Donald Trump no soporta que nadie le diga que 'no'. Y el Gobierno de España se lo ha dicho para el uso de las bases militares en su campaña militar ilegal de la mano de Israel contra Irán.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, había afirmado este martes tras el Consejo de Ministros: “Las bases de uso conjunto con Estados Unidos son bases de soberanía española que tienen un marco dentro del tratado con los Estados Unidos y es dentro de esa premisa, de nuestra soberanía y del marco de tratado, en el cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no hay nada extraño ni sorprendente y no esperamos en absoluto ninguna consecuencia”.

Pero, a la espera de que las amenazas de Trump se traduzcan en represalias concretas, el presidente de EEUU ha dedicado buena parte de su comparecencia ante la prensa junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, a cargar contra el Gobierno español.

“España ha sido terrible”, ha dicho Trump: “De hecho, le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que corte todas las relaciones con España. España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos han sido poco amistosos”.

“Puedo decidir parar hoy todo lo que hacemos con España, podemos hacerlo ahora mismo. Nos lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Podría detener mañana, hoy mejor aún, todo lo que tenga que ver con España. Embargos. Podemos hacerlo con España”, ha dicho Trump. Bessent ha dicho que el Supremo “reafirmó su capacidad para aplicar un embargo”. Y ha añadido Trump: “Y podemos imponer un 15% de aranceles a quien queramos [cosa que ya ha decretado el presidente de EEUU]”.

El Gobierno español, por su parte, no ve tan fácil una ruptura comercial como amenaza Trump, y considera que tienen que darse una serie de circunstancias para que la relación cambie. “Si la administración norteamericana quiere revisar [la relación comercial] deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”, señalan fuentes de Moncloa tras las palabras del presidente de EEUU.

Sánchez comparecerá este miércoles a primera hora para responder a Trump y exponer la postura del Gobierno respecto a la guerra desatada a raíz de los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

“España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo. También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”, expresan esas fuentes.

No es la primera amenaza a España

No es la primera vez que Trump amenaza con represalias comerciales a España. Lo deslizó también tras la cumbre de La Haya en la que Sánchez se plantó contra el 5% del PIB para defensa. Sin embargo, no hubo entonces ninguna consecuencia. La respuesta de la UE entonces fue que respondería conjuntamente a cualquier medida tomada en contra de uno de los estados miembros.

El segundo mensaje que emite Moncloa es de tranquilidad para los ciudadanos españoles ante las repercusiones económicas que pudiera tener una decisión de ese tipo por parte de Washington. “Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”, aseguran esas fuentes.

En cuanto a las represalias comerciales de Trump, Moncloa asegura que “la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional”. “Lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”, agregan.

No obstante, la ira de Trump no sólo se ha desatado por la decisión sobre las bases sino que también ha mencionado el 'no' de Sánchez a disparar el gasto militar al 5% del PIB. “Todo comenzó cuando todos los países europeos aceptaron mi petición de aportar el 5% que les correspondía. Todos se mostraron entusiasmados con la idea, Alemania, todos, menos España, y ahora dicen que no podemos usar las bases, es terrible”, ha señalado.

Sánchez también se opuso a la intervención ilegal de Trump en Venezuela, que acabó con la captura de Nicolás Maduro para controlar el país a través de Delcy Rodríguez, y ahora ha sido muy crítico con el ataque a Irán, que ha tachado de un “atropello a la legalidad internacional” al tiempo que ha condenado la reacción de Irán, con ataques a los países de la región. El Gobierno censuraba, además, al régimen de los ayatolás por la represión, especialmente de las mujeres, y la vulneración de los derechos humanos, que supuso la imposición de sanciones por parte de la UE. De hecho, Exteriores convocó al embajador iraní y no se ha planteado hacer lo mismo con el estadounidense.

La UE defiende a España

Ante las amenazas del presidente de EEUU, un portavoz de la Comisión Europea ha respondido que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos”.

Desde la Comisión se insiste en que “se espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en el marco del acuerdo comercial”, que se firmó en el verano de 2025. “Un acuerdo es un acuerdo”, le recriminaron el pasado 22 de febrero en un comunicado desde la Comisión Europea a la errática política comercial de Trump, después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbará sus aranceles.

La Comisión Europea insiste en que lo que tiene que hacer EEUU es “aportar claridad” sobre las medidas comerciales que los Estados Unidos tiene intención de adoptar tras la sentencia del Tribunal Supremo.

No es la primera vez que la Comisión Europea sale en defensa de España tras las amenazas de Trump. La Comisión Europea dijo el pasado octubre que “se responderá adecuadamente, como siempre lo hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros” ante las amenazas del presidente de EEUU a España porque no se ha comprometido a incrementar al 5% del PIB el gasto en Defensa.

Cuando Trump anunció nuevos aranceles contra los países que mandaron tropas a Groenlandia, la Comisión también salió en defensa de estos países criticado los aranceles y apoyando “la integridad territorial y la soberanía” de Groenlandia, además, de mostrar el compromiso a mantener el diálogo iniciado “entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos”.

Tanto con la polémica de la posición contraria de España al 5% del gasto en Defensa como con los países que mandaron tropas a Groenlandia, Trump ha optado por la marcha atrás y no ha puesto en marcha los nuevos aranceles.

El Gobierno no ve tan fácil una ruptura comercial como amenaza Donald Trump por el rechazo de Pedro Sánchez a la guerra en Irán y considera que tienen que darse una serie de circunstancias para que la relación cambie. “Si la administración norteamericana quiere revisar [la relación comercial] deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”, señalan fuentes de Moncloa tras las palabras del presidente de EEUU, que ha amenazado con embargos a España ante la negativa a permitir que se usen las bases de Rota y Morón para los ataques en Oriente Medio. Sánchez comparecerá este miércoles a primera hora para responder a Trump y exponer la postura del Gobierno respecto a la guerra desatada a raíz de los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

“España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo. También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”, expresan esas fuentes.

No es la primera vez que Trump amenaza con represalias comerciales a España. Lo deslizó también tras la cumbre de La Haya en la que Sánchez se plantó contra el 5% del PIB para defensa. Sin embargo, no hubo entonces ninguna consecuencia. La respuesta de la UE entonces fue que respondería conjuntamente a cualquier medida tomada en contra de uno de los estados miembros.

Mensaje de tranquilidad respecto a las consecuencias económicas

El segundo mensaje que emite Moncloa es de tranquilidad para los ciudadanos españoles ante las repercusiones económicas que pudiera tener una decisión de ese tipo por parte de Washington. “Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”, aseguran esas fuentes.

En ese sentido, el Gobierno apela a la “prudencia” ante los problemas económicos que se puedan derivar de la guerra en Oriente Medio, que ha provocado ya subidas en el gas natural o la gasolina. “Es pronto, pero el Gobierno está valorando el efecto de estas subidas sobre el bolsillo de consumidores, sobre la situación de industrias y empresas”, ha explicado la portavoz, Elma Saiz, que ha asegurado que “la exposición directa de España es baja” tanto por la diversificación del mix energético como por las fuentes de abastecimiento en materia de crudo y de gas. “Probablemente el impacto va a depender de la duración de la situación y estamos monitorizando permanentemente”, ha apuntalado.

En cuanto a las represalias comerciales de Trump, Moncloa asegura que “la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional”. “Lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”, agregan.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, había descartado represalias por parte de EEUU. “Las bases de uso conjunto con Estados Unidos son bases de soberanía española que tienen un marco dentro del tratado con los Estados Unidos y es dentro de esa premisa, de nuestra soberanía y del marco de tratado, en el cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no hay nada extraño ni sorprendente y no esperamos en absoluto ninguna consecuencia”, ha aseverado.

El Gobierno no lo esperaba

Albares había asegurado, además, que no se había producido ninguna conversación con la Administración norteamericana. “Ninguna queja”, ha dicho. También ha afirmado que no se había producido ninguna petición de autorización para usar las bases de Rota y Morón en el ataque a Irán. “No he tenido ninguna conversación con ningún representante norteamericano ni ninguna solicitud al respecto”, ha respondido.

La negativa de España a prestar esas bases como punto de asistencia para la guerra contra Irán, sin embargo, ha revuelto al presidente estadounidense: “España dijo que no podemos usar sus bases. Y eso está bien. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos fueron antipáticos”. “Algunos países europeos han sido de gran ayuda, y otros han dejado de colaborar”, ha dicho Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca ante el canciller alemán, Friedrich Merz, que ha permanecido callado. Alemania es uno de los países que ha prestado sus instalaciones a los aviones de EEUU.

No obstante, la ira de Trump no sólo se ha desatado por la decisión sobre las bases sino que ha situado en el 'no' de Sánchez a disparar el gasto militar al 5% del PIB. “Todo comenzó cuando todos los países europeos aceptaron mi petición de aportar el 5% que les correspondía. Todos se mostraron entusiasmados con la idea, Alemania, todos, menos España, y ahora dicen que no podemos usar las bases, es terrible”, ha señalado.

Sánchez también se opuso a la intervención ilegal de Trump en Venezuela, que acabó con la captura de Nicolás Maduro para controlar el país a través de Delcy Rodríguez, y ahora ha sido muy crítico con el ataque a Irán, que ha tachado de un “atropello a la legalidad internacional” al tiempo que ha condenado la reacción de Irán, con ataques a los países de la región. El Gobierno censuraba, además, al régimen de los ayatolás por la represión, especialmente de las mujeres, y la vulneración de los derechos humanos, que supuso la imposición de sanciones por parte de la UE. De hecho, Exteriores convocó al embajador iraní y no se ha planteado hacer lo mismo con el estadounidense.

El Gobierno emite tranquilidad respecto a la relación con EEUU ante el nuevo choque en materia de política internacional con el rechazo de España al ataque perpetrado por la Administración Trump e Israel contra Irán, que ha provocado una guerra regional ante la respuesta de Teherán contra otros países de Oriente Medio. “No esperamos en absoluto ninguna consecuencia”, ha respondido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, preguntado por la negativa de España a que EEUU use las bases de Rota y Morón para el despliegue de la operación. En todo caso, ha negado que se haya producido una petición por parte de Washington: “No he tenido ninguna conversación con ningún representante norteamericano ni ninguna solicitud al respecto”.

“Quejas ninguna”, ha reiterado el jefe de la diplomacia española: “Las bases de uso conjunto con Estados Unidos son bases de soberanía española que tienen un marco dentro del tratado con los Estados Unidos y es dentro de esa premisa, de nuestra soberanía y del marco de tratado, en el cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no hay nada extraño ni sorprendente y no esperamos en absoluto ninguna consecuencia”.

España vuelve a ser el socio de la OTAN, y también miembro de la UE, que critica la actuación de EEUU al reconocer abiertamente que se trata de una operación unilateral sin encaje en la Carta de Naciones Unidas. Ya pasó con la negativa a disparar el gasto militar al 5% como impuso Trump a los aliados o con la operación ilegal en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y hacerse con el control del país.

“Me suena familiar”, ha respondido con cierta sorna Albares, que ha recordado que en otros momentos también se habló de que iban “solos”. “Éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que venía después con nosotros”, ha expresado en referencia al reconocimiento del Estado de palestina, que Pedro Sánchez llevó a cabo un año antes de que lo hicieran en cascada numerosos países, como Francia o Reino Unido, entre otros.

“La posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles y el sentimiento abrumadoramente mayoritario en el mundo. Somos muchos más infinitamente, muchos más países y millones de personas en el mundo los que seguimos creyendo en el multilateralismo, los que seguimos creyendo en la carta de las Naciones Unidas, en el respeto al derecho internacional, los que seguimos creyendo que al final la cooperación es siempre mucho más poderosa que la confrontación”, ha dicho Albares.

En Moncloa están convencidos de que esa suerte de aislacionismo frente a la posición que mantienen Alemania y el resto de capitales europeas no pasa factura sino lo contrario, que la mayoría de españoles está en esa posición vote lo que vote. De hecho, ahí ven el paralelismo con lo sucedido con el genocidio en Gaza, cuando España tuvo la voz más crítica contra Benjamin Netanyahu. Y, entonces, hubo la misma reacción airada de la derecha española y de Israel.

El ministro de Exteriores de ese país, Gideon Sa'ar, cargó este lunes contra Sánchez. “Primero Hamas les agradecen a Sánchez. Después los Huthis le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradecen. Eso es estar en el ”lado correcto“ de la historia?”, escribió en X. Los reproches continuaron este martes. “En enero le quitaron a Sánchez a Maduro. Ahora le han quitado a Jameneí. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?”, ha dicho.

Mientras que el Gobierno mide sus palabras contra Trump, limitándolas a la política internacional, carga contra Israel. “Me parece realmente absurdo y ridículo su planteamiento”, ha contestado Albares: “España tiene una posición y una política exterior coherente. Nosotros decimos exactamente lo mismo (...) en Ucrania, en Gaza, en Venezuela, en Groenlandia y en Irán”. “Esos comentarios se descalifican por sí mismos”, ha zanjado.

El Gobierno ha puesto en marcha ya los dispositivos de evacuación de españoles que se encuentran en Oriente Medio y algo más de 175 personas vuelan ya desde Abu Dabi tras el cierre del espacio aéreo por guerra desatada en la región a raíz de los ataques de Israel y EEUU el pasado sábado. Unos 30.000 españoles se encuentran en la zona, de los que 13.000 están en Emiratos Árabes Unidos (algunos de ellos de forma temporal por el carácter turístico del destino). En el diseño de los operativos el Gobierno cuenta con medios del Ministerio de Defensa, además de vuelos comerciales.

“Estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos que cada circunstancia de cada país nos permite, para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen”, ha expresado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “El gabinete de crisis y la sala de crisis del Ministerio de los Exteriores para estar ininterrumpidamente abierto 24 horas al día hasta que el último español que quiera regresar lo pueda hacer”.

“Por motivos evidentes de seguridad, no voy a entrar en ningún detalle hasta que no vayan concluyendo con éxito. Los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varían mucho de un país a otro”, ha explicado el jefe de la diplomacia española. Los primeros españoles llegarán a Madrid en torno a las horas en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi. El Gobierno prevé que otros vuelos salgan este martes de Emiratos Árabes Unidos vía Estambul.

Albares ha pedido a los españoles que se encuentran en esos países de manera temporal que se apunten en el registro de viajeros para facilitar los trámites. Igualmente, ha insistido en que sigan las recomendaciones y contacten con embajadas y consulados. “Mantienen una labor de permanente asistencia a los ciudadanos españoles en la región y les atienden en los teléfonos de emergencia habilitados en cada embajada. La división de emergencia consular del Ministerio de Asuntos Exteriores permanece operativa a las 24 horas del día, los siete días de la semana con refuerzos de personal diplomático en la sala de crisis y hemos habilitado líneas telefónicas suplementarias para reforzar la atención consular”, ha expresado el ministro. En ese departamento de crisis se han recibido casi 2.000 llamadas, que se sumen a los miles en las embajadas.

El ministro, que mantendrá una videoconferencia con los embajadores de Oriente Medio esta tarde, ha asegurado que se va a reforzar a las embajadas de la región ante la crisis “de manera inmediata” con “medios materiales y humanos”, “además de posicionar otros recursos para preparar posibles evacuaciones en cuanto se vayan abriendo ventanas de oportunidad”. “En ese sentido vamos a reforzar de manera prácticamente inmediata las embajadas de Emiratos Árabes Unidos de Arabia Saudí y de Omán y vamos a tener un despliegue diplomático en Bahrein, que en un primer momento vamos a situar en Riad”, ha precisado.

El PSOE quiere que la justicia tome cartas en el asunto por el hostigamiento del agitador ultra Vito Quiles contra profesionales de la información y, en concreto, contra la tertuliana Sarah Santaolalla, después de que sufriera su provocación al salir de un acto en el Senado, donde fue invitada por los socialistas. El partido de Pedro Sánchez quiere, además, que el Senado se pronuncie dado que la trifulca tuvo lugar en sus dependencias y obligará al PP a retratarse.

El portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, ha anunciado que presentarán una denuncia contra Quiles por la “agresión” a Santaolalla, que ha ampliado la demanda que presentó en enero por el acoso que sufrió entonces en las instalaciones de Prado del Rey. El lunes se repitieron los hechos a la salida del Senado, cuando le acompañaban una decena de personas, la mayoría senadores socialistas. “No me lo han contado, he sido testigo: fue hostigada, acosada y en un acto de provocación con empellones y empujones de clara agresión física y poniendo en peligro su integridad personal y la de varios senadores”, ha dicho Espadas en una rueda de prensa.

“El peso de la ley debe recaer sobre quienes ayer hicieron algo de lo que no solo deben avergonzarse, sino deben asumir su culpa y su responsabilidad. Todo esto está perfectamente grabado y documentado”, ha señalado Espadas en referencia a las cámaras del Senado.

La comparecencia ante los medios se ha producido después de la reunión de la Junta de Portavoces en la que el socialista ha reclamado al resto de grupos que denuncien los hechos, como hizo el PSOE cuando senadoras del PP recibían correos amenazantes, según ha recordado. “Espero que el PP esté a la altura”, ha dicho Espadas.

El PSOE ha pedido la “condena y rechazo unánime a una actitud como esta violenta en una sede parlamentaria” e impulsará una declaración institucional que requiere del visto bueno de todos los grupos para adoptarse. La derecha rechazó recientemente una moción en la que se denunciaba el acoso contra periodistas.

“Se ha ganado sobradamente ser persona non grata en el Senado”, ha agregado Espadas sobre Quiles tras reclamar al presidente, Pedro Rollán, que inicie trámites como ha hecho el Congreso para sancionar al agitador de EdaTV.

Tras semanas en el foco por sus negocios con uno de los empresarios detenidos en el caso Plus Ultra, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se sometió este lunes al escrutinio de los senadores. Durante casi cuatro horas, el que fuera jefe del Ejecutivo reivindicó su labor como consultor y admitió sus trabajos para ese empresario, Julio Martínez Martínez. También negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano o por el préstamo de 53 millones de dinero público a Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con ese rescate. 

“No soy ningún lobbista. Mi trabajo vale, mi opinión y mi criterio valen y así me lo reconocen quienes me piden mis servicios de consultoría”, dijo Zapatero ante el intento del Partido Popular de caricaturizarle como “un lobbista de regímenes totalitarios”. “No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás”, había dicho en los primeros compases de su comparecencia, cuando negó cualquier relación con el rescate de esa compañía que, a su vez, tuvo contratado a su amigo Julio Martínez Martínez como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. 

Sus explicaciones, en ocasiones acompañadas de documentos dejan, sin embargo, todavía algunos elementos inciertos. Por ejemplo, el hecho de que la cantidad que Martínez Martínez cobró de Plus Ultra es similar a la que, posteriormente, su empresa Análisis Relevante abonó a Zapatero por sus labores de consultoría. Zapatero admitió haber cobrado unos 420.000 euros brutos entre 2020 y 2025 de esa compañía, que también contrató a sus hijas para que realizaran labores de comunicación y marketing. En el mismo periodo, el empresario ingresó casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela. Todo ello, a través de una empresa sin empleados. 

El expresidente admitió que sabía que su amigo tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó en numerosas ocasiones que él tuviera vinculación alguna con la aerolínea. “Es una especulación, una conjetura, una hipótesis”, afirmó Zapatero, que reiteró que sus trabajos de consultoría nada tenían que ver con Plus Ultra. El expresidente también se afanó en defender esos trabajos antes los ataques del PP, que aseguró que la empresa a la que le facturaba como consultor era una sociedad fantasma y que sus informes eran “una estafa”. 

Los informes de consultoría para Análisis Relevante eran redactados de forma conjunta con Sergio Sánchez, quien fue asesor del CNI entre 2009 y 2018 y hoy ocupa un cargo directivo en Movistar+. Sánchez, que tenía el 25% de la sociedad cuando se constituyó en 2020, facturó unos 18.000 euros por esos trabajos, que ha cifrado en un total de 15.

A preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, Zapatero rechazó dar cifras y admitió que esos trabajos, en ocasiones, se materializaron en “informes orales” y que se nutrían de “fuentes abiertas”. “La tarea es mucho más amplia que hacer informes escritos. Es establecer perspectiva, diálogos, seminarios, webinars… Es una tarea amplia que exige un conocimiento”, trató de justificar. También defendió que la contratación de What the fav, la empresa de sus hijas, fue una “propuesta” suya y que “formaba parte del acuerdo” con su amigo. 

La parte del interrogatorio en la que se mostró visiblemente más incómodo fue justo al final de la comparecencia, cuando el senador del PP quiso llegar hasta el fondo de su relación con esa empresa. Martínez-Maíllo acusó a Zapatero de estar en la “génesis” de la creación de esa sociedad, que definió como una simple “empresa instrumental” para cobrar de la rescatada Plus Ultra: “¿Usted sabía que el único cliente de Análisis Relevante era Plus Ultra? ¿Sabía que no tenía empleados? ¿Sabía que sus dos únicos proveedores eran usted y su empresa familiar?”.

Zapatero negó que fuera una “sociedad interpuesta” y también haber participado en su creación, aunque sí admitió que le comentaron la “posibilidad” de crearla, para regocijo del senador del PP, que buscó en todo momento sembrar sospechas sobre esa compañía haciendo alusión a elementos que como la sede estaba en el domicilio de Julio Martínez Martínez o la ausencia de otros clientes o trabajadores. “Lo único que es evidente es que cuando se consolida el proyecto, cuando se registra o se acuerda por los socios, es cuando yo digo que estoy dispuesto a participar”, trató de argumentar después. 

“Mediador” en Venezuela

Durante la comparecencia, Zapatero también reivindicó su papel como “mediador” en Venezuela entre los años 2016 y 2020. Dio explicaciones pormenorizadas de los viajes realizados al país en ese período y explicó que fue llamado por la oposición al régimen de Nicolás Maduro y que siempre trabajó “pro bono”. Recordó, por ejemplo, su participación “directa o indirecta” en la liberación de más de un centenar de presos. 

Sin embargo, también admitió haber “facilitado” que el expresidente de Venezuela recibiera al empresario Javier Hidalgo, que estaba interesado en el pago de una deuda de 200 millones que el Gobierno de Caracas mantenía con la aerolínea Air Europa por la venta de billetes. El expresidente del Gobierno defendió que fue Hidalgo quien le llamó y que propició que se produjera esa reunión “a cambio de nada, para apoyar a una empresa española”. “Ni se habló de comisiones, por favor”, insistió. 

Durante la comisión también salió a colación el nombre del comisionista poliimputado Víctor de Aldama, con quien Zapatero admitió haber coincidido apenas “una hora y cuarto” en un avión contratado por el Gobierno venezolano que hacía la ruta Caracas-República Dominicana. 

“Yo estaba en Venezuela, en Miraflores, en la Presidencia, y me dijeron: ‘¿Presidente, tiene inconveniente en que le acompañe un empresario español que está aquí hasta República Dominicana?’ Y dije: ‘No, por supuesto’. Fui con él en avión, ni me acuerdo de qué hablé con él. No le he vuelto a ver, no he tenido relación ninguna con él. Cero”, dijo Zapatero sobre el empresario, un corrupto confeso que sobornó con dinero y casas de vacaciones a quienes le enriquecieron con contratos públicos: el exministro Jose Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

El PP no lo llevará a los tribunales

A pesar de las graves acusaciones lanzadas por los populares en el Senado, que llegaron a asegurar que Zapatero “está pringado hasta el cuello” y que “se ha convertido en un lobbista de regímenes totalitarios”, desde la dirección de la calle Génova no tienen pensado llevar a los tribunales a Zapatero por su supuesto papel en el rescate de Plus Ultra. 

“Zapatero será recordado como el expresidente del Gobierno que se valió de su condición para hacer negocios con una dictadura a costa del dinero de los españoles y para rescatar a una compañía aérea”, afirmó la vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez. “No ha despejado ninguna de las dudas que estaban encima de la mesa y al contrario, lo que ha hecho ha sido alentarlas”, añadió. Preguntada por si piensan denunciar al expresidente, Fúnez zanjó: “Vamos a seguir por la vía política. Sobre la vía judicial no se ha tomado ninguna decisión”.

El PSOE, mientras, cierra filas con Zapatero. La dirección de los socialistas salió en defensa del expresidente inmediatamente después de acabar su comparecencia. “Talento y talante”, destacaron en un comunicado sobre su actuación en la comisión de investigación que, a su juicio, se les está “indigestando” a los populares. “Frente al ruido, serenidad. Frente al bulo, argumentos. Frente a la provocación, institucionalidad”, proseguía ese mismo comunicado. 

Pero en Ferraz dejan sin responder las preguntas sobre las lagunas en el relato del expresidente. En plena campaña electoral en Castilla y León, la consigna es clara: defender a Zapatero y arremeter contra el PP. Cuesta encontrar voces que lo cuestionen y, en todo caso, están alejadas de la dirección.

El PSOE, además, va a dejar claro su respaldo al expresidente del Gobierno y la decisión es recuperarlo para esa campaña, donde ya tiene confirmado un acto este próximo viernes. “No creo que la comisión de investigación y la comparecencia de Zapatero signifiquen ni un diputado más ni uno menos en Castilla y León. No vamos a ganar ni a perder. El que sale peor parado es Feijóo, porque se precipita”, señala un destacado dirigente, que considera que los ataques de la derecha a Zapatero se incrementaron a raíz de su involucración en la campaña de 2023: “No le perdonan que se implicara tanto”, apostilla.

En su alegato final, Zapatero defendió su honorabilidad hasta el punto de recordar que es “el único presidente del Gobierno” que no ha tenido escándalos de corrupción durante su mandato. “Hace 14 años que dejé la vida pública y toda mi trayectoria ha estado marcada por la decencia y la integridad. Son ustedes los que tienen que demostrar sus injurias y sus calumnias y no lo pueden demostrar, porque no tienen nada”, concluyó el expresidente, que otorgó a su citación en la comisión de investigación del Senado un carácter exclusivamente electoralista que solo busca, aseguró, perjudicar su figura para así dañar al Gobierno de Pedro Sánchez.

España es el único país de la UE que se ha manifestado claramente en defensa de la legalidad internacional y la carta de las Naciones Unidas. Frente a la tibia respuesta de la Unión Europea, incapaz de mencionar los bombardeos de Estados Unidos e Israel en sus declaraciones, o la llamada a los tambores de la guerra que han respaldado países como Alemania o Francia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el ataque de EEUU e Israel como “un atropello a la legalidad internacional”, a la vez que ha condenado “la brutalidad del régimen iraní hacia su población”, y ha negado el permiso de utilización de las bases de EEUU en territorio español para la operación de bombardeo sobre Irán.

Sánchez se ha erigido en la némesis de Trump. El presidente español marca distancias con la mayoría de aliados europeos respecto a la política que dicta Washington. Lo hizo con la subida del gasto militar al 5% del PIB que impuso a los aliados de la OTAN, también con una postura más dura respecto al genocidio de Israel en Palestina o con su 'no' al rearme nuclear. Lo mismo ha ocurrido con el ataque de EEUU a Irán. Sánchez ha sido una de las voces más críticas contra la guerra ahora desatada en Oriente Medio. “La acción unilateral de Estados Unidos Israel no tiene encaje en la carta de las Naciones Unidas y está fuera de cualquier acción colectiva”, abundó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

En Moncloa están convencidos de que la posición de España es la correcta y, desde el punto de vista político, consideran que es lo que el electorado de izquierdas espera. De hecho, tras un verano horribilis en el que Sánchez llegó a pensar en tirar la toalla por los casos de corrupción, fue en la política internacional en la que encontró un respiro cuando la inmensa mayoría de la comunidad internacional se sumó a los postulados que España había encabezado meses antes con el reconocimiento del Estado de Palestina.

Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez añaden que esperan que con Irán pase igual que con la postura de España con Gaza. Finalmente, la Unión Europea se vio obligada a seguir los postulados españoles, cambiar de posición y anunciar sanciones a Israel ante el genocidio que se estaba cometiendo contra la población palestina. Las sanciones se quedaron en un cajón tras el alto el fuego, pero el papel internacional de España fue reconocido.

La posición más dura de la UE contra el ataque de EEUU

En este caso, España defendió en el seno de la UE una posición más dura contra el ataque de EEUU e Israel. “Hubiese querido un comunicado más firme, más claro, más contundente”, ha admitido Albares. No obstante, el Gobierno ha llamado a consultas al embajador iraní en Madrid para trasladarle la “condena a todos los ataques que están realizando a prácticamente todos los países de Oriente Medio” mientras que no se plantea hacerlo con el representante de EEUU.

La Unión Europea ha sido incapaz de mantener una postura coherente alrededor de esta crisis. Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pidió que “se respete plenamente el derecho internacional” o que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, insista en hacer un llamamiento “a la máxima contención y al pleno respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, la realidad es que solo han condenado los ataques de Irán y ni siquiera han mencionado los bombardeos de EEUU e Israel sobre territorio iraní, que han provocado centenares de víctimas civiles, según la Media Luna Roja.

Von der Leyen ha tratado de justificar los ataques de EEUU e Israel a la vez que aseguraba que “la única solución duradera” en la crisis de Irán “es diplomática”, aunque puso una serie de exigencias para que tengan un buen fin: “una transición creíble en Irán, el abandono definitivo tanto del programa nuclear como del programa de misiles balísticos y el fin de las actividades desestabilizadoras en la región”.

El problema para Von der Leyen es que la Administración de Donald Trump la ha desautorizado públicamente. El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, ha admitido que no “se trata de una guerra para cambiar de régimen, aunque el régimen ya ha cambiado”, sino que el objetivo “es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir los misiles ofensivos iraníes, destruir la producción de misiles, destruir su armada y otras infraestructuras de seguridad y que nunca tengan armas nucleares”. Posteriormente, el propio Trump ha apuntado que los bombardeos sobre Irán durarán “el tiempo que sea necesario”.

Los analistas del European Council on Foreign Relations advierten de que “los europeos no pueden permitirse esperar y ver si esta operación logra forzar nuevas concesiones sustanciales por parte de Irán o un cambio de régimen. Una transición que aleje a Irán de su régimen autoritario sería bienvenida, pero no basta con sentarse y esperar que eso ocurra en medio de las peligrosas posibilidades contrapuestas de un colapso del Estado y una guerra más amplia. Los gobiernos europeos deben implicarse ya en la configuración de una vía realista de desescalada”.

No autorizar el uso de bases frente al respaldo del E3

Más allá de lo simbólico o discursivo, el Gobierno ha pasado a los hechos al no autorizar que EEUU use las bases de Morón de Frontera y Rota para perpetrar la operación contra Irán, en contra de lo que han hecho países como Reino Unido. “No se van a utilizar las bases de soberanía española para nada que no esté dentro del convenio con Estados Unidos ni para nada que no tenga encaje dentro de la carta de Naciones Unidas”, ha expresado Albares. “No se ha dado ningún tipo de asistencia a esta actuación, a este ataque que se está realizando”, ha agregado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esta posición es muy diferente a la adoptada por Francia y Alemania junto al Reino Unido. Los tres países, que forman el denominado bloque E3, han avisado que colaborarán con EEUU y para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones. “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen”, indicaron los tres países en una declaración conjunta. Sin embargo, nunca es suficiente para Trump, que criticó duramente al primer ministro británico, Keir Starmer, por no haber sumado a su país a los ataques contra Irán.

Mientras el resto de los países europeos se han limitado a no marcar diferencias con los Estados Unidos o mandar mensajes claros de apoyo para acabar con el régimen iraní. Solo Irlanda ha mantenido una posición más crítica. Su primer ministro, Micheál Martin, señaló en un comunicado que a Teherán “nunca se le debe permitir adquirir armas nucleares”, pero que “ese objetivo debe perseguirse en la mesa de negociaciones”. Italia, que al principio optó por el silencio, ha dado una de cal y otra de arena. Su primera ministra, Giorgia Meloni, ha optado por pedir “el apoyo para cualquier iniciativa que pueda conducir a una distensión” mientras que su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha justificado el ataque estadounidense-israelí a Irán para acabar con su programa nuclear y “un régimen oscurantista”.

Otros países han buscado llevarse a su terreno esta crisis. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anunció que elevaba la alerta antiterrorista y sacó la polémica con Ucrania alrededor del oleoducto Druzhba ante una posible crisis energética. Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha recordado que “el amenazante régimen de Irán armó a Rusia en su agresión contra Ucrania”.

El resto de países de la Unión Europea se han debatido entre apoyar a Estados Unidos con sus bombardeos contra Irán asumiendo la teoría de un necesario cambio de régimen para mejorar la vida de los iraníes o el objetivo de acabar con las posibilidades de que Irán consiga armas nucleares. Sin opción a crítica ni disenso de la política marcada en Washington.

El analista y profesor en HEC Paris, Alberto Alemanno, explica que “lo más desconcertante del apoyo de Europa al cambio de régimen en Irán es que contradice sus propios intereses. La guerra estadounidense conlleva: precios de la energía más altos, incremento de refugiados, un posterior auge de la ultraderecha y mayores daños al orden basado en reglas. Si Estados Unidos obtiene el premio geopolítico, Europa paga la factura.”

La posición española ha provocado el aplauso de Irán, que ha obviado las críticas del Gobierno al régimen. “Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, que está en consonancia con el derecho internacional”, ha señalado la embajada iraní a través de X. Esa postura ha causado la reacción airada de la derecha en España. “Maduro. Bildu. Hamás. Hutíes. Talibanes. Y ahora los ayatolás. Todos con Sánchez y con el Derecho Internacional”, ha dicho la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en una línea muy similar al líder de la ultraderecha de Vox, Santiago Abascal, que ha asegurado que “Pedro Sánchez es el mejor amigo que tienen en Europa los ayatolás y el mejor amigo que ha tenido Maduro”.

El Gobierno asegura que EEUU no ha utilizado ni utilizará las bases que tiene en España para la guerra en Irán. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo ha negado categóricamente en una entrevista en TVE. “No se van a utilizar las bases de soberanía española para nada que no esté dentro del convenio con Estados Unidos ni para nada que no tenga encaje dentro de la carta de Naciones Unidas”, ha afirmado el jefe de la diplomacia española, que ha asegurado que “las bases no se están utilizando”. En todo caso, ha aseverado que el Gobierno no lo va a autorizar. Los aviones estadounidenses han abandonado las bases de Morón de la Frontera y Rota, según Reuters.

En concreto, la agencia de noticias cita que 15 aviones han salido de esas bases a raíz del 'no' del Gobierno, según la información disponible en FlightRadar24. Siete de ellos, procedentes de Morón, han aterrizado en la base de Ramstein (Alemania) y los cinco aviones de reabastecimiento de combustible estacionados en Rota han apagado sus comunicadores de posición poco después de despegar. En las últimas horas también ha habido vuelos de aviones C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en Sicilia.

“Son bases de uso conjunto, pero de soberanía española y, por lo tanto, España tiene la última palabra sobre el uso de esas bases”, ha explicado Albares, que también ha negado que EEUU informara previamente del ataque: “Nada en absoluto, es una acción unilateral fuera de cualquier acción colectiva”. Frente a la posición de España, Reino Unido sí ha aceptado que el uso “concreto y limitado” por parte de EEUU de las bases de la fuerza área para contrarrestar los ataques de Irán contra los países del Golfo.

Convocatoria al embajador iraní

Pedro Sánchez rechazó desde el principio el ataque de EEUU a Irán, que ha calificado como “un atropello a la legalidad internacional”. “La violencia sólo va a traer más violencia”, advirtió el presidente en un discurso en el Mobile Congress que se celebra en Barcelona. Albares ha abundado en esa posición. “Nosotros hemos condenado la brutalidad del régimen iraní hacia su población, cada una de sus violaciones de los derechos humanos, hemos apoyado a las valientes mujeres iraníes y hemos votado a favor de las sanciones de la Unión Europea a Irán y a la Guardia Revolucionaria”, ha comenzado el ministro. “También creemos que la acción unilateral de Estados Unidos Israel no tiene encaje en la carta de las Naciones Unidas y está fuera de cualquier acción colectiva”, ha proseguido.

“Estamos ante una escalada militar de consecuencias imprevisibles, consecuencias que estamos viendo ya delante de nuestros ojos, el estrecho de Ormuz completamente paralizado, el incremento del precio del petróleo o la extensión de la guerra”, ha advertido.

A pesar de las críticas de España a EEUU, el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador iraní en Madrid y no se plantea hacerlo con el estadounidense. Al iraní le trasladarán la “condena a todos los ataques que están realizando a prácticamente todos los países de Oriente Medio”. “Son injustificados, tienen que cesar inmediatamente”, ha dicho Albares en La Sexta. También le pedirá que “use toda la influencia que tiene sobre Hezbolá para que cesen los lanzamientos de misiles y cohetes sobre Israel”.

España quiere “más contundencia” de la UE

“Ni la paz, ni la estabilidad, ni la democracia vienen nunca de manos del uso de la fuerza y de la violencia”, ha apuntalado antes de denunciar los “ataques completamente injustificados de Irán a los países de Oriente Medio”, al igual que el lanzamiento de un misil contra Chipre que ha obligado a cancelar una reunión de ministros de Exteriores de la UE en la isla por razones de seguridad. Albares ha defendido que la posición del club comunitario debe ser “ayudar a la desescalada, ayudar a que se vuelva al diálogo, a la diplomacia y a las mesas de negociación”.

Por el momento, la UE se ha limitado a condenar las acciones de Irán sin mencionar los ataques de EEUU e Israel. “Los ataques de Irán y la violación de la soberanía de varios países de la región son inaceptables. Irán debe abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados. Expresamos nuestra solidaridad con los socios de la región que han sido atacados o afectados”, señala la alta representante, Kaja Kallas, en un comunicado.

“Hubiese querido un comunicado más firme, más claro, más contundente”, ha reconocido en La Sexta Albares, que asegura que así lo defendió en la reunión con sus homólogos este domingo: “Europa no puede ser tibia”.

La labor del Ministerio de Exteriores se centra también en la atención de los cerca de 30.000 españoles que viven en los países de Oriente Medio. Además de la extensión de la guerra, están afectados por el cierre del espacio aéreo. Les ha emplazado a estar en contacto con embajadas y consulados. “Tan pronto como sea posible y se vuelvan a abrir los espacios aéreos de esos países desde luego vamos a hacer todo lo que haga falta para que aquellos que lo desean puedan regresar a España”, ha señalado.

La situación es particularmente dramática en el caso de los 154 españoles que quedan en Irán en un momento en el que las autoridades han recomendado incluso la evacuación de la capital, Teherán, así como en Israel y Palestina, según ha reconocido el ministro. No obstante, la mayor colonia española está en Emiratos Árabes Unidos.

Preguntado por el paradero y situación del rey emérito, Albares ha dicho que es una cuestión de Casa Real. “La situación, evidentemente, en Emiratos es la que es: el espacio aéreo está cerrado y, por lo tanto, no se puede ni aterrizar ni despegar con un avión para no solamente ningún español, sino para ningún ciudadano del mundo en estos momentos”, ha admitido.

Una sociedad instrumental para cobrar de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con fondos públicos. Esa es la grave acusación del PP a José Luis Rodríguez Zapatero en la que los de Alberto Núñez Feijóo han fundamentado la tesis principal de ataque al expresidente durante su comparecencia en el Senado. “Usted está pringado hasta el cuello. Se ha convertido en un lobbista de regímenes totalitarios”, ha llegado a decir el senador popular, Fernando Martínez-Maillo, que ha asegurado que la empresa a la que le facturaba Zapatero como consultor era una sociedad fantasma y que los informes por los que él cobraba 70.000 euros brutos anuales eran “una estafa”.

El expresidente del Gobierno ha llegado a pedir amparo al presidente de la Comisión de Investigación, que ha estado alineado sin complejos con sus compañeros de filas del PP en la gestión de los tiempos y del contenido de las intervenciones y que no ha atendido el ruego del exlíder socialista. “Son acusaciones gravemente incriminatorias”, ha dicho Zapatero, que ha negado todas y cada una de las acusaciones que ha escuchado durante más de cuatro horas de comparecencia.

“No es ninguna sociedad pantalla y yo no soy ningún lobbista. Mi trabajo vale, mi opinión y mi criterio valen y así me lo reconocen quienes me piden mis servicios de consultoría”, se ha defendido. Zapatero no ha detallado el número de informes que realizó, aunque ha admitido que algunos se basaban en “fuentes abiertas” y ha insistido en que también realizó “muchos informes orales” para Análisis Relevante SL, la empresa de su amigo.

La parte del interrogatorio en la que se ha mostrado visiblemente más incómodo ha sido justo al final de la comparecencia, cuando el senador del PP ha querido llegar hasta el fondo de su relación con esa empresa. Martínez-Maillo ha acusado a Zapatero de estar en la “génesis” de la creación de esa sociedad, según ha denunciado el senador popular una simple “empresa instrumental” para cobrar de la rescatada Plus Ultra. “¿Usted sabía que el único cliente de Análisis Relevante era Plus Ultra? ¿Sabía que no tenía empleados? ¿Sabía que sus dos únicos proveedores eran usted y su empresa familiar?”.

“No es ninguna sociedad interpuesta. No estoy en la génesis de esa empresa. Lo comentaríamos varios en su día, pero es cuando se consolida el proyecto por los socios cuando yo les digo que estoy dispuesto a participar como consultor. A mí me comentaron la posibilidad de crear esa empresa, solo la posibilidad. No recuerdo la fecha”, se ha defendido.

El expresidente ha rechazado también cualquier relación, directa o indirecta, ni con la aerolínea Plus Ultra ni con la operación de su rescate. “Todo lo que se ha dicho son falsedades”, ha dicho ya en respuesta a la primera pregunta en la comisión de investigación en el Senado que analiza las derivadas de la Operación Delorme, el conocido como caso Koldo.

El PP decidió citar este lunes al exdirigente socialista en plena campaña electoral de Castilla y León y lo hizo con carácter de urgencia, algo que ha reprochado Zapatero en sus primeras consideraciones. “Una convocatoria por urgencia, sin motivación. La doctrina del Tribunal Constitucional de los actos exige motivación con carácter de urgencia, mucho más en procesos en los que pueden estar en juego los derechos fundamentales”, ha defendido en sus primeras palabras para criticar al PP que ni siquiera haya especificado el tema a tratar en la comparecencia.

El grueso de las preguntas de las primeras senadoras, las de Unión del Pueblo Navarro y de Vox, se han centrado en el rescate de la aerolínea y la supuesta participación que tuvo en ella el expresidente a través de sus labores de consultoría para la empresa Análisis Relevante.

Zapatero ha negado haber sido el “facilitador” de la empresa hispano venezolana, que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia. “No, no he tenido relación con Plus Ultra ni nadie me ha pedido nada para Plus Ultra”, ha repetido varias veces. También ha rechazado haber tenido ninguna conversación con alguien del Ejecutivo sobre aquel rescate. “No he trabajado nunca para Plus Ultra en mi vida. Ninguna relación, cero. Los informes eran para Análisis Relevante”, ha explicado Zapatero ante la insistencia de las preguntas de Vox sobre la empresa para la que trabajó como consultor, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez.

La imputación de Martínez en el supuesto desvío para fines ilegales de parte del préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra ha puesto a Zapatero en una situación comprometida. Ante los senadores, el expresidente ha reconocido que conoce “bastante” a Martínez Martínez, para el que trabajó como consultor. Esa compañía, creada en febrero de 2020, también contrató a las dos hijas del expresidente para “trabajos de marketing”, según ha reconocido el expresidente.

Análisis Relevante pagó entre de 2020 y hasta el año pasado 70.000 euros brutos al año a Zapatero por unos trabajos de consultoría que, según el ex jefe del Ejecutivo, hacía “a precio de mercado” teniendo en cuenta su “experiencia, trayectoria y personalidad”. Un dinero que, según ha explicado, Zapatero cobraba “contra factura” y por el que cotizaba el IRPF dado que es autónomo. “No tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad. También le propuse que la empresa de mis hijas, What The Fav, hiciera las tareas de marketing. ”Es mi propuesta y formaba parte del acuerdo“, ha sostenido Zapatero.

A la vez, Julio Martínez ha ingresado en este tiempo con Análisis Relevante casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías externas relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela. A preguntas de los senadores de la oposición, Zapatero ha admitido que su amigo le comentó que tenía “alguna relación” con la aerolínea rescatada, aunque sin darle demasiados detalles. Y ha reiterado que es “una especulación” que él tenga alguna vinculación con Plus Ultra. “Evidentemente, no. No he tenido relación con Plus Ultra, ni nadie me ha pedido nada para Plus Ultra”, ha insistido.

A Zapatero le han preguntado por una información publicada en medios de comunicación de ultraderecha que le atribuía un chivatazo a su amigo. “Estuve corriendo con él en la zona de siempre y se produjo una información tres días después de la detención absolutamente falsa, perversa, indignante, vergonzosa. Feijóo dio por buena esa información y anunció mi comparecencia aquí”, ha lamentado.

“Y es totalmente falso”, ha proseguido. “Corrimos ese día como todos los días. Tengo el registro de mi carrera. De 9 a 10 de la mañana. Ocho kilómetros a un ritmo de 5,59. Puedo acreditarlo. Julio Martínez no me dio ningún papel. Es falso de toda falsedad. No he tenido un móvil prepago, no sé ni lo que es. Lo último era que llevaba mocasines. Llevaba unas zapatillas runners marca Hoka. Y, por cierto, esa zona sí tiene cobertura. Ayer estaba allí y me llamó mi hermano para decirme que ya es abuelo de una niña preciosa”.

Una hora en un avión con Aldama

Zapatero no solo ha negado relación alguna con el rescate de Plus Ultra, sino tener incluso relación con los cabecillas de la trama de corrupción que se investiga, como Víctor Aldama. “Lo conozco, he estado una hora y media en mi vida con él. No tengo ni su teléfono”, ha asegurado el expresidente, que también ha rechazado vínculos con la petrolera estatal venezolana.

“¿Sabe usted algo del famoso sobre de PDVSA que Delcy [Rodríguez] entregó a Aldama y que tendría pruebas de la financiación irregular del PSOE?”, le ha preguntado la senadora de UPN, María del Mar Caballero. “Incluso se ha dicho que yo vehiculaba ese sobre, que yo era el enlace para esa financiación de 200 millones, incluso con cuentas mías en San Petersburgo. Es una patraña absoluta. No existe”, ha respondido Zapatero.

Lo que sí ha reconocido el expresidente es que facilitó una reunión entre Javier Hidalgo, hijo del fundador de Globalia y ex consejero delegado de la compañía, y el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para “ayudar” a una empresa española, según ha dicho. El motivo, según ha explicado, fue para una deuda que el Gobierno venezolano tenía con la aerolínea Air Europa y ha asegurado que no cobró nada por facilitar ese encuentro. Tampoco ha dicho saber si se recuperó el dinero o no.

En plena campaña electoral de Castilla y León, y como ya hiciera también en los comicios de Extremadura y Aragón, la derecha ha intentado utilizar la comisión de investigación para hacer una causa general contra el Partido Socialista. Así, la senadora de UPN le ha preguntado incluso por su relación con Santos Cerdán, el exsecretario de organización de su partido.

Zapatero ha reconocido que tuvo “muy buena relación” con el que fuera compañero de filas, a quien ha dicho que conoció en 2023. Aunque ha añadido que esa relación fue de “muy poco tiempo”. “Respeto a la justicia”, ha dicho el expresidente sobre la situación procesal de Cerdán. Y ha recordado que entrar en “valoraciones personales” nada tiene que ver con el “objeto de la comisión” de investigación en el Senado sobre el ‘caso Koldo’ a la que le ha citado el PP.

“El respeto que tuve al presidente Aznar”

El expresidente Zapatero ha reivindicado el respeto a las “instituciones” y ha recordado la defensa que hizo de José María Aznar durante la Cumbre Iberoamericana en la que el exmandatario venezolano Hugo Chávez cargó contra él. “El respeto que tuve al expresidente Aznar cuando le atacaba el señor Chávez y salí en su defensa, diciendo que no permito que a un expresidente sea del partido que sea se le insulte. Qué curioso, cómo es la vida. Con Hugo Chávez. Porque yo sí le tengo respeto al expresidente”, ha dicho.

Esa reflexión ha venido precedida de una pregunta de la senadora de UPN sobre sus supuestos negocios en Venezuela. Zapatero ha explicado su buena relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con su hermano Jorge Rodríguez, sus interlocutores durante los años que ejerció de mediador.

Zapatero ha rechazado que usase esa relación para influir en la política exterior de España sobre Venezuela y ha rechazado haber cobrado un solo euro por esas labores de mediación durante el proceso en República Dominicana. “He estado en Venezuela a petición de la oposición para una mediación en un país conflictivo. Una mediación que duró del 2016 al 2019. Y que se tradujo en 58 viajes con ocasión del diálogo. 48 a Caracas. 14 a República Dominicana, donde se celebraron negociaciones con Unasur, con el expresidente [panameño Martín] Torrijos, [el expresidente colombiano Ernesto] Samper, una en Washington con ocasión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una en Roma. Viajes sobre todo hasta 2020, el 80%. A partir de ahí, una o dos veces al año fundamentalmente en procesos electorales y a la tarea de liberar presos en Venezuela. He participado directa o indirectamente en la liberación de más de un centenar de presos”m, ha defendido.

El exdirigente socialista ha recordado además la carta en la que Hugo Armando el 'Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana con Hugo Chávez y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, desmentía la existencia de un supuesto regalo de una mina de oro por parte del régimen venezolano que él mismo había contribuido a difundir.

“Hubo un medio hace cuatro años que salió diciendo que el Pollo Carvajal comunicaba a la Audiencia Nacional que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela y otros chanchullos. Me considero una persona afortunada, no me quejo de nada, acepto hasta las injurias. Me gusta el debate público y la libertad de expresión”, ha comenzado, para a continuación leer algunos de los extractos de la misiva que recibió de Hugo Carvajal en 2023, en la que decía que fue un error no desmentir las acusaciones contra el expresidente.

“Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”. Así planteó el pasado jueves Alberto Núñez Feijóo un debate en el que solo le han seguido sus correligionarios en el PP. Ni el Gobierno ni los demás partidos del arco parlamentario han abundado en una polémica con escaso eco social. Tampoco la Casa Real, que asegura que la vuelta de Juan Carlos I depende exclusivamente de su voluntad, y que niega haber puesto en marcha un proceso de repatriación de Juan Carlos de Borbón. Eso sí, Zarzuela le advierte de que para retornar tendrá que fijar su residencia fiscal en España.

Feijóo publicó su mensaje en Twitter a cuenta de la desclasificación parcial de documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una información que no modifica en lo sustancial el papel que tuvo Juan Carlos de Borbón durante el fallido alzamiento militar, pero que ha servido al PP para situarse como primer defensor público del ex jefe del Estado.

Desde la Casa Real aseguran que el movimiento de Feijóo fue unilateral. No pactó previamente el sentido del mensaje, y solo avisó de que lo iba a publicar al jefe de la Casa, Camilo Villarino, con media hora de antelación. 

En los días previos, el líder del PP tampoco habló con Zarzuela sobre el movimiento que iba a hacer. Ni siquiera el mismo miércoles que se publicaron los documentos desclasificados, cuando Feijóo coincidió en persona en el Senado con Felipe VI durante el homenaje al libro El Rey. Tras el acto oficial, las autoridades presentes fueron invitadas a un ágape en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Alta. Tampoco ahí hablaron al respecto.

En Zarzuela aseguran que nadie más se ha dirigido al equipo de Felipe VI para abundar en lo planteado por Feijóo. Ni antes, ni después. Las fuentes de la Casa Real consultadas por elDiario.es sí son conscientes del deseo de Juan Carlos de Borbón de regresar a España antes de fallecer.

Este mes de enero, el ex jefe del Estado cumplió 88 años y, pese a lo que ha trasladado recientemente a través de algunos amigos que le han visitado recientemente, como el locutor Carlos Herrera o el expresidente del Gobierno José María Aznar, su estado de salud es delicado. “A través de su entorno ha llegado la información de que quiere regresar”, aseguran en la Casa Real. También en sus recientes memorias plantea este deseo: “Espero, mientras viva, tener una jubilación tranquila, retomar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar”.

¿Y puede regresar Juan Carlos I a España? La respuesta es que sí. Así lo afirman tanto el Gobierno como la propia Casa Real. “Es su decisión”, apuntan desde Zarzuela. “Si quiere volver, puede volver”, añaden. Eso sí. Hay, al menos, una condición: “Debería fijar aquí su residencia fiscal”.

Porque Juan Carlos de Borbón reside desde 2020 en Abu Dabi por decisión propia y para escapar tanto de las autoridades españolas como suizas, que investigaban a nivel administrativo y judicial la procedencia de fondos del rey emérito ocultos a las respectivas haciendas públicas. La Fiscalía dirigida por Alejandro Luzón anunció en marzo de 2022, tras varios años de investigaciones, que archivaba las tres diligencias penales que mantenía abiertas contra él.

La capital de Emiratos Árabes no tiene acuerdo de extradición y su fiscalidad es opaca. Hace dos años El Confidencial publicó que Juan Carlos de Borbón había puesto en marcha otro vehículo financiero en dicho país para aglutinar toda la fortuna que tiene dispersa por el mundo. Sus hijas, Elena y Cristina de Borbón, también forman parte de esta sociedad.

Lo que no explica la Casa Real es si Felipe VI quiere que regrese su padre a España.

Ayuso: “¡Que viva el rey!”

Al mensaje de Feijóo le siguieron el de otros barones y dirigentes de su partido que salieron a refrendar lo dicho por su jefe de filas. La más vehemente fue la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien este mismo viernes acusó al Gobierno de extender una “cortina de humo” con la desclasificación de documentos del 23F y, a la vez, afirmó que estos papeles salvan la cara del rey emérito en toda su trayectoria.

“Nada en el Gobierno de [Pedro] Sánchez es real, y todo siempre es una trampa”, dijo. “¿Qué hemos encontrado?”, se preguntó, para responderse a sí misma: “Nada”. Aun así, Ayuso afirmó que están “muy orgullosos de esta institución que ha estado siempre al servicio de España”. Una institución, añadió, “a la que queremos, a la que tanto debemos, tanto a la institución como a esta familia. Y por eso estamos profundamente orgullosos de lo que somos como nación”. 

“¡Que viva el rey!”, espetó Ayuso, quien dijo que España le debe mucho a la monarquía “desde hace siglos” y aseguró que Juan Carlos de Borbón es “muy querido”, pese a que prácticamente no se publican encuestas al respecto y la última vez que el CIS preguntó algo parecido fue en 2015.

El mismo día, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, aseguró que “sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España”.

El “charco” de Feijóo

Nadie se ha sumado, de momento, al planteamiento de Feijóo. Ningún partido secunda su petición, ni siquiera Vox. De hecho, la relación de la ultraderecha con la Casa Real no pasa por un buen momento. Tal y como publicó ‘El Periódico’, el partido de Santiago Abascal protestó formalmente ante Zarzuela por los mensajes que Felipe VI emite sobre Venezuela, Donald Trump y Mercosur. O por sus críticas a la polarización y al derecho internacional. Abascal, sus dirigentes y sus terminales han enmudecido sobre este asunto en plena campaña de purgas de enemigos internos.

Abascal criticó, además, a Feijóo por estar “mordiendo el anzuelo” de Sánchez, a quien acusó de estar “todo el día lanzando señuelos” con temas como la vuelta del rey o el 23F para “distraer” a la opinión pública. “Es un gran error abrir en este momento determinados debates porque es lo que quiere Pedro Sánchez”, zanjó este viernes.

Felipe VI, en un brete

En Moncloa creen que el líder del PP se ha metido “en un charco” al abrir un debate que no existía. “Al Gobierno ni le perjudica ni le beneficia”, señalan fuentes gubernamentales, que dejan la pelota de la decisión en el tejado de Zarzuela. “No es un tema que nos preocupe”, señalan en el equipo del presidente, en el que aseguran que no es un asunto que se haya abordado nunca en los contactos rutinarios con la Casa del Rey en los últimos años. 

Lo que argumentan en Moncloa es que “es un tema interno de Casa Real” y que así se lo han transmitido en los últimos días, después de que Feijóo lo sacara del cajón. “Depende exclusivamente de él” y “en su caso, de la Casa Real”, resumió el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. La reacción del Gobierno enervó a Feijóo quien, tras las declaraciones de Bolaños, aseguró en una declaración a los periodistas que “no vale” que el Ejecutivo “no tenga opinión” sobre Juan Carlos de Borbón. “El Gobierno debería decir qué es lo que piensa y aclarar su postura” añadió. Una frase que denota intencionalidad en la estrategia del PP.

La distancia con Juan Carlos I la marcó precisamente Felipe VI, quien en 2020 anunció su intención de renunciar a la herencia de su padre, un patrimonio manchado por su procedencia desconocida. A juicio de una de las fuentes gubernamentales consultadas, la decisión del actual rey pone negro sobre blanco que “sabe que tiene dinero fuera” y que “es lo único que los españoles no le perdonarían”. De ahí que Zarzuela invite al emérito a volver siempre y cuando sitúe su residencia fiscal en España, con lo que debería aflorar ese dinero y tributar por él. 

En el Ejecutivo creen que Feijóo ha puesto en un brete al actual monarca. “La desclasificación de los papeles del 23F en un primer momento para el PP era una cortina de humo. Posteriormente, utilizan los papeles desclasificados para inventarse una polémica en la que ni más ni menos meten a la Casa Real”, expresó la vicepresidenta en una entrevista en la Cadena SER. 

Los documentos desclasificados, que incluyen una nota —sin ninguna firma pero bajo el poder del Ministerio del Interior— que asegura que existió una “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” para implicar a Juan Carlos I en el golpe de Estado, se han utilizado para avalar su papel. Sin mencionarlo expresamente, el propio Sánchez se refirió al estado de ánimo de la derecha. “Hoy ya están todos contentos”, dijo en un mitin el líder socialista tras referirse a las críticas previas recibidas por la decisión.

Sin embargo, en Moncloa sostienen que desconocían lo que había exactamente en los papeles cuando tomaron la decisión de desclasificarlos, si bien se fiaban del criterio de los historiadores que apuntaban a que no había ya gran cosa. Así, niegan que haya sido una operación para blanquear el emérito o una pista de aterrizaje para su vuelta o pensando en una futura muerte. “Cuando suceda, ya lo veremos. Hay poca planificación”, dice una de las fuentes gubernamentales consultadas. 

El Gobierno minimiza los efectos de esa situación y apunta a que se encontraría una solución para su vivienda si él lo reclamara, aunque los detalles sobre una posible vuelta no se han llegado a abordar en profundidad con la Casa Real. “No creo que el PSOE pierda votos por tratar con dignidad al emérito. Los españoles nunca le han quitado el mérito de la transición ni sus tropelías en los últimos años lo ponen en cuestión”, concluyen en Moncloa.

El Gobierno estudiará cómo mantener las medidas del escudo social que tumbó el Congreso este jueves con los votos de PP, Vox y Junts, que pusieron como excusa que la prohibición de los desahucios favorece la okupación, un argumento que rechaza el Ejecutivo y sus aliados, incluso el PNV que pactó una rebaja de la ambición inicial del decreto al dejar fuera de la moratoria antidesahucios a los propietarios con una única vivienda en alquiler. “Hay que pulsar el sentir de los grupos y, en función de esa cuestión, ver cuáles son las posibilidades que tenemos”, ha dicho la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER.

“Es un Gobierno inasequible al desaliento. Siempre el diálogo es la mayor ventaja que tenemos a la hora de poder modificar esa capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos”, ha agregado Montero, que ha trasladado la responsabilidad fundamentalmente al PP, a pesar de que Junts también rechazó el decreto por segunda vez, obligando a llevar al Congreso la subida de las pensiones por un lado y el resto del escudo social, por otro. “Quiero hacer un llamamiento a que uno no puede votar en contra de todas estas medidas y devolver otra vez la pelota al Gobierno. El Partido Popular tendrá que explicar por qué dice que no a todo esto, que es bueno para la gente y por qué piensa que intentar producir una derrota parlamentaria tiene mayor beneficio político que sacar adelante unas medidas que claramente son beneficiosas”, ha señalado.

La vicepresidenta ha descartado que el varapalo en el Congreso, que también tumbó el decreto que pretendía poner topes de precios en emergencias o catástrofes como la de Adamuz o la dana, suponga la inviabilidad de la legislatura: “Claro que es viable. El Gobierno lleva impulsando más de 50 iniciativas legislativas que ha permitido llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas. Tenemos todavía retos muy importantes de país que el Gobierno tiene que seguir acometiendo y lo hará, como siempre, intentando contar con el apoyo de distintas fuerzas parlamentarias en una aritmética que es la que han decidido los ciudadanos y que, por tanto, nos obliga a dialogar muchísimo hasta la extenuación para poder sacar adelante algunas medidas”. “¿A alguien le cabe duda de que si en este momento no hubiera un Gobierno progresista estas medidas ni siquiera estarían encima de la mesa?”, se ha preguntado.

La ministra de Hacienda ha reconocido que no tiene los apoyos para los Presupuestos Generales del Estado que se ha comprometido a presentar en el mes de marzo y ha señalado específicamente a ERC y Junts. Igualmente, ha admitido que los puentes están rotos con la formación de Carles Puigdemont. En el Gobierno dan por perdido el apoyo de los neoconvergentes hasta que el expresident vuelva a Catalunya en aplicación de la ley de amnistía.

En cuanto a ERC, el principal conflicto está ahora en la cesión de la gestión del IRPF a Catalunya, que ha puesto también en standby el apoyo de los republicanos a los presupuestos de Salavador Illa. “No tenemos acuerdo y, por tanto, hay que seguir trabajando y espero que pase algo parecido a lo que nos ha pasado con el modelo de financiación autonómica en la que hemos partido desde un primer momento en posiciones que estaban en las antípodas, hemos ido trabajando para llegar a un punto de encuentro y hoy estamos en condiciones de presentar un modelo de financiación dentro del régimen común que aporta unos recursos muy importantes para todas las comunidades autónomas, especialmente para Andalucía y para Catalunya”.

La también candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía del próximo verano ha acusado al PP de generar en los territorios un clima de confrontación con Catalunya con “nostalgia del procés”. “Vamos a intentar una convivencia justa, coherente, que entre todos repartamos los recursos de manera coherente”, ha dicho antes de acusar a Juan Manuel Moreno Bonilla de “mentir” cuando se presentó en una reunión con Pedro Sánchez pidiendo la retirada del cupo catalán. “Nadie está trabajando en un cupo catalán. Otra cosa es que algunos pretendan tenerlo”, ha apuntado antes de lamentar: “Nos estamos defendiendo todo el tiempo de mentiras”. “El señor Moreno Bonilla, bajo esa apariencia falsa de moderación, sigue a pie juntillas los dictados de Génova y repite como un papagayo lo que dice el señor Feijóo”, ha criticado.

Un ejemplo de esa estrategia de mentiras lo ha situado en la respuesta a la pregunta sobre si el rey emérito debería volver a España después de que Feijóo lo planteara tras la desclasificación de documentos del 23F que han servido a la derecha para avalar su papel durante el fallido golpe de estado. “¿Dónde está la polémica? O sea, ¿quién tiene una opinión contraria o distinta sobre que el rey emérito volverá cuando el rey emérito decida volver? Ni la Casa Real ni el Gobierno de España, ni parece que el principal partido de la oposición”, ha comenzado.

“La desclasificación de los papeles del 23F en un primer momento para el PP era una cortina de humo. Posteriormente utilizan los papeles desclasificados para inventarse una polémica en la que ni más ni menos meten a la Casa Real”, ha proseguido: “Me parece un despropósito absoluto que marca el desnortamiento que tiene el Partido Popular, que no sabe exactamente cuál es el papel que le toca jugar en este momento de la historia de España, que está invitando a Vox a apoderarse de las instituciones democráticas”.

Este viernes arranca la campaña de las terceras elecciones autonómicas en menos de tres meses. Tras Extremadura y Aragón llega el turno de Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco confía en repetir victoria para el PP. El PSOE busca evitar otra debacle. Y Vox mantiene una estrategia puramente estatal que busca ensanchar su hueco en la derecha del tablero, aunque sea a costa de tener empantanados la mitad de los gobiernos que comparte con el PP. En la izquierda, nadie confía en nada más que salvarse de la destrucción con la renuncia de Yolanda Díaz reciente.

Pedro Sánchez parte con unas expectativas mucho más optimistas que en Extremadura, donde el PSOE cosechó su peor resultado histórico, y que en Aragón, donde su apuesta por la ya exministra Pilar Alegría fracasó más de lo que esperaban en Ferraz. Los socialistas sueñan que Carlos Martínez sea el candidato más votado. 

¿En qué se basan para esa aspiración? Fundamentalmente en que Castilla y León es uno de los territorios en los que Vox tiene una mayor fortaleza. Fue, de hecho, la primera comunidad en la que el PP tuvo que pactar un gobierno de coalición con la extrema derecha. La idea de los socialistas es que cuanto más fuerte esté Vox, más se debilita al PP y consideran que Mañueco es un candidato especialmente malo y más aún tras la gestión de los incendios de este verano. 

Martínez, que ha sido casi dos décadas alcalde de Soria con mayoría absoluta, llegó a plantear el debate de que gobierne la lista más votada que tanto ha reclamado el PP y que los socialistas rechazan rotundamente. El planteamiento lo hizo ante la creencia de que podría llegar a esa situación y situar a los de Feijóo en una situación complicada. “Cada territorio tiene su autonomía y sus peculiaridades”, justificaban en Ferraz situando a Martínez como una especie de ‘verso suelto’. 

Sin embargo, fuentes de la dirección reconocían en los últimos días que no habían percibido el “frenazo” de Vox que han dibujado las últimas encuestas. “No lo detectamos, pero son 'trackings' no recientes. Puede ser que en Castilla y León haya más voto conservador tradicional”, reflexiona una dirigente socialista, que al mismo tiempo considera que en esa comunidad hay “cansancio” con el PP y que ellos tienen “opción de ganar”. La euforia, no obstante, se ha desinflado con los últimos sondeos, que apuntan a que el PSOE se mantendrá más o menos igual que hace cuatro años. 

Mañueco, pendiente de Vox

El PP afronta en Castilla y León la misma situación paradójica que está viviendo en Extremadura y Aragón. El triunfo de su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, se da por descontado. No se descarta, además, un buen resultado comparado con las elecciones previas

En 2019, Mañueco perdió los comicios. El apoyo de Ciudadanos y de Vox, en lo que la derecha llama “un pacto de perdedores”, le permitió gobernar. En 2022 apenas sacó 1,4 puntos al PSOE. Vox rozó el 18%. Y Castilla y León fue la primera comunidad donde el PP metió a la ultraderecha en el Gobierno.

En el PP temen que se repita el esquema de lo que les está ocurriendo a María Guardiola y Jorge Azcón. Ambos barones convocaron elecciones con la excusa de la falta de acuerdo para aprobar los presupuestos. Los dos ganaron, y por mucho. Suman más que toda la izquierda y solo necesitan una abstención de los ultras para gobernar. Pero ninguno está cerca de tener atado el apoyo.

El desencuentro principal está en Extremadura, donde Abascal quiere cobrarse la cabeza de María Guardiola. La bronca, pública, ha escalado a las direcciones nacionales. Pero la intervención del todopoderoso secretario general del PP, Miguel Tellado, no ha tenido el efecto que esperaban sus compañeros de la dirección. La reunión prevista para esta semana se ha suspendido. Y no se sabe cuándo se celebrará.

La ruptura llega a pocos días del debate de investidura, que todo el mundo da por perdido. El 3 de marzo será la primera votación. El 5, la segunda. Y se abrirán dos meses de plazo para cerrar un acuerdo o Extremadura volverá a elecciones. Es un escenario muy parejo al de Aragón, donde el mismo martes 3 se celebrará la sesión constitutiva de las Cortes, que pone en marcha el contador para la repetición. Este mismo jueves, Jorge Azcón descartó en declaraciones a la prensa que pueda pactar nada con Vox en tan poco tiempo, pese a que, dijo, ya se han producido “reuniones” sin informar a los aragoneses.

La campaña de Mañueco se producirá así en un ambiente de enfrentamiento directo y televisado con quien, teóricamente, deberá ser su aliado para formar gobierno, ya sea en coalición o con apoyos externos. Y no será con el candidato de Vox con quien mantendrá ese diálogo público, sino con el líder del partido, Santiago Abascal, quien otra vez asume el protagonismo absoluto de la campaña ante el ninguneo de su candidato, Carlos Pollán.

La izquierda vuelve dividida a las urnas

No fue posible en Aragón y tampoco en Castilla y León: la izquierda volverá dividida a las urnas. Esta vez en dos papeletas, la de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo, por un lado, y la de Podemos y Alianza Verde por el otro. Si las opciones de lograr un procurador eran ya bajas con la fórmula Unidas Podemos (que logró 1 escaño en 2022), las encuestas dan escasas posibilidades de que ninguna candidatura logre representación. Todo apunta a que la izquierda desaparecerá de las Cortes castellanas y leonesas.

Quien tiene alguna posibilidad de entrar es la coalición encabezada por IU, a la que el CIS otorga un porcentaje que ronda el 5% y una amplia horquilla de entre cero y cuatro escaños. La candidatura liderada por Juan Gascón presentó este jueves su lema, ‘Defender lo común; el orgullo de quedarnos’. Se pone así el foco en el ‘abandono’ a la ciudadanía de Castilla y León.

Podemos tiene según la encuesta del CIS un 3,1% del voto. Su candidato, Miguel Ángel Llamas, no conseguiría entrar en el Parlamento autonómico y su formación saldría de las Cortes una década después de lograr 10 escaños y más del 12% de los votos. Ambas candidaturas se han peleado en los últimos días por los tiempos de publicidad electoral en los medios públicos. Podemos reclamaba que IU no tuviera minutos y finalmente la Junta Electoral los ha repartido equitativamente, 5 para cada uno. 

La nueva pugna entre las izquierdas autonómicas se produce en mitad de un proceso de profunda reorganización de la izquierda estatal. Los partidos de Sumar en el Gobierno, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns lanzaron el pasado fin de semana una nueva coalición para las generales, a la que Podemos de momento no quiere incorporarse. Esta será la primera campaña para la izquierda después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciase que descarta volver a presentarse como candidata. 

Las elecciones del 15 de marzo tendrán otra variable a tener en cuenta: los partidos de ámbito provincial. Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila y Soria ¡Ya! pugnan por lograr representación en sus respectivos territorios. Y cada uno tiene una incidencia distinta. La formación leonesa preocupa más al PSOE, mientras los abulenses aspiran a mantener representación tras escindirse del PP hace ya unos años. Las opciones del partido soriano son más escasas, según las encuestas, pero puede arañar votos esenciales en un escenario igualado.

El PP, Vox y Junts han vuelto a tumbar este jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, con medidas como la prohibición del corte de suministro de luz y agua, la protección a consumidores vulnerables y la suspensión de los desahucios para personas que no pueden afrontar el alquiler. Es esta la razón que han vuelto a poner como excusa los siete diputados de Junts para votar en contra del decreto, con el argumento de que fomentará la okupación. “Una excusa barata y falsa”, como ha recordado este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate de la medida en el Congreso. El decreto ha decaído con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

El Gobierno daba por perdida la votación de este martes y buscará ahora la manera de intentar rescatar las medidas de este paquete. No han servido los intentos de negociación en estas semanas y la modificación que introdujo en la medida sobre los desahucios tras pactar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los nacionalistas arrancaron al Ejecutivo que la suspensión de los desalojos no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Pero Junts decidió hace meses retirar su apoyo al Gobierno. Es una decisión estructural que difícilmente cambiará, al menos así lo creen en Moncloa, hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España, una decisión judicial que ya no depende del Ejecutivo. Las medidas a las que ha dado apoyo esa formación en el Congreso en todo este tiempo son iniciativas con las que coinciden ideológicamente, como la subida de las pensiones, pero se ha negado a negociar la agenda progresista de la coalición.

Junto a la estrategia de oposición al Ejecutivo, los de Puigdemont conviven en su seno con un debate sobre el giro ideológico de su formación, en pleno ascenso de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Quizás eso también explica por qué sus siete diputados votaron a favor hace un año de un texto casi idéntico al que se ha debatido este jueves y que ahora rechazan. La agenda de Junts en esta legislatura ha girado hacia la derecha en asuntos como la inmigración o la seguridad y por eso en esta ocasión han centrado sus críticas al decreto en la okupación, sobre la que el paquete no dice nada.

Así lo ha recordado Bolaños al defender la medida en la tribuna. “Les tengo que decir que ni okupas ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto, y al revés, se les excluye de cualquier beneficio”, les ha reprochado a los diputados catalanes. “Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo decreto en 2025. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley con los okupas, que ni están ni se les espera ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha criticado Bolaños.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado un “chantaje político” del Gobierno por “mezclar cosas” cuando “no tiene mayoría”. “¿Por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente si España va como un cohete?”, le ha prguntado antes de reprochar que se haya convertido “una medida excepcional en una penitencia para los propietarios”.

Los socios progresistas de la coalición han recriminado la “falacia” de las derechas en su rechazo al escudo social. “En eso sí forman un bloque la derecha catalana y española”, ha expresado el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

“Os pedimos una reflexión porque pulsar el botón rojo no hace caer al PSC o al señor Illa”, le ha dicho la portavoz socialista, Montserrat Mínguez, a la bancada de Junts: Si presionan el botón rojo tendrán un apluaso del PP y Vox, que les quiere ilegalizar. Pero tendrán el enfado de mucha gente que ha confiado en ustedes“. ”Quien está echando a la gente de sus casas son los fondos buitre, a quienes están protegiendo es a los fondos buitre“, ha dicho la diputada de Sumar Aina Vidal.

Las medidas que decaen

Además de la protección contra los desahucios, el escudo social mantenía otras medidas como la extensión durante un año de la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluía la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Por otro lado, incluía la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

El nuevo texto mantenía la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

Moncloa no pretendía entrar al trapo del enésimo bulo sobre Pedro Sánchez. En esta ocasión, la publicación por parte de Libertad Digital de que padece una enfermedad cardiovascular. Pero la utilización del asunto por parte de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control al Gobierno ha hecho que el propio presidente entre en el asunto para desmentirlo y atizar a la derecha: “Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien”.

“No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan”, ha expresado en un post en la red social X en el que ha asegurado que “queda Gobierno para rato”.

“La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud”, señala Sánchez: “La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública”.

La publicación del bulo sobre una supuesta dolencia cardiovascular por parte de la web de Federico Jiménez Losantos se utilizó en los círculos de la derecha para poner en cuestión la salud del presidente.

La diputada ultraliberal aprovechó su intervención en la sesión de control al Gobierno para sembrar esas mismas dudas. Aprovechando la coincidencia con la desclasificación de documentos del 23F, Álvarez de Toledo reclamó una “desclasificación integral del sanchismo”. “Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico”, inquirió.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, censuró su “bajeza moral”. “Cuando uno piensa que Álvarez de Toledo ha llegado al límite, siempre hay un escalón más por debajo”, respondió el también titular de Justicia y Relaciones con las Cortes: “Usted que siempre ha querido ser grande de España, fíjese en lo que se ha quedado: en un señuelo del voto ultraderechista”.

Pedro Sánchez minimizó el órdago de Junts cuando Carles Puigdemont anunció la ruptura con el Gobierno. En Moncloa vieron inicialmente aspavientos, pero no creyeron que la sangre llegara al río. Se equivocaron. Y no tardaron en darse cuenta. Por eso el Ejecutivo multiplicó los gestos hacia la formación independentista (apoyo a la ley contra la multirreincidencia, un macrodecreto con promesas pendientes, el compromiso de publicar las balanzas fiscales...) al tiempo que intentó reagrupar a la mayoría de la investidura. Pero en Moncloa dan por perdido el apoyo de Junts, al menos hasta que Puigdemont vuelva gracias a la aplicación de la amnistía.

El Gobierno ha vuelto a escuchar el portazo este miércoles en el Congreso. La portavoz, Míriam Nogueras, ha confirmado que su grupo votará en contra del decreto del escudo social. Por segunda vez. Ya sumó sus votos a los de PP y Vox para rechazar hace un mes el paraguas de protección social que se implementó durante la pandemia. La excusa de los neoconvergentes fue que la prohibición de los desahucios era un coladero para la okupación. Tras el varapalo, el Gobierno negoció con el PNV una rebaja de la ambición para dejar fuera a los propietarios con una única vivienda en alquiler.

“Hace unas semanas dijimos pensiones ‘sí’, ocupación ‘no’. Y cumplimos”, expresó Nogueras en la sesión de control: “Lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación el escudo social y las ocupaciones. Si votáramos que ‘sí’, quizás nos ahorraríamos todas esas mentiras que dicen de nosotros. Pero nosotros no engañamos”. “Escudo social, sí. Ocupaciones, no”, ha señalado llevándose el reproche de Sánchez por vincular la protección del escudo social a personas vulnerables con la ocupación.

Ante la segunda derrota en el Congreso, el Gobierno tendrá que buscar la fórmula para mantener esa protección. Lo que, en principio, no ven en el Ejecutivo es presentar un tercer decreto (ya lo han hecho en esta ocasión desgajando el 'escudo social' de la subida de las pensiones, que sí se aprobará con el 'sí' de PP y Junts). “El Gobierno ha promovido por dos veces el escudo social. Separar la parte de desahucios no lo ve la izquierda. Puede ser que la izquierda diga que cuando lo tumben lo vea distinto, que ahora cambie de opinión”, señala una fuente gubernamental sobre la anterior negociación, en la que Moncloa pretendía llevar la prohibición de los desahucios por separado para minimizar los riesgos, pero se opusieron los socios progresistas y finalmente fueron por separado las pensiones y todo lo demás en un único texto. “El Gobierno está dispuesto a hablar, pero no vamos a traerlo al gusto de cada cual”, apunta esa fuente.

Una ministra descarta que se vaya a aprobar un nuevo decreto. “Tenemos instrumentos”, dice sobre el mantenimiento de las medidas de protección social, como el bono energético, las entregas a cuenta a las comunidades y ayuntamientos o la actualización del Ingreso Mínimo Vital. Además, sostiene que serán las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente por el PP, las que tendrán que dar respuesta a los desahucios: “Tienen unas obligaciones estatutarias en materia de emergencia habitacional para personas en situación de vulnerabilidad”.

Lo que asumen en Moncloa es que no tienen nada que hacer por ahora con Junts. “La situación de Junts se acabará de estabilizar cuando vuelva Puigdemont”, reflexiona un miembro del Gobierno. La estimación del Ejecutivo es que se podría producir ese escenario en primavera dado que la sentencia del Tribunal Constitucional se espera para abril o mayo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya le han allanado el camino. También está pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, tras la opinión favorable del abogado general, que suele marcar la pauta de los jueces en Luxemburgo.

En todo caso, la tensión con Junts se mantiene en un momento sensible para el Gobierno ante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado que ha prometido en el primer trimestre del año. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó al mes de febrero, que ya ha pasado y ahora la intención es hacerlo en marzo, es decir, en las próximas cuatro semanas. “No están en condiciones de aprobar presupuestos”, señalan fuentes gubernamentales sobre Junts y reconocen que lo importante de las cuentas públicas es aprobarlas, no solo presentarlas, a pesar de que Sánchez aseguró que podría acabar el mandato sin sacar adelante los presupuestos en toda la legislatura. “No dan lugar a la interlocución. Cortesía parlamentaria hay, pero no hay capacidad de diálogo”, lamentan esas fuentes.

El intento fallido del golpe de estado del 23F provocó un tsunami político ante la constatación de una amenaza real contra una débil e incipiente democracia en España, pero también dejó ríos de tinta en los organismos del Estado. Según la información desclasificada este miércoles, coincidiendo con el 45º aniversario de la intentona golpista, la situación se evaluó especialmente desde el punto de vista de la situación en la que quedaban las Fuerzas Armadas.

La Policía Nacional hace un informe sobre la situación militar en España el 12 de noviembre de 1981, nueve meses después del intento de golpe de Estado, en el que ve un alto riesgo de repetición. “El renacimiento del clima que motivó el 23F es evidente”, dicen los informadores, que hacen el análisis sobre las consecuencias que está teniendo en la Policía la intentona golpista y que ayudaran a frustrarla.

Este runrún antidemocrático también se evidencia en un manuscrito anónimo desclasificado este miércoles, que es un anexo con los planes para repetir una asonada tras el fallido 23F. Es en ese documento donde una facción del ejército considera como primer fallo “dejar libre al Borbón y tratar con él como si fuera un caballero”, al entender que “el Rey seguirá adelante con su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar”. “Es, por tanto, un objetivo a abatir y anular”.

Precisamente, la Policía, en ese informe de noviembre, advierte de que los policías y fuerzas del orden que se mantuvieron leales al rey empiezan a tener una situación “insostenible”. Además de poner a la prensa de “ultraderecha” como vehículo de ese clima –incluso adjunta portadas de El Alcázar o Heraldo– alerta de que a la Policía Nacional se le hace el vacío o se la hostiga y que se está poniendo en la picota a los generales Sáez de Santamaría y Alcalá Galiano “sin que ninguna voz oficial se levante en su defensa”.

El informe policial constata que la actitud con la Guardia Civil (Tejero era uno de ellos y el cuerpo está adscrito a las Fuerzas Armadas, mientras que la Policía no) es distinta. Les hacen “continuos halagos”. El escrito apunta a que el personal policial “se siente acosado y con complejo de culpabilidad por haber actuado en los días 23 y 24F con absoluta lealtad al Rey, a la Constitución y, en definitiva, al pueblo español (...). La Policía fue el dique que se opuso con mayor efectividad al logro de los designios de los golpistas”.

Índice de Subversión

Los archivos del Ministerio del Interior también conservan un informe de ocho páginas con el sello de “secreto” plasmado en rojo en todas ellas con el título “Índice de subversión en las FAS”. En el documento, que es anónimo, “se analizan brevemente la situación, se determinan objetivos generales a alcanzar y se señalan esquemas de Líneas de acción, para ser desarrollados en caso de aprobación”.

El informe, fechado el 12 de diciembre de 1981, hace en primer lugar un dibujo desde el encaje en el ejército de la muerte del dictador y la llegada del rey hasta una mejora de la situación durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. “La llegada de la Monarquía fue percibida por las FAS, con expectación y aceptada por considerarla, entre otras cosas, como uno de los deseos de Franco, expresados en su testamento. Una gran mayoría estuvo dispuesta a servir al nuevo Régimen con total lealtad, porque la obediencia en este caso se convertía en un tributo a la memoria de su líder indiscutido”, arranca el apartado de “Análisis de la situación”.

“El descrédito de los líderes políticos, el ataque a determinados valores morales, la inseguridad ciudadana, el terrorismo, la crisis económica –con paro creciente– y las exaltaciones separatistas, han causado una profunda preocupación en los Mandos de las FAS., que empiezan a manifestar su desconfianza en el Gobierno”, agrega el documento, que sitúa en 1980 una “verdadera frontera entre la credibilidad en el nuevo régimen y la desconfianza mencionada” que tuvo su culmen en el 23F.

Perfil de nuevos mandos: “Católicos con evidencias”

“Con motivo de los hechos producidos el 23F, apareció un movimiento de valoración de los miembros de las FAS, que de forma explícita o tácita fueron calificados por la prensa. En todos los niveles se ha percibido esta actuación como una evaluación permanente de su fidelidad a la línea de mando y de la disciplina, generalizando una sensación de falta de apoyo o distanciamiento del pueblo a través de la acción de los medios de comunicación. Cada medio ha tratado de hacer una interpretación de acuerdo con su ideología, proyectando la actitud de personas en un movimiento de afecto o desafecto entre el pueblo y Ejército”, señala el documento.

El informe también apunta a “pequeñas reticencias, oposiciones administrativas, comentarios y todo tipo de iniciativas de oposición a la línea de mando” en cuya cúspide sitúa al rey, que “sufre un deterioro personal y profesional” y que se atribuye a “su actuación sustitutoria de una posición de liderazgo en las propias FAS”. “Es imprescindible lograr, cuanto antes, un grupo de Jefes de prestigio capaces de ser aceptados desde el propio Ejército, al margen de la opinión que merezcan en el ámbito civil”, advierte el documento. Este era el perfil que se buscaba para esos mandos:

A partir de ahí, el informe establece una propuesta de trabajo con el objetivo principal de “evitar que el rey asuma el control permanente del ejército, elevando su liderazgo. Revaluar el mando profesional, fomentar la idea de que el ejército, con absoluta lealtad al rey, respeta la Constitución y obedece al Gobierno”.

Un documento anónimo que figura en los archivos del Ministerio del Interior relativos al 23F apunta a distintos escenarios para un golpe de estado civil o militar contra Adolfo Suárez. El manuscrito, fechado en noviembre de 1980, responde a una “panorámica de operaciones en marcha” en la que se dibujan tres opciones: operaciones civiles, operaciones militares y operaciones mixtas (civiles y militares). Los planes incluyen distintas salidas para el Gobierno y también para el rey que, en uno de los escenarios, “operaría constitucionalmente” mientras que en otro se contemplan que “se impediría su huida, así como la de ministros (...), subordinando la Corona y la vida de su titular a la aceptación del hecho consumado”. Además, en un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero.

En cuanto a las opciones civiles, se plantean cuatro alternativas: de ideología democristiana, de ideología mixta, de ideología socialista o de ideología liberal. El primero estaría liderado por Herrero de Miñón y Álvarez Landelino y miembros de UCD. “No cuentan con Fraga”, señala el texto, que otorga “escasas posibilidades”. También ve “muy escasa viabilidad” a un movimiento liderado por Martín Villa que dé paso a un Gobierno de PSOE y AP (Alianza Popular) con Fraga como presidente. “M. Villa ocuparía presidencia con vistas a 1983”, recoge el documento.

Para el caso socialista hay dos opciones. Una exclusivamente civil que supusiera una moción de censura que saliera adelante gracias a disidentes de UCD y la abstención del PCE, pero a la que se daba “muy escasa” viabilidad. Sin embargo, la posibilidad de un golpe “civil con complemento militar” tenía “credibilidad casi total” si se daban “estas dos condiciones”: “apoyo de la Corona” y “reclutamiento de un general de esas características”, es decir, “talante liberal” entre los que se cita a G. Mellado, Sta María y Díez Alegría. “Con esta medida piensan ofrecer antídoto al franquismo”.

Por último, se da “prácticamente nula” viabilidad a un movimiento liberal liderado por Garrigues en el que se plasma como “inconveniente” que no tiene fuerzas parlamentarias propias. “Estrategia: crear su grupo político propio para 1983, insertándose en UCD y desplazando a otros líderes”.

La operación militar

En cuanto a una posible operación militar, dibuja un panorama en el que el golpe pueda venir de tenientes generales, de coroneles o de “expontáneos” (sic).

Respecto a la primera opción, prevé que el líder pueda ser un general o un político, en cuyo caso vislumbra a Fraga. “El rey operaría constitucionalmente” ya que dibuja la posibilidad de un pronunciamiento. “Se considera que los generales son contrarios al protagonismo tipo Pinochet o Videla”, dice el documento anónimo que ha salido a la luz después de 45 años.

En el caso de un golpe de los coroneles, señala que “no pierden el tiempo en conspiraciones de café” y que solo actuarían cuando “el pueblo los llame”. La posición de estos es que la situación se deteriore “en un año y medio o dos años”, precisamente lo que ocurrió. “Entienden que no solo UCD ha de quemarse, sino también su alternativa el PSOE”. Fraga vuelve a aparecer en esta modalidad: “Se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador”. Aquí el rey no tenía un papel porque “no son monárquicos y piensan en una república presidencialista”.

En cuanto al modelo de subversión de los “expontáneos”, esta radiografía de situación que analiza salidas antidemocráticas resume que está en el entorno de la “operación Galaxia”. Señala que este grupo ve difícil un “consenso” para el golpe, pero que si “alguien” lo plantea “no lo impedirían”. Es una “operación comando”, el modelo más parecido al que finalmente se llevó a cabo el 23F. En cuanto al rey, “se impediría su huida, así como la de ministros (...), subordinando la Corona y la vida de su titular a la aceptación del hecho consumado”.

“El Rey seguirá adelante con su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas”

Es un modelo de improvisación, que admite que luego no hay un plan, sino que se empiezan a dar órdenes para consumar el golpe. Como riesgos, como así sucedió, prevé una fractura entre militares y una depuración posterior.

El documento, a mano y con numerosos detalles de cada modelo posible para descabalgar a Adolfo Suárez, también contempla la posibilidad de un golpe mixto con el apoyo de la Corona para intentar encarrilarlo dentro de la institucionalidad y hacer una reforma. Entre las ventajas, “lleva gestionándose un año y han mostrado su conformidad determinados líderes de PSOE y UCD”, aunque no especifica cuáles. Ve la viabilidad “muy alta” y la sitúa en la “primavera de 1981”.

Este documento tiene un anexo sin contextualizar en el que cita también el análisis que hace una parte del ejército tras el fallido golpe del 23F. El primer error que analizan de cara a una repetición es “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, al entender que “el Rey seguirá adelante con su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar. Es, por tanto, un objetivo a abatir y anular”.

El Consejo de Ministros aprobó el martes la desclasificación de los documentos que quedaban en los archivos de Interior, Defensa y Exteriores relativos a la intentona golpista cuando se cumple el 45º aniversario. La orden que autoriza formalmente a la publicación de los documentos ha salido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y Moncloa los ha sacado a la luz unas horas más tarde.

“Lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles”, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz, Elma Saiz.

No han servido los gestos a Junts ni la rebaja de la ambición del decreto del escudo social para conseguir atraer a la formación de Carles Puigdemont, que sigue dejando claro a Pedro Sánchez que está lejos de una reconciliación. La portavoz neoconvergente, Míriam Nogueras, ha confirmado que sus siete diputados se opondrán de nuevo al decreto que se vota en el Congreso este jueves. El 'no' de Junts, que se suma a PP y Vox, condena al fracaso ese texto legal que incluye medidas como la prolongación del bono social eléctrico, las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos o la prohibición de los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

“Hace unas semanas dijimos pensiones ‘sí’, ocupación ‘no’. Y cumplimos”, ha dicho. Pero ha añadido: “Lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación el escudo social y las ocupaciones. Si votáramos que ‘sí’, quizás nos ahorraríamos todas esas mentiras que dicen de nosotros. Pero nosotros no engañamos. ”Escudo social, sí. Ocupaciones, no“, ha asegurado.

Nogueras ha concluido: “¿Su escudo social es un titular? Porque si realmente quisiéramos impulsar el escudo social bastaba con que hiciera una cosa, separarlo de las ocupaciones. ¿Por qué no lo ha hecho?”.

El presidente le ha reprochado que vincule la protección del escudo social a personas vulnerables con la ocupación: “No sé por qué usted tiene que identificar la situaciones de potencial desalojo de colectivos vulnerables con la ocupación, nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Lo que estamos precisamente en ese real decreto ley tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el Ingreso Mínimo Vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones de venidas de vulneración social, ¿qué tendrá que ver eso con la ocupación?”.

Ante la primera derrota en el Congreso del escudo social, el Gobierno decidió desgajar las medidas en dos decretos: uno con la subida de las pensiones, que sí saldrá adelante con los votos de PP y Junts, además de los socios de la coalición, y otro con las del escudo social en sí. En este segundo se incluyeron cambios pactados con el PNV, como que la moratoria antidesahucios excluya a los propietarios con una única vivienda en alquiler.

A pesar de que el Ejecutivo confiaba en atraer así a los neoconvergentes, se han topado con el 'no' de nuevo. Fuentes gubernamentales reconocían el martes que no tenían aún el plan para salir de esa situación, que supone la caída de las medidas del escudo social que se activaron en la pandemia. “Partido a partido”, respondían.

En el habitual 'cara a cara' con el líder de la oposición, Sánchez le ha acusado de hacer “política para ultras”. “En lo que ha quedado, de la política para adultos a la política para ultras”, le ha reprochado en la sesión de control después de criticar su “sarta de mentiras”.

Feijóo ha aprovechado una vez más su turno en las sesiones de los miércoles para cargar con dureza contra el Gobierno y le ha pedido “transparencia” sobre multitud de temas, desde la tragedia de Adamuz a las informaciones publicadas en algunos medios sobre el expresidente José Luis Zapatero.

“Ya que se pone a dar lecciones. ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, con los pocholos, con Quirón y con la Sanidad? ¿Qué va a hacer usted con ese señor Mazón al que han señalado diciendo negligente o ”grosera negligencia“?”, le ha respondido Sánchez.

Luz verde a la desclasificación de documentos del 23F. El Consejo de Ministros ha aprobado esa decisión anunciada el lunes por Pedro Sánchez para que la memoria no esté “bajo llave” y que se hará efectiva el miércoles, cuando el BOE publique la autorización. Las 153 “unidades documentales” que se han hallado en la Administración sobre el fallido golpe de estado se publicarán a partir del mediodía en la página web de Moncloa. Una de las razones que esgrime Moncloa para llevar a cabo esa medida ahora es batallar con el relato de la ultraderecha y “evitar conspiraciones y manipulaciones que algunos usan para escribir una relidad paralela”.

“Lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles”, ha señalado la portavoz, Elma Saiz.

“Para el franquismo en nuestro país todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario. Eso es lo que hacemos hoy con el 23F. Acabamos así con una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado”, ha afirmado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha puesto como ejemplo la publicación que llevó a cabo Alemania en 2012, en Italia en 2016 o en Grecia en 2024 sobre el golpe de estado en Chipre. En el caso de España, el grueso de los documentos son escritos y algunas imágenes, aunque en Moncloa creen que no hay grabaciones.

“El pasado no es el pasado, es una dimensión del presente y una democracia plena debe tener acceso a esa dimensión”, ha expresado la portavoz parafraseando al escritor Javier Cercas en 'Anatomía de un Instante'. “Los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, no suponen un riesgo real y presente”, ha puntualizado Saiz. En el Gobierno sostienen que la información no supondrá un riesgo para la seguridad nacional.

No obstante, la portavoz ha eludido pronunciarse sobre si la publicación cambiará la imagen de la actuación del rey Juan Carlos I durante el intento de golpe de estado. En todo caso, Moncloa avisó de la decisión previamente a Casa Real, aunque no con mucha antelación.

“Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”, ha afirmado Saiz sobre la información que está en manos de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. En Moncloa no tienen el cálculo de cuántos miles de folios serán. “Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora puedan ser consultadas, pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales”, ha continuado Saiz, que ha recordado que la decisión se produce cuando se cumplen los 45 años de la intentona golpista. Ese es elumbral que estableció el Gobierno en la propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales, que es de 1968.

Sin embargo, esa norma, que permitiría la desclasificación automática de información reservada o secreta, está encallada en el Congreso. “Esperamos ahora que el proyecto de la Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma”, ha expresado la portavoz.

A pesar del simbolismo ideológico de la decisión, es insuficiente para los socios de la coalición, que reclaman más ambición y que se desclasifiquen ya materiales relativos a otros pasajes del pasado reciente del país, como los GAL. Entre las reclamaciones, hay hechos anteriores a 1981, que es el umbral de los 45 años al que se refiere el Gobierno para justificar la desclasificación de los documentos del 23F.

Coto a la publicidad institucional

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Anteproyecto de ley de publicidad institucional con la que pondrá coto, en línea con la reglamentación europea, a la financiación pública de los medios de comunicación y también nuevas plataformas digitales.

La norma, que aún tiene que pasar por segunda vuelta y el Parlamento, establece un límite del 35% de los ingresos procedentes de la publicidad institucional. “Un medio de comunicación que tenga un 50%, un 60% o 70% de financiación del sector público, no es un medio de comunicación, será otra cosa”, ha defendido el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Lo que incluye la norma es una “salvaguarda” para los medios locales dado que se aplicará a partir de los dos millones de euros de facturación.

La nueva normativa también pretende cumplir con el reglamento de la UE que obliga a los medios a publicar quiénes son sus propietarios para garantizar la independencia informativa. Los medios de comunicación tendrán que registrarse y en ese registro (CNMC en el futuro) aparecer quiénes son sus dueños y accionistas.

Una vez más, es el PSOE de Madrid. El de las cuitas internas, las luchas intestinas por las migajas del poder y el juego sucio. El escenario en esta ocasión es Alcalá de Henares, la tercera ciudad más grande de la Comunidad de Madrid. Los socialistas perdieron la alcaldía en 2023 tras ocho años de gobierno en la localidad gobernada mayoritariamente por la derecha en las últimas décadas. Y ahí se abrió la guerra interna, cuando el exalcalde Javier Rodríguez logró un escaño en el Congreso de los Diputados, pero mantuvo el liderazgo del PSOE local y la portavocia en el Ayuntamiento.

Esa situación, sumada a las aspiraciones del secretario de Organización, Enrique Nogués, han sumido al PSOE de Alcalá de Henares en una batalla en la que se han producido acusaciones cruzadas. Por un lado, la publicación de una foto de hace años de Nogués en una fiesta con una stripper, que Rodríguez ha usado contra el secretario de Organización por vulnerar las reglas éticas del partido. Por otro lado, se ha acusado a Rodríguez de estar detrás de esa filtración.

Igualmente, el diputado y todavía secretario general denunció la afiliación masiva de militantes por parte de su número dos ante la dirección regional que pilota Óscar López así como su participación en la fiesta con una stripper. Fuentes de la cúpula del PSOE de Madrid explican que se abrió un expediente por la violación de las reglas éticas (Rodríguez forma parte de la Comisión de Ética y Garantías federal) y que la investigación por las afiliaciones se “resolverá con rigor”.

Fuentes del partido a nivel local aseguran que en la batalla por engrosar el censo se han producido unas 200 altas de militantes, que supone un aumento del 40%. La importancia radica en los procesos de primarias que se celebrarán en los próximos meses para la elección del candidato a la alcaldía, al que Rodríguez tenía previsto presentarse y también Nogués ha manifestado su intención.

Ante la tardanza que supone la resolución del expediente, Rodríguez ha decidido dimitir como secretario general, de manera que la ejecutiva local se disuelve de forma automática y se constituirá una gestora pilotada por la dirección regional antes de la reelección de un nuevo líder local y el candidato. Ha sido la fórmula escogida por Rodríguez para solventar la crisis y quitarse de encima al secretario de Organización, cuyos partidarios sostienen, sin embargo, que han recogido unas 300 firmas contra el exalcalde.

“En la pasada reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal (CEM), el lunes 16 de febrero, una amplia mayoría de miembros de la CEM, se manifestó en contra de las actuaciones realizadas por Enrique Nogués Julián en materia de afiliación, también se transmitió la preocupación que generaba su negativa a asumir que la existencia de una foto publicada en prensa, retirando con la boca el tanga a una mujer en un espectáculo stripper, imagen que nos dañó en el año 2023 y que nos podría volver a dañar en el futuro y, por último, algunos miembros de la CEM le mostraron su indignación ante haber objetado algunas de las últimas afiliaciones realizadas, y sin embargo, no haber actuado de igual manera frente a otras presentadas en las mismas condiciones”, denuncia Rodríguez en su escrito de renuncia, con fecha sábado 21 de febrero.

“La reunión de la CEM, finalizó con mi petición, como Secretario General, de la dimisión del Secretario de Organización debido a las cuestiones antes descritas y a corroborar la existencia de un expediente disciplinario abierto contra su persona. Han pasado cinco días desde la celebración de la CEM y Enrique Nogues Julián continúa sin dimitir, y la ausencia de ninguna medida cautelar adicional mientras se tramita su expediente disciplinario hace imposible, a mi parecer, continuar con el funcionamiento normal de la CEM”, agrega.

“No estoy dispuesto a que se pueda continuar dañando la imagen del Partido con un Secretario de Organización del PSOE, en activo, con una fotografía pública y publicada mordiendo el tanga de una stripper. Es una imagen del pasado, pero ha vuelto a dañar la imagen presente del Partido en Alcalá de Henares en los últimos días y no estoy dispuesto a que nos vuelva a dañar la imagen del Partido ante las elecciones del año 2027”, dice Rodríguez, que “reafirma” su “compromiso” con la localidad dando a entender que optará a la reelección, pese a la dimisión.

El secretario de Organización ha emitido un comunicado en el que justifica que se está evaluando con “criteriosa actuales” su participación en las “actividades festivas” de su peña cuando tenía 23 años y no era ni “cargo orgánico en el PSOE ni concejal”. “Es la denuncia de un compañero relacionada con una foto de 2014, conocida ya en la pasada campaña electoral y que en su momento, fue utilizada por el Partido Popular de Alcalá de Henares en un intento de desprestigio al partido y a mi persona”, dice sobre el expediente que están instruyendo los organismos internos del PSOE.

“Entonces, y de común acuerdo con las personas que conformábamos la candidatura socialista, ofrecí una rueda de prensa, que es de acceso público, el 23 de mayo de 2023 en la que expliqué que esa foto se realizó en un concurso celebrado en la Peña El Juglar durante las fiestas de Alcalá, en el que participaron un hombre y una mujer. Posteriormente, en 2015, la peña decidió eliminar este tipo de actividades, del todo inapropiadas, que siempre tuvieron respaldo del Ayuntamiento entonces gobernado por el Partido Popular”, agrega el texto.

La guerra en el PSOE de Alcalá, tras unos años de paz interna, se produce un año antes de que el partido se ponga formalmente en modo campaña electoral en una localidad en la que PP y Vox tienen mucha fuerza, pero los socialistas veían factible obtener un buen resultado ante los problemas de gestión de la actual alcaldesa, Judith Piquet, que está imputada y que ha decidido mantener en su cargo al comisario municipal, investigado por violencia de género.