En un artículo reciente se explica cómo el enorme despliegue de cuerpos de seguridad que operaban hace unos días dentro del Hotel Hilton evitó que Donald Trump y funcionarios de su Administración fuesen víctimas de un atentado. La operación fue exitosa. Sin embargo, no hubo medidas preventivas para impedir que el potencial asesino se alojara en el Hilton unos días antes con diferentes tipos de armas.

Calles y edificios que rodean al hotel fueron tomadas por las fuerzas de seguridad en las jornadas previas. Pero durante tres días el potencial agresor con su arsenal preparó el atentado sin ningún problema en el mismo edificio donde se celebraría la cena de corresponsales. Además, el control para acceder a la cena era muy débil: bastaba mostrar la invitación sin ninguna identificación, y no había arco detector de metales.

Sólo cuando Cole Allen empezó a desplazarse por los pasillos hacia su objetivo, decenas de efectivos de seguridad comenzaron la doble y espectacular operación de reducirlo y evacuar a los miembros de la Administración. De pronto, la ineficacia se transformó en espectáculo; la realidad en cine de acción.

La primera fuerza militar mundial

Si se pasa del nivel doméstico al de seguridad internacional, Estados Unidos tiene el mayor presupuesto en defensa del mundo (la Administración Trump pide al Congreso que apruebe un gasto de 1,5 billones de dólares, equivalente a 1,3 billones de euros). Su arsenal en armas convencionales, químico-bacteriológicas y nucleares supera a cualquier otro del mundo, incluyendo a China y Rusia.

Este país está a la vanguardia del uso de inteligencia artificial y robotización aplicado a la guerra. El Ejército estadounidense está adoptando, en coordinación con Silicon Valley, una estrategia centrada en la IA e invirtiendo en sistemas autónomos en todas las ramas.

Pese a estos avances, que ha mantenido desde la Guerra Fría, Estados Unidos ha sufrido significativas derrotas en las tres grandes guerras en las que se implicó desde la década de 1960: Vietnam, Irak y Afganistán. Es preciso diferenciar guerras de operaciones o intervenciones en países con escasa capacidad de resistencia. Las invasiones como la de Santo Domingo (1965), Grenada (1983) o Panamá (1989), el asesinato de Osama bin Laden (2011) o el secuestro del presidente Nicolás Maduro en Venezuela (2026) fueron exitosas. También fue un triunfo la primera guerra del Golfo (1990-1991), cuando una alianza con 40 gobiernos (incluyendo países árabes) liderada por Washington liberó a Kuwait de la invasión del régimen de Sadam Hussein.

En la guerra contra Irán, la Administración Trump ha repetido varios de los errores cometidos por las Administraciones de Lyndon Johnson y Richard Nixon en Vietnam (1955-1975), de George W. Bush en Irak (2003-2011) y Afganistán (2001-2021), y de Barack Obama en este último país. En estos casos en Washington consideraron que, con su inmenso poderío —especialmente la fuerza aérea, el mayor número de efectivos desplegado en el campo de batalla y apoyando a gobernantes locales prooccidentales (Vietnam) u oportunistas aspirantes a gobernar (Irak y Afganistán)—, podrían triunfar.

Los Gobiernos de Estados Unidos aplicaron modelos de ingeniería social como parte de estrategias de contrainsurgencia, control represivo de las poblaciones locales y proyectos de desarrollo. Los resultados fueron siempre desastrosos. El caso vietnamita es paradigmático.

El caso de Vietnam

En la reciente biografía de Robert McNamara, secretario de Defensa de los presidentes John F. Kennedy y Lyndon Johnson, se detallan “las complejidades” que el Pentágono nunca tuvo en cuenta en Vietnam. Primero, el papel central del nacionalismo para unificar Vietnam del Norte y el Sur tras el fin del colonialismo francés y la entrada de Estados Unidos.

Segundo, el rechazo social hacia el Gobierno corrupto de Vietnam del Sur y una oposición que incluía a la comunidad budista, el ejército de Vietnam del Norte y la guerrilla (el Vietcong) insertada en la población. Tercero, un terreno selvático en el que los vehículos mecanizados del ejército estadounidense no podían operar. Cuarto, el mito de que podían derrotar a la guerrilla y resolver las complejidades políticas con bombardeos aéreos. En quinto lugar, creyeron que con un mayor despliegue de tropas podrían vencer estas dificultades (549.500 efectivos en 1969). Sexto, internacionalizar la guerra al bombardear los países vecinos de Laos y Camboya para evitar que el Vietcong recibiese suministros. Por último, Washington nunca entendió las relaciones complicadas entre los comunistas vietnamitas con la antigua URSS y China.

Al final, Estados Unidos destruyó en gran medida a Vietnam, pero perdió la guerra y en 1973 se marchó del país. Murieron 58.000 efectivos de su lado y eliminó a alrededor de 2 millones de personas. Vietnam del Norte y del Sur se unificaron bajo el comunismo.

El fracaso de Vietnam se repitió, tratando de evitar el despliegue de tantos efectivos, en Irak y Afganistán. En estos casos, Estados Unidos generó destrucción y no entendió los contextos locales ni regionales. En 2021 se fue de Irak dejando al país en un caos del que surgió el Estado Islámico y huyó literalmente de Afganistán entregando el poder a los talibanes contra los que había combatido durante dos décadas.

En la guerra contra Irán, Washington ha utilizado los ataques aéreos resistiéndose a mandar fuerzas sobre el terreno. El presidente Trump ha declarado que decidirá cuándo terminar la guerra, y en varias ocasiones ha dicho que Estados Unidos ya la había ganado. Pero los objetivos de la guerra han ido cambiando, en ocasiones de manera contradictoria y engañosa: eliminar armas nucleares que ya habían sido eliminadas (según el propio Trump), destruirlas antes de que se fabriquen mientras alegas que te apuntan, cambiar un régimen que ya se ha cambiado, “destruir una civilización (persa)”, negociar con una parte que dice que no negocia y bloquear un estrecho que bloquea Irán.

Acorralado por sus contradicciones, Trump ahora trata de navegar entre las presiones empresariales para detener la guerra, las exigencias de su base electoral en el movimiento Make America Great Again y las quejas de sus aliados. Todo le ha llevado a tratar de negociar y extender el alto el fuego. Cada vez más análisis coinciden en que Irán, pese a la gran destrucción sufrida, controla la situación.

Las guerras asimétricas

Entusiasmados con la operación de enero en Venezuela, Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, no han tenido en consideración la estructura descentralizada de poder militar iraní, ni el poderoso factor nacionalista, como tampoco la complejidad regional ni el papel cauteloso pero importante de China y Rusia. Soñaron con que, lanzados los ataques por aire, la población iraní, carente de organizaciones sólidas de oposición, defenestraría un sistema político afirmado durante 40 años.

Como en Irak y Afganistán, la Administración Trump no ha tenido objetivos ni planes claros para la guerra ni para qué hacer si el régimen iraní se derrumbaba. Tampoco parece entender la cultura política del país, ni las complejas relaciones con los vecinos del golfo Pérsico, y en particular la tensa y necesaria vinculación de Irán con Arabia Saudí. Y no han logrado contar con que la población local apoye la guerra: para millones de iraníes una cosa es que acabe el régimen teocrático y otra diferente es que destruyan el país.

En la guerra contra Irán, la Administración Trump ha repetido varios de los errores cometidos por presidentes anteriores en Vietnam, Irak y Afganistán, entre otros. Washington consideró que con su inmenso poderío —especialmente la fuerza aérea, el mayor número de efectivos desplegado en el campo de batalla y apoyando a gobernantes locales prooccidentales (Vietnam) u oportunistas aspirantes a gobernar (Irak y Afganistán)—, podrían triunfar.

Estados Unidos desplegó en la zona de guerra 18 buques, dos portaviones y submarinos, 50.000 soldados y cientos de aviones y drones. La superioridad militar sobre Irán es incuestionable, pero Irán ha respondido con una estrategia de guerra asimétrica, perfeccionada durante décadas con grupos políticos aliados en la región. Esto es, resistencia basada en armas móviles, flexibles y más baratas, y el uso de la sorpresa.

Como explican las expertas en seguridad Nancy A. Youssef y Missy Ryan en The Atlantic, “La estrategia que Irán está aplicando actualmente —una guerra asimétrica contra las fuerzas estadounidenses (…)— recuerda a los métodos utilizados por los insurgentes iraquíes para hacer frente a los ejércitos estadounidenses y aliados sobre el terreno hace más de dos décadas. En aquel entonces, las armas preferidas eran los artefactos explosivos improvisados que los insurgentes iraquíes enterraban a los lados de las carreteras”.

Irán utiliza drones baratos, minas en el estrecho de Ormuz y misiles de bajo coste, móviles y fáciles de ocultar para atacar barcos, bases militares e instalaciones petroleras de los países del golfo Pérsico. El resultado es que Estados Unidos no ha podido imponerse mientras que alrededor del mundo crece el desacuerdo con esta guerra que Trump lanzó, alentado por Netanyahu, y con el impacto económico global de la misma.

El espectáculo de la violencia

Hay un cierto paralelismo entre el intento de asesinato de Trump en el Hilton y la situación indefinida, pero favorable a Teherán, en que se encuentra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En los dos casos, el inmenso aparato policial y militar muestra serias deficiencias que llevan a preguntarse si el énfasis en el poder basado en un alto número de efectivos, en la idealización de la alta tecnología aplicada a las armas, en la espectacularidad por encima del análisis minucioso y en los discursos grandilocuentes de Trump conducen a reiterados fracasos en seguridad doméstica e internacional.

El éxito en el primer caso –cierto, no hubo víctimas-- queda muy relativizado si en vez de un “lobo solitario” se hubiera tratado de un comando de varias personas entrenadas militarmente, con armas de guerra que se compran libremente en Estados Unidos, que se hubiese alojado en el Hotel Hilton en días anteriores al evento.

Prepararse y disparar desde un hotel no es nuevo en la dramática lista de crímenes masivos en Estados Unidos, el país desarrollado con el mayor número de asesinatos y con un número estimado de 500 millones de armas en posesión de civiles (más otro millón que manejan los cuerpos de seguridad).

En octubre de 2017, por ejemplo, un hombre de 64 años se instaló con un amplio arsenal en el piso 32 del Mandala Bay Hotel (Las Vegas) y disparó sobre los asistentes a un festival de música. Asesinó a 60 personas, hirió a 413 y casi 500 sufrieron heridas al tratar de huir.

El atentado del Hilton recuerda a la película En la línea de fuego (1993) de Wolfgang Petersen. El personaje interpretado por John Malkovich logra entrar en un evento similar a la cena de corresponsales para asesinar al presidente de Estados Unidos con un arma casera, desarmable, fabricada con plásticos, resina y materiales indetectables. Esas armas son ahora parte de un mercado en ascenso, se compran por internet, se fabrican con una impresora 3D, su posesión no está regulada y se usan en cada vez más crímenes.

La alta violencia cotidiana y sistemática en la sociedad estadounidense parece ir vinculada, en vez de ser prevenida, por la increíble cantidad de cuerpos de seguridad, la supuesta autodefensa que representan las armas para muchos ciudadanos y el mayor número de población carcelaria del mundo (1,9 millones).

Estados Unidos tiene 18.000 cuerpos policiales locales, estatales y federales en las que trabajan más de 900.000 agentes a tiempo completo. Hay, así mismo, 1,27 millones de agentes de seguridad privada. Sin embargo, cuenta con el mayor nivel de homicidios por delante de 26 de los países más desarrollados del mundo. Cada día, cerca de 130 personas mueren por disparos en Estados Unidos y más de 200 resultan heridas.

En los últimos meses, el cuerpo de seguridad orientada para controlar la migración (el United States Immigration and Customs Enforcement o ICE) ha mostrado un grave nivel –provocando varios asesinatos-- de falta de profesionalidad al tiempo que realiza operativos con aparatosos despliegues militares para detener inmigrantes desarmados. El espectáculo, una vez más.

Durante su presentación el 2 de marzo pasado ante la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que en el Gobierno sabían “que Israel iba a tomar medidas (y) que eso precipitaría un ataque (de Irán) contra las fuerzas estadounidenses” y que, si no actuaban “de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques”, sufrirían “más bajas”.

Su declaración generó interrogantes sobre si la Administración Trump ordenó el ataque contra Irán inducido por Israel o si fue una decisión estratégica propia. El presidente y otros funcionarios esbozaron explicaciones contradictorias, especialmente sobre los objetivos, duración y la controvertida cuestión de desplegar fuerzas en el terreno.

Con más claridad, en cambio, Benjamin Netanyahu había explicado el 1 de marzo que los ataques contra Irán se llevaban a cabo con “la ayuda de Estados Unidos” y de su “amigo”, el presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro israelí recordó que había abogado en favor de la guerra contra Irán durante décadas: “Esta coalición de fuerzas nos permite hacer lo que he anhelado hacer durante 40 años. Esto es lo que prometí, y esto es lo que haremos”.

Netanyahu no mencionó que en 2015 Estados Unidos llegó a un acuerdo con Teherán, con el apoyo de Francia, Reino Unido, China, Rusia, Alemania y la UE para, en palabras del negociador estadounidense William J. Burns, “limitar drásticamente el programa nuclear iraní durante un largo período, vigilarlo con una intromisión sin precedentes y evitar que sus líderes construyan una bomba”. Trump derogó el acuerdo durante su primera presidencia con los aplausos del primer ministro israelí.  

Ocho frentes de guerra

Netanyahu presentó el 22 de septiembre de 2023 su visión para un “nuevo Oriente Medio” que permitiese “transformar tierras que han sido arrasadas por conflictos y caos en terrenos de prosperidad y paz”. Un paso en esa dirección fueron los Acuerdos de Abraham (2020), lanzados por la primera presidencia de Trump para normalizar las relaciones de Israel con los Estados árabes, empezando con Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos, para seguir con Arabia Saudí.

Junto con esta iniciativa, la guerra actual desempeña un papel esencial en la relación de Israel con la región. En agosto de 2024 Netanyahu anunció que su país luchaba en siete frentes con el fin de transformar Oriente Medio: Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak y Yemen. También, dijo, combatía en un octavo frente “por la verdad” en la diplomacia y la comunicación. Marc Lynch, autor de America’s Middle East: The Ruination of a Region (El Oriente Medio de EEUU: la ruina de una región), afirma que Israel “prefiere una región en la que el poder hace la ley (…), en la que el derecho internacional no tiene fuerza vinculante y en la que el poder militar reina de forma suprema”.

A partir del ataque de Hamás en octubre de 2023 Israel lanzó su campaña para acabar con el Eje de la Resistencia liderado por Irán. Yuval Donio-Gideon, cónsul israelí en Nueva York explicó en agosto pasado que, pese a la gravedad del atentado, se presentaban buenas oportunidades para Israel y sus vecinos.

Después de dos años de ofensiva contra Gaza, y una vez que Hamás liberó a los rehenes y entregó los cuerpos de los israelíes fallecidos a cambio de la liberación de presos políticos palestinos, se declaró un alto el fuego que las fuerzas de seguridad de Israel no han cumplido. También se puso en marcha una ineficaz gestión israelí-estadounidense sin participación palestina, a cargo de la Junta de la Paz.

En el caso del Líbano, Israel ha seguido —con el peligro de provocar una guerra civil— ocupando territorios y bombardeando el sur del país y parte de Beirut para presionar al Gobierno de ese país para que desarme a Hizbulá. Esta organización político-militar controla parte del territorio y ha formado parte desde 1982 de la línea de defensa avanzada de Irán en Oriente Medio.  

La pérdida de Siria más los golpes contra los hutíes en Yemen han sido graves reveses estratégicos para Irán. El Eje de la Resistencia perdió el corredor geográfico que iba desde Irán hasta Líbano, pasando por Irak y Siria

Por otra parte, la guerra civil en Siria (2011-2024) tuvo un giro imprevisto cuando en 2024 se produjo la caída del dictador Bashar al Asad y el ascenso de Ahmad al Sharaa, líder de grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS). Una consecuencia para el Eje de la Resistencia fue la salida de Hizbulá de Siria.

Pese a que Al Sharaa indicó repetidamente al Gobierno israelí la intención de mantener relaciones pacíficas y que se distanció de Irán, Netanyahu ordenó intervenir militarmente, bombardeó depósitos de municiones, tomó el control de territorios fronterizos y se alineó con la población drusa siria. Estas acciones debilitaron al frágil Gobierno sirio.

La pérdida de Siria más los golpes contra los hutíes en Yemen han sido graves reveses estratégicos para Irán. El Eje de la Resistencia perdió el corredor geográfico que iba desde Irán hasta Líbano, pasando por Irak y Siria.

¿Superpotencia regional?

Los cambios en la región anunciados por Netanyahu generaron un gran entusiasmo en Israel. “Los notables logros militares tras la invasión del 7 de octubre y la campaña integral contra la agresión iraní a través de la red de representantes de Teherán han consolidado definitivamente a Israel como la superpotencia de la región”, escribió Leor Sinai en The Times of Israel. “Esta transformación representa más que una victoria militar; señala un reajuste fundamental de las estructuras de poder en Oriente Medio”, aseguró.

Este reajuste se vincula con la interpretación religiosa y mesiánica de sectores de la ultraderecha israelí. Para ellos, las fronteras del Estado de Israel deben extenderse más allá de sus límites actuales para abarcar toda la “Tierra Prometida” según los textos bíblicos, ya que se trata de un mandato divino e inalienable.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, declaró en febrero, en relación con esas reivindicaciones bíblicas de la “propiedad original” de las tierras de Oriente Medio que se extienden desde el Nilo hasta el Éufrates, que “Estaría bien que [Israel] se lo quedara todo”.

Desde octubre de 2023, el Gobierno israelí ha apoyado militar y administrativamente la anexión de territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este que llevan a cabo de forma violenta los colonos.

The New Yorker publicó en 2018 una investigación de Dexter Filkins sobre los planes de Jared Kushner, yerno de Trump; Steve Bannon, asesor del presidente; Netanyahu; y el príncipe saudí Mohammed bin Salman (MBS) para reconfigurar políticamente Oriente Medio.

La ultraderecha israelí defiende que las fronteras del Estado de Israel deben extenderse más allá de sus límites actuales para abarcar toda la “Tierra Prometida” según los textos bíblicos, ya que se trata de un mandato divino e inalienable

Kushner, entonces enviado especial de Trump para Oriente Medio, estableció una alianza con Israel y Arabia Saudí (potencia suní de la región) contra Irán (potencia chií). En 2019 acordó con MBS un plan de desarrollo urbanístico para “dejar atrás los conflictos del pasado y avanzar hacia un futuro realmente próspero y emocionante”. El proyecto suponía invertir alrededor de 25.000 millones de dólares en Cisjordania y Gaza durante 10 años y otros 40.000 millones de dólares adicionales en Egipto, Jordania y quizás Líbano.

Trump y Netanyahu presentaron en el mismo año el plan “Paz para la prosperidad” de Jared Kushner. Proponía un fondo de inversión de 50.000 millones de dólares para estimular la economía palestina. Cisjordania y Gaza se conectarían a través de un corredor de transporte, se mejorarían las infraestructuras energéticas y las comunicaciones.

Los obstáculos

El plan no avanzó más allá de su presentación, aunque fue actualizado en 2026 para transformar Gaza en un centro desmilitarizado con desarrollos urbanísticos, turísticos, comerciales y de alta tecnología. El plan, en cualquier caso, no contempla la creación de un Estado palestino.

El ataque de Hamás en octubre de 2023 alteró estos planes. La diplomacia de Riad marcó distancias con el Gobierno de Netanyahu: mientras no acabase la guerra contra la población de Gaza e Israel no diese pasos para establecer un Estado palestino, no habría avances diplomáticos.

Mouin Rabbani, investigador sénior no residente del Middle East Council on Global Affairs, dice a elDiario.es que hay una serie de obstáculos para los planes de Israel. “Arabia Saudí ya no está de acuerdo con que Israel se transforme en la única potencia regional. Riad se opone a cualquier hegemonía y ahora, con Irán más débil, Israel no tendría un actor que le equilibrase en la región, sino que la dominaría”, analiza.  Las reticencias de los países árabes se incrementaron también cuando el Gobierno israelí presionó a Egipto y Jordania para que aceptaran a palestinos expulsados de la Franja de Gaza.  

Además de la abismal diferencia demográfica —en Oriente Medio viven alrededor de 10 millones de israelíes frente a 350 millones de árabes más 93 millones de iraníes—, Israel no podría dominar sólo con el poder aéreo. Carece, además, de los recursos y los efectivos necesarios para imponerse y no tiene la capacidad para someter permanentemente a otros países de la región.

Asesinar a líderes de Hamás o Irán a distancia es efectivo, pero no sirve para sostener una ocupación prolongada en el tiempo. Por último, indica Rabbani, “el apoyo de EEUU y Occidente también es vital para este proyecto, pero ha disminuido drásticamente”.

En Estados Unidos han aumentado los cuestionamientos de la base social del movimiento Make America Great Again (MAGA) a Trump por lo que consideran un sometimiento a los intereses de Israel

Durante las negociaciones entre Hamás e Israel acerca de los rehenes israelíes, un alto el fuego y la liberación de presos palestinos, Riad rechazó la expulsión de palestinos de Gaza y la anexión de Cisjordania a la vez que replanteó la Iniciativa de Paz Árabe (2002). Esta iniciativa de la Liga Árabe ofrecía la normalización de relaciones diplomáticas y seguridad para Israel a cambio de su retirada de los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza, Golán y sur del Líbano, el establecimiento de un Estado palestino y una solución para los refugiados.  

Entre tanto, en Estados Unidos han aumentado los cuestionamientos de la base social del movimiento Make America Great Again (MAGA) a Trump por lo que consideran un sometimiento a los intereses de Israel. Paralelamente, es muy bajo el número de ciudadanos estadounidenses que apoyan la guerra contra Irán.

Igualmente, han crecido las críticas a Israel entre nuevas generaciones de judíos estadounidenses y del Partido Demócrata. “La pregunta clave”, dice Rabbani, “sin respuesta por el momento es: ¿Los gobiernos occidentales continuarán o se desvincularán gradualmente de Israel?”.

El exanalista de inteligencia israelí Yossi Alpher, también cuestiona la estrategia israelí de dominación general. “Más allá de codiciar los territorios palestinos, no hay otras ambiciones territoriales de Netanyahu”, señala a elDiario.es. En el Gobierno israelí hay ministros de ultraderecha que proponen expandir “las fronteras septentrionales de Israel para contrarrestar a Hizbulá y tal vez a los Hermanos Musulmanes. Pero Netanyahu no los respalda; los tolera porque necesita sus votos”.

Alpher considera que el primer ministro tampoco apoya activamente a quienes querrían reconstruir los asentamientos en la Franja de Gaza (donde no tiene una estrategia viable, como tampoco para Cisjordania). No cree que quiera “convertir a Israel en la potencia líder de la región”. Pero considera que tiene “una agenda nacionalista mesiánica judía para Israel (con Cisjordania y Gaza) y busca buenas relaciones con el resto de la región basadas en una fuerte disuasión”.

Pero hay un consenso entre expertos en que sólo con poder militar y aéreo no es posible instaurar un orden diferente en la región. Un líder hegemónico precisa consentimiento y consenso sobre qué se da y qué se recibe.

Cambio de régimen o caos regional

A medida que pasan los días desde que se inició la guerra contra Irán se hacen evidentes las diferentes estrategias entre EEUU e Israel, o falta de las mismas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, enarbola su lenguaje belicista, pero no clarifica fines ni estrategia. Trump oscila entre el cambio de régimen a insistir en la eliminación de unas armas nucleares que Irán no tiene. Israel, en cambio, habla de fases y objetivos que destruir. Por encima de sus discursos ronda el fantasma de enviar tropas (¿de Estados Unidos o de Israel?) para apoderarse del uranio enriquecido iraní.

Daniel Levy, presidente del instituto US Middle East Project, basado en Nueva York, considera que Israel ha impuesto su criterio a EEUU. El primer ministro israelí nunca creyó en una negociación. “Es difícil descifrar que quería Trump, pero es claro en el caso de Netanyahu: por debajo del cuento de hadas del cambio de régimen, quiere que colapse el Estado iraní, generar caos, fragmentación, y que se expanda ese caos por la región con Irán como factor desencadenante”, dice a elDiario.es.

El primer ministro israelí pretende, según Levy, “eliminar a Irán de la ecuación regional, mientras que Israel se consolida como la potencia dominante que impone su modelo de ocupación colonial sobre los palestinos y humilla a la región. Pero es un proyecto incompatible con el bienestar futuro de la región”.

En la misma línea, Ali Bakir, profesor en la Qatar University y miembro del Atlantic Council, escribe que “Israel está cada vez más interesado en un Irán debilitado y desestabilizado internamente, en lugar de un régimen sucesor cooperativo […] El caos favorecería los planes de Israel, ya que un Irán fracturado y desestabilizado estaría consumido por sus propios problemas y no podría proyectar poder en el extranjero. El descenso al caos en una nación de 90 millones de habitantes desataría la inestabilidad en toda la región, incluidas migraciones masivas y un posible contagio del conflicto étnico y sectario a los Estados vecinos”.

Este escenario “alteraría la creciente alineación entre Turquía, Arabia Saudí y Egipto, socavaría las posibilidades de resurgimiento de Siria, complicaría la situación en Irak, y garantizaría el dominio de Israel sobre Cisjordania y Gaza. Las consecuencias más devastadoras afectarían a Turquía y Arabia Saudí, a las que se mantendría ocupadas con desafíos y rodeadas de Estados fallidos, lo que garantizaría la hegemonía israelí durante las próximas décadas”.

Hacia la asociación estratégica

Mientras unos sueñan con la “fantasía de un nuevo Oriente Medio”, como dice Marc Lynch, otros proponen fortalecer a Israel. La fundación Heritage, que lideró la elaboración del Project 2025, programa de gobierno de la segunda Administración Trump, acaba de hacer público un informe en el que recomienda que la relación de Estados Unidos con Israel “debería elevarse de ser un receptor de ayuda en materia de seguridad, a la categoría de socio estratégico en beneficio de Israel, Estados Unidos y Oriente Medio” mediante nuevas arquitecturas de seguridad y comerciales.

El documento propone que, entre las medidas de cooperación entre los dos países, Israel debe contar con los sistemas de defensa tecnológicamente más avanzados de misiles balísticos y antimisiles, ciberseguridad e inteligencia artificial; rápida capacidad para desplegar fuerzas militares en la región; y contar con las armas más modernas que desarrolle Estados Unidos.

Asimismo plantea reforzar la cooperación entre EEUU e Israel para la “guerra informativa” y considerarla una cuestión de seguridad nacional contra “actores malignos” como medios periodísticos extranjeros, influencers y organizaciones de la sociedad civil hostiles a los dos países.

Marc Lynch opina, sin embargo, que “nadie en Oriente Medio quiere el liderazgo israelí, y todos los Estados temen cada vez más su poderío sin control”, pero avisa: “Algunos en Washington celebran la perspectiva de un Israel sin restricciones que arrasa con los adversarios de Estados Unidos. Pero deberían tener cuidado con lo que desean. Los intereses de Israel no son los mismos que los de EEUU”.

El ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene simbologías con el pasado y una comparación arriesgada con el presente. Hacia atrás, Irán y EEUU han estado en confrontación regular desde 1953, cuando los gobiernos de Washington y Londres derrocaron al presidente Mohammad Mosaddegh, que nacionalizó los recursos petroleros iraníes. Estados Unidos y el Reino Unido lideraban la explotación del crudo en Oriente Medio.

Entre 1953 y 1979 se estableció en Irán la monarquía modernizadora a la vez que represiva y prooccidental de Reza Sha Pahlevi. Su caída, desencadenada por la revolución islamista liderada por el Ayatolá Jomeini, fue una derrota para Washington: perdió el acceso al petróleo y vio el ascenso de un gobierno hostil a Israel, su aliado y protegido en la región. Pero también porque entre 1979 y 1981 la Guardia Revolucionaria mantuvo secuestrados a 52 diplomáticos estadounidenses en la embajada de Estados Unidos en Teherán.

Ambos países han librado desde entonces una guerra de posiciones, con apoyo de Teherán a grupos radicales en Oriente Medio —Hizbulá en Líbano, Hamás en los territorios Ocupados de Palestina, y los hutíes en Yemen—. Hizbulá atentó en octubre de 1983 en Beirut (Líbano) y mató a 241 soldados de EEUU. Por su lado, Washington promovió que Irak atacase a Irán en 1980, le impuso diversos regímenes de sanciones y ha mantenido la poderosa alianza con Israel.

Benjamín Netanyahu presionó sistemáticamente a todos los presidentes estadounidenses para que atacasen a Irán y desmantelaran su programa nuclear

Durante más de dos décadas, Israel, y especialmente el primer ministro Benjamin Netanyahu, presionó sistemáticamente a todos los presidentes estadounidenses para que atacasen Irán y desmantelaran su programa nuclear. La mayor decepción para Netanyahu y las monarquías del golfo Pérsico la produjo el presidente Barack Obama cuando promovió negociaciones con Irán que llevaron en 2015 a un acuerdo para preservar su programa nuclear civil, eliminando la parte militar de este, y ponerlo bajo supervisión internacional a cambio de que se levantaran las sanciones que pesaban sobre el país.

En su primera presidencia, Trump echó por tierra el acuerdo y reimpuso sanciones a Irán, para satisfacción de Israel y Arabia Saudí, sus dos adversarios regionales. Esto dio lugar en gran medida a la crisis actual. Irán retomó el programa nuclear militar al tiempo que pasó a desconfiar profundamente de la diplomacia estadounidense, que negociaba algo con un presidente y lo desmantelaba con el siguiente.

La distancia entre Teherán y Caracas

Aunque no lo mencionó al anunciar el ataque (sí lo recordó en el discurso del Estado de la Unión el 24 de febrero), la acción contra Teherán se apoyó en la comparación con la exitosa operación realizada por EEUU en Venezuela donde, a la vez, fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro, no hubo bajas estadounidenses, y en vez de derrocar al régimen chavista se cambió su orientación.

Las diferencias con Venezuela, sin embargo, son grandes. Como explica el New York Times, Irán tiene misiles de alcance medio para golpear bases estadounidenses en la región e impactar sobre buques mercantes en el Estrecho de Ormuz. De este modo, puede internacionalizar el conflicto desde el inicio del mismo. Algo que Venezuela no ha podido hacer.   

Respecto de la estructura política, la iraní es mucho más compleja que la venezolana, donde en las últimas décadas se ha concentrado en el presidente Maduro, un limitado número de ministros y la cúpula militar.

Irán, en cambio, es una teocracia islámica. El Líder Supremo Ali Jamenei, quien fue asesinado en el curso de los ataques de ayer, era la máxima autoridad política y religiosa y jefe de Estado. Si bien el ayatolá controla las fuerzas armadas (estructurada entre el Ejército Nacional y la Guardia Revolucionaria), la política exterior, el poder judicial y los medios de comunicación, su poder está equilibrado por el Consejo de Guardianes (seis clérigos elegidos por el líder y seis por el Parlamento), una asamblea de expertos, el Parlamento, el poder Ejecutivo y el Legislativo y el presidente del Gobierno.

Los iraníes han reforzado su sistema de defensa durante el último año. Han llevado a cabo una descentralización de los centros de mando y control para crear un sistema que, según, Andreas Krieg, del King´s College, opera como “un grupo insurgente en vez de un gobierno normal”. Cuánto de eficaces son estas medidas se comprobará si se produce una transmisión de poder que permita al régimen mantener el control del Estado. Si los ataques de EEUU e Israel desestructuran el país, quizá se fracturan las fuerzas de seguridad del Estado, y entonces podría generarse una guerra civil. Washington tendría que decidir entonces si interviene con efectivos en el terreno.

Por otra parte, aunque Israel tiene un sofisticado sistema de intercepción de misiles, un lanzamiento masivo de estos por parte de Teherán puede alcanzar ciudades de ese país —de hecho han impactado varios de sus misiles en territorio israelí, matando a varias personas y generando decenas de heridos—. Un riesgo muy grave es que Irán muestre una capacidad de respuesta superior, inclusive mientras pierde la guerra, a la que esperan Israel y Estados Unidos, y se produzca una escalada, al final de la cual uno de estos dos países, liderados por fanáticos, usen armas nucleares.

Cambios geopolíticos en Oriente Medio

La ofensiva presente confirma la alianza de EEUU con Israel en el marco de cambios muy fuertes en la región y en la política exterior de Washington. A partir del ataque de Hamás a Israel en octubre de 2022, Israel lanzó una campaña militar, apoyada por el Gobierno de Joe Biden, pese a algunas divergencias, para convertirse en la mayor potencia militar económica, tecnológica y comercial de Oriente Medio, lo que vino acompañado de alianzas con las monarquías del Golfo y Marruecos. Antes de terminar su primera presidencia, Trump impulsó los Acuerdos de Abraham, que vincularon a Israel con una serie de países árabes.

Pero Irán era un obstáculo para ese plan, en el que la familia Trump y sus aliados empresariales, especialmente grandes empresas de Silicon Valley y productores de armas, tienen grandes expectativas. Jared Kushner, yerno de Trump, ha sido clave desde 2017 para construir ese proyecto con el príncipe saudí Mohammed bin Salmán y empresarios estadounidenses judíos como Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para las negociaciones sobre Gaza, Ucrania, e Irán.

Los ataques e intercambios de misiles entre Irán, Israel y Estados Unidos en 2025 fueron una antesala de la guerra que se libra ahora. Previamente, Washington mató a altos mandos militares y científicos nucleares iraníes y miembros de Hamás en Irán. Teherán, por su parte, trató de demostrar su disposición, a la vez, para ir a la guerra o negociar.

Construir la argumentación

Un problema para Trump y su gobierno es que una parte de la base social del movimiento Make America Great Again (MAGA) no quiere que soldados estadounidenses participen en “guerras sin fin”.  Trump prometió en la campaña electoral que no implicaría a su país en esos conflictos armados, como hicieron —otro factor del pasado— presidentes anteriores. La explicación de la Casa Blanca para atacar a Irán tiene en cuenta este factor.

Trump ha justificado el ataque de varias formas. La primera alega que se está defendiendo la seguridad nacional de EEUU. Irán, según dijo, ha retomado la fabricación de armas nucleares y puede tenerlas en “pocos días”. Ha aducido asimismo que Teherán tiene misiles balísticos con capacidad para impactar sobre el territorio estadounidense. Informes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, de centros de análisis, y del servicio de inteligencia de Estados Unidos lo desmienten.

Una vez definido Irán como un enemigo agresivo para la seguridad de los estadounidenses, el mensaje siguiente, compartido con Netanyahu, es alentar a los iraníes a cambiar el régimen

La segunda justificación es cambiar el régimen político en Irán. Su crítica durante años a intervenciones militares de administraciones anteriores fue que cambiar regímenes era una ilusión, y así lo explica la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. Su gobierno no piensa participar en cambios de regímenes ni en reformar sociedades, afirma. Pero si un gobierno se convierte en adversario de Washington, lanzar una guerra resultaría apropiado.

Una vez definido como un enemigo agresivo para la seguridad de los estadounidenses, el mensaje siguiente, compartido con Netanyahu, es alentar a los iraníes a cambiar el régimen. No serían tropas de EEUU las que invadirían Bagdad, como lo hicieron en 2003 para derrocar a Sadam Husein en Irak, sino los mismos ciudadanos de Irán que se han manifestado regularmente sufriendo dura represión ayudados por Washington.  

Este escenario no es, sin embargo, sencillo. Como señaló a CNN el general David Petraeus (que comandó la intervención de Estados Unidos en Irak entre 2007 y 2008), no hay indicios de que la oposición tenga la suficiente organización como para sustituir a un régimen cohesionado como el iraní. Por otra parte, aunque Reza Ciro Pahlavi, hijo del Sha, se presenta como líder del movimiento de protesta en las calles iraníes, no hay ninguna certeza de que tenga ni fuerza ni capacidad para liderar un cambio político.

La Administración Trump ha publicado su nueva Estrategia de Defensa Nacional (EDN), que enlaza con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre pasado. Los dos documentos usan un lenguaje amenazador hacia América Latina, Europa e Irán, y tratan con amabilidad a Rusia y China. En ambas estrategias se exalta la figura del presidente Donald Trump (que, dice el documento, conducirá a Estados Unidos a una “época dorada”), se insulta a Administraciones anteriores y se disminuye el papel de los (por el momento) aliados.

Según la EDN, publicada el 23 de enero, los gobiernos que le antecedieron se dedicaron a tratar de “construir naciones” (nation-building) en Estados en crisis, a levantar “castillos en las nubes” como defender un “orden internacional basado en reglas”, y a descuidar la modernización de las fuerzas armadas. El secretario de Guerra, Peter Hegseth, bajo el liderazgo de Trump, piensa “restaurar el espíritu guerrero” para el America first.

Los cuatro campos en los que se desarrollará la estrategia son: seguridad interior y hemisférica; disuadir a China en la región Indo-Pacífica a través de la fuerza, pero sin confrontación; lograr que aliados y socios incrementen su participación en sostener la defensa común; e incrementar la base industrial de la defensa estadounidense.

La forma de estructurar la estrategia es confusa y limitada, mezclando regiones (algunas), países (pocos) y objetivos (repetitivos). Así, se ocupa solamente de la defensa de Estados Unidos (homeland security) y el hemisferio (con prioridad hacia América Latina) en relación con China, Rusia, Irán y Corea del Norte. En todos los casos la prioridad es que los aliados europeos y asiáticos se hagan cargo de su propia defensa.

Como ocurre con la Estrategia de Seguridad Nacional, no hay análisis políticos ni militares de ningún país; Europa y Rusia son tratadas en pocos párrafos; Asia parece ser solo China y Corea del Norte, no menciona a Taiwán ni a Japón, como tampoco Australia y Nueva Zelanda. Y África aparece de pronto fuera de contexto (siete líneas).

Control férreo sobre el hemisferio

La sección sobre el contexto regional comienza con una exótica nota de color: una ilustración de un mapa antiguo de la actual América Latina, con dibujos de indígenas, un saurio gigante y decenas de carabelas. Esta curiosa aportación gráfica se entiende al ver un recuadro dedicado a la Doctrina Monroe (cuando, en 1823, el Gobierno de Estados Unidos indicó a las expotencias europeas que no intervinieran en sus antiguas colonias) y la necesidad de aplicarla en la actualidad.

Sobre la seguridad interna de Estados Unidos, la estrategia indica que durante décadas se ha descuidado, promoviendo la inmigración y evitando adoptar las medidas necesarias para protegerse del tráfico de drogas –que vincula incorrectamente con la inmigración–. Además, indica que “enemigos del país” han tomado posiciones en el Ártico, Groenlandia, el golfo de América (nueva designación de la Casa Blanca para el golfo de México) y el Canal de Panamá.

El tono conciliador con China es reflejo de la visión de un mundo de poderes múltiples de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio (y los gobiernos de China y Rusia), en el que Estados Unidos y estas dos potencias controlan sus zonas de influencia al tiempo que compiten

El plan para “el hemisferio” es garantizar “el acceso militar y comercial de Estados Unidos” hacia los arriba mencionados terrenos estratégicos. Se desarrollarán “opciones militares creíbles para utilizar contra los narcoterroristas dondequiera que se encuentren”. Se colaborará con “Canadá y nuestros socios en América Central y del Sur”. Pero estos deberán respetar y cumplir “con su parte para defender nuestros intereses comunes”.

Cuando no lo hagan, dice que Washington estará preparada “para tomar medidas específicas y decisivas que promuevan concretamente los intereses de Estados Unidos” –como la intervención en Venezuela el 3 de enero pasado–. Este “es el corolario de Trump a la Doctrina Monroe, y el Ejército estadounidense está preparado para aplicarlo con rapidez, poder y precisión”. En esta dirección, la Administración Trump está presionando fuertemente al Gobierno mexicano para que corte los envíos de petróleo a Cuba y le amenaza con intervenciones militares en su territorio contra el narcotráfico.

Convivencia con China, sin problemas con Rusia

Al referirse a China el tono cambia: ante el poder económico, comercial y militar de este país, promete que serán “fuertes, pero no innecesariamente conflictivos”. La cuestión es que los aliados cooperen y paguen: sus contribuciones “serán vitales para disuadir y equilibrar a China”. Con este país se mantendrá “un equilibrio favorable de poder militar en el Indopacífico. El propósito no es dominar, humillar o estrangular a China”.

La referencia concreta en el campo de la seguridad es “erigir una sólida defensa de negación (a China) a lo largo de la primera cadena de islas”. Esta es la zona del Indopacífico que se extiende desde Japón, pasando por Taiwán y Filipinas, hasta Borneo y la península malaya. “Nuestro objetivo es (...) garantizar que ni China ni nadie más pueda dominarnos a nosotros ni a nuestros aliados. Esto no requiere un cambio de régimen ni ninguna otra lucha existencial. (…) es posible una paz decente, en términos favorables para los estadounidenses, pero que China también pueda aceptar”.

Este tono conciliador que choca con el agresivo hacia “el hemisferio” y las actuales ofensivas diarias hacia Europa es reflejo de la visión de un mundo de poderes múltiples de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio (y los gobiernos de China y Rusia), en el que Estados Unidos y estas dos potencias controlan sus zonas de influencia al tiempo que compiten, pero buscan el balance de fuerzas para no entrar en guerra. En esta línea, Trump indicó al primer ministro británico, Keir Starmer, la semana pasada que desaprueba los nuevos acuerdos que Reino Unido planea alcanzar con China.

Como muchas políticas que lanza la Administración Trump, hay una distancia entre la simplificación autoritaria y las realidades complejas

Desde esta perspectiva, la EDN trata a Rusia y Europa como una sola cuestión. El primer país tiene intereses en su zona de influencia exsoviética y la segunda tendrá que reforzar su defensa y depender menos de Estados Unidos, porque problemas como la guerra de Ucrania “son menos graves” para Washington, “pero más para ellos, con un apoyo crítico, aunque más limitado, de Estados Unidos”. En la estrategia, Rusia, pese a sus armas nucleares y su discurso agresivo hacia Occidente, no parece ser un problema.

Que Washington exija más esfuerzo en defensa de sus aliados no quiere decir que disminuya su inversión en este campo. Este país tiene el mayor gasto y potencia militar del mundo (997.000 millones de dólares en 2025). Pese a ello, la Administración Trump propone “potenciar” más la industria de defensa, “adoptando nuevos avances tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA); y eliminando políticas, prácticas, regulaciones y otros obstáculos obsoletos”. “Aprovecharemos simultáneamente la producción de nuestros aliados y socios no solo para satisfacer nuestras propias necesidades, sino también para incentivarlos a aumentar el gasto en defensa y ayudarlos a desplegar fuerzas adicionales lo más rápido posible”, añade.

Ofensiva contra Irán

En su falta de coherencia, los autores de la estrategia parecen guiarse por la inmediatez. No tiene, por ejemplo, una sección sobre Oriente Medio (en total 15 líneas). No existe la cuestión palestina, como tampoco Líbano, Turquía, Irak o Siria. Parece que esta región nunca hubiese sido importante para la política de seguridad de Washington. Pero dedica, en cambio, toda su atención a Irán.

Dice que la capacidad nuclear iraní quedó “borrada” por los ataques de Washington en junio pasado. Pero como Teherán estaría tratando de volver a tener capacidad militar nuclear, se “empoderará a los aliados y socios regionales para que asuman la responsabilidad principal de disuadir y defenderse de Irán y sus representantes” del “eje de la resistencia” (Hamás, Hizbulá y los hutíes en Yemen).

También, se apoyará la cooperación entre Israel y los países del golfo Pérsico en el marco de los Acuerdos de Abraham, firmados por Israel y varios países árabes durante la primera presidencia de Trump.

La EDN ve a Israel como “el aliado modelo” y agrega: “Ahora tenemos la oportunidad de empoderarlo aún más para que se defienda y promueva nuestros intereses comunes”. De hecho, a partir de la guerra de Gaza, Israel ha extendido su ofensiva a Líbano, Siria, e Irán, convirtiéndose en la primera potencia militar (con armas nucleares) de Oriente Medio.

Esta perspectiva preocupa a las monarquías del Golfo y a Turquía, y la posibilidad de que un ataque de Estados Unidos a Irán desestabilice a Oriente Medio. Trump le exige en este momento al Gobierno iraní que frene el enriquecimiento de uranio que podría permitirle fabricar armas nucleares; que limite la capacidad de sus misiles de alcance intermedio para que no alcancen a Israel; y que deje de apoyar al “eje de la resistencia”.

Significativamente, Arabia Saudí ha indicado que no permitirá que se use su territorio y espacio aéreo para atacar a Irán. Israel, por su parte, se mantiene en silencio, pero aguardando a que Trump lance un ataque que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha promovido durante décadas.

El texto, en definitiva, pretende ser un marco conceptual, sin lograrlo, para el secuestro del presidente venezolano en enero de 2026, la ofensiva sobre Groenlandia, y el despliegue actual de fuerzas contra Irán.

Como muchas políticas que lanza la Administración Trump, hay una distancia entre la simplificación autoritaria y las realidades complejas. Posiblemente, no podrá llevar a cabo muchas cosas que plantea la estrategia, pero las posibilidades de generar caos y violencia son muy altas.

El 12 de enero, el congresista por Florida Randy Fine presentó la Ley de Anexión y Estado de Groenlandia, “centrada en garantizar los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos en el Ártico y contrarrestar las crecientes amenazas que plantean China y Rusia”. “Quien controle Groenlandia controlará las rutas marítimas clave del Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos”, declaró Fine, que previamente ha sido ejecutivo de casinos. “Estados Unidos no puede dejar ese futuro en manos de regímenes que desprecian nuestros valores y tratan de socavar nuestra seguridad”.

En el último año Donald Trump y miembros de su gobierno han intensificado la ofensiva sobre Groenlandia. Este no es un estado independiente, sino parte del Reino de Dinamarca. Desde su capital, Nuuk, se gestionan los asuntos internos, pero Dinamarca conserva la responsabilidad formal de la política exterior, la defensa y la seguridad, en coordinación con el Gobierno de Groenlandia.

La semana pasada Trump declaró al New York Times que las medidas que le ofrece el Gobierno de Copenhague para calmar la situación –como desplegar más tropas de Estados Unidos y la OTAN y aumentar el número de bases militares de Washington en ese territorio (tiene una en Pittufik, en el norte de la isla) no son suficientes. De hecho, este miércoles ha asegurado que cualquier cosa que no sea el control completo de la isla es “inaceptable”.

En 1948 la Administración del presidente Harry Truman quiso comprar la isla, pero Dinamarca se negó. Pero en 1951 los dos países firmaron un acuerdo según el cual Estados Unidos puede aumentar el número de sus bases y efectivos militares en Groenlandia y “controlar aterrizajes, despegues, fondeaderos, amarres, movimientos y operaciones de barcos, aviones y embarcaciones”. Pero nada alcanza.

“La propiedad es muy importante”, dijo Trump a los periodistas del Times. “Es lo que psicológicamente se necesita para tener éxito. La propiedad te da algo que no puedes conseguir con un contrato de arrendamiento o un tratado. La propiedad te da cosas y elementos que no puedes obtener con solo firmar un documento”.

En la misma entrevista le preguntaron si existen límites a sus poderes globales. Trump respondió: “Sí, mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. “No necesito el derecho internacional”.

Junto con dejar de lado el Derecho Internacional, Trump ha recuperado de la historia imperial de su país la Doctrina Monroe (que data de dos siglos atrás) y el concepto de “control hemisférico”. En el pasado, Estados Unidos ejercía la hegemonía sobre América Latina, pero ahora “el hemisferio” a controlar arranca en Groenlandia y llega hasta el Atlántico Sur. (Como respuesta a esta ofensiva geopolítica, la semana pasada China, Sudáfrica Rusia e Irán hicieron maniobras navales conjuntas en aguas sudafricanas).

Dos pájaros de un tiro

Sin duda, el control de rutas navales alrededor de Groenlandia y el Polo Norte es un interés estratégico de Washington, y de Europa, al igual que acceder en el futuro a minerales (tierras raras) que yacen bajo las capas de hielo de la isla, pero eso no justifica apoderarse de un territorio que, bajo la forma de semiautonomía, es parte de la soberanía de Dinamarca, un fiel aliado de la OTAN.

Cécile Pelaudeix, especialista en el Ártico, escribe en Le Monde que las amenazas híbridas de Rusia generan preocupación y que la cooperación chino-rusa se está desarrollando en el Ártico a lo largo de la Ruta del Mar del Norte. “Pero la Administración Trump quiere ignorar que en 2025 Dinamarca ha incrementado la defensa territorial de Groenlandia con un importe total de dos planes de financiación de casi 6.000 millones de euros”.

De hecho, el empeño respecto a Groenlandia de Trump, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, así como Stephen Miller, poderoso asesor del presidente, van, paralelamente a esos intereses, en otra dirección.

Primero, si Estados Unidos se apodera de la isl, mediante la coacción o la ocupación progresiva, creará una crisis que, según la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, será un golpe mortal para la OTAN. Desde que se firmó el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN se creó para contener un posible ataque de la antigua URSS, luego para realizar operaciones extraeuropeas (por ejemplo, en Afganistán y Libia), y más recientemente para disuadir a Rusia de agredir a Europa.

Lo que nunca se previó fue que el aliado más poderoso y hegemónico durante siete décadas pudiese violar la soberanía de otro aliado. Esto abre puertas abismales, especialmente porque Trump ha expresado también la necesidad de que Canadá se integre como el estado 51 de Estados Unidos.

Segundo, Trump y Vance no ocultan su odio hacia Europa. Aborrecen la democracia europea, y apoyan explícitamente a los “patriotas” de las ultraderechas del continente. Consideran que, según la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en noviembre, Europa está siendo invadida por la migración, y que precisa la ayuda de Washington para salvarse.

Trump y los multimillonarios de las empresas digitales estadounidenses comparten el odio hacia las regulaciones de la Unión Europea. El supuesto declive económico europeo que señalan en la Estrategia se debe “en parte a las regulaciones nacionales y transnacionales que socavan la creatividad y el trabajo”. Ese declive obedece también, se afirma, a “la desaparición de la civilización”.

Entre las razones de esta crisis civilizatoria europea “se encuentran las actividades de la UE y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política, el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismas”.

Pese a estas dos amenazas explícitas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no ha convocado a los miembros de la alianza para tomar posiciones hacia la potencial agresión. Al contrario, Rutte, quien llama a Trump “papito” (daddy), está eludiendo el tema y el 12 de enero, como si fuese el secretario general de alguna otra organización, declaró que “todo va bien”, y que la OTAN “avanza en la dirección correcta”.

El Financial Times tituló el 11 de enero que “El silencio de la OTAN ante las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia inquieta a los aliados europeos”. Curiosamente, ha sido la primera ministra Giorgia Meloni una de las voces más claras en que la OTAN debe reunirse y discutir el tema. Los mandatarios de Alemania, Dinamarca y Groenlandia, España, Francia y Polonia emitieron un comunicado el 6 de enero en el que señalaban que “Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre los asuntos que afectan a Dinamarca y Groenlandia”.

En abril de 2025, antes de la ofensiva visita del vicepresidente Vance a Groenlandia, Ulrik Pram Gad, del Danish Institute of International Affairs, escribió que la UE debía acelerar su presencia y acuerdos con Groenlandia como forma de contrarrestar la ofensiva de Washington. “La Comisión Europea debe reforzar su representación en Nuuk con el fin de acelerar la cooperación con el Gobierno de Groenlandia en materia de comercio, inversión y desarrollo de recursos humanos”, planteó.

Vance y Rubio se entrevistaron el 14 de enero en Washington con los ministros de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt sin llegar a ningún acuerdo.

Con motivo de esa entrevista, Dinamarca anunció un reforzamiento en la defensa de Groelandia al tiempo que Suecia anunció que mandará tropas a la isla. Alemania, por su parte, envía una misión militar de 13 miembros para explorar un posible despliegue mayor.

Las opciones

La cuestión de Groenlandia ha pasado de no ser tomada en serio a convertirse en un peligro inminente. Ahora la pregunta que recorre Europa no es si Trump tomará ese territorio, sino cómo lo hará. En principio hay tres escenarios.

Una es comprar Groenlandia, algo descartado por los gobiernos de la isla y Dinamarca.

Otra es la invasión. Estados Unidos aprovecha su superioridad y las bases militares que tiene en Groenlandia para desplegar una operación rápida de “hechos consumados” aprendiendo de Israel y su política en Palestina.

La tercera opción es promover la independencia, que una parte de la población de Groenlandia desea, pero bajo la tutela de Estados Unidos. Según la Administración Trump, si la isla se declara independiente, podría ser tomada por Rusia o China. Por lo tanto, el plan sería, como ha declarado al Financial Times Alexander Gray, director del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, que Estados Unidos proporcione “un paraguas de seguridad” y asociación como el Pacto de Libre Asociación que tienen las islas de Palau, Marshall de Norte y Micronesia.

Sería un acuerdo de libre asociación. Estados Unidos tendría acceso militar exclusivo a cambio de pagos financieros. Washington, además, presionaría para que Groenlandia pasara a formar parte del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Desde ahí, la anexión sería cuestión de tiempo.

En los gobiernos europeos se quiere evitar a toda costa la ruptura de la OTAN y se está explorando ofrecer a Washington un aumento de la inversión en la defensa de Groenlandia y libre acceso a Estados Unidos para la futura explotación de minerales. Esperan que esto sirva para que Trump pueda declarar que con su presión ha logrado que los europeos defiendan la zona ártica.

Una situación grave ocurriría si los otros miembros de la OTAN, o una parte sustancial de ellos, presionan a Dinamarca para aceptar la libre asociación con el fin de evitar la ruptura de la organización.

¿Un camino posible?

Foreign Affairs publicó esta semana un artículo de política ficción de Jeremy Shapiro, director de investigación del European Council on Foreign Relations (ECFR) en el que describe cómo la Administración Trump podría utilizar en Groenlandia inversiones, contratistas privados y ONG para proyectos de desarrollo, acuerdos culturales con la población local, becas y financiación para periodistas locales. Así mismo, expandiría sus actividades militares bajo el acuerdo de 1951. Todas estas medidas estarían orientadas a promover la ruptura del gobierno y una creciente mayoría de los 57.000 habitantes de la isla con el de Dinamarca.

Al cabo de unos pocos años, y dejados de lado el Derecho Internacional y las normas entre estados, “Dinamarca impugnaría las medidas de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, pero el caso quedaría estancado en un limbo procesal (…). Las opiniones de los groenlandeses seguirían divididas: algunas élites acogerían con satisfacción las inversiones estadounidenses, pero la mayoría de los residentes advertirían sobre la degradación medioambiental y la desaparición cultural que se avecinaría. Nada de eso importaría”.

“Los contratistas estadounidenses continuarían prestando servicios. Washington concluiría su acuerdo de asociación con Nuuk, asumiría la plena autoridad sobre los asuntos de defensa y seguridad de Groenlandia y afirmaría que la isla representa una 'zona económica especial' de Estados Unidos. Trump declararía la victoria”.

La operación en la que ha sido capturado el presidente Nicolás Maduro y su esposa responde a una serie de características de la política interior y exterior de la actual Administración de Donald Trump.  

Dentro de la agenda de política interior de Trump la migración está en primera línea. Su Administración está deportando a cientos de miles de ciudadanos, especialmente latinos, tanto indocumentados como con residencia o en trámite de tenerla. Y su interés es que gobiernos de América Latina obstruyan la salida de más migrantes hacia Estados Unidos y acepten a los deportados desde este país.

Un segundo factor es que los ideólogos del movimiento Make America Great Again (MAGA), como Steve Bannon, quieren extenderlo alrededor del mundo, con especial interés en América Latina y Europa. Las alianzas con gobiernos como el de Javier Milei en Argentina son, por lo tanto, estratégicas.

La tercera cuestión desde la perspectiva doméstica es que gran parte de la base social y electoral de Trump rechaza que el país participe en “guerras sin fin”. Después de que tres generaciones de personas pobres perdieron la vida o volvieron heridos de Vietnam, Irak y Afganistán, hay un fuerte rechazo a que Estados Unidos se implique en nuevas guerras. Inclusive por defender a Israel –algo que hasta hace poco era un artículo de fe, ahora una gran parte de la sociedad estadounidense considera que pueden ser un aliado, pero que ese país no les arrastre a guerras suyas en Oriente Medio–.

Como en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán, el problema de Estados Unidos es no tener una política para el día de después. Trump dijo en su rueda de prensa que Washington controlará el país mientras se desarrolla una transición. Fácil de decir, pero complicado de hacer

La cuarta cuestión es la droga. Estados Unidos es un gran consumidor de droga proveniente de México, Colombia, Ecuador, y Perú. Desde los años 70, Washington lanzó la guerra contra la droga, siempre centrada en formas de acabar con la producción o interceptarla, pero nunca tratada como una cuestión de salud pública y de crimen organizado en Estados Unidos. 

Trump ha vuelto sobre este tema, socialmente doloroso y popular, señalando al Gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro como líder del “Cártel de los Soles”, un supuesto grupo criminal que estaría introduciendo masivamente fentanilo en Estados Unidos. Pero ni ese cartel existe como una organización criminal de peso, ni Venezuela es productor ni intermediario de ese producto.  

Esto coincide con que Maduro y su esposa han sido, según ha informado la fiscal general Pat Bondi, acusados de una serie de cargos asociados con el “narcoterrorismo” y con amenazas a la seguridad de ciudadanos estadounidenses. Esto último trata de hacer coincidir la acusación con el hecho de que, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el presidente puede usar la fuerza para proteger a ciudadanos propios que estén en “peligro inminente”.

Controlar el hemisferio

Desde la perspectiva de política exterior, la Administración Trump pretende imponer un total control sobre el denominado hemisferio occidental. De ahí sus amenazas de apoderarse de Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional, anexionar Canadá y tener alianzas con gobiernos afines y acceso a recursos minerales y energéticos claves para el desarrollo de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, que no se impongan restricciones a las operaciones de las grandes compañías digitales (como ha ocurrido en Brasil con los satélites de comunicación de Elon Musk).

Se trata de volver a la teoría y práctica de la 'Competencia entre Grandes Potencias', según la cual se dividen el mundo bajo sus influencias. En esa división, Estados Unidos quiere volver a ser la potencia líder que una vez fue en América Latina

Como muestra la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSE, en sus siglas en inglés), Estados Unidos está dispuesto a mantener unas relaciones cordiales con China, compitiendo por mercados, recursos y alcances tecnológicos, pero evitando potenciales choques armados. Se trata de volver a la teoría y práctica de la 'Competencia entre Grandes Potencias', según la cual se dividen el mundo bajo sus influencias. En esa división, Estados Unidos quiere volver a ser la potencia líder que una vez fue en América Latina.  

El control de las inmensas reservas de petróleo de Venezuela y de las rutas de su comercio en el Caribe y el canal de Panamá son también una razón para tener máxima influencia sobre este país, aunque petroleras de Estados Unidos operaban ya en Venezuela sin problemas, y hace pocos días Maduro ofreció a Washington el acceso al crudo y a las reservas minerales que quisiera. Tener absoluto control le da respiro a Estados Unidos en caso de que haya una guerra o conflictos que restrinjan el acceso al petróleo en Oriente Medio.

Perspectivas

Como en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán, el problema de Estados Unidos es no tener una política para el día de después. Trump dijo en su rueda de prensa que Washington controlará el país mientras se desarrolla una transición. Fácil de decir, pero complicado de hacer. Mientras María Corina Machado anuncia que en breve comienza la transición, no está claro si el Ejército de Venezuela se rinde, se divide o decide resistir (con la dificultad de hacerlo contra un ataque con misiles, drones y fuerza aérea a distancia). Trump, además, la deslegitimó en la rueda de prensa diciendo que “no es respetada” por mucha gente en su país.

Tampoco se sabe si el gobierno de Caracas decidirá continuar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros miembros del gabinete como el super ministro Diosdado Cabello, peso pesado del chavismo. En ese caso se le presenta a Trump la disyuntiva de proseguir los bombardeos hasta que el Gobierno eventualmente se rinda, intervenir con tropas o volver a abrir un período de espera agudizando el bloqueo.

En cualquiera de los tres escenarios, la idea de que Estados Unidos controlará el país durante un período puede ser con facilidad la puerta de entrada a un conflicto violento de envergadura. Además del Ejército, la presencia de grupos paramilitares del chavismo, guerrillas de Colombia y organizaciones criminales operando en diversas partes de un inmenso y difícil territorio no facilitarían una transición de poder entre Estados Unidos y la oposición venezolana.

Es prematuro indicar si el plan de paz de la Administración Trump para la guerra de Ucrania servirá de base para alcanzar un futuro acuerdo entre Moscú y Kiev; qué parte de las demandas de cada lado serán incluidas; si habrá “garantías de seguridad” europeas y de Estados Unidos; y si lo que se acuerde puede considerarse el principio de una paz duradera.

Previsiblemente, el acuerdo se basaría en un alto el fuego permanente, y que Ucrania pierda de facto, quizá no legalmente, una parte del este de su territorio y la península de Crimea. Asimismo, que Kiev cancele la solicitud de acceso a la OTAN; que Rusia acceda a que sea miembro de la Unión Europea (UE); se pacte un máximo número de tropas propias que Ucrania pueda tener; y que no se instalen en su territorio armas consideradas ofensivas por parte de Rusia en el marco de una declaración de neutralidad recogida en la Constitución ucraniana.

Anatol Lieven, del Quincy Institute (Washington DC), señala que un acuerdo que deje a tres cuartas partes de Ucrania independientes y con un camino hacia la adhesión a la UE sería, de hecho, una victoria, aunque sea con matices, para Ucrania. Pero sin unas consistentes garantías de seguridad, esos matices se convierten en fragilidad.

Otras cuestiones son difíciles de asumir para una u otra parte. Primero, la exigencia ucraniana de que Rusia compense económicamente a Kiev por los daños ocasionados a sus infraestructuras y personas. Segundo, que Ucrania acepte el punto 26 del plan de Trump que exige una “amnistía total” para las acciones de “todas las partes implicadas en este conflicto”, equiparando al invasor con el invadido. Ambas partes deberían comprometerse a “no presentar ninguna reclamación ni considerar ninguna queja en el futuro”.

Tercero, y fundamental, esas garantías de seguridad que piden los gobiernos de Ucrania y Europa. Rusia se opone a que se desplieguen tropas en ese país, como propusieron hace unos meses varios gobiernos europeos. También es difícil que Londres, Berlín y otras capitales logren apoyo de sus sociedades a menos que sea una misión de paz (quizá de la ONU) simbólicamente disuasoria de un eventual ataque ruso, pero con un mandato que les impida entrar en un combate.

Por parte de Estados Unidos, pese a las súplicas europeas, Trump no está dispuesto a desplegar fuerzas en Ucrania ni a comprometerse a nada que penalice o le enfrente a Moscú. En su plan, las garantías de seguridad se transforman en un compromiso de que Ucrania no será una plataforma de la OTAN en la frontera con Rusia.

Una no-negociación

Después de la reunión el 2 de diciembre de los enviados de Trump en Moscú, la supuesta negociación es absurda porque ni Ucrania, el país invadido, ni Europa, el marco de referencia geopolítico y principal apoyo en armas a Kiev, ni Naciones Unidas, participan en los diálogos. Es una falsa negociación en la que Estados Unidos y Rusia están de acuerdo en el resultado final –que Ucrania ceda la parte oriental de su territorio y olvide ser miembro de la OTAN. Entre tanto, Putin hace como que regatea y Trump juega a que le presiona. Pero ambos coinciden en someter a Ucrania y debilitar todavía más la posición europea.

En efecto, en estas conversaciones, Europa ha quedado totalmente desplazada por la Administración Trump, que primero la castigó con aranceles, luego le impuso venderle armas si Bruselas quería seguir apoyando a Ucrania y que aumente su gasto en defensa, y ahora la condena, junto con la ONU, a la marginalidad en el orden global.

El coste de la guerra

Si un acuerdo como este o similar se concreta, resulta inevitable preguntarse si ha tenido sentido tanta destrucción, muerte y heridos para llegar casi al mismo escenario que si se hubiese negociado en 2022 o, al menos, se hubiese puesto más esfuerzo en ello. Según los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas ucranianas han recuperado más del 50% del territorio que las fuerzas rusas habían ocupado desde 2022. Pero Moscú está llevando a cabo una poderosa ofensiva.

Un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington D.C., calculó en junio pasado que las bajas militares rusas eran entonces de 250.000 y el total de víctimas, incluidos los heridos, más de 950.000. Ucrania, por su parte, habría sufrido entre 60 000 y 100.000 efectivos muertos y un total de 400.000 heridos. Los datos reales, sin embargo, se desconocen por la falta de transparencia de ambas partes.

Respecto al coste, según el Ukraine Support Tracker de la Universidad de Kiel, Kiev ha recibido 267.000 millones de euros en ayudas desde 2022. La mitad de esta cantidad se ha destinado a armas y asistencia militar, con 118.000 millones de euros en ayuda financiera y 19.000 millones de euros en ayuda humanitaria. Los países europeos han contribuido más que EEUU: 62.000 millones de euros en armas y 70.000 millones de euros en otras ayudas procedentes de Europa, frente a los 64.000 millones de euros en armas y 50.000 millones de euros en otras ayudas procedentes de Estados Unidos.

La guerra es una sangría económica para Ucrania y Rusia, pero también ha deteriorado la economía europea, y ha generado un clima de legitimidad para el aumento del gasto en defensa. Proyectando la narrativa de que con Rusia no se puede negociar, Europa se arma sin que haya un debate público sobre cómo relacionarse en el futuro con un vecino gigante, autoritario y con tendencias mesiánicas, rico en recursos minerales y con armas nucleares.

Ucrania en primera línea

Todo esto es coherente con la respuesta táctica e hipócrita de Estados Unidos y Europa a la invasión rusa de 2022. Táctica porque los aliados occidentales se limitaron a enviar armas sin una estrategia de negociación (excepto las iniciativas de Francia e Italia que fueron despreciadas por Washington, Moscú y Kiev) y sin considerar que si las sociedades estadounidenses y europeas se cansaban de financiar la guerra, podría haber un retraimiento del apoyo. Tampoco se calculó que después de Joe Biden, Trump podría regresar a la Casa Blanca.

Hipócrita porque al alertar y agitar del peligro de una Rusia expansionista, especialmente hacia Europa, entonces, la guerra no era una cuestión de solidaridad con Ucrania, sino de enfrentar un riesgo colectivo existencial y parar a Rusia en esa primera línea. Si ese era (o es) el caso, entonces el debate público sobre las opciones a seguir tendría que haber sido otro: ¿acelerar el ingreso de Ucrania en la OTAN, como se hizo con Finlandia y Suecia? ¿Desplegar fuerzas europeas en ese país? En cambio, mandar armas a Kiev “por el tiempo que sea necesario” (como afirmaban la OTAN y los gobiernos), pero no enviar tropas europeas ha sido algo así como subcontratar a los ucranianos para que nos defiendan hasta el último hombre (y mujer).

Una prueba más de la hipocresía es el actual empeño desesperado de los gobiernos europeos de que haya una garantía de seguridad potente de Estados Unidos, con esa presencia europea testimonial en Ucrania. ¿Por qué no se propuso un despliegue realmente disuasorio en ese país a finales de 2021 y principios de 2022? La respuesta que dan los gobiernos es que no se podía proteger a un país que no era miembro de la OTAN. Sin embargo, fuerzas de más de 11 países miembros de la OTAN combatieron junto con las de Estados Unidos en Afganistán, un país que no es miembro de la Alianza Atlántica. Igualmente, fuerzas áreas de la OTAN atacaron Serbia en 1999 y Libia en 2011.

Negociaciones fracasadas

La razón de la cautela, sin duda importante, de Washington y Bruselas ha sido no “provocar” a Rusia y no implicarse en una guerra que podría escalar hasta el uso de armas nucleares. Pero, entonces, surge la pregunta práctica y moral: si no había voluntad de ir a una guerra que también era para defendernos a nosotros mismos, ¿no habría entonces que haber aconsejado al Gobierno ucraniano en 2022 que negociara, en vez de armarlo y alentarlo a seguir en una confrontación desigual contra Rusia?

Una investigación de los académicos Samuel Charap and Sergey Radchenko publicada en Foreign Affairs, describe, basándose en entrevistas con los actores y notas de los encuentros, las razones por las que fallaron las negociaciones directas entre Moscú y Kiev entre marzo y mayo de 2022. Con la mediación de Bielorrusia, Turquía e Israel, ambas partes estuvieron muy cerca de firmar un acuerdo, según se informó entonces.

Según el estudio, el proceso falló por varias razones. Primero, Ucrania exigía unas garantías de seguridad que comprometían a los aliados occidentales a eventualmente usar la fuerza para defenderla, algo que no estaban dispuestos a asumir. El comunicado de Estambul, explican los autores, “describía un marco multilateral que requeriría la voluntad occidental de entablar relaciones diplomáticas con Rusia y considerar una garantía de seguridad genuina para Ucrania”. “Ninguna de estas dos cosas era una prioridad para Estados Unidos y sus aliados en ese momento”, añaden. Además, “los rusos intentaron socavar este artículo crucial insistiendo en que tal acción solo se llevaría a cabo 'sobre la base de una decisión acordada por todos los Estados garantes', lo que otorgaba al probable invasor, Rusia, un derecho de veto”.

El entonces primer ministro británico, Boris Johnson, lideró la respuesta occidental indicando que llegar a un acuerdo sería “una victoria para Putin”. “La afirmación de que Occidente obligó a Ucrania a retirarse de las negociaciones con Rusia carece de fundamento. Da a entender que Kiev no tuvo voz ni voto en el asunto. Es cierto que las ofertas de apoyo de Occidente debieron de reforzar la determinación de Zelenski, y la falta de entusiasmo occidental parece haber frenado su interés por la diplomacia”, señalaban los autores. Además, el descubrimiento de las matanzas rusas en Irpín y Bucha “endurecieron” la opinión pública ucraniana.

Europa trata de moderar a un presidente incontrolable en Washington que representa los intereses de Rusia, que quiere repartirse el mundo con Rusia y China y que busca reabrirle la puerta a Moscú al mercado global para que la familia Trump haga negocios

Segundo, Zelenski consideró que, ante el fracaso ruso en conquistar Ucrania en pocos días y con suficiente ayuda militar occidental, podría ganar la guerra. Tercero, presionó a Moscú pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que expulsaran a Rusia y al mundo que le impusieran más sanciones. Cuarto, el plan era muy débil en cuestiones más inmediatas como el acceso humanitario. Y quinto, quizá Rusia simuló una negociación que, en realidad, no tenía interés en concretar, escriben los expertos.

Ahora el presidente de Ucrania corre de capital en capital del continente buscando apoyo de una Europa que, después de haber combatido a través de un tercero, carece de un plan que no sea responder al de Trump. Mientras, trata de moderar a un presidente incontrolable en Washington que representa los intereses de Rusia, que quiere repartirse el mundo con Rusia y China y que busca reabrirle la puerta a Moscú al mercado global para que la familia Trump haga negocios.

Desde el mes de agosto, la Administración Trump preparó el escenario para una ilegal y controvertida intervención en Venezuela que podría provocar el caos en el país y parte de la región. Estados Unidos lleva a cabo un masivo despliegue naval y aéreo en el Mar Caribe y lanza diferentes mensajes, incluyendo dudas, sobre una posible intervención. Entre tanto, el presidente ordena ataques mortales en las costas de Venezuela y Colombia contra pequeñas embarcaciones que supuestamente transportan drogas hacia Estados Unidos.

Este martes, ante la llegada a aguas latinoamericanas del portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, Nicolás Maduro ha anunciado una movilización extraordinaria.

La Casa Blanca afirma que libra un “conflicto armado no internacional” contra “combatientes ilegales”. O sea, contra los carteles de la droga a los que califica de “grupos armados no estatales” y “terroristas”. Así, equipara a organizaciones del crimen nacional e internacional con grupos terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico, y vincula la “guerra contra el terror” lanzada después del 11 de septiembre de 2001 con el narcotráfico. Diversos expertos indican que las acciones de Estados Unidos violan la Ley del Mar (que Washington nunca firmó, pero debe acatar), y la Carta de la ONU sobre el uso de la fuerza como autodefensa.

La guerra contra “el terror” de la Administración Bush violó el derecho y el régimen internacional sobre derechos Humanos, con detenciones extraterritoriales y torturas. Por su parte, la Administración Obama llevó a cabo numerosos ataques de dudosa legalidad contra supuestos terroristas en Yemen, Somalia y otros países con vehículos no tripulados (drones).

Lo doméstico es internacional

La operación de Trump tiene una fuerte conexión con la política doméstica en Estados Unidos. El presidente quiere demostrar que controla el flujo de fentanilo, una droga que causa estragos en el país norteamericano; que expulsa a venezolanos en el marco de las deportaciones de inmigrantes; y que ejerce el poder sobre el Caribe, zona clave en la expansión imperial estadounidense en los siglos XIX y XX. Los ideólogos de la operación son el poderoso subsecretario de Asuntos Políticos Stephen Miller y el secretario de Estado Marco Rubio.  

Pese a que Maduro ha ofrecido que las compañías estadounidenses entren a explotar los ricos recursos de Venezuela, y está aceptando deportados, Trump ha decidido lanzar su ofensiva. Las razones se deben a que sufre una fuerte caída de popularidad en las encuestas

Trump, Miller y Rubio construyen una narrativa según la cual, primero, el Gobierno venezolano habría enviado presos y enfermos de sus cárceles y hospitales psiquiátricos a Estados Unidos. Segundo, señalan sin pruebas al presidente Nicolás Maduro como líder del “Cártel de los Soles” que, según Phil Gunson, del International Crisis Group, no existe. Tercero, afirman que Venezuela produce y exporta fentanilo hacia Estados Unidos. 

Las tres afirmaciones son falsas, según expertos y medios de comunicación. La Oficina de las Naciones Unidas sobre el Crimen y el Delito (UNODC) no identifica a Venezuela como productor ni de cocaína ni de fentanilo. Una duda razonable en la región es qué pasaría si Estados Unidos decide actuar militarmente contra los países que efectivamente producen y desde los que se trafica cocaína y fentanilo, como Colombia y México.

Pese a que Maduro ha ofrecido que las compañías estadounidenses entren a explotar los ricos recursos de Venezuela y está aceptando deportados, Trump ha decidido lanzar su ofensiva. Las razones se deben a que el presidente de EEUU sufre una fuerte caída de popularidad en las encuestas. El Gobierno ha sufrido el mayor cierre de la administración de la historia de EEUU ante la falta de acuerdo por recortes sanitarios.

Según las encuestas del Washington Post/ABC News e Ipsos, el 45% de los ciudadanos responsabiliza a Trump del problema presupuestario, mientras que sólo el 33% a los demócratas. Igualmente, amplios sectores empresariales –incluyendo a la poderosa Cámara de Comercio— han apelado al Tribunal Supremo contra las arbitrarias políticas de tarifas arancelarias del Gobierno. 

El presidente quiere mostrar la 'primacía imperial' en el continente americano

Internacionalmente, las cosas tampoco van bien para el “presidente de la paz”, como se autodenomina Trump. Su plan para Gaza que resolvería una guerra de “3.000 años” (incorrecto), se ha quedado en un curioso alto el fuego respetado por Hamas, pero roto por Israel, con decenas de muertos diarios. Mientras tanto, la constitución de una administración y una fuerza de paz para Gaza no avanza.  

Tampoco hay pasos adelante en la guerra de Ucrania. Moscú continúa su ofensiva, la propuesta de una fuerza europea en ese país se diluye, y Estados Unidos se niega a entregarle misiles Tomahawk de alcance medio a Kiev mientras le presiona para que acepte perder parte de su territorio a cambio de paz.  

Escenarios de ataque

En este contexto, bombardear embarcaciones y realizar un despliegue militar gigantesco para amenazar al Gobierno de Maduro es económicamente costoso, pero políticamente barato. 

Trump prometió que no enviaría fuerzas a guerras “sin sentido”, como las de Irak y Afganistán, para contentar a parte de su base social que rechaza participar en ese tipo de intervenciones. Ideólogos del movimiento Make America Great Again critican enviar fuerzas y gastar recursos en esas guerras y en tratar de cambiar gobiernos por la fuerza.  

El presidente quiere mostrar la primacía imperial en el continente americano (recordemos que ha señalado que Canadá les pertenece). El despliegue militar, las amenazas a Caracas y la orden a la CIA de actuar contra Maduro son un espectáculo de fuerza con el que espera que los militares venezolanos se rebelen –y algunos aspiren a cobrar los 50 millones de dólares de recompensa que Washington ofrece por el presidente venezolano–. 

Si los militares no se levantan contra Maduro, Washington les recuerda que podrían capturados, extraditados a Estados Unidos, y juzgados por terroristas. Como explica Christopher Sabatini, de Chatham House, “es una fórmula de intervencionismo barato”: sin implicar fuerzas en el terreno.

En el caso de que los militares venezolanos no cumplan con esa expectativa, Trump podría ordenar ataques aéreos o con misiles desde el mar para destruir cuarteles, la casa de Gobierno o depósitos de petróleo. Se descabezaría al Ejecutivo y colapsarían las líneas de mando, control y comunicación, y la economía. Esto podría desencadenar enfrentamientos entre los militares y quizá una revuelta civil contra el Gobierno. 

Otra opción es combinar los ataques quirúrgicos con la “extracción” o captura de Maduro y el poderoso ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, por parte de fuerzas de operaciones especiales. Sin jefes ni centros administrativos para coordinarse, los militares (o una parte de ellos) se rendirían. Estados Unidos entregaría el poder a María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz (que dedicó a Trump) y figura muy cercana a Marco Rubio. 

Realidad y ficción de las intervenciones

Más allá del carácter represivo del Gobierno de Maduro, una intervención violaría el principio del derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Pero, además, las cosas podrían no salir bien. 

Los académicos Alexander B. Downes and Lindsey A. O’Rourke explican en Foreign Affairs que, según sus estudios, las decenas de acciones estadounidenses en América Latina y otras partes del mundo para “cambiar regímenes” no han tenido éxito, han generado caos, violaciones de derechos humanos y hasta guerras civiles. 

Machado tiene un plan de gobierno (denominado Tierra de Gracia), basado en incrementar la exportación de petróleo (Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo), la privatización masiva y el apoyo del Banco Mundial y el FMI. El problema es que ese plan habría que implementarlo en medio de una guerra o en un país en colapso. El escenario recuerda dos casos claves. 

Las fuerzas armadas venezolanas no tienen capacidad de resistir a Estados Unidos, pero pueden reconvertirse en grupos de guerrillas combatiendo contra un gobierno instaurado por Washington

Una serie de opositores a Sadam Husein influyeron a la Administración Bush para invadir Irak en 2003. Luego ellos se harían cargo de gobernar. Pero su plan era vago. Washington impuso una administración colonial y disolvió a las fuerzas armadas. Muchos jefes militares se fueron a la clandestinidad y reaparecieron después como líderes del Estado Islámico.  

En el caso de Libia, la revuelta de 2011, apoyada por la OTAN, derrocó a Muamar el Gadafi. La decapitación del Estado central, la fragmentación del ejército y de numerosos grupos armados de la oposición, más la competencia violenta por el petróleo y otras riquezas naturales tiene similitudes con Venezuela. 

Las fuerzas armadas venezolanas no tienen capacidad de resistir a Estados Unidos, pero han pedido a Rusia, China e Irán que aumenten su ayuda militar. Si aceptan, crecerá la tensión entre ellos y Washington. Entre tanto, parte del ejército bolivariano puede reconvertirse en grupos de guerrillas combatiendo contra un gobierno instaurado por Washington.

La identidad nacionalista del ejército de Venezuela se reafirmaría con una intervención extranjera. Los grupos armados colombianos que operan en Venezuela y la diversificación de organizaciones criminales en Ecuador podrían ser parte de un escenario conflictivo nacional y regional. En ese caso, ¿estaría dispuesto Estados Unidos a enviar efectivos para defender a María Corina Machado, una presidenta sin fuerzas armadas?

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Mariano Aguirre Ernst es investigador no residente del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB); asesor del Centro de Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert; y miembro asociado de Chatham House.