Consenso ciudadano: el que contamina debe pagar. Es lo que revela una encuesta internacional realizada por Greenpeace y Oxfam Internacional en 13 países diferentes según la cual el 89% de la población en España respalda la creación de impuestos para que las empresas de gas, petróleo y carbón paguen por los daños derivados del cambio climático, como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Los datos españoles, además, superan la media global (81%) y la europea (77%), según el estudio demoscópico lo que refleja un acuerdo social poco habitual en cuestiones fiscales y ambientales.

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2025 en 13 países entre los que, además de España, están incluidos Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Kenia, Italia, India, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, con unas 1200 personas encuestadas en cada uno, muestra que la demanda de responsabilidad climática hacia las grandes empresas energéticas trasciende edades, niveles de ingresos y afiliaciones políticas. Incluso entre votantes de partidos tradicionalmente contrarios a subir impuestos, la mayoría se muestra a favor de estas medidas. De acuerdo con el informe, estos resultados son coherentes con otras encuestas que señalan que más del 80% de la población española demanda más políticas climáticas por parte de sus Gobiernos, también con un amplio consenso social.

Críticas a la influencia de las grandes empresas

La encuesta también pone de manifiesto la desconfianza ciudadana hacia el poder de las grandes empresas contaminantes y las grandes fortunas en la política. Un 67% de los encuestados en España considera que estas compañías y multimillonarios ejercen una influencia negativa en la política nacional, mientras que un 72% opina que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para limitar su poder.

Para Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, estos datos lanzan un mensaje claro: “La gente ya no se cree las mentiras de la industria de los combustibles fósiles. Ven la culpa de las grandes petroleras detrás de las tormentas, inundaciones, sequías e incendios que destruyen sus vidas, como la trágica DANA de Valencia, y quieren que estas empresas asuman su responsabilidad”, ha subrayado durante la presentación del estudio realizado por Dynata.

Otro de los resultados más destacados de la encuesta es que el 88% apoya que los ingresos generados por estos nuevos impuestos se destinen a compensar a las comunidades más afectadas por la crisis climática.

Por su parte, Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, ha acusado a estas corporaciones de lucrarse con la devastación climática. “Saben desde hace décadas el daño que sus productos contaminantes causan a la humanidad y su afán de lucro está destruyendo las vidas y medios de vida de millones de mujeres, hombres y niños, sobre todo en el Sur Global, que son quienes menos han contribuido a la crisis climática”. Asimismo, remarcaba la importancia de incorporar un nuevo impuesto a las, industrias contaminantes ya que podría proporcionar “apoyo inmediato y significativo a los países vulnerables al clima, e impulsar la inversión en energías renovables y una transición justa”.

Los resultados de este estudio han sido presentados durante las negociaciones de Bonn sobre Cambio Climático (SB62).

Llamamiento global

Junto a la encuesta, se ha presentado el Polluters Pay Pact, una alianza global de comunidades afectadas por desastres climáticos que exige a los gobiernos que las empresas de petróleo, gas y carbón paguen por los daños que causan mediante nuevos impuestos y sanciones. El pacto cuenta con el respaldo de más de 60 ONG y colectivos de todo el mundo, incluidos trabajadores de servicios de emergencia, sindicatos, alcaldes y demandantes judiciales en casos climáticos emblemáticos.

La campaña busca conseguir apoyo popular y llevar la demanda de “que los contaminadores paguen” a foros internacionales clave durante 2025, como la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla y la COP30 sobre cambio climático.

Hace unos meses, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba su intención de iniciar los trabajos para incorporar a las prestaciones en salud bucodental del sistema público a las personas mayores de 65 años entre los colectivos prioritarios. Con el objetivo de “garantizar y blindar la gestión directa de nuestro Sistema Nacional de Salud”, esta prestación buscaba incorporar desde la prevención y detección temprana de enfermedades bucodentales hasta la mejora de la salud y calidad de vida en general, según indicó la ministra. Sin embargo, no se especificaba el coste ni la forma de implementación de esta propuesta.

Un informe elaborado por el grupo privado Donte Group calcula que el gasto que supondría ampliar esta cobertura a mayores de 65 años, estaría entre 517 y 853 millones de euros. En el estudio, se destaca la existencia de un envejecimiento poblacional acelerado, hecho que preocupa debido a la presión que esto ejerce en el sistema sanitario, especialmente en el ámbito de la salud bucodental debido a su dependencia del sector privado.

Más de 9 millones de personas

En la actualidad, más de 9 millones de personas en España supera los 65 años, lo que supone un 20% de la población. “A día de hoy está demostrado que la salud bucodental está relacionada con la salud en general. Invertir en ella ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades sistémicas o crónicas, aumentar la autonomía funcional de los mayores y, por ende, disminuir el uso de servicios de salud más costosos”, ha remarcado la directora médica de Donte Group, Clara Esteban. De acuerdo a datos del mismo estudio, el 98,8% de las personas mayores de 65 años ha sufrido caries en algún momento de su vida, y un 40,1% continúa lidiando con caries activas.

Además de los problemas clínicos que puedan experimentar estos pacientes, se añaden desigualdades socioeconómicas que, en varias ocasiones, pueden dificultar o limitar su acceso a los servicios bucodentales. De hecho, según la Encuesta Europea de Salud de 2020, una proporción significativa de personas entre 65 y 84 años enfrenta barreras económicas para recibir atención dental. En línea con esta cifra, Alberto Montero Soler, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y autor del informe, ha destacado que estas barreras “no solo son una cuestión de ingresos personales, sino que también reflejan desigualdades territoriales evidentes”.

Misma cobertura en todas las comunidades

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, también ha destacado la importancia de igualar la asistencia con independencia del territorio. “Tenemos que garantizar que todos los españoles puedan acceder de la misma forma a esta prestación”, ha remarcado. El presidente de CEOMA ha puesto el ejemplo la Comunidad de Madrid, que en 2024 puso en marcha una iniciativa a través de la cual los mayores de 80 años tienen acceso gratuito a prótesis y tratamientos. “La ampliación de la cobertura a este grupo de población responde a una necesidad social urgente para reducir las desigualdades porque no se trata sólo de salud dental, sino de equidad, dignidad y bienestar en una sociedad que envejece rápidamente”, ha añadido Fernández.

Para el autor del estudio se trataría, además, de un coste asumible. “Creo que el Estado se lo podría permitir frente a los beneficios que supondrá en términos de mejora de la calidad de vida y reducción de costes sanitarios adicionales”, ha detallado Alberto Montero.

Un estudio publicado en la revista Nature arroja luz sobre la existencia de una brecha de género en el rendimiento matemático y lingüístico de estudiantes de primero y segundo de primaria (de 5 a 7 años) en Francia. Las principales conclusiones de la investigación, realizada con los datos de más de dos millones de niños y niñas entre el periodo de 2018 a 2022, es que esta brecha aparece tras unos meses del primer curso de primaria y aumenta con los años de escolarización, no con la edad.

Los alumnos, provenientes de un programa nacional de evaluación realizado durante el periodo de estudio, no experimentaban una diferencia en el rendimiento promedio en matemáticas entre hombres y mujeres al inicio de la escuela. Sin embargo, después de solo cuatro meses, apareció una brecha notable entre ambos géneros, a favor de los niños. Esta brecha se había cuadriplicado al inicio del segundo grado.

Pauline Martinot y el resto de autores de la investigación señalan que la variación en las calificaciones de los estudiantes se observó en toda Francia y fue independiente del nivel socioeconómico, el tipo de prueba de matemáticas administrada y si la escuela era pública o privada. “Nuestros hallazgos respaldan estudios anteriores que, basados en muestras más pequeñas, encontraron que la brecha de género en matemáticas surge ya en primer o segundo grado”, concluyen los autores.

Trabajos anteriores han mostrado que los estereotipos condicionan las percepciones de las niñas desde edades muy tempranas. Un estudio publicado en el año 2017 en la revista Science sobre la percepción de las ciencias en niñas y niños de entre 4 y 6 años reveló que a los 5 años las niñas ya piensan que las ciencias son más difíciles y a los 6 años ya han interiorizado que estas materias son más para los niños.

Una cuestión social

A Clara Grima, profesora del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla (US), estos datos no le sorprenden. “En España también pasa, no se trata de una cuestión económica sino de un estigma social”, asegura. “Una de las observaciones del estudio es que las chicas son mejores en comprensión lectora lo que resulta paradójico, ya que la base de las matemáticas es precisamente entender el problema y saber razonarlo a partir de una buena lectura analítica y comprensiva”.

Marta Macho Stadler, profesora del departamento de Matemáticas de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), cree que es importante entender cómo el comportamiento de los y las docentes en el aula influye en la manera en la que los alumnos perciben sus propias capacidades matemáticas. “En el caso particular de las chicas, las prácticas docentes cargadas de estereotipos las pueden llevar a autolimitarse”, explica Macho en declaraciones a SMC.

En el caso particular de las chicas, las prácticas docentes cargadas de estereotipos las pueden llevar a autolimitarse

Marta Macho Stadler — Profesora del departamento de Matemáticas de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

La presión de grupo, unida al estigma social son también para Grima cuestiones clave. “Si las niñas escuchan o presienten de alguna forma que no son buenas pierden el interés”, sostiene. “Además, muchas veces destacar en estos campos se ve como una rareza lo que influye también en esa autolimitación por la necesidad de ser parte de un grupo”.

El sesgo de brillantez

Jodie Hunter, investigadora del Instituto de Educación de Massey University de Nueva Zelanda, destaca el concepto de sesgo de brillantez, la idea de que “obtener buenos resultados en materias como matemáticas, física y otras ciencias tiene que ver con tener talento natural o ser brillante por naturaleza”, indica. Según cuenta la investigadora a SMC, lo interesante es que los niños más pequeños suelen creer que su propio género o grupo es el más inteligente en estas materias, pero a medida que crecen y avanzan en su educación, esto comienza a cambiar. “Empiezan a asociar el éxito en matemáticas y ciencias con ciertos grupos, pero, lamentablemente, esos grupos no suelen incluir a las niñas ni a los estudiantes de comunidades marginadas”, explica.

Una de las limitaciones que señalan los autores de este trabajo es que solo se observaron datos tomados en tres momentos: al inicio del curso escolar, cuatro meses después y un año después. Por ello, según indican, no es posible obtener detalles sobre cómo evoluciona la brecha de género en matemáticas con el tiempo, lo que limita la posibilidad de identificar los mecanismos específicos que la causan. Una de las recomendaciones que sugieren es abordar este problema en las etapas más tempranas del estudiante, como en la escuela infantil.

Pese a ello, para Clara Grima, se trata de un estudio muy completo y destaca la importancia de seguir poniendo el foco en este problema. “Si se ataja desde edades tempranas, podremos evitar que este estigma siga existiendo en secundaria o a la hora de elegir qué carrera estudiar”, expresa. Hunter coincide en la necesidad de seguir estudiando, también sobre el papel de los docentes. “Sería beneficioso que se realizaran más investigaciones sobre cómo podemos ayudar a los profesores y a los alumnos a considerar que todo el mundo es capaz de hacer matemáticas”, añade.

Madrid es la Comunidad Autónoma que más docentes pierde en favor de otras. En los últimos seis años y cuatro convocatorias de los concursos de traslados que permiten al profesorado cambiar de comunidad autónoma, se ha multiplicado por seis el saldo neto de funcionarios de carrera que dejan la comunidad y se van a otra. En el curso 2018-19 fueron 97, que en el actual han pasado a 631, según un estudio pionero en la materia elaborado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM) con datos recogidos del Ministerio de Educación. La siguiente en la lista es Catalunya, con un saldo negativo de 380 docentes el pasado curso, y la tercera Canarias, que perdió 79 profesores.

En comparación con Catalunya o Andalucía, esta huida de Madrid es aún más significativa, analiza el sindicato, si se tiene en cuenta que ambas regiones cuentan con casi el doble de funcionarios de carrera docentes (los que pueden pedir traslado): Madrid tiene un total de 39.000, frente a los 77.000 de Cataluña y los 81.000 de Andalucía. “En lo que respecta al cuerpo de maestros (los que dan clase en Primaria) podemos ver que Madrid pierde 390 frente a los 114 de Cataluña. Es una diferencia desorbitada”, asegura Sergio López, miembro de STEM. En Secundaria la situación está equilibrada: la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso perdió este curso 241 profesores, Catalunya 266.

Desde el sindicato son conscientes de que las cifras pueden no parecer muy grandes en términos absolutos, pero la tendencia es clara e indicativa. “Al contrario de lo que nos repiten ciertas consignas políticas”, se lee en el estudio en alusión al discurso de la presidenta Ayuso de que la comunidad es un lugar sugerente para trabajar, “Madrid no resulta atractivo para desarrollar una carrera profesional, al menos para el personal docente de otros territorios del Estado”.

Las diferencias en las condiciones laborales como las horas lectivas, las ratios o el propio salario son, opina el responsable de STEM y confirman algunos docentes que han dejado Madrid en los últimos años, uno de los principales motivos de esta marcha. “Para empezar a trabajar Madrid es un destino atractivo, especialmente para la gente joven. Se ofertan más plazas, por lo que mucha gente viene aquí para empezar su trayectoria profesional. Sin embargo, la combinación de factores como la diferencia de horas lectivas entre otras comunidades que suponen una carga de trabajo mayor para el docente o la diferencia en el sueldo, están haciendo que cada vez haya una tendencia mayor de profesionales que abandonan Madrid”, denuncia López.

“El cambio ha sido muy grande”

Óscar Soria Pastor ha estado trabajando en Madrid durante 15 años. En 2023 se marchó a Cantabria por concurso de méritos y desde entonces desarrolla su actividad docente como maestro de Educación Infantil en el CEIP Ramón Pelayo de Santander. “El cambio ha sido muy grande. Además del sueldo, la diferencia se nota en la carga de trabajo, en tu tiempo libre. En Madrid dedicaba muchas horas en casa y en Cantabria cuento con una hora menos lectiva a la semana que, aunque parezca poco, es tiempo para mí que puedo dedicar a hacer cualquier otra cosa”, explica. La diferencia en los precios de alquiler es para Óscar también uno de los motivos más significativos de su marcha. “Ahora vivo en el centro y pago 700 euros por un piso de dos habitaciones y 50 metros cuadrados. En Madrid pagaba lo mismo por solo una habitación y vivía en Villaverde [un distrito a las afueras de la ciudad], no tiene ni punto de comparación”, relata.

El caso de Ainhoa Cazorla Campos es diferente, ya que ella se marchó por concurso de traslados, pero comparte opiniones similares con Óscar. Originaria de Toledo (Castilla-La Mancha), esta docente estuvo trabajando de 2011 a 2023 en Madrid hasta que decidió volver a su tierra. “Estar más cerca de mi familia era una de mis motivaciones principales, pero hubo más. La diferencia de sueldo –de más de 100 euros mensuales– o tener una hora menos lectiva a la semana se notan”, expresa Cazorla. Y es que, de acuerdo con datos del estudio de STEM, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las dos regiones que más profesorado madrileño atraen.

En lo que respecta al cuerpo de maestros, el saldo neto supone una transferencia de 82 docentes hacia Castilla y León y de 158 hacia Castilla-La Mancha. Es decir, un 57% de los maestros y maestras que salen lo han hecho hacia regiones limítrofes. “En estas zonas se valora mucho la diferencia salarial, que gira en torno a los 100 euros”, explica López. Si se suman los que salen hacia Andalucía (68 más), este porcentaje asciende al 72%. Pero los traslados no son recíprocos: poco más del 11% de los maestros y maestras que salen de las dos Castillas y Andalucía van a Madrid. En lo que respecta a Secundaria, los datos son parecidos. En este caso, 49 docentes van a Castilla y León y 64 lo hacen hacia Castilla-La Mancha, lo que implica que un 45% de los profesionales que salen de Madrid se han desplazado hacia estas regiones.

Desde el sindicato se quiere dejar claro que estos datos corresponden a una tendencia, ya que es difícil contabilizar este trasvase. “Se cruzan también otras variables, como que cada vez se presentan más personas de otras comunidades a las oposiciones de Madrid por ser un destino con más plazas y por tanto, más fácil para empezar a trabajar”, argumentan. También inciden en que hace falta más información. “No hay ningún estudio similar o encuesta al funcionario de carrera que analice esta problemática. La administración no se ha pronunciado nunca y si algo podemos sacar en claro de estos datos es que se está produciendo una huida de talento. Desde luego tenemos elementos para sospechar que esto está pasando, por lo que es importante analizar más a fondo esta tendencia”, denuncia Sergio López.

Casos como el de Pastor o Cazorla son para el sindicalista un claro ejemplo de que Madrid no es el mejor lugar para vivir: un estudio de Fotocasa estipula que la región es donde más porcentaje del salario se dedica a pagar el alquiler de la vivienda, dato que contrasta con que el salario de un maestro a los diez años de haber empezado la carrera profesional es el tercero más bajo de toda España, según otro informe de UGT. “Si somos coherentes con este discurso, tendremos que ser ambiciosos y preocuparnos por retener el talento, por analizar e investigar qué es lo que está pasando”, insiste.

Más de 200 personas han llenado hoy el cine del Palacio de la Prensa de Madrid para celebrar el 11º aniversario de Micromachismos. Bajo el lema ‘'De 'guarras' a 'Charos', de bulos a 'incels': las feministas tenemos que hablar del machismo online“, el acto ha contado con la participación de numerosas voces expertas, que han conversado y compartido opiniones en un evento abierto que este año ha sido patrocinado por el Instituto de las Mujeres.

Con la moderación de la redactora jefa de Género de elDiario.es y creadora del blog en 2014, Ana Requena Aguilar, la primera actividad ha consistido en una mesa redonda bajo el título “Las feministas no nos queremos callar. Hablemos del machismo online”. En ella, expertas como Ana Bibang, consultora de extranjería y movilidad internacional; Laura Camargo, especialista en sociolingüística y profesora de la Universitat de Ies Illes Balears; Pablo Santos, formador y facilitador de grupos de hombres y Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, han debatido y compartido opiniones sobre violencia digital y machismo online.

“Lo que está pasando es una reacción al poder que ha demostrado el feminismo en lo últimos años. No es un machismo nuevo, es el mismo de siempre pero mucho más hipersexualizado, con más vigilancia hacia el cuerpo de las mujeres y sobre todo, a través de nuevas herramientas”, analizaba Cristina Hernández.

A su lado, Ana Bibang coincidía en que las redes sociales se han convertido en “un instrumento de doble filo”. “Han permitido llevar el feminismo un paso más, alcanzar y llegar a espacios dónde antes no se podía llegar. Sin embargo, también se han convertido en un campo de batalla para crear ruido, ridiculizar y atacar a las mujeres”, añadía la afrofeminista y miembro de la organización Espacio Afro.

Una de las cuestiones puestas sobre la mesa durante la jornada fue también la asociación del feminismo con movimientos reaccionarios como la antiinmigración o el negacionismo al cambio climático. “Esta ola reaccionaria, estos pensamientos extremistas se aglutinan bajo el paraguas del antifeminismo y que consideran que el feminismo ha llegado demasiado lejos”, reflexionaba Laura Camargo. Para la autora de Trumpismo discursivo, estas ideologías se asocian con una “reacción al feminismo”.

Los jóvenes, uno de los grupos que se han nutrido de esta ola reaccionaria son para Pablo Santos una de las piezas clave de este entramado. “A través de la educación es necesario trabajar cuestiones básicas como la autoestima o la tolerancia a la frustración porque si no lo trabajamos desde el feminismo y desde la pedagogía, estos chavales van a buscar la solución en las redes y ahí está el problema”, incidía el educador.

Camargo enumeraba algunas de las estrategias que confluyen en el machismo online. “En las redes prima un tipo de discurso especialmente agresivo, violento, que se manifiesta a través de diversas prácticas. Una de ellas son los denominados ‘rituales de lapidación’. Esta práctica consiste en coger a una figura de una mujer y que se sale de los parámetros que ellos consideran normativo y acosarla por este mismo hecho a través del espacio online”, explicaba. Otra de las estrategias consiste en la ‘normalización por afirmación’. “A través de bulos como que las mujeres tienen ahora más poder que los hombres se crean discursos que mucha gente asume como algo real”, añadía la profesora y especialista en sociolingüística.

Volver a ocupar espacios

Los cuatro ponentes coincidían en la necesidad de que el feminismo vuelva a ocupar los espacios (públicos y digitales). “Hay que dejar claro que no estamos solas, contamos con compañeros pero es importante acercar el conocimiento sobre el feminismo en todos los espacios. Si no lo hacemos nosotras esos espacios los llenan otros”, hacía hincapié Ana Bibang. “A los hombres que se llaman progresistas los estamos esperando hace mucho. No es admisible que estén de brazos caídos frente a una violencia de género que es masculina. Hay que llenar este espacio desde el feminismo, desde el debate y la educación”, se sumaba a sus palabras Hernández.

El evento ha contado también con la participación de Rebeca Paz, hacker feminista, quién volvía a remarcar la idea de que el fondo y la base de esta violencia online sigue siendo la misma que la del “machismo tradicional”. “Lo digital también es real, la violencia que sufrimos a través de la pantalla tiene también un impacto en nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestro bienestar. Muchas veces se piensa que no tiene la misma gravedad pero esta violencia trasciende la pantalla y nos afecta de la misma forma”, detallaba Paz.

Tras su intervención, han subido al escenario Marta Villuenda y Rosa Calleja, integrantes de Locas de qué, un podcast de la entidad Arcadia que busca visibilizar las opiniones y saberes de las mujeres con un diagnóstico de salud mental. Ambas han compartido opiniones sobre el estigma que sufren algunas mujeres a las que se las califica como “locas”. “Te infantilizan, te sobreprotegen y muchas veces esto condiciona tu propia libertad, el hecho de tener amigos, formar una familia, enamorarte…”, han relatado. En todo caso, ambas han defendido la reapropiación del término para reivindicar su condición y reivindicarse: “Mejor ser locas del coño que tontas del culo”, zanjó Villuenda provocando risas y aplausos en el público.

Vuelve a ver el evento completo

Cada cual afronta la presión como puede. Son las 8.15 y hordas de estudiantes se agolpan frente a las facultades de la Universidad Complutense de Madrid para hacer el, hasta ahora, examen más importante de sus vidas. Quedan aún 45 minutos para que empiece el baile y otros 30 hasta que arranque la Selectividad, y la tensión se va palpando en el ambiente.

Algunos se buscan un lugar tranquilo y repasan todo lo que pueden hasta el último minuto. No se sabe dónde está esa décima que te puede dar acceso a Odontología, piensa Gimena, y con un 12,7 de nota de corte el año pasado van a hacer falta todas y cada una de ellas. Otros, como Nico y Mateo, prefieren comentar. Qué temas te has estudiado y cuáles te has dejado fuera, porque este año ha cambiado el examen y eso de dejarse medio temario, como venía pasando desde la pandemia, ya no es posible. A alguien se le ha ocurrido traer un balón de fútbol y un grupo de chicos intenta pasársela sin que toque el suelo. La suerte está echada, parecen pensar.

Hora y media después de empezar el examen, Olga es la primera que sale del aula 3 de la Facultad de Químicas de la Complutense. En Madrid ha caído la Generación del 27, el comentario de un texto periodístico de El País sobre la DANA y la empatía y por qué nos diferenciamos de los animales y analizar un libro a elegir “de entre 1937 y 1975” (la guerra civil y la dictadura). También ha elegido la definicición de “polisemia”, mejor que la de “antropóloga”. Olga sale satisfecha. “Lo esperaba peor”, admite. Según pasan los minutos y salen sus compañeros, las caras sonríen. Un examen asequible, coinciden, para empezar los tres días con optimismo. Un chico que se presenta este curso por segunda vez para subir nota comenta que apenas ha notado diferencias con el pasado.

Año I

Este año es el año I de la nueva selectividad. Aunque la Vicerrectora de Estudiantes de la UCM, Rosa de la Fuente, asegura que el examen no va a cambiar tanto respecto a otros años, los chicos y chicas que esperan ansiosos no lo tienen tan claro. Este año la prueba más importante de cuantas se hacen en el sistema educativo español cambia el formato, pierde buena parte de la optatividad que había facilitado las cosas, y mucho, a generaciones anteriores, y entra en la era competencial. Todo de golpe.

En la previa del examen se ha señalado que esta edición es algo injusta con quienes se presentan, que les toca un examen más difícil y además nuevo, sin referencias previas. De la Fuente explica en la puerta de la Facultad de Químicas que el cambio era necesario, entre otras cosas porque en las universidades estaban detectando “que los estudiantes llegaban peor preparados” porque “como sabían que podían elegir podían dejar de lado buena parte del temario”.

En concreto el 50%, tercia Berta minutos antes de entrar al examen. “Este año como mucho te puedes dejar un tema de nueve”. Habla de Lengua y Literatura, primer examen del día. El problema, explicaba De la Fuente, es que en muchas materias el conocimiento no está compartimentado, y si te dejas la mitad del temario igual el otro cojea también.

Triste consuelo para el estudiantado, que lo único que sabe es que les ha tocado el año del cambio. El año del examen por competencias, aunque no tanto. Apenas un 20% de la prueba tendrá este enfoque porque “no lo han podido trabajar tanto”, explica la vicerrectora.

Nico y Mateo están tranquilos. Aunque solo había un modelo de examen oficial, cuentan que han podido preparlo en clase y están listos para lo que les llegaba en unos minutos. No creen que sea injusto que les haya tocado el cambio. “Lo veo más como mala suerte”, comenta Nico. Quiere entrar en Cafyd (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el antiguo INEF) y calcula que va a necesitar más de un nueve, pero cree que llega. También cuenta, es algo que comentan varios estudiantes, con una ligera bajada de las notas de corte por el cambio del examen.

Si acaba pasando será bienvenida por la mayoría de estudiantes, que en los últimos años solo han visto las notas de corte subir y subir a lomos de las facilidades que el sistema dio desde la COVID y también de la creciente competitividad y la falta de plazas públicas.

“Hemos practicado mucho”

Unos centenares de metros más allá, María Yepes, Luisa Fernández y Miguel Peña, del Instituto Veritas de Pozuelo, charlaban entre apuntes minutos antes del comienzo del primer examen, el de Lengua y Literatura Castellana. “Estamos nerviosos pero hemos trabajado durante todo el curso y practicado mucho, sobre todo de cara al nuevo modelo de examen”, explicaban los jóvenes.

Las preguntas competenciales, que precisan de respuestas más reflexivas y elaboradas, preocupaban al estudiantado, como la reducción de la opcionalidad con un modelo único de examen o las faltas de ortografía, que penalizarán hasta dos puntos en el caso de Lengua Castellana o 1,5 en las pruebas de lenguas extranjeras en un intento de alcanzar la mayor uniformidad en la prueba por toda España.

Marcos Baro, del Instituto Montessori de Madrid no sabe que quiere estudiar pero le intranquiliza no saber cómo será el examen. “Si pudiese haber podido elegir quedarme con el modelo antiguo lo hubiese preferido. Creo que siempre es mejor hacer lo que han hecho otros para poder practicar más”, explicaba el alumno.

Sin embargo, para otros como es el caso de María López, del Colegio de Nuestra Señora de los Ángeles de Villaverde, el examen no supone una gran preocupación. A las puertas de la Facultad de Ciencias Biológicas, minutos antes del comienzo del primer examen, la alumna charlaba junto a sus compañeros. “La verdad es que ahora nos estabámos riendo mientras hacemos una porra de lo que entra. Cuando me siente en la mesa igual ya me pongo más nerviosa pero ahora estoy tranquila”, comentaba entre risas.

A su lado, su compañero de clase Álvaro Mota coincidía en que el nuevo modelo no preocupa tanto porque “no supone un gran cambio”. “Los ejercicios siguen siendo más o menos del mismo formato, aunque si que es verdad que hay que estudiar más porque no se puede elegir”, añadía Mota. La mayoría coincide en que el principal cambio es no poder descartar temario. “Yo por ejemplo, en literatura al final he tenido que descartar cosas porque por un punto y medio no me merecía la pena”, comentaba Julia Zapico, alumna del IES José García Nieto, de las Rozas.

Sobre las 11 de la mañana, una vez terminado el primer turno del examen de Lengua y Literatura, la marea de estudiantes se agolpaba en el exterior de las facultades. Entre abrazos, Brayan y Alejandro, del IES Antonio Domínguez Ortiz de Vallecas, celebraban haberse liberado del primer examen. “Para lo que he estudiado me ha salido bastante bien, no he notado tanta diferencia respecto a otros años”, relataba Brayan. Unos metros más a la derecha, Carmen Sánchez, del Trinity College de Boadilla, se mostraba contenta. “La verdad que me ha salido bien la jugada, han entrado los dos temás más típicos y los que yo quería así que genial”, expicaba. La generación del 27 y la literatura hispanoamericana contemporánea han sido las dos preguntas que han entrado, para el alivio de muchos. “Era lo que me esperaba así que genial”, expresaba Raúl Lapiedra del IES Gran Capitán en Arganzuela.

Rubén Darío y un editorial de 'El País' en Córdoba

En Córdoba, Israel Muñoz, vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba, y Diego Ángel Copé, delegado de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, han admitido haber visto a más de un alumno suspirar de alivio cuando pudieron mirar el examen: Rubén Darío y un editorial de El País, informa Jesús Ventura. Un pequeño alivio ante la advertencia previa de Copé: “Este modelo es más exigente en algunos aspectos. Lo fundamental es que los alumnos y las alumnas apliquen conocimientos y demuestren competencias adquiridas a lo largo de los dos años de Bachillerato”, apunta.

La PAU 2025 deja una ligera bajada de estudiantes matriculados en la región, pero Israel Muñoz aclara que no es preocupante, ya que se siguen “moviendo en cifras similares, en torno a 4.000 o 5.000 estudiantes. ”En el conjunto de Andalucía, hay algo más de 50.000 alumnos y alumnas presentándose este año, y la provincia cordobesa representa aproximadamente un 10% del total“.

“Te casas y parece que tu labor es dejar tu carrera, tener hijos y dedicarte a la casa. ¿De verdad somos así?”, declaraba ante los medios la artista Ana Guerra hace unos días. La cantante, que ha estado en el punto de mira por los rumores sobre un posible embarazo, mostraba su enfado ante los micrófonos de Europa Press. 

Guerra no ha dudado en criticar duramente estas especulaciones tachándolas de prácticas “retrógradas”, pero asociar el cuerpo de una mujer con el embarazo ante cualquier cambio físico o estético es una práctica habitual. Como ella, son muchos los casos en los que la mujer se pone en el foco de mira, se vigila y se observa de cerca. Jennifer Aniston, Emilia Mernes o María Pombo no son más que ejemplos dentro de un ecosistema constante de vigilancia hacia la mujer y su cuerpo.

Así lo denuncia y reivindica Sandra Gonfaus, activista y comunicadora especializada en género. “Cuando una mujer cambia su cuerpo, especialmente si gana peso o se sale de lo considerado 'normativo', el imaginario colectivo necesita justificarlo. El embarazo se convierte entonces en una explicación socialmente aceptable para que ese cuerpo pueda seguir siendo 'legítimo'”, explica. El caso de la cantante “no es anecdótico, sino estructural”, incide la activista.

Las transformaciones del físico de una mujer son, por tanto, objeto de crítica y observación ante lo que se considera que debe encajar en la normalidad. “No se trata solo de opinar sobre el cuerpo, sino de marcar los límites de lo que se considera aceptable, deseable y visible”, espeta la comunicadora. Desde la Asociación de Matronas de Madrid, Cristina González incide en que este tipo de comentarios se hacen sin saber la historia que hay detrás de cada mujer. “A lo mejor esa persona que estamos juzgando, a la que le decimos que se le va a pasar el arroz, está viviendo una historia de infertilidad, ha tenido varias perdidas gestacionales o está luchando en un tratamiento de reproducción asistida y no está consiguiendo ese hijo que tanto anhela”, alerta.

Otro punto importante para Gonfaus es la manera en la que se expresan este tipo de juicios desde “una aparente preocupación”. “Lo que hay detrás es un control estético y moral. En mi experiencia, he visto cómo esta vigilancia se intensifica en cuerpos gordos, racializados, trans... No se trata solo de opinar sobre el cuerpo, sino de marcar los límites de lo que se considera aceptable, deseable y visible”, sentencia. González coincide con que este tipo de observaciones dejan vía libre para opinar sobre las mujeres. “Parece que es algo gratuito juzgar el cuerpo de las mujeres durante toda nuestra vida”, añade.

Ellos, fuera del punto de mira

La propia Ana Guerra mostraba su enfado con que la pregunta sobre un posible embarazo no se la hicieran a su marido, Víctor Elías. “¿Qué os digo? Que ya salieron los rumores cuando me casé y ahora no sé por qué se ha vuelto a despertar. La verdad, porque estoy estupenda”, llegaba a justificarse Guerra señalando su cuerpo. “No sé, me da pena seguir viviendo en una población tan retrógrada que una vez más, según me caso, tienen que decir que estoy embarazada porque eso es lo que me corresponde hacer ahora mismo en mi vida, ¿no? Porque funcionamos así, con este método”, ha asegurado la intérprete.

Guerra cuestiona que los comentarios se centren en una posible maternidad cuando se encuentra en un momentos profesional muy activo, con el reciente lanzamiento de su single La llama. Y que solo se le cuestione a ella. “A Víctor no le hacen esta pregunta. Me la hacen a mí. Entonces es porque soy yo la que si tengo bebés tengo que quedarme en casa, parar mi carrera y dedicarme a mi casa y a mis hijos, ¿no?”, expresaba. Sandra Gonfaus coincide en que esta lógica no se aplica a los hombres, a quienes “rara vez se les pregunta por su cuerpo, su paternidad o sus cambios físicos”. Para la activista, este hecho evidencia una desigualdad de trato profundamente arraigada, donde “el cuerpo de las mujeres sigue siendo un espacio público, escrutable, opinable”.

Cáncer de pulmón, trombosis, ictus, epoc o epilepsia son algunos de los artistas presentes en el cartel del ‘Real Fest’, un simulacro de festival, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y que tiene como objetivo señalar el patrocinio de la industria tabacalera en los festivales de música. La AECC pide que las administraciones públicas no concedan licencias a los festivales de música que estén patrocinados por los nuevos productos de la industria del tabaco. La petición, que ha sido lanzada esta mañana durante un evento celebrado en Madrid, ha reunido a jóvenes, expertos del ámbito científico y profesionales de la salud.

Cuatro de los festivales más multitudinarios en España (Mad Cool, Primavera Sound, Sonorama y Sónar) tuvieron patrocinadores como Iqos, Blu, Vuse y OCB en un país en el que un 75% de las personas acude a eventos musicales al menos una vez al año, según los datos de la AECC. Este tipo de publicidad, no obstante, se ha encontrado hasta en 24 convocatorias musicales.

Por ejemplo, el Jardín de las Delicias, que se celebra en unas instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid, ofreció el año pasado en redes sociales la posibilidad de estar “en el concierto de tu artista favorito con un vaper @bluspain”. Los interesados podían pasar por su stand “a elegir sabor”. El Mad Cool y el Primavera Sound contaron en 2022 con sendos espacios para presentar las novedades de la marca Iqos: “Un punto de reencuentro para fumadores adultos donde pudieron disfrutar de las novedades de la marca”. Incluso tuvieron un palco en el festival Starlite Occident.

“Podría decir que el 80% de mi entorno ha fumado alguna vez Iqos y es preocupante. Tenemos que dejar de darle tanto atractivo a estos dispositivos tan perjudiciales”, comenta Marta Lugo, de Proyecto Zero, iniciativa creada por la Alianza de Entidades Sin Tabaco y liderada por AECC creada para concienciar y luchar por alcanzar una generación sin tabaco para 2030. Laura del Horno, enfermera y técnica de prevención, coincide en la necesidad de hacer más visible el impacto en la salud que generan. “Se vende como una experiencia pero tienen componentes que son cancerígenos por lo que fomentar el consumo es muy peligroso”, remarca la especialista.

Más consumo que nunca de vapeadores

Entre 1996 y 2023, el porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que fuma diariamente ha caído de un 23,5% a un 7,5%. Sin embargo, este descenso está relacionado directamente con el impacto de los cigarrillos electrónicos o derivados: el 54,6% de los adolescentes admite que los ha probado, un porcentaje que solo era del 17% hace una década. Nunca la cifra había sido tan alta. “La industria que se dedica a la venta de este tipo de productos ha invertido grandes cantidades de dinero en conseguir diversificar y llegar a dónde está su target, la gente joven. Festivales, eventos deportivos a través de influencers y redes sociales”, explica Del Horno.

“Las sustancias que se encuentran tanto en los cigarrillos electrónicos, como en los Iqos o las bolsas de nicotina no son inocuas. Generan adicción y son tóxicas. Cuando un joven se inicia al consumo de vapeadores tiene tres veces más de posibilidades de convertirse en fumador que un joven que no lo hace”, advierte el doctor Carlos Jiménez, neumólogo especialista en tabaquismo y miembro del Área de Tabaquismo del SEPAR.

Tan solo el año pasado el consumo de tabaco ha sido el responsable de más de 63.000 muertes y es la primera causa de muerte evitable en España y en el mundo. Sin su consumo se podrían reducir hasta un 30% de los casos de cáncer. Entre las principales patologías derivadas de estos estos dispositivos se distinguen las de corto y largo plazo. “El asma o las infecciones respiratorias por virus o baterias son algunos de los efectos a corto plazo. Si hablamos de un consumo prolongado en el tiempo se puede llegar incluso a cáncer de pulmón, laringe, garganta, EVALI o ictus, entre muchos más”, explica el doctor.

El Ministerio de Sanidad sacó a consulta pública en noviembre el primer real decreto del plan antitabaco, donde se regula la fabricación, presentación y comercialización de productos del tabaco y relacionados. El texto incluye el empaquetado genérico (que todas las cajetillas tengan el mismo color), la regulación de las bolsas de nicotina y la prohibición de los vapers de sabores. “Vamos retrasados” en comparación con los países europeos, asegura Carlos Torrado, experto en políticas europeas y legislación. “Aunque este real decreto ha supuesto un avance importante, aún nos queda mucho por hacer. La mejor medida posible es sin duda aumentar los impuestos al tabaco”, remarca. Reino Unido tiene la mitad de porcentaje de fumadores que España (un 13%) y es el primer país que prohibirá fumar, a partir de 2027, a todos los nacidos desde 2009 en adelante. 

El entorno digital también se presenta como un espacio en el que la industria del tabaco y otras empresas pueden desarrollar diferentes acciones de marketing para la promoción, tanto directa como indirecta, de productos, como los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Este método de promoción, que impacta profundamente en la decisión de consumir, escapa de las regulaciones actuales y genera un impacto significativo, especialmente en jóvenes. Otro análisis de la AECC sobre cómo impactan los influsencers españoles en los jóvenes reveló que más de 13 chicos y chicas recibieron contenidos que mostraban productos del tabaco entre 2018 y 2023.

Perdidos o abandonados, y sin ninguna identificación. Aunque la Ley de Bienestar Animal aprobada la pasada legislatura obliga a colocar un microchip en perros, gatos y otros animales domésticos, el 80% de los que acaban en centros de acogida no los llevan. Es una de las conclusiones del primer estudio elaborado con datos oficiales sobre la gestión de los centros de protección animal en España que ha presentado este martes el Ministerio de Derechos Sociales.

Se trata, ha explicado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, de un paso previo para orientar las políticas públicas y la creación de un Plan estatal de Acción contra el Abandono. El informe, elaborado a partir de encuestas a 500 ayuntamientos y 250 entidades de protección, revela que el 95% de los gatos y el 70% de los perros trasladados a estos centros no disponen del chip que permitiría localizar a sus propietarios, lo que dificulta la devolución rápida a sus titulares en casos de extravío. 

Esta identificación es “fundamental” para prevenir su abandono, afirma José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales. La obligatoriedad del uso del chip en perros y gatos, así como otros animales, entró en vigor el pasado 29 de septiembre de 2023, e incumplirla puede suponer multas de varios miles de euros.

Más perros que gatos identificados

El informe desvela que la mayoría de los centros de recogida de animales de compañía registraron en 2023 más entradas que salidas en todas las especies acogidas. Este hecho es para Rosa Martínez de especial relevancia, ya que muestra la necesidad de que las entidades locales “reciban apoyo técnico y financiero” para hacer frente a esta problemática.

La normativa en materia de salud pública y la Ley de Bases de Régimen Local, en vigor desde 1985, establece que son los ayuntamientos los responsables de la retirada de animales abandonados en la vía pública. A pesar de ello, solo el 21% de los ayuntamientos dispone de un centro propio de recogida y entre los que no lo tienen, un 42% recurre a un servicio externo para gestionar a los animales. Uno de cada cuatro ayuntamientos (25%) reconoce que no cuentan con ningún medio para atender a los animales.

El perfil de los perros que se encuentran acogidos en los centros es el de un animal adulto, de gran tamaño y de raza mestiza.

La tasa de retención –ejemplares que no se devuelven ni se adoptan– es del 4% en el caso de los perros, mientras que la de los gatos alcanza el 18%, porque apenas un 5% están identificados. La de “otros animales” (donde se incluyen conejos y hurones, entre otros) llega hasta el 19%.

En lo que respecta a los gatos, el 62% de las entradas corresponden a adultos. Los cachorros tienen una mayor salida hacia la adopción, ya que son el 38% de las entradas y suponen casi seis de cada diez adopciones del total.

La coordinación de parentalidad, un mecanismo obligatorio de resolución de conflictos que utilizan algunos juzgados, se está aplicando en casos en los que existe un trasfondo de violencia de género. Así lo recoge el informe La coordinación de parentalidad como nueva violencia institucional, publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis con la colaboración de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. El documento asegura que su uso en este tipo de casos se está convirtiendo en una “forma de violencia institucional” contra las mujeres, algo que ha llevado al Ministerio de Igualdad a plantear la necesidad de regular esta figura para garantizar que no se aplique cuando hay indicios de violencia machista.

La coordinación parental es una figura que funciona como una especie de mediador que intenta solucionar las controversias cuando los demás instrumentos del juzgado no han sido efectivos. Suele imponerla el juez –en pocos casos es voluntaria– para comprobar que se cumple la sentencia en cuanto a medidas, visitas y custodia. Los juzgados catalanes fueron los pioneros en España en introducir esta figura, que carece de sustento legal en nuestro país, salvo en Navarra. Al amparo del artículo 158 del Código Civil que permite al juez adoptar las “disposiciones que considere oportunas” para evitar perjuicios al menor en su entorno familiar, el coordinador parental es cada vez más usado, según el informe. 

Sin embargo, el estudio que ha presentado Igualdad muestra que la coordinación de parentalidad se está utilizando como medio para lograr que la custodia compartida impuesta funcione cuando no hay consenso entre los progenitores, ignorando que es frecuente que los incumplimientos o la llamada “alta conflictividad” están relacionados con un trasfondo de violencia de género, esté o no denunciada.  

“La imposición de la coordinación de parentalidad (CP) se utiliza por los tribunales, en muchas ocasiones aconsejada por el propio equipo psicosocial, para imponer un régimen de visitas que los propios hijos e hijas se niegan a cumplir, aunque es a la madre a la que se le otorga la responsabilidad de mantener el vínculo paternofilial y, si no lo consigue, ella y sus hijos e hijas sufrirán las consecuencias. En este contexto, la imposición de intervención de la CP agrava la desprotección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en diversas formas, produciéndose violencia institucional”, asegura la investigación.

Regular su uso

Los resultados han llevado a Igualdad a pensar en una regulación que unifique y restrinja su uso. “Es el momento de plantearnos la regulación de esta figura, unificando criterios, garantizando la no aplicación del falso Síndrome de Alineación Parental y dejando claro que no es aplicable a supuestos de violencia de género, exista o no procedimiento penal”, subrayaba durante la presentación del estudio Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.  

Igualdad ha advertido que en la coordinación de parentalidad se aplican métodos similares a los empleados en el falso Síndrome de Alineación Parental (SAP) “perpetuando de esta manera una violencia institucional que obvia la violencia contra la mujer y que podrían poner en peligro la seguridad e integridad de la infancia y adolescencia y sus madres, sobre todo, cuando se impone esta figura en contextos de violencia de género o violencia sexual”. 

Conocido por las siglas SAP, este término fue acuñado en 1985 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner. Dentro del procedimiento de los divorcios es con frecuencia recurrente la utilización de este término “para culpabilizar a un progenitor como promotor de que los menores rechacen el contacto con el otro”, tal como se detalla en el informe. “A través del SAP, de forma generalizada se culpa a la madre custodia de ser óbice del cumplimiento del régimen de visitas y de alienar a los hijos e hijas en contra de la figura paterna”, prosiguen 

El propio estudio incluye también un apartado con entrevistas a 34 mujeres y 6 jóvenes. De las 34 entrevistas, en 13 ocasiones la guarda y custodia del menor pertenecía a la madre, aunque, tras la intervención de la coordinación de parentalidad, la guarda y custodia materna pasó a compartida, a pesar de los antecedentes de violencia de género. Por otro lado, en los 6 casos analizados de jóvenes existían previamente al proceso de coordinación de parentalidad denuncias por abuso sexual infantil intrafamiliar sobreseídas judicialmente, a pesar de haber claros indicios mediante verbalizaciones de los niños o señales físicas.

Acoso en redes, situaciones violentas dentro del aula y falta de autoridad son algunas de principales preocupaciones que sienten los docentes. Estas circunstancias les provocan un sentimiento de abandono y desprotección por parte de la Administración Pública, según refleja una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el que han participado más de 5.000 docentes de toda España y que pone de manifiesto la situación de “desamparo” que siente el profesorado.

Según datos de la encuesta, realizada a 5.000 docentes, el 53% de las agresiones sufridas dentro del aula son verbales, seguidas de los conflictos en redes sociales (22,25%) y las agresiones físicas (11,45%). Dentro de estas últimas se encuentran casos como empujones o lanzamiento de objetos. Uno de cada cinco docentes denuncia que ha sufrido varios tipos de estas situaciones y más de la mitad de las personas que padecen este problema son mujeres.

A esto se suma que nueve de cada diez docentes expresa no haber recibido formación sobre convivencia y que casi el 60% afirma que el alumnado no les respeta, hecho que preocupa especialmente a profesionales de enseñanza en Secundaria.

“Los docentes están en una situación lamentable, que empeora nuestro sistema educativo”, expresaba este lunes en rueda de prensa Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de Educación del CSIF. “El profesorado tiene peores condiciones laborales, retributivas y de prestigio social”, ha añadido.

Ratios y poder adquisitivo

La reducción de los ratios, la recuperación de poder retributivo y el refuerzo de la autoridad docente son algunas de las principales preocupaciones del colectivo, que denuncia sentirse abandonado por parte de la Administración. Siete de cada diez profesores denuncian comparten este sentimiento y además consideran que no existe una valoración y reconocimiento de su labor por parte de la sociedad.

Este es el cuarto estudio sobre el profesorado que se presenta en las últimas semanas y, como los anteriores, refleja un empeoramiento en las condiciones que se ejerce la docencia y el desgaste que sufren maestros y profesores en el aula como consecuencia de este deterioro. CCOO alertó hace unos días de la falta de tiempo que refieren los docentes para hacer su trabajo y el impacto emocional que tiene en ellos; UGT del desgaste que implica la creciente burocracia en las escuelas y EsadeEcPol dibujaba una profesión cada vez más complicada de ejercer por la mayor complejidad de las aulas y el consecuente aumento de la exigencia.

“Nos sentimos abandonados”, expresaba este lunes Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de Educación del CSIF. “No hay ningún documento que respalde ninguna de estas medidas o que responda a estas peticiones”, ha añadido. CSIF reclama –y el profesorado respalda, según su encuesta– que se aborden con propuestas firmes en el Estatuto Docente que negocian estos días el Ministerio de Educación y los principales sindicatos del país. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar Educación con cuestiones como las ratios, que ya tuvo oportunidad de modificar cuando aprobo la Lomloe, pero optó por no hacerlo.