Cuando anunciaron las primeras deducciones, casi todo el mundo aplaudió. Hace unos días, muchos incluyeron su gimnasio o dentista en la declaración de la renta. Y tan contentos con la cerveza que se pueden tomar con lo ahorrado. Ahora, con los nuevos presupuestos, hay más rebajas de impuestos. Y ya sin cebos de musculación o limpieza bucal. Directamente, a pagar menos los que más tienen. Eso sí, con mensaje y encargo para voceros de seguir estirando el chicle de la clase media. Al trabajador de a pie le han subido el sueldo hasta los 100.000 euros, aunque no lo va a notar en su nómina. Paradojas de las nuevas clases que han generado en el imaginario colectivo de mucha gente. De tanta, que hasta la izquierda (si se puede llamar así), cuando se acercan las campañas electorales, cae en la trampa y también promete bajadas de impuestos. Una vez más, entran en una competición que tienen perdida. El clásico error de competir en lo que no son ni buenos ni creíbles, en lugar de ser los mejores en lo contrario.

El trazo grueso y el discurso dominante llevan a mucha gente a apuntarse a un club en el que nunca le dejarán entrar. Les alimentan de una posición ilusoria que no pueden pagar, como el coche a plazos que financian y no necesitan, pero que agranda el pecho al pasearlo por la ciudad en obras. Se quieren reconocer frente a un espejo que distorsiona su imagen y la convierte en un meme, incluso, cuando llegan las tragedias y la realidad se inunda o se quema ante sus narices. La verdad es lo primero que se ahoga o se quema y lo último por lo que se lucha por rescatar. Eso ante la catástrofe porque, en el día a día, muchos no reconocen cuál es la razón para el profesor que no llega, la ayuda a la dependencia que se retrasa, el centro de salud cerrado este mes o el juzgado colapsado. La rebaja del IRPF aprobada por el PP beneficia a todos los contribuyentes, sí. Pero no por igual. Quien percibe las rentas más bajas apenas notará unas pocas decenas de euros al año. Los que superen los 100.000 euros de ingresos multiplicarán ese ahorro hasta acercarse a los 600 euros, una cantidad que aumentará todavía más con las modificaciones previstas para el próximo ejercicio. A ello se suma la ampliación del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio hasta los dos millones de euros. No es un accidente. Es una opción política.

Estos días en los montes valencianos, como en los madrileños, se libra la gran batalla ideológica de estos tiempos. Sin unidad autonómica de emergencias y con presupuestos recién reducidos, ni los vecinos afectados apuntan a la declaración de la renta para explicar lo que ocurre. El fuego es cada vez más destructivo y corre a una velocidad similar a la de los bulos y los discursos demagógicos. Junto a la bajada de impuestos llega el negacionismo climático, que lleva a alguien a creerse con derecho para utilizar la maquinaria prohibida. Ya se han encargado de deslegitimar la norma y de demonizar a quien la aprobó. Y, desgraciadamente, no hay pacto posible que hacer para evitarlo. Intentarlo es lo que hay que hacer, la intención es buena, pero los hechos demuestran una deriva en el PP que hace imposible acordar, más allá de chalecos con rótulos y performance en las zonas rurales. Han comprado todos los postulados de la peor derecha y la sensatez del partido ha sido arrinconada.

Los servicios públicos, más allá de incendios o inundaciones, sostienen la vida cotidiana. Las catástrofes únicamente nos recuerdan lo que ocurre cuando descubrimos todo aquello que dábamos por hecho. Sería un error atribuir ese modelo económico exclusivamente a Vox. La formación de Santiago Abascal ha endurecido el discurso identitario del PP y ha reforzado determinadas decisiones fiscales. Pero el proyecto ya estaba ahí. El Partido Popular lleva décadas defendiendo que bajar impuestos constituye casi un fin en sí mismo. Vox no cambia esa filosofía; simplemente la empuja un poco más y la libera de cualquier complejo. Quizá por eso resulta tan paradójico que, apenas dos años después de la dana que sacudió la Comunitat Valenciana, los presupuestos reduzcan partidas destinadas a la prevención de incendios. El Consell ofrece explicaciones técnicas relacionadas con el final de inversiones extraordinarias derivadas de la reconstrucción. Es una explicación legítima. Pero la fotografía política sigue siendo incómoda: una administración que decide ingresar menos dinero mientras necesita responder a desafíos cada vez más complejos.

Los servicios públicos, más allá de incendios o inundaciones, sostienen la vida cotidiana

Y en ese marco, vuelve la tozuda realidad de cada presupuesto elaborado por las preeminentes mayorías autonómicas. Se renuncia a ingresos mientras se reclama mejor financiación. Y Pérez Llorca vuelve a permitir que la situación de la autonomía que preside se diluya entre todas las de su partido. Nadie puede decir que no ha tenido tiempo de estudiar la propuesta del gobierno central y menos la conselleria de Hacienda valenciana. Nada debería ser más importante para el conseller Rovira que mirar hasta el último concepto y decimal de lo que propone Arcadi España. Ya debería tener una detallada contrapropuesta para mejorar el dinero que debe llegar a la Comunitat Valenciana y para exigir una mayor quita a la deuda. Con eso se apagarían fuegos y se evitarían otros. Pero, claro, ya no hay prisa. Se acabó cuando el ejecutivo de Sánchez presentó su modelo. Ahora, es más importante jugar a las candidaturas, las propias y las ajenas. Y sí, es loable la intención de España, pero no hay tiempo que perder. Y todos sabemos que el PP no va a acordar la financiación autonómica. El Gobierno ha aplazado el Consejo de Política Fiscal para intentar alcanzar un acuerdo que no llegará tampoco en septiembre. La financiación autonómica es una prolongación de la batalla política estatal. Y hay quien se lo puede permitir porque le sirve la que hay, pero los valencianos, no. Y ser presidente de la Generalitat exige lealtad a los intereses de sus ciudadanos por encima de las siglas y las prebendas del cargo. Una vez más, los comportamientos son equiparables. A nadie habría extrañado ver a Carlos Mazón en una final con entradas de regalo, como no sorprendió su rápida rendición ante la ultraderecha para gobernar o tener presupuestos. Pérez Llorca prometía otra forma de gobernar. Más diálogo, más acuerdos, más centralidad. Sin embargo, conforme se acumulan las decisiones, empieza a resultar evidente que el cambio era solo de cara. La dirección sigue siendo la misma o peor. Porque, una vez cogido el testigo, no se da ni un paso atrás o hacia el centro. Solo se suben las desgravaciones y las cantidades en las que se incluye a los valencianos en la clase media, esa que cada vez tiene peores servicios públicos. Quizás la única diferencia es que, si vuelve a pasar, Llorca hará como Ayuso, y delegará en el gobierno central. Pero, visto lo visto, si no está en una comida, puede que esté en un partido al que le inviten gracias a ser el presidente de una comunidad de clase media sin dinero para subsistir, pero con ganas de ver finales de miles de euros.

Quedaban pocos y ya no queda ninguno. Vivimos el año 0 después de Moreno Bonilla, el supuesto moderado. El andaluz más centrista se ha lanzado de cabeza por la pendiente que inauguró Mazón con la prisa y la soberbia que le han caracterizado siempre. Lo ha hecho con la misma media sonrisa que sugirió con expresión prepotente su otrora amigo valenciano. Como entonces, ahora han contado que incluyen en su programa de gobierno las demandas de la extrema derecha solo en la teoría. Que no pasará del papel porque muchas son ilegales o irrealizables. En València, se contaba al principio de la legislatura, como ahora en Sevilla, que era un peaje por la gobernabilidad, pero la experiencia valenciana demuestra exactamente lo contrario. No estamos ante una negociación presupuestaria. Estamos ante la aceptación plena de un marco ideológico. Mucho más allá del pacto en la cuartilla del primer gobierno de Mazón, ahora en Andalucía hay decenas de folios para explicar cómo gestionará un gobierno que no pudo tomar posesión porque estaba muriendo gente en un incendio agrandado por los efectos del cambio climático. Eso que niegan los miembros del nuevo ejecutivo. Ese simbólico choque de realidades tiene un nuevo corolario en el punto cero de la simbiosis. Lo estamos viviendo en los presupuestos de la Generalitat. Se está demostrando que el problema no era Mazón.

Moreno, como Pérez Llorca, se presenta como dialogante. Pero los dos tragan con la cacareada “prioridad nacional” para acceder a vivienda pública o a prestaciones sociales. El PP acepta endurecer las políticas de inmigración y sustituir programas de integración por otros de retorno voluntario. Traga con convertir las políticas de igualdad en políticas de conciliación y eliminar la protección expresa del colectivo LGTBI de los objetivos de la Dirección General de Diversidad. Y más. En plena pausa de las movilizaciones del profesorado, quien se decía partidario de mejorar la situación de los docentes y los centros educativos públicos, se pliega a crear una especie de policía educativa que vele por la supuesta neutralidad ideológica de las aulas, que supervise materiales didácticos, actividades complementarias e incluso las charlas impartidas por asociaciones externas para evitar el fantasma permanente del “adoctrinamiento”. Eso no lo va a incluir en sus presupuestos Carlos Mazón. Lo va a hacer el President que salía a hablar con los manifestantes para que le grabaran videos, en el papel estelar de prohombre dialogante. El mismo que, fuera del tiro de la cámara institucional, va a aplicar recortes a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, aunque llegó al cargo prometiendo que él sí iba a defender la lengua. Señaló entonces a su predecesor, pero, a la postre, como en otras cosas, lo ha empeorado.

En el perfil de IG también se ve a Pérez Llorca, partidario del diálogo social, pero ahora ejecuta una reducción de ayudas a los sindicatos para, por ejemplo, elaborar planes de igualdad. Dispuesto a superar a Mazón en casi todo, impulsará la revisión de los currículos para eliminar referencias a la igualdad, la sexualidad o el multiculturalismo. Prefiere incorporar la protección del “no nacido” a la legislación valenciana de infancia o la prohibición del burka como gran bandera política.

Hace apenas unos años, el PP discutía sobre impuestos, financiación autonómica, infraestructuras o crecimiento económico. Hoy dedica buena parte de su acción política a hablar de prioridad nacional, adoctrinamiento escolar, inmigración, multiculturalismo, identidad o guerras culturales. Exactamente los asuntos que Vox necesita colocar en el centro del debate público. La mayor victoria de la extrema derecha nunca consiste únicamente en obtener escaños. Radica en conseguir que los demás jueguen su partido. Y que lo comente M. Rajoy. No estamos ante sarcasmo ni ironía; diga lo que diga el Borja Sémper, el penúltimo de los moderados en caer. Con camiseta de una selección de fútbol o como texto de unos presupuestos, los que hablan de colores de piel y de discriminaciones varias marcan nuestro modelo de sociedad. Mucho más diversa de lo que a algunos les gustaría y que, cesión tras cesión, se deteriora más. Tanto que, en las inmediaciones del Roig Arena, durante la celebración de la clasificación para la final del Mundial de la selección española más diversa de la historia, se escuchó a todo volumen el Cara al Sol. Quizás los dueños del altavoz veían extranjeros en Francia a los que aplicar la prioridad nacional mientras celebraban el triunfo de Lamine y los demás españoles. Quizás Sémper le encuentre una explicación banal. Qué pena perder a tanta gente en esta travesía de montaña.

Los partidos no cambian únicamente cuando modifican sus programas. Mutan cuando mueven las líneas de lo aceptable, normalizan discursos que antes combatían y dejan de discutir las propuestas de la extrema derecha para empezar a administrarlas. Quizá el PP no se radicalizó de un día para otro. Solo fue traspasando límites, convencido de que ninguno sería decisivo. Hasta descubrir que ya no discutía las respuestas de Vox, sino que había empezado a compartir sus preguntas. No sé exactamente en qué monte se perdió el PP moderado y de centro. Lo que sí parece evidente es que hace tiempo que dejó de buscar el camino de vuelta. Y, visto lo visto, si Vox ya marca los presupuestos, las prioridades políticas, el lenguaje, las guerras culturales y buena parte de la agenda del Consell, ¿también le acabarán dejando elegir al próximo candidato del PP a la Generalitat o les vale cualquiera?

Alguna vez, de las muchas que lo piden unos y lo vaticinan otros, acertarán y Pedro Sánchez convocará elecciones. Ya sabemos que, en principio, no las juntará con otras, más por exigencia de socios como los vascos que por atender a las plegarias de los suyos. En ese clima, empieza a hacerse evidente en la política valenciana que todos los partidos han entrado ya en la cuenta atrás de las autonómicas y municipales de 2027. Esa incertidumbre estatal, lejos de retrasar los movimientos, los acelera. Porque cualquier adelanto electoral obligaría a comparecer con liderazgos consolidados y con un proyecto reconocible. Por eso, las próximas semanas y los próximos meses serán decisivos. No tanto porque se celebren elecciones inmediatas, sino porque se están definiendo las candidaturas que deberán afrontar el siguiente ciclo político. Y ahí todos los partidos llegan con deberes pendientes.

El PSOE ha decidido acelerar la consolidación de Diana Morant como líder del PSPV. El PP mantiene la apuesta por Juanfran Pérez Llorca, aunque Génova dosifica cuidadosamente los tiempos de su proclamación definitiva. Compromís recupera a Mónica Oltra para intentar relanzar su proyecto municipal y, al mismo tiempo, explora una ampliación de su espacio político mediante alianzas a la izquierda del socialismo, que, como siempre, amenaza con ser una batalla retransmitida. Los tres movimientos tienen una lógica evidente. Pero los tres comparten también una misma debilidad: resolver quién encabeza el cartel no equivale a construir una alternativa política capaz de entusiasmar a los ciudadanos.

Los socialistas siguen confiando en exceso en el antimazonismo y el desgaste sufrido por el Consell tras la gestión de la dana. Fían demasiado sus opciones en los errores ajenos para lograr convertir a la Comunitat Valenciana en uno de los pocos territorios donde el PSOE podría gobernar. No obstante, las derrotas de ministros con poco predicamento en sus territorios deberían hacer desconfiar y pensar la estrategia. El adelanto del proceso interno para consolidar la candidatura de Diana Morant debería ir más allá de convertirse en cartel electoral. Necesita demostrar que dispone de un proyecto específicamente valenciano y que no es únicamente la prolongación del discurso que llega desde Madrid. De momento, no ha conseguido que se hable de sus propuestas más que de los asuntos que marcan la agenda de los demás.

Morant y Pérez Llorca se miran de reojo desde su lado de la calle. En el Partido Popular pasan los días con cara de una estabilidad que no tienen, pese a gobernar la Generalitat. Está tan claro quién es el candidato natural para 2027 como que no materializarlo esconde estrategias que supeditan los intereses del PPCV a la batalla estatal. La dirección nacional ha optado por administrar cuidadosamente los tiempos. La prioridad de Alberto Núñez Feijóo continúa siendo la política nacional y el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez. Abrir ahora el congreso regional valenciano supondría introducir un debate interno que distraería el foco. Ante eso, algunos no tiran la toalla. Vicent Mompó va a estar en todas las fotos. Lo peor es el poco peso de los populares valencianos, con el president a la cabeza, para marcar sus tiempos. Otra vez, supeditación a Madrid. Y una apariencia de resistencia electoral que no es buena para sus votantes. No es cuestión de conformarse con permanecer, hay que ofrecer soluciones.

La debilidad socialista la disfruta, por momentos, Compromís, empeñados en jugar con encuestas que solo sirven para distraer y para hacer que algunos crean vivir en una opulencia que no es tal y que quedará en nada sin la generosidad y el acierto que requiere la situación de hoy. Cada acto de Mónica Oltra refuerza la autoestima y evidencia una movilización potente que pierde fuste cuando no se avanza en procesos que no deberían eternizarse. La experiencia nos dice que no sale mejor por alargarlo. Siempre se acaba resolviendo en los últimos momentos con escenarios calcados del principio del proceso, pero con heridas y cansancio acumulados. Deberían aprender de la historia y ponerse a trabajar cuanto antes en visualizar sus alianzas. Los pegados de última hora no suelen sumar.

El PP se permite jugar con los tiempos porque está acostumbrado a recibir el respaldo a la potencia de sus siglas, pero les convendría no olvidar que su socio les come terreno y que es especialista en sacar rédito de la nada. También en eso le ha ganado la mano. Los populares aparentan vivir tranquilos porque la movilización entre sus oponentes sigue sin llegar, pero, ahora mismo, el resultado electoral es incierto y puede depender de algunos flecos que no están repartidos.

Mientras, la izquierda vive en su comodidad tradicional. Olvidando por momentos que su papel es generar una ilusión de mejora social como la vivida durante la huelga educativa. Hasta ahora, no han encontrado cómo mantener esa tensión que también se generó los primeros meses tras la dana. Vuelve a ser la asignatura pendiente: conservar la energía que insufla un acto de Oltra más allá de lo que dura el evento. De nuevo, hay que tener claro que la victoria de Morant no es contra sus compañeros de partido. No olvidar que el PP ganó en Torrent y en Valencia tras el accidente del metro o que Rita Barberá era la más votada en barrios como El Cabanyal. La movilización no tiene traslación directa en votos, pero puede generar una ilusión que, si la hacen contagiosa, decide mayorías. Siguen todos muy lejos.

Sentados frente a frente el ministro de Hacienda y el President de la Generalitat, aunque, por momentos, la foto correspondía más a la de dos delegados de sus respectivas direcciones nacionales. Uno defendiendo la posición de Pedro Sánchez. El otro, cuidándose mucho de no apartarse ni un milímetro de la línea marcada por Génova. Entre ambos, los valencianos. Como casi siempre.

La Comunitat Valenciana lleva décadas reclamando algo tan extravagante como no ser tratada peor que los demás. No pedía privilegios. No pedía un trato de favor. Pedía que el dinero para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales llegara en condiciones parecidas a las de otras comunidades autónomas. Pedía dejar de ser la autonomía peor financiada mientras acumulaba una deuda gigantesca por intentar prestar los mismos servicios que el resto.

Ahora el Gobierno central presenta una propuesta que, según sus cálculos, supondría cerca de 3.700 millones de euros adicionales para la Comunitat Valenciana y una quita de más de 11.000 millones de deuda. No es una cantidad menor. Pero no resuelve de golpe todos los problemas acumulados durante décadas. Son dos certezas que conviven. Precisamente por eso resulta tan absurdo convertir la propuesta en un dogma o en una herejía.

No sorprende, pero duele la actitud de Pérez Llorca. No pedir más, que es su obligación, exigir hasta el último euro que considere justo para los valencianos. Lo indignante es la gimnasia argumental desplegada para justificar una posición decidida de antemano. La dirección nacional del PP ha convertido la negociación de la financiación autonómica en un frente político contra el Gobierno y los presidentes autonómicos populares deben actuar en consecuencia. Como en todo. Incluso aquellos cuyos territorios serían de los principales beneficiarios del acuerdo.

Es difícil no recordar aquellos tiempos en los que los dirigentes valencianos del PP recorrían España denunciando la infrafinanciación. Entonces tenían razón. Hoy la siguen teniendo. Pero da la impresión de que la reivindicación ha dejado de ser útil porque coincide, incómodamente, con una propuesta impulsada por el Gobierno central. Y entre no darle una victoria al adversario o una mejora a los ciudadanos, el PP hace mucho que tiene claro qué elige.

No obstante, tampoco conviene caer en la ingenuidad de presentar a Arcadi España como la encarnación del interés valenciano. El actual ministro conoce perfectamente el problema porque ha estado detrás de la pancarta durante años. Sabe que la infrafinanciación valenciana no es una exageración retórica ni una bandera identitaria. Es una realidad reconocida por expertos de todas las sensibilidades políticas. Conoce también que gran parte de la deuda valenciana es consecuencia directa de ese sistema injusto. Llorca, lastrado con toda la intención por Génova, sigue siendo el sustituto de Mazón y no quiere incomodar. Feijóo pospone el congreso que le debería dar el mando del PPCV. Y, más aun, alarga la agonía sobre la cara en el cartel electoral. No pasan de almorzar con la vigilancia de Vicent Mompó. Desde Madrid atan en corto cualquier movimiento valenciano que se pueda salir del guion, aunque nos cueste dinero. Y el President pierde otra oportunidad de tener discurso propio y demostrarlo. Cuando Moreno Bonilla cierre su gobierno y se ponga a hablar con Arcadi España, veremos la diferencia.

Ante todo esto, resulta legítimo preguntarse si la propuesta del Gobierno constituye el punto de llegada o apenas una estación intermedia. Si los 3.700 millones adicionales corrigen definitivamente el problema o simplemente lo alivian. Si la quita de deuda compensa todo lo acumulado durante años o solo una parte. Arcadi España tiene derecho a defender la propuesta de Pedro Sánchez. Lo que no debería hacer es actuar como si cualquier crítica a esa propuesta fuera automáticamente injustificada. Los valencianos necesitan un ministro que piense como ministro, sí. Pero también necesitan al dirigente del PSPV que piense como valenciano.

Mientras unos y otros discuten sobre miles de millones, las consecuencias de la falta de recursos siguen apareciendo cada día. No llegan en forma de informes técnicos. Llegan en forma de hospitales que reducen actividad durante el verano y en listas de espera que se alargan. Las vemos en forma de centros educativos incapaces de hacer frente a temperaturas que convierten las aulas en pequeños hornos. Aún se están recuperando los profesores tras movilizarse para reclamar más recursos. La respuesta del Consell ha sido, básicamente, que no hay dinero para todo. Gobernar consiste en priorizar y las elecciones dicen mucho. Sobre todo, cuando se anuncian nuevas rebajas fiscales que reducirán la recaudación en unos 160 millones de euros y vemos al conseller Rovira sonreír mientras habla de donaciones de cien mil euros.

La falaz relación entre rebajar impuestos a los que más tienen y generar actividad económica no es creíble si no se puede acondicionar un aula por falta de recursos. Se reclama más financiación al Estado, pero se renuncia a parte de los ingresos propios. Se denuncia la insuficiencia del sistema, pero se rechazan figuras fiscales como la tasa turística. Se insiste en que la educación necesita eficiencia cuando hay alumnos soportando temperaturas incompatibles con cualquier aprendizaje razonable.

Esta semana conocíamos que Barcelona ha utilizado recursos procedentes de la tasa turística para avanzar en la climatización de decenas de centros educativos. No se trata de idealizar a nadie ni de convertir una medida concreta en una solución universal. Pero sí conviene observar cómo, cuando una administración necesita recursos para afrontar un problema, puede optar por buscarlos o puede optar por explicar por qué no los busca.

La Comunitat Valenciana recibe cada año millones de visitantes. Es una de las grandes potencias turísticas de Europa. Sin embargo, la posibilidad de que una pequeña parte de esa actividad contribuya directamente a financiar servicios públicos sigue presentándose como una amenaza intolerable. Después nos sorprendemos de que falte dinero para determinadas actuaciones. Los dirigentes comparecen ante los micrófonos como si estuvieran atrapados por fuerzas inevitables. No hay dinero. No se puede hacer más. No existen alternativas, pero claro que las hay. Lo que ocurre es que tienen costes políticos.

Por eso la discusión sobre la financiación autonómica importa mucho más de lo que parece. No habla únicamente de balances contables ni de porcentajes de reparto. Habla de qué hospitales estarán abiertos en agosto, de cuántos profesores habrá en septiembre. Nos da pistas sobre si los niños estudiarán en aulas preparadas para unas temperaturas que ya no son las de hace veinte años. Indica si los ciudadanos recibirán servicios públicos dignos o deberán conformarse con escuchar, una vez más, que no hay dinero suficiente.

En realidad, los partidos discuten sobre quién gana mientras los ciudadanos piensan en cómo llegan a fin de mes, porque no tienen los sueldos y donaciones que dice el Consell. Los partidos hablan de financiación mientras la gente habla de médicos, profesores y aulas habitables. Los partidos luchan por sus siglas mientras condenan a muchas personas a vivir toda la familia en una habitación porque el resto de la casa lo han alquilado para financiar al partido.

Hacen falta fondos para infraestructuras educativas y poder seguir prestando servicios sin depender de nadie pero, cuando llega el momento de sentarse a reivindicar, el gobierno valenciano decide que ya no es urgente debatir sobre financiación autonómica. El PP ha decidido que es más importante hablar con Puigdemont sobre una moción de censura que reunirse con el gobierno central para exigir más de lo que da para la Comunitat Valenciana. Hasta la empresarial valenciana, ya amoldada a los gustos del actual Consell, opina, como muchos empresarios catalanes, que hay que hablar y empezar a desencallar el tema de la financiación. Es incongruente pedir un fondo de nivelación mientras se aprueba el nuevo modelo si no se acude a las reuniones para negociar. Tanto como insistir en el mantra del infierno fiscal cuando las rebajas de impuestos favorecen mucho más a los que ganan cien mil euros que a los que ingresan cinco veces menos. Se puede llamar demagogia, pero es simplemente mentira. Como lo era decir que llegaban para quitar grasa. Fue la cantinela de Mazón en campaña y lo que duró en el cargo. Hoy el PP valenciano gobierna con el Ejecutivo más caro de la historia. Hay que medir mucho más lo que se dice. Y eso sirve tanto para el ex President como para Rovira, incapaz de esconder el sectarismo desde el que evidencia la repulsa que le generan los representantes sindicales (salvo los que van en sus listas) defendiendo derechos y servicios públicos para todos. Y, además, en valenciano. Algo inadmisible para según quién.

Por cierto, en estos tiempos de justicia a dos velocidades y elaboración de informes con grandes cargas de deducción y errores clamorosos, conviene recordar que la máxima exigencia en lo público debe ser con los propios. Estaría muy bien que CGPJ fuera capaz de frenar a los Peinado de turno, como forma de defender a la mayoría de jueces que hacen escrupulosamente su trabajo. Convendría que los sindicatos policiales entre un compañero violento y desproporcionado y una maestra se pusieran del lado de la educación y no del matonismo. Pero, claro, la comprensión y las buenas formas las guardan algunos para las manifestaciones con aguiluchos y otras faunas. Menos mal, que también en el colectivo policial hemos escuchado una sensatez que, aunque minoritaria, aporta un ápice de esperanza. No obstante, ante esta realidad (la de los informes, sindicatos y cargas policiales) se le ve demasiado el cartón al PSOE, incapaz de cambiar esa realidad. Ocho años después el problema es más grave que la década pasada. Va al ritmo de la justicia. Rápido para deducir contra Podemos y Zapatero, y lento como un sentido abrazo a Montoro, González Amador o los manifestantes ultraderechistas. Ah! Y, por supuesto, ante la corrupción, ayudaría mucho a la democracia que los sospechosos propios duraran lo mínimo en los partidos.

Algunos tienen problemas de dinero

El problema, según Rovira, es el dinero. Eso dice, pero él sabe que hay algo más. Pérez Llorca, tan empeñado en ser candidato como en hacer creer que es el bueno de todos los cuentos, ha decidido que su portavoz principal en el conflicto educativo sea alguien que lleva despreciando e insultando a los docentes desde que accedió al Consell. Más allá de la consellera Ortí, quien habla por boca de su presidente es el titular de Hacienda. Con la misma actitud que lo hacía desde la Conselleria de Educación, sigue haciéndolo, creyéndose más cargado de razón que en realidad es altanería, desde que tiene la llave de la caja. Con tan mal estilo, lenguaje y gestualidad que desmonta todos los esfuerzos del que se supone su jefe por parecer dialogante. Si el President realmente fuera como trata de aparentar, no delegaría en Rovira nada. De hecho, no lo habría mantenido en el gobierno porque disimula mucho peor que lo hacía Mazón su desprecio hacia lo público, los trabajadores y los derechos de las personas, también de los niños. Y, mientras el enfrentamiento se recrudece, a la alcaldesa de València no se le ha escuchado ni una palabra de comprensión a los manifestantes de las camisetas verdes ni, por supuesto, con los niños a los que aspiran a educar en condiciones, muchas de las cuales dependen de ella. Pero María José Catalá sí eleva la voz preocupada por si no puede procesionar. Esa es la marcha que le importa más que el estado de los centros educativos ni el calor y el frío que pasan los valencianos más pequeños.

Las columnas que llegan desde tantos puntos, las manifestaciones, las noches al raso y la renuncia a sus sueldos están dando lecciones a diario. Nada es más importante que lo que delegamos en ellos. Y no son solo conocimientos académicos para muchos niños, cuyos padres nunca ganarán cien mil euros. Esas personas con camisetas verdes son su conexión con la sociedad en la que tienen derecho a estar. Hay dirigentes que no entenderán nunca que los centros educativos aportan la estabilidad de la que muchos carecen, son la toma de tierra de muchas familias. En el aula, el comedor o el patio, el cole público es todo lo que mucha gente no puede asumir. Como en todos los colectivos, habrá quien no se gane lo que pide, pero está huelga no va de ellos ni de consellers. Va de lo que los escolares merecen y, desde luego, merecen que no empujen a sus profesores porque los que acaban golpeados en el suelo son los pequeños y jóvenes, condenados a repetir las peores actitudes. 

La política es estado de ánimo. Y el del socialismo valenciano era ya bastante delicado antes de que la Audiencia Nacional llamara a la puerta del expresidente. El caso Ábalos había dejado heridas abiertas y a algunos todavía no les había dado tiempo a recolocarse cuando ha llegado otro golpe desde un juzgado. El último gran referente moral y sentimental, señalado y convertido en munición política inmediata. En el PSPV casi todos son, de una forma u otra, hijos políticos de Zapatero. Unos por admiración sincera y otros porque en la política valenciana, durante años, presumir de cercanía con él era casi un requisito. El problema no es únicamente jurídico, es emocional. Cuando cae un símbolo, cae también parte de la seguridad de quienes construyeron su discurso alrededor de él. Y Diana Morant lo sabe. En estos primeros momentos de aturdimiento, hablar más de jueces que de la política, de lawfare o conectar a Zapatero con Mónica Oltra y Begoña Gómez denota miedo y dolor ante el golpe recibido. No hay reacción buena en un caso como este. Hasta el punto de que, con condena o sin ella, en el auto se leen comportamientos que incomodan a cualquiera que se acerque al socialismo. Es aquello que Joan Baldoví, en su intento por marcar distancias inmediatamente, ha descrito como “feo”. Tan doméstico como destructivo. Compromís sabe perfectamente que no puede permitirse abrazar sin matices la defensa socialista de Zapatero. Primero, porque lleva años construyendo el relato de la honestidad frente al bipartidismo clásico. Y segundo, porque bastante tiene ya con lo suyo.

La izquierda valenciana sigue en la cruel paradoja: un alto grado de descontento social susceptible de transformarse en votos progresistas que los partidos parecen incapaces de capitalizar. No suman pese a que las calles se llenan de camisetas verdes por la educación pública, crece el malestar juvenil por el precio de la vivienda y la precariedad se instala como paisaje generacional. Mientras la única figura que todavía conserva capacidad emocional de movilización a la izquierda del PSPV sigue siendo Mónica Oltra, en su partido están a diez minutos de hacer un gran acto sin ella. Están a un suspiro de diluir la ilusión en las peleas de siempre, entre las maniobras internas, las inseguridades y las pequeñas guerras de aparato que han ido erosionando precisamente aquello que hacía fuerte al espacio valencianista: la sensación de autenticidad. Las liturgias clásicas de partido y los cálculos orgánicos van camino de romper el futuro.

En este escenario, solo hay una persona que desde su tren no mira por la ventanilla. Tiene un billete que quizás sea a ninguna parte pero está decidido a hacer el viaje completo. Francisco Camps no para de gritar, aunque le sigan recordando que en su partido se ocupa butaca en el vagón del silencio. Con la tranquilidad que deberían aportar Zapatero y los triunfos reiterados en las autonómicas, en el PP se han sentado a mirar. Los populares valencianos asisten al espectáculo con una mezcla de alivio y desconcierto. No se atreven a dar la espalda a sus compañeros. Saben que el peor no es el que va de cara, son el resto. Lo gobiernan prácticamente todo y, aun así, transmiten inseguridad. Feijóo nunca ha confiado del todo en Juanfran Pérez Llorca. Y la sombra de Camps se ha convertido en un problema más serio de lo que imaginaban. La imagen del expresident preparando su regreso al principio parecía una extravagancia simpática, una sobremesa eterna de militantes nostálgicos. Ahora ya no. Camps tiene avales, estructura, actos llenos y un lema que resume perfectamente su estrategia: “Mayoría absoluta 2027”. Parece una mezcla entre un eslogan electoral y el título de un documental sobre una civilización perdida. Mientras tanto, otros dirigentes, como Catalá o Mompó, solo hablan en voz baja, ante el ghosting de Génova a Llorca, que pide refrendo congresual y efectivo y nadie le contesta en el chat. Ante eso, posponer el cónclave valenciano es una desautorización implícita sangrante y una oportunidad para que Camps deje la provisionalidad del hotel y se haga fuerte desde su sede.

Pérez Llorca gobierna como quien administra una comunidad de propietarios complicada. Camps habla como el que todavía cree que puede cambiar el rumbo de la historia valenciana. Y en tiempos de desafección, incluso la nostalgia puede parecer liderazgo, por extravagante que parezca. Se siente El Cid pero su caballo nunca llegará a un congreso mientras Feijóo lidere el PP, porque eso abriría el partido en canal. Otro expresidente que condiciona el día a día de su partido. Bipartidismo con problemas entre un bosque de ombligos. Mucho ex para tan poco futuro.

Triunfan algunos con eslóganes vacíos y frases grandilocuentes. La mayoría vendiendo productos antisistema que son en realidad perpetuadores de vicios y soluciones trampa. Detrás del clásico “todos los políticos son iguales” y el repetido “es por la herencia recibida” se esconde la falta o el exceso de voluntad. La política valenciana de mayo de 2026 no es una encuesta cocinada por los de casa para autoseñalarse como el mejor candidato, todavía a un año de las elecciones. Tampoco lo es pedir congresos ordinarios o extraordinarios. Todo eso, y casi todo lo que les ocupa, es únicamente su agenda. La de los demás, incluso la de quienes no se dan cuenta, está muy lejos de allí. Está en un colegio o en un instituto. Y de camino, por supuesto, está en el parlamento valenciano. Ese que habla entre poco y nada de educación. Y que se ocupa menos de lo justo de asuntos tan importantes como la dana que ha marcado la legislatura.

Estamos en los estertores de la comisión parlamentaria que se suponía que iba a investigar lo que ocurrió con aquellas lluvias y sus consecuencias que nos cambiaron la vida a algunos. A otros, no. Porque hay a quienes, como el alcohol y las drogas, el agua solo reforzó y mostró lo que llevan dentro. Y ahora, con las calles secas pero con el recuerdo vivo en las mentes decentes, sigue desnudando gente. Igual que la jueza pregunta a la fiscalía qué diligencias hacen que, en su criterio, esté investigando a Mazón, cabría preguntarle a Pérez Llorca qué ha cambiado desde que no gobierna su amigo o Francisco Camps. Porque desgraciadamente lo que han hecho con la comisión de la dana se parece demasiado a lo que pasó con la del metro. Se asemeja tanto como recordaba el trato del último ex president a las asociaciones de víctimas de la Dana a la que dio el ahora reivindicativo aspirante a las de julio de 2006. Entonces el PP no necesitaba cómplice porque tenía mayoría parlamentaria y mediática. Ahora, Vox es la muleta para burlarse de los fallecidos. Nada nuevo, porque muchos son los mismos con diferentes siglas. Y los recién llegados, los más jóvenes, han utilizado la tragedia para recaudar en beneficio propio. Cierran una comisión de investigación sobre una gran tragedia como hicieron entonces, sin las comparecencias más necesarias. No hemos podido escuchar a la mayoría de los que era obligatorio que hablaran, porque los partidos mayoritarios se lo han impedido. Ellos son más de acosadores mentirosos, de esos que se manchan antes de los directos. De los que pueden contar con escenario oficial para sus performances. Falta saber si serán capaces de redactar unas conclusiones vergonzosas o se lo encargarán a una empresa, dentro de sus líneas de incapacidad y/o interés privatizador.

Esa es la política parlamentaria que tenemos hoy. El resto, son fuegos de artificio, la mayoría para disfrute de los amigos, como los que los contemplan mientras se autoadjudican una VPP. Y fuera de les Corts, tampoco la política son vallas publicitarias con anuncios que no se materializarán. Son los insultos y las mentiras con los que se gestiona la educación pública. La consellera no fue a clase de valores o de matemáticas. Por eso se permite hacer cálculos tan hinchados como irreales para desviar la atención sobre las reivindicaciones de los docentes mientras dan dinero público a centros que segregan por sexo.

Porque la educación pública no suele morir entre grandes discursos ni decretos solemnes. Muere poco a poco, como mueren las cosas importantes en política: entre excusas, burocracia y gente mirando hacia otro lado. Un día aceptas aulas masificadas porque “no hay recursos”. Otro, profesores agotados porque “siempre se han quejado”. Y cuando quieres darte cuenta, enseñar ya consiste más en resistir que en educar. Mientras tanto, en Les Corts siguen atrapados en esa mezcla de bronca de bar y marketing cutre con la que intentan gobernarlo todo. Hablan de libertad mientras convierten la igualdad de oportunidades en una competición amañada desde la cuna.

Lo más obsceno es que todavía intenten disfrazarlo de gestión. Porque no hay gestión posible cuando se financian centros sostenidos sobre la segregación mientras faltan docentes y sobran barracones. No hay modernidad en una administración que responde a las reivindicaciones educativas con propaganda y cálculos inflados. Y no hay nada más viejo que la desigualdad. Y eso cada vez arraiga más, entre prioridades mal entendidas. Por eso la huelga educativa incomoda tanto. Porque recuerda que la escuela pública sigue siendo el principal lugar donde se evidencia qué sociedad se quiere construir. Agrandar las cifras o escudarse en el pasado al final de la legislatura es mentir y eludir responsabilidades. Nada es más importante que darle a los que vienen herramientas para vivir.

Creen que pueden trocear la realidad en titulares, comisiones falsas y campañas de propaganda. Pero la misma política que convierte una tragedia como la dana en un paripé parlamentario es la que degrada la educación pública mientras habla de libertad. La que desprecia a las víctimas mientras protege a los responsables es la que llama privilegio a exigir aulas dignas. En el fondo se trata de lo mismo: de quién merece ser escuchado, quién merece oportunidades y quién puede quedarse atrás sin que moleste demasiado. Por eso el

problema no son solo Mazón, Vox o una consellera incapaz de distinguir entre gestionar y provocar. El problema es una forma de hacer política que ya ni siquiera intenta disimular que gobierna para unos pocos mientras pide resignación al resto. La huelga educativa no es sectorial. En el espíritu de la convocatoria hay una reivindicación social que trasciende a las aulas. Porque, claro, la educación es política. Es gestión de la vida, la de todos los días. La que no se puede parar en una encuesta o en una valla. La que quiere avanzar hacia la igualdad y, por qué no, hacia la excelencia como patrimonio de todos.

Las vallas son especialmente interesantes. No tanto por lo que dicen, que es más o menos lo esperable, sino por cómo lo dicen. A un lado, la Generalitat informa de deducciones fiscales con dinero público. Al otro, el partido del president se felicita por bajar impuestos y lo hace con su cara. Separadas, las piezas cumplen la ley. Juntas, cuentan otra cosa, envueltas en la señera que no deberían emplear para algo así. Aunque todos sabemos que utilizar las banderas nunca fue un obstáculo para ellos. Gobernar se parece mucho a hacer campaña si se hace con suficiente insistencia. La frontera entre lo institucional y lo partidista no siempre se cruza: a veces, basta con colocarla tan cerca que deje de importar. No es una infracción de la ley, pero sí, una práctica que tensiona su espíritu: la neutralidad de las instituciones y la separación entre gobierno y partido.

Mientras tanto, Carlos Mazón practica una forma distinta de gestión: la de la distancia. No ha desaparecido —sigue en Les Corts y tiene despacho y estructura—, pero ha reducido su presencia pública hasta convertirla en algo casi anecdótico. Sus imágenes más recientes no tienen que ver con decisiones políticas ni con explicaciones pendientes, sino con escenas de una normalidad cuidadosamente tranquila. Playa, deporte y buen color como alegoría de su conciencia pese a todo lo sucedido. Y, sin embargo, esa tranquilidad convive con algo bastante menos apacible: el avance de la investigación judicial sobre la dana. Una tragedia de dimensiones difíciles de exagerar, sobre la que los informes y las valoraciones judiciales siguen apuntando a una ausencia de coordinación que, dicho así, suena técnica, pero no lo es en absoluto. Al unir mentalmente imágenes, la escena del Mediterráneo deja de ser costumbrista. No se trata de si un expresident tiene derecho a bañarse —lo tiene— ni de si alguien puede decidir cuánto habla o deja de hablar —también—. No tanto que trate de rehacer su vida tras una dimisión, sino que lo haga sin asumir plenamente el coste político de los hechos que motivaron su salida. El mantenimiento de privilegios asociados al cargo y la ausencia de rendición de cuentas configuran una especie de limbo: ni responsabilidad política efectiva ni desaparición institucional completa. La cuestión es qué ocurre cuando la rendición de cuentas se aplaza lo suficiente como para volverse irrelevante.

Nos hacen vivir a doble pantalla. A un lado, un president que parece ya candidato. Del otro, un ex que parece ya retirado. Entre ambos, una situación política en la que las responsabilidades no desaparecen, pero se administran con tiempos distintos: unos muy rápidos para la propaganda, otros sorprendentemente lentos para las explicaciones. Desgraciadamente todo es perfectamente legal. Pero la política no se mide solo por lo que permite la ley, sino por lo que sugiere cuando se observa en conjunto. Y lo que denota esta combinación de vallas y silencios es, como mínimo, inquietante. Cuando el poder se exhibe sin descanso y la responsabilidad se toma su tiempo, el resultado no es equilibrio, sino desplazamiento. Ofende la naturalidad con la que conviven la construcción de una pretendida legitimidad a golpe de presencia constante con la protección institucional del antecesor en un segundo plano. Mientras el relato político se llena de mensajes simples y repetidos, la responsabilidad se desplaza, se posterga sin meta temporal.

El PP valenciano intenta pasar página sin cerrar el libro, y además con un marcapáginas que se llama Carlos Mazón. El partido quiere proyectar normalidad, pero cada gesto lo contradice. Pretende hablar de impuestos mientras usa la infraestructura pública como soporte semántico del liderazgo de Pérez Llorca. Busca que Mazón parezca un expresident discreto, cuando la causa judicial y las imágenes de su vida relajada en Alicante lo devuelven al centro del debate. Quiere un relevo, pero conserva al relevado como una presencia incómoda, útil para el aforamiento y tóxica para la memoria colectiva. Estos días resulta complicado saber si la Comunitat Valenciana está en precampaña, en postcrisis o en una especie de punto intermedio donde todo ocurre a la vez. Lo único claro es que, entre las vallas y el Mediterráneo, la política ha encontrado una forma bastante eficaz de estar presente sin terminar de dar explicaciones. Y eso, más que una anécdota, empieza a parecer un método.

Mientras esperamos a que las elecciones andaluzas cierren el ciclo autonómico en las urnas, la política sigue en los banquillos de los juzgados. El juicio por el 'caso mascarillas' ha empezado y, con él, ese momento incómodo en el que la política se enzarza en el pasado y no tiene tiempo para el futuro, al menos, nos hace dudar de lo que vendrá.

No hay nada especialmente nuevo en lo que se escucha estos días, pero ahora los hechos entran en la sala y dejan de ser relato. El caso que afecta al valenciano José Luis Ábalos y a su entorno no es solo una cuestión personal ni un episodio aislado de esos que los partidos intentan encapsular con rapidez. Tiene algo más persistente: conecta con una forma de hacer política que no sabemos hasta dónde ni hasta quién llega. No sorprende, pero desgasta. No hace falta que salpique directamente para hacer daño. Diana Morant compartió lista electoral con Ábalos. Estuvieron juntos en la papeleta y poco más porque son perfiles contrapuestos y porque, mientras estuvo en el PSPV, el exministro tuvo amigos tan fieles como enemigos acérrimos. Hasta el punto de que los números uno y dos de aquella candidatura ni compartieron actos, algo tan anómalo como casi todo lo que rodeó al exministro desde que Pedro Sánchez le hizo un corte en la cabeza sin llegar a dejar caer la guillotina. Pese a todo ello, la política no exige culpabilidad para generar coste. A veces, basta con la cercanía, aunque sea sobre un papel.

El daño y la desafección por el asco que provoca casi todo lo que rodea al personaje pueden pesar. Especialmente en la secuencia de derrotas electorales autonómicas que se están convirtiendo en costumbre. Las tendencias pesan más que los programas. Y la fórmula de los ministros-candidatos suma tantos errores como pruebas. En ese escenario, el ticket ideado entre Morant y Pilar Bernabé se la juega en algo más que impedir restar. Eliminar lo que pueda lastrar no es suficiente en un momento en que hay que reconstruir una cierta idea de posibilidad. Que la gente vuelva a pensar que se puede ganar. Que merece la pena intentarlo. Que no todo está decidido de antemano. Y eso no se logra solo con estrategia; exige también algo parecido a la credibilidad emocional, que es más frágil y menos controlable.

Ahí aparece, inevitablemente, Mónica Oltra. Con la incertidumbre sobre su futuro político. Sin posibilidad de cuándo y hasta dónde llegarán contra ella, tras todo lo visto, algunos plazos le pueden perjudicar, pero también le pueden hacer la campaña electoral. El efecto lawfare está ahora mismo mucho más cerca de sumar que de restar. Oltra, a la espera del cierre de su caso, resurge con fuerza después de ser continuamente golpeada. No como novedad, porque no lo es, sino como referencia. Como alguien que en su momento consiguió ordenar un espacio político que ahora parece más disperso. Sobre todo, vuelve una cabeza que fue capaz de ilusionar y que regresa desde una profunda reflexión que ha aumentado su valor.

No obstante, su eventual capacidad de aglutinar depende mucho de su figura, pero también de la disposición de los demás a aceptar que el protagonismo puede ser compartido o, incluso, cedido. Que el momento exige mucha generosidad y trabajar para sumar de verdad. Por eso, el acuerdo a la izquierda del PSPV no se puede ceñir a sumar siglas y repartir puestos en las listas. No se puede limitar a València y no se debe hacer tapándose la nariz a los ojos de todos y solo porque las encuestas y los precedentes sitúan a algunos muy lejos de los escaños. Si no hay un compromiso que se muestre lo más sincero posible, algunas integraciones restarán más que sumarán.

No se puede vivir con la incógnita permanente que generan los sectores más ortodoxos de Podemos. Hay demasiada gente interesada en buscar disidencias y frases corrosivas. El proceso requiere menos explicaciones ambiguas y menos matices como los de Pablo Iglesias. De la idea que transmitan las izquierdas, todas, dependerá en gran medida que mucha gente se ilusione en el poco más de un año que queda hasta las elecciones.

Los bloques cada día están más claros y muy igualados. Es complicado saber cómo llegará el PP a las municipales de mayo ni si Pérez Llorca logrará imponer su “normalidad” en las autonómicas. En gran parte, dependerá de si es capaz de soltar lastre. Por él y por su partido. El daño que aún puede hacer Carlos Mazón a los suyos es todavía imposible de medir. El expresident se ha distinguido siempre por su escaso altruismo y por su agresividad contra los suyos. Que hoy sea Paco Camps quien reivindique congreso y democracia contra el máximo adalid del zaplanismo responde tanto al manual de justicia poética como a la relación que uno y otro han tenido, tienen y tendrán con los tribunales. 

El caso de la dana y el intento de Mazón de personarse en la causa revela hasta qué punto el actual president no controla a su antecesor

El caso de la dana y el intento de Mazón de personarse en la causa revela hasta qué punto el actual president no controla a su antecesor. Y las pocas dudas que tiene el dimitido al elegir entre él y su partido. Ese problema convierte en menores, por comparación, otros que no lo son. Pérez Llorca sigue salpicado por cuestiones que tienen efecto acumulativo, como las polémicas sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública y la progresión laboral de su pareja. En Alicante se va a librar una batalla menos vistosa que la de València, pero muy importante. La lucha no será tan visible y la disputa va a desenterrar más de lo visto hasta ahora.

Y en ese terreno, donde todo se mezcla —los juzgados, las urnas y las expectativas—, la política vuelve a lo de siempre: intentar convencer de que lo próximo será distinto a lo anterior. Aunque cada vez cueste más creerlo.

Hay tradiciones que avanzan despacio. Y hay tradiciones que directamente se atrincheran. Lo de Sagunt no es una cuestión de fe, ni de historia, ni siquiera de costumbre. Es una cuestión de poder. Y el poder, cuando se siente cuestionado, suele disfrazarse de tradición para no tener que dar explicaciones. Mientras en otros lugares —Llíria, Gandia, el Cabanyal— las cofradías han entendido que dar acceso a las mujeres no rompe nada, sino que repara algo, en Sagunt siguen sosteniendo el veto con esa mezcla de solemnidad y miedo que esconde la discriminación. Ese machismo que se disfraza de costumbre.

En muchos sitios ya lo han comprobado: cuando una mujer entra en una procesión, no se cae ningún paso, no se descompone ninguna imagen, no se altera el orden cósmico. Lo único que se altera es la jerarquía. Y eso escuece. Por eso hay que continuar reivindicando. Para que algunos entiendan que las granaderas del Cabanyal no pidieron permiso, sino espacio. Tardaron años en conseguir que una mujer pudiera vestir el uniforme sin que se interpretara como una falta de respeto, hasta que por fin una primera granadera abrió una puerta que ya no tenía sentido mantener cerrada.

Hay que continuar para que no se olvide que las pescadoras de El Palmar, donde durante siglos se heredaba el derecho a pescar solo si eras hombre, seis mujeres tuvieron que ir a los tribunales para hacer algo tan revolucionario como trabajar. Allí, la costumbre convertida en reglamento llegó hasta el Tribunal Supremo, que acabó obligando a la comunidad de pescadores a admitirlas y a reconocerles el mismo derecho a lanzar las redes en la Albufera. Nunca la igualdad llega porque alguien la regala, hay que pelearla.

No son solo procesiones ni barcas. Durante décadas, clubes, peñas y sociedades de todo tipo han funcionado con reglas no escritas que daban por hecho que los cargos importantes, las decisiones y las llaves eran cosa de hombres. Las mujeres podían participar, ayudar, embellecer la foto, pero no firmar el acta ni marcar el rumbo. Cambian los escenarios —un local social, una junta directiva, una comisión de fiestas—, pero el patrón es el mismo: se gestiona su presencia como una concesión, no como un derecho.

En Sagunt, sin embargo, parecen seguir esperando a que pase la tormenta. Como si esto fuera una moda, una incomodidad pasajera, un ruido externo que acabará disipándose. Pero no lo es. No lo fue cuando las mujeres quisieron votar, estudiar o firmar contratos sin permiso. Y siempre hubo alguien, entonces como ahora, dispuesto a explicar por qué no era el momento. Esa coartada eterna.

Ahora más que nunca es importante esta lucha porque la sociedad comienza a involucionar de manera muy peligrosa. Este tipo de resistencias encuentra eco en una corriente más amplia y bien organizada, que reivindica retroceder como forma de valentía. Desde ciertos discursos de la ultraderecha hasta esa estética de éxito rápido y jerarquías simples que algunos venden envuelta en criptomonedas y supuestas meritocracias, el mensaje es tan parecido como dañino. Corremos el riesgo de normalizar el rancio discurso de que el mundo estaba mejor cuando cada uno sabía cuál era su sitio. Ese sitio que rara vez incluía a las mujeres en igualdad.

Cambia el escenario, da igual que sea un capirote, una red de pesca o una fiesta popular, pero la lógica opresora es idéntica. Entre excusas, se les dice que pueden estar, pero no del todo. Que pueden participar, pero sin alterar las reglas. Pueden avanzar, pero sin incomodar.

Lo de Sagunt no es una anécdota local. Es un síntoma de que todavía hay quien confunde la tradición con el derecho a excluir. De que aún hay espacios donde la igualdad se percibe como una amenaza. Porque sí, llevamos años de avances, ahora de nuevo amenazados. Y después de tanto tiempo de desigualdad, avanzar poco ya no es avanzar: es gestionar la incomodidad sin resolverla. Mientras unos discuten si una mujer puede salir o no en una procesión, fuera crece algo peor.

Una masculinidad que se vende como nueva, pero huele a vieja. Tipos que hablan de jerarquías naturales como si fueran fórmulas de inversión. Criptobros que confunden éxito con dominio y libertad. Y, en paralelo, un discurso que intenta convencer a algunas mujeres de que retroceder es, en realidad, elegir. Por eso lo de Sagunt no va solo de una cofradía. Nos interpela sobre hasta dónde estamos dispuestos a normalizar el retroceso mientras lo envolvemos en palabras. Pide reflexión sobre si aceptamos que la igualdad avance con permiso o de una vez sin él. Esto no es un debate sobre tradiciones. Pasó ese tiempo. Es sobre decidir quién sale y quién se queda mirando. En 2026, hay algunos que siguen organizando procesiones en las que lo único que continúa fuera de sitio no es el paso, sino el siglo. Es preocupante que quieran retroceder, pero lo es más que encuentren espacio para hacerlo sin que pase nada. No es cuestión de repetir la procesión cada año. Se trata de que, de una vez, avance.

Con una Ayuso tenemos suficiente. Con ella y con su efecto contagioso. Poco importa si quienes la copian siempre fueron así, pero no se atrevían a demostrarlo, o han visto el camino ahora y se creen descubridores. El hecho es que el debate con medias verdades o con “mentiras enteras” salpica a la ciudadanía, que bastante tiene cada día con sus problemas y sus discusiones. El espectáculo de estos días tiene que ser la mascletà, no los que se tiran de los pelos por lo mal que gestionan los rivales. La alegoría de la política valenciana (y podría ser perfectamente de la estatal) es el tren que no llega a la Estació del Nord de València. Cada ferrocarril de cercanías que no completa su trayecto demuestra qué y quién es importante para los que nos gobiernan. Los trenes no entran a València para que no colapse la plaza. Porque está claro que lo primero es la fiesta (excusada en el valor de la tradición) y, a mucha distancia, el resto de la vida. Esa que incluye estudiar o trabajar en la ciudad. Eso es totalmente secundario. Por delante están los espectáculos pirotécnicos, las carpas y las verbenas. Ni permitir circular, trabajar o descansar están entre las prioridades de las autoridades. La plaza del ayuntamiento, perennemente sin reformar, es un petardódromo por encima de cualquier otro uso.

Los profesionales de la seguridad han demostrado que cada día es más peligrosa la concentración de gente que suman los espectadores de las 14 horas y las personas que entran y salen de la estación. Con los informes en la mano, a María José Catalá le correspondía repartir el espacio y no ha dudado en dar todo a un lado y nada al otro. Como pasa casi siempre, ante luces, barracones o cortes de calles, las dudas no existen. La solución es dar toda la plaza al disparo. Y Renfe, sin más, acepta la decisión. Los responsables ferroviarios no gobiernan la ciudad, pero también podían pensar que sus usuarios quedan desamparados. Y, aunque sea por deseo de su alcaldesa, no lo merecen. Y, aunque Óscar Puente no sea fallero, el cliente de su empresa no recibe el servicio por el que paga durante todo el año y que merece también en marzo, especialmente los días en los que continúan las clases y los trabajos. Porque, de lo contrario, todos podían aplicar el mismo criterio en cascada. Como Catalá solo piensa en la mascletà y Puente no mira nada más, el trabajador que va a su empresa no acude en marzo a su puesto. Nada funciona así, salvo la política.

Resulta difícil centrar la edad en la que sería comprensible el planteamiento y las decisiones. ¿Con cuántos años le consentiríamos al niño que dedicara toda su habitación a jugar y nada a colocar y utilizar la mesa de estudio? ¿En qué curso el profesor admitiría que el alumno le dijera a su profesor que durante 19 días no hace los deberes porque su cuarto está invadido por una charanga? A nadie, menor o adulto, le consentirían en su empresa que las decisiones sobre ir o no a trabajar fueran en función de cuándo cae el día 19. Pero en València se cortan las calles, pase lo que pase, porque nos cuentan que es necesario por lo que dice el almanaque. El diseño y la reforma de la plaza más importante de la tercera capital de España están condicionados por 19 días al año de disparos que hace tiempo que, como se celebran ahora, son insostenibles. La pleitesía que se obliga cada ejercicio a rendir a los vecinos hacia el festejo ha superado al coche, ya han conseguido hasta parar los trenes.

La ciudad turística hace tiempo que está devorando barrios y vecinos para ponerse a los pies de los visitantes, esos para los que se gobierna y a los que no se les puede ni siquiera cobrar la tasa turística. El escenario tiene que ser perfecto durante todo el año. Y estos días, además, el parque temático tiene que incluir la paralización de la rutina de más de un millón de personas que viven o entran y salen de la ciudad. Nadie piensa en el vecino que paga sus impuestos todo el año, sea fallero o no. Porque, obviamente, en las comisiones hay mucha gente sensata que observa cómo la dimensión de la fiesta les hace morir de éxito, como está pasando el resto del año con una ciudad infestada de apartamentos turísticos y un centro urbano que ha perdido completamente su sabor diferencial, entregado a los cruceristas y demás visitantes.

En el tema de los trenes hay un pecado original y un seguidismo lastimoso. Catalá ha obviado las necesidades y hasta los derechos de los usuarios del tren para preservar la fiesta, maravillosa y patrimonio de la humanidad si no se sobredimensiona. No ha buscado soluciones, ni propias ni con el apoyo de la Generalitat, y ahora insulta a la inteligencia al decir que esperaba que Renfe transportara a los viajeros en autobuses hasta la ciudad tomada por las carpas y de tráfico colapsado. ¿Lo esperaba desde qué día? ¿Qué ha hecho para asegurarse de ello? No le contó sus planes ni al conseller Martínez Mus. De hecho, vía EMT, se desentiende de los pasajeros porque explica que no puede reforzar los autobuses con el argumento de estar en fallas. Otra vez, la fiesta por encima de las personas.

Y en Madrid, la empresa ferroviaria ha aceptado la propuesta y ha dejado a la gente en Albal sin tener alternativa para ellos. Renfe, tras las negativas del Ayuntamiento, no debería haber interrumpido el servicio si no quiere que parezca que tampoco a ellos les importan esas personas que se mueven a diario con el cercanías. Han caído en la trampa y no han hecho su trabajo, que es garantizar que los viajeros lleguen a la ciudad, más allá de lo que diga o haga su alcaldesa. Porque hace tiempo que quedó claro que la libertad es poder tomar cervezas, a ser posible viendo una mascletà. Y, claro, poder insultar al político de enfrente.

El PP valenciano ha pasado las primeras horas tras el auto de la jueza como si nada hubiera ocurrido. En su empeño por normalizar la situación y el Consell sucesorio, cada minuto que pasa socava su intención de legitimarse en el Palau de la Generalitat sin la etiqueta de provisionalidad y con la apariencia de mando del gobierno y del partido.

Juanfran Pérez Llorca tiene un diputado en el escaño 98 que mantiene vivo el recuerdo de la negligencia, agravada con cada nuevo testimonio de los que sí comparecen. Identificado con la mentira y el desprecio por la vida de sus gobernados, seguir manteniendo el nexo con Mazón es una tensión que el President Pérez Llorca no se puede permitir, especialmente estos días de vergonzosas comparecencias en la comisión parlamentaria. Negacionistas, seudoperiodistas y un expresident señalado por un auto como responsable de 230 muertos es un lastre demasiado pesado. La nueva etapa no puede empezar mientras se mantiene un aforamiento, al tiempo que se da voz a gente que habla de muertos que nadie reclama o de personajes que se manchan de barro para engañar.

Pérez Llorca se juega con la gestión de la salida de Mazón su prestigio como President y como líder del partido. Si aspira a crecer en el cargo en los próximos 16 meses, no puede dilatar la situación. Es el momento de demostrar su influencia ante Núñez Feijóo y, sobre todo, su mano para actuar en situaciones comprometidas. La situación tiene un elevado coste en València y en Madrid. Pedro Sánchez y otros grupos ya lo han utilizado en el Congreso y no van a parar. Si ahora Llorca no demuestra mando en el partido, difícilmente será creíble como candidato a la reelección. Mientras llega la decisión del TSJ, el escaño del señalado por la jueza es un descrédito para todo el Partido Popular y, en particular, para un President que trata de pasar página y reconstruir las zonas afectadas al tiempo que la credibilidad del Consell. Todo en este asunto sigue demostrando inoperancia y lentitud sangrante: Mazón, la alerta, las ayudas económicas anunciadas estos días y ahora, el abandono del escaño, condición necesaria para normalizar las relaciones con las principales asociaciones de víctimas, las de verdad, no las conspiranoicas vergonzosamente invitadas a Les Corts por el tándem PP-Vox.

Para la dimisión fue necesario el bochorno del funeral y ahora probablemente nada será interpretado por él con fuerza equivalente como para dimitir. Si, como es previsible, se niega a perder su aforamiento, Pérez Llorca debe asumir el desgaste de que pase a ser un no adscrito. En todo caso, sería un mal menor frente a mantenerlo integrado en el grupo popular. No basta con ignorarlo ni con que no asista a la sesión de control. Todo el mundo sabe que está en la última fila y que sigue en el PP. No actuar contra él demuestra miedo o, al menos, falta de autoridad. Los populares necesitan cuanto antes separar el pasado reciente de las siglas del partido y su gobierno. Mazón ha sido amigo de Pérez Llorca y toda la vida militante del PP, pero, si se atrinchera en su escaño, él mismo habrá minusvalorado esas dos condiciones. Precisamente por lo bien que se conocen, saben de los riesgos que tiene cualquier negociación. Hay quien defiende una salida pactada porque un acuerdo para pasar al grupo de No Adscritos mantendría el aforamiento, que es lo que Mazón quiere preservar. Pero esa solución volvería a ser indigna. Saldría del PP, pero sería visto como un nuevo engaño y ofensa a las víctimas y, por extensión, al resto de ciudadanos, también a los votantes conservadores sensibles ante la tragedia y la negligencia. Ha llegado el momento. Ni siquiera una negativa del TSJ a imputarle sería razón para no actuar. Confiar en algunas decisiones pasadas del tribunal no es una buena opción, ni por los tiempos ni por el fondo. El mal está hecho y el activo es cada día más tóxico, incluso, en el mejor de los escenarios que el afectado pueda imaginar.

Presidir la Generalitat y el principal partido valenciano plantean estas pruebas. Hoy toca Mazón y puede que mañana exijan remodelar otra vez el Consell, a tenor de la dureza del auto respecto de otros miembros del ejecutivo autonómico como Susana Camarero o, incluso, Vicente Martínez Mus y José Antonio Rovira. La “absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia” de la que habla el auto puede afectar en mayor o menor medida al actual President en función de cómo y cuándo actúe. El reloj corre en su contra. 230 homicidios por imprudencia grave requieren contundencia y celeridad. Lo contrario ya lo tuvimos con el ahora diputado 98.

Todo lo condicionan las redes sociales en un mundo de vacaciones parlamentarias más amplias que las escolares, en un calendario gestionado por los dos partidos mayoritarios que permiten que un President tarde más de tres meses en comparecer para ser controlado en el parlamento que lo ha elegido. Dos beneficiarios de 140 han renunciado a los pisos que les adjudicaron en San Juan, justo cuando la policía ha ido puerta por puerta a comprobar si los agraciados disfrutan de la urbanización o han subrogado su fortuna. Una vez más, el control se produce muy tarde, llega cuando le interesa a los “jetas” de los que habla Pérez Llorca. A los que se han aprovechado de los cambios en las condiciones de VPP que con celeridad modificó el Consell de Mazón. Lástima que no sean tan rápidos para ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables a las que fondos y bancos intentan dejar sin casa todos los días en la Comunitat Valenciana. La lista de sinvergüenzas con afinidades políticas no deja de crecer, al mismo tiempo que se enfrían las posibilidades de que las dimisiones lleguen más arriba de la concejala de urbanismo. Entre otras razones, porque también en ese asunto manda Vox, que un rato eleva el tono y al siguiente protege a su socio, el que le ayuda a hablar de burkas.

Con temas marcados por la ultraderecha y torpes respuestas llegadas desde otros frentes, se normalizan situaciones como la ausencia de Carlos Mazón del pleno de Les Corts. Su partido le autoriza o le conmina a que no acuda a ganarse el sueldo que cobra porque es incómoda su presencia, pero no tanto como para echarle. En ese equilibrio vive también su socio. Le sobran los parlamentos autonómicos, incluso los que presiden con sueldo de lujo. Les molestan las pagas, pero no las de los diputados ausentes. Y así siguen el parlamentarismo y los bares valencianos, donde estaban antes de las vacaciones. En el sitio que marcan los que deciden el gobierno y que, como señalaba la encuesta de Compromís, van al alza.

Mientras se aceptan los marcos de los demás, el debate nace perdido. Dice Pedro Sánchez que su electorado está optando por la abstención y que lo analizarán cuando lleguen las elecciones generales. Y lo peor es que lo dice convencido y confirma la sospecha de que el estudiante está despreciando los parciales porque se cree omnipotente en el examen final. El desprecio por los territorios y la diferenciación demuestra una visión tan centrípeta como la de Díaz Ayuso. No pensar en los compañeros a los que manda a autoinmolarse a las elecciones autonómicas está mal, pero peor es lo que hace con sus potenciales votantes. Esos apoyos que cree que volverán en el momento de la batalla final son ciudadanos con problemas generales y particulares, a los que no se les dan soluciones pegadas al terreno para no molestar al líder. Quien se va no suele volver. Debería preguntarles a sus alcaldes, aún tiene muchos, aunque eso también puede cambiar. Sin iniciativa local continuarán los batacazos. Hoy más que nunca, la izquierda necesita una agenda propia que emane de los barrios, esos en los que nadie ha visto nunca una mujer con burka.

De momento, el Vox valenciano sigue con Llorca tan dócil como lo fue con Mazón. O, al revés. En realidad, al matrimonio de conveniencia que sustenta la Generalitat Valenciana habría que encontrarle un palíndromo que lo definiera. Pero, por muy cómodos que se encuentren, en lo político y en lo personal, el dueto puede romperse en cualquier momento porque, ¡oh!, otra vez pasa, en la Comunitat Valenciana no se toman decisiones. En cualquier momento, Abascal puede cambiar de opinión y obligar a dejar caer un gobierno que va como la seda. Ahora parece poco probable porque, curiosamente, como pasa con Podemos, en Vox reconocen cierta excepcionalidad del caso valenciano. Aquí se pacta rápido, se entra y se sale del Consell y se acepta el cambio de President. Ningún movimiento desgasta la unión, que está en entredicho en Extremadura y en Aragón. En València no les importa no tener conselleries, como están exigiendo en otros territorios. La luna de miel no parece agotarse, pero eso puede cambiar cualquier día y coger a algunos con el pie cambiado.

El debate se ha centrado estos días en si hacer públicas o no las encuestas que tenían. Han triunfado los que ganan casi siempre y las han contado. El sondeo socialista merece pocas discusiones porque habla de lo que pudo haber sido y no fue. Urge trabajar en otro escenario. Y la de Compromís ha dejado un sabor amargo dentro y fuera de la formación. Pronosticar una victoria de la ultraderecha puede hacer daño. Al tiempo, la valoración de candidatos huele mucho a urgencia de reafirmar algo que nadie cuestiona. Cuando un candidato expone un refrendo que no necesita, demuestra debilidad. Deberían valorar más dónde situar a su mejor valor y no defenderse de ella. Y esperar que, por acción o por omisión, ningún tribunal trate de intervenir en la confección de la o las candidaturas. Aunque realmente ya lo ha hecho y cada día persevera. En realidad, solo cabe preguntarse hasta cuándo.

Más allá de los sondeos, vamos teniendo datos de urnas. Los socialistas encadenan derrotas. En Extremadura, el candidato iba a una muerte casi segura y convendría no homologarlo a los demás, porque era un imputado con poco a favor. Pero la sonora derrota de Pilar Alegría ya inaugura el turno de los ministros-candidatos. Y ha dejado claro que la fórmula no funciona. El continuismo fiel con el poder central no suele dar buen resultado en los territorios. Es muy bueno para controlar el partido, pero muy negativo para construir un discurso propio. Esperar a que pase más veces no es una buena opción. Dentro de las evidentes dificultades de diferenciar el discurso, hay que salir del bucle que repite lo que dice Moncloa o los números serán similares aunque cambie la cara y el territorio. No hay tiempo que perder y no hace falta ser maximalistas. No es necesario ser Page para tener discurso propio. No es preciso sobreactuar para marcar agenda diferenciada o conseguir que un gobierno sea sensible a un territorio y lo sepa todo el mundo.

Y en ese contexto, suenan los cantos de las alianzas y la gira de Gabriel Rufián, con sus intenciones tan buenas como utópicas. Su prospección es correcta, porque hablar entre similares siempre debería ser positivo, pero probablemente sea mejor crecer desde lo local antes de soñar con construir grandes proyectos. El 5 por ciento, que nadie ha cambiado, es una losa valenciana, mucho mayor que los límites a los que algunos no llegan en las elecciones con porcentajes de entrada en los parlamentos de los que tanto se está hablando estos días.

En esa tesitura, todos tienen que pensar muy bien qué hacen. Compromís debe medir su batalla interna teniendo en cuenta la mucha gente que les mira. Son el claro aglutinador del voto a la izquierda del PSPV. Tienen tiempo para elegir cómo y con quién concurrir a los comicios. En esa decisión puede estar el futuro de la Generalitat y de un buen número de municipios. Si quieren llegar con una candidatura ganadora, hay que superar la fase de los contactos y vencer las reticencias. Hasta Ione Belarra sabe que la Comunitat Valenciana es diferente a otros territorios. Hace mucho que las elecciones locales marcaron el camino de la debacle de Podemos. En ayuntamientos como València desapareció Podem, en el anticipo de lo que ocurrió después en Les Corts. Esquerra Unida no puede dejarse arrastrar otra vez y los morados que quedan, sin cuentas pendientes del pasado, tampoco. EU tiene que demostrar su autonomía y ser generoso para que la vieja guardia de Més rompa su tradicional oposición al pacto. Cuanto antes lo tengan claro, mejor, porque la candidatura es solo la base. Por jugosa que pueda llegar a quedar, la ensalada de siglas no alimentará si no hay ideas y un modo de comunicarlo que llegue a la gente. Que vayan pensando en un programa, mucho más importante que el nombre de la coalición, en el que todos ponen sus ojos. La denominación, que solo puede ser una, o los puestos en las listas deberían hacer perder poco tiempo, salvo que se quiera torpedear cualquier atisbo de acuerdo. Con este panorama y tanto trabajo por delante, estaría bien dejar las encuestas para las charlas y construir un buen proyecto con el que llegar a la mañana del domingo y, sobre todo, a la noche.

Es criminal tener dos pisos y alquilar uno. Lo dice Ione Belarra. Puede que los propietarios de dos pisos no sean un colectivo a proteger, pero no son criminales ni creo que den “asco absoluto”, como dice la líder de Podemos. Reproduce el lenguaje de la derecha y el descrédito de los acuerdos en los que no entran. Una vez más, mientras la izquierda discute entre alquilar una o ninguna casa, las políticas favorecen a grandes fondos y grandes tenedores. Entre la polémica que generan distintos grados de progresismo, la gente acaba equiparando el chalé de Irene Montero con el racismo y el machismo de Santiago Abascal. Y así, el que seguro que no tiene la ayuda oficial es el que no encuentra una casa para vivir, ni el que, por ejemplo, alquila su casa pequeña para vivir en otra un poco más grande con una habitación para cada hijo. Cierto, hoy es un lujo que cada adolescente de la casa tenga un poco de intimidad, pero no es un comportamiento criminal ni es la causa de que tanta gente no encuentre techo que pagar con lo que recibe de sueldo, por mucho que se suba el salario mínimo.

Mientras se discute sobre candidaturas conjuntas que no llegan y frustran a muchos ciudadanos o se disputan las migajas ideológicas, hay quien va haciendo camino. Distraídos en cuestiones de nombres y matices, los partidos de izquierdas dejan el camino libre para que gobiernos como el de Carlos Mazón cambie la ley y las VPO como las de Alicante se puedan vender a precio de renta libre. Y se aumentan los ingresos para poder solicitarlas, así que no quede fuera ninguno de los suyos. Como ya pasó con la construcción en la costa, PP y Vox han demostrado a quien representan y se unen hasta lograr la mayoría para hacerlo. El problema es que los que no están de acuerdo con ellos no son capaces de impedirlo.

Lo ocurrido en Alicante es muy grave. Denota una sinvergonzonería evidente que hay que perseguir, denunciar y castigar. Pero sin perder de vista que los pillados con las manos en la vivienda se aprovechaban (y otros seguirán aprovechándose) de un modelo que pervierte el concepto de la ayuda a quien no puede acceder a un derecho. Quien realmente necesita una subvención pública para pagar la casa de su familia ni sueña con acceder a viviendas protegidas de promoción privada con zonas comunes, piscina y pista de pádel como las de la cooperativa en la playa de San Juan que se han adjudicado diversos cargos del Ayuntamiento de Alicante.

La concejala, los hijos y sobrino de la directora general o el arquitecto municipal han aprovechado su información privilegiada para asaltar la caja que les han dejado abierta. En este caso, algunos han llevado hasta el extremo la perversión del sistema, con el agravante de las ventas y alquileres inminentes y con dinero negro. Según conocemos los detalles, nos surge la duda de quan diferentes son quienes lo han hecho de los que han legislado para hacerlo posible. De cuánto se ríen unos y otros de las miles de personas que viven en la calle en ciudades como Alicante y de los que se amontonan en una habitación o no pegan ojo, pese a tener sueldo y casa, ante el temor de perderlos.

Los impulsores del cambio legislativo nos cuentan que el pádel, el jardín y la subida hasta los 66.000 euros máximos de ingresos al año son necesarios para que los operadores privados movilicen el suelo y aumenten la construcción de vivienda protegida. Es de suponer que quienes eso argumentan saben que hay gente que no tiene donde guardar la pala ni el bañador. En el caso de Alicante, la ayuda ha ahorrado a los beneficiarios, a los honrados y a los otros, entre 150.000 y 200.000 euros, unos 163 salarios mínimos, tipo de sueldo que, obviamente, ellos no cobran.

Una vez más, se toman algunas decisiones cuando se descubren los hechos. Y, a falta de contundencia, tiene que intervenir en la política valenciana la Fiscalía Anticorrupción. Habrá que ver si hay prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o conflicto de intereses. Determinar si ha existido fraude a la administración, estafa o fraude de ley con relevancia penal. Lo que no puede enjuiciar un tribunal es el modelo, en qué se gasta el dinero público, en teoría, destinado a financiar el derecho constitucional a la vivienda. En qué se invierten nuestros impuestos en un momento de escasez de techos para tanta gente que sueña con lo mínimo, no con las promociones que se construyen y se subvencionan en los cogollos de las ciudades y que incluyen garaje, trastero, gimnasio, piscina, centro social o pistas deportivas.

Juanfran Pérez Llorca ha señalado la vivienda como una de sus prioridades. Más allá de los memes que provoca la situación, tiene ahora una oportunidad magnífica para demostrar cómo actúa ante la escasez de casas y las prácticas indecentes en el entorno de los suyos. Desde luego, no parece que la mejor manera de afrontar la crisis sea la ridícula alusión a las comisiones de servicio de uno de los pillados ni buscar qué responsable político ha acabado firmando un derecho que asiste a los funcionarios. Ojalá ese fuera el problema. Las viviendas se han asignado entre afines, se han utilizado para intentar cobrar dinero negro o alquilar a precios elevados. Ha fallado el control administrativo en todas las fases del proceso, desde que el Ayuntamiento compra y cede el terreno hasta que los pisos adjudicados se revenden o arrendan. Casualmente la publicidad y transparencia de la demanda y adjudicación solo parece llegar a la vivienda social, esa escasa construcción gestionada por la Generalitat para atender colectivos en situación de vulnerabilidad. Para jugar al pádel con iniciativa privada, alguien considera que no hace falta vigilar tanto. Más allá de las “ovejas negras” de las que ha hablado Susana Camarero en este caso, lo sucedido en “Les Naus” es la ocasión perfecta para debatir sobre el modelo. PP y Vox sabemos cuál propugnan: construir a cien metros de la costa y subvencionar el jardín y la piscina. Apartados y supervisados los aprovechados, tienen mayoría para hacerlo. La duda es para los aspirantes a lograrla y a hacer algo diferente. Si la manera de cambiar el modelo es llamar criminales al resto de la izquierda, el próximo cambio legislativo subvencionará dúplex con hoyos de golf y salida directa y privada al mar.

El President ha aprovechado las largas vacaciones parlamentarias para aparcar uno de sus problemas: la condición de diputado de Mazón. El activo tóxico está alargando el descanso escolar, pero sigue existiendo y la imagen volverá. Como otras decisiones complicadas, cuando antes se toman, menos daño hacen en la legislatura. Y la de Pérez Llorca dura poco más de año y medio. La dana continúa señalando al ex President y a su partido mientras no lo aparten del todo. Escoltas, conductores, personal de la abogacía y, sobre todo, Mazón, afean y mucho la afirmación del nuevo President de que está al lado de las víctimas.

Mientras se decide, o acumula fuerzas para librarse del diputado de la última fila, este tiempo en el cargo le ha servido a Llorca para desmentir que sea provisional, por mucho que rehuya la cuestión de su candidatura en las próximas autonómicas. Como ha pasado casi siempre en los relevos de mitad de legislatura, la interinidad dura lo que se tarda en ocupar el despacho y cerrar la puerta. Así suele ser y probablemente así debe ser. Pocas buenas decisiones se toman desde la interinidad.

De entre lo mantenido pese al relevo, llama la atención lo poco que ha afectado a las relaciones que sustentan el Consell. Se ha cambiado la pareja, pero sigue la luna de miel con Vox, mientras en Extremadura encallan las conversaciones del nuevo gobierno y en Aragón o Andalucía los dos partidos se miran de reojo. La sucesión se ha notado tan poco como la salida de la ultraderecha del pleno del Consell. El actual President es tan solícito con su socio como lo fue el anterior. Eso sí, sin presupuestos a punto de entrar en febrero. Les queda camino para alcanzar los niveles de prórroga de Pedro Sánchez, pero la relajación que demuestran con el tema desmonta en gran parte sus críticas al gobierno central. En otras autonomías, tras los primeros desencuentros sobre las cuentas, han ido a las urnas. Ese escenario es inimaginable ahora mismo en la Comunitat Valenciana. Al contrario, el idilio de la derecha valenciana va a hacer posible que el líder del Ejecutivo no comparezca en Les Corts hasta casi tres meses después de su investidura. Otra vez incongruente para ser partidos tan acostumbrados a solicitar comparecencias en el Congreso y a propiciarlas en el Senado, pese a lo mal que les suelen resultar por falta de preparación y de nivel de los interpelantes. El último ejemplo, el repaso de Pilar Bernabé, quien, como había hecho tiempo atrás Sánchez, se suponía que iba al matadero y acabó poniendo en evidencia al PP y, una vez más, la gestión de Mazón, el todavía diputado.

Estos primeros días de mandato también han servido para que ir al dentista o al gimnasio desgrave a más gente de la que contempló Mazón y en la línea de lo que, según argumenta Vox, le exigieron a Llorca para investirlo. La oposición lo considera populista. En la declaración de la renta de 2025 podrá saber si lo es más gente que en la anterior. Más personas comprobarán si su ilusión por tener algún tipo de desgravación se corresponde con los euros que supone. Para saber si, como dicen los liberales, estas medidas activan o no la economía, bastará con averiguar si alguien se ha levantado del sillón para ir al gimnasio o se ha puesto una ortodoncia al enterarse de que desgrava. O también pueden calcular para cuántas cervezas da lo desgravado. Las operaciones matemáticas para saber a cuántos médicos o profesores públicos equivalen seguro que resultan más difíciles de hacer. En cualquier caso, como comentábamos la semana pasada, todo eso es política, sobre la que conviene siempre estar informado para elegir el modelo preferido.

Más allá de las mínimas cantidades afectadas por el anuncio impositivo de la salud, estos primeros meses de presidencia han dejado claro el alineamiento total del Palau de la Generalitat con Madrid. Una vez más, Génova y Ferraz pesan más que la plaza de Manises. Los socialistas valencianos aplauden y los populares condenan. Pérez Llorca dio un pequeño margen que hizo dudar a los más ilusos, pero, poco después, una dirección estatal volvió a decidir por los valencianos. Otro presidente más, y van..., demostró ser antes de su partido que de sus conciudadanos. Renunciar a 3.669 millones de euros en nombre de los beneficiarios es difícil de sostener cuando se reclamaba bastante menos. Y aun lo es más perder la oportunidad de mejorar la cifra y las condiciones en una reunión bilateral, especialmente cuando se hace bandera de talante dialogante. En nombre de los representados, que no a título individual ni de partido, siempre hay que ir a hablar para sacar lo máximo. O, cuanto menos, para poder decir alto y claro que no se está de acuerdo. Esconderse tras el grupo (el propio, claro) es cobarde y desleal con las personas que sufren la infrafinanciación histórica, que son los que hacen deporte o se alinean los dientes y los que van a un colegio o a un hospital públicos. El azul del nuevo logo de la Generalitat es del pantone del PP. Ni paga facturas ni representa a todos los valencianos, al menos, en los dos primeros meses.

Escuchando estos días a Carles Esteve postularse a la portavocía de Iniciativa del Poble Valencià, resulta inevitable echar de menos la política de verdad. La de escuchar a la gente, la única que puede mantener la esperanza en que la acción del día a día puede mejorar lo que viene. La que desde los colectivos ciudadanos llega a los partidos y no al revés. La que hace que los diputados salgan de las asociaciones y no de las confabulaciones y los dedazos. Esta semana leía la conversación de Esteve con Burguera. Se agradece cuando el periodismo suaviza el tono para tender, aunque sea a veces, a la charla frente al interrogatorio. Además de agradecer el tono, consciente de que la mayoría de políticos no dan para lo que da el diputado de Compromís, resulta reconfortante la sensatez que irradia. La misma que suele emplear en sus intervenciones. Rara avis en un parlamento cada vez más degradado, escuchar a Esteve en les Corts Valencianes es sinónimo de trabajo, ese mínimo que se ha perdido. Desde la base de un documentado diagnóstico, expone, critica o propone de acuerdo a su ideología. Debería ser el proceder habitual para todos, pero desgraciadamente dista mucho de serlo.

En la política actual, contaminada por las mentiras de la ultraderecha y los seudomedios engordados desde administraciones, casi nada se negocia ni se dialoga. Ni fuera ni dentro de los partidos. La relación entre grupos es de enemigos y la acción interna acostumbra a ser una partida de ajedrez. Eso cuando mover las figuras no es demasiado para la inteligencia y el nivel de algunos, que prefieren los navajazos. En ese entorno, Esteve ha hablado con Aitana Mas y con Alberto Ibáñez para sucederles y renovar la portavocía. Tan simple y tan lógico que no debería sorprender. Pero choca porque, al ampliar la mirada, lo primero que nos encontramos es que dentro de Iniciativa ni alguien con el talante de Esteve habla con Mireia Mollà. Lo segundo, que la legislatura sigue con Ibáñez y Águeda Micó separados en el reparto de la escasez, mal fundamento para la construcción de la alternativa, conforme se acercan congresos y se vislumbran listas en las que confían (o confiaban) los ciudadanos y colectivos de los que ellos nacieron.

Cuando Compromís se mimetiza con los demás, pierde su esencia. Se parece peligrosamente al PSOE que pacta un modelo de financiación autonómica con ERC porque les conviene más a los partidos que a los habitantes de los territorios afectados. María Jesús Montero abandera el documento ahora que le sirve en su contienda electoral andaluza, después de años de no ver el momento de plantearla, con el agravio que eso ha supuesto para la Comunitat Valenciana y que no quiere compensar. Los valencianos de a pie no están como deberían en la base de las decisiones de Pedro Sánchez. Como no lo están en el akelarre zaragozano del PP. Núñez Feijóo hace a sus presidentes autonómicos rechazar en masa un dinero que, más allá de las deplorables formas, conviene a muchos de sus territorios. El fin de semana, el líder popular obligó a los suyos a hacer el ridículo en otra pose sin cifras. No sabemos los valencianos si con una propuesta del PP ganaríamos o perderíamos. Los que no reformaron cuando gobernaban, ahora solo ofrecen un rechazo sin números que los sustenten. Habrá que esperar a los contactos bilaterales para ver el margen que el ejecutivo central ha dejado para esa fase de la negociación. Pero si el líder popular insiste en forzar el rechazo en bloque y Montero en dejar a los no firmantes con las asignaciones anteriores, no hace falta explicar quién vuelve a salir perdiendo. Pérez Llorca, pese a lo que le digan desde Madrid, no debería dejar de exigir a Hacienda un fondo de compensación y una quita de la deuda significativa como le están pidiendo que haga los agentes sociales. Populares y socialistas van contra la gente a la que tantas veces han querido colocar detrás de una pancarta en manifestaciones, plataformas o manifiestos.

La financiación y sus visiones partidistas son la representación de la otra política, la que lanza a la gente en brazos de los discursos fáciles, vacíos y mentirosos. La que hace que muchos ciudadanos no sepan en qué consiste el caso Oltra o no conozcan a Carles Esteve ni le escuchen reflexionar sobre lo que quiere para ella en una posible vuelta. Antes Mónica que Oltra, dice. Así, se construye una sociedad mejor. Con las otras actitudes seguirá triunfando el trazo grueso que hace que sea fácil engañar o dar explicaciones racistas a las carencias en vivienda, sanidad o educación. La mala política hace que ganen los malos frente a la política, porque política somos todos.

Pocas veces la forma refleja tanto sobre el fondo (y no me refiero a la chimenea y los jarrones, qué horror). El vídeo del valenciano Jordi Sevilla para presentar su alternativa interna en el PSOE es la muestra gráfica de lo que dice el manifiesto. La estética del siglo pasado es el envoltorio de un discurso también de otra época. Entre el impacto de 15 segundos y la reflexión de 5 minutos, la socialdemocracia y la izquierda en general necesitan encontrar un formato y un mensaje que supere el diagnóstico. No hace falta un manifiesto ni un CIS de Tenzanos para señalar la vivienda como gran problema emanado de una desigualdad creciente entre pocos ciudadanos con mucho y grandes cantidades de personas sin casi nada o con menos de lo suficiente. La imposibilidad para comprar o alquilar no la va a solucionar la construcción masiva que propugna el PP para hacer ganar más a quien ya tiene, ni las exenciones propuestas por Pedro Sánchez, que tendrán un resultado parecido. El acceso a una casa no lo solucionó el Botànic en la Comunitat Valenciana, con poca construcción de vivienda asequible, alguna compra con el bienintencionado derecho de tanteo y con el garrafal error de habilitar los bajos para alquiler turístico en ciudades como València cuando gobernaban Compromís y los socialistas.

Ante esas evidencias, en el guion del video del exministro (¿lo tiene o solo se lee el manifiesto sostenido junto a la cámara?), la descripción de la situación precaria de tanta población solo requería unos segundos. El problema estructural es tan cotidiano como alejado de las buenas macrocifras españolas. De eso no va el debate ni el buscado resurgir de un modelo político. ¡Uf! Quizás ese es el problema: 2026 no parece un buen momento para ponerse nostálgico. Incluso, algunos de los apoyos de Sevilla ganarían si no entramos en revisiones. Mejor mirar hacia adelante. Como en el vídeo, mejor centrar la mirada en el objetivo. Ni hacia atrás, ni en los lados (incluso en el móvil más barato hay opción de leer el discurso, sin mirar a un lateral).

Claro que el debate político está emponzoñado, es maniqueo y hasta mentiroso, la mayoría de las veces. Pero la solución no puede ser solo denunciarlo sobre fondo de mármol. La discusión está llena de ruido y polarización. Prima el relato y el espectáculo. Como con el diagnóstico económico, constatar esta realidad tiene que ser cuestión de segundos. Perder tiempo en negarla o, siquiera lamentarla, es totalmente inútil y desengancha al instante, especialmente a una gran parte de la sociedad que está cansada de darle vueltas y tentada de elegir caminos peligrosos o, como mínimo, salir huyendo. Al plano de la grabación del economista valenciano le sobra tanto aire sobre su cabeza como distancia le separa de la calle.

Sevilla y algunos de sus apoyos (algunos, incluso señalados como tales sin ellos saberlo) tienen un currículum de propuestas pactistas que les convendría no airear, si pretenden seguir hablando desde la socialdemocracia. Sin cebarse con las personas y analizando el mensaje (si nos lo permite el cable que le cuelga de la camisa a Sevilla), caer por la pendiente del aburrimiento es casi inevitable. La enésima llamada al diálogo o al consenso es tan de otra época como las referencias monárquicas. Quien no tiene para pagar el alquiler confía tanto en un acuerdo PP-PSOE como en que se lo pague el Rey. No vivimos en tiempos de grandes coaliciones, ni los juancarlistas se han hecho felipistas-letizistas. Está tan claro como que González o Guerra ya no son referencia de nada que pueda representar a la izquierda. Todo aquello pasó, como el vídeo de Socialdemocracia 21. Sin retención entre sus destinatarios, metidos en un scroll veloz de circunstancias vitales alejadísimas de un discurso que no les va a cambiar el día a día.

La realidad, superado el primer cuarto de este siglo (es duro recordarlo, pero parece que hay quien no ha mirado el calendario), es la de la “dictadura de las minorías” de las que habla el manifiesto. No. Mal. Fatal. Las minorías no pueden ser un problema para un socialdemócrata. Ni una persona de izquierdas puede frivolizar con términos como dictadura. No cuando uno de los empeños (qué triste, volver a estar ahí) es hoy explicar a los adolescentes que con Franco no se vivía mejor, ni mucho menos.La dependencia parlamentaria es democracia, es el pluralismo que no puede dejar de ser un valor progresista. Hablar de dictadura y atacar la diversidad de opciones que representa un parlamento lleva a la antipolítica que tanto crece hacia la derecha. Y, no.Sánchez no tiene tanta influencia internacional como para ser el causante del ascenso planetario de la ultraderecha, como le atribuye el expresidente de Red Eléctrica.

No le podemos pedir a Jordi Sevilla ni a sus compañeros (qué riesgo, ir a cualquier sitio con algunos) ser un influencer. Ni falta que hace. De esos nos sobran. Hace años se les pedía que salieran de las aulas de la universidad. Hoy tienen que salir de su cenáculo político para observar la necesidad de soluciones que tiene la gente. Ellos deben hacer mejores videos y, sobre todo, tienen que tener mensajes que ilusionen. La aportación de quien cree tener propuestas y experiencia ha de salir de la abstracción y la nostalgia. Las ideas son siempre bienvenidas. Los tiempos de los manifiestos pasaron.

Por muy fuerte que se gritara que había que votar, estaba claro que no pasaría. Porque la legitimidad del PSPV pidiendo unas elecciones en la Comunitat Valenciana que no convoca Pedro Sánchez en España es, cuanto menos, discutible. Y, sobre todo, porque a quien lo decide no le conviene. Y es una potestad que se gestiona en un despacho y no en la calle. Mazón tiene hoy el escaño y el estatus que populares y socialistas han decidido que tenga. Sin limitaciones para designar a su personal, por mucho que indigne a algunos. La solución transitoria que esperaban en la oposición que fuera la presidencia de Pérez Llorca es ya, en este comienzo de año, el proyecto del PPCV para ganar las próximas elecciones. El fuego enemigo le hace poco daño y le hará menos cada día. Y la munición de los amigos hará mella solo en la medida en que alguien se vea fuerte. Para comenzar el año, el President ha estado en València con María José Catalá y confirmando dos cosas. Que elige de aliada a la única que le puede hacer sombra, como hizo Mazón. Y que su intención es acelerar sin mirar por el retrovisor, ni el central ni los laterales. Tras las vacaciones de Navidad, lo primero de lo que se habla desde la Generalitat es de cuadros de Sorolla. No hay prisa por los presupuestos o por la comisión de la dana. Las infraestructuras educativas de la zona afectada siguen esperando inversiones que no se ejecutan, pero el cierre de la ronda de contactos con alcaldes lo que señala es la necesidad de acelerar la llegada de los cuadros.

Llorca trabaja en armarse. Se quiere hacer fuerte en el partido y en el cargo. Aquella eliminación de la grasa asesorativa quedó en la campaña y en los primeros meses de gobierno. El año es decisivo y hay que ir con todo. El equipo que sigue creciendo repite, a quien quiere escuchar, una máxima tan simple como elocuente: “Hemos venido a ganar”. A veces, sorprende que ciertas proyecciones solo las hagan en el PP, como si la historia política de esta autonomía no la hubieran vivido el resto. Muchos eufóricos ante el aplastante rechazo que ha generado Mazón en los últimos meses quisieron confundir la parte con el todo. La transversalidad de las manifestaciones y la contestación que genera la gestión de la riada no es el apoyo social de los populares. Podría ser, quizás en otros lugares lo sería, pero en la Comunitat Valenciana no lo es. Esa lección ya estaba explicada y más que comprobada electoralmente, aunque en demasiadas ocasiones durante los últimos meses no lo está pareciendo.

El recorrido judicial del caso dana nos va a deparar todavía muchos episodios indignantes o muchas contradicciones entre declaraciones y whatsapps. Y habrá que seguir preguntando y señalándolas, pero cada día todo eso va a estar más descontado. No debería ocurrir, como enero no debería ser inhábil para el parlamento valenciano. Pero es así y va a ser muy difícil cambiarlo. Tanto como que llegue lejos la exigencia a Pérez Llorca para que hable sobre los mensajes entre Mazón y Feijóo el día que se filtran las comunicaciones entre Sánchez y Ábalos hablando sobre Diana Morant. El PP tiene claro cómo quiere que sea su futuro y tiene algo más que confianza en lograrlo. ¿Qué tiene el resto?

Después de mucho reclamar ir a las urnas, desde parlamentos y en las calles, algunos se han sentado a contemplar cómo votan otros. A observar lo que ocurrió hace algunos domingos en Extremadura y lo que ocurrirá dentro de unas semanas en Aragón. Y no solo a mirar las cifras que dejan esas jornadas. Hay muchos contemplando la opinión ciudadana y, sobre todo, el proceso, como si nada tuviera que ver con lo que les tocará hacer en breve. Porque, en el más lejano de los casos, en la Comunitat Valenciana queda poco más de un año para hacer listas electorales. Y eso es pasado mañana, especialmente cuando hay tanto por hacer y cuando nadie se atreve a encarar la cuestión.

A la izquierda del PSOE han acordado en Extremadura obviando a Sumar y dicen que les ha salido bien. Claro, porque se conforman con sobrevivir. Pero el ejemplo no puede ser bueno cuando el logro convive con un sesenta por ciento de electores que votan derecha o ultraderecha. Ante esos números, se pueden felicitar, como han hecho desde postulados conformistas, o se puede reflexionar con seriedad. En un territorio donde la izquierda ha gobernado tradicionalmente, la gente busca mayoritariamente soluciones enfrente y más allá. Y en un contexto de gran caída socialista, la izquierda solo sale viva. Mostrar satisfacción ante esa realidad es de perdedores. Y en Aragón, es cuestión de tiempo confirmar otra vez que las múltiples candidaturas dejan a mucha gente en casa. Y, lo que es peor, dejan miles y miles de papeletas en las urnas que no obtienen representación y engordan las mayorías de las derechas.

Con ese panorama, se puede seguir de observador o sacar conclusiones y ponerse a trabajar. Pensar y actuar con la idea en el horizonte de que ni sobrevivir ni repetir representación es un buen resultado. Los valencianos deberían tener un modelo alternativo al pacto entre PP y Vox. Esa unión ya no es un tabú para nadie ni en ningún sitio. No es un problema para quienes lo suscriben ni para quienes lo votan. La apelación al miedo no puede seguir siendo el leitmotiv de la movilización. Como tampoco lo serán la dana, ni Mazón.

En Compromís miran a la Chunta Aragonesista como referencia independiente de Madrid, como formación con implantación en el terreno. La referencia de los demás va a servir de poco porque el resto de autonomías se parecen en casi nada al caso valenciano. Y, especialmente, porque hay mucho por aclarar antes de buscar espejos. En la ruptura interna en el Congreso se ha impuesto la gestión de la urgencia. Se ha taponado la herida para seguir viviendo, pero se ha dejado la infección cubierta con vendas. Día que pasa sin encarar una situación que está muy lejos de la normalidad es día que se pierde para hacer creíble su propuesta. Y sin aclarar su situación interna, llegará el momento de hablar con gente de fuera. En la Comunitat Valenciana queda poco Podem y hay el Sumar que Alberto Ibáñez y los suyos quieran reconocer porque es difícilmente cuantificable. Y está la Esquerra Unida que se esfuerza por reivindicar su federalismo porque, una vez más, la obediencia madrileña se entiende que resta. Es cierto. Y no conviene negar que las alianzas que se impulsarán en 2026 desde Madrid condicionarán lo que se haga en València, pese a que no hay ministros valencianos de Sumar en el gobierno, ni Más Madrid es exportable, ni IU debería marcar el paso desde la lejanía.

La legislatura entra en su recta final sin que Compromís haya decidido qué quiere ser de mayor. Lejos de unirse y de consolidar el proyecto, hoy están más distanciados que cuando salieron del Consell. Pese a la caída de Mazón y la movilización en la calle, las encuestas no auguran avances electorales. Tampoco las debilidades socialistas se traducen en mayores apoyos. Con casi un tercio de la legislatura consumida, la labor de Marzà en Bruselas queda lejos, Baldoví no es más líder que hace unos años y no se han restañado las heridas con Mónica Oltra. Junto a todo ello, Podem, ausente de las principales instituciones, no ha superado sus derrotas de 2024, ni el último tímido renacer demostrado en Extremadura tiene traslación en las calles valencianas, en las que Esquerra Unida mira y habla sin encontrar el camino para aportar cuantitativa y cualitativamente.

La indefinición de la izquierda convive con un PSPV achicando agua. Con el machismo cercenando el ascenso de Pilar Bernabé, Ábalos tirando hacia abajo de la candidatura que encabezó Diana Morant, que sigue sin despegar entre la gente pese al annus horribilis del PPCV. Y con rupturas tan sonadas como la de Almussafes, que amenaza con ser la alegoría del estado del socialismo valenciano. Ese que otrora obtuvo mayorías absolutas, representó el feminismo y logró candidaturas internas unitarias (más o menos ficticias). Y que hoy suspende alcaldes por denuncias en un canal interno que no consigue ser un acompañamiento para ir al juzgado, rearma la disidencia y solivianta grupos municipales enteros en los pocos lugares donde gobierna. Todo, mientras se pospone la era postMazón de construcción de la alternativa más allá de la catástrofe y la negligencia. Quizás el título de esta columna debería ser: El año de la derecha, o no. De algunos depende.