Encontrar ropa que siente bien se convierte a veces en una misión imposible, en una aventura de profunda búsqueda entre tallas que varían de una marca a otra, prendas que no se ajustan a los pliegues del cuerpo y los maniquíes que solo existen en las fotos de las páginas web de moda. Vestirnos se ha convertido en un acto de fe y de paciencia. En redes, el debate sobre el mid size (sea lo que sea ese término) y sobre lo curvy ha destapado un malestar compartido: la sensación de que la moda se diseña para unos pocos cuerpos proporcionados y deja fuera a la mayoría.

En ese terreno se mueve Cristina Real, diseñadora y doctoranda en BAU Centro Universitario de Artes y Diseño, ubicado en Barcelona y adscrito a la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya. Su investigación se centra, precisamente, en el papel de la talla M como dispositivo que normaliza los cuerpos y que marca la forma del resto de tallas: la XS será una M pequeña y la XL será una M grande. Desde su tesis, analiza cómo esa medida aparentemente neutra define quién entra y quién queda fuera del sistema de la moda. Su trabajo propone repensar el patronaje, las tallas y la forma misma de producir ropa, para que vestirnos deje de ser una batalla contra el espejo y vuelva a ser, simplemente, una forma de expresión. 

Empezó a interesarse por el patronaje a los 10 años cuando al ponerse un pantalón se dio cuenta de que la zona de la entrepierna no se amoldaba a su cuerpo, y desmontó la prenda para entender su configuración. ¿De qué se percató?

El conocimiento que yo tenía en ese momento era el de los cuerpos de las muñecas, que tienen una parte plana que se corresponde con toda la zona genital. En mi cabeza, esa zona tenía que funcionar en una prenda, como lo hacen unas bragas, siendo plana y acompañando toda la zona. Cuando abrí el pantalón y vi que la entrepierna no se parecía en nada a esa zona plana que yo tenía en mi cabeza, no entendí qué estaba pasando y, no sólo desmonté unos pantalones, sino que destrocé otros intentando convertirlos en faldas, y siempre había un pico que sobraba. Desde entonces, me di cuenta de que lo que yo pensaba que era y lo que era en realidad no casaban.

Lo mismo me pasó con las mangas, con los cuellos, con las zonas más complejas que tienen que ver con la construcción de la ropa. Hasta que no fui bastante más mayor, no entendí realmente cómo funcionaban los pantalones y empecé a interesarme por el porqué de ese tipo de construcciones.

La pregunta es amplia, pero necesaria: ¿por qué decidió interesarse específicamente en la talla M?

Me interesa el patronaje porque es muy afín al dibujo técnico, a la definición formal de objetos, a la volumetría, a la definición geométrica de las cosas. Y la talla M, porque es una cosa que aprendemos todas desde bastante jóvenes. Cuando empezamos a sentir curiosidad por la ropa, vamos a las tiendas, empezamos a comprar prendas y nos meten en la cabeza que nuestra talla está en la S y la M. Rondamos y habitamos ese lugar de la talla M, pero, cuando se empiezan a ver los cuerpos desde otra perspectiva, se trabaja con otras tallas, con otras formas, una se da cuenta de que lo que significa realmente esa definición de la talla M y quién encaja en ella y quién no, así como de todo lo que la envuelve, vemos que no estamos hablando únicamente de ropa cuando hablamos de la talla M, sino de disciplina corporal, vigilancia del cuerpo, dietas, un montón de industrias que se despliegan a partir de ahí; alimentación, bienestar, salud, medicina, cirugía. 

No hablamos únicamente de ropa cuando hablamos de la talla M, sino de disciplina corporal, vigilancia del cuerpo, dietas, un montón de industrias que se despliegan a partir de ahí; alimentación, bienestar, salud, medicina, cirugía

Todo esto deriva de esta semilla que se siembra en nosotros con la talla M y de todo lo que hay que hacer para encontrar ropa para nuestro cuerpo. La talla M tiene poder e influencia no sólo en la ropa que compramos, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Ese elemento que parece formar parte de algo industrial y productivo, de alguna manera, articula nuestras vidas.

La norma se establece a partir de la muestra de la ciudadanía, no del total. ¿Cómo está sesgado este proceso y por qué genera una relación ideal de medidas que excluye a gran parte de la población?

Cada empresa o cada marca elabora sus tallas y lo hace de la manera que cree conveniente en función de sus necesidades productivas o del público al que se dirige. Hay muchas empresas que elaboran las tablas industriales estandarizadas en función de su experiencia, de su clientela particular, y hay otras que trabajan directamente con estudios antropométricos. Lo que produce eso en el mercado es una desconexión muy grande entre diferentes tamaños. Hay muchas prendas que se llaman M que no son iguales: no son las mismas medidas, no son las mismas proporciones, pero todas se llaman M.

A la hora de generar las tallas, se hacen estudios de población, que están sesgados directamente por la muestra. En esos estudios hay “cuerpos residuo” que se excluyen y discriminan directamente porque, en teoría, sus cualidades formales, su silueta, sus medidas, no encajan con el patrón general. Por lo tanto, los estudios de población se dirigen a lo común y todo lo que queda fuera no tiene representación ni en las tallas, ni en las tablas de medida, ni en la ropa ni en ninguna parte. Las tallas responden a cuerpos homogéneos, a lo común, y quienes pueden vestir esas prendas son cuerpos homogéneos y comunes. Todo lo demás, todo lo que es particular o específico, es un problema, se excluye y queda penalizado. La talla que más se vende en España es la 46. Y cualquiera diría: “¿La 46? ¿En serio?”. Sí, porque nuestro país está envejecido, pero hay una distorsión de la realidad de los cuerpos, de las tallas y de las medidas que lleva a pensar que sería otra talla.

¿Considera que existe una 'tasa curvy' para la ropa de tallas grandes que perpetúa una discriminación económica y estética a quienes se salen de la norma corporal establecida?

Evidentemente. Yo he trabajado mucho tiempo con tallas grandes, así que entiendo lo que se sale de la norma, pero yo creo que lo que mejor puede ejemplificar lo que pasa con las tallas, ya no solo las curvy, sino las curvy en adelante, es lo que pasó con Violeta, la marca de tallas grandes de Mango. Violeta estaba fabricando la misma ropa que Mango hacía para cuerpos normativos para cuerpos no normativos, pero la vendía en un espacio físico diferente. Las clientas de Mango de toda la vida no querían sentir que la ropa que ellas vestían la llevaban también mujeres gordas. ¿Qué pasó? Que a esas mujeres gordas se les buscó un espacio propio, en el que podían encontrar cosas para ellas, diseños específicos para ellas, pero también muchos diseños clásicos de la colección normativa de Mango. Y ellas reflexionaban: “¿Por qué estoy siendo discriminada en un espacio físico? ¿Por qué tengo que ir a otro sitio a comprar el mismo producto?”. Empezaron a darse cuenta de que estaban siendo discriminadas, se quejaron y Violeta desapareció.

Si alguien quiere comprar una talla más grande que una XL, no la va a encontrar en la tienda, sólo online. Y ahí radica la otra parte del problema: los cuerpos de talla grande necesitan poder probarse la ropa, porque sus cuerpos no son normativos. Vivimos en una sociedad totalmente gordofóbica. La talla 46 es la más vendida, pero ¿dónde encuentra una mujer ropa de la talla 46? ¿Dónde compran nuestras madres y nuestras abuelas la ropa?

Vivimos en una sociedad totalmente gordofóbica. La talla 46 es la más vendida, pero ¿dónde encuentra una mujer ropa de la talla 46?

Toda la industria de la moda está enfocada de una manera totalmente excluyente: una mujer joven con una talla 46, la va a comprar en ASOS Curvy o Shein Curvy, porque hay muchísima oferta y se puede sentir como esa adolescente que va a una tienda y tiene todo, no tendrá que ir a El Corte Inglés a probarse ropa de mami. Hay un problema, ya no solo económico, sino de discriminación corporal, de acceso a cierto tipo de prendas.

Partiendo de la idea de que el patronaje no es una herramienta pasiva, ¿de qué manera configura y normaliza los cuerpos a nivel industrial?

El inicio de cualquier prenda es una tabla de medidas. Imaginemos que la talla M corresponde a un 90-60-90, por poner un ejemplo. A partir de ahí, se escalan las prendas con base a matemáticas estadísticas y cifras abstractas y proporcionales a esa talla M.

Hablamos de proporciones hacia arriba y proporciones hacia abajo. Los cuerpos de una talla XL son una talla M más grande y los de una XS son una talla M más pequeña, pero esto en la vida real no funciona así, porque el cuerpo crece de manera distinta.

Todas las técnicas que se han desarrollado a lo largo de la historia para evolucionar el patronaje han tendido a ese cuerpo común, homogéneo y a esa normatividad como ejemplo

Sin embargo, el patronaje industrial funciona de esta manera, guarda siempre la misma proporción y está creando de esta manera normatividad. Todas las técnicas que se han desarrollado a lo largo de la historia para evolucionar el patronaje han tendido a ese cuerpo común, homogéneo y a esa normatividad como ejemplo.

El concepto de mid size se ha popularizado en redes, pero en ocasiones, los cuerpos que se abanderan como tal son mucho más normativos y delgados o proporcionados. Cuando una persona que no encaja en esa categoría mid size se apropia de ella, ¿cree que lo hace desde la inconsciencia o existe un discurso más peligroso detrás que busca diluir la lucha por la diversidad corporal?

Sí. El tema de la diversidad corporal es algo que hace unos 10 años tuvo mucha fuerza y mucha repercusión. Hubo en redes sociales un movimiento muy fuerte, ya no sólo de los cuerpos curvy, sino del “quererse a una misma”, pero ha ido desapareciendo y no ha sido porque las marcas hayan asumido la diversidad corporal. El cuerpo delgado sigue siendo el imperante, el cuerpo gordo sigue siendo el discriminado y las marcas tampoco han hecho nada más por ampliar o por mejorar su tallaje, más allá de soluciones que pasan por avatares digitales que tampoco tienen una repercusión real en el mercado. 

Cuando alguien está en el círculo de la moda, la diversidad corporal se acaba cuestionando un poco porque, de alguna manera, todos los gordos quieren ser delgados, porque la vida es mucho más fácil siendo delgado. Se verá mejor siendo delgado, es más fácil comprar ropa y sienta mejor, porque la ropa está diseñada para cuerpos delgados. El diseñador Alejandro Palomo, la estilista Alba Melendo y la periodista Raquel Fernández Sobrín en un episodio del pódcast Fashion Sucks empiezan hablando de diversidad y terminan mencionando dietas y balones gástricos, porque, de alguna manera, siempre se acaba volviendo a ese punto en el que estar delgado es mejor.

Las marcas tampoco han hecho nada más por ampliar o por mejorar su tallaje, más allá de soluciones que pasan por avatares digitales que tampoco tienen una repercusión real en el mercado

¿Qué consecuencias directas, a nivel social y de salud, trae consigo ver esta normalización de cuerpos por parte de la industria de la moda?

Realmente, no se ve, ya está en nosotros. Si una chica se pone unas bragas de la talla M y le aprietan va a pensar automáticamente que tiene que perder un kilito. Es automático, como el “mete barriga para la foto”, “tienes que hacer un poco más de ejercicio” o el reproche de “hoy no te has movido”. Todo el mundo ha sentido de alguna manera esa vigilancia corporal, pero es que nos están induciendo a estar delgado, y nos castigamos constantemente con el hecho de que tenemos que caber en la talla M para que nuestra vida sea más fácil. Y, desde el enfoque productivo, producir menos tallas es más barato. 

¿Cómo se pueden mejorar los sistemas de tallaje, hacen falta más tallas o tallas diferentes? 

Con eso pasaría lo mismo que con las tallas de sujetadores. ¿Qué mujer de este mundo las entiende? Ninguna. Además, la talla 110 con una copa B no existe, porque se entiende que eso no es posible. En la realidad, evidentemente, sí que lo es. La mejora en los sistemas de tallas pasa por la honestidad y la transparencia con qué cuerpos quedan fuera y cuáles no. Una tabla de medidas de pecho, cintura y cadera es incompleta. Las investigaciones indican que una mejoría en las tallas pasa por un mejor estudio de la población, por más antropometría, pero ese estudio no pasa por estudiar mejor el cuerpo, sino por estudiar más cuerpos. 

¿Qué implica que las marcas se apropien de la estética queer y de la cultura body positive si no hay un cambio de fondo en la industria para adaptarse a cuerpos y estéticas diferentes?

La moda se apropia de todo cuando y como quiere, y lo diluye. Pero ¿cuál ha sido la repercusión de que las marcas se apropien del body positive? Ninguna. La primera parte de mi tesis se titula '¿Por qué todos los pantalones me sientan mal?'. Yo toda mi vida he llevado vestidos porque es que no me sientan bien los pantalones. Cuando lo empiezo a analizar, me doy cuenta de que mi pelvis está rotada hacia delante una cantidad de grados que no son los normales y, en la zona de la cremallera, me sale una cosa horrible imposible de llevar. Y a cualquier persona le pasa algo con los pantalones: o tiene muslos de atleta, o cuando le entra de cadera no le entra de pierna, o le aprieta la cintura. 

¿Están las empresas de moda haciendo deliberadamente mal la ropa?

Sí, porque el modelo de ajuste no es válido para todos y está mal hecha para la gran mayoría de la población. Hay empresas de moda que están haciendo lo que les da la gana para tener beneficios, pero hay otras personas que lo están haciendo bien. 

Una joven se ubica de espaldas a la cámara frente a un precioso paisaje. Lleva un vaquero, un top y el cabello suelto. Se gira para mirar fijamente a quien está viendo ese vídeo en bucle. Otro chico con un corte de pelo perfectamente perfilado apunta con su teléfono al espejo del ascensor en el que se hace un selfie. Otra, en una habitación oscura y con la luz del flexo iluminándola, sincroniza sus labios al ritmo de una canción que suena en el vídeo. Todos los que han publicado estos vídeos en TikTok son chavales muy jóvenes, algunos de ellos adolescentes, y parecería que el suyo es un contenido más de redes sociales en el que sus protagonistas se jactan de lo monísimos que son si no fuese por el trasfondo histórico y político que en realidad apuntan.

La canción que acompaña a estos vídeos o carruseles de fotos es ¡Ay, Carmela!, un himno que las tropas republicanas entonaban en la Guerra Civil y que pasó a la historia tras la Batalla del Ebro, pese a que su origen se remontaría al siglo XIX, a la Guerra de la Independencia. Lo más llamativo de todos estos contenidos son los mensajes escritos que los encabezan. 

“Roja, porque el hermano de mi abuelo murió por leer el periódico en el pueblo a quienes no sabían hacerlo”, reza el primer vídeo. “Me podré olvidar de muchas cosas, pero jamás me olvidaré de que el crimen fue en Granada, en su Granada”, escribe el segundo usuario en un carrusel de fotos que cierra con la imagen de la estatua de Federico García Lorca en la Plaza de Santa Ana de Madrid. “Roja, porque mi bisabuelo tuvo que ser fusilado para que en este país hubiera democracia”, expresa la última, Lucía Expósito González. 

Lo que a ella le motivó a compartir esta historia familiar fue observar “la gran desinformación que hay actualmente en las redes sociales”, asegura en una conversación con elDiario.es. “Teniendo una historia como la de mi yayo en la familia, me duele ver cómo hay miles de jóvenes y adultos que blanquean a un dictador, sin importar todo el daño que este hizo a nuestro país y a las familias”, refleja esta joven, que quiso con su vídeo “concienciar” sobre la historia reciente de nuestro país. Decenas de compañeros de generación han decidido utilizar el sonido de ¡Ay, Carmela! en TikTok para recordar a sus familiares represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

En el apartado de ese mismo sonido, se multiplican los vídeos que recuerdan a familiares fusilados, desaparecidos o exiliados. También a figuras como Lorca o a los milicianos que participaron en las batallas de la Guerra Civil. Se trata de pequeños homenajes que combinan emoción, estética y conciencia política en una red social —como casi todas— cada vez más contaminada por discursos de ultraderecha. “Estos vídeos son una respuesta al auge de la extrema derecha”, explica Sagrario Yayo Aznar, catedrática de la UNED, historiadora del arte y experta en cultura visual. 

“Lo primero que puedes pensar cuando ves esto es que hay algo frívolo en el modo de presentar el tema, una banalización, pero el de las redes sociales es un territorio ocupado incansablemente por el discurso fácil de la extrema derecha y es importante actuar justo ahí”, refleja Yayo Aznar. Algunos usuarios aprovechan para mostrarse y compartir su posicionamiento ideológico, mientras que otros priorizan los mensajes políticos e históricos. En ese sentido, apunta esta experta en cultura visual, “la música y las imágenes utilizadas son importantes y marcan la diferencia”.

La reacción: “Pocos rojos matamos”

La gran mayoría de los vídeos que aparecen en el repositorio de ese sonido muestran, señala Yayo Aznar, “un posicionamiento casi tibio en una izquierda genérica, sin [referencias a] un partido concreto y son inocentes”, pero desatan “una ira irracional” en parte del público que llega a ellos gracias al algoritmo. 

“Algo haría tu abuelo”, “pocos rojos matamos” o un recurrente “viva Franco” son algunas de las respuestas que los parientes de asesinados en la Guerra Civil y en el franquismo reciben al publicar sus vídeos. Para Lucía Expósito, esos comentarios son “bastante innecesarios y crueles” y nacen, refleja Aznar, de argumentos pobres, repetitivos, que apelan a consignas y no a datos o a razonamientos, “resultado de unas políticas de las que todos y todas somos responsables”.

Puedes pensar que hay algo frívolo en el modo de presentar el tema, una banalización, pero el de las redes sociales es un territorio ocupado incansablemente por el discurso fácil de la extrema derecha y es importante actuar justo ahí

Sagrario 'Yayo' Aznar — catedrática de la UNED, historiadora del arte y experta en cultura visual

Estos jóvenes se apropian de la violencia que marcó una época en la que no han vivido, como consecuencia de las batallas políticas que se están librando en parte en el campo de la memoria histórica. El relato colectivo del pasado se ha convertido en una de tantas armas arrojadizas en las peleas políticas, porque es un “instrumento de movilización poderoso que despierta sentimientos fuertes”, manifiesta Sebastiaan Faber, profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College e investigador de cultura y memoria de la Guerra Civil. 

Instrumento político para atraer jóvenes

Los representantes públicos se aprovechan de esas emociones que genera en la población la memoria histórica. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntaba en una intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid durante su primer mandato qué será lo siguiente tras la exhumación de Franco del Valle de los Caídos: “¿Será lo siguiente la Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio arderán?”. 

“Ese tipo de gesto retórico, de forma muy deliberada, intenta acortar la distancia entre el pasado y el presente”, señala Sebastiaan Faber. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), uno de los impulsores del movimiento memorialista y nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba genética en España, afirma al respecto que “cuando una sociedad no resuelve sus problemas con el pasado, los va dejando en herencia”. 

Y esa grieta, la de los problemas heredados, la aprovechan políticamente ciertos partidos. “La forma en que un partido como Vox moviliza la batalla por el relato colectivo del pasado, en particular el franquismo y la guerra, es muy oportunista. Usa las controversias sobre el pasado de una forma muy efectiva y su flirteo con el franquismo es en parte una operación de relaciones públicas para, por un lado, atraer a esos sectores de la sociedad española que realmente son nostálgicos del franquismo, pero también para enmarcar el debate público con la izquierda en torno a esos temas que les convienen”, expresa Faber. Ese instrumento de provocación es el que precisamente atrae a los jóvenes “varoncitos” que silban el Cara al sol a Emilio Silva cuando acude a los colegios a dar charlas sobre memoria histórica. 

Le está funcionando la estrategia al partido de Santiago Abascal. Según sondeos recientes de 40dB, alrededor del 30% de los menores de 35 años votarían a Vox, un porcentaje que duplica —e incluso triplica— a las franjas de edad superiores a 50 años.  

Romper el silencio

Esta tendencia de contar la historia de represaliados deriva del cambio paradigmático con respecto a la memoria colectiva de la Guerra Civil y del franquismo que se produjo a principios de este siglo. De considerar que lo común era el silencio en la familia, se pasó a descubrir historias personales a través del entorno, en el contexto académico o por la cultura popular. 

“Que los jóvenes compartan estas historias implica que las conocen; es significativo”, asegura Faber, que refleja que esto se produce gracias a un “proceso de afiliación”, un intento explícito de establecer conexiones con personas del pasado, para solidarizarse con ellas, identificarlas u homenajearlas. 

Que los jóvenes compartan estas historias implica que las conocen; es significativo

Sebastiaan Faber — profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College e investigador de cultura y memoria de la Guerra Civil

Ocurrió algo similar en Brasil el año pasado con el éxito de la cinta Aún estoy aquí, que se convirtió en la primera película del país en recibir un Oscar. Emilio Silva reconoce que, en ese caso, hubo un “detonante” que llevó a los nietos de desaparecidos y represaliados a contar la historia de sus familiares en redes sociales, pero no identifica qué desencadenó esta tendencia en España. Igualmente, la ve una acción “superinteresante” que aporta a la democracia y fortalece la respuesta a “quienes atacan”. 

En una plataforma dominada por tendencias fugaces y confesiones anodinas, estos vídeos devuelven un reconocimiento que se creía enterrado. Lo hacen con emoción, con orgullo y con un mensaje que, casi un siglo después y tras 50 años de la muerte del dictador, sigue resonando: no hay democracia sin memoria.

En los meses más duros de la crisis de la covid, Donald Trump sugirió que quizá los desinfectantes y la luz solar podían servir como tratamiento para el virus. Para su segundo mandato, eligió al activista antivacunas y conspiranoico Robert F. Kennedy como secretario de Salud. Junto a él, hace tan solo unas semanas, vinculó el autismo con las vacunas infantiles y con el uso de paracetamol durante el embarazo. Estos son solo tres episodios de los muchos que componen la historia de desamor entre el presidente de Estados Unidos y la evidencia científica. 

Esos discursos cruzan el charco y se reproducen, en mayor o menor medida, en conversaciones que los ciudadanos mantienen con sus médicos, farmacéuticos o incluso en su propio entorno, alimentadas con nuevas confabulaciones que circulan por las redes sociales. No son mayoritarias, pero reflejan un fenómeno más amplio: la erosión de la confianza de parte de la población en la ciencia y en las instituciones.

“Lo que queda con estos discursos no es una desconfianza concreta en el paracetamol, sino una sensación de que las instituciones sanitarias nos engañan, porque dan información contradictoria y todo lo que me han dicho es mentira”, refleja Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud. 

La última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), presentada en junio y elaborada con datos de 2024, dedicaba un apartado a la desconfianza en la ciencia y la mentalidad conspirativa, en la que se preguntaba a los entrevistados sobre teorías como las que Trump propaga para identificar el alcance de este tipo de discursos en la opinión pública. 

El resultado: más de la mitad de la población (56,6%) considera que problemas como la contaminación o el cambio climático ya tienen soluciones técnicas, pero hay fuertes intereses económicos que impiden llevarlas a cabo; el 50,1% cree que las compañías farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas; gran parte de la población piensa que se han producido virus en laboratorios gubernamentales para controlar nuestra libertad (41,6%) y uno de cada tres españoles (33,3%) afirma que la cura para el cáncer existe, pero se mantiene oculta al público por intereses comerciales. Aparecía también una pregunta relacionada con esa reciente intervención del presidente estadounidense. “El Gobierno está tratando de ocultar la relación entre las vacunas y el autismo”. Respondió de forma afirmativa el 24,5% de los encuestados.

Una de las coautoras de esa encuesta, Celia Díaz Catalán, profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que la confianza en las instituciones sanitarias se mantiene alta y estable respecto a años anteriores, aunque “con ligeros matices generacionales y educativos” y con un escepticismo creciente hacia la industria farmacéutica, que no se refleja en la valoración favorable de la población al conocimiento científico y a los profesionales de la salud. “Las personas pueden confiar en la ciencia, en los médicos e, incluso, considerar que una vacuna como la de la covid genera más beneficios que perjuicios, pero muestran recelo ante las empresas que las producen”, asegura.

Por lo general, los discursos de Donald Trump, de miembros de su Administración o de líderes conspiranoicos se interpretan como “extravagancias”, pero cada una de esas ocurrencias, afirma Díaz Catalán, “ocupa un peso importante en la agenda comunicativa, dando lugar a que determinados segmentos de población, especialmente los más politizados o los más activos en redes, refuercen sus predisposiciones previas de desconfianza”.

Los investigadores que realizaron esta encuesta, que se publica desde 2002 con carácter bianual, han detectado que estas teorías tienen mayor incidencia entre quienes muestran un menor interés en las cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. “Esto posiblemente refleje que la gente que no busca activamente información relacionada con la salud se ve expuesta habitualmente de forma involuntaria a desinformaciones”, agrega Díaz Catalán. Y es en ese punto en el que los profesionales de la salud más cercanos emprenden su particular cruzada contra los bulos. 

Carlos Fernández Moriano, responsable de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos asegura que estos mensajes generan “incertidumbre y dudas”. “En las farmacias se vive con pacientes que están en tratamiento con paracetamol durante periodos prolongados y acuden preguntando qué hay de cierto en estos discursos. Estas dudas no son positivas porque generan desconfianza de la población en los medicamentos cuando muchos son necesarios para tratar sus síntomas y enfermedades”. 

Las agencias reguladoras del medicamento, como la AEMPS, en España, o la EMA, a nivel europeo, se mantienen “muy al tanto de todas estas señales o advertencias de seguridad que surgen” y evalúan periódicamente toda la información de la que disponen, de todas las reacciones adversas que se hayan podido notificar y emiten las acciones que consideran, desde una retirada de un medicamento hasta cambios en las condiciones de autorización o cambios en el prospecto, añade al respecto. Y son los propios farmacéuticos y médicos los que se encargan de responder con mensajes divulgativos para transmitir “calma”. 

“De vez en cuando, aparece algún paciente que, por los bulos que circulan por internet y por redes sociales, viene con estas teorías pseudocientíficas. Hay bastantes dudas con las estatinas, un fármaco para el colesterol. Nosotros utilizamos nuestro conocimiento, nos apoyamos en estudios científicos y ponemos nuestro crédito profesional y la relación más personal que tenemos con los pacientes como médicos de familia para hablar con ellos de las dudas que tengan”, asegura Jaime Rol, médico de Atención Primaria en Madrid.

La pandemia tuvo “un doble efecto”, dice Celia Díaz Catalán, porque fortaleció la legitimidad de la ciencia, pero también abrió un espacio de sospecha sobre los intereses políticos y económicos que la rodean. “La confianza sigue siendo alta, aunque algo más crítica y selectiva”, dice. Para Pedro Gullón, la mejor forma de atajar la incertidumbre ante este tipo de declaraciones es “generar confianza en las instituciones, intentando no contradecirse, teniendo una información científica y veraz y siendo transparentes con la población”

Aythami Rivero, médico que participó en el último Congreso sobre negacionismo en las consultas, señala que ahora los negacionistas son más “duros”, tienen una “desconfianza continua”. Y admite que hay un reflejo de esa tendencia en las consultas, donde tiene a un par de pacientes negacionistas por día, y coincide en que hay una gran influencia de las redes sociales: “Dudan porque lo han visto en un vídeo, y ese vídeo para esa persona es más real que lo que te cuenta un médico que se ha formado”.

Frente a la sencillez de la pantalla, la frialdad de la consulta. El médico tiene que convencer al paciente en apenas unos minutos, en los que además tiene que explorarle. “Puede ser hasta frío con el paciente”, recalca Rivero, que hace cierta autocrítica con su profesión: “Los profesionales sanitarios, los médicos, tenemos mucho miedo a la exposición generalizada. Al igual que cualquier influencer sale en Instagram hablando de cualquier enfermedad, nosotros no hemos sido capaces de salir a las redes a comunicar”.

La tranquila calle Villaamil se ubica en el flanco más al oeste del barrio de Berruguete, en el distrito de Tetuán de Madrid. El número 51 de esta vía residencial plagada de comercios de barrio alberga un centro veterinario que incumple el reglamento profesional y que realiza operaciones mayores a animales, pese a no contar con la licencia adecuada para ello.

Se trata de Animanía Madrid, que ya en la relación de servicios que promociona en su fachada incluye “cirugías” y “campañas de esterilización” que no está autorizado a realizar. Aunque el Ayuntamiento de Madrid conoce sobradamente que este consultorio interviene quirúrgicamente animales, mira hacia otro lado y sigue permitiendo que lleve a cabo intervenciones mayores y esterilizaciones, que en al menos un caso ya han tenido consecuencias letales.

Durante un pleno de la Junta de Distrito de Tetuán, al que pertenece este establecimiento, el Grupo Municipal Socialista, por voz de la concejala María Caso, planteó la siguiente pregunta sobre este negocio: “¿Qué tipo de licencia tiene este centro, puede operar y realizar esterilizaciones?”. El coordinador de distrito respondió que Animanía cuenta con una licencia de actividad de “venta de animales y centro de tratamiento higiénico y sanitario”, por lo que podría llevar a cabo servicios de comercio al por menor de complementos y alimentos para animales de compañía, comercio al por menor de animales de compañía y de consultorio veterinario con tratamiento higiénico animal. Estos datos se pueden corroborar en los servicios municipales de información ciudadana.

Este funcionario remitió a su vez a la concejala María Caso a que solicitase los informes policiales al Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, encabezada por Inmaculada Sanz, algo que elDiario.es pidió a este departamento en el mes de julio y que la propia edil también reclamó, pero que no han proporcionado hasta este viernes, más de dos meses después, porque “el expediente [contra este consultorio] está aún abierto”, indicaron en ese momento.

El Ayuntamiento de Madrid trasladó entonces a este periódico que este consultorio veterinario “ya había sido inspeccionado hasta en tres ocasiones en el último año por el departamento de Inspección de Sanidad y Consumo” y tras una actuación policial que tuvo lugar el 19 de junio “se informó a los servicios sanitarios de la Junta Municipal de Distrito de Tetuán”. Según trasladaron fuentes municipales a este periódico, se levantó un acta de inspección, en la que se refleja que “el establecimiento cuenta con centro veterinario asociado con la categoría de Consultorio Veterinario”.

El coordinador de Distrito informó de que “este año se han hecho seis inspecciones, que han dado lugar a tres expedientes sancionadores” que, indicó, se iniciaron el miércoles 17 de septiembre. La primera vez que este diario preguntó al Ayuntamiento por Animanía fue el día 10 de julio. Uno de esos expedientes se ha elevado a la Comunidad de Madrid, porque “se trata de una infracción muy grave por venta de medicamentos no autorizada”, señaló el coordinador de Distrito. ElDiario.es ha solicitado más información al respecto tras el conocimiento de este extremo al Área de Seguridad del Ayuntamiento, pero aún no ha recibido respuesta.

Operaciones mayores y esterilizaciones

El coordinador manifestó el pasado jueves que, como consecuencia de una reunión de abril a la que acudieron él mismo, agentes de la Policía Municipal y vecinos del distrito en la que “se trasladaron hechos” relacionados con este consultorio, se realizó una inspección, “de la que no se había dado traslado a la Agencia de Actividades” hasta el día 1 de septiembre y que ha dado lugar a un nuevo expediente que ha obligado a realizar una nueva inspección, en la que se constata que dispone de una licencia de consultorio veterinario y que “en planta baja tiene un quirófano, en el que el titular del establecimiento dice que utiliza para intervenciones menores”.

En este punto, los hechos se encontrarían dentro de la legalidad, si no fuese porque el propio establecimiento anuncia en su fachada que realiza “cirugías” y “campañas de esterilización”. Su dueño confirma en una llamada con este periódico que en su centro se llevan a cabo cirugías de tejidos blandos, pero también esterilizaciones y que cuentan con quirófano. “Nosotros la licencia que tenemos es de centro veterinario; no es clínica veterinaria, por lo que no tenemos equipos de rayos X, pero sí nos permite hacer cirugías, porque es la licencia de clínica veterinaria, no es consultorio”, asegura.

De acuerdo con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla de 2020, en los establecimientos calificados como “consultorio”, como es el caso de Animanía, sólo pueden efectuarse “cirugías menores, estando expresamente excluidas del concepto de cirugías menores las esterilizaciones”.

Asimismo y según el artículo 7.2 del Reglamento para el ejercicio profesional en clínica de animales de compañía de fecha 11 de junio de 2015, aprobado por la Asamblea de Presidentes de Colegios Veterinarios de España, se consideran “cirugías menores” aquellos procedimientos quirúrgicos “sencillos y generalmente de corta duración, realizados sobre tejidos superficiales y/o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia local y previa sedación y analgesia, que tienen bajo riesgo para la salud e integridad del paciente, tras las que no son esperables complicaciones postquirúrgicas significativas y que no implican el uso habitual de labores de reanimación”.

El artículo 4 de este reglamento, relativo a las tipologías de centros veterinarios, expresa que sólo las clínicas y hospitales veterinarios pueden realizar operaciones mayores, entre las que se encuentran las esterilizaciones, para las que “será preciso contar con, al menos, un quirófano independiente, gases medicinales y monitorización anestésica adecuada”. En todo caso, Animanía no cuenta con licencia para realizar este tipo de intervenciones. “Consultorio es el que no hace nada, centro es el que solamente hace cirugías menores y clínica es el que ya tiene rayos X hace cirugías de trauma mayores. Nosotros estamos en el punto medio”, asegura el dueño del establecimiento.

Este periódico ha sabido por fuentes municipales que la Junta del Distrito de Tetuán, presidida por Paula Gómez-Angulo (PP), envió al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid un “requerimiento urgente” de información a finales de julio, para verificar si Animanía tenía o no competencia para operar, pese a que el órgano encargado de otorgar y revisar las licencias de los locales de la capital es la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. “Si en el local se desarrolla una actividad para la que no está acondicionado, será el colegio profesional el que lo determine”, recalcan desde el Ayuntamiento. Ni desde el Colegio de Veterinarios de Madrid ni desde el Consistorio han aportado más información sobre este caso, alegando que se trata de un “informe interno”.

Quien tendría competencia en esos aspectos, de acuerdo con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, es el propio consistorio. En los artículos 66 y 67 de dicha norma, se detalla que, cuando una actividad sujeta a control urbanístico municipal se realizase sin licencia, “se ordenará, previo trámite de audiencia, su cese inmediato”. La audiencia se podrá omitir si se constata “la concurrencia de riesgo para las personas, bienes o interés público”, como ocurriría en este caso.

El coordinador de distrito apuntó que “el Distrito de Tetuán no dispone de ningún expediente de naturaleza urbanística” relativo a este centro, porque no es competencia de su Junta, sino de la Agencia de Actividades, la que, en resumen, tramita y resuelve las solicitudes de licencias urbanísticas.

Por su parte, el departamento de Comunicación del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (Colvet) remitió a finales de agosto que “un consultorio que tenga quirófano y monitorización anestésica adecuada podría realizar esterilizaciones sin problema”. Ante esta respuesta, este diario justificó los puntos del reglamento señalado para que se llevase a cabo una revisión de esta declaración, que ha llegado este viernes: “En el artículo 7 del Reglamento aparecen los tipos de cirugías autorizados según las instalaciones, pero hay consultorios registrados con esa categoría en origen porque carecían de quirófano, pero ahora lo tienen, por lo tanto, puede efectuar esterilizaciones si disponen también de monitorización anestésica adecuada”, señalan y ejemplifican que “una clínica de 2025 también suele contar con rayos X para intervenciones de Traumatología y en el Reglamento, de data de 2015, ni siquiera se menciona”. Lo que parece claro es que, a tenor de los avances tecnológicos y de las discordancias entre los consistorios y los colegios veterinarios, “seguramente habrá que actualizar [el reglamento] ante la evolución de los últimos años”.

La ‘border collie’ que murió tras una esterilización

“Para poder hacer cirugías mayores, que son las esterilizaciones, se debe tener una clínica veterinaria. Así lo exigen todos los expertos, precisamente para evitar el intrusismo laboral y el fraude, que pueden acabar con episodios trágicos como el que, desgraciadamente, representa una border collie de tres años, llamada Akira, que ha fallecido en ese centro”, declaró la concejala María Caso. Se refería la edil socialista a la mascota de Anca, una vecina de Tetuán, que llevó a su perra Akira en septiembre de 2024 a Animanía para que le practicasen en este consultorio veterinario una cirugía de esterilización, conocida como ovariohisterectomía. La intervención le costó 259,85 euros y tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2024.

Esta Border Collie de apenas tres años falleció pocas horas después de haber salido de la tienda. El 16 de julio del presente año, la familia de Akira interpuso una demanda contra el propietario de Animanía, M.S.F.O., en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid por una “actuación negligente”.

El dueño del consultorio veterinario justifica que “la perra salió perfectamente”. “De hecho, tenemos un informe del Colegio de Veterinarios de Madrid que dice que en nuestro procedimiento todo fue correcto. No sabemos lo que pasó con ella después”, señala. El propietario, que responde a las siglas de M. S. F. O., ha rehusado enseñar ese informe a este diario para confirmar su versión y se ha limitado a decir que la familia de Akira siguió sus “indicaciones tarde”.

El Colegio de Veterinarios de Madrid ha contestado por carta a una petición que realizó la familia de Akira de reabrir un expediente ya archivado. En esta respuesta, la institución aclara que sólo actúa ante cuestiones deontológicas que tengan que ver con la actividad profesional de los veterinarios colegiados, y recalca que otras responsabilidades, como las legales o administrativas, no son de su competencia.

Campaña de esterilización

Sergio Gómez, otro vecino de Tetuán, acudió al local de la calle Villaamil, 51, a fecha de hoy en funcionamiento, junto a su madre, Sara, el 11 de junio de este año para informarse sobre la campaña de esterilización, que, tal y como apuntó la persona responsable de la tienda en ese momento en un papel que luego les entregó, se desarrolla entre los meses de julio y agosto, y los de noviembre y diciembre.

En el presupuesto, escrito a mano en un papel de un tamaño similar al de un pósit, la responsable de la tienda indicó que el precio de la esterilización “sin campaña” ascendía a 345 euros, pero durante esos meses se aplicaba un descuento del 20%. A los 276 euros resultantes, tendrían que sumarse los importes de la medicación, de unos 30 euros, y de la analítica, de 38 euros.

Los dueños de Akira, la perra que falleció en septiembre, detallan en la demanda que “nunca” les “habían informado” de que su licencia solo era de consultorio veterinario, dado que ellos siempre habían ofrecido servicios de clínica veterinaria, hacen anualmente campañas estacionales de esterilización para perros y gatos e incluso en páginas web y repositorios externos han llegado a autodenominarse como ‘clínica'“. Ellos entendieron que ponían a su mascota ”en manos de un local con todas las garantías, condiciones higiénico-sanitarias, controles y licencias que habilitan para tal actividad“, pero no fue así.

Antecedentes de venta de animales exóticos

El coordinador del pleno de Tetuán también ha informado en uno de sus últimos plenos de la existencia de dos expedientes sancionadores en materia sanitaria tramitados desde el distrito y relacionados ambos con la “tenencia de una serie de pájaros por deficiencias en la conservación de los mismos”. Primero, se adoptó una medida cautelar que permaneció dos meses en vigor, hasta que el dueño del establecimiento “subsanó las deficiencias y se inició un expediente sancionador que acabó con una multa de 180 euros”.

De acuerdo con los datos que aportaron en julio fuentes del Área de Seguridad, en la inspección del 19 de junio del local “el Departamento de Salud del distrito comprueba que sólo tienen a la venta diferentes especies de peces de acuario y un ave agaporni” y agregan que “el dueño asegura que no realiza actividad de venta de animales fuera del local”. El hecho de que desde el Ayuntamiento incidan en que actualmente en Animanía Madrid solo tenga a la venta esas especies no es menor.

El dueño del establecimiento, M.S.F.O., fue detenido —y posteriormente, puesto en libertad— en el año 2004, después de que equipos del Seprona y de las direcciones generales de Medio Natural y Agricultura de la Comunidad de Madrid verificasen que en el local que entonces regentaba en la calle Pamplona, 59, en el mismo distrito, vendía de manera ilegal animales exóticos, a los que alimentaba con ratas.

En esa ocasión, fueron los vecinos, junto a la ONG que interpuso la denuncia, quienes dieron la voz de alarma por el mal olor que desprendían los animales que se encontraban en un sótano oculto tras un perchero, según informaba El País en septiembre de ese año. El propietario mantenía ocultos más de 200 animales de 22 especies protegidas, a los que agolpaba vivos o muertos, junto a los centenares de ratas y grillos que les servían de comida a los primates, reptiles y tarántulas que allí se encerraban.

Tras esa inspección, los agentes constataron que el establecimiento, antes conocido como Mario’s Zoo Animanía, carecía de licencia para vender cualquier tipo de animal. La web del actual establecimiento, Animanía Madrid, anunciaba que este comercio disponía de primates, avestruces, canguros, osos, mapaches, mofetas, cerdos enanos o murciélagos para vender. La página dejó de estar disponible el fin de semana del 29 de marzo de 2025, según informan vecinos del distrito y como ya adelantó El Periódico.

“Fui yo el que se acostó con una mujer casada, pero la que tiene la responsabilidad sobre su relación es ella”. “Fui yo el que no llegó a entregar el trabajo a tiempo, pero es que no me podía concentrar con tantas reuniones a las que me habían convocado”. “Fui yo quien rompió ese vaso, pero el culpable fue mi compañero por ponerlo en medio”. Admitir un error podría parecer un gesto sencillo, pero no lo es. Toca fibras profundas de nuestra autoestima y de cómo nos vemos y nos proyectamos hacia los demás. Y antes de admitir que hemos cometido un error, buscaremos excusas que sirvan como coartada para justificar la decisión que hemos tomado ante el resto de personas y ante nosotros mismos. 

Nos autoconvencemos y distorsionamos la información para que esté en consonancia con nuestras ideas y con los valores que vamos construyendo en paralelo a las circunstancias que nos acechan. Experimentamos la disonancia cognitiva, un “estado de tensión que se produce cuando una persona mantiene dos cogniciones (ideas, actitudes, creencias, opiniones) que son psicológicamente incoherentes entre sí, como ‘fumar es un disparate porque podría matarme’ y ‘fumo dos paquetes al día”, reflejan los psicólogos estadounidenses Carol Tavris y Elliot Aronson en Se han cometido errores (pero yo no fui). Por qué justificamos creencias ridículas, decisiones equivocadas y actos dañinos, un libro publicado por primera vez en 2007 y ahora reeditado y actualizado en español por la editorial Capitán Swing.

La disonancia, explican, produce un malestar mental que va desde pequeñas punzadas hasta una angustia profunda, y las personas no terminan de descansar hasta que encuentran una forma de reducir esa pesadumbre: la autojustificación. La resistencia a reconocer que nos hemos equivocado no solo afecta a la vida personal, sino que también condiciona la política, la justicia y la manera en que una sociedad entera se enfrenta a sus fracasos colectivos. Carol Tavris, psicóloga social y coautora junto a Elliot Aronson de un libro que se ha convertido en un clásico de la psicología social, explica en una conversación con elDiario.es cómo la disonancia cognitiva y la autojustificación nos llevan a reescribir recuerdos, a blindarnos frente a la evidencia y a convertirnos en los héroes de una historia que quizá nunca ocurrió.

El título del libro retoma lo que el periodista Bill Schneider llamó “pasado exonerativo”, una frase que muchos políticos usan para eludir responsabilidades y escurrir el bulto. ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos decir simplemente: “Me equivoqué”?

Esa es la gran pregunta de nuestras vidas. Los seres humanos cometemos muchos errores, nos equivocamos a menudo. ¿Por qué es tan difícil admitirlo? Eliminemos primero la respuesta fácil: mentimos para evitar que me despidan, que mi pareja se enfade, que me divorcie, que reciba una sanción. Eso es lo obvio. Lo complicado se centra en que no queremos reconocer nuestros errores porque supone un golpe a nuestra autoestima y a nuestra identidad. 

Si me veo como una persona inteligente, competente, encantadora, cálida, con valores, y de pronto me dicen: “Espera un momento. Tus ideas están equivocadas, llevas tiempo defendiendo una creencia tonta o peligrosa, o has hecho algo dañino conmigo”. En ese punto, tengo dos opciones. Una: dar las gracias a la otra persona por mostrarme en qué me equivoqué. O, para proteger mi autoestima y mi autoconcepto, cerrarme: “No, lo siento, yo tengo razón, tú estás equivocada, y toda esa evidencia que me muestras no vale nada”. Ese es el corazón de la disonancia cognitiva, una teoría que parece simple, pero tiene consecuencias enormes.

La disonancia cognitiva significa que sostenemos dos ideas que no encajan bien entre sí, y es tan incómodo como tener sed o hambre. Nos empuja a hacer algo para reducir esa incomodidad, porque es difícil vivir con ello

Cuando yo era estudiante, leí las investigaciones de Elliot Aronson [el coautor del libro] sobre la disonancia cognitiva y pensé: “Ya entiendo por qué mi prima nunca acepta que está equivocada”. Pero cuando empezamos a trabajar en este libro, nos percatamos de que las implicaciones llegan a todos los aspectos de la vida. La disonancia cognitiva significa que sostenemos dos ideas que no encajan bien entre sí, y es tan incómodo como tener sed o hambre. Nos empuja a hacer algo para reducir esa incomodidad, porque es difícil vivir con ello. Por ejemplo: mi mejor amigo es un ladrón, o un acosador, y lo conozco desde hace 20 años. Esa es una disonancia cognitiva universal. Pero cómo elegimos vivir con ella no es sólo una cuestión psicológica, sino que también es moral.

¿Y cree que podemos arrepentirnos de nuestras autojustificaciones?

Sí. Ocurre igual que con la ira. Sentir ira es natural, pero podemos controlar qué hacemos con ella. Podemos decidir si callar, hablar, soltarlo o reaccionar con violencia. En Estados Unidos, tristemente, mucha gente no pone distancia entre sentirse enfadado y disparar a alguien. Es una tragedia. Con la disonancia pasa lo mismo: es universal, pero cuando entiendes qué es y cómo funciona, tienes más control sobre qué hacer con ella. Cada decisión que tomamos genera disonancia con lo que no elegimos. Si decido casarme, cambiar de trabajo, tener o no una aventura, o comprar un coche, inmediatamente siento disonancia con las opciones descartadas. 

Antes de comprar el coche, veo lo bueno y lo malo de cada modelo; después de comprarlo, el mío es el mejor del mundo y todos los demás son horribles. Ese es un ejemplo divertido porque muestra por qué la disonancia nos ayuda a dormir tranquilos después de decidir. El peligro es que también puede impedirnos reconocer que nos equivocamos. Y si no lo reconocemos, repetiremos el mismo error una y otra vez.

Si un político no admite un error, las consecuencias son mucho mayores. Arrancan el libro con la historia de George W. Bush y recuerdan que nunca admitió que su estrategia en Oriente Medio fuera un error. Eso tuvo para él un coste político en las elecciones. ¿Cree que un político puede ganar votos siendo honesto sobre los errores que ha cometido o eso sólo debilita su liderazgo?

El problema es que, cuando un político admite un error, la oposición se le echa encima. En política, tienen que defender sus decisiones para mostrar que tienen el control. Si admiten un error, sus rivales les van a atacar, les van a llamar débiles, indecisos o malos líderes. Y es por ello que los políticos pagan un alto precio cuando son sinceros. A veces, cuando un líder es muy querido, puede permitirse decir que se ha equivocado, pero, cuando el error ha provocado miles de muertes en una guerra, ningún representante va a reconocer en público que tomó una decisión equivocada.

No reconocemos nuestros errores porque supone un golpe a nuestra autoestima y a nuestra identidad

Un caso reciente: el del presidente argentino Javier Milei. Su partido, La Libertad Avanza, perdió a principios de septiembre las elecciones en Buenos Aires frente al peronismo y dijo públicamente que habían sufrido una “clara derrota” y que iban a “corregir todos nuestros errores”. Sus críticos elogiaron ese discurso. En un caso así, en el que no hay muertes de por medio, ¿puede resultar acertada la estrategia de admitir los propios errores de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre?

Ese es un ejemplo raro e interesante. No sucede a menudo. Pero hasta los críticos afirmaron que por fin hizo algo bien. Eso demuestra que, a veces, admitir un error puede ser liberador y puede dar lugar a recibir una buena reacción. No siempre, pero puede suceder. Esto es tan cierto para un gobierno como para un miembro de una familia. Cuando las personas admiten que se han equivocado, esperan que el mundo se derrumbe o que les ataquen. Pero, muy a menudo, es un alivio y la respuesta del otro lado llega con un agradecimiento que invita a seguir adelante. En ocasiones, sólo admitimos los errores cuando nos vemos contra la pared y no tenemos otra salida, pero es muy atractivo y reconfortante ver a un líder admitir que no ha actuado correctamente. 

El libro se publicó por primera vez en 2007. Desde entonces, ¿ha evolucionado la comunicación de crisis? ¿Hoy los líderes políticos y portavoces están más dispuestos a admitir errores, o la negación sigue siendo la respuesta por defecto?

La razón por la que el libro sigue vendiéndose tan bien después de casi 20 años es porque este libro es atemporal y trata sobre un fenómeno que es universal a lo largo del tiempo, la historia, la cultura, la personalidad y el género. Cambian los ejemplos. Cambian las historias. Pero lo básico, y odio decirlo, es que la disonancia cognitiva y la autojustificación son para siempre. 

Nos resultó interesante con el paso del tiempo volver a trabajar en este libro y darnos cuenta de que rara vez será la persona que comete un error tan grande —un cirujano que amputa la pierna equivocada, un fiscal que encarcela a un inocente— la que corrija la situación. Hará falta que el siguiente nivel superior, los jefes del fiscal o los supervisores del hospital, sean quienes introduzcan las correcciones en la acción. Con las nuevas ediciones pudimos añadir ideas, ejemplos, historias de personas en el mundo real.

¿Podríamos comparar la negativa de Bush a reconocer sus errores en Irak con el enfoque discursivo de Donald Trump, en el que las falsedades se han convertido en una estrategia política continua? ¿Cómo explica la teoría de la autojustificación la persistencia de los seguidores de Trump?

El último capítulo del libro se centra en Trump y no trata de izquierda contra derecha, sino de la derecha contra la derecha. Al principio, cuando Trump apareció, los republicanos tenían que elegir si lo apoyaban o no. En el libro hablamos de la pirámide de la elección. En la cima de esa pirámide está esa decisión. “Está en mi partido, lo apoyaré”. Y después empieza a volverse cada vez más loco y más desagradable. En cierto momento, algunas personas de su partido indicaron que habían llegado a su límite y que no podían sustentarlo más, pero, cuanto más tiempo se quedaban con él, más difícil fue para cualquiera de ellos que se habían equivocado confiando en él, y siguieron justificando su apoyo mientras descendían por esa pirámide. De esta manera, los antiTrump y los proTrump están a kilómetros de distancia entre sí.

Lo que ha pasado con Trump, que es diferente de apoyar a cualquier otro político, es que él es un líder de culto, no solo un político. Para sus seguidores más devotos en Estados Unidos, representa algo más que política, de la misma manera que lo hacen todos los demagogos autoritarios y fascistas. Prometen salvación. Prometen simplicidad. Trump y su administración siguen el manual. Primero, hacen que la gente tenga miedo de los inmigrantes, miedo de cualquiera que sea diferente. Luego, prometen rescatarlos de toda esa gente diferente y acabar con su infelicidad. Garantizan una salvación y un alivio del miedo que ellos mismos habían generado. Y es entonces cuando la gente deja de pensar y se enamora de esa persona, a la que ven como un salvador. Y esa es la tragedia para muchos conservadores en Estados Unidos que lo odian. Algunos no pudieron votar por Kamala Harris. Algunos no votaron en absoluto. Pero tampoco pudieron votar por Trump. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que tenemos a alguien así.

Cuando las personas admiten que se han equivocado, esperan que el mundo se derrumbe o que les ataquen. Pero, muy a menudo, es un alivio y la respuesta del otro lado llega con un agradecimiento que invita a seguir adelante

Parece un acto de fe hacia un dios. Y eso se repite en otros países: pasó con Bolsonaro en Brasil, con Milei en Argentina, con Meloni en Italia… ¿Evitan los seguidores de estos líderes de forma constante acceder a aquella información que contradice lo que afirman sus líderes? ¿Cree que algún día esos seguidores se arrepentirán de replicar esos mensajes falsos?

La diferencia entre los nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento de seguidores de estos líderes es Internet y el hecho de que la gente puede ser atacada y devastada en las redes sociales. España ha tenido su propia historia con el Franquismo…

Y ahora también tenemos experiencia con partidos de ultraderecha.

La disonancia cognitiva es algo que podemos explicar en el nivel individual: ¿qué hago yo como persona con dos ideas que no encajan? Pero lo que planteamos es la justificación de la tiranía y la justificación del fascismo o del autoritarismo, que provoca que cambie toda una sociedad. Y para eso solo podemos tomar una visión histórica a largo plazo: casi todos los fascistas o autoritarios llegan al poder mediante elecciones, y luego se deshacen de las elecciones y utilizan su poder. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y Trump ahora hará todo lo posible por permanecer en el poder para siempre. 

¿Qué pasa cuando perdemos, cuando resulta que estábamos equivocados, como pasó con Bush al entrar en Irak o cuando no había armas de destrucción masiva? En la mayoría de los casos, lo que ocurre con el tiempo es que la gente se olvida. Sus recuerdos les ayudan a olvidar que estaban equivocados. Así es como nos perdonamos: olvidamos lo que hicimos. O recordamos mal. “Siempre me opuse a Bush. Siempre me opuse a Trump. Yo sabía que era un mentiroso”. Pero los verdaderos creyentes, las personas cuyo sistema de creencias no admite disonancia, ni contradicción, ni crítica, nunca van a cambiar de opinión. 

Lo mejor que se puede esperar si tenemos a una persona así cerca es encontrar las cosas que compartimos y que nos gustan, y no hablar sobre lo que nos divide. En Estados Unidos, mucha gente lucha con la disonancia que siente entre “creo que Donald Trump es un desastre para este país”, pero su tío, su hermano, su vecino, lo adoran. ¿Cómo resuelven eso? Esa es una decisión individual. Algunos de mis amigos han cortado su relación con esas personas y otros, no. Esas son las elecciones que hacemos como individuos. Es terrible ver a alguien que empieza a hacer concesiones a la villanía, a la crueldad, y luego lo va a justificar. 

En el libro relatan cómo la disonancia y la autojustificación van estropeando la democracia paso a paso. Viendo el movimiento de Trump hoy, ¿crees que Estados Unidos ha llegado a un punto de no retorno o, en cambio, que la conciencia de estos mecanismos de autojustificación y disonancia puede ayudar a los ciudadanos a defender los valores democráticos?

Espero que aún no hayamos llegado a un punto de no retorno. Algunos días soy optimista, otros no. A medida que baja la popularidad de Trump, él se vuelve más militante, más controlador. Ya están trabajando para controlar las elecciones del próximo año: quién podrá votar, quién no podrá votar. Y no veo a nadie tratando de frenar ese tren, excepto aquí en California y en algunos otros estados.

Indican en el libro que a veces no podemos confiar del todo en políticos, empresas, farmacéuticas, médicos, psicólogos, ni siquiera en nuestros amigos cuando les pedimos consejo para comprar un coche, o incluso en nosotros mismos. Entonces, ¿podemos confiar realmente en alguien? 

El hecho de que cometamos algunos errores no significa que siempre estemos equivocados. Todos tenemos creencias que son importantes para nosotros, que guían nuestra vida y que nos importan. Yo creo que las vacunas han sido una de las mejores invenciones médicas para salvar vidas en la historia del mundo. Y, si alguien quiere que yo deje de creer en eso, tendrá que darme pruebas mucho mejores. Las creencias que tengo me dan seguridad. La meta no es rendirse y decir que no creemos en nada, sino tener creencias y sostenerlas con la suficiente suavidad como para que, si aparece una evidencia contra ellas, seamos capaces de escucharlo y aprender del error que cometimos para no repetirlo.

La humildad y la amabilidad son las formas de avanzar. A mí me conmovió mucho, en nuestro libro, el trabajo de una psicóloga que trabaja con personas mayores que empiezan a tomar malas decisiones y cuyos hijos adultos se preocupan por ellas y se enfadan. “¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste ser tan estúpido de hacer tal cosa?”. En cuanto le dices a alguien que cómo pudo ser tan estúpido, lo colocas en un estado de disonancia en el que justificará con más fuerza aquello que hizo. Eso nos da pautas sobre cómo discutir: entender por qué alguien cree lo que cree, en lugar de llamarlo idiota.

Revisamos constantemente nuestros recuerdos para que sean coherentes con la visión que tenemos de nosotros mismos

Afirman que la autojustificación es más poderosa y peligrosa que la mentira, porque la gente se convence de que hizo lo mejor que pudo. En las parejas y en las relaciones íntimas, ¿creernos nuestras propias mentiras hace imposible cambiar de rumbo?

No podemos cambiar a otra persona, sólo a nosotros mismos y cambiar cómo respondemos al otro. Una de las cosas que decimos en el capítulo del matrimonio es que cada pareja, cada relación, aporta cosas buenas en la otra persona y cosas que simplemente no nos gustan. Elliot lo dice de una forma muy bonita: piensa en una relación como una caja envuelta para regalo. Es una caja preciosa, con un papel de colores y cintas. Es bonita. Pero no se la puede volver a envolver. Una persona es una caja de muchas cosas y el paquete es todo en conjunto. Al principio de una relación, notamos las cosas que nos gustan. Pero cuando la relación avanza, empezamos a notar esas cosas que no nos gustan y que siempre estuvieron ahí. Se trata de decidir qué cosas intentamos cambiar y qué cosas dejamos pasar. 

Creo que no contamos esta historia en el libro, pero fue muy importante para mí. Estaba dando una conferencia y un hombre en el público se levantó y relató: “Mis hermanos y yo llevamos años peleados por la herencia de nuestros padres. Ellos murieron y dejaron dinero, y el dinero causa tantas peleas. Así que estábamos peleando por el dinero cuando salió su libro y se lo di a nuestro mediador. Quería que lo leyera y se lo diera a mis hermanos, para que entendieran los errores que estaban cometiendo. Pero no funcionó, porque mis hermanos lo leyeron y sólo encontraron los errores que estaban cometiendo los otros. Un año después volví a leer el libro y las palabras cambiaron en la página: de repente entendí. Llamé al mediador y le dije: ‘Dígales a mis hermanos que lo siento por mi parte en nuestra pelea. Veo lo que he estado haciendo para alargar esto, lo testarudo y lo codicioso que he sido. Quiero disculparme por mi parte’. Y lo resolvimos rápido”. Y no era que los hermanos tuvieran razón, porque todos estaban equivocados, pero él empezó a admitir su parte. 

¿Podemos tener realmente valores firmes que nos definan o nuestras creencias están más bien moldeadas por las circunstancias? Como la memoria es reconstructiva, ¿estamos reescribiendo constantemente nuestros valores para que encajen con la imagen que tenemos de nosotros mismos?

¿Qué vienen primero, nuestros valores o nuestros recuerdos? Revisamos nuestros recuerdos todo el tiempo para que sean coherentes con la visión que tenemos de nosotros mismos y con nuestros valores. Si mis valores son ser amable y empático y descubro que no lo he sido, revisaré mi memoria para hacer que salga como el héroe. Todos queremos ser héroes en la historia de nuestra vida. A veces la gente reescribe su historia para convertirse en víctima de los eventos de su vida. 

Algunos dicen que uno de los objetivos de la psicoterapia es transformar la historia de víctima en una historia de un superviviente o de un héroe. Podemos ver cómo nuestra manera de pensar sobre esos eventos cambia nuestro autoconcepto, pero también cómo el autoconcepto puede cambiar la forma en que vemos lo que nos ocurre. 

Quienes llegaron de fuera de Majadahonda al Recinto Ferial de esta localidad al noroeste de Madrid el viernes 19 de septiembre para ver a la Orquesta Panorama se encontraron con que tenían que pagar 15 euros. Sin embargo, los empadronados podían entrar gratis con una invitación que el Ayuntamiento ponía a su disposición en las semanas previas a las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. En el caso de que se les hubiese pasado el plazo, por muy majariegos que fueran, tendrían que pagar como cualquier otro visitante para ver al conjunto gallego. 

Los conciertos —y otras actividades, como el espectáculo de CantaJuegos o la carrera popular— que programa el Ayuntamiento de Majadahonda fueron, casi en su mayoría, gratuitos, pero quienes no residían en esta localidad tenían que pagar una entrada si querían asistir a las actuaciones de Rozalén o la Orquesta Panorama. Son los dos únicos conciertos que se celebraron en el Recinto Ferial, mientras que el resto de artistas, como Coque Malla o Álex Ubago, tocaron en el parque Colón. 

Desde el Ayuntamiento de este municipio insisten en que esos dos conciertos, “para los que se esperaba más afluencia” tendrían lugar en el Recinto Ferial, un espacio que exige que se “controle el aforo y la seguridad”. Es por ello que activaron este sistema de reserva de entradas, como una forma “de organizarlo”. Y el añadido de dar este privilegio en forma de invitación a los empadronados sirve como una “manera de cuidarles”.

“Los conciertos y todas las actividades de las fiestas se pagan con los impuestos de los vecinos. Bienvenido el que venga de fuera, pero se prioriza al vecino, evidentemente, sin ningún tipo de discriminación. Es una medida completamente horizontal”, defienden fuentes del consistorio.  

Lugares en los que todos pasan por caja

Otro municipio —también madrileño— que sigue una política similar a la de Majadahonda es Boadilla del Monte. En este caso, todos los que quieran asistir al Concierto de la Hispanidad: España dentro de un piano el 11 de octubre tendrán que pagar: cinco euros, los empadronados; dos euros, los residentes mayores de 65 o menores de 12 años y las personas con discapacidad; y 10 euros, los no empadronados. 

“En Boadilla, no encarecemos las entradas para los no empadronados. Lo que hacemos es bonificar los precios a los vecinos. Es una forma de reconocer su vinculación con el municipio y el hecho de que contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos y a la organización de las fiestas”, explica Purificación Pizarro, concejala de Festejos de Boadilla del Monte. Esta medida les ha permitido, agrega, “garantizar que las familias empadronadas puedan disfrutar de los conciertos y actividades a un precio más asequible”, que ha favorecido una “participación más amplia” de los vecinos de Boadilla. Solo se ha puesto precio a las actividades de las fiestas en casos “muy puntuales, de alta demanda” para poder “manejar mejor el aforo”.

En Madrid capital, donde cada pocos meses el Ayuntamiento o la Comunidad organizan actuaciones gratuitas en directo en Plaza de España, Plaza Mayor, la Puerta del Sol o la explanada de Puente del Rey, el control de accesos se realiza en el momento del evento, sin necesidad de tener que reservar o comprar previamente una entrada. Así se hará, por ejemplo, en los conciertos del Día de la Hispanidad. 

En Pozuelo, también en la Comunidad de Madrid, todos los asistentes tenían que abonar el precio de la entrada a los conciertos de Shinova y Siloé (20 euros), Juan Magán (15 euros), Nancys Rubias y Fangoria (20 euros) y para el torneo de partidas rápidas de ajedrez (5 euros), aunque los residentes podían acceder a una venta preferente. “Se cobra desde hace muchos años y se hace para compensar el esfuerzo económico del ayuntamiento”, indican fuentes del consistorio. 

La medida de convertir parte de las fiestas en actividades de pago, como han hecho estos tres gobiernos municipales, todos del PP, pero también el de Torrejón de Ardoz (PSOE) o el de Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida), que han rehusado responder a las preguntas de este periódico, no tiene que ver, señalan desde Pozuelo, con una “clave recaudatoria”. 

“Los conciertos más top los paga íntegramente el Ayuntamiento. Con la venta de entradas se palia en parte (muy menor) ese esfuerzo, cuya recaudación revierte en las arcas del Ayuntamiento, no para un fin concreto, sino para distintas finalidades que se deciden cuando se hace el presupuesto”, apuntan desde el consistorio pozueleño. Y concluyen: “Lo de que el Ayuntamiento pague toda la ronda, ya nos gustaría, pero también hay que ser responsable con las arcas municipales”.  

El debate sobre el acceso a la cultura

El artículo 44 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Este mandato sirve de marco en un debate que cada vez más municipios afrontan: cómo compatibilizar la universalidad del derecho a la cultura con la gestión de unos recursos municipales limitados y la presión presupuestaria que generan las fiestas patronales.

Desde Boadilla del Monte, la concejala de Festejos defiende que su política de bonificaciones para empadronados no busca excluir, sino reforzar ese vínculo cultural y comunitario. “Las fiestas patronales son, por tradición, el gran punto de encuentro de un pueblo con su gente. Entendemos que deben ser especialmente accesibles para los vecinos de Boadilla, que son quienes mantienen vivo el día a día de la ciudad”. 

En Majadahonda, la justificación va en la misma línea, dado que priorizar a los vecinos sin dejar de ofrecer una programación abierta a quienes lleguen de otras localidades. “Queremos que tenga prioridad en la oferta cultural local el que vive aquí”, señalan fuentes municipales, por lo que, insisten, “el 95% de las actividades de las fiestas son gratuitas”. “Se ha puesto precio a dos conciertos de ocho, y realmente a Rozalén sólo fueron majariegos”, añaden.

Estos ayuntamientos insisten en que hacen “un esfuerzo”, precisan desde Pozuelo, en traer a “grupos muy demandados, pero los recursos municipales son limitados y [el consistorio] no puede ni debe regalarlo sin más”. Es por ello que cobran un precio “pequeño”, de 15 o 20 euros, para llevar “espectáculos al nivel de la capital y se lo ponemos a la gente en el teatro de su municipio por un precio muy asequible, pero no gratis”.

El cartel de las fiestas de Torrejón lleva movilizándose varios años por la popularidad de los artistas que lo componen: Nicky Jam, Dani Fernández y Melendi, entre otros. Este año, las fiestas populares de este municipio se rigen por un sistema muy similar al de Majadahonda, con invitaciones para empadronados y parte del aforo reservado para la venta de entradas a no empadronados. 

Lo mismo ha ocurrido con el de Rivas-Vaciamadrid. El mítico Auditorio Miguel Ríos acogió en mayo cuatro jornadas de música, con La Raíz, Ladilla Rusa, La Bienquerida, Iván Ferreiro o Natalia Lacunza como artistas destacados, y los residentes en la localidad tenían la opción de adquirir sus entradas sin gastos de gestión. 

¿Es legal diferenciar entre empadronados y no empadronados?

El debate sobre si un Ayuntamiento puede o no diferenciar precios según el empadronamiento tampoco es nuevo. Ya en 2014, cuando Soledad Becerril era Defensora del Pueblo, este órgano advirtió de que exigir a los no residentes tasas más altas para acceder a servicios municipales constituía una discriminación difícilmente justificable. 

Asimismo, el Tribunal Supremo tomó como fundamento de derecho en 2023 el artículo 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, que obliga a aplicar la misma tarifa a quienes reciban idénticas prestaciones “en iguales circunstancias”, salvo en los casos en que la norma permita reducciones para colectivos económicamente vulnerables. Con base en este artículo y también en el 14 de la Constitución Española, de igualdad ante la ley, el Tribunal Supremo resolvió un recurso sobre los precios diferenciados en un frontón municipal de Bergara (Guipúzcoa). La sentencia anuló una bonificación en el precio para empadronados al considerar que no era objetiva ni razonable. 

En ese fallo, en el que César Martínez Sánchez, profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, destaca que se tuvo en cuenta “un reglamento franquista no especialmente relevante, porque hay normas con rango superior, para no tener que invocar la norma foral de Haciendas Locales de Guipúzcoa”, el alto tribunal consideró que la distinción entre empadronados y no empadronados no era objetiva ni razonable.

Desde que se reformó el sistema de casación de lo Contencioso-Administrativo, basta una sola sentencia para que el Supremo fije doctrina en este orden, lo que ha generado inquietud entre muchos ayuntamientos, que hasta ahora asumían con normalidad este tipo de bonificaciones. De hecho, el propio Supremo ha admitido en otros casos, como la tarifa de aparcamiento en la zona azul de Madrid, que favorecer a los residentes sí resulta justificable, por lo que Martínez Sánchez advierte de que cada supuesto debe analizarse de forma específica. 

“Lo que se cobra por entrar en esos conciertos no es una tasa, sino un precio público, y la doctrina aplicable es distinta”, explica este profesor titular de la UAM. A su juicio, existen razones objetivas para diferenciar entre residentes y no residentes en el cobro por los conciertos: los dos principales ingresos de los municipios, que son la participación en los tributos del Estado y el IBI, dependen directamente del número de empadronados. “No me parece ilegal que se bonifique al vecino frente al visitante en ciertos servicios culturales”, afirma, aunque reconoce que el Supremo no comparte este criterio. 

En cualquier caso, las medidas que establecen diferencias de precio entre empadronados y no empadronados quedarán sujetas al control de legalidad y, si se considera contraria a la Ley de Haciendas Locales o a la Constitución, podrían acabar siendo impugnadas en los tribunales.

Las imágenes se repiten cada poco tiempo en los telediarios: estaciones abarrotadas de viajeros que se aglomeran a la espera de un tren que sale con retraso; miles de personas inquietas que ven cómo pasan las horas en un vagón sin luz, después de “un exceso de tensión en la red”, según sabrán después por declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; usuarios pidiendo información a operarios de Renfe ante el enésimo incidente y efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil que se dirigen a un convoy que estará detenido durante horas —no se sabe cuántas— para proporcionar agua y bocadillos a quienes lo ocupan. Todas estas representaciones pueden corresponder a un episodio concreto o a varios que suceden a menudo.

En los últimos meses se han producido incidencias como la odisea de pasar 12 horas en un AVE de Sevilla a Madrid por un fallo en el suministro eléctrico, cuando el viaje suele tardar menos de tres horas; una avería en los trenes que conectan Murcia y la Comunitat Valenciana con Chamartín; otra en Camp de Tarragona, que causó retrasos a finales de junio en la alta velocidad entre Barcelona y Madrid; el robo de cable que dejó en mayo a más de 16.000 viajeros afectados por fuertes demoras o la más reciente concatenación de retrasos en la alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Estos son sólo algunos ejemplos de “fallos que antes se producían esporádicamente y ahora son habituales”, según dice a elDiario.es Carlos Perfecto, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España.

Pablo es uno de los afectados. Usa el tren al menos tres días a la semana para desplazarse desde Palencia, donde vive, a Madrid, donde se encuentra su centro de trabajo. Desde su ciudad, apunta, “no hay muchas frecuencias y, cuando se producen retrasos, llego tarde al trabajo”. En algunas ocasiones más puntuales, tiene que tomar trenes a otras ciudades y lo hace con ciertas reservas. “Antes era superseguro ir en AVE porque sabía que iba a llegar a mi hora y que la probabilidad de incidencias era prácticamente nula, pero eso ahora ha cambiado”, y es por ello que ha tenido que alterar sus rutinas a la hora de viajar. Ahora llega a las estaciones “con muchísimo más margen” ante los “líos monumentales” que presencia cada pocas jornadas. “Hay veces que he tenido que quedarme a dormir en casas de familiares en Madrid y, en otras ocasiones, he ido directamente en coche a Barajas para asegurarme de que no va a pasar nada”, cuenta.

Antes era superseguro ir en AVE porque sabía que iba a llegar a mi hora y que la probabilidad de incidencias era prácticamente nula, pero eso ahora ha cambiado

Pablo — usuario frecuente de la alta velocidad

Él es uno de los usuarios de los abonos de tren financiados parcialmente por el Gobierno Central y el de Castilla y León. Destaca que los retrasos que se producen en trenes de larga distancia que llegan desde la Comunitat Valenciana “inciden en los viajeros habituales de abono que venimos a Madrid a trabajar”, y pide que Palencia, León y Zamora cuenten con “trenes Avant, como los que tienen Valladolid y Ciudad Real, para que los trabajadores usemos esos trenes y no ocupemos plaza de viajeros de larga distancia, y de paso no nos comamos los retrasos habituales de estos trenes”.

Como Pablo, hay muchos pasajeros descontentos. De acuerdo con datos de la última auditoría de cuentas de Renfe, correspondientes a 2024, la satisfacción de los usuarios ha empeorado en varios aspectos: la nota que le dan a la puntualidad de los trenes de alta velocidad de Renfe pasa del 8,1 al 6,8; la información que se da cuando hay retrasos, del 7,3 al 5,3; y la limpieza de los trenes del 8,3 al 7,4.

Los retrasos en las llegadas de los AVE-Larga Distancia han aumentado desde 2020, tanto los de menos de 60 minutos (de un 12,62% a un 18,49%, a pesar de que son 7 puntos menos que en 2023), como los de más de una hora y menos de dos (de 0,57% a 1,33%) y los de más de dos horas (se han duplicado, del 0,26% al 0,45%, aunque también inferiores a 2023). En Media Distancia, en cambio, los retrasos de menos de una hora, los más habituales, han experimentado un notable descenso con respecto a ejercicios anteriores.

Y eso ha llevado a que algunos ciudadanos dejen de optar por el tren –o al menos, se lo piensen más– como primera opción cuando tienen que viajar. Diana Vicente es una de las antiguas pasajeras que ya ha desechado el servicio ferroviario y se decanta ahora por el autobús. En julio del año pasado, ella y su novio compraron por internet un billete de tren para ir de Gijón a Castellón. “En el correo, nos incluyeron la ubicación del andén desde el que salía. Fuimos a ese lugar, quisimos preguntar si estábamos en la localización correcta, pero no había nadie ni nos cogían el teléfono. Nos quedamos en el andén, pasó el tren y no paró”, recuerda. Después les indicarían en la estación central de la ciudad asturiana que se trataba “de un error”.

No encontraron plaza en ningún tren que les acercase de Gijón a Madrid o a Valencia. Quisieron poner una reclamación, pero el servidor de Renfe dejó de funcionar y tuvieron que esperar para solicitar la devolución del importe del billete. Finalmente, reservaron dos plazas en un Blablacar de Gijón a Madrid y, desde allí, tomaron un tren a Castellón, que “también salió tarde”. Habían decidido “ir en tren porque era más cómodo y acabamos viajando en un Seat Ibiza cargado de maletas”, declara esta joven.

Todavía, dice Vicente, no han respondido a su reclamación. El enfado de los usuarios en los últimos dos años también se observa en el número de requerimientos presentados. Renfe ha pasado de recibir unas 143.000 interpelaciones escritas presentadas, tanto en 2020 como en 2021, a más de 350.000 en 2023 y más de 320.000 el año pasado. Un dato relevante: el plazo medio de contestación en días casi se ha duplicado, de casi 37 jornadas a casi 67, siempre según datos de la auditoría de cuentas de Renfe más reciente.

María y Leandro viven en Logroño y se desplazaron a Madrid para ver a su hija durante la penúltima semana de julio. Para ello, descartaron viajar con Renfe, a pesar de que les salía “muy barato” con los descuentos a mayores de 60 años que les otorga la Tarjeta Dorada. La razón: llevaban varias semanas viendo cómo el conocido como “tren chispita” que conecta La Rioja con varias capitales de provincia registraba en su interior una temperatura superior a los 32ºC y una humedad relativa de más del 45%. “Para eso, fuimos en bus y nos quitamos de problemas”, indica este matrimonio al medio.

En los últimos años, las vías de alta velocidad han pasado de estar ocupadas únicamente por Renfe a sostener la carga de los trenes de Avlo, la low cost de la compañía pública, Ouigo, procedente de Francia, e Iryo, de capital italiano. Los corredores han experimentado cómo aumentaba progresivamente el número de viajeros y, con ello, los problemas en los desplazamientos por la incapacidad de la catenaria de alimentar a cada vez más trenes. Desde Adif, señalaban hace unas semanas a la Cadena SER que la cifra global de incidencias en el sistema ferroviario no está aumentando, sino que lo que crece es el número de viajeros y, con él, “el impacto de cada percance”.

“Los nuevos actores que han entrado ahora mismo en la competencia son bienvenidos, pero lo que está claro es que han roto la normalidad en el uso y en la gestión de Renfe”, sostiene Perfecto. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España asegura que una de las cuestiones que están asumiendo los usuarios es que “la liberalización quizás se haya hecho demasiado rápido, de manera demasiado interesada y sin la previsión de estaciones, flujos, oferta comercial o demanda”. Cuando en otros países europeos como Francia, Alemania o Inglaterra “están renacionalizando lo que tienen y fortaleciendo el servicio público”, en España, dice, la dinámica es “liberalizar todo”.

Habíamos decidido ir en tren porque era más cómodo y acabamos viajando en un Seat Ibiza cargado de maletas

Diana Vicente — usuaria

El influencer Helio Roque (@helioroque_), que centra gran parte de su contenido en redes sociales en comentar curiosidades, historia y desajustes en el funcionamiento de los medios de transporte, opina que “Renfe no está dando un buen servicio y esa es una realidad que no se puede negar”. “Las críticas están justificadas, porque los servicios siempre se pueden mejorar. La puntualidad, los precios y que los trenes no se queden parados en medio de la nada son reproches totalmente aceptables”, apunta.

Este “crítico con Renfe por mi condición de extremeño” –según se define– opina en que no sólo los desplazamientos de larga distancia están registrando problemas, sino que el servicio de Cercanías también ha perdido fiabilidad. “Las personas suelen utilizar más el metro o el autobús porque la Renfe te puede dejar tirado. Es significativo meterse a las 8 de la mañana en X (antes Twitter) y ver que ya hay decenas de personas diciendo que el servicio no funciona. ¿Cuántas veces se nos ha escuchado?”, pregunta.

“La gente está muy harta con el tren, en especial quienes lo cogemos cada día como trabajadores. Es muy difícil justificar a tus jefes o a tu empresa que hoy llegas media hora, una hora y media o dos más tarde”, ejemplifica Pablo, el residente en Palencia que se desplaza con frecuencia a Madrid para acudir a su oficina. La condición de servicio público de Renfe, dice, debe “garantizar que los viajeros lleguemos puntuales a nuestro destino”, mientras que, con los operadores privados, “si te quedas sin tren, te dicen: 'Lo siento, te buscas la vida”. Sin embargo, el servicio público no está respondiendo y, además, opina Carlos Perfecto, “cada vez está peor”.

El 1 de julio de 2024, entró en vigor la actualización de la compensación por retrasos en los servicios de Renfe de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. La operadora pública pasó de reembolsar el 50% del precio del billete a los viajeros cuyos trenes se hubiesen demorado más de 15 minutos y el 100%, si eran más de 30 minutos, a devolver la mitad del precio en los trayectos que se retrasasen más de 60 minutos y la totalidad si superaban la hora y media de retraso. Para Pablo, este cambio en la política de Renfe lleva al viajero a percibir que “ya no hay un compromiso de llegar a tiempo”, lo que lleva al tren “a perder la fiabilidad que tenía antes”. “Da una imagen de marca pésima”, opina Helio Roque, porque “ya asumen que no van a comprometerse con la puntualidad”.

Este influencer apunta además que, para las zonas en las que Ouigo e Iryo no están presentes porque “no les sale rentable como empresas”, Renfe tendría que “dar cobertura, pero no lo hace correctamente y es una tortura”. Por ello, entiende “que la gente elija otros medios de transporte”, como el autobús o el avión, que difícilmente les van “a dejar tirados”. Carlos Perfecto se muestra pesimista con esta situación: “Si meten más actores o siguen aumentando la idea de liberalizar, vamos a tener un problema serio. Yo no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a mejor, todo lo contrario”.

“No hay espacios de ocio públicos que sirvan de refugios climáticos”, afirma Eva, 29 años, que vive en Barcelona y para huir del calor no le queda otra opción que quedar con sus amigos “a partir de las siete y media de la tarde”. Ella tiene la fortuna de contar con aire acondicionado en su casa, pero tendría que encenderlo durante “todo el día” para soportar las altas temperaturas, porque vive en el “piso peor aislado de esta ciudad”. Como teletrabaja, opta por las bibliotecas como el lugar en el que resguardarse, aunque es consciente de que “no son sitios para echar el rato”.

Cuando se quiere dar un remojón, ni siquiera piensa en la playa. “No es un sitio idóneo para ir. Siempre está petada y, a la que te descuidas, te roban”, dice. Tampoco por las piscinas municipales, principalmente público-privadas, que son “de pago y, aunque a ciertas horas hay descuentos, por lo general cuestan entre siete y 11 euros al día”. “Hacen esta tontería de abrir los patios de los colegios, pero no sé quién va a dejar a un niño jugando a 32°C a pleno sol”, reflexiona. En Barcelona, lo de los refugios climáticos, dice, “está muy mal montado”.

En Madrid, ciudadanos como Nacho, 27 años, se ponen “alarmas en el móvil para conseguir una entrada”, a razón de 2,25 euros por mañana o tarde y de 4,5 euros por la jornada completa, a dos días vista para poder acceder a una piscina municipal a un precio popular. Él vive en el centro, que se convierte en un desierto de asfalto en verano, y por ubicación le correspondería ir a la piscina de Peñuelas, en Arganzuela, que arrastra más de un año de obras y de la que aún no se conoce fecha de reapertura.

Sin acceso a aire acondicionado, como ocurre en el 59% de las viviendas españolas, ni piscina comunitaria en casa, como en el 76% de los pisos, según datos de Idealista, opta por un centro deportivo que se encuentra a 3,5 kilómetros de su vivienda, por cines y terrazas cuando cae el sol para refrigerarse. Refugiarse del calor en Madrid, como ocurre en Barcelona y en otras ciudades españolas, pasa por adelgazar la cartera en establecimientos comerciales y hosteleros privados, desde centros comerciales a piscinas que se alquilan por horas. Nacho no puede contar todos los días con parques, como El Retiro, que sería un plan gratuito, porque gran parte del verano están cerrados “por condiciones meteorológicas adversas”, como indican los carteles que se cuelgan en las puertas de acceso a los mismos.

No hay dónde meterse. Los parques son secarrales, no tenemos casi piscinas públicas y es imposible acceder, por lo que opto por centros comerciales o cines

Ana — vecina de Sevilla

A pesar de que tanto Madrid como Barcelona disponen de un sistema de transporte público más adaptado al calor, tanto en autobuses como en el metro, que en otras ciudades europeas, como París, donde “sólo cuatro o cinco líneas de metro tienen aire acondicionado”, destaca Isabelle Anguelovski, ecóloga política francesa experta en planificación medioambiental y urbana y directora del Laboratorio de Justicia Ambiental Urbana y Sostenibilidad de Barcelona (BCNUEJ, ICTA-UAB), el impacto “se siente de manera mucho más aguda” en estas capitales, porque “las olas de calor son más frecuentes, más largas y más altas”. De acuerdo con el estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), elaborado en 2023, Madrid y Barcelona acumularon un total de 922 muertes ese año por culpa de este fenómeno.

En barrios con mal aislamiento térmico, arbolado muy escaso y falta de espacios al aire libre, de cobertura verde y de parques, “la vulnerabilidad habitacional se combina con la vulnerabilidad de zonas, en las que predomina la población migrante y pobre”. En esos barrios se da algo que en el entorno de la investigación conocen como “injusticia térmica”, señala Anguelovski, y que apunta con el dedo a aquellas localidades en las que los refugios térmicos son “de pago” y dejan de ser “accesibles para todos”. Esta experta pone el ejemplo de El Raval, en Barcelona, donde en 2022 “hubo más de 120 noches tropicales, que son más de 20 grados centígrados, por lo que el calor al final se siente las 24 horas y no hay ni un momento de respiro”.

La situación se agrava en ciudades del sur. En Sevilla, con sólo cuatro piscinas públicas, una por cada 171.000 habitantes y temperaturas que superan los 40°C y mínimas que no bajan de los 25°C, las opciones son también escasas. “No hay dónde meterse. Los parques son secarrales, no tenemos casi piscinas públicas y es imposible acceder, por lo que opto por centros comerciales o cines”, relata Ana, 32 años, que antes vivía en Triana, pero se acaba de mudar a Sevilla Este, una zona con “viviendas más nuevas y piscinas comunitarias”. “Son charcas pero, al menos, me puedo dar un chapuzón al salir de trabajar”, se resigna.

Y Ana no está tan mal. En algunos barrios del centro de la ciudad, al igual que también ocurre en Granada y Almería, no sólo sufren la escasez de refugios climáticos públicos, sino también los cortes de luz que les dejan sin el pequeño respiro que conceden los frigoríficos, aires acondicionados y ventiladores, aunque el problema es mucho más grave para las personas electrodependientes, que ven cómo sus respiradores y las máquinas que les mantienen estables en sus casas se apagan.

El impacto se siente de manera mucho más aguda en estas capitales porque las olas de calor son más frecuentes, más largas y más altas

Isabelle Anguelovski — ecóloga experta en planificación medioambiental y urbana

María del Carmen Priego, portavoz de Barrios Hartos, la plataforma vecinal que denuncia estos apagones, afirma que, desde Endesa, calculan que el número de afectados asciende a 40.000, pero esta organización señala que son “muchos más”. “Resulta imposible cuantificar la cifra de personas afectadas por los cortes de luz, dado que no tenemos esos datos oficiales, porque la duración, las calles, el total de edificios, pisos y hogares afectados van cambiando”, recalca Manuel Martín, Defensor del Ciudadano de Granada.

En unos barrios “vulnerables”, donde la realidad de los cortes de luz “es un síntoma más del abandono a que han sido sometidos casi desde su surgimiento”, indica Martín, sobreviven como pueden con transformadores “de hace 50, 60 y hasta más años” y con “cableado antiguo”, añade María del Carmen Priego. Las realidades de estas tres ciudades andaluzas son paralelas y cíclicas: se repiten cada verano, a la espera de que las instituciones y las energéticas actúen. Mientras tanto, la inacción deja muertos a su paso. “Cinco, entre este verano y el pasado, que sepamos”, declara la portavoz de Barrios Hartos.

“Lo que vemos y nos preocupa mucho es el nivel de infrautilización de la ayuda de los Fondos Europeos para la mejora del aislamiento y de la calidad térmica de los edificios, en comparación con otros países de Europa. Entre las ayudas y los préstamos, sólo se ha empleado un 20% de los fondos adjudicados en España, cuando en Francia o Dinamarca se ha ejecutado hasta el 70%”, evidencia Isabelle Anguelovski.

Faltan refugios climáticos públicos, surge el negocio

Ante esta realidad de veranos cada vez más sofocantes y falta de lugares públicos a los que escapar que experimentan las ciudades, ciertas empresas han detectado una oportunidad de hacer negocio. Las grandes corporaciones y los establecimientos de hostelería se benefician de quienes, como Eva, se van “de tiendas y al bar a partir de las ocho de la tarde” para resguardarse. Ana, por ejemplo, atiende a elDiario.es antes de entrar al Decathlon de San Juan de Aznalfarache para rapiñar algo de aire acondicionado.

No hay nada que el dinero no compre, ni siquiera el frío en verano. La climatización durante estos meses se convierte en un privilegio al que no todo el mundo puede acceder a través de los servicios municipales, y es ahí donde plataformas como Cocopool o Swimmy hacen el agosto. Y el junio, el julio y el septiembre. Ambas anuncian piscinas en sus páginas web por entre 20 y 130 euros por hora en la provincia de Barcelona, en la primera, o por entre 18 y 102 euros al día por persona en la Comunidad de Madrid, en la segunda web. Las propias compañías lo reconocen.

Se están multiplicando por tres las reservas en 2025 con respecto al año anterior

Edgar Granados — responsable de marketing de la plataforma de alquiler de piscinas Cocopool

Diego Fernández, responsable de Servicio al Cliente de Swimmy, dice que “si hubiese más piscinas municipales o más servicios públicos para aliviar el calor en verano, muy probablemente nosotros veríamos cómo bajan los alquileres” de las piscinas privadas que ofrecen en su web. Desde esta plataforma, que nació en Francia como “un Airbnb de piscinas de gente que no las usa lo suficiente y las puedan compartir”, se muestran conscientes de que se presentan como una “alternativa ante la escasez” de las opciones de calidad que ofertan algunos ayuntamientos.

“El mercado de España, y sobre todo las piscinas maravillosas que hay en algunas zonas de España, invita a que poco a poco se fuese desarrollando sola” esta plataforma, que creció de manera orgánica en nuestro país. Con Swimmy ya instalada completamente en España desde 2019, otras empresas siguieron la misma línea. Así nació Cocopool, una plataforma que brinda alquileres de jardines y piscinas privados en 11 provincias españolas, con un coste máximo de 250 euros por hora para grupos de más de 50 personas. Edgar Granados, responsable de Marketing de la compañía, expresa que los precios de las instalaciones que aparecen en su web “los fijan los dueños, aunque nosotros hacemos recomendaciones, en función del tipo de piscina y de las personas que pueden aceptar”. Actualmente, están “multiplicando por tres las reservas en 2025 con respecto al año anterior”.

La gran mayoría de estas piscinas cuentan con “un jardín, mesas, sillas e incluso barbacoas, en algunos casos”, agrega Granados, y se suelen reservar, tanto en el caso de Swimmy como en el de Cocopool, para eventos con amigos y familia, como cumpleaños, despedidas de solteros y de solteras, bodas, comuniones y comidas grupales; aunque aún son pocos los usuarios que recurren a ellas de forma recurrente. Diego Fernández destaca, no obstante, a los cada vez más usuarios que necesitan nadar varias horas a la semana por indicación médica y “pactan una agenda regular todas las semanas con los propietarios”. La “demanda más fuerte”, señala el portavoz de Swimmy, la registran en Madrid y en el centro de España, puesto que en las zonas costeras los ciudadanos acuden “a las playas estupendas que tenemos”.

España vive una privatización total de la adaptación al calor

Isabelle Anguelovski — directora del Laboratorio de Justicia Ambiental Urbana y Sostenibilidad de Barcelona (BCNUEJ)

La falta de servicios públicos permite que haya “una mayor demanda en nuestra plataforma, pero uno de los factores que creemos que nos beneficia es la exclusividad”, añade Edgar Granados, que evidencia que “es bastante complicado encontrar una piscina municipal con mesas en sombra, donde se pueda poner la música que cada uno desea y que se convierta en la casa de los usuarios casa durante unas horas”. De esta uberización de los refugios climáticos no sólo se benefician estas plataformas, sino también las piscinas de los hoteles de lujo que ofrecen pases de día y las habitaciones por horas con aire acondicionado.

España vive una “privatización total de la adaptación al calor”, asegura Isabelle Anguelovski, y ese fenómeno se refleja especialmente en Madrid, una ciudad que cierra con frecuencia sus parques y que reparte su arbolado “de manera muy desigual”. “Si se cierra El Retiro, se priva a gran parte de la población de este espacio de refugio”, critica la experta en planificación medioambiental y urbana, que agrega además que “Madrid es la capital más retrógrada de Europa a nivel ambiental”, por su escasa inversión en “prevención y adaptación” al calor. Ante las injusticias térmicas que cometen los consistorios, los ciudadanos que pueden permitírselo recurren a refugios climáticos de pago.