando las dificultades de la extrema derecha para movilizarse fuera de las redes sociales.

Hay momentos que se esperan durante décadas. Este martes por la mañana, casi 1.700 afectados asistieron al inicio del juicio que pretende determinar quién es el responsable de la bancarrota del que fue el mayor banco privado de Portugal. Para los que perdieron los ahorros de toda una vida con la quiebra del Banco Espírito Santo (BES), la justicia se mostró demasiado lenta, pero el martes arrancó el juicio que sentó en el banquillo al que durante décadas fue considerado uno de los hombres más poderosos del país, Ricardo Salgado.

Para darse cuenta de la envergadura del Grupo Espírito Santo, propietario del banco del mismo nombre, y de la influencia que tenía el presidente de la entidad, Ricardo Salgado, basta con ver el nombre por el que se conocía al exbanquero en Portugal: “Dueño de todo esto”.

La red de intereses de BES se extendía al poder político, ya que el líder del banco recibía con frecuencia en su despacho a políticos, con los que intercambiaba favores o mantenía una relación cordial para asegurarse seguir siendo influyente en caso de cambio de ciclo político. El grupo BES también era conocido por su fuerte inversión en el sector inmobiliario, con una enorme cartera de propiedades e inversiones, y por sus fuertes lazos con la comunidad empresarial - BES tenía una cartera de clientes y activos que no tenía comparación con otros bancos privados que operaban en Portugal.

Lejos del poder que conservó durante décadas, el Ricardo Salgado que reapareció este martes ante el país es un hombre debilitado y lejos de la imagen de “dueño de todo” que ha alimentado desde que se puso al frente del Banco Espírito Santo en 1991. Tras años en los que raramente se le vio en público, Salgado hace frente -según la defensa- a la enfermedad de Alzheimer. En su primer día ante el tribunal, solo fue capaz de responder cuando le preguntaron su nombre. Todas las demás preguntas quedaron sin respuesta.

La gran batalla de la defensa del exbanquero en los últimos años ha sido solicitar la suspensión del proceso debido al avanzado estado de su enfermedad, que le incapacitaría para defenderse de los 62 delitos de los que se le acusa -entre ellos fraude, corrupción y falsedad documental. La defensa de Salgado no logró su objetivo y el juicio se inició sin que nadie pueda precisar cuánto durará, dada la enorme envergadura del caso.

Para mostrar al país el estado de salud de Salgado -que tiene ahora 80 años-, la defensa dejó a propósito al exbanquero a las puertas del Campus de la Justicia de Lisboa, donde se celebra el juicio, para que el banquero pudiera hacer el corto trayecto de 30 metros hasta la entrada del tribunal ante las cámaras de las distintas cadenas de televisión allí concentradas. El paseo era demasiado lento para los pocos metros que tenía que recorrer y resultó imposible sin apoyo. A la salida del juzgado, Salgado acabó saliendo en coche desde el garaje. Una vez identificado, incapaz de responder a las preguntas más básicas debido a su estado de demencia, fue dispensado de comparecer durante el resto del juicio.

En el banquillo se sientan un total de 18 acusados -tres de ellos empresas- que han cometido más de 300 delitos. Algunos de estos delitos han prescrito debido al retraso del juicio. El caso tiene más de 89.000 páginas, organizadas en 215 volúmenes. Todos los acusados decidieron guardar silencio el martes.

Más de un centenar de víctimas murieron sin recuperar su dinero

En uno de los últimos anuncios que el popular futbolista Cristiano Ronaldo hizo para el banco -en 2010, ya en medio de una crisis cuya magnitud se desconocía públicamente- hizo una célebre afirmación: “No me gusta perder ni un céntimo, por eso mi dinero está en BES”. El banco que parecía seguro no lo era. Desde 2008 se han falseado las cuentas para ocultar pasivos, en sucesivos préstamos dentro de las subempresas del grupo empresarial, utilizando una serie de mecanismos financieros para ocultar la situación real del banco. Mientras que antes de la crisis el pasivo ascendía a 180 millones de euros, cuando el grupo económico quebró, el banco tenía más de 3.500 millones de euros en pérdidas en el primer semestre de 2014. A medida que se prolongaba la crisis de deuda soberana, el agujero financiero del grupo se hizo insostenible, arrastrando a todo el imperio empresarial construido durante décadas.

El 1 de agosto de 2014, tras anunciar unas pérdidas semestrales históricas de 3.500 millones de euros, el BES perdió la mitad de su valor en bolsa. Incapaz de mostrar liquidez suficiente para funcionar con normalidad, hizo saltar las alarmas en el país y se produjo una avalancha de retiradas de depósitos. Fue un fin de semana de nervios en el Banco de Portugal que solo terminó cuando, a las once de la noche del domingo 3 de agosto, el entonces gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, anunció al país que el banco se había dividido en dos: una parte, conocida como el «banco malo», se quedaba con los activos tóxicos, mientras que la parte buena del banco pasaba a una nueva institución bancaria que “nacía” pocas horas después con los dos millones de clientes del antiguo Banco Espírito Santo.

El BES dejó de abrir sus sucursales como tal: pasó a llamarse «Novo Banco» (Nuevo Banco), una institución financiera que sigue operando en la actualidad y que conservó los empleados y las sucursales del antiguo BES. La diferencia es que, desde entonces, el Estado portugués ha puesto más de ocho mil millones de euros en el banco en forma de préstamo, pero nadie sabe exactamente cuándo -la fecha más tardía es 2056- y cómo se recuperarán, a pesar de las promesas de que la quiebra del BES “no costaría nada a los contribuyentes portugueses”.

La gran mayoría de las personas afectadas -muchos de ellos emigrantes portugueses con escasos conocimientos financieros- aún no han conseguido recuperar todos sus ahorros depositados en el banco. Se trata de personas que invirtieron los ahorros de toda su vida en depósitos a plazo con tipos de interés prometedores, en inversiones que les aseguraron que eran seguras, pero que distaban mucho de serlo. En la práctica, durante meses, los empleados del banco recibieron instrucciones de vender a los clientes inversiones del tipo “papel comercial”, que no eran más que la deuda del banco y del grupo Espírito Santo, utilizada para tapar el agujero financiero en el que se encontraba el grupo.

Entre las víctimas, 104 ya han muerto en la última década sin recuperar todo el dinero que confiaron a un banco que creían seguro. En total, las víctimas reclaman al banco unos 5.000 millones de euros. El tribunal también investigará las responsabilidades penales detrás de la quiebra del que fue el mayor banco privado de Portugal.

Tras semanas de incertidumbre, ya es seguro que Portugal tendrá aprobados en el parlamento los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Con un Gobierno sin mayoría y la ultraderecha anunciando que votará en contra, la posible solución para evitar una crisis política fue presentada el jueves por el líder de los socialistas portugueses, Pedro Nuno Santos: una abstención que permita al Ejecutivo de derechas aplicar su programa, evitando una forzada repetición electoral a principios del próximo año.

En un anuncio a la nación a la hora de los telediarios, Pedro Nuno Santos justificó su posición por el hecho de que “solo han pasado siete meses desde las últimas elecciones” y que, en caso de repetirse las elecciones, “no está claro que hubiera una mayoría estable”.

Los últimos sondeos muestran una tendencia a la estabilización en comparación con las elecciones de marzo de este año, con un Parlamento de mayoría de derecha. El principal cambio es la pérdida de votantes del partido de extrema derecha, Chega, a favor del partido de derecha tradicional, PSD, que lidera el Gobierno y que sería el principal beneficiario de una posible repetición de las elecciones –que serían las terceras en menos de tres años–.

La posición de los socialistas se produce después de que estos exigieran al Ejecutivo que revisara la gran rebaja fiscal para los jóvenes de hasta 35 años y anulara la reducción de impuestos sobre los beneficios de las empresas. El Gobierno de Luís Montenegro presentó una contrapropuesta, reduciendo la magnitud de la rebaja fiscal a una cifra más modesta.

Se aplaza una crisis política

En las últimas semanas, varios diputados socialistas con presencia mediática y antiguos miembros del Gobierno se han mostrado públicamente a favor de viabilizar los presupuestos del Estado para evitar una crisis política. Estas posiciones públicas han sido criticadas por el secretario general socialista por crear ruido mediático en torno a la decisión del partido.

Aun así, Pedro Nuno Santos reafirmó este jueves que “lo normal es que el principal partido de la oposición vote en contra de los Presupuestos Generales del Estado”, como ocurrió durante los años en los que el Partido Socialista estuvo al frente del Gobierno. El líder de los socialistas se muestra contrario a la existencia de acuerdos “formales o informales” con el partido de derecha PSD en áreas que no sean “seguridad nacional y defensa”, dejando claro que la votación de este año es una excepción.

Esta decisión de los socialistas era esencial para entender el futuro del Gobierno, después de que el líder de la extrema derecha, André Ventura, se mostrara públicamente en desacuerdo con Luís Montenegro. La polémica se centraba en una supuesta propuesta del primer ministro que garantizaba la entrada del partido de extrema derecha en el Gobierno a cambio del apoyo del partido Chega a los Presupuestos Generales del Estado en el Parlamento. Montenegro se apresuró a negar públicamente que tal propuesta hubiera existido, acusando al líder de Chega de ser un “mentiroso”. Por este motivo, André Ventura anunció que su partido votaría en contra de los presupuestos, dejando todo en manos de los socialistas.

En Portugal no es obligatorio ir a elecciones si se rechazan los Presupuestos Generales del Estado, pero la práctica habitual del actual Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sido forzar nuevos comicios siempre que no haya mayoría para aprobar el proyecto de presupuestos. 

Una vez descartada la posibilidad de una crisis política, se espera que, a pesar de que el Gobierno no disponga de mayoría parlamentaria, existan condiciones de estabilidad gubernamental hasta el próximo ciclo presupuestario, en octubre de 2025. Hasta entonces, los socialistas han prometido recorrer el país y presentar sus propuestas, en un intento de recuperar apoyos para un posible adelanto electoral.

El Gobierno portugués presentó el jueves su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Se trata de un momento importante en el calendario político portugués porque el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha dejado claro que si la propuesta es rechazada, repetirá la fórmula de 2021 y convocará elecciones anticipadas para aclarar la situación política. El Gobierno de centroderecha no goza de mayoría parlamentaria, lo que complica aún más la situación.

En las últimas semanas han tenido lugar negociaciones entre el Gobierno y el Partido Socialista (PS), que tenían tres exigencias para hacer viable el documento: que el Gobierno diera marcha atrás en la rebaja fiscal a las empresas, que se modificara la rebaja fiscal a los más jóvenes —que beneficiaría a los más ricos— y que no se incluyera en el documento la privatización de la aerolínea pública TAP -lo que acabó ocurriendo.

El Gobierno pretendía tributar sólo el 15% de los ingresos de los jóvenes hasta los 35 años, pero la medida prácticamente sólo beneficiaría a los más ricos, ya que la mayoría de los jóvenes cobran salarios bajos exentos de IRPF o con una pequeña cotización.

En un intento de acercamiento, ahora el Gobierno propone una exención total del IRPF a los jóvenes en el primer año de trabajo, que se irá reduciendo en función de los años que trabaje el joven, hasta un máximo de 10 años y con un límite de edad de 35 años. Entre el segundo y cuarto año tendrían una deducción del 75%, entre el quinto y el séptimo sería del 50% y entre el octavo y décimo, del 25%. Los socialistas ya presentaron una medida similar. Le medida se aplica para sueldos de hasta 28.000 euros.

El objetivo es parar la emigración de los jóvenes, ya que Portugal se enfrenta a un problema de bajos salarios y altos costes de la vivienda que ha provocado la marcha de miles de jóvenes cualificados a países del centro y norte de Europa. Según datos del Observatorio de la Emigración del Instituto Universitario de Lisboa (Iscte), uno de cada cuatro portugueses con edades entre los 15 y los 39 años vive en el extranjero

Por su parte, la propuesta de reducir el impuesto de sociedades ha resultado ser más baja de lo previsto inicialmente, pasando del 21% actual al 20%, frente al 19% que proponía el Ejecutivo.

A pesar de las cesiones del Gobierno de centroderecha, el Partido Socialista aún no ha confirmado el sentido de su voto. La última reunión de los diputados socialistas, celebrada el pasado martes, terminó con una clara división dentro del partido. Hay una facción que reconoce la importancia de viabilizar el documento mediante la abstención, garantizando la estabilidad política en un momento de turbulencias internacionales, y otra corriente —la del líder Pedro Nuno Santos— que prefiere reprobar los Presupuestos, empujando al Gobierno hacia la necesaria negociación con el partido de extrema derecha Chega.

Chega, que inicialmente se mantuvo al margen de cualquier negociación, acabó manteniendo reuniones secretas (que acabaron haciéndose públicas) con el Gobierno, pero el partido de extrema derecha no apoya los presupuestos.

Los 80 diputados que tiene el Gobierno conservador —del Partido Social Demócrata (PSD) y los democristianos de CDS— están lejos de los 116 necesarios para aprobar los presupuestos y el escenario es imprevisible. Menos de un año después de que los portugueses fueran llamados a las urnas por la dimisión del ex primer ministro, António Costa, no se descarta una repetición electoral. 

La extrema derecha no quiere elecciones

El jueves, el líder de Chega, André Ventura, admitió en una entrevista a CNN Portugal que el partido de extrema derecha ha sido invitado a formar parte del Gobierno si éste aprueba los presupuestos del Estado, pero criticó al primer ministro, Luís Montenegro, por “hacer un doble juego” al seguir negociando los presupuestos con los socialistas. Montenegro ha desmentido a André Ventura, al que acusa de “decir mentiras y estar desesperado”.

Con las encuestas mostrando una tendencia a la baja para el partido de extrema derecha, que beneficia a los partidos que apoyan al Gobierno, el líder de Chega, André Ventura, ha cambiado de opinión. Ha pasado de rechazar cualquier tipo de negociación con el Gobierno a afirmar que su partido “hará todo lo posible para evitar una crisis política”.

La presión interna para evitar perder diputados en caso de repetición electoral ha sido decisiva. Chega cuenta actualmente con 50 diputados, pero en las últimas elecciones europeas perdió la mitad de sus apoyos respecto a las generales de marzo, algo que hizo saltar las alarmas dentro del partido.

En caso de repetirse las elecciones, y si los sondeos no fallan, los únicos beneficiados serían los partidos del Gobierno –PSD y CDS–, que se han quedado con parte de los votantes que en marzo votaron al partido ultraderechista Chega. El Primer Ministro, Luís Montenegro, dice tener la “profunda convicción” de que el presupuesto será aprobado, pero no le preocupan unas nuevas elecciones si son necesarias. El líder de los socialistas, por su parte, afirma que su partido “no quiere elecciones”, pero que “no tirará sus convicciones a la papelera”.

En los últimos meses, el Gobierno ha aparecido cada semana para anunciar medidas consideradas populares con el fin de garantizar la paz social y estar en ventaja en caso de una repetición anticipada de las elecciones. Desde la reducción del precio de los billetes de tren —con la creación de un abono para todo el país por 20 euros al mes— hasta beneficios fiscales para los jóvenes que compren su primera vivienda o actualizaciones salariales para carreras especiales como médicos o profesores, el primer ministro Luís Montenegro ha querido aprovechar la holgura presupuestaria dejada por los socialistas para resolver una serie de situaciones pendientes. Por eso, gran parte de las medidas de estos Presupuestos Generales del Estado ya habían sido presentadas antes de este jueves.

Respecto a las grandes cifras de estos Presupuestos del Estado, el Gobierno prevé que Portugal crezca un 2,1% el próximo año y que las cuentas públicas arrojen un superávit del 0,3%. La deuda pública, que a finales de 2023 volvió a situarse por debajo del 100% del PIB, se reducirá ahora al 93,3%. También aumentan las ayudas sociales a las personas mayores o la oferta de suscripciones a periódicos para los jóvenes y el pago del 50% de las suscripciones para el resto.

El salario mínimo portugués pasará de los 820 euros actuales a 870 euros, con la perspectiva de alcanzar los 1020 euros en 2028.

De momento, quedan las fechas clave para el futuro político del país: el 31 de octubre tendrá lugar la primera votación del documento y, si se aprueba, seguirán los debates sectoriales y los distintos partidos podrán presentar propuestas de enmienda. La votación final, tras todas las enmiendas, está prevista para el 29 de noviembre.

En los barrios históricos y las zonas del corazón de Lisboa, los residentes son minoría desde hace varios años, ya que los turistas llenan los pisos turísticos donde antes vivía gente. Ahora, un grupo de ciudadanos quiere poner freno y acabar con los pisos turísticos en edificios residenciales mediante la celebración de un referéndum a nivel municipal.

Se calcula que en toda la capital portuguesa hay actualmente más de 19.000 pisos turísticos. Muchos de estos alojamientos se encuentran en edificios anteriormente en ruinas y que han sido rehabilitados específicamente para este fin. Otros estaban habitados, pero sus ocupantes han visto sus contratos de arrendamiento cancelados o el precio de estos se ha disparado. Con una crisis inmobiliaria en curso y una falta de construcción de viviendas destinadas a las clases medias, Portugal se enfrenta a una compleja situación: ¿Hasta dónde puede crecer el turismo? ¿Ha ido demasiado lejos?

Diogo Guerra cree que sí. Es miembro del movimiento “Referéndum por la vivienda”, el colectivo que lleva unos meses recogiendo firmas para que los lisboetas voten sobre la situación del turismo en la ciudad. Diogo Guerra explica a elDiario.es que el movimiento se formó porque no ven “a los políticos aplicar medidas” para controlar la turistificación de la ciudad.

La mitad del crecimiento económico de Portugal se debe al turismo

En 2022 el Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia que dejaba claro que la actividad de los pisos turísticos no es compatible con un edificio donde viven personas. A pesar de la jurisprudencia, nada ha cambiado en Portugal e incluso ha aumentado el número de pisos turísticos. Según Diogo Guerra esto se debe a que se ha creado la idea de que “el turismo es la salvación de Portugal y, por lo tanto, no se puede tocar”, pero “no hay una evaluación crítica” de las consecuencias, sobre todo de las repercusiones para el sector de la vivienda y el perfil de empleos inestables y mal pagados que se han creado.

Tras la crisis económica de 2010, el país se reconstruyó aumentando el peso y la dependencia del turismo en la actividad económica. El alquiler informal de viviendas, tradicionalmente asociado a las zonas de playa, se ha expandido en las grandes ciudades, sobre todo en sintonía con el crecimiento de la plataforma Airbnb. Entre 2010 y 2023, Lisboa vio crecer el número de pisos turísticos de 500 a 19.000.

Basta con echar un vistazo a las cifras: Portugal creció un 2,3% el año pasado y casi la mitad del crecimiento (1,1%) impulsado por el sector turístico. El sector representa ahora en torno al 13% del PIB portugués.

A pesar de este panorama, Diogo Guerra se niega a echar toda la culpa de la crisis inmobiliaria al turismo: “Somos perfectamente conscientes de que la crisis no se debe a un único factor, entre otras cosas porque hay una enorme falta de construcción de viviendas”, afirma. En la última década, el sector de la construcción se ha centrado principalmente en edificar para la clase alta y para el turismo.

El referéndum

Este agosto entraron en vigor los incentivos propuestos por el Gobierno de centroderecha para que los jóvenes de hasta 35 años compren una vivienda –como la posibilidad de financiar el 100% del valor de la casa y la dispensa de pagar algunos impuestos durante la compra–, pero en un país en el que, de media, la gente deja la casa de sus padres a los 30 años, las medidas se consideran insuficientes, ya que no hay casas disponibles a un valor compatible con los bajos salarios que ofrece el país.

Diogo Guerra explica a elDiario.es que la idea es someter a referéndum local dos preguntas: una para preguntar a los lisboetas si están de acuerdo con la anulación en un plazo de 180 días de todas las licencias de pisos turísticos en edificios residenciales, y otra para preguntar si están de acuerdo con cambiar la normativa municipal para impedir nuevas licencias de pisos turísticos.

De momento, son los ayuntamientos los que definen las ratios de pisos turísticos en sus municipios. Actualmente, 16 de las 24 freguesias (barrios) de Lisboa no permiten nuevas licencias por haber superado el ratio del 15% de pisos turísticos sobre el total de viviendas. Sin embargo, hay excepciones que permiten aumentar el número de pisos turísticos, como en los casos en los que el edificio que se va a destinar a ocupación turística se encuentre en ruinas y sea remodelado para este fin.

Habiendo conseguido ya reunir las 5.000 firmas necesarias, el colectivo “Referéndum por la vivienda” entregará la propuesta a la Asamblea Municipal de Lisboa (órgano deliberativo del ayuntamiento) después del periodo de vacaciones. Aún no se ha hecho pública la postura de los distintos partidos, pero este órgano deliberativo cuenta con una mayoría de miembros de los partidos de izquierda que abogan por limitar los pisos turísticos en la ciudad, aunque los socialistas no defienden la retirada de las licencias existentes.

Las dos preguntas propuestas pasarán entonces a los tribunales para que verifiquen su viabilidad y constitucionalidad. El referéndum podría convocarse para la próxima primavera, o al menos eso es lo que espera el grupo de ciudadanos al que se le ocurrió la idea de este referéndum. Para que el resultado sea vinculante, debe haber una participación de al menos el 50% de los 465.000 electores de Lisboa, pero es tradición en Portugal que los órganos políticos respeten los resultados de las consultas a pesar de no alcanzar la mitad del censo electoral. Si los diputados aprueban su celebración, será la primera vez que se realice un referéndum local propuesto por los ciudadanos y no por los órganos municipales.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, elegido por una coalición de centroderecha, tiene un discurso contradictorio sobre los pisos turísticos. En julio dijo en una entrevista a El País, que “es inaceptable que algunas zonas de la ciudad tengan un 65% de pisos turísticos” –como ocurre en algunos barrios históricos–, pero antes también fue crítico con las decisiones del Gobierno socialista que limitaban la expansión de este tipo de alojamientos para turistas, e incluso apoyó a los propietarios de pisos turísticos en una manifestación contra las medidas del anterior Gobierno. 

Por el momento, Carlos Moedas se niega a retirar licencias en zonas donde la presión supera los límites desde hace tiempo, pero admite no renovarlas. El alcalde aún no se ha pronunciado sobre la propuesta de referéndum.

No es la primera vez que se celebra un referéndum local en Lisboa. En febrero de 2023 se dio a escoger a los residentes del barrio de Benfica si querían que el aparcamiento fuera de pago en el barrio, pero la gran mayoría de los votantes (80%) prefirió mantener su barrio sin parquímetros.

Algunos daban por políticamente muerto al portugués António Costa (62 años) cuando dimitió el 7 de noviembre de 2023, tras los registros en su residencia oficial. Pero el político es conocido en Portugal desde hace décadas por ser un hábil estratega con innumerables vidas. Este jueves el socialista portugués fue confirmado en el puesto de sus sueños: presidente del Consejo Europeo, por un periodo de, al menos, dos años y medio. Tras un abrupto abandono del cargo de primer ministro, Costa cumple así su ambición europea después de años de campaña informal entre bastidores.

A falta de una imputación o de pruebas que respalden una supuesta intervención de Costa para favorecer a una empresa que quería instalar un centro de datos en la región de Sines (suroeste de Portugal), la llamada 'operación Influencer' perdió fuerza y el veterano político volvió a divisar la posibilidad de hacerse con un puesto en Bruselas.

Costa, respaldado por el Gobierno de derechas

Primer ministro durante ocho años –el segundo mandato más largo de la democracia portuguesa–, alcalde de Lisboa entre 2007 y 2015, ministro y eurodiputado. El líder socialista acumula décadas de política activa súbitamente interrumpidas por los registros judiciales que precipitaron el fin de una legislatura, en la que los socialistas tenían mayoría absoluta. El ciclo político en Portugal cambió el pasado mes de marzo con la marcha de Costa, pero los socialistas volvieron a ganar las elecciones europeas del 9 de junio, con un eurodiputado más (ocho) que la coalición de centro-derecha (siete).

En la campaña de las elecciones europeas de este año, António Costa no apareció junto a la candidata socialista, Marta Temido. La razón quedó clara la misma noche electoral: ante la derrota de la coalición de centro-derecha en el poder (PSD-CDS), el primer ministro, Luís Montenegro, declaró que apoyaría el nombre del socialista António Costa, aunque fuera de otra familia política –algo que ya se había acordado entre bastidores, incluso antes de las elecciones legislativas anticipadas de marzo–.

Costa no quería molestar al Gobierno conservador participando en la campaña electoral y Montenegro consiguió desviar la atención de su propia derrota electoral, y en los días siguientes reafirmó que “el Gobierno portugués no sólo apoyará, sino que hará todo lo posible para que la candidatura de António Costa sea un éxito”. Montenegro argumentó que el apoyo a Costa “no es sólo porque sea portugués”, sino también “porque es europeísta y portador de valores de respeto a la paz, la democracia, la solidaridad política y económica entre los Estados de la Unión Europea”.

El 9 de junio, António Costa, mientras comentaba la noche de las elecciones europeas en una cadena de televisión, declaraba que “nunca seguiría adelante” sin el apoyo del Gobierno de su país.

Se trata de un renacimiento político para el hombre que lleva años en la vida pública del país, con una interrupción inesperada en noviembre de 2023. La pausa fue breve, un tiempo en el que Costa trató de limpiar la imagen de un proceso que ha desacreditado la Justicia portuguesa: ninguna de las acusaciones ha sido probada y no hay nadie detenido como parte de este caso.

De líder de los socialistas a primer ministro

Siempre presente en la vida política, António Costa se ha perfilado como una figura destacada en Portugal tras la ajustada victoria de los socialistas en las elecciones europeas de 2014. Con un Gobierno de centro-derecha marcado por la austeridad, los socialistas consiguieron solo un diputado más que la coalición de centro-derecha (un escenario idéntico al de 2024).

En un programa de televisión en el que era tertuliano habitual, Costa calificó de “pequeñísima” la victoria del Partido Socialista (PS) y cuestionó el liderazgo del entonces líder del partido, António José Seguro.

En un proceso histórico de elecciones primarias –que nunca se habían convocado en el PS, ni se han repetido jamás–, Costa ganó con el 68% de los votos y se convirtió en el líder de los socialistas portugueses y en el candidato socialista a primer ministro en las elecciones legislativas de 2015. Pero aquella noche del 4 de octubre de 2015, Costa fue dado por muerto políticamente: perdió las elecciones en un país que siempre había estado acostumbrado a ver en el gobierno a quien fuera el más votado en las urnas. Su muerte política solo duró unas horas.

Esa misma noche, el histórico líder del Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, dijo que los socialistas no formarían gobierno sólo “si no quisieran”, señalando la mayoría de izquierdas que existía en el Parlamento, a pesar de que la coalición de derechas había obtenido más votos.

Fue entonces cuando nació una solución política sin precedentes, que unió a socialistas, comunistas, bloquistas y verdes, y que recibió el nombre de “geringonça”. Los socialistas pudieron gobernar con el apoyo parlamentario de los partidos situados a su izquierda. Su Gobierno se caracterizó por una serie de reversiones en relación con las políticas de austeridad que marcaron el periodo de la “troika”.

El país tuvo una serie de indicadores positivos y, cuatro años después, el PS de António Costa volvió a ganar unas elecciones parlamentarias. En 2019, sale de las urnas una nueva mayoría de izquierdas, pero esta vez el acuerdo no se ha firmado y la solución se presenta inestable. Con el rechazo de los socios de izquierda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, el Gobierno cae y el país se ve abocado a unas elecciones anticipadas que dan a António Costa una inesperada mayoría absoluta. Ninguna encuesta fue capaz de predecir este escenario, pero Costa tiene carta blanca para gobernar con estabilidad hasta 2026. Sin embargo, la estabilidad que una mayoría absoluta en el Parlamento le dio a Costa no fue aprovechada, ya que se vio sacudida por una serie de casos que afectaron a miembros del Gobierno y a la popularidad del mismo.

Varios años de campaña electoral europea

Durante su etapa como jefe de Gobierno, Costa trató de aumentar su influencia europea –aprovechando la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, en 2021–, liderando negociaciones y manteniendo los canales de diálogo abiertos con las distintas familias políticas europeas. Un ejemplo de ello es la polémica parada de Costa en Budapest durante la final de la Europa League de 2023, donde presenció el partido junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Costa había ocultado la parada en Hungría de su agenda oficial y la oposición aprovechó para criticarle por hacer campaña para el puesto de presidente del Consejo Europeo.

Pero ante esa posible marcha anticipada para ocupar un cargo europeo en el horizonte, el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, señaló que las elecciones legislativas de 2023 estaban muy centradas en António Costa y que no aceptaría un cambio en la jefatura del Gobierno sin convocar nuevas elecciones. Costa prometió quedarse, pero la ironía es que sólo su precipitada salida provocada por la 'operación Influencer' le permitió cumplir su sueño europeo.

Crítico con la forma en que la Unión Europea gestionó la crisis de la deuda soberana de principios de la década de 2010, siempre se ha opuesto a la idea impuesta por Bruselas de que no había alternativa a los planes de estabilización económica acompañados de austeridad. En una entrevista concedida al diario portugués Público, António Costa llegó a afirmar que “el euro fue la mayor recompensa que Europa ofreció a Alemania”.

La semana pasada, el político empezaba una nueva vida: se convertía en el presentador de un programa de televisión (llamado Optimista), en el que el ex primer ministro portugués quería dar a conocer lo mejor de Portugal, mostrando ejemplos de personalidades y empresas que destacan en sus sectores. El nombre del programa hace referencia a la forma en que el presidente de la República describió al propio Costa: un “optimista irritante”. Pero su carrera como presentador de televisión ha sido fugaz, porque el renacimiento político de Costa llegó más rápido de lo que nadie podía creer en noviembre del año pasado.

Tras años de avances y retrocesos, el nuevo Gobierno portugués ha anunciado esta semana que el nuevo aeropuerto de Lisboa se situará en la orilla sur del Tajo (en la margen del río opuesta a la ciudad), en terrenos militares de la zona de Alcochete, a unos 30 kilómetros de la capital. El AVE entre Lisboa y Madrid también será una realidad en 2034, con la construcción de un tercer puente sobre el Tajo en Lisboa que promete acortar la conexión entre las dos capitales ibéricas.

El anuncio no es nuevo. Hace 16 años, en 2008, el Gobierno socialista de José Sócrates anunció prácticamente el mismo proyecto, que acabó congelado por la crisis financiera. Pero el retraso portugués en infraestructuras y la saturación del actual aeropuerto han hecho más urgente esta decisión.

Ahora, el nuevo primer ministro, el conservador Luís Montenegro, afirma que esta solución “abre la puerta para que Portugal sea un país más próspero y justo”, con la ambición de “hacer las cosas más rápido y mejor que los demás”.

Hace menos de dos años, el entonces ministro de Infraestructuras y actual líder de la oposición, el socialista Pedro Nuno Santos, anunció públicamente la elección de Alcochete para el nuevo aeropuerto sin esperar a la decisión del PSD (que actualmente lidera el Gobierno), con una solución transitoria en Montijo, también al sur del Tajo.

Pero la solución sólo duró unas horas, ya que el entonces primer ministro, António Costa, revocó la decisión para alcanzar un consenso entre los dos grandes partidos. Desde entonces, la ubicación del nuevo aeropuerto de Lisboa ha vuelto a ser estudiada por una comisión técnica independiente cuyo objetivo era enumerar las opciones más viables para aumentar la capacidad aeroportuaria de la región de Lisboa.

La ubicación del Campo de Tiro de Alcochete fue la mejor valorada en la media de los criterios -que iban desde la integración en las redes de transporte, el impacto ambiental o la capacidad de ampliación- y tenía además la ventaja de que los terrenos ya son públicos.

55 años de indecisión

El actual aeropuerto de Lisboa, inaugurado en 1942, deberá cerrar una vez que se hayan terminado las dos pistas del nuevo aeropuerto, probablemente dentro de quince años, pero hasta entonces la entidad gestora del actual aeródromo tendrá que trabajar para aumentar al máximo su capacidad.

El Gobierno también espera que no sea necesario utilizar fondos de los Presupuestos del Estado para construir la nueva infraestructura, dejando la carga a la empresa concesionaria ANA, propiedad de la empresa francesa Vinci, que se quedará con los beneficios de su explotación.

Los primeros aviones deberían poder aterrizar en Alcochete dentro de una década. A excepción del partido animalista PAN, preocupado por el medio ambiente, todos los demás partidos están de acuerdo con esta solución.

El nuevo aeropuerto ya tiene nombre: Luís de Camões, poeta portugués del siglo XVI. Tendrá un máximo de cuatro pistas simultáneas, con capacidad para 134 movimientos por hora, aunque su construcción se iniciará con sólo dos pistas. El aeropuerto actual está limitado a 40 movimientos por hora.

Portugal lleva 50 años de democracia y 55 sin saber dónde construir un nuevo aeropuerto. En el último medio siglo se han estudiado dos docenas de emplazamientos. En 1969 se creó la Oficina del Nuevo Aeropuerto de Lisboa. En aquella época, el actual aeropuerto aún estaba fuera de la ciudad, en una zona de granjas, pero los nuevos desarrollos urbanísticos fueron rodeando el aeródromo hasta el punto de limitar cualquier capacidad de ampliación.

El cambio de régimen aplazó el debate, pero cuando la ciudad arrinconó el aeropuerto, la discusión volvió con fuerza. Se realizaron nuevos estudios y no se tomó ninguna decisión.

La pugna entre las distintas ubicaciones y la falta de consenso técnico no facilitaron las cosas. Hoy, por detrás de la ciudad de Luxemburgo, Lisboa es la capital europea que más expone a sus habitantes al ruido aeronáutico. La ruta de aproximación al actual aeropuerto pasa por el centro de la ciudad y la contaminación es una constante.

Luz verde para el AVE

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y Madrid también sigue adelante. En los próximos meses, el gobierno portugués espera inaugurar la primera conexión entre Évora y Badajoz. En ese momento, Lisboa estará a dos horas de la mayor ciudad extremeña. Para acercar Badajoz a Lisboa, queda por construir un tercer puente en Lisboa.

Según el ministro portugués de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, que habló el martes con su homólogo español, Óscar Puente, será posible tener alta velocidad pura entre Lisboa y Madrid en 2034, con un tiempo de viaje de “menos de tres horas”.

El Gobierno aplicará la misma fórmula que utiliza para la línea entre Lisboa y Vigo y recurrirá a la colaboración público-privada para su construcción y mantenimiento.

A pesar de la inclusión de este nuevo trazado, la prioridad de la conexión Lisboa-Porto-Vigo “sigue siendo la misma”, según el ministro luso de las infraestructuras.

Actualmente hay alrededor de 40 vuelos diarios entre Lisboa y Madrid, con un total de 1,9 millones de pasajeros al año (es la principal ruta del aeropuerto lisboeta), y 20 vuelos entre Lisboa y Oporto, con 1,1 millones de pasajeros. Con las nuevas conexiones de alta velocidad, se espera un gran trasvase hacia el ferrocarril.