“Sería algo increíble que nos otorgaran la regularización, un paso espectacular para las personas que llevamos tanto tiempo en España”, sentencia David ante la noticia de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. La propuesta de la plataforma Regularización.Ya, que recabó más de 700.000 firmas, fue aprobada el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados y llevará a la definición de “un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021” en un plazo de seis meses.

David, colombiano, llegó a Cantabria en octubre de 2019. Poco después comenzó la pandemia. “En ese tiempo estuve sin trabajo, estaba todo cerrado y el dinero que traía se me acabó”, recuerda. Tras el encierro, empezó su experiencia “en negro”: primero en la construcción, donde le engañaron y no le pagaron. “Fue un mazazo muy duro”, asegura. Después de temporero, recogiendo arándanos. Y por último, como ayudante de cocina en Santoña. “Me prometieron que me iban a hacer la documentación y por eso aguanté hasta maltrato psicológico. Tenía un horario horrible, un día trabajé 17 horas seguidas”, relata. 

David contó con el apoyo de Cantabria Acoge y ahora es la asociación Catorce Kilómetros la que gestiona su caso. El objetivo es que consiga el permiso de residencia a través de la figura del arraigo por formación, un supuesto que se sumó a las figuras tradicionales de arraigo (laboral, familiar y social) en 2022 con la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

A través de este mecanismo -el menos utilizado de los cuatro- solo 70 personas consiguieron regularizar su situación en Cantabria en 2023. No obstante, en total, fueron 1.824 inmigrantes los que consiguieron la autorización por arraigo, la mayoría social (833) y familiar (819), con un periodo medio de irregularidad de dos años y medio.   

A nivel nacional, a 31 de diciembre de 2023, en el Registro Central de Extranjeros se contabilizan 210.334 personas con autorización inicial de arraigo en vigor, 23.097 de ellas por formación, según la estadística de personas con autorización inicial de residencia por arraigo publicada el pasado 9 de abril por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).   

El proceso no es sencillo. La primera fase, por la que se concede una autorización de residencia temporal, requiere demostrar la “residencia previa y continuada durante dos años”, el compromiso de “realizar una formación reglada para el empleo o a obtener un certificado de profesionalidad o una formación conducente a la obtención de certificación de aptitud técnica o habilitación profesional para el ejercicio de una ocupación específica” y la matrícula en la misma.

Durante la segunda fase, en la que se concede una autorización de residencia y trabajo de dos años, es necesario finalizar la formación y presentar “un contrato de trabajo que garantice al menos el salario mínimo interprofesional”. Además, este contrato debe estar ligado a la formación cursada. 

Lo importante es cotizar porque si no, no tienes derecho a la sanidad, al paro, a una liquidación…

David — Migrante en proceso de arraigo por formación

David ha estado casi un año cursando un Certificado de Profesionalidad en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y ha presentado un contrato que ha sido rechazado por Extranjería, cuenta. “Me ha caído como un jarro de agua fría porque lo he hecho todo legal. Creo que se han equivocado. La empresa que me iba a contratar opera en el sector de la madera pero mi trabajo iba a consistir en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Han tardado dos meses en resolver y ahora que me lo han denegado tengo que empezar de nuevo. Voy a recurrir, pero está complicado que me esperen. Me voy a quedar sin trabajo”, lamenta. En su opinión, el avance de la ILP es crucial: “Lo importante, sí o sí, es trabajar y cotizar porque si no, no tienes derechos, a la sanidad, al paro, a una liquidación… Trabajar 'en negro' es sufrir”, concluye. 

Es el enésimo palo burocrático en la rueda de la regularización. “A todos los que conocemos el tema nos encantaría que el último paso en el arraigo por formación se resolviera rápido, en días, en una semana, porque el empresario que hace un contrato necesita al trabajador ya, no en dos meses, que es el periodo máximo de resolución. No sé si es que falta personal o qué, pero con estos plazos estamos perdiendo potencial y afiliaciones a la Seguridad Social”, explica Pilar Bezanilla, coordinadora de Catorce Kilómetros. 

Caso de “éxito”

La asociación, que funciona al margen de ayudas y subvenciones institucionales, gracias a las aportaciones de sus más de 200 socios y la labor de unos 45 voluntarios, ha conseguido la regularización, “con un contrato de trabajo”, de 120 personas en sus siete años de trayectoria. La cifra puede parecer modesta, pero resulta todo un “éxito” teniendo en cuenta el tamaño de la organización y su esencia. “La regularización es un proceso lentísimo que lleva muchos trámites. Para empezar hay que tener pasaporte, si no lo tienes no te puedes empadronar ni tener acceso a una tarjeta sanitaria, por ejemplo. A partir de los dos años ya pueden acceder a una formación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)”, explica Bezanilla “y luego tienen que conseguir un contrato de trabajo”.  

La fundadora de Catorce Kilómetros aboga por la regularización extraordinaria y considera que “es inhumano tener a estas personas sin un permiso de trabajo cuando de verdad quieren salir adelante. Además es que España necesita mano de obra. No tiene sentido tener gente trabajando 'en negro', en situación total de vulnerabilidad, cuando lo que hace falta es que coticen como los demás”. Las figuras del arraigo laboral y social también exigen la presentación de un contrato laboral que asegure el Salario Mínimo Interprofesional. “Volvemos a lo mismo. Es la eterna lucha. Las personas no pueden conseguir un contrato de la noche a la mañana”. 

Mamadou es uno de esos casos de éxito: tiene un contrato indefinido a jornada completa en una panadería santanderina. Ahora tiene que renovar el permiso de residencia y trabajo del arraigo por formación “que caduca en mayo”. Tiene 23 años y llegó a Tarifa en julio de 2018, siendo menor. Salió de Guinea Conakry, solo y sin pasaporte, pasó por Mali, Argelia y Marruecos. Allí evitó a las mafias y con una veintena de compañeros, repartidos en tres pateras sin motor, se echó al mar una noche. “Una de las pateras tuvo que volver porque se nos había olvidado la tapa del aire. Siete personas tuvieron que regresar”, recuerda. Ocho horas después, al amanecer, Mamadou y otras trece personas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo. 

Es muy difícil vivir sin papeles. Quieres trabajar y no puedes

Mmadou — Migrante de Guinea Conakry

Después pasó por los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados gestionados por la Fundación Diagrama y de allí salió sin papeles. “Guinea Conakry durante muchos años no expedía pasaportes”, añade Bezanilla. “A Mamadou le concedieron una cédula de inscripción. Tuvo suerte, porque no en todos los casos lo consiguen y a veces tardan hasta cinco años. Mientras tanto no pueden hacer nada más que estudiar una formación profesional básica”, explica. “Es muy difícil vivir sin papeles. Quieres trabajar y no puedes”, concluye Mamadou.  

En el otro extremo está Magamou, que lleva cinco meses en Cantabria. También tiene 23 años. Salió de Senegal en patera y llegó a Tenerife después de pasar ocho días en el mar con “mucho frío”. Está empezando a aprender español en las clases que ofrece Catorce Kilómetros. Estudió Bachiller en Senegal, pero ahora mismo se plantea hacer una formación en hostelería para trabajar en un restaurante. “Más adelante podrá hacer una formación profesional de grado medio si conseguimos homologar su título, que es difícil pero no imposible”, explica Bezanilla.    

Bezanilla insiste en que la vocación de la asociación es trabajar para que los inmigrantes en situación irregular “consigan un trabajo y sean independientes”. Catorce Kilómetros no tiene la intención de “crecer más” y entre sus usuarios no figuran solicitantes de asilo. “Para eso ya están organizaciones como Movimiento por la Paz, Cantabria Acoge o Cruz Roja, que gestionan esos programas”, especifica.

De acuerdo a los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a finales de 2023 había en Cantabria 2.384 solicitantes de asilo. “Es el mecanismo que más se está utilizando porque garantiza la estancia mientras se resuelve, pero tiene el efecto perverso de retrasar las concesiones de asilo a quienes de verdad lo necesitan”, valora Bezanilla.    

La Proposición de Ley para la regularización extraordinaria apunta que “de acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas”. El dato, referido a finales de 2019, viene recogido en la Investigación por Causa. Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España, publicada en junio de 2020. “En la actualidad el número es mayor”, constata Bezanilla. En 2021 llegaron a España 41.945 inmigrantes en situación irregular por vía marítima y terrestre, en 2022 fueron 31.219 y el año pasado, 56.852 personas llegaron al país, según la información aportada por el Ministerio del Interior. 

Los viernes de 11.00 a 13.00 horas hay reparto en la sede de la calle Gutiérrez Solana de Santander. Ricardo Sainz, presidente de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), apunta el dedo hacia un almacén semivacío. “Mira lo que tenemos de leche para abril. Aquí antes tenías que entrar de costado, ahora estamos gestionando pérdidas. Repartimos lo que podemos. Cuando no haya más, cierro la puerta y se acabó. Además, no vas a hacer venir a la gente para darle solo un tarro de lentejas. ¿A qué esperamos para que se ponga en marcha la tarjeta monedero? ¿Mandamos a la gente a la Cruz Roja?”, pregunta.   

Este mes tendrá lugar el último reparto de alimentos del Programa Operativo Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD 2014-2020) que desde hace una década llenaba los almacenes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). La asistencia material básica a las personas en situación de vulnerabilidad ha quedado incluida en el Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de Asistencia Material Básica (Programa BÁSICO) y se realizará de forma indirecta a través de cheques o tarjetas monedero. No obstante, a pesar de que el Real Decreto 93/2024, de 23 de enero regula la concesión de una subvención a Cruz Roja Española para la puesta en marcha del sistema con carácter “urgente” porque “la falta de continuidad de la prestación supondría un grave perjuicio para las familias perceptoras”, a día de hoy nadie sabe nada de las tarjetas monedero. 

“No hay un registro centralizado de las familias que son beneficiarias de los distintos centros, la tarea va a recaer en los ayuntamientos de la comunidad. Por lo que sabemos, hay problemas incluso con los supermercados, porque van a estar capadas y hay productos que no se podrán adquirir. Imagínate el lío en las cajas”, explica Óscar Bóo, voluntario de la FECAV. A esto se suma “que ahora los beneficiarios del Banco de Alimentos tienen que renovar su solicitud. ¿Qué van a renovar si no tenemos nada que repartir? Llevo muchos años aquí y sé cómo va esto, yo no voy a dar de baja a nadie. No vamos a dejar de ayudar a la gente mientras podamos”, sentencia. 

“No tenemos ni idea de cómo va la tarjeta monedero. Hasta que no hablemos con la trabajadora social no sabremos nada”, apunta María del Pilar, usuaria del servicio de reparto de la FECAV desde hace “dos años y pico”. “Los voluntarios hacen un trabajo buenísimo”, asegura. “Yo sé que están luchando y no tengo ninguna queja, pero es obvio que hay escasez de alimentos. El aceite hace tiempo que no lo vemos. Y falta leche”, comenta mientras recoge los botes de menestra, los paquetes de arroz y espagueti, una caja de galletas... 

No es la primera vez que se pone en marcha la tarjeta monedero y es un problema porque no se sabe gestionar

Óscar Bóo — Voluntario en la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos

María del Pilar -española criada en Cuba, especifica-  considera que la tarjeta monedero “no resuelve el problema”. “Yo incluso diría que tendría que ser de menos dinero para comprar el aceite, la carne, la leche y nada más, y por aquí coger el resto porque ¿qué van a hacer los mercados con todo lo que les sobra, con todo lo que pueden dar, con las cosas que llegan a su fecha de caducidad o están prontas. No entiendo cómo va a funcionar. Yo estoy acostumbrada a lo racionalizado, quizá es un método socialista muy malo pero si tú te pones a analizar lo puedes hacer equiparado”, continúa. “Con la tarjeta monedero te puedes encontrar con gente como yo o con gente a la que le importan tres timbales sus hijos y compran algo para cambiarlo por dinero. Eso se va a dar y muchísimo más de lo que estamos pensando. Mi opinión es que estos puntos no deberían dejar de existir, sino que se deberían ampliar, con una zona refrigerada y con un sistema equitativo”.  

Bóo se suma al diálogo: “No es la primera vez que se pone en marcha la tarjeta monedero y es un problema porque no se sabe gestionar. Lo primero es que no sabemos comprar lo que realmente necesitamos. Cuando se puso en marcha la gente tenía que llevar las facturas a Cáritas y aquello era un desbarajuste. Por otra parte, lo que no puede ser es que gente con la tarjeta monedero luego venga aquí también, tendría que haber una gestión conjunta”. “Por eso te digo que tienen que centralizar y dar todo en un sitio”, incide María del Pilar.   

Gabriela tiene una hija con discapacidad y asegura que la tarjeta monedero es un buen sistema: “Yo lo estoy deseando, la verdad. Por lo que he leído y me ha comentado la trabajadora social, en mi caso serían 130 euros. Los alimentos para bebé los tengo cubiertos, pero tengo que decir que aquí, aunque hay productos frescos, a veces hay alimentos que están caducados y para un adulto quizá no supone un problema, pero sí puede serlo para un menor. Mi hija tiene el paladar abierto y no sufre ninguna alergia, pero para otros sí que puede ser un riesgo”. La familia monomarental constituida por Gabriela y su hija estaría en la base de la tabla establecida en el Real Decreto: dos miembros de la unidad familiar (una persona adulta y una persona menor), 130 euros al mes, tres miembros, 30 euros más; cuatro integrantes, 60 euros más y por último, una familia con cinco o más miembros recibirá 220 euros al mes. 

Los requisitos son más exigentes: una persona sola, un inmigrante que acaba de llegar, una familia sin menores… todos ellos quedarán excluidos

Antonio Soler — Tesorero y miembro de la Junta Directiva del Banco de Alimentos de Cantabria

“Más del 80% de las personas a las que atiende el Banco de Alimentos no podrá acceder a la tarjeta monedero”, asegura Antonio Soler, tesorero y miembro de la Junta Directiva del organismo en Cantabria, porque los requisitos del Programa BÁSICO “son mucho más estrictos que antes”. En concreto, según reza el Boletín Oficial del Estado, podrán ser beneficiarias “las familias con menores a cargo que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, en particular, familias con menores a cargo que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la renta mediana nacional”.  

La media de usuarios mensuales del Banco de Alimentos de Cantabria ascendió el año pasado a 9.003 beneficiarios -6.592 adultos, 2.013 menores y 398 lactantes, según datos aportados a elDiario.es por la propia entidad- entre los que se repartieron 1.250 toneladas de alimentos. De acuerdo a las estimaciones del organismo, la ayuda a través de la tarjeta monedero llegará solo a 1.800 personas. “Es complicado porque es cierto que es necesario el filtro burocrático para evitar picarescas, pero una familia con hijos mayores de edad, una persona sola, un inmigrante que acaba de llegar sin papeles… todos ellos quedarán excluidos”, opina Soler. 

Cruz Roja en Cantabria, que recibirá a través de una subvención directa casi 900.000 euros -de los cerca de 95,5 millones destinados a la organización a nivel nacional para esta ayuda-, será la encargada de repartir las tarjetas monedero. En respuesta a las preguntas de elDiario.es, la entidad ha preferido no compartir estimaciones ni valorar la puesta en marcha de este mecanismo puesto que “es competencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad determinar el número de familias que son beneficiarias del sistema”. 

El Gobierno de Cantabria, en una nota emitida el pasado 4 de abril, eleva la cifra de quienes quedarán fuera de la ayuda y calcula que “solo alcanzará a un 10% de las personas que hasta ahora eran usuarias de este servicio”. Además, asegura que aunque está previsto que el sistema sea operativo en mayo, aún no se ha “concretado” la fórmula para su implantación.   

Una solución “cómoda”

Entre tanto, el Banco de Alimentos en Cantabria se va vaciando. “No va a desaparecer porque recibimos alimentos de distinto origen, excedentes de producción o excedentes de distribución de superficies, las famosas mermas, que ahora vamos a recoger de forma diaria en distintos puntos. Las vías de entrada son muchas, empresas, particulares… El problema es que la suma de todo ello va bajando, sobre todo después del boom de la pandemia”, afirma Soler. 

“En la actualidad escasea todo, es cierto que hemos tenido que comprar mucho, sobre todo leche y aceite, para completar los productos básicos de la cesta”. El Banco de Alimentos funciona como mayorista, pero hay más de un centenar de entidades benéficas encargadas del reparto, como Cáritas, la Cocina Económica, la FECAV (Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos) o el Centro Social Smolny. “Si tenemos menos repartiremos menos, qué le vamos a hacer”, lamenta. 

En cualquier caso, la tarjeta monedero es una idea “brillantísima” y “nos quita muchísimo trabajo a nivel logístico”, asegura Soler. “Es muy buena solución y mucho más cómoda. El problema”, apunta el tesorero del Banco de Alimentos, “es que nosotros conseguimos los alimentos a mitad de precio. Es buena idea pero proporciona menos cantidad en productos físicos”. No obstante, el Banco de Alimentos continuará repartiendo productos de forma complementaria.  

José Luis de la Mata, coordinador del Centro Social Smolny, defiende el mecanismo de la tarjeta monedero porque evita la estigmatización, pero lamenta el retraso en su puesta en marcha mientras se agotan las reservas. El espacio multidisciplinar se encarga, entre otras cosas, del reparto de alimentos a 65 familias que viven en torno a la calle Santa Teresa de Jesús en Santander. De la Mata, acompañado por Ruth Rodríguez, entre otros voluntarios, gestiona un pequeño local que ofrece clases particulares, organiza actividades culturales y recoge ropa y juguetes. “Solo sabemos que lo va a llevar la Cruz Roja, pero no tenemos ni idea de cómo va a funcionar”. 

“A mí sí me parece bien, de todas todas. Porque aquí te dan lo que te dan, así te puedes comprar tu leche, tu aceite… Y nos organizamos para comprar carne, pescado y verduras, asegura Marisa. Pero que nos den 100 euros por lo menos, y que nos den a todos igual. Tú pon que todas lo queremos”, insiste Marisa, que asegura que “tiene una mochila de ocho personas”, antes de arrancarse por La Canción de los Gitanos acompañada por Zaida -que tiene tres hijos, “uno de ellos adolescente, que arrasa con todo”- a los coros. 

Por la sede de la FECAV pasan familias, parejas, hombres, mujeres… Más de 200 familias de media al mes, unas 600 personas en total. “Ante el dolor no pienso quejarme, ante la adversidad no levantaré la vista y ante problemas seguiré callado porque sé por fe señor que tú estarás a mi lado”, canta Marisa mientras los voluntarios continúan con el reparto. “Por lo menos la gente viene con alegría”, concluye Bóo.

“No había cine; excursiones, tampoco. Es que era el baile. No había más”, “bailábamos muchísimo la jota”, “no había otra música que la pandereta”. Así recuerdan Bondad, Angelines y Cukis la época dorada de la jota montañesa como expresión popular en Cantabria. Las pandereteras mayores de Lantueno, Aloños y Calseca, respectivamente, junto al fundador y presidente del Colectivo Etnográfico Brañaflor y componente del Grupo de Danzas Santa Justa de Ubiarco, Aurelio Vélez, reflexionan en el documental 'A lo pesao y a lo ligero' sobre el “pasado, presente y futuro” del baile tradicional.

La pieza, que se estrenará el próximo 5 de abril en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, llega días antes de que se cumpla el plazo para la declaración definitiva de la jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, después de que el pasado año el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, iniciara el expediente para su consideración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en toda España.

“La sociedad que generó esos bailes ha cambiado mucho. Si imaginamos la cultura popular como una cadena continua, en Cantabria, y en otros muchos sitios, hay un eslabón que se rompió hace mucho tiempo. No es posible recuperarlo. Las escuelas de folclore y los grupos de danzas están fenomenal, es una manera de que el baile tradicional esté presente, pero eso no significa que esté vivo, vivo está solo en el pueblo. Por desgracia, la jota está perdida”, lamenta. “No se puede confundir cultura popular con folclorismo, que es lo que estamos haciendo todos en los escenarios”, asegura. “A nivel popular”, especifica.  

Por desgracia, la jota está perdida. No se puede confundir cultura popular con folclorismo, que es lo que estamos haciendo todos en los escenarios

Aurelio Vélez — Fundador del colectivo etnográfico Brañaflor

Beatriz Cea, coguionista del filme junto al director Aitor Sánchez Smith y autora del libro 'Danzas de varas, palos y cintas en Cantabria' -resultado de la investigación que realizó con el apoyo del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF) y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)- coincide con el análisis de Vélez. “La jota se bailaba todos los domingos, era un medio para socializar y generar un sentimiento de pertenencia a una comunidad. Aparecieron los coches y los más jóvenes podían salir de su pueblo. Al abandono del rural acompañó además la llegada de un ocio alternativo que desbancó poco a poco al baile popular”, explica. 

El Gobierno de Cantabria ya declaró, a finales de 2015, la jota montañesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial junto a otras siete danzas tradicionales: la de Las Lanzas, el Baile del Conde de Lara -una recreación del Baile a lo Llano- y los Picayos, todas ellas oriundas de Ruiloba; el baile de San Pedro o baile de las viejas, de Comillas; el Pericote y el Trepeletré, de Liébana y Tresviso; y las danzas de palos y de arcos de la comarca de Trasmiera. De todas ellas, la jota, que protagoniza el documental patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y el Museo Etnográfico de Cantabria, es la que más agoniza.

“Hay bailes y hay danzas. Las danzas son rituales, se hacen una vez al año, durante las fiestas patronales, para la procesión del santo. Esas se han mantenido más o menos bien, pero el baile popular, más libre, en una romería, ha desaparecido. Ver a gente bailando una jota de forma espontánea es imposible hoy en día. Al final es que ha perdido su función”, apunta Cea.  

Modificaciones externas

En este sentido, “la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial siempre está bien porque la cultura popular es como la hermana pequeña que está ahí y no se reconoce su importancia porque o no interesa o se asume que está ahí sin más”, considera Vélez, “pero además hay que hacer algo”.

Más allá, la propia iniciativa institucional no está exenta de críticas. En el caso de la declaración del Gobierno de Cantabria, Aurelio Vélez detecta errores de base: “Para que veas cómo es esto del Patrimonio Cultural, el Gobierno incluyó el Romance del Conde de Lara cuando en Ruiloba aún pervive el Baile a lo Llano, que es el realmente importante y el que inspiró la coreografía que creó en su día Matilde de la Torre (1884-1946), que hizo muchísimo por el folclore pero lo manipuló y lo llevó dónde ella quería. Eso sí, nunca mintió. ¿Por qué está la Danza de Las Lanzas y no la Baila de Ibio, que es el mismo caso? Hay que tener en cuenta estos detalles”, afirma. 

Respecto a la Danza de Palos y Arcos, que sigue viva en Trasmiera, Vélez puntualiza: “No se llama así, es la Danza de Palos y Varas”. Y por poner otro ejemplo, el Trepeletré “es un caso curioso porque solo se conoce en los escenarios. El único sitio donde yo lo he recogido es en Tresviso, y se bailaba con La jerigonza del fraile, cuya letra fue modificada por la Sección Femenina porque la versión original dice Fraile cornudo, cornudo fraile y eso de meterse con la Iglesia quedaba muy feo en esa época”, cuenta.    

“No se puede confundir cultura popular con folclorismo, que es lo que estamos haciendo ahora todos en el escenario”, defiende el miembro del Grupo de Danzas de Ubiarco. “Un baile en el pueblo que lo vive, si se modifica, es una evolución natural de la tradición. Cuando una mano externa lo transforma, se trata de una folclorización. Por muy puro que lo quieras hacer, cuando nos subimos al escenario se pierde la esencia, para empezar porque el público no es partícipe, pasa a ser un actor secundario. Esa es una parte del problema. El baile tiene que volver a la calle”, sentencia.

“Evidentemente, no se puede pretender que sea como hace un siglo pero se puede fomentar el pequeño poso que queda en algunas zonas”, constata Vélez. Para Beatriz Cea, directora del Grupo de Danzas de Camargo, incluso algo tan sencillo como que los participantes de estos grupos vayan a los pueblos “sin vestir los trajes regionales”, algo que en sí mismo genera “una barrera”, sería un paso “adelante”. 

Hace años se puso en marcha una asignatura sobre Patrimonio Cultural de Cantabria pero a día de hoy es casi imposible cursarla

Beatriz Cea — Coguionista del documental y autora de la investigación 'Danzas de varas, palos y cintas en Cantabria'

Cea considera por otra parte que “en el ámbito educativo se podría hacer mucho. Hace años se puso en marcha una asignatura sobre Patrimonio Cultural de Cantabria pero es casi imposible cursarla: el instituto tiene que ofertarla, tiene que haber un profesor dispuesto a generar el contenido curricular, porque no existe, y además tiene que haber un número mínimo de alumnos. Es complicado”.

Por último, la también profesora de pandereta en la Escuela de Folclore de Medio Cudeyo , asegura que el programa La Cultura Contraataca, puesto en marcha durante la anterior legislatura, incluía un apéndice específico, denominado 'El origen', para fomentar la difusión de las danzas en las fiestas de Cantabria, pero “ahora estamos un poco a verlas venir. No sabemos si continuará o no”.  

Las jotas montañesas

“Una jota es una jota. Es un ritmo que es igual, o muy parecido con matices, en Cantabria o en Asturias. Hay pasos establecidos y luego en cada comarca existen pequeñas variaciones: cuando hay una vuelta, cuando se echa el pie al moje… son cambios que suelen coincidir con la forma de tocar la pandereta”, apunta Vélez.

Beatriz Cea, en su tesis 'Las danzas de Cantabria como Bien de Interés Cultural' (Universidad de Cantabria, 2015), describe: “La jota, o el baile a lo suelto, se divide en dos partes bien diferenciadas tanto en el toque de la pandereta como en la melodía y los pasos realizados por los bailadores. Son estas partes las denominadas baile a lo alto, a lo bajo y a lo ligero; a lo pesado o a lo llano y a lo ligero o a lo vivo” [...] Cada parte del baile recibe el nombre que se le da a los distintos toques de pandereta que se ejecutan para el mismo“.  

La conservadora, restauradora e ilustradora, máster en Patrimonio Histórico, continúa con su investigación en torno a las danzas de varas, palos y cintas. “Queda mucho por sacar”, asegura, ante el vacío que ha existido en torno a la materia durante décadas.

El documental 'A lo pesao y a lo ligero' es solo la punta del iceberg, una primera aproximación al baile tradicional, que, sin entrar en profundidades, da cuenta de la relevancia que la jota tuvo durante el siglo XIX y principios del XX como parte de una cultura popular muy alejada en la actualidad de las generaciones más jóvenes, como la que representa el propio director del filme, Aitor Sánchez Smith, que ha partido de su propia curiosidad para construir la pieza rodada en Aloños.  

“Ellas también lo pasaron muy mal marchándose. Mi abuela lloró mucho, todavía lloraba cuando se acordaba. Dice que muchas veces estaba dando de mamar al criuco y le caían las lágrimas al niño en la cara porque se acordaba de que el suyo no mamaba… Pues sí, lo tenían que pasar muy mal. Si a mí me pasara ahora yo no me iba, dejar al mío comiendo papilla para criar a otro a pecho, ni hablar”. Florentina Gutiérrez conoció la historia de su abuela, Laureana Acebo Abascal, de viva voz. Laureana fue ama de cría en Córdoba, en el Palacio de los Duques de Hornachuelos; después en Palencia, en casa de los Calderón, una familia muy rica que tenía una fábrica de harinas; también pasó por el Palacio de los Pombo, en Santander, y por último, salió para Cuba, detalla su bisnieta, Gilda Ruiloba.

“Fue una de las pocas mujeres que fue al extranjero a criar y que pudo llevarse a su hijo porque, claro, al tener que hacer el viaje en barco, que duraba más de un mes, si no seguía dando de mamar se le podía cortar la leche”, explica Ruiloba. Laureana alimentó en Cuba a la hija de los banqueros Gómez-Mena, cuenta la escritora de la bilogía Esencia pasiega, “porque el señor tenía el capricho de que a su única descendiente la criara una nodriza pasiega”. “Eran las más cotizadas, las más deseadas, por aquello de la pureza de sangre. De hecho, las que eran de otro lugar falsificaban su procedencia en el currículum”, añade. Las amas de cría debían cumplir una larga lista de requisitos y, entre ellos, pesaba la asunción de que “las mujeres del norte de España no habían tenido mezcla con otras etnias, judía, musulmana o árabe, porque eso era lo peor en aquella época”, apunta María Teresa Ruiz en el documental Lágrimas de leche. 

Gilda Ruiloba, Florentina Gutiérrez y María Teresa Ruiz son tres de las protagonistas de las Jornadas de Diálogo y Creación Cinematográfica sobre las Amas de Cría, celebradas en el municipio cántabro de Selaya entre abril y mayo del año pasado con el apoyo de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. El proyecto, una iniciativa del cineasta Aitor Sánchez Smith y la educadora social especializada en Igualdad de Género Rocío Fernández, contó con una decena de participantes, la mayoría mujeres descendientes de aquellas nodrizas de las que, en muchos casos, “es difícil encontrar información porque era un tema del que tampoco se hablaba de forma abierta en las familias”, comenta Ruiz.

La propuesta pone en el centro la vivencia y el legado emocional de aquellas mujeres que, huyendo de la pobreza de forma voluntaria o impulsadas por sus familias, “dejaban su tierra para ir a amamantar a la prole de la alta burguesía, la aristocracia e incluso la realeza española durante los siglos XVIII, XIX y hasta bien entrados los años cuarenta y cincuenta del siglo XX”, especifica Charo Quintana, presidenta del Observatorio de la Violencia Obstétrica (OVO) en Cantabria. Este organismo ha impulsado la proyección del Making off -a cargo de Andrea Sierra- y los cortometrajes que realizaron las participantes -el documental Lágrimas de leche, coordinado por Lucía Venero; el videoclip El llanto escondido, dirigido por el propio Sánchez Smith y basado en el tema La perla del Pas de Jaya Folk y la pieza de ficción experimental Leche amarga, con la supervisión de Yordana Romero- dentro de la programación de actividades del Día Internacional de la Mujer.

El acto, previsto para este martes 5 de marzo en la Biblioteca Central de Cantabria, coloca en la agenda del 8M no solo la reivindicación de la figura de las amas de cría, con sus luces y sus sombras, consideradas como “heroínas” que impulsaron con su sacrificio la economía de los Valles Pasiegos, pero también como “víctimas de la explotación por parte de las familias pudientes”, sino además temáticas como la “maternidad fragmentada”, la consideración histórica de la lactancia, la utilización del cuerpo de la mujer, en este caso, de sus “capacidades nutricias”, el “síndrome del niño abandonado”, los vínculos entre los “hermanos de leche” o incluso “el paralelismo que puede existir en la actualidad con los vientres de alquiler”, añade Quintana.

Los “requisitos”

Las amas de cría tenían que estar casadas, tener entre 19 y 26 años, la dentadura sana, ninguna mancha en el cuerpo, pasar una serie de exámenes médicos y además contar con “referencias del cura” sobre su conducta moral y sus virtudes maternales. Laureana Acebo, por ejemplo, “era fuerte como un caballo”, recuerda su nieta. “También se decía que debían irse cuando tenían ya el segundo hijo, porque así tenían experiencia, pero mi bisabuela fue a criar cuatro veces, desde el primer parto”, apostilla Gilda Ruiloba.

Las pasiegas eran las más cotizadas por la pureza de sangre, porque no se habían mezclado con judíos, árabes o musulmanes

María Teresa Ruiz — Una de las protagonistas del documental 'Lágrimas de leche'

Durante su estancia en Cuba, el hijo de Laureana Acebo estuvo a cargo de seis nodrizas distintas mientras ella atendía a la primogénita de los Gómez-Mena. “Mi bisabuela exigió que su hijo tuviera el mismo peso que la hija de los señores, era una pasiega lista, pero intentaron engañarla colocándole al niño una sábana doblada entre los vestidos para que alcanzara la medida. Ahí se enfadó muchísimo y quiso volver a España, pero le buscaron otra nodriza y la séptima funcionó”. “Los señores la querían muchísimo”, continúa Ruiloba. “Bueno, entre ellos hacían competiciones, ya sabes, para ver quién tenía la mejor ama de cría. Ella era muy guapa y tenía muy buena leche, ganó el premio, claro”. Laureana Acebo volvió de Cuba y cumplió su promesa: “regalarle unos jarrones a la Virgen de Valvanuz y a San Lorenzo, patrón de Llerana, si regresaba sana y salva”. 

Ignacia Sainz-Pardo era de Selaya y después de parir a su tercer hijo, Vidal Carral Sainz, abuelo de María Teresa Ruiz, “fue a Barcelona para dar el pecho a la única hija de los marqueses de Marianao, María Victoria Samá y Coll. Mi bisabuela se marchó en 1911. Desconocemos por qué fue allí, quién la llamó o lo que pasó durante su estancia. Es cierto que tuvo relación con la marquesa porque se carteaban. Después de estar en Barcelona se fue a Francia, no sabemos si está relacionado o no con la influencia de la familia. Varios de sus hijos se quedaron allí, pero mi abuelo volvió a España”, relata.

La posición de ama de cría tenía una transmisión “matrilineal”, explica Charo Quintana. “El oficio pasaba de madres a hijas, sobrinas, nietas… y por eso hay familias donde existen varias generaciones de nodrizas”. María Teresa Ruiz, que ha indagado en su árbol genealógico, ha descubierto que una de sus tatarabuelas, María Mantecón, nació en Villacarriedo y falleció en 1865 en la Corte de Madrid. “En aquella época tenía tres hijos, el pequeño de meses. Teniendo en cuenta la época y sus circunstancias, la hipótesis es que también era ama de cría”. Para María Teresa Ruiz es relevante analizar “la sensación de abandono” de los hijos e hijas que quedaban atrás, que según cuentan, en muchos casos no reconocían a sus madres cuando regresaban, y que ha provocado “que no se hablara de ello, que no se viera con orgullo como un sacrificio que habían realizado para el bien de la familia”, opina.

No creo que fuera una explotación. Era un oficio como los que tenemos hoy. Para mí eran auténticas heroínas, valientes y emprendedoras

Gilda Ruiloba — Escritora

“Piensan las amas de cría/ piensan y no piensan bien/ piensan que son señoritas/ y son burras de alquiler”, rezaba una antigua canción de corro y comba. Su lectura en voz alta durante la grabación del Making Off provoca un contundente “efectivamente”, pero también una exclamación desaprobatoria entre el grupo. “Yo no lo considero explotación para nada. Era un oficio como los que tenemos hoy. Era una época en la que había mucha miseria, vino esta oportunidad y la aprovecharon. Para mí eran auténticas heroínas, mujeres pasiegas valientes y emprendedoras”, afirma Gilda Ruiloba. “Gracias al dinero que ganó, mi bisabuela se pudo comprar dos casas, fincas, vacas y gracias a las influencias consiguió dos trabajos para el marido, que fue cartero en Saro -y después lo fueron su hijo y su nieta, o sea, trabajo para tres generaciones- y luego encargado en la fábrica de luz de Llerana”, sentencia la bisnieta de Laureana Acebo. 

“Se habla mucho de lo que hicieron los hombres, pero ¿y estas mujeres? Resulta que son las que reavivaron la economía del valle, que en una época en la que la mujer era un cero a la izquierda sacaron a la familia adelante, que hicieron un sacrificio y convirtieron la crianza en su profesión, ¿de ellas no se habla? Ellas pensaron solo en el futuro, en el porvenir de sus descendientes, porque si no, no tiene lógica. Hay que hablar de estas mujeres porque fueron el motor económico y social de la zona y gracias a ellas, de una manera u otra, estamos aquí”, defiende María Teresa Ruiz. En defensa de esta reivindicación trabaja también Gilda Ruiloba desde la secretaría de la Sociedad Cántabra de Escritores: “Estamos recogiendo firmas para pedirle al Ayuntamiento de Santander que construya un monumento a las amas de cría pasiegas”. “Un hito simbólico que ponga en valor la importancia que tuvieron para la comunidad”, apostilla.

Las mujeres pasiegas emigraban gracias a una cadena de solidaridad femenina pero impelidas por la necesidad, por la auténtica miseria

Charo Quintana — Presidenta del Observatorio de la Violencia Obstétrica en Cantabria

“Nos parece relevante analizar esa migración, basada en una cadena de apoyo totalmente generizada. Las mujeres pasiegas tenían que emigrar a Granada, Sevilla, Zaragoza, Barcelona o Madrid, a veces no tan lejos, ya que en el propio Santander también se podían ofrecer como nodrizas. Bien es cierto que la condición tradicional de la sociedad pasiega como trashumante hacía quizá más fácil esa migración, pero se iban impelidas por la necesidad, por la auténtica miseria”, desarrolla Charo Quintana. Y esa migración era posible por esos lazos de solidaridad femenina que se creaban en la comunidad y que permitían que las amas de cría “se fueran con cierto grado de tranquilidad, dejando a sus hijos pequeños a cargo de la cuñada, la abuela, la vecina, la amiga, o bien al cuidado de nodrizas locales, que cobraban mucho menos que lo que ellas iban a ganar por ejemplo en Madrid, desde luego”, explica la presidenta de OVO. 

Rocío Fernández, encargada de las sesiones previas a la grabación de los cortometrajes, cuyo objetivo fue “facilitar que las participantes pudieran sacar de dentro esas historias familiares guardadas en un cajón durante generaciones”, también ha buceado en su propia genealogía para rescatar una buena ristra de antepasadas dedicadas a la cría. “Sigo investigando porque no tengo aún datos suficientes, pero mi tatarabuela, Gaspara Gutiérrez Fernández (1836-1920), nació en Bustantegua, tuvo siete partos y fue a criar las siete veces”, cuenta la especialista en Igualdad de Género. A ella se suman dos de sus bisabuelas: Josefa Benita Grandal de la Concha (1870-1951), que nació en Selaya y fue ama de cría en Bilbao en la familia de los Marqueses de Satrústegui, y María Carral Fernández, que nació en San Bartolo; además de la hermana de esta última, Avelina Carral Fernández y una tía abuela, Avelina Fernández Fernández (1900-1988), que nació en Bustantegua y fue a criar a Barcelona a una niña llamada Marta Catasús de la Cruz, que falleció en 2022.

El hilo es cada vez más fino y a veces desaparece del todo. “Sobre mi tatarabuela solo he encontrado algún testimonio de gente muy mayor del pueblo, pero hay algo emocional que está ahí y que me ha llevado a investigar sobre el tema. Hay estudios epigenéticos que apuntan que no solo se heredan los aspectos físicos, sino que hay algo interno que compartimos todas las descendientes de estas mujeres”, considera Fernández. Y ahí es donde el planteamiento de Aitor Sánchez Smith, con experiencia en proyectos cinematográficos de creación colaborativa y comunitaria, ha conseguido aportar una nueva perspectiva sobre las amas de cría, alejada de la teoría academicista y centrada en las vivencias personales de sus descendientes.

Las convulsiones de Leonora Carrington saltan de la página. El doctor Luis Morales, que en 1945 tuvo la osadía de escribir un libro titulado Cómo son y cómo piensan las mujeres, utilizó métodos bárbaros con la pintora surrealista, entre ellos, la administración de Cardiazol, un equivalente químico del electroshock. El paso de la artista por el psiquiátrico Peña Castillo en Santander marcó un antes y un después en su vida.

La ilustradora María Luisa Fruns (Madrid, 1968) representa este episodio con una paleta en blanco y negro que contrasta con los tonos cálidos del inicio o azules de la parte final de la novela gráfica Leonora Carrington en España. La obra, repleta de referencias a las creaciones de Carrington, es fiel a la biografía de la artista y traslada al lector a una época arrasada por las guerras donde las mujeres, en general, sobrevivían bajo el yugo del machismo más acérrimo.

Explica al inicio de Leonora Carrington en España que su primera aproximación a esta pintora surrealista fue a través de un encargo de su editora, Pilar Álvarez. ¿En qué momento decide que se convierta en la protagonista de esta novela gráfica?

De Leonora conocía la obra, no tanto su vida. En 2017 me encargan buscar unas imágenes de su trabajo y de su entorno más cercano para la biografía Leonora Carrington. Una vida surrealista, de Joanna Moorhead. Es ahí cuando profundizo y me enamoro del personaje. Leo a Moorhead, a Poniatowska, a Susan Aberth, a la propia Leonora y veo clarísimo que ahí hay una novela gráfica.

Ha utilizado diferentes fuentes bibliográficas pero ¿es el propio relato de Carrington, Memorias de abajo, su principal referencia?

Esta novela gráfica describe un momento crucial en la vida de Leonora y en el devenir del mundo. Me parecía muy importante contextualizar su historia, la Guerra Mundial, la entrada de los nazis en Francia, la España de la posguerra… Abrir el foco, situarla dentro del movimiento surrealista y profundizar en algunos personajes. Es un punto de inflexión en su vida que se refleja en todas las obras que se acercan al personaje.

Esta novela gráfica describe un momento crucial en la vida de Leonora y en el devenir del mundo

Desde la primera ilustración aparecen referencias al trabajo de la artista, empezando por su faceta como escultora. ¿Por qué elige estas obras para la apertura del libro?

Es una forma de presentar a Leonora y su entorno. La sitúa en el sur de Francia con su pareja, Max Ernst. Son felices, son libres, trabajan, escriben, esculpen, pintan y disfrutan de su amor, ajenos a la nueva realidad política que cambiará el mundo.

A lo largo de su libro podemos encontrar guiños a obras como Cuéntaselo a las abejas (1986) –las abejas también son recurrentes en sus cuentos infantiles– o Sueño de sirenas (1963). ¿Por qué ha elegido estos dos elementos, entre otros, para acompañar a los primeros pasajes de esta historia?

Nos ponen en situación. Nos hablan del apego de Leonora a la tierra y la naturaleza, de su vinculación con el grupo surrealista y aluden a su faceta como escritora.

¿A qué otras claves debería estar atento el lector que quiera encontrar esos detalles de la obra de Carrington en su novela gráfica?

Las ilustraciones están llenas de detalles que hacen referencia a sus obras y a sus obsesiones. Leonora tiene un imaginario muy rico, repleto de animales y seres fantásticos, de referencias a las leyendas irlandesas que le contaba su nanny y al tarot, de símbolos alquímicos y constelaciones.

La parte más dramática del relato, más allá incluso de la violación grupal que sufre en Madrid, es su internamiento en el psiquiátrico de Santander, que es descrito a través de viñetas en blanco y negro, algunas distorsionadas, como un reflejo de las convulsiones que le producían los tratamientos. ¿En qué punto toma la decisión consciente de representar así la subjetividad del personaje? ¿Es este un recurso que suele utilizar en sus obras o es una novedad en este caso por la fuerza de la narración?

La subjetividad es la esencia de este proyecto. La perspectiva que me interesa presentar es la de Leonora, su sensibilidad y vulnerabilidad frente a una sociedad rígida que utiliza métodos brutales para imponerse. En el libro, el estilo de la ilustración se adapta al relato, cambia la paleta de color hasta que en el sanatorio simplemente desaparece, pero también el trazo fino, suelto y ágil del principio evoluciona hasta convertirse en masas negras y en ocasiones borrosas.

La perspectiva que me interesa es la de Leonora, su sensibilidad y vulnerabilidad frente a una sociedad rígida que utiliza métodos brutales para imponerse. El estilo se adapta al relato, cambia la paleta de color hasta que en el sanatorio desaparece

En otro momento utiliza un recurso que recuerda a las tiras de zoótropo y que resulta un auténtico logro para animar la cadencia de la narración… De nuevo, ¿es una decisión consciente que busca variedad de estilos en la novela gráfica o ‘se lo pedía’, por así decirlo, la propia historia?

Sí, absolutamente consciente, la variedad de estilos está en el planteamiento mismo del proyecto. Facilitaba distinguir los diferentes planos de la narración, lo que es la realidad objetiva de los bombardeos sobre Londres de las ensoñaciones de Leonora, por ejemplo. En este caso, todo lo referente a su procedencia inglesa, la presentación en sociedad en la corte de Jorge V de las guardas, su relación con el cónsul o las visitas al director de la ICI (Imperial Chemical Industries) tienen este formato que permite que la narración adquiera otro ritmo.

El lector puede detectar una crítica velada al machismo imperante en el época, a través de las menciones a su padre, a las reacciones del propio Marx Ernst o de Van Ghent, cuando ella le cuenta que ha sufrido una violación, a las decisiones que toma sobre ella el doctor Martínez Alonso o a las actitudes de los doctores Luis y Mariano Morales… ¿Considera que la artista fue una víctima más de la discriminación que existía en aquellos días? ¿O por el contrario podría decirse que consiguió escapar a esa victimización gracias a su inconformismo?

Leonora era una mujer valiente, libre y audaz que se enfrentaba a una sociedad fuertemente jerarquizada y de moral muy estricta que a punto estuvo de doblegarla. Indudablemente, sufrió el machismo, como ella misma decía: las mujeres eran más frecuentemente musas que artistas. Era rebelde y obstinada, persiguió su objetivo: pintar, y lo alcanzó. Pagó un precio muy alto por ello.

Más allá de las interpretaciones surrealistas de la realidad y de cierta ‘locura’ onírica, ¿se podría afirmar que Leonora Carrington es un ejemplo paradigmático de artista subversiva en una época absolutamente inestable e inquietante de la Historia contemporánea?

Una mujer rebelde, subversiva, fuerte y fiel a sus principios, con una imaginación desbordante y un universo extraordinario, en un periodo muy oscuro de la Historia.

Usted no hace en la novela gráfica ningún juicio de valor, pero no sé hasta qué punto se puede una sentir casi hasta ofendida de que, ya en 1993, el doctor Morales se arrogara el mérito de haber curado a la artista y justificara los métodos utilizados, ¿qué opinión de merece ese hecho?

El hecho de que esas conclusiones del doctor Morales figuren en el libro no es casual.

Leonora Carrington en España es una obra suya al 100%, incluida esa tipografía un tanto ‘inestable’, si la podemos definir así, ¿es su primera novela gráfica? ¿Tiene en mente o está trabajando en algún otro proyecto en este sentido?

Sí, es mi primera novela gráfica y ha sido un proyecto muy personal y muy libre. Lo he disfrutado mucho, tanto como para embarcarme en otro en cuanto encuentre una historia que me arrastre como lo ha hecho esta.

La colonia animal del Parlamento de Cantabria está servida. “Todos los domingos salto con bolsas de basura y recojo todo para que no haya quejas de los vecinos, porque a nosotros nos multan por la ordenanza de residuos urbanos. Y claro, la Policía nos conoce de sobra”, cuenta David Durán. “Ahora parece que se han relajado un poco con las sanciones”, añade. Quizá es porque hay una ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales que estipula, entre otras cosas, en el artículo 39, Funciones de la Administración local, que corresponde a las entidades locales “el establecimiento de planes de control poblacional de los gatos comunitarios”.

“En esta colonia llevo unos cuatro años. Me turno con una señora que viene por las mañanas”. Todos los días, a las 21.00 horas, Durán sirve tres tápers de pienso con comida húmeda. Los pasa por debajo de la puerta en un abrir y cerrar de ojos. “¿Te suena la especulación que hay en este barrio?”, comenta. Tenía que ser en el Cabildo de Arriba de Santander, dónde si no. En los distintos solares de la zona vive una veintena larga de animales. En algunos puntos, tienen los días contados. “Van a meter las excavadoras en breve y los van a sepultar”. Durán confía en que uno de los vecinos que lo avisa cuando ve obreros por allí esté atento también cuando llegue ese día para rescatarlos a tiempo.

“Nosotros nos encargamos de alimentarlos, pero también de pagar las esterilizaciones y de comprar las medicinas cuando están enfermos. Hay varias clínicas veterinarias que colaboran y cuando se trata de un animal abandonado nos cobran un precio más ajustado. De todas formas, yo calculo que entre comida y veterinario me puedo gastar un mínimo de 300 euros al mes, aparte del tiempo que invierto”, explica Durán mientras baja por La Cuesta del Hospital para encontrarse con Kika, otra de las voluntarias que desde hace más de una década no falta a la cita. “Por aquí antes había más, pero a Rosa y a la Siamesa las envenenaron. No sabemos quién”, lamenta. “Más de una vez nos hemos encontrado cápsulas de matarratas en el agua”, especifica Durán. “Ahora solo quedan Nicolás, Amarillo, Esmeralda y Cayetana. Están todos operados y lo hemos pagado nosotros”, relata. Hay más colonias gatunas, pero ninguno de ellos quiere especificar dónde están: “Si se sabe, vienen a matarlos a todos. Yo ya no me fío de nadie”.      

El presupuesto que Kika destina a esta labor es incluso más alto. “Puede que sea de unos 500 euros al mes. No sé, el caso es que debo dinero. Además tengo otros tres en casa”. Y es que los voluntarios no solo atienden a los gatos en la calle, sino que si ven alguno cuya supervivencia peligra lo acogen en su vivienda. “Mírala, parece una orca”, suelta Kika como piropo definitivo a una de sus favoritas, que asoma la cabeza por debajo de la puerta: “¿No ves cómo tiene el morro así cortado?”. Aunque parezca mentira, comenta Durán, “los gatos negros tienen difícil adopción por la superstición. Es más, en octubre y noviembre cortamos la adopción de ejemplares negros y blancos porque hay gente que los quiere solo para ritos”, añade. “Sí, sí”, subraya ante el escepticismo. 

Durán es voluntario en un refugio de la asociación Cantabria Felina, ubicado en la zona de Cudón, donde en la actualidad hay más de 90 animales. “A veces nos llaman porque hay abandonos, pero es que no tenemos capacidad para acoger más gatos. Ya no se trata ni de pedir dinero, pero al menos nos podrían facilitar un local para atenderlos, aunque sea con nuestro trabajo y nuestro dinero”. En su opinión, la labor de la asociación Vecinos del Gato, que “el año pasado recibió una subvención de 12.000 euros del Ayuntamiento de Santander”, está en entredicho.

“Para empezar, esa cuantía es una trampa. Es imposible cubrir con esa cantidad los gastos que genera el control real de las colonias santanderinas”, explica. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con esta organización, pero no ha sido posible encontrar a nadie que quisiera explicar qué funciones realiza a día de hoy. “Lo que queremos es que haya una gestión ética de los animales”, continúa Durán: “Tú imagínate cómo estaría esto de ratas si no. No se trata de que la zona esté desmadrada sino de que los gatos estén esterilizados, chipados y de que el Ayuntamiento tenga constancia. Que cumplan la ley”.

Entre comida y veterinario me puedo llegar a gastar unos 300 euros al mes en la colonia del Parlamento de Cantabria

David Durán — Cuidador voluntario

La norma, que entró en vigor el pasado 29 de septiembre, obliga a la implementación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) y establece, en sus artículos 38 a 42, que “corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas, dentro de los cuales será obligatoria la identificación mediante microchip, registrada bajo la titularidad de la Administración local competente, y la esterilización quirúrgica de todos los gatos comunitarios. También que se prohíbe el sacrificio de animales sanos”, recuerda Victoria Cedrún, portavoz de la Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria). 

DEAN ha iniciado una campaña para “recordar” a los 102 municipios de la comunidad autónoma que el incumplimiento de las obligaciones impuestas “supone incurrir en infracciones administrativas que van desde graves a muy graves y que son sancionables con multas de hasta 50.000 euros en el caso de las graves hasta 200.000 euros si se convierten en muy graves”. Además, las administraciones pueden “incurrir en ilícito penal según los artículos 340 bis a 340 quinquies del Código Penal”. Y la Federación está dispuesta a interponer denuncias siempre que detecten dejación de funciones y vulneraciones flagrantes de la norma.

Mientras el Consistorio santanderino decide si mueve ficha o no, los encargados de la tarea de alimentar y mantener a los felinos del Cabildo de Arriba son, entre otros, David, Kika, Julia, Luis y Montse. “Mira, Perla, mira, Snoopy, que vais a salir en el periódico”, exclama esta última mientras señala a un par de gatos que se acercan con reservas al comedero lleno de pechuga de pollo que ha colocado detrás de la valla alambrada. “A ver si el Ayuntamiento se moja un poco o, por lo menos, que no ponga trabas, encima de que nos estamos gastando nuestro dinero. A mí me paró la Policía Local hace unos días para pedirme una autorización. Fui al Ayuntamiento, perdí toda la mañana y no tenían ni idea de qué estaba hablando. Ni ellos mismos saben lo que hay que hacer. Me mandaron a Vecinos del Gato y ni caso me hicieron”. 

Montse Rojo, que viene cada noche desde el Parque de La Marga, a casi dos kilómetros, –“antes tenía una amiga que vivía aquí y empecé a ver las colonias, a mí es que me gustan mucho los gatos”, desarrolla para justificar su paseo nocturno– lleva “solo cuatro años” en esta zona, pero Luis, que desde el patio trasero de su vivienda enfoca con una linterna a los animales que ocupan el solar adyacente, lleva “más de 20 años” cuidando de los felinos callejeros.

“Cuando los veo chiquitines es que se me parte el alma. Me voy con el sufrimiento para casa porque cualquier día los mata un coche. Y es que el Ayuntamiento tiene que encargarse de esterilizarlos, pero no lo hacen. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Pues a veces a las gatas les damos la pastilla para que no se queden preñadas”, confiesa Montse. “La Progevera –anticonceptivo para uso humano– es malísima para las gatas, les provoca cáncer”, apunta David Durán indignado. “Ya, pero el Covinán, que es inyectable, es carísimo”, justifica la primera.

El único método ético de control de los animales comunitarios es el protocolo CER: captura, esterilización y retorno

Victoria Cedrún — Portavoz de la Federación DEAN

“Los ayuntamientos cántabros ya vienen incumpliendo de forma sistemática sus obligaciones, entre ellas, la recogida de animales abandonados. Esto ya estaba recogido en la Ley que tenemos, totalmente obsoleta, de 1992, pero como esa norma no establecía sanciones, las entidades locales hacían caso omiso. Más de la mitad de los municipios no tenía ningún convenio establecido para llevar a cabo esta labor”, describe Cedrún. “Ahora ya no solo es obligatoria la recogida, sino que se exige sacrificio cero”. Existen honrosas excepciones en Cantabria: “Laredo, Comillas, Cabezón de la Sal y Castro Urdiales, por ejemplo, sí tienen implantado el método CER, que es el único control ético de las colonias felinas comunitarias. Y luego nos encontramos con municipios como Santander o Torrelavega con los deberes sin hacer”, recalca.

“La ordenanza de la capital cántabra no garantiza ni los mínimos que exige la Ley estatal. Intentaron modificarla el año pasado para avanzar hacia una ciudad pet friendly –amiga de los animales–, pero solo incluyeron a los animales de compañía, con propietario. Los abandonados, que son los que más apoyo necesitan, quedaron fuera”, apunta la portavoz de la Federación DEAN. Y en Torrelavega la situación no es mejor: “No han sido capaces de implantar todavía un protocolo CER. Han localizado las colonias y han repartido carnets de cuidador o cuidadora pero no esterilizan a las poblaciones. Han empezado la casa por el tejado”, critica Cedrún.

Desde la asociación Almas Abandonadas, que actúa en la comarca del Besaya, piden “reflexión”. “El concejal del área es del PSOE y no está haciendo nada, solo nos pone trabas, solo entorpece la labor. Y se piensa que por dar una subvención de 4.000 euros –que eso no es nada, nos lo gastamos nosotras en dos meses de castraciones, subraya una de sus voluntarias– nos tenemos que callar. Tienen que cumplir la ley que ha aprobado su propio partido e implantar el método CER”, incide. “Parece mentira la hipocresía, si un ciudadano no cumple la ley lo achicharran, pero para ellos no, para ellos es diferente”. 

Mario Santa Cruz tiene 25 años, es matemático, estudió un año en Estados Unidos, hizo un máster en Londres y desde hace tres trabaja en Predictia, una empresa cántabra donde realizó prácticas y completó su TFG, relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial en la teledetección -utilización de imágenes por satélite para definir usos del suelo- y la meteorología. 

Santa Cruz es uno de los investigadores que ha participado en el desarrollo de la IA ConvSwin2SR, una 'red neuronal' que a través del aprendizaje profundo de más de 12 millones de parámetros es capaz de presentar, en alta resolución y en pocos segundos, datos climáticos de un día en la Península Ibérica. El matemático recibe a elDiario.es en la sede de Predictia en Santander, dispuesto a abordar de forma solemne la tarea de explicar en qué consiste este nuevo modelo. La primera pregunta, que pretendía arrancar un chascarrillo, cae en agua.

¿Esta IA tiene algún mote de andar por casa? ¿Un nombre más amable, como Dall-e, por ejemplo?

No, está pensado para que se entienda en artículos científicos pero nos reservamos la posibilidad para próximas versiones.

El modelo “no sirve para mejorar las previsiones del tiempo como tal”, destacan en una nota de prensa. ¿Por qué especifican este aspecto?

El matiz importante es que nosotros hemos trabajado con reanálisis meteorológico. Utilizamos los datos de ERA5 (desarrollado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus en el Centro Europeo de Meteorología), que analiza el clima planetario desde 1940 hasta nuestros días. Es decir, presenta reconstrucciones de cómo ha sido el estado atmosférico y está entrenado con ese tipo de datos. En ese sentido, es seguro utilizarlo solo en ese contexto.

No obstante, apuntan a que puede tener usos en ámbitos como la agricultura, la energía, recursos hídricos, gestión de desastres, salud pública o cambio climático. ¿En qué sentido?

Sí, claro, eso está relacionado con el hecho de aumentar la resolución. ERA5 proporciona estimaciones horarias de un gran número de variables climáticas, pero su resolución es demasiado baja (cuadros de unos 25 kilómetros de lado) como para aplicarla a zonas concretas, como una calle o un barrio. A través de los datos que aporta CERRA -un reanálisis a mayor resolución pero limitado al área europea y del que sólo hay datos hasta junio de 2021- y el aprendizaje profundo, el modelo que hemos desarrollado ofrece datos casi en directo, no predicciones pero sí la situación de los últimos días.

El objetivo es que la IA sea capaz no solo de memorizar información sino de analizar las relaciones entre los datos

Mario Santa Cruz — Responsable del desarrollo del modelo ConvSwin2SR

Los modelos de predicción también se basan en datos reales. ¿Podría utilizarse en el futuro también para eso?

Sería necesario validarlo para estar seguros de que no tiene sesgos particulares en situaciones de eventos extremos, por ejemplo. Por poder, se puede utilizar, pero no es recomendable porque no se ha evaluado en ese contexto.

 ¿A qué se refiere cuando habla de “sesgos”?

Bueno, un sesgo es que el modelo tienda a reproducir una situación porque la ha visto en los datos pero no sea capaz de encontrar la relación que tiene con el clima o con la situación meteorológica. Estos modelos son difíciles de interpretar. El objetivo es mejorar la capacidad de generación, es decir, que sean capaces de aprender las relaciones entre los datos y no de memorizarlos sin más. El problema es que este tipo de inteligencia artificial se alimenta con tanta información que a veces lo que hace es solo memorizar y para unos datos de entrada, te pasan otros de salida muy parecidos simplemente porque es lo que han visto durante el aprendizaje. Es como si en el colegio aprendes que 2+2 son 4 pero no sabes sumar, sino que simplemente lo has memorizado por repetición. En este sentido, nosotros hemos hecho esa evaluación en los datos de reanálisis pero no en escenarios de predicción. En cualquier caso, en el reanálisis no solo se utilizan datos observados sino también modelos físicos, que es la aproximación clásica para predecir el tiempo a través de algoritmos. 

De vuelta a su posible aplicación, ¿podría poner un ejemplo práctico de su uso?

En este modelo se ha pasado de la resolución del ERA5 -un cuadro de 25 kilómetros de lado o 625 kilómetros cuadrados- a un cuadro de 5 kilómetros de lado. En un evento extremo de lluvia vamos a ver una evaluación de impactos mucho más local que serviría para mejorar la planificación urbanística. El Ayuntamiento de cualquier ciudad puede ver cómo esa tormenta ha incidido en áreas concretas y adaptar el diseño del alcantarillado, por ejemplo. Otro claro ejemplo de empresas que pueden encontrar una aplicación práctica son las aseguradoras. De hecho, los datos de reanálisis son la fuente más fiable y más importante utilizada en este ámbito.

¿Cómo detectan que existe esta necesidad? ¿Por qué deciden implementar este modelo?

Tenemos mucha experiencia en el sector del clima y meteorología y sabíamos de la necesidad de un análisis de alta resolución porque el único que hay a nivel europeo llega hasta 2021 y no se actualiza porque tiene un alto costo computacional.

 ¿Y ahí es donde entra el apoyo del Instituto de Física de Cantabria?

Los datos climáticos de ERA5 y CERRA provienen del Centro Europeo de Meteorología, son globales y gratuitos. Además de contar con la colaboración del investigador del IFCA Javier Díaz, hemos trabajado dentro del proyecto europeo AI4EOSC, una plataforma para el desarrollo de modelos y aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), Aprendizaje Automático (ML) y Aprendizaje Profundo (DL) para la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC por sus siglas en inglés).

El modelo, que está a disposición de los usuarios en la plataforma Hugging face, está entrenado para la variable temperatura en el Mediterráneo. ¿Por qué han elegido esta área geográfica para la primera prueba?

Hemos desarrollado el proyecto como parte del programa Code For Earth del Centro Europeo de Meteorología (ECMWF) y nuestra tarea era aplicar estas tecnologías punteras al ámbito de la meteorología. Empezamos con toda Europa, pero era muy exigente así que nos limitamos a una zona que contuviera todos los retos geográficos: la costa mediterránea, las Islas Baleares, los Pirineos y la cordillera Cantábrica. Tenemos montaña, mar y costa.  

¿Cuánto tiempo puede llevar adaptar el sistema a otra zona y otra variable meteorológica?

La última fase de aprendizaje puede llevar un par de días, pero antes hay un proceso iterativo donde entrenas y validas. Nosotros hemos tardado unos seis meses. Es cierto que la temperatura es una variable muy estable, pero para la precipitación, por ejemplo, sería necesario tocar algo más porque no tendría sentido que la IA encuentre un punto en el mapa donde sea menor que cero.   

¿Cómo empresa, qué monetización tiene este proyecto?

Estamos trabajando ahora en un modelo que se pueda ejecutar en un dominio variable, más grande, y esto lo aplicaremos de manera interna a otros productos que ofrecemos a las empresas.

¿Qué opinión tiene sobre el debate en torno al desarrollo de las IA en general?

En la actualidad las IA están lejos de tomar conciencia. En este momento es difícil evaluar hasta qué punto están aprendiendo relaciones o solo memorizando datos. Hay muchos debates que tienen que ser evaluados a fondo. No sabemos muy bien cómo funcionan aún. Es cierto que si los datos con los que las alimentan tienen un sesgo machista o racista, la IA puede ser racista o machista, pero no es tan fácil definirla así. En principio, estas redes neuronales replican la manera en la que los humanos aprendemos: cuando un alumno hace un examen, establece unas predicciones y el examinador califica las respuestas, las predicciones. Donde la IA haya puesto una temperatura cercana a la real, se le pone una nota alta, por seguir con el mismo ejemplo, y donde se haya equivocado, una baja. Su objetivo es sacar un diez y así va cambiando las respuestas erróneas sin modificar el resto. Es como explicarle a un niño qué es un gato o qué es un perro o enseñarle muchas fotos de gatos y perros y que él aprenda las diferencias. 

Seis años. Es lo que ha tardado en quemarse. Un burnout de manual. El síndrome de desgaste profesional afecta incluso a la libertad de expresión y, mientras no tenga asegurada su salida del Sistema Nacional de Salud, prefiere mantener el anonimato “porque esto es un pueblo, ya sabes”, justifica. Lucía tiene 28 años y es una de tantas enfermeras y enfermeros -a los que se suman también algunos médicos y médicas- que han tomado cartas en el asunto: no solo desean abandonar la profesión sino que han comenzado a buscar una escapatoria. En su caso es la docencia y no es la única que ha elegido esta opción.

“El año pasado en el Máster en Formación del Profesorado de Secundaria de la Universidad de Cantabria había otros siete sanitarios: seis enfermeras y un médico”, asegura Lucía. “Es más, intenté hacerlo a distancia y a las universidades que llamé me dijeron que tenía que esperar a la siguiente edición porque ya no quedaban plazas para sanitarios por la demanda que existe”. Hay otras compañeras que “deciden buscar un hueco en las mutuas, en la investigación o incluso en ámbitos que nada tienen que ver con la profesión”, afirma.

Lucía habla de “desbandada” y la Radiografía de la situación profesional y emocional de la profesión enfermera, presentada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España en febrero de 2022, ofrecía un dato “estremecedor”: el 46,5% de los participantes en esta encuesta nacional había pensado “en algún momento” en dejar el sector: “Una profesión a punto de tirar la toalla”, rezaba el informe en un destacado. La muestra presentaba además la valoración de los trabajadores sobre las condiciones de la profesión de 0 (muy mal) a 10 (muy bien): estabilidad, turnos, días libres, salario, carga de trabajo, conciliación, reconocimiento de la carrera profesional y desarrollo de especialidades. Ninguno de los aspectos evaluados llegaba al aprobado.

“Es un fracaso en toda regla de las administraciones, de los sindicatos y del sector en general. El personal de enfermería en España está muy formado y es una joya de la sanidad pero cada vez vemos más profesionales que deciden orientar su vida laboral a algo totalmente distinto”, constata Pablo Díaz de Rivavelarde, responsable de Acción Sindical de la Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI). La reducción de la temporalidad -extrema en el caso de los profesionales que inician su trayectoria laboral- y el reconocimiento de categoría continúan siendo las principales reivindicaciones de los sindicatos y colegios oficiales de Enfermería.  

Es un fracaso en toda regla de las administraciones, los sindicatos y el sector sanitario en general

Pablo Díaz de Rivavelarde — Responsable de Acción Sindical de ATI

“La gente se sorprende de que estemos buscando una salida porque siempre tenemos trabajo. Sí, ¿pero a qué precio? Es imposible conciliar. Yo no tengo familia pero tampoco podría. Tenemos que estar pendientes del teléfono en cualquier momento. Nos pueden llamar por la mañana para cubrir una baja por la tarde incluso después de haber hecho una guardia el día anterior. Si en una semana hay un festivo un miércoles, por ejemplo, nos hacen un contrato por dos días, nos dan de baja, y nos vuelven a contratar el jueves para un día o dos”, lamenta Lucía. En su opinión, la reforma del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud para reducir el exceso de temporalidad, aprobada en julio de 2022, ha afectado de forma negativa a los eventuales.  

“Una de las herramientas que se utilizaba en Cantabria, acordada en la mesa sectorial con la Consejería de Sanidad, eran los nombramientos de continuidad, que era un eventual muy estable en el tiempo, con contratos de una duración de un año con la particularidad de que el desempeño se realizada en distintos centros de salud de una misma área”, detalla Díaz de Rivavelarde. La reforma del Estatuto Marco limita esta posibilidad y “obliga a que se hagan interinos, lo que conlleva una serie de requisitos, entre ellos, que el trabajador esté ubicado en un solo centro de salud, lo que hace que ya no se cubra la necesidad de sustituciones de la Administración”.

En resumen, abrevia el secretario de Acción Sindical de ATI, “la modificación pretendía promover la estabilidad pero ha provocado un efecto rebote porque los nombramientos de continuidad que eran necesarios no se han reconvertido en interinidades”. El resultado es que “el profesional tiene la sensación de estar de guardia localizada de forma permanente, con llamadas de teléfono en horario libre para cubrir ausencias de compañeros por el déficit de profesionales. Esa inestabilidad supone un desgaste brutal”, concreta Díaz de Rivavelarde.

Ana Samperio, secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería SATSE en Cantabria corrobora el aumento del número de profesionales que abandonan la profesión o emigran -“hasta 10.000 enfermeras en la última década han salido de España”, apunta- “y los que nos quedamos estamos cada vez más quemados y tenemos una edad más alta. Nos enfrentamos a una fuerza laboral envejecida que sobrevive y tira como puede”.

Hasta 10.000 enfermeras en la última década han salido de España y los que nos quedamos estamos cada vez más quemados y tenemos una edad más alta. Nos enfrentamos a una fuerza laboral envejecida que sobrevive y tira como puede

Ana Samperio — Secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería SATSE en Cantabria

Samperio, que acaba de participar en una audiencia pública en el Parlamento Europeo -impulsada por este sindicato y celebrada el pasado 23 de enero- sobre los problemas y reivindicaciones de enfermeras y fisioterapeutas, subraya que “la alta temporalidad, la inestabilidad, la falta de reconocimiento, las retribuciones por debajo de la formación que tenemos, una conciliación familiar y laboral prácticamente imposible… Todo ello induce al desánimo y el desgaste”.

En cuanto a sus demandas concretas para los profesionales cántabros, la secretaria autonómica de SATSE apunta la necesidad de “buscar el encaje legal y oportuno para poder ampliar las contrataciones estables de tres años para todas las especialidades de Enfermería, que son escasas, como se va a hacer para los médicos de familia, según ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual”. Respecto a la gestión del nuevo responsable del área, Samperio lamenta que “la sensación que transmite cuando hace declaraciones públicas es que solo faltan médicos. No, faltan enfermeras y enfermeras especialistas. Si todas las enfermeras decidimos no hacer 'peonadas' no funciona ni un quirófano y no se reducen las listas de espera”, sentencia.

El reconocimiento de la categoría es el primer paso para que se valore la profesión y se respeten nuestros derechos

Lucía — Enfermera eventual en Atención Primaria

De vuelta a la situación de las enfermeras eventuales en Atención Primaria, Lucía recuerda que en ocasiones ha cubierto las asistencias domiciliarias de hasta tres o cuatro compañeros, llegando a visitar en un día “siete u ocho domicilios” y, aunque reconoce que fue “algo puntual”, la situación pone de manifiesto la escasez de profesionales que existe. 

La saturación del sistema es evidente también en los centros de salud del litoral cántabro, por ejemplo, muy afectados por el turismo masivo. “Hay municipios, como Laredo, Castro Urdiales o Noja, que en los meses de verano multiplican su población pero el personal sanitario sigue siendo el mismo que el resto del año. O incluso menos. Yo he visto cómo se han reducido las horas de ambulancia, por ejemplo. ¿Qué hago si tengo que atender una parada, voy con mi coche? La Administración conoce de sobra estos problemas pero no toma medidas”, incide.  

El reconocimiento de la categoría profesional puede parecer la punta del iceberg en este mar de adversidades laborales pero es capital. “Por favor, no nos llames ateeses en el artículo -Auxiliar Técnico Sanitario (ATS), una figura desfasada-”, casi implora Lucía en su nombre y el de sus compañeros. “La profesión se ha desarrollado y el uso de este término, que algunos utilizan aún en el día a día, implica un desconocimiento y cierto desprecio, aunque sea por ignorancia. El reconocimiento es el primer paso para que se valore la profesión y a partir de ahí se respeten nuestros derechos”, concluye. 

“Transversalidad, cooperación y humanización”. Jesús Artal Simón, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) de Santander, repite estos conceptos como un mantra mientras describe la “complicada” situación en la que se encuentra el área después de los estragos de la pandemia. Los problemas en salud mental aumentan a un ritmo exponencial mientras los recursos llegan con cuentagotas. El tiempo de las listas de espera aumenta y, a corto plazo, las 'peonadas' aparecen como la única solución, en su opinión, para atender a la ciudadanía. Y, a pesar de todo, su departamento ha conseguido poner sobre la mesa varios programas y un puñado de iniciativas transgresoras que parecen indicar el camino a seguir.  

El Servicio de Psiquiatría va a poner en marcha en el Hospital Valdecilla varios proyectos innovadores de cara a 2024. ¿Cuál es el objetivo de estas iniciativas?

Estamos en una época, a raíz de la pandemia, en la que se han disparado todas las cifras de demanda y de gravedad. Además, hay problemas para contratar profesionales porque España y el resto de países han comenzado a reforzar equipos. En este contexto tan complicado nosotros venimos apostando por apoyar los tratamientos psicológicos clásicos y necesarios con lo que podríamos llamar programas de humanización. El concepto de humanización es tan amplio como queramos e incluso es un poco absurdo, es casi un pleonasmo, porque la medicina y la psiquiatría deberían estar ya humanizadas. Lo que está claro es que solo con los recursos sanitarios no vamos a salir del hoyo, hace falta que colabore toda la sociedad, coordinarse con otros departamentos, con Educación, Servicios Sociales, Cultura o Industria. Y tirar de la sociedad, de las asociaciones, incluso de las empresas y las fundaciones, porque si lo dejamos todo al sistema sanitario… Si no ha explotado ya, está a punto de explotar.

¿Qué secuelas de la pandemia arrastra el sistema?

La sociedad en general todavía no está recuperada. Atención Primaria, que es una puerta fundamental para Salud Mental, y nosotros, los profesionales, tampoco. Respecto a los pacientes, antes de la pandemia, venía habiendo un aumento de las patologías en la población infantojuvenil y en salud mental las facturas no se pagan al contado, se pagan a 30, 60 y 90. La sociedad está pasando por una crisis que la pandemia puso de manifiesto. La gente joven ha pasado por transformaciones culturales, aislamiento, refugio en los móviles o cambios en la forma de relacionarse en una época de su vida donde el otro, el igual, es fundamental… y todavía están intentando centrarse. Por otra parte, hubo pacientes con patologías graves que dejaron de venir a las consultas por miedo y esa patología que no se atendió se ha agravado.    

¿Qué medidas son necesarias para hacer frente a esta problemática? 

Ahora convendría reforzar los equipos, claro.  Nosotros hemos tenido muchos problemas para encontrar, por ejemplo, psiquiatras infantiles. La especialidad es muy reciente, hay pocos profesionales y se han creado plazas por todas partes, no muchas tampoco, pero suficientes para dar trabajo a todos los profesionales del área y además dejar huecos. Antes había una lista de gente que hacía sustituciones pero ahora están en puestos casi fijos, lo que sería una interinidad, y no les interesa cubrir una baja. Hace casi un año un compañero se puso bastante enfermo. No ha sido posible cubrir esa plaza hasta que se jubiló y lo hemos hecho como hemos podido, con psiquiatras que no tienen la especialidad en infantil pero sí formación en el área. No obstante, lo lógico es que la ocupe un especialista. Hemos tenido esos problemas y muchos más porque cada vez se están pidiendo más reducciones de jornada y más permisos sin sueldo. El colectivo sanitario ha sufrido mucho y hay que reconocerlo.

¿Cuáles serían las necesidades del Servicio de Psiquiatría en concreto?

Mira, ya que estamos casi en Reyes yo voy a escribir la carta. Para afrontar los próximos años y cubrir no solo infantil, que es una prioridad, sino también psicogeriatría, que es muy importante, es necesario proponer una ampliación de plantilla en psiquiatría y psicología clínica. El programa de atención a las personas mayores en residencias o el de atención al suicidio los estamos realizando sin nuevos recursos. Como mínimo necesitaríamos cinco profesionales y con eso podríamos bajar la lista de espera pero eso no nos va a llegar el año que viene porque ahora mismo tenemos todas las vacantes cubiertas con un índice muy bajo de temporalidad. Primero, hay que aprobar la ampliación de plantilla y luego hay que buscar a los profesionales: Santander es una ciudad atractiva para una cierta edad y Valdecilla tiene prestigio, pero las plazas que se oferten tienen que serlo también y como mínimo hay que ofrecer estabilidad.   

¿Qué tiempos manejan en la actualidad en las listas de espera?

Durante muchos años en salud mental nos hemos movido en plazos razonables, en psicología clínica, dos meses; en psiquiatría dos o tres semanas, a veces menos… No era lo ideal pero íbamos tirando. Ahora, en psicología, estamos en cinco o seis meses y eso es lo que duele, es insoportable. En infantojuvenil hay más de un centenar de pacientes sin fecha todavía y estamos citando para mayo.

Llevamos años intentando coordinarnos con Atención Primaria para que puedan tratar los casos más leves sin derivarlos pero no es fácil

Y a corto plazo, ¿cuál es la estrategia?

Trabajar más. Y no porque trabajemos poco, pero es que si no ofrecemos programas de tarde no sé cómo se va a controlar esto. Estamos en disposición, ahora a la vuelta de Navidad, de que nos autoricen a hacer las famosas 'peonadas' -aunque no me gusta mucho el término- que no se han hecho nunca antes en salud mental. Es la solución más rápida. Por otra parte, siempre se ha dicho que trabajar de otra manera con Atención Primaria puede ser la clave, pero es difícil. Llevamos años intentando coordinarnos para que puedan tratar casos menos graves sin derivar, pero faltan profesionales. Hay que seguir dotando plazas de psicología y ver qué papel van a jugar estos profesionales para tratar los casos más comunes de ansiedad, depresión leve y moderada, trastornos de angustia o trastornos obsesivos más débiles sin salir de atención primaria, con el médico de familia y nuestro apoyo a través de videoconferencias, por ejemplo. Hablábamos antes de la transversalidad pero también hay un problema de coordinación, una habilidad que parece que no está en nuestros genes.

¿Hay además un problema de falta de inversión por parte del Gobierno en Cantabria?

En España en general hay menos psiquiatras, psicólogos y enfermeras o enfermeros que en el resto de Europa. A nivel nacional hay comunidades mejor situadas como Cataluña, Navarra, País Vasco o Asturias. Y Cantabria está ahí peleando a la altura de Castilla-La Mancha o Castilla y León. Aún así, el servicio de psiquiatría de Valdecilla está siendo reconocido. Desde que yo llegué al servicio hace casi diez años la inversión ha crecido mucho, hay más psiquiatras –cuatro o cinco más– y psicólogos clínicos –hemos pasado de menos de 20 a 25–. No es el crecimiento deseado, alguien puede decir que es insuficiente, pero es importante.  

Entre las propuestas de mejora de la atención a través de nuevas tecnologías que ya estaban en marcha encontramos la aplicación móvil de acompañamiento a pacientes con conductas suicidas. ¿Qué resultado ha tenido desde que está en funcionamiento?

El programa CARS (Programa de Alta Resolución para el Manejo de la Conducta Suicida y Prevención del Suicidio), que consiste en una atención inmediata e intensiva tanto humana como tecnológica, a través de esta aplicación móvil de seguimiento con una Inteligencia Artificial, funciona muy bien. Desde 2016 ha habido tres suicidios, la gente ha vuelto a ingresar la mitad de las veces y ha venido menos a urgencias porque si atiendes a la gente rápido y bien, consigues buenos resultados. La mala noticia es que se han incrementado los suicidios en Cantabria.

Nosotros no tenemos que poner en marcha el plan de prevención del suicidio. Nosotros tenemos que participar

Las cifras van en aumento año tras año: 46 en 2020; 50 en 2021; 61 el año pasado... ¿Qué está fallando?

El programa funciona, pero está dirigido a un grupo de personas muy concreto: las que ya han hecho un intento y han venido a Urgencias por ese motivo o por su gravedad. Lo que estamos viendo es que durante la pandemia, y después, la mayoría de los suicidios son de personas que no han iniciado el recorrido médico, que no han entrado en el sistema. Y no tenemos un plan real de prevención del suicidio en Cantabria, a nivel nacional está sobre el papel y algunas comunidades han desarrollado líneas. Nos falta prevención y nos falta educación. Estamos viendo impotentes este aumento. Tenemos un Plan de Salud Mental que dice que hay que ponerse a ello, pues venga, pero ¿quién tiene que ponerlo en marcha? Nosotros, no. Nosotros tenemos que participar.

¿Quién debe tomar la iniciativa entonces?

Tiene que venir de varias consejerías: se tienen que sentar Sanidad, Educación, Servicios Sociales y también la policía, por ejemplo. Estoy seguro de que se hará pero no sé por qué cuesta tanto.

¿El problema está en la necesidad de poner de acuerdo a las distintas administraciones?

Sí. Nos apoyamos entre los compañeros más entusiastas, los que se quieren meter en guerras sin muchos recursos, pero es complicado. Y cuando hablas con ellos todos están dispuestos pero, como te digo, cuesta. La transversalidad es el gran reto. Ahora por ejemplo tenemos un convenio con Educación para desarrollar el programa asistencial aula terapéutica, orientado a niños y niñas que no están tan graves como para ser hospitalizados y que siguen acudiendo al colegio. Cuenta con la participación de un psicólogo clínico, una enfermera a tiempo parcial y un psiquiatra cuando es necesario para ofrecer apoyo clínico a los chicos y chicas.  

Los móviles proporcionan un alejamiento de la víctima que aumenta la crueldad

¿Qué impacto está teniendo en las patologías de los más jóvenes el uso o abuso de las nuevas tecnologías? 

Desde hace muchos años hay estudios que confirman que si no vemos a nuestra víctima somos más crueles. Los móviles proporcionan ese alejamiento. La tecnología mal utilizada aumenta esa crueldad y provoca lesiones emocionales en las víctimas. Ese trauma, en momentos críticos de su desarrollo, puede generar secuelas que desembocan incluso en patologías graves cuando hay una predisposición genética, por ejemplo a la esquizofrenia o trastorno bipolar. Lo estamos viendo y sí que estamos preocupados pero la clave es que nosotros estamos al final del camino. Tenemos que ir a la prevención y ahí está la labor de los gobiernos y el ámbito de la educación donde ahora se está planteando el debate sobre su prohibición o no en ámbitos escolares, por ejemplo.  

El programa Depresión Difícil de Tratar ha sido una de las últimas iniciativas del Servicio de Psiquiatría, ¿en qué consiste y qué primer balance hace del mismo? 

Sabemos que hay un porcentaje, entre el 20 y el 30 por ciento de pacientes, que a pesar de utilizar los tratamientos que tenemos y hacer programas de terapia no responden. Eso nos obliga a utilizar tratamientos más complejos y ahora hay novedades terapéuticas con medicamentos basados en estimulantes y alucinógenos. Nosotros utilizamos la esketamina, por ejemplo, con un uso compasivo, que se llama, y los resultados han sido muy buenos. El tiempo es fundamental en la depresión porque cuanto más se tarde en acertar con el tratamiento mayor es el riesgo de cronicidad, secuelas y conducta suicida. 

Desde hace años ha habido críticas sobre la excesiva medicalización de la salud mental, ¿la intención es eliminar esa idea de que con una pastilla se solucionan los problemas?

Nunca hemos pensado que con una pastilla se solucione todo. Llevo muchos años y sé dónde llegan y dónde no. En muchas ocasiones, quizá más de la cuenta y sobre todo con los ansiolíticos, usamos pastillas cuando deberíamos hacer otras cosas. No solo la psicoterapia, que también tiene sus limitaciones y que es carísima, porque lo que menos tiene el sistema sanitario en la actualidad es tiempo. La medicación no es suficiente pero es barata y la utilizamos mucho porque no hemos desarrollado otras estrategias que pasan por apoyarse en toda la sociedad, en las comunidades, en las empresas, en los familiares… Ese es el sentido que yo le doy a la humanización y en ese ámbito llevamos un tiempo poniendo en marcha varias iniciativas. 

Entre ellas el Coro HUMV…

Sí, a mis pacientes depresivos yo les animo a cantar. Lo más lanzado y para mí lo más novedoso es que les digo que vengan a cantar pero conmigo. Y ya sé que un médico no puede estar todo el día con sus pacientes, que tiene que cuidar su vida personal pero hay que involucrarse. Las iniciativas que estamos poniendo en marcha tienen que ver con nuestra historia y nuestras propias preferencias. A mí durante mucho tiempo me ha interesado el impacto de la música, del canto, en la salud. Hay mucha literatura y además he tenido la suerte además de encontrar personas en mi camino como Vicente Pelechano, director de la Banda Municipal de Santander y de la Orquesta Joven de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) o el tenor José Manuel Zapata que en los últimos tiempos se ha dedicado a difundir, a educar, a convencer a la gente de lo importante que es cantar.

… y la Orquesta Virtual.

Este fin de semana hay un concierto en el Palacio de Festivales en homenaje a Nino Bravo, dirigido por Vicente Lechano, y precisamente vamos a hacer la primera prueba con las cámaras 360. El proyecto consiste en escoger una serie de piezas para proporcionar una experiencia inmersiva a través de realidad virtual, donde el paciente se pueda acercar a las distintas secciones de la orquesta y tenga además acceso a una serie de píldoras informativas sobre cultura musical y también de tipo sanitario. El proyecto incluye además una partida para hacer una pequeña investigación sobre los efectos de esta iniciativa en los pacientes.   

El Cabildo de Arriba es la zona cero del planeamiento urbanístico de Santander, un “agujero negro” frente al Ayuntamiento de la capital cántabra. Desde la Cuesta del Hospital se ve pasar a los alcaldes del Partido Popular que, durante los últimos treinta años, han ocupado su despacho en el edificio del Consistorio sin mover un dedo para evitar la decadencia de un barrio que podían ver desde su ventana. A cámara rápida desfilan Manuel Huerta, Gonzalo Piñeiro, Íñigo de la Serna, César Díaz -fugaz y provisional sustituto en el cargo, concejal de Urbanismo desde 2007 y ahora presidente de la Autoridad Portuaria- y Gema Igual mientras avanza la degradación de los inmuebles que forman -o formaban- el núcleo duro: las calles Limón, Garmendia, San Pedro, Cuesta del Hospital, Ruamayor, Ruamenor y la parte colindante de la calle Alta.  

El tiempo se detiene un segundo el 8 de diciembre de 2007: el número 14 de la Cuesta del Hospital se viene abajo y provoca la muerte de Gumersinda Colmenero, su hijo, Jesús Manuel Gómez Colmenero, y un amigo de la familia, Raúl Teodoro Monzón. Las obras de reforma del número 12 aceleraron el derrumbe del 14 que llevó en efecto dominó al desalojo del 16 y el 18. La tragedia avivó la asociación vecinal y llevó a la creación de una Comisión Mixta. Una década después, el movimiento ciudadano languidecía bajo la burocracia y la falta de decisión de la Administración pública mientras se sucedían las reuniones de una Comisión Mixta que, tras una veintena de encuentros en 16 años, a día de hoy, por hache o por be, no ha sido capaz de impulsar un plan global para el área en cuestión.

No obstante, la combustión lenta e interna de uno de los pocos barrios históricos que se salvó del incendio de 1941 podría estar llegando a su fin. El proceso de expulsión de sus habitantes originales ha finalizado dando paso a un 'no lugar' donde ahora hay más solares y tapias coloreadas con grafitis que viviendas. Toda la manzana huele a gentrificación. “El Cabildo es un ejemplo paradigmático de cómo la especulación urbanística y la cultura del pelotazo están impidiendo que Santander avance en un urbanismo, complejo y regenerativo, que dé lugar a una ciudad compacta”, explica el concejal de Izquierda Unida, Keruin P. Martínez. “El barrio está abandonado, no solo paralizado en el tiempo, sino cada vez más deteriorado. Apenas quedan vecinos en la zona y esta parálisis viene de la acumulación y especulación desalmada de los inmuebles”.

El Grupo Empresarial Anjoca confirmó hace un par de semanas a elDiario.es Cantabria su posicionamiento en la zona y avanzó próximos “movimientos” de la Administración. Días después, el Ayuntamiento de Santander se limitó a anunciar una reunión de la Comisión Mixta en enero, sin fecha concreta, y dejó en el aire las preguntas relativas a los planes de compra de vivienda incluidos en el presupuesto municipal recién aprobado, el desarrollo de una ordenanza de solares que permitiría empezar a actuar en el área mientras llega el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la situación del proyecto de construcción del albergue de peregrinos en la calle Limón.  

“Nuestra política actual pasa por esperar”, apuntó Anjoca S.L., “al estar el Plan General anulado y tener el Ayuntamiento un nuevo concejal de área”. Agustín Navarro Morante, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, tomó posesión del cargo a principios de octubre. Así, la iniciativa privada permanece agazapada mientras la Administración se vuelve a situar para mover ficha. La cuestión es que más allá de actuaciones paralelas que rozan el área más afectada sin entrar en ella -el ascensor que une Jesús de Monasterio con el Cabildo, la regeneración del parque Juan José Ruano, la promoción de las VPO de Tabacalera o la rehabilitación puntual de viales- la única política conocida del Consistorio en la zona es la compra de viviendas.

La pregunta del millón es si el objetivo de la adquisición de cuatro pisos en los números 9 y el 13 de la calle Alta o la partida de 600.000 euros incluida en los presupuestos de 2024 para la compra de más inmuebles es ampliar la propiedad pública en alguno de los solares para iniciar una actuación urbanística y hasta qué punto intervendrá la iniciativa privada.

El interés del Ayuntamiento es tener opciones de suelo en la manzana de la calle Alta

Javier González de Riancho — Concejal del PSOE

En opinión de Javier González de Riancho, arquitecto, urbanista y concejal del PSOE, la finalidad de estos movimientos es “un ejercicio de propaganda para vender que el Ayuntamiento está haciendo algo porque esas viviendas -las adquiridas en 2023- no se van a poner a disposición de nadie nunca jamás”. “En realidad, lo que está comprando el Consistorio son opciones de suelo dentro de esa manzana formada por el 9, 11, 13, 15 y 17. Su interés es tener controlada parte de la propiedad, pero no sé cuál es su intención”, concluye el edil de la oposición. 

Iniciativa privada

De hecho, ya en septiembre de 2013, “una iniciativa privada” -según recoge el resumen de la reunión de la Comisión Mixta de octubre de 2022- mostró “interés en desarrollar la manzana correspondiente a los números 7 a 17 de la calle Alta, se reunió con los vecinos y realizó un anteproyecto” que se presentó en el Ayuntamiento, junto a un estudio detalle del área, en febrero de 2015. 

En octubre de ese año, “la Junta de Gobierno local aprobó la delimitación de espacios definidos por los Ámbitos de Actuación Unitaria 1 y 2 del del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabildo de Arriba -que abarcaba un ámbito de unos 52.000 metros cuadrados de superficie y cuya redacción se había contratado en marzo de 2008- y declaró la necesidad de actuación integrada, paso necesario para la tramitación de las ayudas”. Acto seguido dio luz verde al estudio de detalle. Pero el PEPRI, que había sido aprobado de forma inicial en 2010 y estaba vinculado al PGOU de 2012, quedó anulado cuando el Tribunal Supremo tumbó el segundo a finales de 2016. 

Eduardo Fernández-Abascal considera que es necesario “un plan específico para rehabilitar las viviendas que siguen en pie y algún sistema para obligar a los propietarios de los solares que no construyan a poner esos terrenos en el mercado”. El arquitecto, junto a Floren Muruzábal y el estudio GFA2, fundado por sus hijos Gabriel Fernández-Abascal y Guillermo Fernández-Abascal, ganó el concurso de ideas para el albergue de peregrinos proyectado en el número 7 de la calle Limón y sobre cuya construcción, que pasa por la previa demolición del edificio, aún no hay noticias. 

“El plan general va a tardar otros ocho o diez años y estos barrios no pueden esperar una década, tiene que haber intervenciones puntuales y directas. Solo hay que tener unos criterios generales y ver qué se puede hacer con el planeamiento viejo y qué modificaciones hay que proponer”, asegura Fernández-Abascal. En realidad, ambas opciones, hache y be, ya han estado sobre la mesa. La más reciente, la ordenanza de solares, una propuesta de IU-Podemos que contó con el apoyo de PRC y PSOE, pero terminó siendo modelada por el propio PP, de nuevo con mayoría absoluta en esta legislatura, que con una transaccional consiguió supeditar su redacción a ese futuro PGOU.  

El Grupo Mixto, formado ahora por el concejal Keruin P. Martínez, logró arrancar un compromiso para hacer “el registro de solares” y que esos datos se puedan utilizar “en la elaboración de la futura ordenanza”. La alternativa “era la nada”, subrayan desde IU-Podemos. El problema es que la realización de este registro depende al completo de la voluntad del equipo de Gobierno municipal y carece de fecha de ejecución.

El representante del PRC, Felipe Piña, afirma que al portavoz del Grupo Mixto “le hicieron ahí una chapuza tremenda, en vivo y en directo, porque lo que podía tardar seis meses, que era un periodo coherente, ahora puede ser infinito”. Piña considera además que la situación de El Cabildo, “tras 20 años con escasos avances”, es un “despropósito”.

No obstante, fue su propio grupo municipal el que, poco más de un año antes, en agosto de 2022, aún en la anterior legislatura, votó en contra de la modificación del PGOU en vigor -el de 1997- que proponía Ciudadanos, entonces al frente de la Concejalía de Urbanismo, para facilitar las actuaciones en el área. El PP se abstuvo y aquella modificación, que había surgido en el seno de la Comisión Mixta y que contaba con el informe a favor del arquitecto municipal, murió ahí para escenificar la enésima discordia entre PP y Ciudadanos, socios entonces de Gobierno.  

Las zonas urbanas que han sido ‘barrios chinos’ provocan aversión en los promotores de viviendas y en los posibles compradores

Eduardo Fernández-Abascal — Arquitecto

En opinión del arquitecto Jacobo García-Germán, quien dirigió hace ya cinco años un taller centrado en El Cabildo de Arriba dentro de la Escuela de Verano de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), “la solución sería programar actividades diversas por parte de las instituciones para que la zona se llene de gente. No se trata de ceder pisos a gente sin recursos, por ejemplo, sino de hacer viviendas nuevas que estén en el mercado y que atraigan población”.   

Un objetivo complejo, ya que las zonas urbanas que de forma tradicional han degenerado en “barrios chinos” provocan “aversión” tanto en los promotores de vivienda como en los posibles compradores, constata Fernández-Abascal. El futuro de El Cabildo, que condensa “la esencia” de la ciudad, desgajada a la fuerza del centro más ortodoxo “por las calles Lealtad e Isabel II” y convertida en una “isla gris a 150 metros del Ayuntamiento de Santander”, pasa por “mejorar la accesibilidad”, proponer “equipamientos que atraigan actividad y movimiento desde otras áreas de la ciudad” y promocionar viviendas “para estudiantes o cooperativas” que permitan “densificar” la zona, resume el arquitecto.   

Entre tanto, y a la espera de las conclusiones que alcance la próxima Comisión Mixta, El Cabildo sigue siendo ese “agujero negro” que impresionó en su día a García-Germán. “Había bares abiertos a las diez de la mañana, prostitución, drogas… en cuatro calles, porque aquello es muy pequeño. Nos quedamos en shock”, recuerda. “Me dio la sensación de que a las pobres almas en pena que aún vivían en la zona les quedaba muy poco tiempo de estar allí. Y además vimos la típica situación que también se daba en Bilbao hace treinta años: dos coches de la policía y unos tipos trapicheando al lado sin que nadie hiciera nada. Nos dio bastante pena”, describe. “Es una situación inédita para Santander, una ciudad que tiene una imagen tan perfecta, ¿no?”.

El diagnóstico tardío, el paternalismo, el capacitismo, el machismo, la racialización, la transfobia, el acoso escolar, la falta de representación, el enmascaramiento, el déficit de atención, la hiperactividad, las altas capacidades, la ansiedad, la depresión o la conducta suicida. Cuando los neurotípicos empiezan a sentirse incómodos, las personas con trastorno del espectro autista (TEA) ya vienen de vuelta.

“La sociedad está patas arriba no solo para las personas autistas, sino para todo el mundo. Yo no quiero que me regalen nada, lo que necesito es tener las herramientas para hacerme un hueco en este contexto y sobrevivir el día a día”, afirma Alejandro Muñoz, presidente de Aurum, una asociación de reciente creación –aún pendiente de aparecer en el registro– cuya constitución ha llevado tiempo porque, más allá de la burocracia, “ponernos de acuerdo entre nosotros no es nada fácil”, ironiza.

“Tengo 31 años y me diagnosticaron autismo de grado 1 hace unos meses”, cuenta Muñoz. “Los casos de segundo y tercer grado son más notorios, tienen más apoyos. Los autistas de primer grado somos los invisibles”. Hace años se independizó y tiene “una vida autónoma”, pero las ha pasado “canutas”, reconoce. “Incluso en mi entorno se me negaba la condición con un: ‘Es que tú siempre has sido tímido, introvertido, un poco antisocial’. Cuando era adolescente me hicieron bullying. Siempre estuve muy solo. Marginado, esa es la palabra”, relata. “Cuando me independicé con mi novia fue genial, pero al trabajar por cuenta ajena había cosas que no comprendía y me agobiaba muchísimo”.

El presidente de Aurum recuerda que en la oficina tenía un compañero “muy intenso”. Sentía que estaba muy encima de mí y tenía que ser todo a su manera, estaba enfadado todo el tiempo y yo muchas veces terminaba en el baño llorando de la ansiedad. Terminé con una depresión que casi acaba en suicidio“. Muñoz es programador informático, uno de esos trabajos que, con suerte, consiguen los autistas ”que terminan sus estudios“, incide la formadora y miembro de la junta directiva de Plena Inclusión, Cristina Paredero, ”por aquello de que no nos gusta socializar. Y eso los que tienen suerte porque, en general, solo se nos ofrecen trabajos de baja cualificación: jardinero, pinche, carretillero. ¿Por qué no hay personas autistas al frente de las asociaciones que nos representan?“.  

Cuando era adolescente me hicieron bullying. Siempre estuve muy solo. Marginado, esa es la palabra

Alejandro Muñoz — Presidente de la asociación Aurum

Muñoz consiguió superar la depresión y después, las “trabas burocráticas” para establecerse como autónomo. En la actualidad está dedicado a la creación y diseño de páginas web –su trabajo se puede ver en Diseño Web Santander–, pero aún así, “hay días, como hoy, que tengo un cliente que me machaca muchísimo y no sé ponerle límites. Me cuesta expresarme. Ese es uno de los problemas que tengo a la hora de llevar mi negocio. Eso y que tampoco termino de hacer valer mi trabajo. Cobro en función del tiempo que me lleva y a veces en una semana acabo el encargo que debería hacer en dos meses. Al final, regalo mis servicios así que están encantados conmigo”.

En la actualidad toma una medicación para el TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), una condición que suele aparecer unida al TEA y que a Muñoz le fue diagnosticada hace unos cinco años. “Es un derivado de las anfetaminas”, detalla, “y por una parte bien porque me ayuda a concentrarme, pero me altera muchísimo el pulso y por las mañanas voy como una moto”, explica. “El autista autónomo de Aurum: AU al cubo”, bromea él mismo.      

“Hay mucho mito y mucha desinformación. Hay que darse cuenta de que el espectro es muy amplio, muy variopinto. Estamos acostumbrados al autista de las películas: un genio que no habla con nadie y al que le molesta mucho el ruido”, continúa el programador. “Es cierto que hay genios, pero en general, como nos obsesionamos con algunos temas, somos buenos en eso, nada más”. Y es que, desde Rain Man hasta The Good Doctor, pasando por el Sheldon Cooper de Big Bang Theory, las representaciones de personas autistas en la ficción hacen más perjuicio que beneficio.

“Soy partidaria de combatir el fuego con fuego”, avanza Cristina Paredero, Premio Nacional de Juventud 2021: “¿Es una buena representación de las personas racializadas que cojan a una persona blanca y la pinten de negro? Pues es lo mismo, unos guionistas han buscado en Wikipedia qué es el autismo, han escogido los rasgos más estereotipados, los han exagerado al máximo ¿y lo damos por bueno? Eso lo que hace es destacar una parte ínfima del espectro, amplifica relaciones de poder tóxicas y traslada en general una imagen de víctima vulnerable. La realidad es que las personas con más necesidades de apoyo pueden sorprender de una manera inimaginable si uno las escucha tal como ellas se comunican”.

Paredero recibió también un diagnóstico tardío, “como casi cualquier mujer autista”, subraya. “Pasé por varios psicólogos y llevo toda mi vida haciendo masking y camuflaje social. Ser mujer, autista con TDAH y altas capacidades, hace que me sienta fuera de lugar en este mundo, pero todos queremos ser visibles”, explica la conferenciante. Paredero ha pasado de “marearse al salir a la pizarra” a ser ponente, formadora, activista, representante y referente de las personas con TEA en distintas organizaciones. Y no de forma “voluntaria”, sino como un trabajo “remunerado”.

El camino no fue sencillo: “He tenido que pasar por múltiples discriminaciones, por el capacitismo, por la ignorancia extrema sobre conceptos como liderazgo, participación inclusiva o representación”, explica Paredero. Cuando planteó la posibilidad de que su labor voluntaria como ponente en diversos actos y foros sobre el autismo se convirtiera en una labor profesional, la trabajadora social de la Asociación Asperger de Madrid a la que pidió consejo le dijo que ese trabajo “no existía”, que era “un sueño inalcanzable” y que nadie le iba a pagar “por hacer esas cosas”.

“Ese comentario me sentó bastante mal y me hirió profundamente, pero a lo largo de mi vida me he hecho fuerte a través de lo que la gente me ha dicho que no puedo hacer”, asegura la codirectora de la plataforma de representantes de Plena Inclusión, quien identifica “el asistencialismo” como uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con autismo o distintas capacidades.

“El asistencialismo es la creencia institucional de que las personas que necesitan apoyo, a las que hay que ayudar, son inferiores a ti y esto sigue estando muy presente en las personas neurotípicas que forman las asociaciones. Aparte se generan unas relaciones de poder bastante tóxicas donde quienes tienen el liderazgo ponen trabas a quien viene a reclamarlo: trabas administrativas, de accesibilidad, emocionales o psicológicas. Eso hace que la participación sea nula o escasa y nunca real del todo”, desarrolla Paredero.

El asistencialismo es la creencia institucional de que las personas que necesitan apoyo, a las que hay que ayudar, son inferiores a ti y esto sigue estando muy presente en las personas neurotípicas que forman las asociaciones

Cristina Paredero — Codirectora de la plataforma de representantes de Plena Inclusión

Jana Comadran, trabajadora social de la Associació Espectre Autista-Asperger de Catalunya, coincide en este análisis: “Incluso dentro de la propia comunidad hay muchas discusiones con algunas de las grandes confederaciones o entidades porque ahora las personas con autismo estamos intentando tener voz y decir cómo nos gustaría que fueran las cosas. A veces es como una lucha contra los profesionales, psicólogos o psiquiatras, y las grandes directivas de estas organizaciones”, explica.

“Prácticamente todas las entidades que existen han estado dirigidas por personas neurotípicas que hace diez, veinte años crearon estas asociaciones porque tenían un hijo o un familiar con autismo. Hace un par de años comenzaron a surgir las asambleas, como las de Madrid o Barcelona, que están autogestionadas por personas autistas”, prosigue la activista, que utiliza el apodo @NeuroIntensa en redes sociales, y cuyo objetivo es “reclamar recursos específicos” que no existen en la actualidad.

La experiencia de Comadran coincide con Paredero en el diagnóstico tardío. En su opinión, las mujeres con TEA parten “de la base del machismo, de los estereotipos, de que te tachen de intensa, exagerada o dramática y eso lleva a ocultar aún más las crisis”. En su caso se suma la racialización, ya que Comadran nació en Ecuador aunque llegó a España cuando era pequeña, y además es una persona trans. “Tuve trastorno de la conducta alimentaria y depresión. Llevo más de una década haciendo terapia y eso lo superé pero la ansiedad sigue estando ahí”, apunta. Al igual que tantas otras personas autistas, primero obtuvo el diagnóstico privado y después acudió a la sanidad pública, donde tuvo que realizar de nuevo las pruebas de detección.         

Jornada en Santander

Muñoz, Paredero y Comadran participan como ponentes en la jornada que organiza Aptacan (Asociación de Padres del Síndrome del Trastorno Espectro Autista y otros TGD –trastornos generalizados del desarrollo- en Cantabria) este fin de semana en el Palacio de La Magdalena en Santander. La iniciativa, que coincide con el vigésimo aniversario de la asociación, está centrada en el empleo y la vida adulta de las personas con TEA y cuenta además con la participación de Sara Codina, creadora del blog mujeryautista.com y autora del libro Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo.

“Algo que tengo que destacar de esta jornada de formación es que, de forma habitual, se da voz a psicólogos y psiquiatras que hablan por nosotros y a los que se les otorga una posición de superioridad porque se asume que la gente autista no puede hablar en primera persona”, corrobora Comadran. Alberto Baliñas, director gerente de Aptacan, resalta el mismo aspecto de este séptimo encuentro de la organización.

Baliñas, que es además trabajador social, señala que en marzo de 2022 el Parlamento de Cantabria aprobó una proposición no de ley (PNL) planteada por el PP que recogía la necesidad de establecer un protocolo de detección, diagnóstico e intervención del TEA. De acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cien niños es autista, lo que significa que en España habría unos 470.000 casos y en Cantabria cerca de 6.000, aunque Baliñas eleva la cifra “hasta unos 10.000”.  

La PNL aprobada incluía ampliar la atención temprana, que de momento se facilita solo hasta los tres años, hasta los seis años, algo que aún no se ha materializado. “Lo que sí se ha activado ya”, desde que entró el nuevo Gobierno, es la modalidad que permite “contratar terapias privadas” para luego “cubrir” los costes con fondos de “dependencia”, una posibilidad que “hasta ahora estaba bloqueada en el caso de la discapacidad y el autismo”, apostilla Baliñas. “En cuanto al resto de propuestas no hay nada efectivo pero las consejerías de Sanidad e Inclusión Social están trabajando en ello”, concluye el director gerente de Aptacan.

Ni Badalona, ni Vigo, ni Granada, ni Cantabria. El único “árbol de Navidad” que importa está a 4.300 millones de años luz de distancia. El telescopio espacial James Webb de la NASA (JWST) y el Hubble se han unido para estudiar el cúmulo de galaxias MACS0416 y han producido una imagen pancromática que está dando mucho que hablar. José María Diego, investigador del Instituto de Física de Cantabria, asegura que “van a pasar cosas”.

Diego trabaja en el programa PEARLS del James Webb y es uno de los descubridores de Mothra, la monstruosa estrella, amplificada por una lente gravitacional, que arroja pistas sobre la esencia de la materia oscura. El astrónomo atiende la llamada de elDiario.es desde su despacho en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, dispuesto a hacer un esfuerzo para que los legos comprendan lo que están viendo.

“Árbol de Navidad” es un término muy apropiado para estas fechas, ¿están intentando  acercar la astrofísica al común de los mortales?

Sí, bueno, hay un par de razones: esta imagen representa un poco ese árbol de Navidad con sus luces de colores, pero es que, además, se encienden y se apagan. En este cúmulo de galaxias hemos visto estrellas que centellean, más de una quincena. Son los llamados tránsitos. La mayor parte son estrellas que están siendo amplificadas de forma momentánea por otra estrella que está entre nosotros y aquella más distante. Es lo que llamamos efecto de lente gravitatoria, a pequeña escala, como si pusiéramos una lupa delante de una estrella que está muy lejos y así, de repente, aumentara y cambiara su brillo.

Siguiendo con el símil, ¿Mothra sería la estrella tope del árbol navideño?

De todas las que están ahí es la más famosa porque es la que más información nos está dando para contrastar los modelos sobre materia oscura y eso nos permite descartar algunos de ellos. Hay otra que es bastante interesante y misteriosa, pero de momento tiene un nombre raro, científico. Haremos algo con ella en un futuro cercano. Está a la espera, digamos.

¿Estamos hablando de las supernovas que han observado?

No. Esas han explotado o están explotando y lo estamos viendo ahora. Contribuyen a ese “árbol de Navidad” porque su brillo cambia de manera muy rápida pero no están amplificadas por la lupa de la que hablábamos. La explosión de una supernova solo dura unos meses.

Volviendo a Mothra, ¿se trata entonces de la combinación de dos estrellas en una?

Sí, muchas de estas estrellas lejanas que solo podemos ver gracias a este efecto de lente gravitatoria son estrellas binarias. Es decir, hay dos estrellas muy masivas y suelen ir en pareja. Esta es una de ellas: una es más azul y más caliente y la otra roja y más fría. No es raro, al menos en nuestra galaxia, encontrar estas estrellas masivas pero ahora las estamos viendo mucho más lejos.

¿Es la más distante que han observado?

No, la más distante es Earendel, que también la descubrimos nosotros el año pasado y está unas seis veces más lejos todavía. Buf, te puedo decir un número pero es un poco lío, ¿no? Yo lo que suelo hacer es este símil: si te imaginas el universo como la vida de una persona que ahora tiene 80 o 90 años, Earendel, que es la luz más brillante, empezó a viajar hacia nosotros cuando esta persona tenía ocho o nueve años. Estamos viendo el universo cuando tenía ocho o nueve años.

A los astrónomos nos gusta mucho ponerle nombres a las estrellas. Se viene haciendo desde hace miles de años, empezando con las constelaciones. Va con la profesión y aquí somos fans de Star Wars, Tolkien, Star Trek…

Earendel, Mothra, Godzilla… todas esas denominaciones salen de la cultura pop, ¿se trata también de un esfuerzo divulgativo?

A los astrónomos nos gusta mucho ponerle nombres a las estrellas. En realidad se viene haciendo desde hace miles de años, empezando con las constelaciones. Es algo que va con la profesión y aquí somos fans de Star Wars, Tolkien, Star Trek… Hacemos sugerencias, votamos y como somos un poco frikis pues salen esos nombres que a la gente le gustan también. Eärendil -“El brillante”-, es un personaje de Tolkien. Mothra –la polilla gigante- y Godzilla son monstruos japoneses conocidos como kaiju. La primera que descubrimos con esta técnica en 2018 fue Ícaro, también una figura mitológica. Hubo otra que llamamos Spock porque la encontramos la semana que murió Leonard Nimoy, el actor que interpretaba a este personaje en Star Trek.  

Mothra es una antigua conocida porque ya la había captado el Hubble en 2014. ¿Qué significa esto?

Esa observación del Hubble fue clave porque las otras estrellas que cambian de flujo o brillo lo hacen en periodos de una semana o unos meses, y el caso de Mothra es distinto. La observación del Hubble fue hace ocho años y se veía igual que ahora. Eso no puede ser fruto del efecto de una lupa pequeña de estas que hablábamos. Ya no sería una micro lente sino una milli-lente, que puede ser unas 10.000 veces más grande.

¿Es ahí donde aparecería la materia oscura o agujero negro para explicar el efecto de lente gravitatoria?

Eso es. Cuando ya estamos hablando de masas del orden de miles de veces o de unos pocos millones de veces la masa del sol, ahí ya podemos decir algo sobre la materia oscura. Estamos estudiando varios modelos, no sabemos cuál es el correcto pero el hecho de que hayamos detectado una mili lente en este rango de masas nos está diciendo algo,  no sobre lo que es, pero sí sobre lo que la materia oscura no puede ser.

Nuestro trabajo es como el de los detectives: Tenemos siempre muchos sospechosos en la corchera y los vamos descartando

¿Esta observación está sirviendo entonces para descartar teorías?

Sí, es lo que hacemos de continuo. Nuestro trabajo en realidad es como el de los detectives: tenemos siempre muchos sospechosos en la corchera y los vamos descartando. Ahora hemos retirado un par de modelos alternativos. Uno, definitivamente, y el otro no tanto, pero no parece que concuerde. El modelo más popular, el de la materia oscura fría, predice la existencia de estas milli-lentes y encaja perfectamente. Con cada observación, si tenemos suerte, vamos abandonando más teorías pero muchas veces no somos capaces de descartar nada.  

¿Es esta la información más relevante que han conseguido recabar en esta imagen? 

No, no, de esta imagen todavía tenemos bastantes resultados más. En unas semanas vamos a mandar otro artículo a publicar que también tiene conclusiones interesantes. Estamos viendo galaxias muy lejanas, en parte gracias a este efecto de lente gravitatoria que amplifica la capacidad del James Webb. La combinación entre la lente natural y el Webb da como resultado un telescopio más grande, más potente. Sobre eso aún no se ha publicado nada. Estas galaxias tienen en el centro un agujero negro súper masivo. Eso no es raro, todas tienen uno, pero se supone que a medida que vas más lejos, más atrás en el tiempo, estos agujeros negros tienen que ser más pequeños. Los que se han encontrado, dos o tres, son demasiado grandes.  

¿Y eso está previsto en los modelos que manejan?

Sí, hay modelos que predicen, bueno, suponen, que la materia oscura en realidad son agujeros negros que se forman en el Big Bang. No sabemos cómo ocurrió, pero sí que, bajo ciertas condiciones, durante ese primer segundo se pueden haber formado agujeros negros relativamente grandes. Entonces si ya los tienes ahí en el Big Bang, de manera natural van a aparecer en el centro de la galaxia, se van a fusionar y van a dar lugar a un agujeros negros mucho más grandes. Esto es muy interesante y puede que sea una revolución de aquí a dos años, pero estamos al principio, todavía no hay suficientes datos.

Si la materia oscura está formada por agujeros negros sería una revolución

¿Estamos hablando de aclarar cuál es el origen del universo?

No, estamos hablando de resolver la cuestión de la materia oscura. No tenemos ni idea de lo que es y la estamos buscando desde hace décadas. Si encontramos de nuevo una galaxia distante con un agujero negro súper masivo, la estadística empieza a ser lo suficientemente importante como para sospechar que ahí está pasando algo. Ahora, de momento, solo hay dos vías para entender esta formación de agujeros negros tan grandes en épocas tan tempranas: una es que el gas, -llamamos gas al hidrógeno, que es lo que más abunda en el origen- colapsa por gravedad y puede formar un agujero negro de un millón de veces la masa del Sol y otra, que esos agujeros negros provienen de otros que se formaron en el Big Bang. Esta segunda es clave porque confirmaría que la materia oscura podría estar compuesta de agujeros negros y sería uno de los resultados del siglo, un bombazo. En los próximos dos años van a pasar cosas, vamos a aclarar este asunto, no sé si el de la materia oscura, pero sí qué está pasando con estos agujeros negros en etapas muy tempranas.

La unión entre el Hubble y el James Webb, ¿por qué ha resultado tan relevante?

La combinación de las observaciones del James Webb, que ve colores más infrarrojos, y el Hubble, que muestra tonos más azules con luz visible, es un caso particular porque la resolución espacial de los dos telescopios es muy parecida. En cualquier caso, nunca había habido un resultado tan espectacular y en parte es por el tipo de galaxias que hay aquí:  hay unas cerca de nosotros, que son azules; hay muchas otras en el cúmulo que son como amarillentas y luego vemos algunas con mucho polvo -moléculas pequeñas, carbono, nitrógeno, etcétera- que son los objetos más rojos que se ven en la imagen.  

Lo que vemos en la imagen es MACS0416, esas dos galaxias que se van a combinar, ¿eso es lo que aparece en primer plano, por decirlo de alguna manera?

Sí, básicamente la mayor parte de las galaxias que ves están en esos dos cúmulos que se están fusionando en torno a unos 4.300 millones de años luz. Luego hay una a la derecha que es como más blanquecina, relativamente grande, que está más cerca de nosotros, como a la mitad de distancia del cúmulo. Y después a la izquierda hay un arco enorme, esa es una de las galaxias que está detrás. Es una galaxia en espiral, normal, pero la imagen que recibimos nosotros está distorsionada, estirada como un chicle por el efecto de la lente gravitatoria. Y el origen de esa lente gravitatoria es lo que estamos investigando ahora.

La tarde de noviembre se cerraba sobre Torrelavega con una fina lluvia, en Reinosa el cielo desaparecía bajo la niebla y olía ya a chimenea pero a la altura de Orzales, el resto de la puesta de sol se veía sobre el pantano del Ebro. Al llegar a La Población, a casi 100 kilómetros y una hora de distancia de Santander, sin apenas haber visto ningún vehículo más en la última parte del trayecto, era casi de noche. La luz que quedaba del día enfriaba el aire bajo el chirimiri pero a través de las ventanas del ala oeste de las antiguas escuelas se filtraba la suma de los halógenos cálidos, las estufas de pellet y una sensación de comunidad en construcción. 

El centro comunitario multiservicios Las Nieves se parece a una vela en la oscuridad, una suerte de experimento frágil que abre camino. Dentro del edificio, cedido por la Junta Vecinal al Ayuntamiento de Campoo de Yuso, que financió su reforma, una veintena de personas comienza a organizar las actividades de la tarde entre el taller de ganchillo, la partida de cartas y las novedades de la última jornada. A la entrada, Amalia Montes, una mujer pequeña y meticulosa, sonríe y abre los brazos invitando al antiguo saludo protocolario con dos besos bien estampados en las mejillas.  

Tras las presentaciones improvisadas, José Ortega, el conductor de la furgoneta de nueve plazas que estos días recorre al menos la mitad de los núcleos de población de Campoo de Yuso -Sur de Cantabria. 14 localidades. 95 kilómetros cuadrados. 688 habitantes. El 35% de la población mayor de 60 años- afirma: “Mi madre ya no vive, pero le hubiera gustado ver esto”.

Orzales, Monegro, Villasuso, Servillas, La Riva, Lanchares y Corconte: son los núcleos de población –algunos de ellos separados por una distancia de 20 kilómetros– donde Ortega se detiene en la actualidad para recoger a sus vecinas, que no son solo usuarias del centro multiusos sino que han creado el espacio adaptado a sus necesidades e inquietudes. Y por estas dos razones –servicio de transporte público financiado por el Ayuntamiento e implicación de los ciudadanos en la concepción del centro– la iniciativa impulsada por UNATE y la Fundación PEM se distingue de las demás y aparece como posible modelo a replicar.

Desde hace año y medio, para muchas vecinas –quienes se han implicado desde el comienzo del proyecto han sido en gran parte mujeres mayores, aunque hay más hombres mayores (52,1%) que mujeres (47,9%) en el territorio– todos los caminos llevan a Las Nieves, convertido ya en un faro contra el aislamiento y la despoblación.

Campoo de Yuso es uno de los 55 municipios cántabros calificado como “zona rural con reto demográfico”: pura España vaciada, un término que escama a quienes viven y trabajan en el área. “Lo que no es posible es que venga un tío de Madrid a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Se nos quema Cantabria y se nos va a quemar España porque nadie gestiona el sector forestal”, se arranca el conductor de Las Nieves: “Te podría contar más, pero si me suelto, la monto. Yo tengo dos hijas de cuatro y cinco años y quiero que vivan aquí y no en una ciudad, donde nadie conoce al vecino. Eso es lo que se van a llevar”, sentencia mientras sale por la puerta. 

Mi marido se suicidó hace doce años. Después de que falleciera pensé: 'hasta aquí he llegado, no voy a ir más adelante'. Estaba completamente amargada. Ya no sabía ni sonreír

Amalia Montes — Vecina de Campoo de Yuso

Amalia saluda de nuevo. Tiene 89 años y está acostumbrada a oír eso de “nunca lo diría”. “Sí, ya, lo del pacto con el diablo”, ironiza. ¿Su rutina antes de la creación de Las Nieves? “Mi marido se suicidó. El día 4 de noviembre hizo doce años. Estaba completamente amargada. Pintaba, cosía, hacía cosas porque siempre he sido muy activa, pero era una rutina sin ningún fin, no valía para nada. Después de que mi marido falleciera pensé: 'hasta aquí he llegado, no voy a ir más adelante'. Mi hija me quiso llevar a Barcelona, pero preferí quedarme en la casa del pueblo. Cuando empezó el proyecto de Las Nieves ya no sabía ni sonreír. Ahora he conseguido encontrarme y sentir también el cariño de la gente”.

¿Y de las actividades del centro, cuál le gusta más? “A mí me gustan todas, en todo lo todito que he podido entrar, he entrado. Hacemos gimnasia, me doy masajes, he hecho 28 pares de zapatillas con unos borletones -abre las dos manos- así de grandes. He tejido mucho”, finaliza Amalia, no sin antes abundar en las pequeñas rencillas intrínsecas de cualquier asociación entre seres  humanos.

Entre tanto, Goyo Martínez calienta un café en el microondas. “Las Nieves me ha dado estabilidad. Me quedé viudo hace cuatro años. Lo echas de menos hasta por reñir, ya sabes, el roce hace el cariño, pero también otras cosas. Ahora estoy jubilado por enfermedad. Yo antes me dedicaba a desbrozar con la máquina por el monte. Desbrozar”, subraya. 

“Esto está bien. Hablas con la gente, siempre se aprende mucho. Cada día que pasa es una victoria. Todo lo que han traído está bien. A veces te mandan hacer dibujitos y cuentas, que en casa igual no los haces, para la memoria”, se carcajea. Goyo tiene un hijo y acaba de ser abuelo hace 15 días. “Pero no te creas que estoy todo el día allí metido”, confirma. “Como dice el dicho, el ratón y el casado a su rincón”, apostilla.

José del Valle conduce su propio coche hasta el centro y entra bien derecho. Sufrió un ictus hace cuatro años: “Porque me lo han contado, pero no tengo ningún recuerdo. No sé cómo explicarlo, me quedé parado un día después de estar viendo la tele y ya no pude seguir subiendo las escaleras. Luego no conseguía darme la vuelta en la cama. Después me quedé frío. Y mi mujer me dijo que había que llamar a la ambulancia. Todavía me recuerdo diciéndole a los camilleros que cuidado con los escalones porque es una casa vieja. Y después, nada. Volví a casa en silla de ruedas”, relata.

“Toda la parte derecha me quedó paralizada”, cuenta José. “Empezó la pandemia y ahí te quedas.. Me dieron el alta y sin más. Yo ya daba mi situación por perdida. Gracias a Las Nieves he recuperado el habla, por ejemplo. Aquí hay gente que viene a que le soben la espalda, para mí fue una rehabilitación”. Y se toma muy en serio sus citas con la fisioterapeuta, las clases de psicomotricidad y el taller de actividades relacionadas con la memoria cognitiva mientras continúa rehabilitando su vivienda –es carpintero– y atendiendo la huerta.   

Gracias al centro he recuperado el habla después de sufrir un ictus. Ha sido mi rehabilitación

José del Valle — Vecino de Campoo de Yuso

Esther Longo considera que el centro ha sido positivo en particular para las que viven solas. “Yo me dedicaba a tejer, pero ya me cansaba todo el día con lo mismo. Antes había un baruco en el pueblo, pero nos lo cerraron también así que no había nada. Pasaba mucho tiempo sola. Ahora vengo a Las Nieves todos los días que puedo y este invierno tampoco me voy a ir a Santander como hacía antes”, afirma. “Calla, que me dice mi hija que en el vídeo –una pieza audiovisual que recoge extractos de las entrevistas realizadas por la Unidad de Gestión del Conocimiento de UNATE tras un año de actividad en el centro– digo que es que no me han dicho nada. Digo: ‘No, no, no, yo no he dicho eso’”, se ríe. “Además, tampoco me iba a quedar a su casa, que yo tengo un piso allí”.

La soledad no es el problema de Milagros González: “Tengo seis hijos y nueve nietos, pero esto es un aliciente. Venir, charlar, salir del entorno familiar. Además, hacemos estas manualidades –señala a las banderitas de ganchillo que decoran la entrada de Las Nieves– y viene muy bien para la cabeza. Estamos muy contentas con el centro. Ahora vamos a hacer un árbol de Navidad también de ganchillo y mira tú que el otro día entré en YouTube y qué coincidencia que en Almansa, que ya hacían esas mantas de ganchillo para dar sombra, van a hacer lo mismo”. 

Los lunes, los miércoles y los viernes por la mañana hacen gimnasia, según explica Milagros. “Los martes venimos por la tarde a hacer ganchillo y el jueves lo dedicamos a echar unas cartas”. Esther y Milagros son dos de las vecinas que José Ortega, el conductor, recoge cada día: “Venimos de cachondeo desde que nos subimos al coche. Ya le hemos dicho que menos mal que va con viejas, que si fuera alguna joven cualquiera le aguanta”, bromean. 

“El transporte es básico”, incide Elsa Herrero, el alma dinamizadora de Las Nieves. Ingeniera técnica forestal y paisajista –“y florista”, añade– de formación, conduce cada día 90 kilómetros –desde Valderredible hasta el centro y de vuelta– para organizar la actividad diaria. Aunque su perfil profesional es otro, y aunque acaba “agotada”, dice que el trabajo es “muy gratificante”. “Me sale de manera natural. Luego está el tema más de administración, porque al final lo hago todo yo”, reconoce.

“Y mira, si algo ha sido duro y ha costado”, continúa Herrero, “es que quienes utilizan el transporte se acostumbren a avisar 24 horas antes, porque funciona bajo demanda, y cada día hacemos la lista de quién lo solicita. Lo que estamos viendo es que en este año y medio que llevamos abiertos se está sumando gente nueva que empieza a venir de forma habitual. A veces el conductor tarda hasta hora y media en traer a todo el mundo. Casi cuando llegan las últimas se tienen que marchar las primeras”.

Apoyo institucional

Amalia Montes, Goyo Martínez, José del Valle, Esther Longo y Milagros González son solo algunos de los vecinos que forman el “núcleo duro” –como lo define Elsa Herrero–, e incandescente de esta iniciativa de la UNATE y la Fundación PEM que emite pulsaciones desde febrero del año pasado gracias al apoyo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y al compromiso del Ayuntamiento de Campoo de Yuso y, en particular, de su alcalde, Eduardo Ortiz, y de la concejala de Servicios Sociales, Noelia González.

Es un éxito rotundo y a nivel personal es lo más fructífero que he hecho y el dinero mejor empleado

Eduardo Ortiz — Alcalde de Campoo de Yuso

“Es un éxito rotundo y, a nivel personal, de los 25 años que voy a hacer como alcalde, es lo más fructífero que he hecho y el dinero mejor empleado”, asegura Ortiz. “A mí me emociona porque muchas de las personas que van al centro han sido empleados municipales y a veces las circunstancias que los rodean después de jubilarse, al quedarse viudos o viudas, con problemas familiares o de salud, son complicadas. Cuando los ves allí, que van a la peluquería, que se arreglan para salir, que aprenden historia o manejo del móvil, es una satisfacción”.

Aunque el centro Las Nieves abrió las puertas en junio de 2022, el proceso de cocreación comenzó en febrero y fue un trabajo de “pico y pala, puerta a puerta”, describe Ramón Gelabert, coordinador de proyectos en la zona sur de Cantabria de la Fundación PEM. El fomento de la participación, huyendo de modelos estancados en “perspectivas tramposas”, como el concepto de “soledad no deseada” sin valorar las causas de esa soledad o “la victimización” de las personas mayores con “sesgos edadistas”, ha llevado a la construcción de un espacio común donde “hacer, compartir y estar”, apunta Francisco Gómez Nadal, coordinador operativo de UNATE. “En esta triple línea, donde al mismo tiempo que no hay presión para hacer cosas se promueve la autogestión, es donde surgen las propuestas y las iniciativas sin provocarlas”, defiende.

Las Nieves, que este año ha contado con un presupuesto “ajustadísimo” de unos 70.000 euros, ha conseguido asegurar su supervivencia en 2024 con la participación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria. UNATE y la Fundación PEM trabajan ahora en el diseño de un proyecto similar en la localidad de Hijas, en el municipio de Puente Viesgo, que podría empezar a andar en 2025. La metodología inicial será parecida, “pero seguro que el resultado no es igual”, añade Gelabert. “Estoy convencido de que no puede haber dos centros iguales porque todo depende de las necesidades de los vecinos y futuros usuarios”, finaliza.

La experiencia del Centro Comunitario Multiservicios Las Nieves será una las protagonistas del próximo Encuentro nacional de experiencias de comunidades rurales amigables con las personas mayores que se celebrará los días 31 de noviembre y 1 de diciembre en Puente Viesgo y donde participarán representantes institucionales, cargos municipales, profesoras universitarias, periodistas, personas mayores y responsables técnicos de programas de intervención en Cantabria, Asturias, Navarra, Madrid y Cataluña.

La voz de Pedro Vega fue una de las últimas que surcó las ondas de La Pirenaica (Radio España Independiente), creada en 1941 por el Partido Comunista de España (PCE), con sede primero en Rusia y, desde 1955 hasta 1977, en Rumanía. La emisora clandestina, bajo la dirección de Ramón Mendezona, contó durante sus últimos años en activo con la participación del cántabro al micrófono y de su mujer, Josefina Camus, en la redacción.

Camus siguió a su marido al exilio en 1973, hace ahora medio siglo. Vega, dirigente estudiantil y miembro del PCE, y otros tres compañeros de Magisterio en la Universidad de Santander (José Antonio Pati Alonso, Víctor Gijón y Victoriano Fernández) salieron de España después de que el régimen franquista solicitara penas de once años para los tres últimos, y uno más, doce, para el propio Pedro Vega. 

“Vivimos un exilio dentro del exilio. Fue muy duro”, relata Camus. “En Bucarest éramos clandestinos. Yo tenía a mi madre, a mi hermana, a mi familia en Santander y ellos no tenían ni idea de dónde estaba,  pensaban que seguía en París. Mandábamos las cartas a Francia y la organización del PCE las enviaba a España. Era una sensación de aislamiento muy grande”.

El que fuera después reportero en Diario 16 y Mundo Obrero falleció el pasado agosto, a los 72 años, en Barcelona. Sus compañeros de exilio Pati Alonso y Víctor Gijón, junto a Hilario González, otro de los más de 18 estudiantes que fueron detenidos en “la caída” de 1972, han organizado el homenaje que se celebró este viernes en la capital cántabra con el apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria Desmemoriados. El acto sirve para recordar la trayectoria de Vega y rememorar aquel movimiento estudiantil que entre los últimos estertores de la dictadura franquista consiguió despertar a toda una generación.

“Pedro y yo éramos casi vecinos. Él vivía en San Celedonio y yo en la calle Sol, éramos de la pandilla. Nos casamos en 1972. Él acababa de salir de la Prisión Provincial de Santander, dónde había estado casi tres meses”, recuerda Camus. “Llegaba la época de exámenes y solicitamos que nos dejaran ir a examinarnos”, explica Pati Alonso. El Tribunal de Orden Público decidió imponerles entonces una fianza ­-“bastante alta, por cierto, pero que nuestros padres pagaron religiosamente”, incide Víctor Gijón- y dejarles en libertad provisional “para ahorrarse el espectáculo de llevar a la Escuela de Magisterio a unos estudiantes esposados”, remata también Gijón.

“Acabamos los exámenes y nos matriculamos ya en el año 1973, pendientes de la decisión del Tribunal de Orden Público. Unos meses después llegó la petición del fiscal de condena firme de cara al juicio: a Vega le pedían seis años por asociación ilícita y seis años por propaganda ilegal”, relata Alonso. “A Victoriano, a Víctor y a mí nos pedían cinco años por asociación ilícita y seis años por propaganda ilegal y a los demás les iban pidiendo tres, dos, un año de cárcel... Viendo el panorama que se avecinaba, nosotros cuatro decidimos marcharnos de España porque teníamos el apoyo del Partido Comunista de España, que nos proporcionó pasaportes falsos”, continúa Alonso.    

Cruzamos la frontera tranquilamente con pasaportes falsos, aprovechando que era Semana Santa y había mucho tráfico

Víctor Gijón — Periodista y militante socialista

“Eso se puede contar ahora, pero no entonces”, añade Gijón. “Cuando nos presentamos en la oficina francesa de Refugiados y Apátridas les dijimos que habíamos pasado por el monte. No se lo creyeron, claro, pero tampoco tenían mucho interés en investigar. En realidad, cruzamos la frontera tranquilamente aprovechando que era Semana Santa y había mucho tráfico de gente”. Camus también estaba afiliada al PCE, pero no estudiaba en la Escuela de Magisterio: “A mí no me detuvieron porque me marché de Santander y cuando vinieron a casa no estaba. Tampoco me volvieron a molestar. Es cierto que no pertenecía a la misma célula, al mismo grupo, digamos”.

“Una vez en París nos concedieron el asilo y allí estuvimos hasta que murió Franco”, declara Alonso. “Y seguimos militando en el PCE. Yo trabajé en una fundición de la CGT francesa y Victoriano en una fábrica de muebles”. Pedro Vega pasó por la Escuela de Cuadros del PCE y de ahí fue enviado, junto a Camus, a La Pirenaica. Víctor Gijón trabajó en el Comité de Solidaridad con España (CISE). 

“Entre febrero y marzo de 1976 regresamos muchos de los que estábamos en París después de negociar con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, y el embajador de España en Francia, Miguel María de Lojendio”, detalla Gijón. Pedro Vega y Josefina Camus tardaron un poco más en volver desde Rumanía porque allí la situación “pintaba diferente”, prosigue el que fuera después militante socialista y también periodista en Cantabria. 

“Nosotros no salimos de allí a todo correr nada más morir Franco porque el PCE quería que la emisora siguiera abierta. Cuando se decretó la amnistía pudimos volver y aparecimos en Santander sintiéndonos un poco bichos raros. Nosotros, porque la gente no sabía ni dónde habíamos estado, sobre todo los que terminamos en Rumanía”, describe Camus.  

“Pedro tenía preparación, le gustaba escribir, el periodismo, y en la emisora había cogido soltura”, afirma la santanderina. Vega inició su trayectoria en España como corresponsal en la comunidad autónoma para Diario 16. Camus, por su parte, comenzó a estudiar Enfermería en el Hospital Valdecilla en la capital cántabra. “En el año 78-79 nos fuimos a Madrid porque el periódico Mundo Obrero, del Partido Comunista, pasó a ser diario -antes era un semanal- y llamaron a Pedro para ser jefe de Política nacional”.

Aquello no duró mucho, Mundo Obrero volvió a ser semanal en 1980 y ahí Vega comenzó a hacer colaboraciones e inició la escritura de Los herejes del PCE (1982), junto al también periodista y doctor en Historia Peru Erroteta, a quien Vega y Camus conocieron en Bucarest. También emprendió, junto a Fernando Jáuregui, el trabajo de investigación que culminó en la publicación en 2017 del volumen Crónica del antifranquismo 1939-1975. Todos los que lucharon por devolver la democracia. 

Movimiento “disruptivo” 

Pati Alonso, que de vuelta a España desarrolló su trayectoria laboral como profesor en Cantabria; Víctor Gijón, que fue corresponsal de El País, director de Alerta, fundador de El Norte y portavoz del Gobierno socialista en la capital cántabra en los años 90-91; Victoriano Fernández, que trabajó en la compañía Froxá, donde fue portavoz del comité de empresa, y el citado Pedro Vega, estuvieron en la raíz del movimiento estudiantil que respondió a la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970, impulsada por José Luis Villar Palasí, ministro de Educación.

Centramos nuestras críticas en el sistema educativo y eso fue el caldo de cultivo de asambleas, reuniones y alguna huelga

José Antonio 'Pati' Alonso — Profesor jubilado

“Era una norma que introducía cambios pero no rompía del todo con las leyes franquistas de Educación anteriores”, apunta Alonso. “La Ley Villar Palasí hablaba un poco más de libertad de conciencia, pero seguía siendo parte de un régimen autocrático y autoritario. Nosotros centramos nuestras críticas en el sistema educativo y esto fue el caldo de cultivo de asambleas, reuniones y alguna huelga”, rememora Alonso.

“La reforma legislativa tenía muy buenas intenciones, pero no solucionaba el tema de la formación del profesorado. Había tantas asignaturas que las sobrevolábamos”, apostilla Gijón. “Por ejemplo, en Historia de la Pedagogía llegábamos hasta Santo Tomás de Aquino, más o menos, tampoco avanzábamos mucho más y no había interés en que lo hiciéramos. La Institución Libre de Enseñanza y Fernando de los Ríos eran un mero pie de página con letra tan pequeña que hacía falta lupa para verla. Además, mantenía las clases de Formación del Espíritu Nacional (FEN) con el mismo valor que el resto”. 

El también empresario Víctor Gijón, creador del conglomerado de medios Grupo Digital 2006, considera que en aquella época “hubo momentos realmente disruptivos”, como la creación del seminario de Historia de España “con la complicidad de una profesora magnífica, Ángeles Íñigo, que fue el alma mater del proyecto. Se celebraba los sábados por la mañana en la Escuela de Magisterio y la asistencia era masiva. En él tratamos libros de historiadores que aún estaban prohibidos en España: Paul Preston, Hugh Thomas, Tuñón de Lara, etcétera”.  

Muchos de aquellos libros salían de El Puntal, la librería del historiador y escritor José Ramón Saiz Viadero, “a la que las cristaleras le duraban una semana o diez días antes de que se las pintaran o se las rompieran otra vez”, apostilla Gijón. El Puntal y la librería Hispano-Argentina, por ejemplo, “tenían trastienda”, recuerda Alonso, y se convirtieron en puntos de referencia para el grupo. Otro espacio neurálgico fue el Cine Club Caminos, al que se sumaban los clubs juveniles que ellos mismos crearon en la calle Canalejas -“Canalejas 25 Street, lo llamábamos”, dice Alonso- o en la Cabaña de Los Pinares, así como las actividades organizadas por otros grupos como la Revista hablada La Rueda, de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).

Detención y torturas 

Tras la “gran caída” de 1968, cuando el régimen franquista prácticamente desmanteló el movimiento de oposición sindical y político en Cantabria, las Juventudes Comunistas continuaron con las reivindicaciones a través de publicaciones clandestinas. Cuatro años después, el grupo de Magisterio comenzó a caer en cadena porque encontraron un listado, con nombres de guerra, de los que habían participado en la última difusión de panfletos y así les fueron deteniendo. 

“A base de malos tratos y torturas -a mí me apalearon en la comisaría de los bajos de la Plaza Porticada de Santander-, fuimos firmando las declaraciones que nos llevaron a la cárcel. Pero no solo maltrataban a los que íbamos por temas políticos, torturaban a todos. La policía franquista no se andaba con chiquitas”, recuerda Alonso.    

No solo maltrataban a los detenidos por temas políticos, torturaban a todos. La policía franquista no se andaba con chiquitas

José Antonio 'Pati' Alonso — Profesor jubilado

“Todos pasamos por el mismo trance, de una manera o de otra”, atestigua Gijón. “También es verdad que las torturas que sufrimos, comparadas con lo que habían pasado los del 68, fueron, si se me permite la expresión, entre comillas, caricias”. En opinión del que luego fuera militante socialista, hubo dos factores que influyeron en ello: las denuncias que siguieron al “salvajismo” de la Brigada Político-Social con los trabajadores y el movimiento sindical y el hecho de que ellos eran “hijos del régimen, clase media”, no eran “obreros, antiguos republicanos huidos y retornados o militantes comunistas que habían estado en la Guerra Civil”.

Lo normal era que las detenciones empezaran por abajo y fueran subiendo hasta los supuestos máximos dirigentes de la organización. “En nuestro caso, por una serie de circunstancias, empezaron por arriba, quizá porque estábamos creídos de que éramos inmortales e intocables”, relata Gijón. “Cuando fueron tirando para abajo y los demás nos denunciaban -que era lo normal, porque se delataba al que ya estaba implicado- nosotros ya estábamos en la Prisión Provincial, en teoría, a salvo”, continúa. 

“Entonces hubo un intento de excarcelación para volvernos a interrogar, pero nos adelantamos y con la ayuda de los abogados conseguimos sacar una octavilla donde contamos cómo habíamos sido tratados en la comisaría. Se repartió por toda la Universidad de Cantabria y provocó tal conmoción que desistieron”. 

Homenaje a una vida 

Ahora, muchos años después, y tras el fallecimiento de uno de los ‘cabecillas’ de aquel movimiento estudiantil que combatió los últimos años del franquismo en Cantabria, se rinde homenaje a toda una vida de compromiso político, la de Pedro Vega. “Estamos entusiasmados con este acto, que se ha ido agrandando más allá de los amigos”, explica Josefina Camus, acompañada de sus hijos, Elisa y Adrián Vega. 

Camus y Pedro Vega, -que luego fue jefe de prensa del exdiputado Miquel Roca durante la llamada Operación Roca, aquel intento de crear un partido liberal y centrista, el Partido Reformista Democrático (PRD), que terminó en fracaso, así como director de comunicación del Grupo Agbar-, se separaron hace tres décadas, pero siempre mantuvieron una relación cercana.

El homenaje, en el Salón de Actos del Colegio Cisneros de Santander, ha repasado la trayectoria de Vega en ese contexto de movilizaciones estudiantiles en la ciudad, la actuación policial que desembocó en la detención de una veintena de estudiantes y el papel de órganos como el Tribunal de Orden Público en el régimen franquista, a través de testimonios personales, la proyección de audiovisuales y las actuaciones en directo del músico y compositor Paco Gijón y del grupo Acanto.

La memoria es una máquina de coser a pedal. Y si no, que se lo digan a Emmanuelle Le Deuff, nieta de Julia Martínez, La Colchonera, y de Gonzalo Salviejo, último alcalde del Ayuntamiento de Laredo reconocido como tal por el Gobierno de la Segunda República, elegido en marzo de 1936. Talón punta, punta talón, vaivén a vaivén, puntada a puntada se van tejiendo los recuerdos que forman las historias individuales y, a golpe de suerte, se hace la que va en mayúsculas.

La Colchonera, parece obvio, sabía rematar colchones. Y los cosía bien, por lo que cuenta Le Deuff, que vivió con ella hasta su muerte en 2003. “Eso le salvó la vida”, afirma. “Mi abuela era activa, pero además tuvo mucha suerte”, reconoce. “Ella me contó la historia. Se fue de España desde Santander con sus padres adoptivos –María Pérez y Pedro Pérez– y sus cuatro hijos, –Matilde, Gonzalo, Vicente y Julia, mi madre–. El más pequeño, Vicente, tenía solo unos meses”.   

Esa ‘buena fortuna’ se dio también a bordo del vapor inglés Pilton, el último, y único, barco de carga británico con exiliados españoles que salió de Santander, ya en julio de 1937, con el Almirante Cervera haciendo guardia en la bahía. “A esas alturas ya no dejaba pasar a ninguno, la gente se iba a Gijón”, recuerda Consuelo Soldevilla, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria.

La autora de los libros La Cantabria del exilio: una emigración olvidada (1936–1975) y El exilio español (1808–1975) explica que “los registros del Archivo de la Guerra Civil Española”, que conoce al dedillo, “acaban en 1936 e incluyen la salida de la capital cántabra del carguero Inojedo –como queda registrado en sus publicaciones– y de los destroyer ingleses Scort, Foresight, Fame y uno más, sin nombre, que zarpó el 6 de noviembre de 1936. Puede ser que este barco pudiera seguir porque solo iban mujeres, niños y ancianos. Y que no esté en los archivos”, corrobora.

De acuerdo a la investigación iniciada por la memorialista francesa Claudine Allende, con el apoyo de Antonio Muñoz, doctor en Historia por el Instituto Europeo de Florencia e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, el 14 de julio de 1937, 2.124 refugiados españoles embarcaron en el Pilton, que partió desde la capital cántabra hacia Saint–Nazaire, a donde llegó el 17 de julio, tras una escala en Pallice.

El relato que presenta Allende coincide con el marco estudiado por Soldevilla: “El barco de carga fue abordado por el Almirante Cervera para comprobar que no había soldados republicanos a bordo”. Además, según explica Soldevilla, en esa época “los vascos ya estaban en Santander y se hizo un acuerdo de salida. El gobierno local les dejaba zarpar desde aquí pero la mitad de los evacuados tenían que ser cántabros”. La relación de exiliados que descubrió Allende responde a este convenio. 

A esas alturas el 'Almirante Cervera' ya no dejaba pasar a ningún barco pero es posible que el 'Pilton' pudiera seguir y que no esté en los registros

Consuelo Soldevilla — Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria

Durante el viaje en el Pilton, los exiliados estuvieron hacinados en “una bodega insalubre” pero, según cuenta Le Deuff, alguien de la tripulación ofreció a su abuela “un sitio un poco más cómodo para ella y mi tío, que entonces era un bebé”. Julia Martínez, La Colchonera, conoció en esa travesía a Francisca Ezcamendi, también madre de cuatro hijos y mujer de Manuel Reina Cruz, combatiente republicano, que había llegado a Santander desde San Sebastián. 

Las dos mujeres y sus hijos fueron acogidos por distintas familias de Callac y mantuvieron la relación el resto de su vida. Aquella amistad está también recogida en el relato que Madeleine Auffret, hija de Manuel y Francisca, hace en Les Cahiers du Poher. De San Sebastián à Callac; Itinéraire d'une réfugiée espagnole, una de las fuentes utilizadas por Claudine Allende en la que no aparece el nombre del barco inglés pero sí la descripción del viaje que hace la propia Auffret, que entonces tenía 12 años. 

Julia, Francisca y sus vástagos suman una decena de exiliados entre los 435 nombres y apellidos que conforman el listado que Claudine Allende encontró en los Archivos del Departamento 22 (Côtes–d'Armor) en Saint–Brieuc. Los refugiados incluidos en el documento llegaron a esta localidad francesa los días 18 y el 27 de julio de 1937, procedentes de Nantes y Saint–Nazaire, donde atracó el Pilton. La mayoría fueron alojados en una fábrica en desuso en el Valle de Gouédic, especifica la memorialista, y después en varias ciudades del Departamento de Côtes–Du–Nord.

“Fue un periodo muy difícil, pero mi abuela fue acogida por una familia muy generosa”, rememora Le Deuff. “El Estado francés daba ayudas a quienes acogían a los refugiados españoles, pero aquello no duró mucho porque empezó la guerra. La familia con la que se quedó mi abuela guardó ese dinero y se lo dio. Eso le permitió reunir a sus hijos, que estaban en distintas casas, y alquilar un piso. Había estudiado costura con las monjas en Laredo y por eso pudo sobrevivir”, relata. 

Por su parte, Gonzalo Salviejo, que además de su cargo político regentaba en Laredo “un comercio de venta por representación de joyas, relojes, armas de caza, aparatos de radio, máquinas de escribir y –en exclusiva– las máquinas de coser Alfa, producidas por una Cooperativa de Eibar fundada en 1920 a iniciativa de la UGT”, según consta en la biografía recopilada por el Colectivo Memoria de Laredo, salió de la villa cántabra con otros tantos vecinos a finales de agosto de 1937 en los barcos de Pósito de Pescadores. 

Al llegar a Francia fueron derivados a la frontera con Cataluña, “que era lo habitual”, incide José Luis Pajares, portavoz del Colectivo Memoria de Laredo, para acabar con un notable grupo de laredanos, de tendencia anarquista, en uno de los grupos de la CNT en Santa Coloma de Queral, donde permaneció hasta la caída de Cataluña. Salviejo cruzó la frontera en febrero de 1939 y fue retenido en el Campo de Argelés–sur–Mer, en las playas del Rosellón, “en unas condiciones infrahumanas”. 

“Después lo trasladaron al Campo de Bram, donde las condiciones no mejoraron mucho”, continúa la crónica recopilada por el Colectivo Memoria de Laredo. Un par de meses después, tras la intervención del responsable del Frente Nacional (la organización civil de resistencia interior) y adjunto del Ayuntamiento de Callac, Tremeur Burlot, Salviejo fue liberado y consiguió reunirse con su familia, como recogen tanto Claudine Allende como el Colectivo Memoria de Laredo. 

Tengo que hacer este trabajo de memoria para ayudar a las personas que están investigando sobre sus antepasados

Claudine Allende — Memorialista autora de la investigación sobre el vapor inglés 'Pilton'

Manuel Reina Cruz corrió otra suerte y no fue hasta finales de 1946 cuando logró cruzar la frontera francesa y llegar a Callac, donde lo esperaban Francisca Ezcamendi y sus cuatro hijos: Magdalena, Carmen, Josefa y Manuel. Reina Cruz continuó la lucha hasta el final de la Guerra e intentó, junto a otros compañeros, escaparse en una pequeña embarcación. Fueron detenidos por las tropas franquistas y encarcelados en un campo de  concentración de A Coruña, donde estuvo siete años, cuenta Allende. 

La memorialista ha contrastado el listado que encontró en Francia con datos obtenidos en el Archivo Histórico de Euskadi, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y los registros del Estado Civil de varias localidades de los departamentos de Côtes–d'Armor, Dordogne, Loire–Atlantique y Essonne. Así, Allende ha conseguido identificar las ciudades de alojamiento de aquellos 435 refugiados, repartidos no solo en Callac, sino también en Créhen, Ploufragan, Saint–Brieuc, Bégard, Guingamp… hasta 22 puntos distintos de Bretaña.

“¿Por qué he estado haciendo todo este trabajo de memoria durante varios años? Como mi padre Fernando no hablaba mucho de todo el sufrimiento que soportó, tengo que hacer este trabajo de memoria para ayudar a las personas que están investigando sobre sus antepasados”, explica Allende. La francesa encontró este primer listado de exiliados que llegaron en el Pilton mientras buscaba información sobre su padre, Lucas Fernando Allende Santa Cruz, camargués nacido en 1918, combatiente republicano en Santander, Gijón, Ribadesella, Zaragoza y en la resistencia francesa tras pasar la frontera en el 39. 

“El 13 de junio de 1941, como muchos otros combatientes republicanos, Lucas Fernando fue entregado a los alemanes por la autoridades de Vichy como trabajador para la construcción de la base de submarinos de Brest. Desarrolló labores de ajustador en la empresa Keller, perteneciente a la organización Todt”, recoge la biografía reconstruida por su hija y publicada por el escritor José Manuel Puente en El exilio resistente. Cántabros en la Resistencia y en la Francia libre (1940–1945).  

Fue detenido en marzo de 1944 en Brest y deportado al campo de concentración de Dachau tres meses después. Sobrevivió hasta abril de 1945, cuando Dachau fue liberado por el Ejército estadounidense. Fue un rotspanier, un trabajador forzado sobre los que versa la exposición itinerante , comisariada por Antonio Muñoz y Peter Gaida, organizada por la asociación Ay Carmela y financiada por la Fundación EVZ de Berlín, que hasta el 30 de noviembre se puede ver en la Sala de Náutica de la Universidad de Cantabria en Santander.

“Hace años que tengo este listado del Pilton pero he comenzado a trabajar en él en agosto. Hice una comparación con los archivos vascos porque había muchos errores en los nombres. No soy historiadora pero me gusta investigar”, dice. Además del listado del departamento 22, está el 29, Finisterre; el 56, Morbihan; el 44, Loira Atlántico y el 35, Ille y Vilaine. “Y hay más”, añade, pendientes de revisión. “Lo más difícil a la hora de contrastar los datos es que ya no están vivos”. No obstante, en julio del año pasado, presentó en Asturias los listados de ocho barcos que salieron de allí con 7.000 refugiados.  

En investigación histórica muchísimas cosas se encuentran por casualidad. Vas buscando una y encuentras otra

José Manuel Puente — Historiador y autor de 'El exilio resistente. Cántabros en la Resistencia y en la Francia libre (1940-1945)'

José Manuel Puente, autor también de Cántabros en los campos de exterminio nazis (1940–1945), considera que en Cantabria “el ámbito de los deportados a campos de concentración está más o menos completo, también el de los refugiados que se unieron a la resistencia –donde aparece Lucas Fernando, el padre de Claudine Allende– pero el tema del exilio está a medio hacer y también el de los niños de la guerra que fueron a Europa y a Rusia”. 

En cuanto a cifras generales, se maneja la que presentó en su día Soldevilla: durante los 13 meses que duró la Guerra Civil salieron de Cantabria unos 20.000 exiliados. “Son cifras que hay que coger un poco con pinzas porque depende de las fuentes que consultes y además es cierto que  fue un maremagnum de gente que salió y luego volvió por la zona del Pirineo”, explica Puente. 

Los descubrimientos de Claudine Allende corroboran la idea que también traslada Puente: “No solo en este tema, sino en general, en investigación histórica muchísimas cosas se encuentran de casualidad porque no sabes dónde están, vas a un archivo buscando una cosa y te encuentras otra”. La disciplina parece ser una oda a la serendipia. “Además, claro, no está todo centralizado en un sitio. En los archivos locales franceses hay un montón de documentación de españoles, pero claro, tienes que tener tiempo. En ese sentido, la digitalización de fondos ha ayudado muchísimo”, finaliza Puente.  

Soldevilla lo tiene claro: “A mí lo que me gustan son los archivos y tuve una gran suerte porque cuando empecé a investigar todavía no estaba abierto el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando llegué al Archivo de Guerra resultó que el archivero era de Santander. Hubo una época en que en todos los archivos de España había cántabros. Cambié el título de lo que estaba buscando, pero cuando bajé, me pasaron las carpetas. Cada vez que iba me costaba una caja de sobaos, eso sí”, bromea.  

Emmanuelle Le Deuff nació en 1965 y nunca conoció a su abuelo, que murió en 1962. La Colchonera, Julia Martínez, volvió con su familia a Laredo en el verano de 1956 pero Gonzalo Salviejo no volvió a pisar territorio español hasta 1960 y volvió por última vez en 1961. Su hijo, también Gonzalo, no regresó jamás. 

Ahora Le Deuff es la única descendiente interesada en conocer los detalles de lo ocurrido. “A los demás les parece bien que les mande la información que encuentro pero tampoco han vuelto a Laredo”. La información que ya tiene, en la que ha trabajado junto a José Luis Pajares, portavoz del Colectivo Memoria de Laredo, le ha servido para reconstruir esa memoria perdida, pero aún tiene una cuenta pendiente: “Conocer lo que pasó entre la llegada de mi abuela a Francia y la ida de mi abuelo”, apunta. 

“Tengo la cosa muy clara para mí”, continúa Le Deuff, que el año pasado fue la protagonista de un acto de reconocimiento a la figura de su abuelo en el Ayuntamiento de Laredo impulsado por Pajares y el Colectivo Memoria de Laredo: “Hace poco me quedé con el piso que heredaron mis padres en Laredo y voy a volver de manera regular. También me gustaría tener la nacionalidad española, porque pensaba que era muy complicado pero me han dicho que no”. Y no debería serlo, ya que está establecida la concesión de la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados por la Ley de Memoria Democrática.

Proyecto de memoria

Las conclusiones de Allende llegan ahora a Cantabria gracias al proyecto Recordari, dirigido por Mónica González Megoya, directora de Quasar Teatro. No es la primera vez que la actriz, docente y productora cántabra bucea en la memoria histórica. Y existe una razón poderosa: reconstruir la historia de su abuelo, Ramón Megoya.

“A los diez años me enteré de que mi abuelo, que había muerto, no era mi abuelo biológico. Nadie me había contado nunca nada”, relata Megoya. “Mi abuela vivió 99 años y nunca abrió la boca. En el 37, embarazada y con mi tía de dos años de la mano intentaron irse, pero, o no consiguieron subir al barco, o los interceptaron y tuvieron que volver. A partir de ahí no se sabe más de mi abuelo”. 

Megoya ha seguido su rastro hasta Cartagena, Argelia y al final, un hospicio en Grenade. “Allí lo mandan sus compañeros en el sesenta y tantos porque ya está muy malito. Encontré el certificado de defunción pero no he conseguido averiguar dónde está enterrado. Nadie parece tener los registros”. A todo esto, la productora consiguió empezar a encontrar la pista cuando se dio cuenta de que su apellido, Megoya, “se escribe con y griega, no con doble ele. Si no me hubiera dado cuenta de eso no hubiera encontrado nada jamás”. A veces una letra lo cambia todo. Y el azar no da puntada sin hilo.  

Fue una llamada a bocajarro: “–¿Es usted Nuria Terán? –Sí, ¿qué pasa? –¿Es la mujer o exmujer de Juan Manuel Bedia? –Pues sí, soy su mujer, ¿qué ha pasado? –¿Va usted conduciendo? –Pues no, ¿pero qué ha ocurrido? –Lo hemos encontrado muerto”.

Nuria Terán nunca olvidará aquella conversación telefónica. “¿Cómo se puede dar una noticia de este tipo así? Ve en persona, con un equipo, con un psicólogo… No sé, a mí me costó mucho tiempo quitármelo de la cabeza porque no se trata de falta de empatía o sensibilidad. Yo no quiero empatía, quiero gente con formación”. Juan Manuel Bedia, encargado de la tienda Aldi de Santander, de 53 años, casado y con una hija menor de edad, se suicidó en abril de 2021.

Aquel diálogo, grabado a fuego, significó para Terán el comienzo de un duelo extremo pero también el inicio de una cruzada contra la ocultación y la falta de información que desembocó en una batalla judicial y terminó con un fallo que sienta precedentes. “Yo le vi muy angustiado pero jamás pensé que llegaría a ese punto. Era una situación compleja y estábamos buscando soluciones. Tenía que dejar el trabajo o enfrentarse a la situación de alguna manera pero él estaba cerrado. Ese fin de semana habíamos tenido una bronca porque yo no entendía nada y le decía: ”Pero vamos a ver, Juan, ¿te vas a dejar llevar por esta marea? Tendrás que plantarle cara, tendrás que contratar a un abogado“.

“Llevábamos meses en esa situación y él no quería mover ficha”, continúa Nuria Terán, médica especialista en Anatomía Patológica. “A mí me costó mucho remontar la culpabilidad. Esto rompe familias pero yo le tengo que dar las gracias a sus hermanos que desde el principio dijeron: ‘Nuria, ha sido por el trabajo, por los cristos que tenía’. Un par de semanas después, hablando con unos amigos, salió el concepto de ‘suicidio por accidente laboral’ y abrí los ojos”.

“Yo ni me lo había planteado pero empecé a buscar información por ahí y salieron muchas cosas sobre la responsabilidad psicosocial de las empresas. Entonces me hice socia de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida (Papageno)”, explica Terán.  Ahí arrancó su peregrinaje en busca de un profesional que quisiera defender su caso. “Busqué información por toda España. Contacté con varios abogados en Galicia, en Madrid y, por fin, en Granada”. Allí encontró a José Sánchez Pérez, abogado laboralista y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. “Le expuse la situación y lo vio clarísimo”, cuenta Terán.

“Conozco el contexto en el que nos movemos y este tipo de asuntos son muy penosos para los profesionales”, constata José Sánchez Pérez. “Reconstruir hacia atrás lo que ha podido ocurrir en una relación laboral donde todos los medios de prueba y todas las evidencias están a disposición de la empresa mientras el familiar no tiene nada, en algunos casos ni las nóminas, es muy difícil”. A esta complejidad se suma además “el desconocimiento sobre la normativa y los pasos a seguir”, apunta el profesor de la Universidad de Granada.     

“Mi marido se suicidó después de que su empresa lo utilizara como cabeza de turco”, declara Terán. Una afirmación que Sánchez Pérez sostiene al pie de la letra. La sentencia 118/2023, de 27 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) fue tajante: “A la luz del relato fáctico, es evidente que existió una clara conexión o relación de causalidad relevante entre la acción suicida y el trabajo, esto es, que el trabajo o las circunstancias en las que se desarrollaba su prestación de servicios laboral es lo que está en la base de la decisión de quitarse la vida”.

La sanción que le habían impuesto era un disparate y fácilmente recurrible

José Sánchez Pérez — Abogado laboralista y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada

“Casi nadie se pone en el lugar de la víctima”, subraya el abogado laboralista. “Hubo semanas en las que Juan doblaba turnos. Salía a las seis de la mañana de su casa y volvía después de las diez de la noche. Eso es una cosa increíble. Se volcó con la empresa durante más de una década y después, cuando por fin consiguió trabajar en Santander, se encontró con la acusación de acoso y un nuevo traslado. Él se vio en la cárcel. Se le vino el mundo abajo”. Y en ese momento no vio otra salida. “Lamentablemente”, enfatiza Sánchez Pérez, “ni él, ni la persona a la que había recurrido, se dieron cuenta de que la sanción que le habían puesto era un disparate fácilmente recurrible”.   

El profesor del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social traza la cronología de los hechos de forma diáfana pero antes deja constancia de otro mal endémico: “Las empresas, y las grandes mucho más, no quieren sindicalistas conflictivos en los comités porque son más exigentes. Lo que hacen entonces es poner a un mando intermedio, que se afilia dos días antes de las elecciones, para ser representante de los trabajadores. De esa manera no tienen reivindicaciones sistemáticas”.

Y así comenzó el viacrucis de Juan. “Las compañeras de Comisiones Obreras (CCOO) se lo tomaron como una imposición de la empresa y comenzó una guerra de brazos caídos. La empresa despidió a dos de ellas pero a la tercera no la pudo despedir porque había solicitado una reducción de jornada. Si la echaban podía reclamar el despido como nulo por represalia”, relata Sánchez Pérez. “¿Qué hizo la empresa? Pues su estrategia fue durísima. A esa trabajadora veterana la pusieron en caja de forma permanente para que no ‘malmetiera’, según ellos. Era una medida de presión”.

“Juan era encargado de tienda, pero no tenía facultades de dirección. Quienes reconocieron haber tomado las decisiones no estaban presentes. Fue el cabeza de turco. El responsable que sancionó a Juan fue el que había tomado las medidas que desembocaron en la denuncia por acoso y la posterior sanción, el mismo que había colocado a la trabajadora que denunció a Juan en esa posición, como reconoció en el juicio. Y el que despidió a las otras dos compañeras”, concluye Sánchez Pérez.

Después de que la trabajadora pusiera una denuncia interna de acoso, la empresa inició una investigación. “El problema fue que en lugar de hacerlo de manera neutra, dirigió la culpabilidad hacia Juan. De hecho, al que hizo las primeras entrevistas –que por cierto, perdió las grabaciones aduciendo que le habían robado el portátil después de que se las pidiera el Juzgado–, lo terminaron despidiendo por lo que había provocado. Era evidente que era un expediente dirigido”, finaliza el abogado.

Tras la resolución del TSJC, la empresa Aldi interpuso un recurso de casación en unificación de doctrina, que se utiliza cuando dos supuestos similares resultan en sentencias contradictorias. Para ello, la compañía presentó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias 745/2018 pero “lo más probable es que no se admita a trámite porque en realidad no existe ningún paralelismo”, destaca el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social José Sánchez Pérez. “En este caso existía una depresión diagnosticada de forma previa con causas distintas a las de origen laboral y el único y débil nexo común es que hay un traslado que no es debido a una sanción”.  

En respuesta a las preguntas de elDiario.es en relación al caso, la compañía Aldi manifesta “haber actuado siempre de acuerdo a la normativa laboral vigente en España” e indica que “respeta la decisión de la justicia y confía en el sistema judicial”. Así mismo, lamenta “profundamente el dolor de la familia” al pedir una valoración de lo ocurrido antes de la publicación de este reportaje.

Es una aberración que el trabajador tenga que acreditar que el trabajo es la causa exclusiva de la enfermedad psíquica

José Sánchez Pérez — Abogado laboralista y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada

En su día, el Juzgado de lo Social número 3 de Santander, en el procedimiento número 871/2021, falló a favor de la Mutua colaboradora con la multinacional codemandada y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), alineados en este caso de forma “sorpresiva”, por lo que fue necesario recurrir al TSJC. Sánchez Pérez define esa primera sentencia como “pobre” porque, entre otras cosas, “ni siquiera rebatió el informe de la Inspección Laboral” y además “quiso desviar la evidente causalidad laboral con argumentos singulares, como la grave enfermedad que el padre de Juan había padecido, una hipotética crisis conyugal que no se supo ni concretar, ni describir, ni dotar de prueba eficiente o una depresión endógena no diagnosticada por médico alguno”.

Y aquí llega la hora de las reformas legislativas. Entre otras no menos importantes quizá la más “flagrante” es la del artículo 156e del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS): “Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo”. Un artículo que, como argumenta el profesor de la Universidad de Granada, “se tenía que haber cambiado hace 50 años”.

“No se puede seguir hablando de que el trabajador tiene que acreditar que la causa exclusiva de la enfermedad psíquica proviene del trabajo porque es una prueba imposible, es un disparate. Desde hace medio siglo se sabe que las enfermedades psicológicas o psiquiátricas son de tipo multicausal. Y es cierto que los tribunales no suelen interpretar esta norma en el sentido literal, porque es una aberración, sino que hablan de causa determinante o preponderante. Pero que se mantenga esa norma con esa pésima redacción dificulta que estas cuestiones se puedan aclarar”, sentencia el abogado.   

“En Japón sí hacen estadísticas de las muertes vinculadas con situaciones de acoso en el trabajo y en torno al 10% de los suicidios están vinculados con el acoso o exceso de trabajo, denominado Karoshi. Y en una década lo han bajado un 50%”. En España no hay ningún análisis al respecto. Por ejemplo, en 2021, el año en que murió el marido de Nuria, hubo 4.003 suicidios en España, pero su caso fue el único declarado como accidente de trabajo. “Esto presenta una imagen irreal de la situación porque sabemos que las condiciones laborales, el exceso de cargas en el trabajo, el anuncio de un despido o de una sanción pueden ser detonantes”, afirma el profesor de la Universidad de Granada.

Terán apunta a otros estudios: “Respecto a los suicidios consumados globales, Heinz Leymann estimó que, en Suecia, entre el 10% y el 20% de los suicidios anuales tenían como antecedente procesos de psicoterror en el trabajo. Iñaki Piñuel y Zabala corroboró en 2001 que entre un 10% y 15% de los suicidios que se cometen en España también tienen su origen, directo o indirecto, en una situación de mobbing”.

El proceso impulsado por Terán incluyó dos novedades que fueron determinantes en el fallo. La primera fue la interposición de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que declaró “la contingencia profesional de un suicidio fuera del centro de trabajo y con propuesta de recargo de prestaciones por ausencia de evaluación de riesgos psicosociales y de respuesta ante un grave conflicto surgido en el seno de la empresa”, como desarrolla Sánchez Pérez en el artículo Suicidio y trabajo: la insoportable realidad pendiente de una reforma inaplazable, publicado en el número monográfico de la Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo sobre suicidio y trabajo, que él mismo coordinó.

En este estudio, el abogado deja constancia de una relación de ocho sentencias que declaran la muerte por autolisis como accidente laboral, entre ellas, el primer precedente en este ámbito: el fallo del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1970, “que admitió, sin ambages, la consideración del suicidio como accidente de trabajo” y donde “se aprecia al respecto el germen y el desarrollo de la doctrina de la ocasionalidad relevante”. A ello se suma el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en marzo de este año reconoció también como accidente laboral el suicidio en 2017 de un trabajador del Ayuntamiento de Albacete.

La publicación incluye también el análisis de la propia Nuria Terán sobre la segunda herramienta que influyó de manera definitiva en la resolución del TSJC: la autopsia psicológica que realizó Jon García Ormaza, médico psiquiatra del Servicio Vasco de Salud. “Fue algo completamente novedoso”, insiste Sánchez Pérez. “La mayoría de la gente, cuando le hablas de autopsia psicológica, no sabe lo que es, abre los ojos y se pregunta si es un método de vudú o algo así”.  

Este método pionero de análisis científico, certificado por la Asociación Americana de Suicidología, consiste en un  análisis psico–psiquiátrico forense para desvelar la causa del accidente “cuando hay dudas y para encontrar factores de riesgo e inductores que pudieron intervenir en la motivación suicida”, añade Terán. El procedimiento post mortem incorpora un cuestionario de 123 preguntas a personas del entorno de la víctima que incluye una revisión sistemática y retrospectiva de toda la información disponible sobre el fallecido y el fallecimiento.

El suicidio sigue siendo un tabú y un estigma

Natalia Lorenzo — Psicóloga experta en Emergencias y socia fundadora de Papageno

Respecto al Gobierno y las administraciones, Pérez Sánchez indica una “cuestión crucial”: “Donde más suicidios se producen por profesiones es en la función pública: guardias civiles, policías y personal sanitario. Es un problema que se quiere tapar porque es más barato para la Administración no hacer nada y que no se sepa que tener que adoptar medidas. Interesa más ocultar el problema que salvar vidas. Tristemente es así”, lamenta. Natalia Lorenzo, psicóloga experta en Emergencias y socia fundadora de Papageno, que añade a esa lista un nuevo colectivo que empieza a preocupar ahora: bomberos. “El suicidio sigue siendo un tabú y un estigma”, apostilla Lorenzo. “A las empresas no les interesa hablar de esto y menos si luego tienen que considerarlo como una enfermedad laboral”, incide.

Más allá de las reformas legislativas y de las cifras a toro pasado, Natalia Lorenzo y Noelia García–Guirao, también miembro fundador de Papageno, psicóloga y doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, abogan por la prevención “en el ámbito laboral”. Y para ello defienden no solo la puesta en marcha de planes de prevención de riesgos psicosociales en empresas y administraciones, sino además la especificación dentro de estos de mecanismos preventivos del suicidio. 

Y es que “20 años no es nada”. Menos aún cuando se trata de ponerse en el lugar de aquellos primeros artistas plásticos que hace unos 20.000 años contaron ya con el mecenazgo de la tribu. Además, visitar la cavidad original de Altamira es ahora, más que nunca, una “experiencia única”. Es posible que en 1982, cuando se acordó abrir la cueva situada en la localidad cántabra de Santillana del Mar “con un régimen restringido de 8.500 personas al año”, no pareciera un privilegio, pero en 2023, menos de 200 personas han accedido al gran museo del Paleolítico, declarado Patrimonio de la Humanidad por sus pinturas de arte rupestre.

En la actualidad los visitantes son pocos y contados. El número máximo fijado por el Patronato de Altamira está en cinco personas a la semana, esto es, 260 al año. Les buscan, les mandan cartas y correos electrónicos a direcciones antiguas, puede que incluso les llamen a uno de esos teléfonos fijos olvidados. 

María Dolores Gérez hizo su primera solicitud el 5 de noviembre de 1999 y pudo visitar Altamira el pasado junio. María Inés López, unos meses antes. Quienes llegan hoy a la Sala de los Polícromos formalizaron su deseo hace casi un cuarto de siglo y sus nombres aparecen publicados en un registro casi honorífico de viajeros en el tiempo.

“En estos momentos se está contactando con las solicitudes que datan de febrero de 2000”, concreta el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Y a pesar de lo que ha llovido desde entonces, “el número de renuncias es mínimo”, asegura la institución. El esfuerzo para localizar a los solicitantes tampoco es menor: a finales del 2022, el Museo Altamira había encontrado al 63% de los inscritos con los que había intentado contactar.

Gérez vivía en Velilla de San Antonio (Madrid) cuando envió la primera carta de reserva para ocho personas. Tres años más tarde se suspendieron las visitas sin que hubiera recibido confirmación. En 2016 ratificó su deseo de permanecer en la lista de espera en caso de que esta se recuperara junto a los sorteos que entonces se realizaban para entrar en la cavidad. 

“Era imposible que entráramos con este sistema. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Ir todos los viernes a la puerta a esperar que nos tocara?”, recuerda. Hace ahora un año, ya jubilada, se mudó a un piso en la capital de España. “El último día que fui a cerrar la casa después de hacer la mudanza y antes de terminar con la venta, abrí el buzón y me encontré la carta de Altamira. Si no lo hubiera abierto se habría pasado el plazo de respuesta”.

Era imposible que entráramos por sorteo. ¿Qué íbamos a hacer, ¿ir todos los viernes a la puerta a esperar que nos tocara?

María Dolores Gérez — Visitante de la cueva de Altamira

“Me puse contentísima. Fui con mi marido, Francisco García, y un amigo. Nos trataron de maravilla, con mucho cariño, como si fuésemos gente importante”, relata Gérez. Y es que en 24 años de espera se adquieren ciertos derechos. “En la cueva original se nos saltaban las lágrimas de emoción porque es cierto que desde el punto de vista estético, la Neocueva es más bonita, los colores son más brillantes, pero no hay comparación”, explica. “Para que estas personas pudieran estar pintando su grupo se lo tenía que permitir porque mientras estaban allí no hacían un trabajo productivo, no estaban cazando, cocinando o limpiando pieles”. Altamira es un ejemplo de “la primera financiación del arte”, concluye.

Y es que Gérez y García además están muy interesados en arte rupestre. Mientras llegaba el momento de poner la chincheta sobre la cavidad cántabra, la pareja tuvo tiempo de visitar el conjunto de Laas Geel en Somalilandia, las cuevas del Chad, Lascaux en Francia y otras tantas muestras de pinturas rupestres en territorio nacional. “Tuvimos mucha suerte”, continúa Gérez, “porque al parecer ha habido casos curiosísimos. Los guías, que son un amor, nos contaron por ejemplo que hubo un matrimonio que había hecho la solicitud. La reserva estaba a nombre de él pero ella era la interesada. Resulta que ahora estaban divorciados y él no quiso cederle el derecho”.

La lista de espera existente, conformada entre 1999 y 2002, antes del cierre de la cueva al público para realizar estudios de conservación, contiene algo más de 4.500 solicitudes. La relación está certificada ante notario y el Museo contacta a los interesados “por estricto orden de solicitud de visita”, informa la organización. “Hasta el momento, las primeras 450 solicitudes han sido contactadas”. Supone el 10% de las inscripciones. En concreto, desde el 15 de agosto de 2020 hasta la fecha han visitado la cueva 749 personas a través de este sistema, ya que cada inscrito puede ir acompañado por un máximo de cuatro personas.

El Museo ha contactado hasta el momento con el 10% de los solicitantes incluidos en la lista de espera de 2002

María Inés López no se lo podía creer cuando recibió la llamada para confirmar la visita. “La chica con la que hablé me tuvo que asegurar que no era una broma. Y menos mal que me abrí una cuenta de Gmail, que es la que ha durado, porque la carta por correo ordinario para ratificar la solicitud no me hubiera llegado nunca”, explica. “Lo daba ya por perdido, me sorprendió muchísimo que la reserva no se perdiera en la infinidad de la burocracia”, confiesa.

“En su día, hace casi 25 años, no tenía hijos ni estaba casada, así que apunté a todo el grupo de amigos, unas veinte personas. Ya ni me acuerdo de quién estaba en aquella lista”. El pasado mayo pudo al fin ir con su marido y otra pareja de amigos. “La Neocueva es muy chula, pero entras a la original, y aunque las pinturas son como más simples, parece que estás en otro mundo. La humedad, el silencio, la contención… La sensación es muy distinta”, describe.

“La visita, además, está muy cuidada, es como VIP, aunque me hubiera gustado estar más tiempo”, reconoce López. Y es que además de la limitación a cinco personas, el recorrido tiene un tiempo máximo de 37 minutos, “con tiempos de permanencia definidos para cada estancia y una vestimenta adecuada: monos desechables, gorro, mascarillas, así como un calzado especial”, especifica la institución.

La cueva de Altamira está monitorizada de forma permanente. “Los retos a los que tenemos que enfrentarnos en materia de conservación son constantes”, apunta la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Pilar Fatás, en declaraciones a elDiario.es. “El Museo coordina el Plan de Conservación Preventiva de la Cueva de Altamira en el que se han identificado los principales factores que inciden en su preservación. El objetivo es buscar soluciones que frenen o eliminen el deterioro que estos pueden causar, y para ello nuestra apuesta es la investigación y el conocimiento, ya que es un patrimonio de extrema fragilidad”, desarrolla Fatás.

Los retos a los que tenemos que enfrentarnos en materia de conservación son constantes

Pilar Fatás — Directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira

En la actualidad se desarrollan varias líneas de investigación, explica la organización. “Por un lado se intenta conservar el entorno en las mejores condiciones posibles para que el medio ambiente sea un agente positivo de conservación. Para ello se han eliminado todas las posibles fuentes de contaminación, tendidos eléctricos, construcciones o carreteras con el fin de limpiar el entorno de infraestructuras antrópicas”.

Por otra parte, “en el interior se desarrollan programas de geología, física ambiental, biología cavernaria para intentar conocer en profundidad los parámetros que influyen en la conservación como la temperatura, la humedad, la concentración de anhídrido carbónico o la posible proliferación de microorganismos”, subrayan desde Altamira.

En este sentido, el Plan de Conservación Preventiva de la Cueva de Altamira, cuyo programa de investigación se desarrolló entre 2012 y 2014, ha sido seleccionado dentro del apartado de Buenas Prácticas en el Libro Verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura.

El Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC, centro mixto Universidad de Cantabria-Gobierno de Cantabria-Santander Universidades) se encarga de los trabajos de control y seguimiento de las condiciones ambientales y del biodeterioro de la cueva de Altamira desde 2014, “ganando sucesivas licitaciones del Ministerio de Cultura”, especifica el catedrático de Radiología de la Universidad de Cantabria y miembro del comité asesor del IIIPC, Carlos Sainz, quien coordina los trabajos junto a su homólogo en Medicina, Luis Santiago Quindós. 

A ellos se han sumado en este periodo expertos en microbiología, biología molecular, telecomunicaciones, ingenieros ambientales y químicos, entre otros perfiles. “El contrato actual terminará en marzo del 2024, con posibilidad de prórroga, por lo que la continuidad de nuestra participación depende principalmente del Ministerio”, resalta Sainz.

El programa ha aportado datos imprescindibles para la gestión y conservación de Altamira y permiten actuar de forma preventiva frente a la amenaza  del cambio climático, un peligro que ya detectaron el anterior director del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, José Antonio Lasheras, y la conservadora Carmen de las Heras, quienes allá por 2009 ya dejaron registrada en las Actas del Congreso ‘Medio siglo de arqueología en el Cantábrico Oriental y su entorno’ su “extraordinaria” preocupación por el futuro de la cavidad original y “la influencia del cambio climático en la conservación del arte rupestre, por los cambios sustanciales que puede introducir en la dinámica ambiental y biológica del ecosistema subterráneo”.

“Los gestores de las cuevas con arte rupestre deberíamos empezar a preocuparnos por el desarrollo de modelos de impacto del cambio climático en el entorno cavernario y de su influencia en el interior. Este puede ser el gran reto del futuro de la conservación del arte rupestre”, añadían entonces. 

Así, mientras los gestores de un bien que es Patrimonio Mundial de la Humanidad tienen “la obligación de asumir el compromiso de su mejor conservación para las generaciones futuras”, como subraya Fatás, los ciudadanos de a pie que no estuvieron ágiles hace 20 años tendrán que conformarse con el espléndido trabajo que realizaron Matilde Músquiz, doctora y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y su marido, Pedro Saura, en la neocueva.

Una opción, esta última, cuyo éxito se puede medir en cifras: en 2022 las visitas a la exposición permanente y la neocueva fueron de 251.424 personas, dentro del cuarto de millón anual que se había consolidado entre 2001 y 2019. Respecto a las cifras de 2023, en lo que va de año, a falta del mes de septiembre, el número de visitantes asciende a 212.000 personas, 30.000 visitantes más que el año pasado por las mismas fechas y superando los niveles prepandemia.

“Pintan bastos”. José Cacho, técnico del proyecto contra la pobreza energética de Cruz Roja en Cantabria, no es optimista. La organización prevé triplicar la atención respecto a 2022. “La cosa se va a complicar de cara a este invierno, la energía se va a encarecer muchísimo y no sé hasta cuándo porque uno enciende la tele y no sabe en qué va a acabar esto”, asegura en relación al conflicto en Oriente Medio. “Lo del invierno pasado puede quedar en agua de borrajas”, adelanta.

En este sentido, el Consejo de la Unión Europea, bajo presidencia española hasta finales de año, alcanzó este pasado martes un acuerdo para modificar el mercado eléctrico que pretende “reforzar la protección de los consumidores”. Los Estados miembros ya pueden aplicar precios regulados a los hogares “en situación de pobreza energética y vulnerables”, pero ahora el Consejo ha acordado que los contratos “bidireccionales por diferencia” sean el modelo de uso obligatorio para evitar los “beneficios extraordinarios excesivos” de los productores.

Además, la institución podrá declarar una crisis “cuando se espere que los precios medios de la electricidad al por mayor sean muy elevados durante al menos seis meses” y cuando “los fuertes aumentos” se mantengan “durante al menos tres meses”. El acuerdo sirve de orientación general para las negociaciones en el Parlamento Europeo, que deberá aprobar el texto definitivo.

Los efectos prácticos de la iniciativa legislativa tardarán en afectar a la factura y ante el aumento de familias vulnerables, el proyecto contra la pobreza energética de Cruz Roja incide, entre otras cosas, en la importancia de “hacer llegar la información sobre la existencia del bono social energético”, subrayan el propio José Cacho y Alberto Rodríguez, voluntario que también trabaja en este ámbito.

En concreto, el avance de resultados de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) sobre el Estado de la Pobreza 2023, publicado también esta semana con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, concluye que, a pesar de que “la carencia material y social severa ha descendido por segundo año consecutivo al 7,7 % de la población, esto es a 3,65 millones de personas”, la vulnerabilidad energética ha aumentado: “El número de personas que no han podido mantener una temperatura adecuada en su hogar ha alcanzado al 17,1%, frente al 14,3% de 2021 y 10,9% en 2020”, con especial incidencia en mujeres, menores y personas mayores.

A través del proyecto contra la pobreza energética, Cruz Roja ha atendido en la comunidad autónoma a unas 450 personas en lo que va de año, “casi el doble que en 2022”, apunta Cacho. La iniciativa ofrece un itinerario que comprende entrevistas, talleres de formación sobre eficiencia energética, ayuda para comprender las facturas y realizar la solicitud del bono social, entrega de kits de ahorro con bombillas LED o ahorradores de caudal –“valorado en unos 75 euros”, informa Cacho– y compra de menaje como mantas, nórdicos o abrigos. “Nosotros obligamos a realizar el itinerario completo, empezando por el taller, porque los solicitantes tienen que entender el por qué y cómo se puede recibir ayuda. No se trata solo de pagar. Somos muy exigentes en ese sentido y el 95% de las personas que atendemos en Cantabria lo cumplen”, explica.

El apoyo incluye además el pago de recibos cuando está justificado, la compra e instalación de electrodomésticos y las obras de rehabilitación de la vivienda para mejorar aislamientos. “A Cruz Roja le debo casi la vida”, dice María, que vive con su marido jubilado y una nieta de 23 años.“ Yo les agradezco muchísimo su atención, sobre todo a José Cacho, porque no solo fue la ayuda, fue también la forma de hablarme, que me tranquilizó”.

“En casa no había quién parara, entraba frío por todas partes. Con la jubilación nos da para comer y nada más porque todavía estamos pagando hipoteca”, relata María. “A través de Cruz Roja nos cambiaron ventanas y me informaron de cómo pedir el bono social. Yo se lo agradezco mucho de verdad, pero se pasa muy mal pidiendo”, continúa. “Es lo más vergonzoso. No veas que ataques de lloros pasé”. María tiene ahora 70 años y cuenta que su marido, además, “está enfermo después de haber tenido un infarto y una angina de pecho”. Cruz Roja también les ayudó un año “con la compra de medicación”, añade.

De acuerdo al análisis presentado por la organización, un 70% de familias usuarias de Cruz Roja, con derecho a bono social, no lo percibe. Por una parte, existen problemas regulatorios: muchas familias en situación de pobreza energética viven de alquiler y no son titulares de los contratos de suministro eléctrico, por lo que no pueden solicitar la ayuda. En este sentido, “la automatización en la concesión del bono social por criterios de renta mejoraría la situación”, consideran en la organización. Cruz Roja y otras entidades sociales llevan haciendo esta reclamación desde 2020: “No hemos recibido ninguna respuesta, no sé si llamarlo silencio administrativo”, confirma Cacho. 

Por otra, hay familias vulnerables que cumplen los requisitos, pero desconocen la existencia del bono social, asegura el técnico. “Es cierto que en Cantabria el número de solicitantes es bueno. El boca a boca entre familias funciona y además intentamos darle mucha visibilidad. Es una ayuda potente, directa y sencilla, en principio. No es como el Ingreso Mínimo Vital, que es bastante más complicado y en realidad no ha sido un acierto”, opina.   

“Familias monomarentales”

 Alberto Rodríguez, voluntario de Cruz Roja desde 2019, dedicado ahora al proyecto contra la pobreza energética, incide también en la importancia de difundir las condiciones del bono social. Rodríguez, empleado de banca afectado por un ERE, constata otro de los datos clave del análisis de la organización: “Muchas de las familias afectadas son monomarentales”, un 22% de las unidades atendidas por Cruz Roja en 2022, según el estudio. “Los adultos lo llevan de otra manera, pero hay muchos menores en circunstancias muy duras”. En concreto, un 30% de las personas beneficiarias de ayuda en Cruz Roja lo son. Y el 35% son mujeres.  

Por ejemplo, Tania, que tiene 34 años, es sociosanitaria y hace unos meses ha comenzado a trabajar media jornada. Tiene una niña de 10 años y un niño de 7. “A mí Cruz Roja me apoyaba ya con la alimentación, los pañales… Un día me comentaron que tenían este proyecto contra la pobreza energética. Fui al taller y después me ayudaron muchísimo: pagaron facturas que debía y me compraron una lavadora y una vitrocerámica. Llevaba muchísimo tiempo lavando a mano y de la vitro solo me funcionaba un fuego que ni siquiera podía regular, estaba siempre al máximo”.

Ahora vive de alquiler en un pueblo donde paga 400 euros. “Tuve que cambiar toda mi vida porque en Santander me pedían ya 600 o 700 euros”, comenta Tania. No puede solicitar el bono social y tampoco recibe otra ayuda en la actualidad. Trabaja en una residencia de ancianos y lo que necesitaría para mejorar su situación de forma definitiva es “un contrato a tiempo completo”. 

Cruz Roja subraya en su informe que la pobreza energética “ha dejado de ser algo coyuntural” para convertirse en una problemática “estructural”. “Cada vez hay más familias que tienen que elegir entre llenar la nevera y poner la calefacción” y eso tiene un impacto a “nivel anímico, social, sanitario y educativo”, reflexiona Cacho. Y mientras no se articulen otros mecanismos, el primer paso es “entender bien las facturas” porque, para empezar, no es posible solicitar ninguna ayuda si no está en el mercado regulado.

Los posibles beneficiarios tienen que tener contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) establecido por el Gobierno -donde lo pagado por la electricidad consumida es el precio de la energía que resulta del mercado, más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales- con una comercializadora de referencia y para ello la potencia debe ser igual o inferior a 10kW. “Hasta en un 87% de los casos, los usuarios y usuarias de Cruz Roja no tienen claros estos conceptos”, reza el análisis de la organización. Algo que tampoco sorprende a Cacho y Rodríguez: “La verdad es que tiene mérito entender las facturas”, ironiza el último. 

Entorna las cejas pobladas de canas, baja la cabeza y sube los ojos azules para seguir mirando de frente. “A mí no me gusta que me tomen por gilipollas, ¿sabes?”, dice Julio a una vuelta de la conversación. Es marinero, pero esta vez la hoja de ruta no le ha llevado muy lejos. Las estrategias, los objetivos, los análisis DAFO, las clasificaciones, los conteos e incluso las posibles soluciones: todo está negro sobre blanco pero queda en papel mojado. Y no hay quien lea los mapas. Carlos está tan delgado que si abre mucho los ojos parecen salirse de las cuencas y Fernando está ahogado en celulosa burocrática. Mientras hablamos, el barco se hunde.  

Julio cambió el compás y la brújula por un sombrero negro y una silla plegable que planta “de once de la mañana a ocho o nueve de la noche” a la puerta de un supermercado Lupa en Santander. Antes dormía al raso y hacía la mudanza de cartones “entre el templete de los Jardines de Pereda y un cajero de La Caixa” en la capital cántabra. Ahora vive en una casa abandonada, “sin luz ni agua”. En el mismo inmueble de tres pisos hay alojadas “entre tres y cinco personas más”. “Arriba solo estoy yo, en el torreón”, bromea. En total, lleva “seis o siete años en la calle”.

De acuerdo a la tipología establecida en la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo 2023-2030, aprobada el pasado 11 de julio, la situación actual de Julio, que tiene ahora 61 años, es de “exclusión residencial” en régimen de “ocupación ilegal”. Fernando, también con 60 años, pasó tres años en la calle, donde enfermaba de forma continua. Hace un par de años consiguió “una habitación alquilada”, gracias a la ayuda de varias familias que ya lo conocían y lo apoyaban cuando estaba “en el cajero”. Carlos, 49 años, lleva cuatro meses “en un escaparate”.

La última Encuesta de personas sin hogar del INE, publicada hace un año, identificó un total de 28.552 personas atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración en España, un 24,5% más que en 2012. El 50,1% tenía nacionalidad española y el 49,9% extranjera. El número en Cantabria ascendía a 570 personas, la mayoría, 473, de nacionalidad española frente a 98 extranjeros.

De acuerdo a los datos de la Memoria anual de la Asociación Nueva Vida, que colabora con el Ayuntamiento de Santander en la gestión del Centro de Acogida Princesa Letizia, el año pasado utilizaron el albergue un total de 1.406 personas. “No hablamos del número de veces que han estado en el centro, no, es el número de personas”, insiste Julio David García, gerente de la organización en Cantabria.

Nueva Vida forma parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI), que atiende a personas solicitantes o beneficiarias de asilo o protección internacional. La organización tiene además un convenio con el Estado para la gestión de recursos en este ámbito, cofinanciado por la Unión Europea. A través de estos programas, atendieron el año pasado a 141 personas en Cantabria y 131 en Euskadi. 

La problemática a la que se enfrentan las personas migrantes solicitantes de asilo o refugio es distinta a la que afecta a las personas de nacionalidad española y los mecanismos de acogida son diferentes. Eso se traslada a la calle y genera resentimientos. “Prefieren atender a inmigrantes porque cobran más comisión por ellos”, espeta Fernando tras relatar su experiencia en el Centro Princesa Letizia. “Cuando empecé a trabajar otra vez en la construcción estaba en el albergue”, recuerda. “Pedí un adelanto, me compré un teléfono, un paquete de cigarros para mí y otros dos para un par de amigos que me habían ayudado cuando no tenía nada. Pues me echaron porque me había gastado más de 50 euros... Son las normas que tienen ellos. Te dan cuatro días de estancia máxima pero si estás esperando una paga te puedes quedar más tiempo. Mientras estás alojado tienes que hacer tareas, cocina, limpiar, lo que sea. Y luego está el horario: a las diez de la noche hay que estar ahí y no puedes salir hasta las ocho de la mañana”, cuenta.

Julio también ha estado en el Centro Princesa Letizia de Santander. “Tres veces. El centro está bien pero lo lleva una gente que no, estos de Nueva Vida, que son cristianos, y chocamos. Ahí me dieron una paga (Renta Social Básica) pero también me la quitaron porque me mandaron una carta y en vez de ir a la vivienda de mi madre, donde estoy empadronado, me la mandaron al centro y allí no me dijeron nada, ni me llamaron”, asegura.

El gerente de Nueva Vida explica que la gestión del alojamiento “es del Ayuntamiento de Santander y es el que decide”. La asociación tiene un convenio a través del cual el Consistorio “paga los salarios de 16 trabajadores”. García reconoce que podrían atender más casos: “Eso es cierto, el espacio no está a pleno rendimiento”. No obstante, “tiene que haber unas normas, alguien tiene que poner un límite. Hay gente que tiene problemas de adicciones y ahí no se pueden permitir consumos. También ha habido casos de conflictos por problemas de salud mental. A veces se viven situaciones muy complicadas”, explica.

Fernando también tiene su pelea con los Servicios Sociales. “Me denegaron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque vivía en un cajero y no tenía domicilio. Ahora lo tengo recurrido porque me dijeron que no había demostrado que no tenía vínculos con las otras personas que viven en la casa, que tiene cinco habitaciones alquiladas. Así que he presentado de nuevo el contrato de alquiler y una declaración jurada”, relata. “Para esto en febrero había presentado el informe y en julio me llamaron para hacerlo otra vez porque la trabajadora que había iniciado el trámite estaba de baja. Total, llevo dos años esperando una ayuda”, continúa. “La renta básica tampoco me la conceden porque tiene que haber una denegación en firme del Ingreso Mínimo Vital. La burocracia es asquerosa”, concluye.

Proyectos paralizados

En su día, a Fernando le comentaron la posibilidad de acceder a una vivienda. Por su parte, Carlos, que está pendiente de la respuesta de Ayuntamiento para participar en unos talleres de ayudante de cocina o limpieza, echa de menos la oportunidad de recurrir a un piso tutelado, “donde te den un voto de confianza y a una reinserción laboral más práctica y ambiciosa”.

Carlos incide además en una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las personas que, habiendo cumplido ya los itinerarios establecidos por las instituciones, intentan volver a tener una vida autónoma: el mercado de la vivienda y la proliferación de pisos turísticos: “Las habitaciones están en 350 euros, que es una barbaridad pero es lo que estamos aceptando. Los pisos de La Gándara, como en el que yo vivía, están en 500 euros. No se puede pagar eso ni siendo mileurista”.

Ni pisos tutelados de estancia permanente o puntual ni alojamiento de baja exigencia. Ninguna de estas dos opciones existe a día de hoy a pesar de los numerosos anuncios de las administraciones públicas en Cantabria. En octubre de 2021, la entonces consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez (PSOE), anunció la adquisición, “con fondos europeos, de 20 viviendas para implantar el modelo Housing first”. Este programa tiene como finalidad facilitar una vivienda estable, acompañamiento y actividades ocupacionales para las personas con más necesidades y se complementa con las iniciativas Housing led: alojamientos temporales en pisos y apoyos puntuales para la inserción laboral.

Los pisos “no se han comprado”, confirma el gerente de Nueva Vida, que pronto tendrá una reunión con la nueva consejera del área, Begoña Gómez del Río (PP), donde podrá recordarle que la Estrategia de inclusión para las personas sin hogar en Cantabria –en cuya elaboración participaron también la Cocina Económica, Cruz Roja y Cáritas Diocesana– está sobre la mesa desde enero de 2023. Tampoco está en marcha el centro de baja exigencia –que estaría abierto 24 horas y donde no sería necesario tener documentación ni estar empadronado en Cantabria para acceder al servicio– planeado en su día por el Ayuntamiento de Santander en la calle Enseñanza. 

“Vox lo utilizó como carnaza en las elecciones y no lo van a hacer porque además estaba mal planificado”, asegura García. “Tendría que estar en un barrio 'normalizado', lo siento, porque la carga social se debe repartir entre todos los estratos”, justifica. “Nosotros planteamos una serie de ideas para que contara con una atención personalizada que no se incluyeron. No quiero hacer más valoraciones, pero los indicadores apuntan a que no se hace por rédito electoral”, finaliza.

La última noticia sobre esto es la que publicó elDiario.es el pasado abril: “El Ayuntamiento de Santander replanteará el proyecto del centro de baja exigencia para personas sin hogar en la calle Enseñanza 6, que está totalmente paralizado, si bien no descarta ubicarlo en este lugar, que ahora será inspeccionado para conocer su estado ante la advertencia de posibles deficiencias por parte de los vecinos”.

Los comedores sociales tampoco están libres de críticas. “A la Cocina Económica ya ni voy. Yo la conocí hace 30 años, cuando realmente era la Cocina Económica, ahora todos los que eran voluntarios, cobran. Ellos no pagan un duro de la comida, que lo sé yo”, afirma Julio. Fernando también tiene críticas para esta organización. Desde la Cocina Económica explican en declaraciones a elDiario.es que desde 2018 “las personas que acceden al servicio deben aportar 30 euros mensuales si cobran una pensión mínima contributiva de 485 euros, 60 si reciben más de 600 y en los casos en que superen los 700, 100 euros. También tiene que ayudar en la limpieza, a fregar o recoger mesas y sillas. Y esto no les hace ninguna gracia”. 

“Solo necesito un curro”

Respecto a la posibilidad que barajan el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander de someter a examen psiquiátrico a las personas que duermen en la calle, el gerente de Nueva Vida es tajante: “Son soluciones del siglo XIX para el siglo XXI. Este tipo de planteamiento no es aceptable”. A Julio, por ejemplo, no le parece “sano”. “Si te evalúan psiquiátricamente ya tiene una connotación y yo por ahí no paso. No todo el mundo que está en la calle está colgado o está loco o tiene problemas con el alcohol y las drogas, no todo el mundo. En mi caso solo necesito un curro, pero he sido marinero toda mi vida y ahora no me cogen ni para macizar en la Bahía”, relata.

Hace poco fue a pedir trabajo de recogevasos en la zona de copas de Cañadío. “Me presento yo y dos chavalitos de veintipico años. Yo hablo idiomas, inglés, francés, italiano y por los codos”, asegura. “El jefe me dice: 'Mira, Julio, yo te cogería a ti pero me da no se qué mandarte, yo a estos chicos hasta les grito'. Y es verdad: a mí me gritas e igual me voy. También estuve trabajando en el Juan de la Cosa pero de marmitón y yo soy marinero, y muy buen marinero”. Tiene 11 años cotizados en la pesca y algún mercante pero en su mayoría “ha trabajado como contramaestre en yates de súper lujo, con bandera inglesa. Tengo un hijo en Francia y otro en Suiza. Al suizo nada, ni lo conozco, pero al gabacho le he tenido que almorzar, ahora tiene 24 años y hace tres que no lo veo”.

Reconoce que ha tenido adicciones. “He estado en el rollo, yo no miento. He consumido y de vez en cuando tomo algo, pero no es eso lo que me hace pedir, lo que me hace pedir es la vida, el comer. Ahora estoy con metadona. Voy al centro de salud cada 15 días y muy bien”. Por su parte, Carlos ha hecho “la terapia entera de Proyecto Hombre dos veces” y ha tenido varias recaídas. “La rehabilitación es dura pero el día a día se hace muy largo”, reflexiona.

El 10 de octubre será el Día Internacional de las Personas sin Hogar y el 24 se realizará un conteo nacional de personas que duermen en la calle en todo el territorio nacional, recuerda Andrea Balbín, gestora del proyecto de atención a personas sin hogar de Nueva Vida. En Santander, gracias al programa Ola de frío, hay una estimación bastante ajustada del número de personas en esta situación, que según García podría ascender a 35 en la actualidad. La cuestión, continúa Balbín, es incluir a quienes están en situación de exclusión residencial, en infraviviendas, y en Cantabria, siendo una comunidad pequeña, “existe la oportunidad de hacerlo bien si se establece una colaboración con los Servicios Sociales”.

A Mally Rodríguez se le quiebra la voz. Los restos de su tío, Santiago Gil Santos, llevan más de 80 años en una fosa ubicada en algún punto del Coterón de la Pra, en Cillorigo de Liébana. “Es una depresión… no puedo porque me emociono… llevo muchos años detrás de esto y yo ya me voy haciendo mayor… Sé que mi madre quería que lo buscáramos”, explica. “Mi hermano, que era médico y vivía en Santander, también lo intentó pero murió hace tiempo”. Su madre, Concepción Gil, falleció en 2010. Ella, que estudió Filología Románica en Valladolid y fue profesora en Madrid hasta su jubilación, tiene 73 años, pero su prima, que nunca llegó a conocer a su padre porque nació cuando ya estaba detenido, cuatro días antes de que lo mataran, tiene ya 86.

El cadáver de aquel joven de 26 años no fue el único arrojado a la cuneta de la carretera entre Castro y Tama. De acuerdo a los datos que los investigadores Jesús Gutiérrez Flores y Fernando Obregón aportaron al Gobierno de Cantabria, en el mismo lugar habría, al menos, otras cinco víctimas: Lorenzo Rodríguez Armiño, Camilo Bargaño Vicente, Pedro Martín Esteban Ruiz, Lucas Arias García y Federico Rodríguez. Los trabajos de localización, que habían comenzado en febrero, han quedado paralizados.

PP y Vox aprobaron este pasado lunes instar al Ejecutivo autonómico, presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) tras las elecciones del 28M, “a presentar a la mayor brevedad un proyecto de ley de derogación de la Ley de Cantabria de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria” aprobada en 2021 por PRC y PSOE. Y así han frenado el proceso de recuperación de la memoria en la comunidad autónoma tras años de espera.

Me encanta que algunos se rasguen las vestiduras. Ahora que no se sorprendan

Íñigo Fernández — Diputado y senador autonómico del PP de Cantabria

“Me encanta que algunos se rasguen las vestiduras. Ahora que no se sorprendan”, afirma el diputado y senador autonómico Íñigo Fernández (PP) en declaraciones a elDiario.es. Y es cierto que estaban sobre aviso. El 10 de mayo de 2021, en el debate y votación de la enmienda a la totalidad del proyecto, presentada entonces por el ya extinto grupo parlamentario de Ciudadanos, el propio Fernández ejerció como portavoz del PP y anunció desde la tribuna la futura derogación de la norma “si de él dependía”.

Ahora ha sido a través de una iniciativa de Vox, presentada por Leticia Díaz -quien fuera consejera de Presidencia y Justicia entre 2011 y 2015, durante el Gobierno de Ignacio Diego (PP)- cuando Fernández ha tenido la oportunidad de representar al grupo parlamentario Popular para certificar la muerte fetal de una normativa que, en el ámbito de las exhumaciones de víctimas de la represión franquista, no ha llegado a dar ningún fruto.

La paradoja cántabra es que, más allá de las acusaciones de “sectarismo” lanzadas por PP y Vox, la única exhumación que se ha producido en la comunidad autónoma tuvo lugar en 2019, recién creada la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica pero sin ley autonómica en vigor, y fue la de Eloy Campillo, alcalde pedáneo de Sotres y guarda del coto de caza de Picos de Europa, asesinado en 1945 por guerrilleros de la Brigada Machado, recuerda la exdirectora de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa (PSOE).

Mariano Calvo Haya, representante de Desmemoriados, que es una asociación para la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria, también incide en este punto. “A mí me molestó un poco, pensé: Qué prisa se han dado, ¿no? No se dan tanta prisa con los otros. Ahora entiendo que quizá quisieron empezar por ahí para acallar a la derecha”, confiesa por su parte Marisol González, delegada en Cantabria de la asociación de memoria histórica Archivo, Guerra y Exilio (AGE). Si esa era la intención, no funcionó. “La ley es sectaria aunque la primera fosa que hayan abierto haya sido para recuperar el cadáver de una víctima de los maquis”, sentencia el popular Íñigo Fernández.

El Gobierno de Cantabria “tendrá que mover ficha” ahora y trabajar en la derogación de la ley “salvaguardando dos supuestos: el derecho a la recuperación de los restos mortales de las víctimas y la necesidad de custodiar el material documental”, continua Fernández. El mismo jueves por la tarde, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, Eva Guillermina Fernández (PP), refrendaba este punto en el Parlamento. 

Ambos principios quedarían amparados por la normativa estatal (Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática). No obstante, “las derechas (PP y Vox) saben que las leyes autonómicas, hechas desde el patio de vecindad, permiten el desarrollo de actuaciones más rápidas y cercanas. Por eso la eliminan, porque quieren perpetuar la situación de olvido que instauró el franquismo”, argumenta Mariano Calvo Haya. “El marco general ampara pero la herramienta autonómica es la que va a más”, suscribe la exdirectora de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica.

Actuaciones en suspenso

Compete ahora al equipo de Eva Guillermina Fernández encontrar la fórmula para encajar la derogación completa de la ley ‘salvando’ las exhumaciones y la conservación de documentación. Eso sí: “No hay ninguna prisa en hacerlo. No tiene que ser la semana que viene. Tampoco tiene por qué tardar mucho. Démonos seis meses, sin ningún problema”, apostilla el diputado popular.

O quizá más, porque “el único cambio” que ha hecho el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga “ha sido eliminar la Dirección de Acción Cultural y la de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica para unificarlas en una -a la que han llamado Dirección de Cultura y Patrimonio Histórico, dirigida ahora por Juan Antonio González Fuentes- y cargar de trabajo al funcionario responsable. Eso demuestra el interés que tienen en ambas áreas”, apunta Zoraida Hijosa. 

Mientras tanto, las actuaciones para localizar a Santiago Gil Santos y el resto de víctimas están en suspenso. “Han ido muy despacio y al final se les ha echado la legislatura encima y ha caído el cambio de Gobierno”, lamenta Mally Rodríguez, que recuerda la ingente labor de documentación que ha realizado durante años. “Hablé con todos los historiadores e investigadores vivos de Cantabria”. Rodríguez cita de memoria: Antonio Ontañón, Miguel Ángel Soya, Fernando Obregón o Ángel Armendáriz (entre otros), autor del mapa de fosas más completo que existe hasta la fecha en Cantabria, donde se identificaron al menos 150, cuando antes de 2018 solo se conocían siete, como publicó en su día elDiario.es. “Le entregué todo a Zoraida (Hijosa)”, concluye.

Cantabria es un escenario complicado. “En otras comunidades hay fosas enormes en lugares más o menos accesibles. Aquí ha llevado mucho tiempo localizar los puntos concretos donde pueden estar ubicadas. Además, la política en Cantabria fue encontrar primero a los familiares reconocidos que tuvieran interés en reclamar los restos de esas víctimas”, relata Hijosa.

En el caso concreto del Coterón de la Pra, donde estaría Gil Santos, “hubo que llamar, puerta por puerta” para obtener información sobre el lugar concreto. “Al final un vecino de Tama nos dio una ubicación más exacta, era una zona llena de zarzas que el Ayuntamiento limpió. Se logró identificar un foso y se iban a iniciar las catas”. En Anievas, los intentos de localización de la fosa en la que podría estar los restos de Pedro Terán Arce, transportista y juez municipal, asesinado en 1937, “dieron negativo”. En Piélagos y Cieza no llegaron a comenzar.

Hijosa fue cesada por Decreto de 13 de abril de 2023. “Desde entonces no he conseguido que me den ninguna información sobre el desarrollo de los trabajos”, subraya. La partida de 120.000 euros prevista en el presupuesto de la antigua Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte “no se va a ejecutar y tampoco han sacado las ayudas -un montante total de 30.000 euros- para los proyectos de recuperación de memoria histórica que se sacaban todos los años. No están haciendo nada. Y no lo van a hacer, creo. Ojalá me equivoque”, añade la exresponsable del área.

“Muerto sobre muerto”

“En mi casa nunca se hablaba porque tenían miedo. A mi madre nunca pude preguntarle en qué sitio exacto estaba, probablemente ni ella misma lo sabía”, continúa Mally Rodríguez. A su tío lo mataron el 14 de septiembre, Día de la Cruz, en las fiestas de Potes, “para más inri, para que sirviera de lección al pueblo. A él y a Federico Rodríguez los ataron de pies y manos a un camión, no sé si vivos o muertos, y les pasearon por Potes. Lo que sí sé es que los destrozaron”, tal y como recoge Fernando Obregón en su libro República, Guerra Civil y posguerra en los Valles de Liébana y Peñarrubia publicado en 2007.

No es posible que digan que ahora queremos abrir heridas. Queremos que estén donde tienen que estar, no tirados por ahí como alimañas en un 'prao' a la orilla de un río. Es una cosa inhumana

Mally Rodríguez — Familiar de una víctima del franquismo

“Yo cada vez que oigo que por qué queremos remover… pues porque hemos estado ochenta y tantos años esperando. Es una cosa inhumana”, reflexiona Mally Rodríguez. “No es posible que digan que ahora queremos abrir heridas. Queremos que estén donde tienen que estar, no tirados por ahí como alimañas en un prao a la orilla de un río”.

El argumentario de PP y Vox para derogar la Ley gira en torno al siguiente razonamiento, expresado por Íñigo Fernández: “Nosotros decimos que la reparación de las víctimas debe hacerla un régimen democrático. No vale decir que la democracia repara las víctimas de un bando porque las otras ya fueron reparadas por la dictadura, porque entonces ya las estamos tratando distinto”.

Y la consejera de Cultura remataba esta misma semana. Según dijo en comisión parlamentaria, las exhumaciones se mantendrán, pero “contando para ello con la voluntad de las familias”. “No todo el mundo quiere remover a sus muertos. Algunos consideran que están bien dónde están. Que se lo pregunten si no a los que están en Paracuellos”.    

“Esto no es nuevo”, certifica Calvo Haya, de Desmemoriados. “Lo que pretenden es tapar un muerto con otro muerto. Cada vez que se habla de los muertos que lucharon por la República, la derecha y la extrema derecha recuerdan a muertos que ya han sido suficientemente dignificados”. La derogación de esta ley es “un retroceso antidemocrático que lo que hace es perpetuar la preeminencia de las víctimas del bando llamado Nacional, que ya fueron suficientemente dignificadas y recordadas, solo hay que pensar en las placas de las iglesias, mientras que las del otro bando, muchas de ellas, siguen en cunetas y campos hasta hoy”.

Teorías “fascistas”

“Esta derecha no está civilizada, ningunear así a las víctimas sería impensable en Europa. Y siguen machacándonos con estas teorías fascistas para justificar el golpe de estado”, argumenta Marisol González, quien apunta dos cuestiones sobre la iniciativa de Vox.

“Ahora bien, como parte de la deseada concordia, se debe satisfacer la justa demanda de la localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa durante aquella época, con independencia de su credo o militancia”, dice, casi para finalizar, la Proposición No de Ley de Vox. “No es cierto que los miles de víctimas que yacen en cunetas sin identificar sean de ambos bandos. Por desgracia los únicos sin identificar son las víctimas que produjo el régimen franquista porque de sus correligionarios se ocuparon muy mucho, tuvieron casi 40 años para hacerlo, así que no quedó victima sin identificar”, matiza González.

Esta derecha no está civilizada, ningunear así a las víctimas sería impensable en Europa. Y siguen machacándonos con estas teorías fascistas para justificar el golpe de estado

Marisol González — Delegada en Cantabria de la asociación Archivo, Guerra y Exilio

De hecho, “como no tenían muchas víctimas, para rellenar utilizaron víctimas del otro lado, como ocurrió en los enterramientos del Valle de Cuelgamuros o de los Caídos, como lo bautizó Franco, donde metieron a muchos republicanos para completar los nichos, sin el conocimiento de sus familias”, incide, a las que quizá también habría que preguntar “si están bien donde están”.

Por otra parte, resalta que Vox habla “de los cinco años que gobernó la República (de 1931 a 1936). Otra falacia: la República estuvo gobernando y legislando hasta que en 1939 el Gobierno se tuvo que exiliar. Es decir, ocho años. No es que no conozcan la Historia, es que ellos dan por bueno el Estado Mayor que Franco estableció en Burgos en 1936 cuando aún no tenía el poder en sus manos”.

 “En julio de 1936 se puso fin a la experiencia de la República”, reza de forma literal la propuesta de Vox. “Siempre se trata de justificar el golpe de estado”, explica Marisol González. “Hablan de forma despectiva como si fuera un experimento, no el Gobierno legítimo de la nación, al que los golpistas, por cierto, habían jurado fidelidad”.