En el año 1993, cuando estudiaba en la universidad en Palma, formaba parte de la Asociació d’Universitaris de les Illes Balears (AUIB). Un día recibimos una petición de reunión de Francesc Triay, entonces diputado del PSIB-PSOE. Acudimos una representación de estudiantes de la asociación. Hablamos de muchos temas, pero todavía recuerdo una de sus afirmaciones que sostenía la idea de que, con la entrada del Estado español en la UE, se habían diseñado unas Illes Balears con vocación turística, donde el sector primario prácticamente no tenía cabida y se dejaba muy poco espacio a la industria. Aquella idea me disgustó y me enfadó a partes iguales.

Este verano en Mallorca ha habido una sucesión de movilizaciones difícil de ignorar. El 5 de julio, más de 10.000 personas formaron una cadena humana en la Playa d’Es Trenc. El 26 de julio, una manifestación histórica bajo el lema “Mallorca al límit” reunió a más de 70.000 personas en Palma; trasladado a la población de Madrid, equivaldría a unas 250.000 personas recorriendo sus calles. El 8 de agosto, la protesta llegó a Sóller, uno de los municipios más castigados por la masificación turística.

Finalmente, el 29 de agosto, más de 1.300 personas ocuparon pacíficamente las calles de Palma en una cadena humana, sentadas en una hilera de sillas, con el objetivo de “prendre la fresca” [estar al aire libre] desde la Plaça d’Espanya hasta el Consolat de Mar, sede de la Presidencia del Govern. A estas movilizaciones hay que sumar las cenas populares organizadas por el colectivo Brunzit para reivindicar el uso del espacio público por parte de los residentes y otras protestas en distintos puntos de la isla.

Este malestar no ha aparecido de repente. El año 2000, el GOB lanzó la campaña histórica “Mallorca al límit. És hora d'aturar” [Mallorca al límite. Es hora de actuar“] para denunciar que la isla había llegado a un punto crítico con cerca de 10 millones de turistas anuales y una fuerte presión sobre el territorio, el agua y las infraestructuras. Si Mallorca estaba al límite entonces, veintiséis años después nos acercamos a los 20 millones y las previsiones siguen apuntando al crecimiento. La pregunta hoy es cuánto más estamos dispuestos a soportar.

La situación de masificación extrema que vivimos desde hace años tiene un impacto cada vez mayor sobre la calidad de vida de los mallorquines. El acceso a la vivienda es quizás su expresión más dramática y empeora año tras año. Muchas personas ven cómo sus hijos difícilmente podrán comprar o alquilar una vivienda en el lugar donde han nacido, mientras los jóvenes en edad de emanciparse sienten que cada vez tienen menos posibilidades de construir un proyecto de vida en Mallorca.

Pero la sensación de saturación va mucho más allá. Las carreteras, especialmente en verano, se colapsan; muchos residentes prácticamente hemos renunciado a ir a determinadas playas y calas porque sabemos que será difícil acceder a ellas; y la extensión del alquiler vacacional ha llevado la presencia turística a prácticamente todos los rincones de la isla y durante cada vez más meses del año. Una presencia que llega a resultar asfixiante. Un dato resume bien esta sensación: en enero de este año hubo más presión humana en Mallorca que en agosto del año 2000, cuando ya hablábamos de estar al límite.

Ante esta situación, cada vez son más las personas que sienten que Mallorca está dejando de ser un lugar pensado para quienes vivimos en ella. Crece la sensación de pérdida de control sobre nuestro propio territorio y, con ella, la conciencia de que es necesario un cambio de rumbo frente a la masificación, la turistificación y el deterioro de nuestra calidad de vida.

La primera de las grandes protestas de este verano, la cadena humana del 5 de julio en Es Trenc, puso precisamente el foco sobre el territorio. Este espacio emblemático sirvió para denunciar la aprobación, apenas unas semanas antes, de la conocida como Ley Ómnibus y una política territorial que, junto con la propuesta de una nueva Ley Agraria, rebaja la protección del suelo rústico y agrario, facilita nuevos usos y actividades en el medio rural y natural y reduce garantías ambientales, incluso en relación con la disponibilidad de agua para nuevos desarrollos urbanísticos.

Mientras tanto, la presidenta Marga Prohens insiste en que Es Trenc seguirá protegido y en presentar la acción de su Govern como una política de contención. Pero esa supuesta contención resulta difícil de reconocer en las decisiones adoptadas. La Ley de simplificación administrativa de 2024 o la Ley de proyectos residenciales estratégicos de 2025, ambas recurridas ante el Tribunal Constitucional, son ejemplos de una política que flexibiliza las reglas urbanísticas y ambientales y abre nuevas posibilidades de construcción y transformación del territorio. No se puede hablar de contención mientras se siguen ampliando las posibilidades de crecimiento.

Después de la manifestación del 26J, desde el GOB hemos pedido en dos ocasiones reunirnos con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para plantearles medidas concretas que permitan iniciar el cambio de rumbo que necesita Mallorca. Las propuestas pasan por declarar las Islas Baleares zona residencial tensionada, recuperar vivienda para uso residencial reduciendo progresivamente el alquiler turístico; frenar la urbanización del suelo rústico y revertir las normas que han debilitado la protección del territorio; abandonar la ampliación de carreteras y apostar por el transporte público y el ferrocarril; y garantizar la seguridad climática e hídrica adaptando las políticas públicas a los límites ecológicos y a la disponibilidad real de agua.

A ello añadimos algo que enlaza directamente con el modelo económico de la isla: proteger el suelo agrario, apoyar la producción local y recuperar capacidad para alimentar a nuestra propia población. No pretendemos tener todas las soluciones, pero sí creemos que estas medidas marcarían un cambio de rumbo: pasar de hablar de contención a empezar realmente a decrecer en aquellos ámbitos en los que Mallorca hace tiempo que ha sobrepasado sus límites.

Treinta y tres años después de aquella conversación de 1993, sigo recordando aquella idea de unas Illes Balears diseñadas para tener una “vocación turística”. El problema es que esa especialización ha llegado tan lejos que hoy pone en cuestión nuestra capacidad para decidir sobre el territorio, nuestros recursos y, en definitiva, la posibilidad de seguir construyendo un proyecto de vida en Mallorca. Las movilizaciones de este verano expresan el rechazo creciente a aceptar que este sea nuestro único destino posible. Mallorca no está condenada a crecer indefinidamente ni a vivir exclusivamente al servicio del turismo. Podemos decidir qué isla queremos ser. Pero para hacerlo hay que asumir, de una vez, que hemos sobrepasado los límites y que ha llegado la hora de tomar decisiones políticas valientes y pasar a la acción.