Sánchez busca la cuadratura del círculo para atraer a Junts tras un nuevo portazo con las pensiones

Pedro Sánchez busca la cuadratura del círculo en una compleja aritmética parlamentaria que le ha llevado a una nueva derrota: el Congreso ha tumbado el escudo social con los votos de PP, Vox y Junts. El Gobierno negoció una vez más contrarreloj con la pretensión de llevar al 'sí' a Podemos con la regularización extraordinaria de migrantes y que los de Ione Belarra abrieran la puerta a apoyar la delegación de competencias en materia de migración a Catalunya, que es una exigencia de Carles Puigdemont en su pugna con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Pero en Moncloa no lograron el objetivo y Junts se mantuvo en el 'no' tumbando ese decreto, que incluye la subida de las pensiones pero también la prohibición de desahuciar a personas vulnerables que, para los de Carles Puigdemont, supone “que no puedas hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler”.

Ahora se abre en una nueva fase de conversaciones cruzadas bajo la premisa de que habrá una nueva iniciativa para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas a partir de febrero. “No hay una única manera de arreglarlo, pero el Gobierno va a estar donde toca”, afirman fuentes gubernamentales.

La negociación en materia de migración, que conlleva que Podemos permita sacar adelante una de las promesas incumplidas hasta ahora por Sánchez, no fue el único gesto del Gobierno a Junts. “El pasado diciembre aprobamos una línea de avales que hemos dotado con 300 millones para posibles impagos”, dijo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre otra de las exigencias del grupo que pilota Míriam Nogueras. Entre tanto, el Gobierno asegura que publicará próximamente las balanzas fiscales y que trabaja por la oficialidad del catalán en la UE a la espera de que se aplique la amnistía que permita volver a Puigdemont tras los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y el Constitucional. Sin embargo, la portavoz independentista reiteró su 'no' al decreto y pidió que se troceara para sacar adelante la subida de las pensiones por separado y no dio por buenas las promesas en materia migratoria, al menos por ahora.

“Nosotros estamos donde siempre hemos estado. Catalunya necesita el 100% de las competencias de inmigración. Cada día más gente tiene más claro que cuanto menos depende de España, más funciona Catalunya”, dijo Nogueras. Fuentes del partido señalan en cualquier caso que es el PSOE quien tiene que moverse si quiere sacar adelante esta ley, un compromiso que arrastra desde el inicio de la legislatura, al que llegó con los de Puigdemont para evitar una primera derrota parlamentaria con varios decretos que buscaban implementar un subsidio de desempleo y prorrogar el escudo social.

Una negociación a tres bandas

“Depende de ellos. Ojalá”, traslada una fuente del grupo parlamentario, que insiste en que ahora es tarea de los socialistas volver a registrar la iniciativa en el Congreso y asegurarse de atar los apoyos para que pueda salir adelante. Si Podemos entra finalmente en el pacto, la tramitación podría ser más o menos rápida, similar a la que propició en diciembre la negociación sobre la ley de multirreincidencia, otro de los compromisos con Junts, que se votará en el primer pleno del año, el jueves 12 de febrero.

“En la delegación de competencias estamos de acuerdo. El problema lo visualizó Podemos y ya ha manifestado que no es problema. Ojalá esto suponga para Junts un gesto que quiera corresponder a Podemos sacando adelante esta parte del decreto, que no es de Podemos, pero que es con la que Podemos está a favor”, señalan fuentes gubernamentales sobre la posibilidad de que las medidas del escudo social, entre ellas la prohibición de los desahucios pero también ayudas fiscales para los afectados de la dana y de los incendios o entregas a cuenta para las administraciones territoriales, cuenten con el respaldo suficiente más adelante. “Es una manera de negociar a la que estamos acostumbrados”, apostillan esas fuentes.

Este martes, tanto Irene Montero como Ione Belarra rebajaron el tono contra ese posible traspaso de competencias y reconocieron que estaban dispuestas a dialogar, aunque aseguran que no habrá un cheque en blanco y negociarán para borrar los tintes racistas del texto, así como algunas cuestiones más técnicas con las que tampoco estaban de acuerdo. Desde Podemos han negado, eso sí, que el acuerdo sobre la regularización esté vinculado con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, para la que mantienen las mismas líneas rojas: bajar los alquileres por ley, romper relaciones con Israel y frenar el incremento del gasto militar. Pero lo que es indudable es que si este acuerdo termina facilitando el traspaso de competencias a Catalunya, el Gobierno habrá acercado de nuevo a Junts a la mayoría de la investidura, a falta del resto de acuerdos pendientes de concretarse, como la aplicación definitiva de la amnistía sobre Puigdemont o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

“Iremos viendo”

En el Gobierno por ahora no desvelan sus cartas sobre los próximos pasos. “Iremos viendo”, señala un miembro del Ejecutivo sobre la fórmula por la que optarán para plantear de nuevo la subida de las pensiones. Entre las opciones que tienen sobre la mesa está la de trocear el decreto de manera que la subida de las pensiones se vote separadamente del resto de asuntos, que es lo que han exigido PP y Junts. Esa, sin embargo, es la opción que menos gusta en Moncloa. “Los pensionistas son importantes, pero el resto de cosas, también. No está tan claro que tengamos que renunciar a esas cosas porque el PP se quiera dar un capricho más en el Congreso”, afirman las fuentes consultadas. Las otras opciones pasan por una negociación a varias bandas que permita el 'sí' de su antiguo socio de investidura con alguna cesión en materia antidesahucios. “Lo estamos analizando y trabajando escenarios”, dice una ministra.

La estrategia de Moncloa pasa por lanzar la pelota al tejado del PP, y en menor medida de Junts. Lo que quieren los de Sánchez es que se visualice que Alberto Núñez Feijóo pone en riesgo las pensiones de más de 10 millones de personas. “Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país”, ha criticado en un vídeo publicado en redes sociales el presidente en referencia al rechazo en el Congreso del macrodecreto que incluía la revalorización de las pensiones en 2025. Finalmente, PP y Junts acabaron apoyando un texto igual.

“Tenemos nuestra fe en un millón de cosas y no nos cerramos a nada. Esperamos que PP y Junts se den cuenta de que es un paquete de medidas que se votó hace un año. Son ellos los que tienen que explicar por qué lo rechazan ahora”, expresan fuentes gubernamentales, que recuerdan que 50.000 personas vulnerables están en riesgo de desahucio si no se aprueba esa protección. “Hace un año esto les parecía bien. La crisis de vivienda con la que se les llena la boca sigue encima de la mesa y esto es una medida que se enmarca dentro de la situación de abordar la vivienda, que para nosotros es muy importante”, dicen en Moncloa: “Estamos convencidos de que es una excusa. El PP se hace llamar partido de Estado, pero luego no se comporta como tal”.

“La complejidad parlamentaria lo es para todos y todos tenemos que negociar todo. Habrá que hablar”, dicen fuentes del Gobierno, que interpelan al PP: “El decreto no tiene nada en contra del PP, de su ideario ni del programa. Que lo vote. Puede que nosotros no tengamos los votos para sacar cosas adelante, pero ellos tampoco”.