Antonio Cabrales es un catedrático de economía de la Universidad Carlos III. Se formó como economista en la Universidad de California y ha impartido docencia tanto en España como en el University College de Londres. Especialista en economía conductual, disciplina en la que ha colaborado con instituciones como la Fundación COTEC para la Innovación, es más conocido por sus intervenciones como editor y autor en el blog Nada es Gratis, por sus contribuciones en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y, también, por formar parte del proyecto CORE, que ha logrado reinterpretar la enseñanza de la economía en los cursos básicos y medios de muchísimas universidades. Además, Cabrales es miembro del Consejo Asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, (AiREF) y ha ocupado diferentes puestos en asociaciones académicas y profesionales del mundo de la economía.

Y es, sobre todo y ante todo, una persona amable, educada, cordial en el trato y siempre dispuesta a un diálogo franco sobre los temas económicos de mayor interés. Cualquiera que haya interactuado con él en las redes sociales puede atestiguarlo. Así que al reconocimiento académico se une la simpatía personal de gran parte de la comunidad de economistas. Por eso mismo, por sus méritos y por su talante, fueron muchos los que se alegraron cuando se hizo pública su nominación como futuro miembro del Consejo del Banco de España, a propuesta -que no en representación- del Partido Popular. Un Partido Popular que lanzaba un mensaje de gran importancia con esta nominación, al proponer a una persona profesional e intelectualmente intachable, independiente a todas luces, y que ha mostrado siempre su amplitud de miras a la hora de buscar el intercambio de ideas.

Sin embargo, a las pocas horas de su nominación, se han hecho públicas sus firmas, junto con otros muchos economistas, de sendas cartas de apoyo a Clara Ponsatí y Andreu Mas Colell, ambos economistas de primer nivel, implicados directamente en el proceso independentista en Cataluña. Un apoyo que todo el mundo podría interpretar como una muestra de afecto personal y profesional, pero nunca como un aval a sus actuaciones políticas, pues si bien el afecto y el respeto profesional son privativos de cada uno, la determinación de responsabilidades legales recae sobre la administración de justicia, y ni la mayor de las excelencias académicas puede generar bula alguna sobre el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, en el mundo en el que vivimos, lo personal es político y declarar tu respeto intelectual y tu afecto personal corre el riesgo de terminar siendo instrumentalizado, y este caso no ha sido diferente: ante la inminente oleada de presiones y de polémicas, Cabrales ha decidido renunciar a su nominación. Hasta aquí la historia. 

La cuestión que nos debe ocupar es si esta simpatía personal y profesional es obstáculo alguno para desempeñar las tareas de Consejero del Banco de España, una institución independiente, cuyo mandato en nada tiene que ver con la integridad territorial de nuestro país, sino con la estabilidad financiera y monetaria, aspectos para los que Cabrales está más que cualificado. En mi opinión: no, no tiene nada que ver. Quien se puso a bucear en la vida y actividades de Antonio Cabrales buscaba en realidad cualquier cosa, esa carta o una multa sin pagar, o una queja de un vecino. Porque una vez que se entra en el ruedo público, cualquier cosa que se tenga en el armario va a ser motivo de polémica, y como aquí nadie es un ángel de luz, cualquier motivo es suficiente para la crucifixión, porque ya no depende de la entidad del hecho, sino de la capacidad de indignación de la opinión pública, que es, como sabemos, infinita. Cabrales, poco amigo de las polémicas, ha decidido no beber de ese cáliz y, de esta manera, España no contará con su talento en la institución monetaria. Todos perdemos, hasta los que han celebrado su decisión. 

El mensaje para el resto de expertos independientes -que sí, los hay, porque independiente no significa neutral- es muy negativo: si aceptas entrar en la arena pública, prepárate para que saquen hasta tus notas de parvulitos. Si no tienes la piel dura para aguantar esta presión, mejor no lo intentes. El resultado de este proceso es un mecanismo de selección adversa donde la gente con más talento y más oportunidades de desarrollarse profesionalmente en el ámbito privado no tienen ningún incentivo para implicarse en los asuntos públicos y donde la lealtad cuenta más que el talento. El caso de Antonio Cabrales es un aviso para navegantes: una vez en el ruedo, ni los que te propusieron te defenderán. Luego nos quejamos por la mediocridad de nuestra vida pública. Es la que estamos construyendo entre todos y todas. Una pena.

Una de las cosas que se achacan más recurrentemente al gremio de los economistas profesionales es su estrecha concepción del ser humano como homo economicus: un ser sin consideraciones morales, solamente obsesionado con alcanzar la máxima rentabilidad económica, y cuya racionalidad instrumental alcanza cotas sobrehumanas. Y, sin embargo, esta caracterización no pasa sino por ser una caricatura más de todas las que adornan a la profesión. En la mejor ciencia económica, la concepción del ser humano ha sido siempre más compleja de lo que a los profetas del libre mercado y a los críticos de brocha gorda les hubiera gustado. Fue Keynes quien habló de los Animal Spirits, ese comportamiento gregario e irracional de los inversores a la hora de tomar decisiones de inversión. Amartya Sen ha destinado buena parte de su carrera académica a explicarnos la libertad individual como un ejercicio de construcción de capacidades mucho más amplio que la mera rentabilidad económica. Kahneman ganó el premio Nobel por sus investigaciones sobre la psicología del ser humano y su impacto en la toma de decisiones económicas, al igual que Schiller ha mostrado las limitaciones de la racionalidad de los mercados financieros. Por su parte, Dan Ariely nos explicó cómo las fallas cognitivas del ser humano permiten incluso predecir qué errores de racionalidad se podrían esperar en la toma de decisiones, y cómo los mismos son aprovechados por disciplinas como el marketing y la publicidad.

En ganador del Premio Nobel de Economía de 2017, Richard H. Thaler, se enmarca en esta corriente plural y diversa de pensamiento económico conocida como la economía conductual, que no es sino una manera de redefinir el comportamiento de los agentes económicos en función de los condicionantes cognitivos, morales o grupales de los mismos, con resultados siempre sorprendentes. Thaler se ha hecho mundialmente conocido por el bestseller ‘Un pequeño empujón’ (Taurus, 2009), en el que describe cómo las limitaciones de la racionalidad de los agentes económicos los llevan a tomar decisiones subóptimas para las cuales la economía escolástica no está preparada. Desde su punto de vista, los decisores de políticas públicas deberían tomar esta realidad en cuenta a la hora de diseñar las mismas y ofrecer una suerte de “paternalismo liberal” por el que, a través de “pequeños empujones”, los agentes económicos se decidan por opciones racionalmente superiores, como dejar de fumar frente a no hacerlo. Su obra más reciente en castellano es 'Todo lo que aprendí con la psicología económica' (Deusto, 2017), en la que hace repaso de sus investigaciones explicando las fallas cognitivas y de racionalidad existentes en la toma de decisiones económicas.

¿De qué estamos hablando? Supongamos que tenemos dos opciones para hacer una apuesta. En la primera, tenemos un 50% de probabilidades de ganar 100 euros y un 50% de probabilidades de no ganar nada. En la segunda, tenemos un 50% de probabilidades de ganar 200 euros y un 50% de probabilidades de perder 100 euros. ¿Cuál elegiría? La respuesta mayoritaria es la primera opción, si bien ambas tienen el mismo resultado en términos de esperanza matemática (100*50%+0*50%=50 euros; 200*50%-100*50%=50 euros). La clave de este ejercicio es que el cerebro humano sobrepondera las pérdidas frente a las ganancias, somos conservadores por naturaleza, aunque la esperanza matemática de ambas apuestas es la misma.

Thaler ha dedicado su carrera a examinar cómo este tipo de “fallas” en la racionalidad humana afectan a la toma de decisiones económicas. Las consecuencias son de calado: la economía escolástica se basa en una racionalidad ilimitada del agente económico, que toma decisiones maximizando su función de bienestar, y que, además, atendiendo al operador de “expectativas racionales” tan de moda desde la revolución de la nueva macroeconomía clásica, es omnisciente respecto de lo que se puede esperar en el futuro. En otras palabras, el homo economicus sabe perfectamente lo que le conviene, y además es capaz de tomar en consideración las consecuencias presentes y futuras de las decisiones del resto de los actores.

Es más que notorio que la mejor ciencia económica ha desacreditado esa visión idílica y reduccionista del ser humano: Thaler ha contribuido a ello con sus estudios sobre el imperfecto comportamiento humano, permitiéndonos comprendernos como lo que somos, seres limitados que no sólo nos equivocamos, sino que lo hacemos siguiendo unas pautas predecibles. Que este reconocimiento de nuestra falibilidad como agentes económicos ponga en cuestión la bondad del mercado como asignador de recursos escasos es harina de otro costal. Las consecuencias lógicas de sus investigaciones podrían sugerir que así es, de la misma manera que las investigaciones de Sen y Nussbaum nos hacían dudar de la capacidad de elección bajo la tesis de las preferencias adaptativas -aquella tesis por la que la capacidad de elección de un individuo está predeterminada por las opciones que se perciben como factibles.

Los enormes avances que ha supuesto la economía conductual en el ámbito de las políticas públicas y de la teoría microeconómica no se han trasladado, todavía, a la corriente principal de la macroeconomía y la política económica. Sólo algunos ejemplos meritorios, como el esfuerzo de Paul de Grauwe, por reformular los modelos macro bajo estos supuestos, deben ser tomados en consideración. La mayoría de los macroeconomistas siguen trabajando con un “operador” de expectativas racionales perfectamente racional y totalmente omnisciente respecto al futuro. Un grave error que seguimos pagando día a día en la formulación de las políticas económicas.

La microeconomía está, hoy, muy por delante de la macro en el entendimiento de la complejidad del ser humano y sus limitaciones. Thaler es un magnífico ejemplo de cómo estudiar el comportamiento humano puede llevarnos a una mejor comprensión del funcionamiento de nuestra economía y nuestra sociedad. ¿Merecía por lo tanto el premio Nobel? Quien escribe estas líneas quiere romper una lanza a favor de la candidatura de Esther Duflo, quien lleva años aplicando la economía del comportamiento a la resolución de los problemas del desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. El año que Duflo consiga su premio Nobel, que llegará, será la segunda mujer en hacerlo después de Ostrom en 2009. Cada año que pasa sin que esto ocurra, la academia se reafirma en contribuir a que la comunidad de las ciencias económicas sea probablemente la comunidad intelectual con mayor grado de desigualdad y sexismo de todas las existentes. Quizá este sea también un sesgo cognitivo, pero uno de los que debemos combatir.

El martes 7 de febrero moría en Suecia el médico y estadístico Hans Rosling, a la edad de 68 años. Para la mayoría del gran público español, este triste acontecimiento pasó desapercibido, y sólo algunos con buena memoria recuerdan su paso por el programa de Eduard Punset allá por el año 2010. Y sin embargo, su trabajo ha dejado una huella indeleble en la manera en la que entendemos el mundo.

Médico de formación, Rosling dedicó más de 20 años de su vida a trabajar en favor del desarrollo en África, donde trabajó en la identificación y prevención de diferentes enfermedades, donde descubrió, a través del tratamiento de la información biomédica, las relaciones entre el consumo de determinados productos y la extensión de la parálisis.

Su pasión por la vinculación entre agricultura, salud y desarrollo la trasladó a su trabajo como médico y estadístico, siendo profesor de salud global en el instituto Karolinska de Suecia, asesor de la OMS, Unicef y fundador de la sección sueca de Médicos sin Fronteras.

Estos méritos hubieran sido ya suficientes para obtener un recuerdo en los medios internacionales, pero su principal aportación a la humanidad fue la pasión por el uso de los datos y la evidencia empírica. Sus trabajos en este ámbito son los que le dotaron de fama internacional, y bien temprano, una década antes de que se pusiera de moda el uso visual de los datos, Rosling fundó el pionero instituto Gapminder, centrado en el análisis de datos y tendencias internacionales.

A través de sus trabajos, descubrimos que, con los datos en la mano, la humanidad no ha dejado de progresar en prácticamente todos los aspectos relevantes de la existencia –salvedad hecha del medio ambiente y el cambio climático- y que, pese a los discursos pesimistas de los agoreros, la evidencia mostraba que nunca la humanidad había alcanzado mayores cotas de bienestar y desarrollo humano.

Pero los datos son inútiles si no son capaces de llegar de una forma inteligible a la opinión pública. Por eso Rosling se esforzó en mostrar sus trabajos a través de presentaciones visuales que se anticipaban en casi un decenio a las modernas infografías y programas de visualización.

Su herramienta, Trendalyzer, supuso una auténtica disrupción en el manejo y divulgación de información estadística. Trendalyzer fue desarrollado en el instituto Gapminder hasta su compra por parte de Google, y se constituyó en una herramienta pionera para la visualización dinámica de datos, que cualquiera podía utilizar a través de la página web del instituto.

Romper mitos con los datos

Esta aplicación y los resultados que mostraba con ellos hicieron de Rosling un auténtico referente entre científicos sociales y especialistas en desarrollo internacional. Sus vídeos en YouTube y sus apariciones públicas en conferencias como TED, cuentan sus visitas por millones, y su discurso contribuyó a construir toda una corriente de generación de opinión: en este mundo sobran argumentos y falta procesar y divulgar las evidencias. Y las que tenemos –respecto al crecimiento de la calidad de vida, del desarrollo o del bienestar– rompen muchos de los mitos sobre los que basamos nuestros discursos políticos.

Luego, bastante más tarde, llegaron los software de visualización dinámica de datos, se popularizaron las evaluaciones experimentales, se generalizó el concepto de “periodismo de datos”, y perdimos de referencia la necesidad del contexto de los mismos, hasta tal punto, que hoy la avalancha de evidencia empírica que podemos procesar y transmitir es incapaz de frenar la era de la postverdad y los “hechos alternativos”.

A Rosling no le gustaban los debates. Prefería mostrar los datos con la sana esperanza de que su mera presentación de manera comprensible y atractiva bastaría para informar a la opinión pública y callar así a más de un charlatán. Vano intento, como nos ha demostrado la realidad, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver, y la mentira campa por sus anchas sin el menor pudor, negando la evidencia empírica o directamente inventando una realidad paralela.

Para aquellos que siguen creyendo que la información estadística ayuda a comprender el mundo y a enriquecer nuestra concepción sobre el mismo, la muerte de Rosling supone la pérdida de un referente. En estos tiempos en los que todo se mezcla hasta generar una nube incomprensible de ruido, Rosling nos enseñó a buscar la señal para interpretar adecuadamente la realidad.

Contra el creciente protagonismo de la mentira

Nos cabe preguntarnos cómo vivió sus últimos años de vida, contemplando cómo su propuesta para el mundo –una exposición honesta, sistemática y atractiva de los datos que señalaban las tendencias globales– se veía arrinconada frente al creciente protagonismo de la mentira en la vida pública. Su proyecto era lo suficientemente potente como para combatir los prejuicios, pero no tanto como para derrotar a la mentira.

Nos queda, pues, su contribución, un sueño de un mundo basado en datos y en su divulgación asequible y atractiva para el gran público. Sin él estaríamos hoy más indefensos frente al oscurantismo y el fraude intelectual y político. Convendrá, en aras de preservar una mínima decencia en los discursos y debates públicos, hacerse cargo de su legado, hacerlo evolucionar y crecer. Con Rosling, los defensores de la evidencia como método para interpretar y actuar en la realidad, han perdido a uno de sus principales espadas. Su contribución debería permanecer, por mucho que le pese a muchos interesados en hacer desaparecer la palabra “verdad” de sus particulares diccionarios.

Hace ahora casi 20 años, Joseph Stiglitz asumió el cargo de economista jefe del Banco Mundial. Como tal, le tocó vivir la crisis de los países asiáticos en 1997 y 1998, y de aquella experiencia sacó las reflexiones suficientes para escribir uno de sus libros más celebrados, “El malestar en la globalización”, en el que criticaba los resultados del llamado Consenso de Washington y las políticas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Gracias a él, descubrimos que los funcionarios de las instituciones de Bretton Woods dictaminaban políticas a los países en desarrollo a través de informes en los que sólo se cambiaba el nombre del país, o que el entonces director ejecutivo del fondo, el francés Michel Camdessus, actuaba como un auténtico dictadorzuelo cuando firmaba los acuerdos de rescate con los países obsequiados por sus políticas. Sus críticas le valieron una salida acelerada del Banco, traspiés que rápidamente compensó con su Premio Nobel de 2001 y su ascenso como economista mediático donde los haya (podio que comparte con Paul Krugman, con el que, todo hay que decirlo, le unen muy pocas cosas).

Desde aquella irrepetible experiencia, el Banco Mundial ha optado por elegir como economista jefe a economistas reputados por la profesión, pero con perfiles notablemente más discretos en términos mediáticos o políticos. Así, nadie –o prácticamente nadie– conoce a Justin Lifu Yin, el economista chino que trabajó entre 2008 y 2012, prolífico autor promotor de una nueva y prometedora perspectiva denominada “nuevo estructuralismo”, o incluso al más discreto todavía Kaushik Basu, de nacionalidad india, y que se ha mostrado escéptico en relación a los principios microeconómicos sobre los que se asienta la moderna economía. El sustituto de Stiglitz el año 2000 fue Nicholas Stern, que alcanzó la fama mundial sólo después de su salida del Banco, con su imponente revisión de los efectos económicos del cambio climático.

Sí, el puesto de economista jefe del banco no ha pasado durante estas décadas por sus momentos más estelares. Sin embargo su importancia es vital: como responsable del equipo económico, el economista jefe dirige las líneas de investigación del Banco, lo cual le da un importante poder en materia de prescripción de políticas económicas para los países en vías de desarrollo. Trabajo que se ha desarrollado con importante discreción, eclipsado en los últimos años por el brillo estelar de su primo hermano, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, y particularmente de Olivier Blanchard, quien ocupó este puesto durante los peores años de la crisis financiera internacional, y que fue sustituido el año pasado por otro peso pesado de la profesión, Maurice Obstfeld, en lo que Krugman denominó la primacía de “los chicos del MIT”, en referencia al Instituto Tecnológico de Massachusetts, de donde provienen ambos.

Pero esta historia ha dado un giro imprevisto con la designación de Paul Romer como nuevo economista jefe del Banco Mundial. Romer es un viejo conocido de la profesión, un economista que estuvo llamado a cambiar la dirección de la investigación económica cuando era poco menos que un postdoctoral, con sus investigaciones sobre el crecimiento económico. En efecto, hasta bien entrados los años ochenta, el crecimiento económico era una materia de estudio económico considerada menor, aparcada tras las investigaciones de Solow y su modelo, que definía el cambio tecnológico como exógeno e impredecible.

Sin embargo, Paul Romer repensó el modelo de crecimiento incorporando el cambio tecnológico como un resultado de los esfuerzos de los agentes económicos, esto es, como una variable endógena. Los resultados de sus investigaciones supusieron un giro copernicano en la manera en la que los economistas entienden el crecimiento económico, dando lugar a una nueva era de investigaciones focalizadas en lo que se denominó el “crecimiento endógeno”.

Carrera con vaivenes

El éxito de Romer auguraba para él los mayores reconocimientos internacionales y nacionales, pero por algún motivo, su carrera como economista profesional experimentó una serie importante de vaivenes, incluyendo su salida de la universidad de Berkeley y su incorporación a la escuela de negocios de Stanford, que en España nos suena fenomenal pero que en el elitista circuito estadounidense significa suicidarse académicamente. Poco tiempo después, abandonó la academia para fundar su propia 'startup' y dedicarse al mundo del emprendimiento, dedicación que abandonó tras vender su empresa y volver a dar clases, de nuevo en el mundo de las escuelas de negocios, un mundo menor para la élite de la economía académica.

Su nombre hubiera pasado prácticamente desapercibido en la historia reciente de la economía si no fuera por su reaparición estelar el pasado verano, en el que escribió una serie de artículos con duras críticas a sus colegas de profesión en Chicago y Rochester, cuna de la economía de las expectativas racionales. Según Romer, los maestros de la economía de “agua dulce” (los macroeconomistas que dan clases en las universidades cercanas a los grandes lagos como Chicago, Minnesotta o Rochester, en contraposición con los economistas de “agua salada” de Harvard, el MIT, Columbia o Berkeley, por su proximidad con el mar), que habían acabado con el paradigma keynesiano en los ochenta y que habían dominado la ciencia económica durante tres décadas, habían evolucionado hacia una manera de hacer economía poco menos que sectaria, confusa y basada en un lenguaje matemático extraordinariamente complejo cuyo único objetivo era disfrazar la inconsistencia teórica y lógica de sus investigaciones, lo que Romer definió como “Mathiness”.

Esta confesión del clima intelectual que rodeaba a grandes maestros como Robert Lucas por parte de quien había sido un miembro destacado de aquella comunidad científica levantó una importante polvareda en el mundo académico durante el verano de 2015, en el que prácticamente ningún miembro destacado de la profesión quedó sin ofrecer su opinión (Sí, adivinan bien: Krugman también lo hizo). Hacía casi 20 años que Romer no se asomaba por los debates y rifirrafes de los economistas norteamericanos, y cuando lo hizo, lo hizo por la puerta grande.

Con todo, Paul Romer es también impulsor de algunos bálsamos de fierabrás, como las creación de ciudades autónomas en las que la autoorganización ciudadana puede acelerar el desarrollo. Esta idea, que lleva impulsando desde el año 2008, coincide en método y pobres resultados con las “villas del milenio” de otro enfant terrible de la profesión, Jeffrey Sachs, que ha encontrado su hueco en su trabajo de asesoría a Naciones Unidas y su amistad con Bono, el cantante de U2, trabada en la lucha contra la pobreza en África (aunque desconocemos qué le habrá dicho Sachs a Bono de su continuada evasión fiscal). Alguien debería tomarse en serio la querencia por el falansterio que tienen algunos economistas brillantes.

Su llegada al Banco, por lo tanto, no está exenta de expectación. La primera para los propios economistas del servicio de investigación, que llevan años afinando sus trabajos sobre evaluaciones cuantitativas de las políticas de desarrollo a través de los denominados RCT (Randomized Control Trials, una metodología de evaluación que testa la bondad de una política pública comparando dos grupos homogéneos en el que uno está sometido a la política y otro no), con las cuales Romer se ha mostrado inmisericordemente crítico. No será el único aspecto en el que Romer será noticia. Su manera de entender la economía, particularmente ecléctica, y su recorrido por la profesión, hacen de él un economista atípico, y alejado de la discreción que precisa el puesto.

Tendremos que estar atentos a su recorrido, porque aterriza en una institución cuyo norte está hoy por hoy en búsqueda y captura, atravesada por una reforma que no termina de cuajar, y cuyo papel en el mundo aparece cada día más difuminado.

Una tormenta ha sacudido la socialdemocracia europea. Jeremy Corbyn, veterano diputado laborista situado en el ala izquierda del partido, se ha hecho con el liderazgo de uno de los partidos socialdemócratas más importantes del continente, el Partido Laborista británico. Las alarmas no han dejado de sonar desde que este verano se comenzó a conocer que las preferencias de los militantes y simpatizantes del partido otrora conocido por inaugurar la “Tercera Vía” se inclinaban por un diputado mayor, crítico con el blairismo, con el atlantismo, con la deriva de la Unión Europea y con posiciones políticas que desbordan a la mayoría de las formaciones que se sientan en el grupo del Partido de los Socialistas Europeos en Bruselas y Estrasburgo.

Sus posiciones han sido calificadas de tal manera que hay muchos antiguos dirigentes laboristas que le consideran “inelegible”, y Cameron, a quien presumo contento con la elección, ha planteado que ahora el Partido Laborista es una amenaza para la seguridad del Reino Unido.

Pero que Corbyn sea o no un líder radical no va a depender de su programa económico. De hecho, en su plataforma de elección, Jeremy Corbyn ha presentado sólo un documento de ocho páginas dedicado a la economía, la mitad de las cuales están dirigidas a criticar la política económica del actual gobierno conservador.

¿Cuáles son, por lo tanto, sus propuestas? Corbyn hace un llamamiento genérico contra la austeridad, haciéndose eco de las críticas vertidas desde numerosos ámbitos desde el inicio de la crisis, y promoviendo una política económica de corte keynesiano, con dos prioridades: la redistribución de la renta a través de una reforma fiscal y la puesta en marcha de un plan público de inversiones.

Analicemos por partes estas propuestas. Corbyn aboga por sustituir el actual programa de “expansión cuantitativa” (o QE, Quantiative Easing) dirigido a la compra de bonos corporativos a largo plazo por un programa que denomina “QE para la gente”, consistente en utilizar el poder de emisión de fondos del Banco de Inglaterra –el Banco Central de la Libra- para financiar inversiones productivas en nuevas tecnologías y en nuevas infraestructuras. El “QE para la gente” se dirigiría a la compra de bonos de un nuevo banco público de inversiones, permitiendo su financiación y dirigiendo su financiación a estas grandes iniciativas.

Más allá de la denominación (“QE para la gente”), que no es sino una jugada del marketing político, el mecanismo que propone Corbyn es sencillamente la monetización de una parte del déficit público británico, (el Banco Central emite nueva moneda que sencillamente se usa para financiar el déficit público del país) que se dirigiría a financiar estas inversiones en infraestructuras y en innovación. La propuesta, que sería de imposible realización en el caso de la Unión Europea –que prohíbe expresamente la monetización de los déficits públicos- lleva a tener que modificar el estatuto del Banco de Inglaterra, poniendo su independencia como gestor de la estabilidad de precios y del PIB en tela de juicio.

Dos aspectos hay que señalar aquí. En primer lugar, la conveniencia de monetizar deuda para promover inversiones públicas. En segundo lugar, la necesidad de hacerlo a través de un banco público de inversiones. En relación a la monetización del déficit, su empleo abusivo ha dado lugar en el pasado a episodios de hiperinflaciones, pero es poco probable que en un contexto como el actual, donde la inflación en el Reino Unido se sitúa por debajo del 1%, esto sea un auténtico problema. Las expectativas son más altas para el ejercicio 2016, pero aún así, con un adecuado control de la emisión de moneda y activando los instrumentos de tipo de interés, se podría controlar dentro de márgenes aceptables.

Esta propuesta –monetización de déficit- no es una propuesta radical de unos economistas trasnochados. Jordi Gali, posiblemente uno de los principales economistas del mainstream de la nueva macroeconomía keynesiana, ha determinado que los efectos de estas medidas sobre el PIB serían muy robustos, con resultados mixtos en el incremento de la inflación. Adair Turner, quien fuera presidente de la autoridad de supervisión financiera del Reino Unido, y candidato al puesto de gobernador del Banco de Inglaterra, coincide con ese punto de vista y plantea que en situaciones deflacionarias, la monetización de la deuda es una opción que debe dejar de ser vista como un tabú.

El segundo aspecto es el acierto que pueda tener un banco público de inversiones para seleccionar aquellas inversiones que sean de interés público. Los defensores del libre mercado aducen que el estado no tiene ni la capacidad ni la información suficiente para tomar buenas decisiones, y enumeran una larga lista de fracasos de este tipo de intervenciones públicas. Y en buena medida tienen razón. La evidencia reciente demuestra que un banco público de desarrollo mal gestionado –con criterios de interés político o “estratégico”- puede resultar negativo para el crecimiento económico. En buena medida tienen razón pero no en todo: como bien ha demostrado el ex economista jefe del Banco Mundial Justin Lifu Yin, las economías de libre mercado son ineficientes a la hora de acometer cambios estructurales por sí mismas, y necesitan de la intervención pública para superar los denominados “Fallos de coordinación”, donde diferentes actores logran equilibrios que no suponen un óptimo.

Stiglitz, y su obra “La creación de una economía del aprendizaje” abunda en esa dirección, con resultados muy interesantes, de los que se han hecho eco en el Banco Mundial y otras instituciones internacionales. No se trata de vieja economía, como nos quieren hacer creer, sino realmente de avances teóricos y empíricos que ponen en cuestión algunas de las creencias inamovibles en materia de estabilización y crecimiento económico.

En cuanto a su reforma fiscal, Corbyn no expresa de qué tipo de reforma habla, más allá de una reforma que subraye el carácter progresivo del sistema impositivo. La cuestión aquí es doble, dado que se trata de una cuestión de equidad –si se debe redistribuir por los ingresos o sólo por los gastos, como señalan algunos- además de una cuestión de eficacia –cuánto de más se lograría recaudar con una subida de impuestos.

La eficacia de este tipo de medidas ha sido muy estudiada desde diferentes puntos de vista, máxime a la luz de la preocupación existente por el incremento de las desigualdades sociales. Corbyn no da demasiadas pistas pero insiste en la lucha contra el fraude fiscal como otra medida de incrementar los ingresos públicos. En este punto de vista, sus estimaciones sugieren un optimismo desmedido, ya que calcula que se podría recuperar buena parte de la recaudación eludida, hasta alcanzar la cifra de 120 mil millones de libras. Otros autores han considerado esa cifra como una cifra inflada, ya que el Reino Unido es una de las economías con menor grado de economía sumergida, y, en cualquier caso, sería complicado recuperar una tasa demasiado alta de esa economía.

En conclusión: Corbyn plantea en su plataforma electoral un programa de recuperación del papel del estado en la dirección estratégica de la economía, a través de una mejora de sus niveles de ingreso y de la puesta en marcha de programas de inversión “estratégica” financiados a través de su particular visión del QE “para la gente”. Mucho de lo que plantea suena “demodée” pero, sometido a una revisión crítica sobre la base de las últimas –y quizá más prometedoras- líneas de reflexión económica, en realidad no está demasiado lejos de lo que podría ser una política económica post-austeridad.

Uno de los debates de su campaña fue la publicación de una carta firmada por cuarenta economistas en la que se explicitaba que la economía post-austeridad es hoy el mainstream de la profesión. Poco tardaron otros economistas en responder. Quizá sea, lamentablemente, demasiado pronto para plantear esa posición, pero lo cierto es que la crisis y su interpretación ha posibilitado que la disciplina económica sea hoy más receptiva a lo que pueden ofrecer posiciones otrora consideradas minoritarias.

El problema no se sitúa, a juicio de este autor, en la bondad o no de sus propias medidas, sino en que aparecen dentro de un discurso poco amable con la economía de mercado, que mina la confianza que los operadores económicos británicos pueden depositar en el laborismo. La economía es también cuestión de expectativas y confianza, y a veces las palabras de un gestor tienen más efecto que sus propios actos –véase Draghi y su “whatever it takes”- por lo que los mensajes son muy importantes. Aunque Corbyn ha intentado construir una plataforma de trabajo con los pequeños negocios, no creo que haya logrado forjarse una imagen de amigo del liberal clima de negocios británico. Al final, que el laborismo recupere la credibilidad económica no dependerá sólo de las medidas que plantee, sino de cómo las plantea. Sirva también como reflexión para otros partidos políticos que están trabajando con acabar en Europa con la austeridad. En economía, como en otras tantas cosas, el medio es el mensaje.

Han pasado apenas tres días desde la adopción, in extremis, del acuerdo entre Grecia y sus Acreedores en el marco de la Eurozona y las reacciones han pasado prácticamente por todos los ciclos anímicos posibles. Entusiasmo y satisfacción entre los que querían mantenerse firmes con el “chantaje populista” de SYRIZA, desolación e incluso indignación entre los que los que esperaban de Tsipras y su liderazgo una palanca desde la que iniciar el fin de la austeridad en la Eurozona. Una tercera visión menos interesada políticamente (electoralmente) ha mostrado su preocupación por la fractura de algunas de las cosas que se consideraban pilares para el futuro de la Unión Europea: la irreversibilidad del euro –que fue puesta en cuestión durante toda la negociación- y la doble fractura entre acreedores/deudores y, muy especialmente, del eje franco-alemán.

Sólo pasado el primer momento de reacciones rápidas –y en muchos casos simplemente apasionadas- se han comenzado a revisar los aspectos técnicos de la propuesta de acuerdo que se puso encima de la mesa la madrugada del pasado día trece de julio. Y el resultado es desalentador, especialmente a la luz de la filtración –y posterior publicación- del informe de sostenibilidad de la deuda que llevó a cabo el FMI y de cuya existencia conocían los negociadores del pasado fin de semana.

El FMI, que ya había publicado un análisis de sostenibilidad de la deuda bastante crítico con la capacidad de Grecia de gestionar de manera sostenible su abultada deuda pública (motivo de controversia porque los miembros de la eurozona no querían hacerlo público antes del referéndum), actualizó su análisis a la luz de una semana de corralito bancario y de control de capitales. Las conclusiones del informe son devastadoras.

Según el FMI, la deuda pública Griega, en buena medida como resultado de los acontecimientos de los últimos meses, ha alcanzado el carácter de “altamente insostenible”. Según el organismo internacional, alcanzará el 200% del PIB en los próximos años y para el año 2022 podría situarse en el entorno del 170%, cuando lo previsto en el rescate de 2010 es que para esa fecha debería estar por debajo del 112%. Esto en sí es preocupante pero mucho más preocupante es el hecho de que, de acuerdo con los últimos cálculos, las necesidades de financiación de Grecia superan con creces el límite de seguridad del 15% del PIB anual, límite establecido por el FMI para poder considerar una deuda sostenible. Peor aún, seguirá creciendo a largo plazo.

Estos cálculos, reconoce el FMI, se basan además en el mantenimiento de Grecia de un superávit primario –ingresos públicos menos gastos públicos sin contar intereses de la deuda- del 3,5% del PIB durante décadas (en la Unión Europea, el récord lo tiene Finlandia, con 11 años seguidos), y suponiendo que Grecia pasa de tener la menor tasa de crecimiento de la productividad y la menor tasa de de crecimiento del empleo de la eurozona a tener las mayores, un ejercicio difícilmente realista, a través del liderazgo de un primer ministro ya se ha ocupado de dejar claro que no cree en las reformas impuestas en el acuerdo del 12 de Julio.

La conclusión del FMI es que Grecia necesita una reestructuración en profundidad de su deuda pública, bien a través de una quita sobre el nominal, un aplazamiento de los pagos de treinta años, o recibir anualmente transferencias –subvenciones- por parte del resto de los países de la eurozona.

Cualquiera que haya seguido las negociaciones de los últimos días tomara consciencia de cuán lejos están las voluntades políticas de los acreedores de asumir este informe y de actuar en consecuencia. Si no es así, las matemáticas de educación básica no dicen que la deuda Griega crecerá y que llegará un momento en el que la mera refinanciación será imposible para atender los pagos. Si la deuda crece, crece el servicio de la misma, cada vez su montante será mayor y cada vez el esfuerzo para realizar una quita será más importante, y, por lo tanto, la quita más improbable.  En unos años, el gobierno Griego puede encontrarse con que no puede, materialmente, hacer frente a los pagos, aun con refinanciación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que, a su vez se financia en los mercados y que difícilmente podría justificar como AAA un balance donde la deuda de un país insolvente no deja de crecer.

Es posible que antes de llegar a ese extremo, Grecia se declare oficialmente en suspensión de pagos. Es decir, que el tan temido Grexit es sólo cuestión de tiempo.

Queda la puerta abierta, en el documento firmado la madrugada del 13 de Julio, a que los estados miembros de la eurozona realicen una reestructuración de la deuda Griega, no anunciada en estos momentos de manera firme por motivos estrictamente de economía política (pasar los acuerdos por sus parlamentos, etc.). Parece difícil, en cualquier caso, que el nivel de reestructuración alcance el necesario para solucionar el problema.

Si los cálculos del FMI son correctos –que pueden no serlo-, es muy poco probable que una eurozona rota por sus diferentes fracturas, falta de confianza en su socio, y con un clima tan deteriorado, reúna el suficiente liderazgo político para asumir este reto. En el fondo, es indiferente si los líderes conocían o no el informe del FMI con anterioridad a la cumbre, porque son incapaces de hacer frente a sus consecuencias.

Son pocos los milagros que pueden ocurrir. Podemos confiar en que los técnicos del FMI se han equivocado en sus cálculos, o en que un gobierno de SYRIZA será el campeón europeo en reformas económicas y austeridad presupuestaria bajo la atenta supervisión de unos socios, de repente proclives a ayudar y a reestructurar su deuda. Fuera de estos supuestos, que no son imposibles, aunque sí bastante improbables, la suerte parece echada.

Situar la responsabilidad de esta situación exclusivamente en Alexis Tsipras y en SYRIZA, sin tener en cuenta los desastrosos resultados de los anteriores programas, las fallas de gobernanza y de diseño de la Eurozona, y los errores clamorosos de política económica de los últimos años, sencillamente no es honesto. Nada se rompe tanto por la actuación de un grupo o una persona, por poderosa que sea. Nadie tiene tanto poder como para, actuando unilateralmente, meter a Europa en este callejón sin salida. Ni siquiera Merkel.

Que los sucesivos gobiernos de Grecia han cometido errores gravísimos en la gestión de las cuentas públicas es un hecho constatado. Cuando Yorgos Papandreu clarificó la verdadera situación de la deuda pública griega, allá por finales de 2009, los informes de la Unión Europea ya alertaban de que Grecia se estaba enfrentando a la crisis financiera internacional con una serie de desequilibrios acumulados en el ámbito de su balanza exterior y su déficit público, pero pocos sospechaban que los gobiernos de Nueva Democracia habían maquillado, con la ayuda del banco internacional de inversiones Goldman Sachs, las cuentas públicas de tal modo que habían ocultado a los socios de la Unión Europea y a su propia ciudadanía el alcance total de su deuda pública.

Desde aquel momento y hasta la fecha lo que hemos vivido los europeos es una serie de desafortunados incidentes que llevaron al euro al límite de la ruptura en 2010 y 2012, a dos “rescates” de la economía griega, a una crisis social de proporciones dramáticas, y a unos niveles de desencuentro político y desafección democrática sin precedentes en la historia reciente de la Unión Europea. La guerra de cifras entre los partidarios y detractores –varios, por la derecha y por la izquierda- del rescate es inabarcable: se ha manejado información estadística sobre el crecimiento –o mejor dicho, contracción- de la economía griega, el tamaño de su deuda, los intereses que debe pagar, el aumento del desempleo y la pobreza, la edad de jubilación, o el sistema fiscal griego con tanta ligereza como profusión, tanto para justificar la conveniencia del rescate como para denostar sus condiciones por demasiado duras socialmente o demasiado laxas financieramente. Hay mucha información, pero también falta mucha.

Falta, por ejemplo, el detalle del informe que se filtró a la prensa británica el pasado día 30 de junio, del cual se hizo eco el diario británico The Guardian, y que no ha sido referido en prácticamente ningún medio español –se desconocen los motivos, aunque se intuyen- en el que el Fondo Monetario Internacional reconoce que incluso bajo el escenario más favorable a los intereses de los acreedores, la deuda griega es insostenible. Es decir: que tras dos rescates, una pérdida del producto interior bruto cercano al 25% (sólo comparable a la gran depresión norteamericana), una pobreza que prácticamente se ha doblado durante estos años, el FMI concluye que Grecia no podrá pagar su deuda.

Que Grecia no pueda pagar su deuda lleva a dos conclusiones: a la necesidad de realizar una quita de la misma, o a mantener el stock de deuda lo más estable posible mientras ésta se refinancia permanentemente –en lo que algunos economistas llaman “extend and pretend”, esto es, renovar los plazos de pago periódicamente generando la “ficción” de que algún día se pagará. Esta solución, la más aceptable para los contribuyentes del resto de la Eurozona, llevaría a cerca de 30 años con un crecimiento económico nominal del 4% de media y equilibrio presupuestario. Con esta estrategia, Grecia alcanzaría un nominal de su deuda pública equivalente al 60% del PIB (el compromiso del pacto de estabilidad y crecimiento) en 2042. Y seguramente podría acceder a los mercados internacionales con una deuda de alrededor del 100%, entre los años 2028 y 2030.

Crecimiento de Grecia

Las probabilidades de que Grecia crezca al 4% nominal durante los próximos 30 años manteniendo equilibrio presupuestario –lo cual significa superávit primario suficiente como para poder pagar los intereses de la deuda- son escasas. Aun suponiendo una inflación media cercana al objetivo de la política monetaria europea (el 2%), el crecimiento económico medio de Grecia debería aproximarse al 2% anual, algo que no es totalmente improbable si tenemos en cuenta que las previsiones de la OCDE para el crecimiento potencial del país se sitúan en ese orden de magnitud hasta el año 2030. A partir de esa fecha, la OCDE pronostica un crecimiento potencial del 1,3%, lo cual sería insuficiente para alcanzar los objetivos planteados.

Los modelos del FMI parten de hipótesis similares: para hacer sostenible su deuda, Grecia debería crecer, a largo plazo y de manera sostenida al menos durante los próximos 15 años, entre el 3,5% y el 4% anual en términos nominales (esto es, aproximadamente la suma de la inflación y su crecimiento del PIB), mantener un superávit primario (esto es, el resultado de los ingresos menos los gastos públicos sin contar intereses) estuviera sobre el 3,5% del PIB, y conseguir dinero de privatizaciones por valor de alrededor del 13% de su PIB. Aún así no alcanzaría los requisitos establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (deuda pública por debajo del 60% del PIB) hasta bien entrada la década de 2030, y en ningún caso alcanzaría los objetivos planteados por el programa de rescate de 2010 y 2012 de situar la deuda pública por debajo del 112% en 2020.

¿Qué economía puede realizar semejante esfuerzo y soportar el coste social que implica? ¿Qué electorado es capaz de mantener tal disciplina en un país con las condiciones sociales tan deterioradas? Quien escribe estas líneas sospecha que ninguno, salvo que se le someta a una reducción absoluta de su soberanía fiscal, esto es, se le convierta en un protectorado.

Los gobiernos de la Unión Europea parece que de momento han asumido esta opción. Dado que tienen, como mínimo, la misma información sobre las proyecciones económicas que tiene quien escribe estas líneas, hemos de suponer que son conscientes de lo irreal de sus planteamientos a medio y largo plazo. Que la estructura institucional de Grecia tiene graves problemas de corrupción y fraude, que el estado es ineficiente y los mercados poco competitivos, o que son necesarias reformas en profundidad, creo que poca gente sensata podría discutirlo. Pero poner en marcha todo ese “arsenal de reformas” debe verse correspondido, de manera inequívoca, con una reestructuración sustancial de la deuda.

Que los líderes europeos quieran alcanzar ese acuerdo con Alexis Tsipras o con otro gobierno más proclive a sus planteamientos forma parte de otras consideraciones que dejo a la libertad del lector. En los últimos meses, la opinión pública y publicada se ha esforzado, hasta niveles que rozan el bochorno intelectual, en hacernos creer que el problema de Grecia es Tsipras. Pero lo que parece evidente es que con Tsipras o sin Tsipras en el poder, si no hay una solución social y económicamente sostenible, el problema de la deuda griega seguirá encima de la mesa de los jefes de estado y gobierno de la Unión Europea durante largos años.

Ante este panorama, Grecia tiene varias opciones: negociar una quita sustancial de su deuda, de manera que pueda recuperar espacio para el crecimiento económico y paliar las terribles consecuencias sociales de la crisis, declararse –tarde o temprano- en quiebra y realizar un impago de la deuda –con las consecuencias que esto puede tener en términos políticos, económicos y sociales- o someterse al menos a dos décadas de sufrimiento social supervisado internacionalmente, con la esperanza de que los más que improbables supuestos de crecimiento y superávit planteados se cumplan. Esto es precisamente lo que el domingo puede decidir la ciudadanía Griega: si convertirse en un protectorado o recuperar su soberanía, con los costes –y esperanzas- que cada una de las opciones pone por delante. Difícil elección, sin duda.

Pocos economistas han recibido más atención internacional que Yanis Varoufakis en estos últimos días. Yanis Varoufakis, la estrella económica del gobierno de Tsipras, profesor de economía en la universidad de Austin, ha recibido tanta atención como críticas durante esta semana, incluyendo puestas en duda sobre su  valía académica, su orientación política  o su forma de entender la economía.

Sin embargo, Varoufakis es un viejo conocido de la economía llamada “heterodoxa”. Su nombre puede verse en algunos manifiestos, memorandos y propuestas para  una política económica alternativa, y ha estado vinculado a algunos de los espacios más innovadores en materia de política económica, como es el INET (Institute for a New Economic Thinking, patrocinado por el magnate y filántropo George Soros). Su último libro,  “El Minotauro Global”, fue editado en Español en 2012 y recibió en su momento  buenas críticas.

Es pronto para conocer cuáles son los planes de Varoufakis y de Tsipras en la negociación que necesariamente quiere abrir sobre la continuidad del programa de ajuste en Grecia, ya que apenas han comenzado a darse los primeros pasos de gobierno. En Agenda Pública  y en otros medios no faltarán análisis y referencias a los diferentes enfoques que dicha estrategia negociadora puede seguir, y el posterior desarrollo de los acontecimientos puede devenir en nuevos análisis y nuevas propuestas.

Pero, ¿qué visión sostiene Varoufakis sobre el conjunto de la Unión Europea, de la gestión de la Eurozona? ¿Irá al eurogrupo con el único objetivo de defender los intereses de su economía –lo cual ya sería bastante- o podrá ejercer influencia en el desarrollo de la política económica de la zona Euro?

De hecho, Varoufakis tiene propuesta para toda la eurozona, y, sorprendentemente, sus propuestas no sólo han sido realistas sino que en buena parte ya se han hecho realidad. En Julio de 2013, Yanis Varoufakis publicó, conjuntamente con Stuart Holland  y con  James K. Galbraith, un memorando sobre la crisis de la Eurozona, al que denominaron “A modest proposal for resolving the eurozone crisis” (Una propuesta modesta para la resolución de la crisis de la Eurozona). El documento parte de la idea de proponer una serie de reformas políticas y económicas que, sin suponer una alteración de los tratados de la Unión Europea, podrían llevarse a cabo para mejorar sustancialmente la situación de las economías europeas.

Los tres autores inician su análisis del reconocimiento de cuatro ámbitos interrelacionados sobre los que se desarrolla la crisis (crisis bancaria, crisis de deuda, crisis de inversiones y crisis social), y reconocen cuatro restricciones para el desarrollo de sus políticas:

a) El Banco Central Europeo no comprará deuda pública directamente a los estados miembros.

b) El programa OMT (Outright Monetary Transactions, el programa del Banco Central Europeo que en septiembre de 2012 apaciguó los mercados), será tolerado en la medida en que no se ponga efectivamente en marcha.

c) Los países con superávit no permitirán la mutualización de la deuda de los países con déficit.

d) No se puede esperar a convertir la Unión Europea en una Federación.

Con estas restricciones, Varoufakis, Holland y Galbraith proponen una serie de medidas para el alivio de la situación de la eurozona, centradas en mitigar cada una de las dimensiones que han identificado en la crisis: bancaria, deuda, inversiones y social.

En relación con la  crisis Bancaria, los autores proponen avanzar en un mecanismo de apoyo “caso por caso” para los bancos en problemas. Según su esquema, en caso de una crisis de un banco, las autoridades nacionales deberían ceder sus responsabilidades de gestión de la crisis al Banco Central Europeo y al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), quien tomaría las decisiones correspondientes a dicho banco. Sería en ese caso el MEDE quien recapitalizase y operase el banco hasta su completo saneamiento. Su propuesta se basaba en la hipótesis de que la Unión Bancaria tardaría demasiado en llegar y que una figura intermedia como la propuesta podría facilitar el proceso.

En relación con la  crisis de deuda, el documento diseña un mecanismo de conversión de aquella deuda por debajo del 60% del PIB (El límite permitido por Maastrich) en deuda no negociable situada en el Banco Central Europeo. El resto de la deuda seguiría en los mercados. El Banco Central Europeo emitiría deuda propia para financiar la conversión, que además sería garantizada por el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

En tercer lugar, y para solventar la  crisis de inversiones, los autores proponen la puesta en marcha de un programa de inversiones para la recuperación y convergencia, financiado a través de bonos emitidos en el marco del Banco Europeo de Inversiones, dirigido a financiar inversiones en el ámbito de la salud, la educación, la tecnología verde, las energías renovables y la renovación urbana. El documento propone que dichos bonos no necesitarían ningún mecanismo de garantía fiscal de lo estados miembros, y que, llegado el caso, el Banco Central Europeo podría comprar dichos bonos en el mercado secundario para mantener sus tipo de interés bajo.

Por último, el documento sugiere la puesta en marcha de un programa de solidaridad frente a la  emergencia social, pensado para garantizar el acceso a la nutrición y a la energía para todos los europeos, de manera equivalente al programa de cupones de comida de Estados Unidos. La financiación para dicho programa podría originarse en los intereses acumulados a través del sistema de préstamos interbancarios del sistema europeo de bancos centrales (TARGET2), o de otras transacciones financieras.

Cuatro propuestas que los autores consideran realistas y que podrían servir para mitigar los perniciosos efectos de la crisis en sus múltiples dimensiones, evitando la modificación de los tratados y permitiendo una mejora sustancial de las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía europea.

El documento está firmado en Julio de 2013, y muchas cosas han ocurrido desde entonces. Los posteriores desarrollos de la UE en la gestión de la crisis no sólo están en consonancia con las propuestas de Varoufakis, Holland y Galbraith, sino que en algunos casos incluso las han superado.

En el ámbito bancario, la Unión Europea ha culminado su proceso de puesta en marcha de la  Unión Bancaria, adelantándose de esta manera los presagios de los autores. La gestión del MEDE y del Banco Central Europeo en el Mecanismo Único de supervisión y de resolución bancaria, así como la utilización del MEDE como instrumento de recapitalización bancaria, suponen un paso en una dirección similar a la propuesta por el documento.

La gestión de la deuda sigue siendo un grave problema para la Unión Europea, pero la puesta en marcha del  Quantitative Easing en marzo de 2016 comporta algunas características similares a las ofrecidas por los autores. El Banco Central Europeo comprará deuda pública a largo plazo hasta su término, emitiendo para su financiación no instrumentos de deuda, sino reservas. Los límites establecidos para la compra de deuda nacional están por debajo del límite del 60% del PIB (sólo se podrá comprar un 33% de la deuda emitida por cada estado miembro), lo cual permitirá rebajar sustancialmente los costes de financiación de dicha deuda, que además tendrá un importante grado de mutualización no sólo a través del 20% mutualizado, sino  a través de los mecanismos de compensación interbancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales (TARGET2). El objetivo del QE no es en modo alguno rebajar la presión sobre la deuda soberana, pero sí será uno de sus efectos positivos colaterales.

En el plano del plan de inversiones, la propuesta de Juncker para la elaboración de un plan de inversiones en la Unión Europea  va de hecho más allá del planteado por los autores, usando no sólo el Banco Europeo de Inversiones (BEI), sino también la garantía del presupuesto comunitario y la de aquellos países que, de manera voluntaria, quieran contribuir al mismo sin que estas contribuciones sean consideradas déficit público por la comisión. Adicionalmente, la compra, por parte del Banco Central Europeo, de bonos del BEI en el marco del QE rebajarán sus costes de financiación y le permitirán ampliar su propio balance.

Por último, en el ámbito de lo social, y pese a los avances establecidos con la puesta en marcha de mecanismos de apoyo para la situación social a través del Fondo Social Europeo o la puesta en marcha del  Fondo Europeo para los más desfavorecidos, no se puede decir que la Unión Europea haya avanzado demasiado. El Fondo Europeo para los más desfavorecidos tiene una dotación de 3800 millones de euros para 7 años, absolutamente insuficiente para atender las más mínimas necesidades, y el Fondo Social Europeo, que incluye la inclusión social entre sus prioridades para el período 2014-2020, no permite, por ejemplo, atender programas de garantía de rentas.

Varoufakis, Holland y Galbraith no son revolucionarios, profetas ni visionarios. Su objetivo no era “adivinar” el futuro, sino ofrecer alternativas realistas, audaces y coherentes para mitigar la crisis de la Eurozona y de la Unión Europea. Lo relevante de estas propuestas no es su capacidad anticipatoria, sino la virtud de dibujar un escenario en línea con el que, a través de la negociación y la armonización de intereses nacionales en franco conflicto entre las  “tres Europas”, se ha conseguido ir materializando durante estos años de crisis.

Con otros muchos economistas, tantos que no cabe aquí citar, Varoufakis ha contribuido a dar forma a propuestas que las grandes fuerzas políticas europeas han ido materializando más despacio de lo necesario, más limitadas de lo conveniente, más pequeñas de lo deseado. Esa ha sido hasta el momento su pequeña victoria. Ahora, se sentará en el ECOFIN para ser protagonista en primera persona de los cambios necesarios. Si el flamante y polémico ministro de finanzas griego mantiene abierta la puerta de la negociación y no opta por una estrategia rupturista, sus propuestas pueden ayudarnos salir del impasse en el que nos encontramos. Del nivel de entendimiento que alcance con sus colegas de la Unión Europea y la Eurozona, y de la voluntad de no dejarse llevar por tacticismos de bajos vuelos, depende el futuro de Grecia y en buena parte el futuro de lo que será la Unión Europea de los próximos años.

El Banco Central Europeo ha aprobado la puesta en marcha de una operación de Expansión Cuantitativa (Conocido como QE, por sus siglas en Inglés, Quantitative Easing, o, tal y como lo ha denominado el BCE, el Expanded Asset Purchase Programme, o Programa de compra expandida de activos). El objetivo que mantiene el Banco Central es contribuir al incremento de la producción y los precios en el área de la Eurozona, a través de una inyección masiva –hasta 1,15 billones de euros- de liquidez adicional en el mercado. Se trata sin duda de la mayor operación monetaria del BCE desde su creación, y, con la misma, sigue la senda de las operaciones aprobadas por otros bancos centrales, como la Reserva Federal Norteamericana o el Banco de Japón.

Pero, cómo funciona un QE? Para ilustrar su funcionamiento básico proponemos un esquema simplificado de los movimientos en el sector financiero y monetario de una economía. Supongamos 3 sectores: el sector no financiero, formado por empresas, particulares y el estado, un sector financiero, formado por un banco, y un banco central. Cada uno de ellos tiene su propio balance, que, como sabemos, es una forma de representar todos los derechos y propiedades (activos) y todos los recursos financieros que los financian (pasivos). Un particular, por ejemplo, tiene una casa en propiedad y un coche (activos), y los ha financiado con un crédito del banco (pasivos). A su vez el Banco tiene derechos y propiedades, en este caso, el crédito del particular. Parte del dinero del banco, que no es usado en créditos, se mantiene como “depósito” en las cuentas del Banco Central, en forma de reservas. El Banco se financia con su capital, otros créditos y con depósitos de los ahorradores (pasivos). Por último, el Banco Central tiene activos –créditos a Bancos, por ejemplo, dinero en efectivo- y se financia con los depósitos de los bancos comerciales (reservas) y, y esta es la principal característica de un Banco Central, con el dinero –moneda- en circulación, cuya emisión es potestad suya.

Supongamos ahora que el Banco Central decide realizar una compra masiva de deuda (QE). Para ello compra los bonos que tienen los bancos, y a cambio les da a los bancos un dinero que sitúa en su balance como reservas.

Los movimientos son los siguientes: los bancos dejan de tener entre sus activos los bonos del sector no financiero, y a cambio tienen más dinero depositado en el Banco Central. Por su parte, el Banco Central adquiere los bonos –que pasan a estar en su activo- y a cambio crea reservas nuevas para los bancos. En este movimiento, los Bancos dejan de tener dinero prestado (ya no tienen los bonos) y tienen dinero “sin utilizar” (nuevas reservas). Como el negocio bancario se basa precisamente en prestar el dinero, los bancos ofrecen nuevos créditos al sector no financiero, que puede adquirir con el mismo nuevas inversiones, o gastarlo en nuevos productos.

Dado que hay más dinero para invertir y gastar, se incrementa la demanda y se incrementa la producción. El efecto global del QE es que el sector no financiero tiene más dinero para invertir y gastar, el sector bancario no sufre una mayor exposición al riesgo, y el Banco Central ha incrementado su balance al comprar los bonos –más activos- y al generar las reservas –más pasivos. En el caso de la Reserva Federal, la ampliación de Balance desde enero de 2008 ha supuesto un incremento del 400% de su balance previo hasta diciembre de 2014.

El efecto macroeconómico de esta medida de política monetaria es todavía más amplio. Dado que los bancos tienen beneficios moviendo el dinero, los bancos pueden dar más crédito, pero también pueden invertir el dinero en acciones y otros activos financieros, o incluso invertir fuera de las fronteras de la eurozona. Si esto ocurre –y es previsible- los mercados de valores experimentarán subidas y si una parte del “nuevo dinero creado” se traslada al exterior, el valor del Euro se depreciará –habrá más euros en el mercado internacional de divisas y por lo tanto, menos escasez del mismo. El tercer efecto de esta medida es que las exportaciones europeas serán más baratas y las importaciones hacia la eurozona serán más caras. En este ámbito, el efecto del QE será parecido al de una devaluación. El efecto conjunto de esta operación se puede ver en el gráfico.

El esquema del QE se inicia en Marzo de 2015 hasta septiembre de 2016, o hasta que la inflación prevista alcance una cifra menor, pero cercana al 2% (lo cual es el objetivo de la política monetaria del Banco Central Europeo). El QE Europeo se centrará en la compra de bonos del sector público, tanto nacionales como de instituciones de la Unión Europea, con un adecuado grado de solvencia (su calificación crediticia tiene que tener un grado de inversión) y no se permitirán compras de bonos especulativos, aunque deja la puerta abierta a los bonos públicos de países sometidos a Programas de Ajuste (en particular, Grecia).

El hacerlo sobre bonos públicos tiene además la virtud de mitigar el “crowding out”, eso es, el uso del ahorro privado para financiar el gasto público. Al sacar los bonos públicos del mercado, el ahorro de particulares y empresas puede destinarse a las inversiones privadas, favoreciendo, de esta manera, el crecimiento y la reactivación económica.

Hasta aquí la teoría: veamos ahora las dificultades prácticas de su puesta en marcha.

En primer lugar, es dicho conocido que se puede llevar a un caballo a un abrevadero pero no se puede obligarle a beber. Que los bancos tengan dinero para prestar no significa que las empresas y particulares puedan o quieran endeudarse más. En el caso de España, por ejemplo, la deuda privada de los particulares sigue en cotas muy altas y con riesgos de insostenibilidad, y ni la liquidez ni la salud del sistema bancario pueden mejorar esa situación. De hecho, el devenir último de la economía española señala que buena parte de las ganancias empresariales obtenidas a través de la devaluación salarial se ha destinado a “desapalancar” un sector empresarial excesivamente endeudado, como ha señalado, de manera muy precisa, Daniel Fuentes. Esta es, según Richard Koo, la principal razón por la que, en una “recesión de balances”, un mecanismo de QE no funcionaría.

¿Quién podría endeudarse más para generar más crecimiento? Seguramente, y bajo este esquema, el Estado. Sin embargo, y en el caso de la eurozona, hay serios limitantes para que el Estado pueda aprovecharse del QE. El régimen de consolidación fiscal y reducción del déficit público al que están sometidos los países de la Eurozona hacen que, aunque las compras se produzcan sobre deuda pública, la reducción del gasto público siga su curso y por lo tanto los gobiernos no tengan capacidad para reactivar la economía de esta manera.

En segundo lugar, el propio diseño de la Eurozona, ya que el balance de nuestro banco central –el Banco Central Europeo- no es sino la suma de los balances de los diferentes bancos centrales nacionales. Es decir, que las compras de bonos y de deuda se sitúan en los balances de cada uno de los bancos centrales nacionales. Y el gran debate de las últimas semanas –y hasta hoy mismo- ha sido la negativa de algunos países de que sus bancos centrales terminen en sus balances con deuda –pública o privada- de otros países.

La solución encontrada es que una parte (sólo el 20%) tendrá este carácter –será mutualizada- y otra parte (80%) se comprará bajo responsabilidad de cada uno de los bancos nacionales (es decir, que el Bundesbank comprará deuda alemana, el Banco de España comprará deuda española), de manera proporcional a su participación en el Banco Central Europeo.

Esto reduce en gran medida el efecto conjunto de la operación, ya que algunos países –precisamente los más endeudados- son los que más necesitan el QE, y de esta manera verán las compras de deuda limitadas por un techo que no será el óptimo. (En el caso de España, la compra será de algo más del 12% del total, correspondiente a su participación en el capital del BCE).

En tercer lugar, subsiste el riesgo de que el dinero “liberado” a través de la expansión cuantitativa termine ampliamente en los mercados financieros, incrementando el precio de las acciones por encima de lo razonablemente establecido por los “fundamentales” –condiciones objetivas de las empresas- y generando una nueva burbuja financiera. La conocida “inflación de activos” genera una falsa sensación de riqueza que incrementa la demanda y el consumo, y que corre el riesgo de generar una nueva burbuja. El BCE debería tener mucho cuidado en aplicar medidas prudenciales para evitar que se genere una nueva burbuja financiera vinculada al QE, porque sus resultados serían catastróficos. Hay numerosas opiniones sobre este particular, y, especialmente, sobre los efectos de las tres QE de la Reserva Federal en la generación de una nueva burbuja.

Queda por último, un canal de transmisión de la política monetaria, y es el canal exterior. Si existe en Europa exceso de liquidez en Euros, y estos euros se invierten en el exterior, el euro disminuirá su valor, las importaciones costarán más y las exportaciones costarán menos. En este sentido, el QE tendrá un efecto devaluador y permitirá ganar competitividad internacional a las industrias europeas. Pero será a costa de afectar a la estabilidad financiera de los países receptores de los nuevos euros. De nuevo, existen estudios que demuestran el impacto que puede tener un QE sobre los mercados emergentes, basándose en la experiencia de la FED.

En conclusión, la puesta en marcha del QE es una medida que el Banco Central Europeo toma como consecuencia del agotamiento de las políticas convencionales de tipo de interés y provisión de liquidez, y efectivamente puede tener un impacto positivo en el conjunto de la economía de la Eurozona. Pero de nuevo, las limitaciones existentes en materia de endeudamiento previo, los limitantes de la política fiscal, y la fragmentación y asimetría de las economías de la Eurozona le van a restar mucha efectividad. Al mismo tiempo, su uso comporta riesgos internos y externos que el Banco Central Europeo debería tener en cuenta a la hora de terminar de ejecutar la medida.

Dos automóviles avanzan en sentido contrario, uno contra otro, en una carretera de un solo carril. Ninguno quiere salirse al arcén para evitar el choque, aunque ambos saben que si llega a producirse las consecuencias serán fatales para los dos. Llegado el momento, uno de los conductores ellos arranca el volante y lo tira ostensiblemente por la ventanilla, de manera que deja en el otro conductor la responsabilidad: o arcén, o muerte segura.

Thomas C. Schelling, economista premiado con el Premio Nobel de Economía en 2005, pasó buena parte de su vida investigando sobre juegos no cooperativos como el que acabamos de describir, y nos regaló algunas de las páginas más lúcidas sobre economía que se han escrito jamás. Una de sus obras, “La estrategia del conflicto” está considerada un clásico de la ciencia política en materia de estrategias no cooperativas como la que acabamos de señalar. Según Schelling, hay ocasiones en las que es mejor cortarse un brazo antes que darlo a torcer.

No estamos en ese escenario, afortunadamente, pero podemos aprender de estos juegos estratégicos para evaluar la situación de la Grecia preelectoral. La tesis central de este post es que si los griegos quieren renegociar sus condiciones con la Troika, puede resultar racional votar a un partido que prefiera salirse del euro antes que cumplir con las actuales condiciones. El motivo es sencillo: si el gobierno de Grecia valora la permanencia en la Eurozona por encima de cualquier otra consideración, la Troika no tiene ningún incentivo para cambiar las actuales condiciones del programa de ajuste.

Supongamos que los jugadores son Grecia y Alemania (o la Troika, si se prefiere), y ambos tienen que decidir qué resultado es el óptimo para sus intereses. Grecia puede cumplir o no el memorándum, y Alemania puede “expulsar” o no a Grecia del Euro.

Dado que hay varios resultados posibles, estableceremos un orden de preferencias. Es importante destacar que las preferencias son preferencias subjetivas, no resultados finales. Es decir, un individuo puede preferir algo que piense que es lo mejor para él, aunque realmente no lo sea. Para poder organizar la información, asignamos un valor a cada una de las opciones, siendo 3 la opción más preferible para cada actor y 0 la menos preferible

Para nuestro ejercicio, establecemos el orden de preferencias para Syriza en Grecia, que sería:

a) Incumplir el memorándum y no ser expulsada del euro (3 puntos para Grecia)

b) Cumplir el memorándum y mejoran sus condiciones (2 puntos para Grecia)

c) Incumplir el memorándum y ser expulsada del euro (1 punto para Grecia)

d) Cumplir el memorándum sin mejorar las condiciones (0 puntos para Grecia)

Por su parte, Alemania –o la Troika- plantean el siguiente orden de preferencia:

a) Grecia cumple el memorando y no mejoran sus condiciones (3 puntos para Alemania)

b) Grecia cumple el memorando y mejoran sus condiciones (2 puntos para Alemania)

c) Grecia incumple el memorando y es expulsada del euro (1 punto para Alemania)

d) Grecia incumple el memorando y no es expulsada del euro (0 puntos para Alemania)

Ahora ordenamos los puntos y los volcamos en lo que en teoría de juegos se llama matriz de pagos. Una matriz de pagos es una manera de ordenar la información visualmente. Por ejemplo: si Grecia cumple y Alemania cede (casilla azul de la matriz), Alemania se llevaría 2 puntos y Grecia se llevaría 2 puntos, al ser la opción b) para ambos. Si Grecia incumple y Alemania cede, Grecia se llevaría 3 puntos (es su primera opción) y Alemania no se llevaría ninguno (es su última opción).

La matriz quedaría establecida así:

Este juego es un juego no cooperativo donde cada actor tiene una estrategia dominante: Grecia incumplir, y Alemania no ceder. Una “estrategia dominante” es aquella decisión que ofrece un resultado superior para uno de los jugadores con independencia de lo que haga el contrario. Por ejemplo, para Grecia, su estrategia dominante es “incumplir el memorando”, ya que sus puntuaciones son mayores que si cumple, con independencia de lo que haga Alemania. (Si Alemania cede, Grecia gana 3 frente a 2; si Alemania no cede, Grecia gana 1 frente a 0). De la misma manera, para Alemania, su estrategia dominante es no ceder: si Grecia cumple, Alemania gana 3 frente a 2; si Grecia no cumple, Alemania gana 1 frente a 0.

El resultado global de este juego es que ambos países seguirían su estrategia dominante: Grecia incumpliría y Alemania obligaría al país a salir del euro. Su resultado global sería la casilla naranja (1,1), en el que ambos países se conformarían con su tercera opción. Este resultado es peor que el resultado de la casilla azul, en el que Grecia cumple el memorando y Alemania ofrece mejoras en las condiciones del mismo. Este resultado (2,2) es superior a cualquier otro, ya que la suma total de los puntos que obtendría cada país es la mayor de la tabla, y cada país lograría su segunda mejor opción.

Sin embargo, como hemos visto, ninguno de los países tiene incentivos para llegar ahí de manera individual. En teoría de juegos, este formato se conoce como el “dilema del prisionero”.

Supongamos que los griegos deciden votar a un partido cuya última opción sea salirse del Euro. En ese caso, el orden de preferencias de Grecia sería:

a) Incumplir el memorándum y no ser expulsada del euro (3 puntos para Grecia)

b) Cumplir el memorándum y mejoran sus condiciones (2 puntos para Grecia)

c) Cumplir el memorándum sin mejorar las condiciones (1 punto para Grecia)

d) Incumplir el memorándum y ser expulsada del euro (0 puntos para Grecia)

Las preferencias de Alemania no cambiarían. En este caso, la matriz de resultados sería la siguiente:

En este caso, Alemania mantiene su estrategia dominante de no ceder. Grecia no tiene estrategia dominante, ya que su mejor resultado depende ahora de lo que haga Alemania. Su mejor jugada es, sabiendo que Alemania va a cumplir su estrategia dominante y no va a ceder, cumplir con el memorando antes de salir del Euro (casilla naranja).

Supongamos ahora un tercer caso: los estudios plantean que una salida de Grecia de la Eurozona es la peor de las soluciones posibles para ambas partes. Alemania prefiere ahora cualquier solución antes que la salida de Grecia del Euro. En ese caso, la matriz sería la siguiente:

En este caso no hay estrategia dominante, ya que los resultados de cada uno de los países dependen de lo que haga el otro. No se sabe de antemano qué hará cada país. Esta es una versión del juego en el que los dos automóviles van a chocarse directamente, conocido como “el juego del gallina”. Si ninguno da su brazo a torcer, el golpe está asegurado, pero ninguno tiene incentivos para echarse al arcén.

Hasta aquí el juego. Ahora veamos la estrategia. Alemania decide entonces “romper el volante” y anuncia que no va a ceder de ningún modo: la alternativa es cumplir el memorándum o salirse del euro. La matriz del juego queda reducida la decisión de Grecia de cumplir o no cumplir con el memorando.

En este caso, antes de salirse del Euro, Grecia cumplirá el memorándum sin recibir nada a cambio. Y esta es precisamente la solución en la que Alemania –o la Troika, o los amigos de la austeridad o los enemigos del populismo- quieren situar los términos del debate sobre las elecciones Griegas. Lo que tradicionalmente se llama “tómalo o déjalo” (o, más castizo: son lentejas). Cuando se plantea de manera “categórica” que la Troika no dará su brazo a torcer están rompiendo el volante y tirándolo por la ventanilla. Es un chantaje que la ciudadanía griega –y el gobierno resultante de las elecciones- no debe tolerar. La ciudadanía responsable de otros países de la Eurozona tampoco no lo debe admitir.

Afortunadamente, el mundo no es sólo teoría de juegos, los actores hablan y cooperan, y existen instancias de intermediación que pueden convertir este juego “no cooperativo” en un juego “cooperativo” con una mejor estructura de incentivos para todos los implicados y donde el resultado que cuente sea el resultado global.

De esta manera, y teniendo en cuenta que es posible la coordinación entre actores (cosa que no ocurría en el “dilema del prisionero”), es racional que el electorado Griego vote a un partido que prefiera salirse del euro antes que cumplir el actual memorando, y que anuncie con anterioridad sus preferencias y que esas preferencias sean creíbles. Con esa estructura, el juego tiene opciones de convertirse en cooperativo si hay coordinación de actores. Habrá negociación entre la Troika –o Alemania- y Grecia. Y los griegos verán muy mejoradas sus condiciones de vida. Pero no será porque no le quede más remedio a Grecia, sino porque es el mejor resultado posible para ambas partes.

En conclusión: votando a Syriza, es bastante probable que Grecia cumpla un memorando donde sus condiciones mejoren sustancialmente, porque dado el estrepitoso fracaso del plan de rescate de Grecia, sólo puede mejorar.

Hacen bien los griegos en plantearse esta opción de cara a las próximas elecciones.

Tras varios años de ajuste ininterrumpido en el gasto público de las comunidades autónomas, y varios ejercicios de rescate y apoyo desde el gobierno central, las CC.AA., se enfrentan al año 2015, año electoral de gran trascendencia, con numerosas incertidumbres. El descontento provocado por los recortes en salud y educación, partidas que representan más del 60% del gasto de las CC.AA, puede pasar factura en mayo y los gobiernos autonómicos quieren acceder a más recursos financieros para adelantar a su ciudadanía algo de los frutos de la tan anunciada recuperación.

Debemos recordar que entre 2009 y 2012, el descenso en el gasto en sanidad y educación de las CC.AA supuso alrededor de 20 puntos porcentuales. No será fácil: la senda de consolidación fiscal establecida en el programa de estabilidad por el que España se compromete con la Unión Europea, requiere que las CC.AA cumplan con un déficit público del 0,7% de su PIB, algo que la oficina de responsabilidad fiscal ya ha puesto en duda para 9 comunidades. Este mismo año siete de ellas no cumplirán el objetivo del 1%, alcanzando en los casos de Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia más del 2%, el doble de lo previsto.

La decisión de Hacienda de reestructurar la deuda de las CC.AA, y la eliminación de los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pago a Proveedores, podrá aliviar en algo la situación de los gobiernos autonómicos más endeudados, pero cabe preguntarse si esto no es sino premiar a las comunidades más irresponsables cargando la factura a la ciudadanía de aquellas que han cumplido los objetivos.

Ha llegado el momento de repensar, de nuevo, el sistema de financiación autonómica, aunque ese melón parece que nadie quiere abrirlo.

Aunque algunos indicadores están mejorando lo cierto es que la recuperación de la actividad económica, del empleo, y de los indicadores sociales aún está lejos.

Los indicadores económicos de España están recuperando ritmo desde el último trimestre de 2013 y podemos hablar, ya sin ambages, de creación neta de empleo y de crecimiento económico. Tanto es así que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró en un encuentro con el Consejo por la Competitividad que “en muchos aspectos, la crisis es historia”. No es la primera vez que lo dice. El presidente del gobierno utilizó esa misma o parecidas expresiones en Agosto de 2014, Febrero de 2014 o incluso octubre de 2013. El “fin de la crisis” y la “recuperación” son conceptos repetidos por parte del gobierno, suponemos que con los ojos puestos en el ciclo electoral de 2015, ya que el cambio de tendencia de los indicadores macroeconómicos clave es el principal activo con el que el Partido Popular puede presentarse a las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año.

Sin embargo, el cambio de tendencia de algunos indicadores, que es innegable, señalan hacia un cambio de ciclo pero ni mucho menos hacia la recuperación de la actividad económica, el empleo, y mucho más importante, los indicadores sociales de pobreza o desigualdad.

En términos de actividad Económica, España se encuentra en 2014 con un PIB que representa el 94,8% del que teníamos en 2007, el último año antes del estallido de la crisis. La diferencia entre el PIB previo a la crisis es, como se puede observar, mucho mayor que en el caso de la Unión Europea –que recuperó el nivel de 2007 en 2014- y que en el caso de la Eurozona.

Este dato se complementa con el output gap, esto es, la diferencia entre el PIB potencial y el PIB nominal. En situaciones de recesión, el PIB nominal es menor que el potencial, y en situaciones de auge, el PIB nominal es mayor que el potencial. El output gap mide esa diferencia de manera que en recesiones es negativo, y en auges es positivo.

Como se puede observar, el Output gap de España es también muy superior al de la Unión Europea y al de la Eurozona, con un gap de -5,95% sobre el PIB potencial, mientras que tanto la eurozona como la Unión Europea mantienen un Gap negativo de menos del 3%. Esto significa que España está mucho más lejos de su PIB potencial que el resto de nuestros socios europeos.

Por último, conviene mirar aquello que más preocupa a la ciudadanía: si la recuperación económica viene acompañada de creación de empleo. De nuevo los datos nos dan un resultado insoslayable, y verdaderamente dramático. Mientras que la Unión Europea y la Eurozona mantienen un nivel de personas empleadas cercano a los datos de 2007, España está, hoy, a 15 puntos del nivel de empleo de 2007. Y con una senda de recuperación del empleo todavía muy incierta.

Con estos datos económicos –y sin entrar en los sociales, cuyos resultados serían todavía mucho más dramáticos en términos de pobreza o de desigualdad- ¿podemos afirmar que “la crisis es historia”? No lo parece, ni mucho menos. La evolución de las últimas tres grandes crisis de la economía Española muestra claramente dónde y cómo estamos en el camino hacia la salida.

El cambio de tendencia de algunos indicadores es, obviamente, una buena señal, pero el camino hacia la salida de la crisis será todavía muy largo. Incluso en las hipótesis más optimistas del actual gobierno.

El pasado día 26 de octubre, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea han hecho públicos los resultados del análisis comprensivo del sistema bancario europeo, formado por un ejercicio doble: la revisión la calidad de los activos bancarios (AQR) y los denominados Test de Stress, analizando la solvencia de 150 entidades bancarias de los países de la Unión y, especialmente, de países de la eurozona. Los resultados publicados dejan en buen lugar a las 25 entidades bancarias españolas analizadas, y, salvo en el caso de Italia, muestran un panorama tranquilizador sobre la salud del sistema financiero europeo.

Son buenas noticias, pero… ¿qué es un test de stress bancario?

Para comprender su significado, hay que comenzar por conocer la estructura financiera de una entidad bancaria. Como el de todas las empresas, los bancos tienen un balance formado por activos, pasivos y capital. Los activos son los derechos de los bancos, es decir, aquello que tienen o que pueden reclamar: dinero en las cajas, inversiones y préstamos a clientes. Los pasivos son aquellas obligaciones por las cuales los bancos deben responder: dinero que han pedido prestado o los depósitos de los ahorradores. El negocio bancario es pedir prestado –en los mercados interbancarios o al Banco Central Europeo- o captar depósitos –de inversores o de ahorradores- y luego invertirlo ellos mismos dando prestamos a las empresas o particulares o invirtiendo en acciones y otros títulos. El capital del banco son aquellos fondos que, no siendo exigibles por los prestamistas o los depositantes, también sirve para financiar las operaciones del banco. En condiciones de equilibrio el balance de un banco debe cumplir el criterio:

Activos=pasivo+capital

Es decir, las operaciones del banco son financiadas por terceros (pasivo) o por el propio banco a través de sus recursos (capital). Como en cualquier empresa, este equilibrio contable es fundamental, pero al mismo tiempo, y por tratarse de entidades en las cuales los inversores y depositantes dejan su dinero con la esperanza de recuperarlo, su tratamiento es especialmente sensible. Si un cliente abre una cuenta de ahorro en un banco, espera poder contar con su dinero siempre y con independencia de los buenos o malos resultados que tenga la entidad con sus operaciones financieras. De no ser así, la confianza en las entidades bancarias se desplomaría y con ella el sistema financiero.

Para evitar que esto pueda ocurrir, las entidades bancarias se someten a una regulación internacional que exige un mínimo de capital propio, suficiente para cubrir eventuales pérdidas en las operaciones de inversión y préstamo, sin tener que “tocar” los depósitos de los clientes. De esta manera, si un banco concede un crédito hipotecario y este crédito es fallido –no se devuelve nunca- las pérdidas serían absorbidas por el capital del banco, y no por los depósitos de los ahorradores. Estas normas son dictadas por el Comité Internacional de Supervisión Bancaria, y se conocen como normas de Basilea. En estos momentos, y tras la crisis financiera internacional, estamos en pleno proceso de transición hacia la tercera versión de estas normas (Basilea III). Forman parte del capital propio el capital social de la entidad, los beneficios no distribuidos, las provisiones, las reservas, y otros instrumentos de inversión denominados “hibridos”, como, por ejemplo, las participaciones subordinadas o las preferentes (de infausto recuerdo en el caso de las cajas de ahorro). El capital se divide entre diferentes niveles de calidad, siendo el de más calidad el denominado “Core Capital” o “Tier 1”.

Se supone por lo tanto que un banco debe tener capital suficiente para absorber un porcentaje determinados de pérdidas en sus operaciones de crédito e inversiones –deterioros del activo- sin dejar de poder responder a sus obligaciones con prestamistas y ahorradores depositantes (pasivo). Para que ello ocurra, se debe cumplir la condición:

Capital propio > deterioros probable de activo.

Los test de stress miden precisamente esta condición: partiendo de un escenario base en términos económicos y suponiendo unas condiciones de crecimiento económico, desempleo, etc., los test de stress someten a simulación qué pasaría con los activos de los bancos en diferentes condiciones, cuánto se deteriorarían, y qué capacidad tendría el banco de asumir dichas pérdidas con su capital propio. ¿Qué le ocurriría al banco si el desempleo se dispara y se producen nuevos impagos hipotecarios? ¿Cuánto perdería si hay una bajada de acciones en la bolsa? Una vez determinadas las pérdidas por fallidos (créditos hipotecarios, inversiones, etc. que están contabilizadas por su valor y que lo pierden), se calcula cómo quedaría el banco en términos de capital –qué deterioro sufriría el capital propio del banco- y se valora si cumple con los criterios mínimos para no poner en peligro los depósitos de los ahorradores:

Activo “simulado” (contando las pérdidas)=Pasivo real +Capital simulado (tras absorber pérdidas).

Y esto es exactamente lo que ha hecho la Autoridad Bancaria Europea: someter a condiciones de “stress” los balances de los bancos, examinar cuál sería el deterioro probable de sus activos en situaciones económicas adversas, y valorar si cuentan con el capital propio suficiente para seguir siendo solventes. Este es el tercero de los test realizadosy su importancia se centra en que es el test previo a la puesta en marcha de la Unión Bancaria aprobada en el primer semestre de este año.

En este ejercicio, los límites establecidos en el peor de los casos –escenario más adverso- sitúan el límite de capital exigido en el 5,5% del balance. La mayoría de los bancos españoles lo superan con creces y sólo uno, Liberbank, se acerca a ese límite. No fue así en las anteriores pruebas, realizadas en 2010 y 2011, donde cinco entidades financieras españolas suspendieron en necesidades de capital y la mayoría de las mismas estuvieron mucho más cerca de los límites exigidos.

La razón fundamental de este cambio en el examen de solvencia de nuestras entidades financieras es la intervención pública desarrollada entre 2012 y 2013.

Durante esos años, España, a través del FROB, inyectó más de 37 mil millones de euros en el capital de las cajas de ahorro, concentró el sector, y desagregó los llamados activos problemáticos para su gestión a través del SAREB, por un valor de 50 mil millones de euros adicionales, para que nuestro sector financiero pudiera cumplir estos requisitos de solvencia. Hubiera sido motivo de profunda reflexión que, tras esta inyección de fondos en nuestro sistema financiero, no se hubiese mostrado como uno de los más solventes del continente.

¿Significa esto que fluirá el crédito más y mejor que antes? No necesariamente. Los problemas de acceso al crédito por parte de la economía española no tienen, ahora, tanto que ver con la solvencia de las entidades, como con la situación de familias y empresas. Tras las recapitalizaciones, los rescates, y los fondos prestados por el Banco Central Europeo, el mercado financiero español cuenta con solvencia y liquidez suficiente, pero el crédito se sigue dando con cuentagotas. Hemos solucionado el problema de solvencia de las entidades financieras, pero no los problemas de endeudamiento de familias y sector productivo. Desde el año 2011, las tasas interanuales de variación del crédito a familias y empresas están en negativo y nuestra deuda total apenas ha descendido. Nos queda todavía un largo camino.

Si en año electoral el Gobierno prefiere no someter a la sociedad a un nuevo castigo, la acumulación de desequilibrios generados por unos presupuestos dudosos la tendremos que pagar en 2016

Aprobado en Consejo de Ministros y presentado el proyecto en la cortes, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2015 está ya en la agenda política del país. Los PGE son un instrumento clave para analizar el devenir económico de cualquier sociedad, en la medida en que incorporan no sólo las prioridades de gasto establecidas por la política del Gobierno, sino también el escenario macroeconómico sobre el cual se van a traducir estas prioridades en acciones concretas.

En el caso de España, así como de otros estados con gasto altamente descentralizados, la precisión de los PGE para determinar las prioridades de las políticas de gasto es muy matizable. En primer lugar, porque gran parte de las políticas sociales están descentralizadas en las comunidades autónomas especialmente en lo referente a educación y sanidad, por lo que las cifras que aparecen en los PGE son sólo una visión parcial del compromiso de los poderes públicos con el mantenimiento de nuestro estado social.

En segundo lugar, porque el componente discrecional que aparece en los gastos es también muy reducido. De acuerdo con los PGE 2015, el gasto no financiero disponible para los ministerios es de 34.000 millones de euros, lo cual representa poco menos del 10% del gasto público total. El techo de gasto no financiero de la Administración General del Estado es de 129.000 millones de euros para 2015, de los cuales 37.000 millones están reservados para el pago de los intereses de la deuda, 30.000 para instituciones no ministeriales –Congreso, Senado, aportaciones a la Unión Europea- y 27.000 millones para las prestaciones por desempleo y aportaciones a la Seguridad Social.

Hablamos, por lo tanto, de una capacidad discrecional del gasto público relativamente limitada, donde pequeñas variaciones absolutas suponen grandes variaciones relativas. Por poner un ejemplo, el Gobierno ha anunciado un incremento del 4,51% en el presupuesto de educación, pero, al tratarse de una política descentralizada, en realidad el incremento previsto es de 98 millones de euros (de 2.175 a 2.373 millones) en una política que, consolidando el gasto de las CC.AA, supuso en 2012 un total de 46.000 millones de euros. Es decir, es un incremento marginal, casi insignificante, y que en absoluto compensa los recortes habidos en años anteriores (entre 2011 y 2012, se recortaron 4.000 millones de euros en gasto público educativo).

Por lo tanto, conviene tener cierta prevención a la hora de examinar las partidas concretas de gasto y llegar a una conclusión sobre las mismas teniendo en cuenta la naturaleza desagregada de nuestro gasto público.

Sin embargo, los PGE sí son una buena muestra, quizá la más importante, junto con el Programa de Estabilidad y el Marco Nacional de Reformas enviado a Bruselas cada primavera, de las orientaciones de la política económica general del Gobierno. Y a este respecto, a la vista del desarrollo de los acontecimientos, las macrocifras del presupuesto son dudosas. Da la sensación de que el Gobierno quiere tomarse unas vacaciones en año electoral.

De acuerdo con el Programa de Estabilidad, España debería recortar su déficit en 2015 en alrededor de un 1,3% del PIB, que, dando por buenas las perspectivas de crecimiento de la economía Española contenidas en el cuadro macroeconómico, corresponderían con 14.196 millones de euros. La reducción de déficit correspondiente a la Administración General del Estado supondría un 0,6% y un 0,4% para la Seguridad Social, lo cual supone, en términos absolutos, un descenso de 6.552 millones para la AGE y 4.368 millones para la Seguridad Social.

Dado que el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos, hay dos maneras de reducirlo: incrementando ingresos, o reduciendo gasto. Los PGE 2015 apuestan claramente por el incremento de ingresos, con 3.909 millones de euros más, la mayoría de los cuales provienen del incremento de los ingresos tributarios correspondientes a impuestos indirectos, especiales y de sociedades. Es decir: el Gobierno espera compensar la bajada del IRPF con una mayor recaudación en los impuestos vinculados a la producción económica, el consumo y los beneficios empresariales.

La apuesta del Gobierno es por lo tanto jugar la carta del crecimiento de la actividad económica para equilibrar las cuestas a través de fomentar el consumo y la inversión tras la reforma del IRPF. La cifra prevista de creación de empleo -350.000 puestos de trabajo- abunda en esa dirección.

Dos sombras aparecen en el escenario, que se convierten en dudas sobre la viabilidad de unos presupuestos pensados para año electoral. En primer lugar, el cuadro macroeconómico del Gobierno supone que España se aprovechará del crecimiento económico de la eurozona y de la demanda exterior, planteando una contribución neta de la misma al crecimiento del PIB.

En segundo lugar, el Gobierno presupone que España mantendrá la capacidad de financiación frente al exterior. En realidad, a lo largo de este año 2014, la aportación de la demanda exterior al crecimiento del PIB ha estado en números negativos, y en el primer semestre de 2014 hemos entrado, de nuevo, en necesidad de financiación frente al exterior.

Las perspectivas de la Eurozona para el año 2015 no son tan buenas como se suponía, y si esto afecta a nuestra demanda exterior, con bastante probabilidad su contribución al crecimiento del PIB volverá a ser negativa en 2015. Si esto es así, la economía española deberá crecer otra vez empujada por la demanda interna, con el consiguiente incremento de las importaciones y de las necesidades de financiación frente al exterior –incrementando su deuda externa- o bien crecerá menos, dando al traste con las previsiones de incremento de ingresos vía impuesto de sociedades o impuestos indirectos.

Si en año electoral el Gobierno prefiere no someter a la sociedad a un nuevo castigo, como todo parece indicar, la acumulación de desequilibrios generados por unos presupuestos dudosos, en términos de déficit exterior y déficit público, la tendremos que pagar en 2016.

La escenificación de la entrega de los PGE al Congreso no es más que el primer paso en el largo proceso de aprobación de la ley anual más importante del Gobierno y con mayor efecto sobre los ciudadanos.

El siguiente paso será enviar, antes del 15 de Octubre, el borrador de Presupuestos a la Comisión Europea. Bruselas, bajo las normas fiscales reforzadas, revisará el proyecto pudiendo llegar a rechazarlo, en el caso más extremo, si considerase que se incumplen los compromisos adoptados bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

“No es solo la política. La economía también se tiene que democratizar”, señala Andrés Ortega en Recomponer la democracia. Con ello se refiere al “empoderamiento” económico de los ciudadanos, a la necesidad de que participen más en la economía. Y esto implica situar la economía en el debate público, y aumentar la pedagogía y la cultura económicas de los ciudadanos.

Se da la circunstancia de que esta necesidad coincide con el enorme cuestionamiento que está experimentando la Economía, como cuerpo de conocimiento. Un cuestionamiento social que se ha extendido no sólo a la propia disciplina, sino que ha traspasado el debate teórico para centrar buena parte de las críticas en aquellas personas que, de manera profesional, la practican y desarrollan su marco intelectual, esto es, los propios economistas. En esa línea, Soledad Gallego Díaz señala que la cuestión social no se puede dejar en manos de los economistas.

Razones no faltan para este cuestionamiento. El devenir teórico de la economía ha ido desarrollando en las últimas décadas una matematización creciente al tiempo que se iba independizando de otras disciplinas sociales como la sociología, la ciencia política, o la filosofía moral, desarrollo que alcanza su máxima expresión en el ámbito de la economía financiera, que aparece como una rama más de las matemáticas, diluyendo de esta manera su vocación de genuina ciencia social.

La obsesión de los economistas por desarrollar una disciplina hiperespecializada y matemáticamente exacta, homologable a las ciencias “duras”, y en particular a la física, ha terminado por convertir lo que inicialmente se consideró meramente un lenguaje -el matemático- como el método por excelencia de la misma, aislado de las consideraciones y análisis provenientes de otras ciencias sociales, y, paradójicamente, menos preparada para analizar y explicar la complejidad del hecho económico y su interrelación con el conjunto de las relaciones sociales. La economía política de Smith, Ricardo, Marx, Keynes o incluso Samuelson y Friedman se ha transformado en un análisis económico estrictamente formalista y abstracto, llegando al extremo de eliminar de los currículums académicos disciplinas tales como la Historia Económica. En su influyente artículo “The Making of an Economist Redux”, David Colander analiza cuáles son las condiciones que los doctorandos de varias universidades norteamericanas consideran importantes para obtener su título. Uno de cada dos doctorandos pensaba que el conocimiento de la economía no era importante para obtener un doctorado en ciencias económicas. El dominio de las matemáticas es considerado mucho más importante que el conocimiento del sistema económico.

Así, se ha consolidado una interpretación de la economía que supone que los seres humanos tiene una racionalidad económica prácticamente perfecta, y que se mueven en el marco de mercados eficientes con pocas fricciones e imperfecciones. Una ciencia económica que obvia el carácter de construcción social de muchas de sus categorías, y que se presume “objetiva” y ajena al contexto social, cultural y político en el que desarrolla su análisis. La precisión ganada en el desarrollo de complejos modelos matemáticos lo es a costa de incrementar su nivel de abstracción y de renunciar al realismo de los supuestos de partida.

Los resultados de esta manera simplista de entender y explicar el hecho económico no han sido ajenos a la incapacidad de la corriente principal de la economía para prever y explicar adecuadamente el surgimiento y posterior desarrollo de la presente crisis.

No son pocas las voces que se alzan contra esta tendencia. Buena parte de los economistas se han rebelado contra este reduccionismo, y han aportado su grano de arena para revertir esta situación. Los economistas más conscientes, como Stiglitz, Akerloff o de Grauwe han promovido vías de investigación fundamentadas en nuevos supuestos de partida, como nuevos sistemas de medición del bienestar económico, o una visión más realista de las limitaciones de la racionalidad de los agentes económicos. La World Economics Association nació en 2011 aprovechando el impulso generado a principio de la anterior década por el Manifiesto de la economía post-autista, abogando por una ciencia económica que no huya de su carácter de ciencia social, abierta a los avances y descubrimientos de la Historia, la Sociología, la Psicología o la ciencia política. De la misma manera, el financiero y filántropo George Soros lanzó en 2011 el Institute for New Economic Thinking, INET, con el mismo objetivo. Estas iniciativas son sólo unos ejemplos de un movimiento más amplio que aboga por una ciencia económica plural y epistemológicamente abierta al enriquecimiento mutuo con otras ciencias sociales.

Si la economía (junto con las otras ciencias sociales) debe ganar presencia en el debate público, tal como apostábamos en nuestra Nota anterior, sólo puede hacerlo transformando la manera en que explica y se explica. Una buena manera de contribuir a la solución de los problemas de este mundo en crisis es apostar por una reorientación de los aspectos epistemológicos y metodológicos de una ciencia económica, a fecha de hoy, demasiado centrada en un paradigma insuficiente, reduccionista y francamente inadecuado para explicar la complejidad del hecho económico como hecho social.

Nota de los editores de Agenda Pública en colaboración con José Moisés MartíneditoresJosé Moisés Martín

¿Qué consecuencias ha tenido la política de austeridad sobre la economía, el empleo y la cohesión social? ¿Cómo ha afectado a las capacidades del sector público como proveedor de bienes y servicios esenciales? ¿Cómo influyen estas consecuencias sobre las posibilidades de desarrollo económico y social futuras?

En mayo se cumplirán cuatro años desde la puesta en práctica de la estricta agenda de la austeridad impuesta por la troika (Comisión Europea, BCE, FMI) y auspiciada por Alemania, tiempo suficiente para analizar, en base a los datos disponibles, la efectividad de esa estrategia en los países que la han soportado de forma más cruda.

La puesta en marcha en mayo de 2010 de la política de ajustes en la zona euro frenó en seco una incipiente recuperación, y colaboró decisivamente a generar la segunda recesión de esta larga crisis. Un resultado previsible, conocido el efecto contractivo de los recortes de gasto público en un contexto de falta de crédito y endeudamiento agudos. Todo supeditado a la reducción de los déficit públicos. La recuperación se fiaba a dos caminos: de un lado, la mejora de la confianza de los mercados y de la inversión derivada de la consolidación fiscal; de otra, de una ganancia de competitividad exterior generada por una intensa devaluación salarial. Ambas cuestiones han resultado fallidas.

Actividad y empleo durante la crisis: políticas aplicadas

El déficit público se ha reducido cuatro puntos en cuatro años. Para 2013 se estima que se situará en torno al 7%, algo superior al objetivo de la Comisión (6,5%). Pero esto excluye la repercusión de los 41.000 millones utilizados del rescate financiero. El ajuste se ha hecho esencialmente reduciendo el gasto, y sobre todo las partidas básicas del Estado de Bienestar. También se han aumentado los impuestos, lo que ha permitido elevar algo la recaudación, que se había desplomado con la crisis, aunque de forma insuficiente, por dos razones: porque la situación recesiva contrae las bases impositivas y porque España tiene un nivel de fraude muy elevado, y mantiene un diferencial de presión fiscal respecto de la media de la eurozona de 9,2 puntos de PIB (unos 90.000 millones al año). Esta consolidación además ha actuado de manera procíclica, con lo que el impacto contractivo de las medidas ha anulado buena parte (si no todo) el ajuste.

La deuda pública ha seguido aumentando, hasta suponer casi el 100% del PIB, lo que ha supuesto al país un sobrecoste para su financiación en los mercados tremendamente oneroso. El descenso de la prima de riesgo desde julio de 2012 no es achacable a la política de austeridad, sino a la decidida intervención entonces del Presidente del BCE.

Por su parte, la devaluación salarial está siendo muy intensa, por la rebaja de retribuciones de los empleados públicos y el impacto de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Popular en febrero de 2012, que ha otorgado mucho poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales y ha abaratado y facilitado el despido. La caída salarial se aprecia en todos los indicadores. Un ejemplo: la caída de la remuneración real de asalariados en España fue del 14,8% en el período 2010-2012, la segunda mayor de la UE tras la registrada en Grecia (-30,9%).

Remuneración real de asalariados 2010-2012Tasas de variación porcentual acumulada

El efecto global sobre el crecimiento es, cuando menos, dudoso. Porque a las eventuales ganancias alcanzadas por el desplome de los costes laborales se contrapone el impacto restrictivo sobre la demanda de las políticas de ajuste y esos mismos recortes salariales. El saldo final apunta a que, sin una reactivación de la demanda interna, el despegue de la economía española resultará imposible.

En materia de empleo las estadísticas muestran nítidamente el fracaso de la reforma laboral. Desde su entrada en vigor se han perdido 610.000 puestos de trabajo, 9 de cada 10 de ellos indefinidos; se ha elevado el número de despidos; ha caído el peso de la contratación indefinida sobre el total; se pierde empleo a tiempo completo y solo crece el de jornada parcial; aumenta sin parar el paro de larga duración (ya es el 58% del total); y se ha paralizado la negociación colectiva. Resumiendo: menos empleo y más precariedad. El balance global de pérdida de empleo desde el primer trimestre de 2010 es tremendo: se han perdido 1,6 millones de empleos, un 8,5% de la ocupación total existente entonces).

Volumen de empleo (miles) y tasa de paro (%)

Con todo, lo más preocupante es el coste que está suponiendo la austeridad extrema en términos de cohesión social. Los recortes de gasto han afectado de forma crucial a los grandes subsistemas que sostienen el Estado de Bienestar. Además, se han aprobado reformas que intentan consolidar este ajuste de forma estructural por la vía de reducir la intensidad y cobertura de su acción, sin buscar mecanismos de mejora de su eficiencia.

En sanidad, los gobiernos regionales han reducido sus presupuestos un 13% de media, y los cambios legales realizados han reducido la asistencia a inmigrantes irregulares, instaurado copagos y excluido medicamentos de su cobertura. A ello se suman algunos intentos de privatización sin justificación económica. En educación, se han elevado las tasas universitarias, se han reducido las becas, se ha elevado la carga lectiva de los profesores y se ha aumentado el número de alumnos por clase. En materia de pensiones, la medida más trascendente ha sido la reforma aprobada unilateralmente por el gobierno del PP en 2013, que establece un nuevo sistema de cálculo de las pensiones que supondrá una rebaja de las cuantías medias futuras, y un nuevo sistema de revalorización anual que producirá importantes pérdidas de poder de compra. Por lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, el aumento del paro de larga duración y las medidas adoptadas en 2012 han reducido drásticamente la cobertura en 17 puntos porcentuales, pasando del 78,2% al 61,4%.

La caída de los ingresos familiares (más desempleo, menos salarios) y el recorte de las políticas sociales han aumentado los niveles desigualdad. El índice de Gini ha pasado en España del 31,9% en 2007 al 35% en 2012, mientras la media de la UE no ha crecido en esta etapa, y se sitúa en el 30,6%. Según este indicador, la distribución de la renta en España es la segunda más desigual de la UE, tras Letonia. Otros indicadores al respecto muestran una foto similar.

Desigualdad económicaIndice de GINI

Las transferencias sociales han reducido su capacidad para corregir estas desigualdades. Globalmente, el 50% de la población más pobre ha perdido peso en la distribución de la renta disponible (2 puntos); la mitad que más tiene se lleva ya el 73,5%. Todo ello ha conducido a un dramático crecimiento de la pobreza y la exclusión social. El porcentaje de personas en riesgo de exclusión ha aumentado en 3,8 puntos respecto al inicio de la crisis, alcanzando al 26,8% de la población.

Riesgo de pobreza y exclusión socialPorcentaje de la población total

El riesgo de pobreza se sitúa también en máximos, el 27%. El grupo más afectado está siendo la infancia, que representa ya casi el 30% de la población en riesgo de pobreza. Igualmente, está creciendo de forma muy aguda entre los jóvenes, sobre todo en los denominados “ni-nis” (sin empleo ni formación).

Por todo ello, y pese a la propaganda actual del gobierno, resulta más que dudoso que la puntual mejora de algunos indicadores macroeconómicos que ahora se aprecia sea realmente el preámbulo de un nuevo tiempo de prolongada prosperidad. La modernización que necesita la economía española no se ha abordado, y los recortes están desmantelando nuestro precario estado de bienestar. De continuar esta erosión de la cohesión social, puede terminar socavando la base democrática y social del Estado español. No es posible hablar de recuperación si no mejora la calidad de vida de los ciudadanos, y eso está muy lejos de suceder sin un cambio real en las políticas desarrolladas.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida, (EU-SILC), en 2012, el 12,3% de los españoles y españolas que estaban trabajando se encontraban en una situación de pobreza relativa (esto es, su renta disponible era menor que el 60% de la mediana de la renta disponible; en España, 7182 euros anuales per cápita, después de impuestos y transferencias sociales). Esta cifra, es la segunda más alta de la Eurozona tras Grecia (15%) y la tercera en el total de la Unión Europea (detrás de Grecia y de Rumanía, con el 19%).

La precarización de las relaciones laborales, el vuelco en la distribución funcional de la renta (que situaba en 2013, por primera vez de muchos años, a las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo) el descenso de los salarios reales acontecido en los últimos años y la erosión de las políticas sociales debida a la consolidación fiscal presionan a la baja los ingresos de los tramos medio-bajos de la escala salarial, incluyendo descenso del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional desde 2011 (que se ha revalorizado en un 0,6% mientras que el Índice de Precios al Consumo lo ha hecho en un 5,6%). El efecto neto de este proceso está erosionando el valor del empleo como vector de inclusión social y de ejercicio activo de ciudadanía económica.

No se trata sólo de tener un empleo, sino de tener un empleo digno que permita participar activamente en la vida social, política y económica de la comunidad. Cuando desde los poderes públicos se insiste en que la mejor política social es la creación de empleo, se debería añadir “digno y suficiente”. A este respecto cabe recordar el artículo 35.1 de la Constitución Española y el menos conocido 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Trabajar para no salir de la pobreza. Que un porcentaje significativo de la población ocupada se encuentre en esta situación nos dice mucho de las prevenciones que debemos tomar a la hora de evaluar las políticas de flexibilización laboral y de creación de empleo que puedan acompañar a la tan esperada “recuperación” de la economía española.

Tras seis años de crisis financiera y económica internacional, y cinco de crisis estrictamente Española, es bastante probable que cualquier lector interesado pudiera hacerse con una auténtica biblioteca de libros sobre el elenco de soluciones que, desde la izquierda y la derecha, pasando por el centro, se han ofrecido al conjunto de la opinión pública. El mundo editorial, necesitado como está de ingresos con los que paliar su declive, ha encontrado su propio antídoto anticrisis en los libros sobre la propia crisis, y los títulos relacionados con la situación de la economía mundial, la europea y la española se cuentan, si no por centenares, sí por decenas.

De entre estos varios kilogramos de papel es difícil separar el trigo de la paja, y las más variadas interpretaciones de nuestra situación patria se han ganado un espacio en una opinión pública deseosa de recibir ideas con las que intentar reconstruir un relato sobre lo que nos ha pasado, sobre lo que nos está pasando, y más todavía, sobre cómo sobreponernos a la situación actual. Ideas hay muchas, lo difícil es precisar cuáles merecen la pena ser examinadas, asimiladas y apoyadas.

El libro de Jonás Fernández, Una alternativa progresista, forma parte de este último conjunto de propuestas. Jonás es un economista joven, con una formación técnica impecable –que se reparte entre la universidad de Oviedo, el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, el IESE y la London School of Economics, todos ellos centros de primer nivel– y con una experiencia profesional en el servicio de estudios de Solchaga Recio y Asociados que le permite observar el acontecer de la economía española desde una atalaya privilegiada.

Siendo esta formación y experiencia suficiente, Jonás ha mantenido una importante experiencia política en la familia socialista, primero ocupando puestos de responsabilidad en Juventudes Socialistas de Asturias, y posteriormente como asesor en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Merece la pena incidir en ello en estos tiempos en los que la militancia política tiende a confundirse con el pesebrismo y la falta de preparación técnica e intelectual. No es ni mucho menos su caso, ni el de otros muchos miles de militantes que combinan un quehacer profesional de primer nivel con su compromiso político.

Es esta doble experiencia, su sólido conocimiento intelectual y profesional de la realidad económica y política de España, y su compromiso con los valores de la socialdemocracia, desde donde nos lanza su propuesta de reformas. Porque el hilo conductor del libro es la propuesta. Una agenda que abarca lo político, lo institucional, lo social y lo económico. Y desde ese punto de vista es un claro mentís a aquellas voces interesadas que sitúan en la izquierda económica un permanente lamento sin propuestas dignas de ser tomadas en consideración.

Bien al contrario, el texto de Fernández recorre los principales aspectos de la realidad de nuestra crisis y plantea una colección de alternativas que circulan desde lo financiero, lo laboral, la reforma del Estado de bienestar y la arquitectura institucional de la administración y la política que termina dejando muy poco fuera de su alcance. Difícil tarea en un libro de apenas 280 páginas en formato de bolsillo, pero que el autor consigue cuajar en un programa coherente y detallado.

Comienza el libro con una reflexión sobre la crisis de la eurozona y sus posibles soluciones. Es quizá la parte más “dura” del libro, y especialmente en lo relativo a la descripción de los regímenes cambiarios, que pueden desalentar a los lectores menos avezados. Merece la pena aguantar el esfuerzo de la lectura porque posteriormente pasa a describir algunos aspectos clave de la situación actual de la eurozona, para lo cual los conceptos iniciales son de gran utilidad. Fernández identifica los problemas de la zona monetaria incompleta que es la Unión Monetaria Económica, y apuesta por una profundización de la integración europea que dé respuesta a los retos planteados por el déficit de diseño institucional de la misma.

El segundo capítulo, quizá el más interesante del libro, describe una agenda de reformas económicas destinadas a recuperar dinamismo y competitividad, describiendo brevemente una serie de reformas que el autor considera claves, en el ámbito del sector financiero, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma energética, industrial y de política de competencia y empresarial.

Cabe destacar lo interesante de la reforma fiscal planteada y la solución que propone para el mercado laboral, a través de la conversión de los actuales contratos temporales en un tipo de contrato indefinido con indemnización creciente, que, según el autor, recogería lo mejor de la propuesta del contrato único sin erosionar los derechos de los actuales trabajadores fijos.

Es una propuesta digna de estudio en profundidad, que él compatibiliza con un pacto de rentas que permita moderar crecimientos, tanto en los costes salariales como en los márgenes empresariales. El autor aboga por reactivar la política industrial con un enfoque horizontal, y por realizar una reforma empresarial que introduzca más competencia y que permita eliminar privilegios inmerecidos fruto de posiciones dominantes en los mercados.

Continúa el texto enumerando las reformas necesarias en el ámbito del Estado de bienestar, donde incluye la necesidad de reformar el sistema de pensiones para evitar su privatización o su quiebra, la reforma sanitaria –incluyendo una modernización en su gestión pública, que defiende frente a las tentaciones privatizadoras– y abogando por una reforma educativa que centre los esfuerzos en las primeras etapas formativas, y que sitúe a los centros privados y concertados en su sitio dentro de un sistema pensado no para estratificar a los alumnos, sino para garantizar la igualdad de oportunidades desde la cuna. Termina este apartado con un llamamiento para la puesta en marcha de un plan de choque contra la pobreza generada por la crisis, que considera una tarea de urgencia.

La tercera parte del libro recoge las propuestas para la reforma de la arquitectura institucional y de la política, planteando una reforma del título VIII de la Constitución, la reforma del Senado, un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas y municipios, y una reforma del modelo de funcionamiento de los partidos políticos, sistema electoral y transparencia en la gestión pública. Conviene hacer una lectura conjunta de ambos capítulos (IV y V), ya que se retroalimentan y tienen en sí mismos la entidad suficiente como para ser leídos como parte de una agenda de regeneración política más amplia.

Son muchas las virtudes del libro. Quizá la más reseñable es la amplitud de la oferta presentada y la búsqueda permanente de un tono poco grandilocuente y más bien modesto, que resalta los contenidos de las propuestas, la mayoría de ellas, puestas en contraste con las diferentes alternativas en discusión, y que son también explicadas en cada punto.

Es de agradecer este ejercicio de honestidad intelectual que lleva a describir las opciones posibles y a razonar la elección de la preferida por el autor. Quien lea el libro encontrará, por lo tanto, no sólo las propuestas del autor, sino también su valoración de las propuestas de otros autores y programas, lo que lleva a dotar de perspectiva cada una de las alternativas planteadas. Fernández se permite muy pocas licencias líricas. En estos tiempos de debate encendido y en muchas ocasiones sensacionalista o alarmista, encontrarse con un texto que se basa en un lenguaje sereno, razonado y honesto, es muy de agradecer.

Y en su pecado está su principal penitencia. Las reformas que plantea el libro son originales, de un profundo calado, y apuntan a un modelo nuevo de economía y de sociedad. Sin embargo, el texto no consigue transmitir una idea movilizadora de proyecto de país. Poca gente se sentirá disgustada con lo que aparece en el libro, y una lectura superficial podría dar la sensación de que el autor no se sale del guión de un cierto reformismo progresista políticamente correcto. Es una lástima porque, a juicio de quien escribe estas líneas, su contenido merecería una defensa más apasionada de su programa de cambio. Para hacer una tortilla hay que romper los huevos, y en este libro vemos una tortilla pero hay muy pocas cáscaras.

Hay, por supuesto, aspectos matizables, y otros en los que quien escribe está en franco desacuerdo, la mayoría de ellos en relación con la interpretación del pasado económico reciente. Fernández plantea, por ejemplo, que la Unión Monetaria fue la respuesta a las turbulencias financieras de 1992 –que llevaron a la libra a abandonar el Sistema Monetario Europeo–. La realidad muestra que la Unión Monetaria y el tratado que la consolida (Maastricht) se negoció y firmó antes del estallido de la crisis del SME.

También plantea que durante los años de bonanza, España redujo su deuda pública, pero una lectura detallada de los datos del stock de deuda da como resultado que España no redujo su stock, sino que la refinanció y que el descenso del ratio deuda / PIB se debió exclusivamente al fuerte crecimiento del PIB. Existen también diferentes opiniones sobre si el tipo de cambio de la peseta con el euro fue excesivo o insuficiente, ya que no faltan voces autorizadas que alertaron de un tipo de cambio demasiado apreciado para la peseta, al contrario de lo que el autor plantea en su libro.

Hay también temas para la discusión. Para ser un texto escrito desde el centro izquierda, se echa en falta una defensa más activa de la igualdad, y pocas veces se hace referencia a una estructura social polarizada que puede terminar en fractura. Para quienes pensamos que la igualdad debe estar en el corazón de cualquier agenda progresista, sus páginas dedicadas a la lucha contra la pobreza y la desigualdad saben a poco, aunque quizá el autor ha preferido centrarse en los aspectos clave de las reformas económicas, dejando para especialistas un desarrollo más completo de los aspectos sociales.

En cualquier caso, el punto más controvertido de desacuerdo es la defensa cerrada que Fernández realiza de la reforma del artículo 135 de la Constitución sobre el equilibrio presupuestario, que, a juicio de quien escribe estas líneas, fue innecesaria, inútil y excesiva. Este último sí supone un aspecto clave que merecería una mayor discusión con el autor, pero que en nada empaña el conjunto de la obra.

Con todo, Una alternativa progresista es un libro que merece ser trabajado y revisitado en los próximos años. En él podemos encontrar material suficiente como para participar ampliamente en el debate sobre las reformas políticas, económicas y sociales necesarias para la España de la próxima década. Que el autor lo haga desde su compromiso político da al texto un cierto aire de “carta abierta” a la socialdemocracia española y especialmente europea, porque, como el propio Jonás plantea, mucho de su programa de reformas necesita del concurso de las instancias europeas para ser llevado adelante.

No es este un punto menor, y aunque se deja translucir a través de todos los capítulos, hubiera necesitado de mayor énfasis: España puede –y debe– hacer su parte del trabajo, pero una salida socialmente aceptable de la crisis sólo puede venir acompañada por una profunda reforma institucional de los mecanismos de gobernanza económica de la Unión Europea y del euro.

Construir las alianzas políticas y sociales necesarias para acometer semejante obra transciende en mucho las posibilidades de un solo partido socialdemócrata de ámbito nacional, por lo que la estrategia es hoy tan importante como el programa. El PSOE –a quien se dirige preferentemente el texto de Fernández– puede hacer su papel en España, y a ello le llama este libro, siempre y cuando sea capaz de recuperar una mayoría social que, a juicio de quien escribe estas líneas, está bien lejos de conseguir por sí mismo.

De la habilidad de los socialdemócratas europeos para articular su propio discurso sobre Europa, y, desde él, construir una mayoría social consistente y abierta al diálogo y a la colaboración con otras fuerzas políticas, depende buena parte de nuestro futuro.

En septiembre de 2011, en medio de la tormenta financiera que azotaba los mercados de deuda de la eurozona, los dos principales partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, aprobaron una reforma del artículo 135 de la Constitución, destinada a garantizar por la vía constitucional el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas, y la prioridad absoluta del pago de la deuda pública sobre cualquier otra rúbrica presupuestaria.

La incorporación de ambas provisiones en el texto constitucional tenía –y tiene– como objetivo el establecimiento de unas reglas básicas para la política fiscal, las cuales, situadas en el texto de mayor rango, se suponía que debían contribuir a mejorar la confianza de los mercados en la capacidad de la economía española para hacer frente a sus obligaciones internacionales en materia de déficit y deuda pública.

En concreto, el artículo se refiere a:

a) La obligatoriedad de cumplir con las obligaciones de déficit público estructural establecidas en el marco de la Unión Europea.

b) El establecimiento del principio de equilibrio presupuestario para las Administraciones Locales.

c) La necesidad de autorización legal para emitir deuda pública, y el carácter absolutamente prioritario de su servicio.

d) El establecimiento de excepciones en caso de recesión, catástrofe u otra condición que dañe gravemente la economía española.

El artículo se refiere a la necesidad de aprobar una ley orgánica que desarrolle los principios contenidos en dicho artículo, lo cual se realizó en 2012 a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en la cual se concretaron los límites y los mecanismos previstos en el artículo 135 de la Constitución, a través de los siguientes parámetros:

a) Como norma general, el presupuesto de las Administraciones Públicas debe estar en equilibrio presupuestario, y el déficit público estructural no será superior al 0,4% del PIB.

b) La deuda pública no será superior al 60% del PIB.

El texto de la ley concreta y desarrolla, de esta manera, los principios contenidos en el artículo reformado de la Constitución. Cabe destacarse que, si bien la reforma constitucional fue aprobada con los votos del Partido Popular, PSOE y UPN, la ley Orgánica 2/2012 lo fue con los votos del PP, CiU y UPyD, votando el PSOE en contra del modelo de concreción que propuso el partido del Gobierno.

La reforma establece, por lo tanto, un modelo de política fiscal basado en reglas inamovibles, cuyos principales objetivos eran dos:

1. Por un lado, homologar el marco legislativo español a los requerimientos del Pacto Fiscal (Tratado de Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria), que pocos meses después firmaron y ratificaron los países miembros de la eurozona, que establece en su artículo 3.2 que las provisiones para la estabilidad presupuestaria deben tener fuerza legal en los países firmantes, preferiblemente en las constituciones.

2. Por otro, ofrecer un marco legal que dotase de credibilidad a la política fiscal a largo plazo, en un momento –verano del 2011– en el que la prima de riesgo española se había disparado por encima de los 300 puntos básicos.

Esta mezcla de intereses a largo plazo y coyunturales favoreció una aprobación rápida de la reforma constitucional, sin realizar consultas a la ciudadanía y de una manera que impidió el debate social y parlamentario sobre la bondad de la medida.

La urgencia de la reforma, iniciada en agosto de 2011 y culminada un mes después, no puede sino considerarse como precipitada, ya que fue más allá de lo finalmente establecido en el tratado –el Pacto Fiscal habla de “preferencia” pero no de “obligación” de la constitucionalización de la estabilidad fiscal– y, sin embargo, de poco o nada sirvió a la hora de dotar de credibilidad a la política fiscal.

Un año más tarde, la prima de riesgo alcanzó su marca récord con 649 puntos básicos, dejando a España al borde de un rescate completo por parte de la troika, riesgo que sólo se mitigó con la intervención del Banco Central Europeo y la puesta en marcha de su programa OMT (Outright Monetary Transactions, u operaciones monetarias directas).

En conclusión: la reforma asumió más costes de los necesarios, y no obtuvo los resultados que se buscaban a corto plazo.

El horizonte a largo plazo de la regla de estabilidad presupuestaria contenida en la Constitución y en la Ley Orgánica 2/2012 es más que dudoso. La definición establecida de déficit estructural, tanto en la legislación española como en el Pacto Fiscal, adolece de serios problemas de solidez teórica, ya que el propio concepto de déficit estructural, basado en el cálculo del saldo fiscal (ingresos, menos gastos públicos) una vez tenidos en cuenta los efectos del ciclo económico (relación entre el PIB real y el PIB potencial), es una magnitud difusa de imposible observación directa, y que se basa en la elaboración de modelos tendenciales muy poco consistentes, como ha señalado Fernando Esteve en su blog Oikonomía.

Esta imprecisión lleva a que el propio concepto cambie con el tiempo y genere cierta inseguridad en su interpretación. No sería la primera vez que ocurre: durante la crisis han sido ya varias las ocasiones en las que las instituciones internacionales han modificado sus modelos económicos debido a sus errores de previsión, con serios efectos en las recomendaciones de política económica en materia de deuda o déficit público.

Por otro lado, es conocido que el establecimiento de reglas fiscales que no se cumplen –y en el caso de la deuda pública española, es bastante probable que no se cumpla pasado el año 2020–, no hace sino generar más confusión y reducir la credibilidad del gestor público.

Más allá de los efectos estrictamente económicos, que el autor de este post considera dudosos, la reforma constitucional tiene, sobre todo, un fuerte componente político. Al constitucionalizar la estabilidad presupuestaria y dotarla de una ley de desarrollo tan rígida como la actual, se está cerrando la puerta –si no definitivamente, sí a largo plazo– al establecimiento de políticas económicas alternativas, que a partir de este momento serían tildadas de inconstitucionales.

Sería, por ejemplo, teóricamente inconstitucional en España la política económica lanzada en el marco del G20 de 2009, que promovió el desarrollo de impulsos fiscales y que evitó que la gran recesión se convirtiera en una depresión económica similar a la de 1930. Se trata, en última instancia, de una provisión destinada a limitar en gran medida la capacidad del Estado para dinamizar la economía a través de una política de estímulo fiscal o de inversiones públicas.

Lo más inexplicable de dicho movimiento político es que se ha desarrollado bajo un paradigma económico, el de la austeridad expansiva, que durante los últimos meses ha perdido toda su relevancia teórica y empírica. En efecto, estudios tanto del FMI como de la propia Comisión Europea han reconocido que la austeridad a ultranza es altamente perjudicial para la marcha de la economía. Sin embargo, el rigor del texto del Pacto Fiscal y de la reforma constitucional española deja poco margen de interpretación: la austeridad se aplicará, con independencia de toda evidencia empírica, sobre la base de lo establecido en el Tratado y en la reforma Constitucional, que ya han sido aprobados y cuya ulterior modificación es prácticamente imposible, habida cuenta de las mayorías necesarias para ello (unanimidad, en el caso del Pacto Fiscal).

Es inconcebible que partidos de centroizquierda hayan aprobado reglas tan rígidas para la gestión de la política económica de la eurozona y que, además, necesitan del consenso de los partidos de centro derecha para ser eventualmente modificadas. Con el Pacto Fiscal, las fuerzas políticas de centroizquierda de la Unión Europea se han encadenado a un modelo de política económica y han tirado la llave al río.

Otro efecto, no menos importante, de la reforma constitucional, es el establecimiento de controles exhaustivos por parte de la Administración General del Estado sobre el resto de las Administraciones Públicas, en un ejercicio de recentralización fiscal y financiera, que deja poco margen a las comunidades autónomas y nacionalidades para desarrollar un aspecto clave de cualquier posibilidad de autonomía o autogobierno: la política fiscal.

La supervisión y coordinación de las políticas de gasto público por parte del Gobierno central ya ha generado los primeros encontronazos en el Tribunal Constitucional, y no serán los últimos. Es cierto que, como parte de la UE, los Gobiernos autonómicos deben cumplir también con las previsiones establecidas en los tratados, pero cabe preguntarse si la centralización de la supervisión fiscal y financiera de las cuentas públicas autonómicas es la mejor manera de hacerlo.

En conclusión: una reforma excesiva, precipitada, de dudosa consistencia económica, y con un fuerte significado político que limita en buena medida las posibilidades de construir una política económica diferente en un Estado descentralizado como España. Una reforma que no puede sino considerarse un grave error.