Tengo 73 años muy bien llevados. Y como la práctica totalidad de la gente de mi edad, no tengo abuela ... ni abuelo, ni padre, ni madre. Todos han muerto. Unos cuando les tocaba; otros nos dejaron bastante antes. Por lo vivido, cada día soy más consciente de que a mí me va tocando. Es un asunto que no tiene remedio y, además, he perdido todo interés en buscárselo.

Cuando era muy joven oí un dicho que me quedó grabado. “Mira que es mala la muerte que siempre la dejamos para lo último”.

Pasaron años en la inconsciencia porque no me tocaba. Hasta que una cuñada con la que tenía a una relación estrecha, enfermó de un cáncer fulminante. Me rebelé ante su muerte inminente. Mi médica, al comprobar que mi bajón se acercaba a la depresión, sentenció enfadada: “Antonio, es que somos mortales”.

Con el tiempo y la despedida a varios seres queridos y cercanos, la muerte ha dejado de ser tabú. La desaparición de mi madre a los 96 años me ha enseñado muchas cosas. Mujer católica a la vieja usanza con una capacidad para adaptarse a las múltiples vicisitudes que le tocó en suerte, supo y pudo disfrutar de una vida plena. Hasta que a los 90 años los achaques comenzaron a complicarle el día a día. Sus tres o cuatro últimos años fueron los de una mujer completamente dependiente; eso sí muy bien cuidada por la atención de sus múltiples hijos, el concurso bondadoso y constante de varias cuidadoras latinoamericanas, unas con papeles y otras sin ellos, y un esfuerzo económico que no todos se pueden permitir.

Pese a su deterioro físico, mi madre mantuvo hasta el mismo día de su muerte la clarividencia de la mujer especial que siempre fue. Pese a su postración terminal nunca expresó deseo de tirar la toalla y solía decir que, ante el final inevitable, “pensaba ponérselo muy difícil al Señor”.

Como digo, tengo 73 años muy bien llevados... pero sé que me va tocando. Soy esposo, padre, abuelo, amigo, de izquierdas, viajero, jugador de pádel, cocinero; todo ello en activo. Soy periodista jubilado pero no he tirado ni la pluma ni el ordenador a la basura. He tenido una vida plena y, además, pertenezco a una generación con suerte. No hemos sufrido guerras en carne propia y podemos presumir de haber protagonizado la modernización de un viejo país con una historia torturada.

Me queda vida. Quizá 20 años o más. Pero ya me va tocando. Como comentamos en las conversaciones de viejos “estamos en tiempo de descuento”.

Cuando miro hacia adelante y planifico lo que me espera, sé que, como ya ha ocurrido con anterioridad, poco a poco tendré que ir renunciando a algunas cosas incompatibles con el deterioro inevitable. Pero, en la medida que las lesiones me lo permitan, voy a exprimir mi buena vida hasta el último momento.

Sé, no obstante, que me va tocando y debo planificar el último momento. Desde luego tengo hecho hace años mi testamento vital. Y en coherencia, mi mujer y mis hijos saben que no quiero prolongar ni medio minuto mi vida por medio de artificios médicos.

Pero voy un punto más allá. Disfruté de mi madre cuando estaba en plena vitalidad y la cuidé hasta el último aliento en su postración, respetando su voluntad. Pero en ningún caso quiero para mí sus años postreros.

Voy a vivir mientras pueda mantenerme de forma independiente. Si tengo que caer a plomo sobre la vida cotidiana de mi mujer y de mis hijos, para malvivir y sufrir durante unos días, meses o años más, desisto.

Mi madre está ahora en ninguna parte y seguro que no es tan feliz como lo fue cuando disfrutaba rodeada de todos los que la querían y admiraban. Pero estoy persuadido que, en la nada, está más tranquila que en esos “minutos o días de prórroga” que permaneció completamente imposibilitada. Ella los quiso vivir, y su voluntad fue respetada. Yo desde luego no los quiero vivir.

Como el devenir es imprevisible, no sé cuando o si en algún momento tendré que acogerme a la ley de eutanasia. Si los tribunales de expertos previstos en la norma tienen que evaluarme, les pediré que entiendan que pido una muerte digna solo en el momento en el que estoy persuadido que una vida digna es inviable.

No pienso consentir que, como a algunos, la aplicación garantista de la ley de eutanasia, me aboque a una dependencia larga y a una muerte indigna en medio de sufrimientos.

Miembros de Coalición por Melilla, el principal grupo de la oposición, graban dos vídeos y exigen la intervención de la policía cuando los conservadores entregan los impresos

El número seis de la lista del PP dimite tras conocerse una grabación en la que exige a padres que voten a su formación por vía postal o se cerrará la academia de sus hijos

El miércoles por la mañana se organizó un tumulto en una de las principales oficinas de Correos de Melilla cuando miembros destacados del Partido Popular, hoy en el Gobierno de la ciudad autónoma, fueron a depositar “varias decenas” de votos por correo. Entre ellos se encontraba un conocido miembro de la dirección conservadora, Mané Campaña, quien, según fotografías que publica hoy el periódico digital La Luz de Melilla, portaba una cartera negra de grandes dimensiones en la que llevaba paquetes con votos por correo.

Militantes del principal partido de la oposición, Coalición por Melilla, entraron en ese momento en la oficina de Correos grabando con sus teléfonos móviles y exigiendo que se les mostrara el contenido de los impresos que se acababan de depositar y que una empleada intentaba ocultar asegurando que los envíos “no se pueden fotografiar”. Ante la negativa a mostrar el contenido de los impresos, los miembros del grupo de oposición, advirtieron del suceso a la policía.

Los agentes acudieron a la oficina postal y retuvieron durante 20 minutos a algunos de los miembros del Partido Popular, mientras que militantes de Coalición por Melilla improvisaban una protesta en las inmediaciones denunciando con gritos: “La compra de votos y las presiones a los votantes son una práctica habitual en la ciudad”.

El suceso coincide con la difusión pública de una grabación por el grupo de comunicación Cablemel TV en la que se escucha cómo el candidato número seis de la lista del PP, Bilal Burrahay, coacciona a los padres de los alumnos de una academia en un barrio de la ciudad para que voten por correo al PP. “Nos han dicho que ahora para las elecciones necesitamos que nos saquéis, por lo menos, unos trescientos votos”, se escucha a Bilal Burrahay, quien después desliza la amenaza de que el centro de estudios podría ser cerrado en junio. Tras la difusión de la grabación, el candidato popular ha sido apartado el jueves de la lista del PP, según asegura Jaime Villegas, director gerente de Cablemel TV.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ante los acontecimientos en la oficina de Correos, ha reaccionado asegurando que el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, “no puede dar lecciones de moralidad” al Partido Popular. A la vez le acusan los militantes de la formación opositora de “coaccionar, insultar y amenazar” a quienes acuden al servicio de correos a hacer “lo que les dé la gana”. Imbroda reconoció que los miembros del PP fueron a depositar votos por correo, pero lo hicieron “ateniéndose a la legalidad”.

Los diferentes partidos de la oposición han anunciado que presentarán una denuncia por estos hechos ante la Junta Electoral. Piden además que se anule el voto por correo en los comicios del domingo.

Melilla vive en estos días un clima de alta tensión ante la posibilidad cierta de que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta y se vea obligado a ceder un gobierno que mantiene desde hace 15 años. En la legislatura recién terminada el PP tenía 15 escaños; Coalición por Melilla, seis; y el PSOE y el Partido Populares en Libertad, dos cada uno.

La alarma social provocada por el caso Naseiro forzó a un recién nombrado presidente del partido, José María Aznar, a promover acciones con el fin de reivindicar la honorabilidad de la formación conservadora. En abril de 1990 encargó un informe al responsable del comité de disciplina, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que debía “relatar los hechos” y “analizar las responsabilidades políticas y disciplinarias” del que fue el primer gran escándalo de financiación ilegal de un partido.

Como colofón, Aznar pidió que Gallardón redactara un “auténtico Código Ético, regeneracionista de la actividad política” que sirviera de “provocador de un debate en el partido y en el conjunto de la sociedad española”. “Constituye una paradoja dolorosa y deplorable” que en la sociedad “se extienda la idea de que la política es una actividad cuando menos oscura si no sucia”; “la política no es una actividad lucrativa que dé ocasión para el enriquecimiento propio o de familiares, amigos y socios”, se afirma en la introducción del código.

Lo ético y lo inmoral

En el trabajo hecho por Gallardón se combinan apartados en los que se detallan los privilegios que resulta “lícito” otorgar a los políticos y también aquellas actitudes “gravemente inmorales” en esta actividad.

El código afirma que “no se opone a la ética y por el contrario puede venir exigido por la justicia establecer gastos de representación y remuneraciones adecuadas para determinados cargos públicos y de partidos y grupos políticos”. Señala también que “es conforme a la ética proporcionar bienes y medios materiales públicos tales como viviendas, transporte, residencia veraniega, facilidades de comunicación, etc.,” a las autoridades del país.

En el lado de las obligaciones del político, el decálogo afirma que “es gravemente inmoral pedir, sugerir o aceptar o dar la menor impresión de que se aceptarán regalos, comisiones, atenciones, especiales, etc., para uno mismo o para parientes, amigos, socios, partidos” a cambio de “influir” en la resolución de concursos.

Igualmente señala que es “un deber moral” de cualquier persona que realice actividades políticas “asumir la responsabilidad que le corresponda por sus acciones y omisiones. En toda clase de órganos decisorios colegiados sus miembros comparten solidariamente la responsabilidad, que no desaparece ni se destruye, sólo se salva haciendo constar la discrepancia”.

En esta obligación, el código da un paso más al señalar que “quienes desarrollen actividades políticas y lleguen al conocimiento de violaciones legales o conductas contrarias a la ética deben no contribuir con la ocultación o el disimulo de ese conocimiento a la persistencia o impunidad de estas transgresiones”.

Como guía para aquellos que tienen la obligación de adjudicar concursos plantea un criterio ético bastante sorprendente: “El gasto o empleo efectivo de los caudales públicos debe llevarse a cabo de manera que no produzca el enriquecimiento injustamente desigual de personas físicas o jurídicas a las que se pueda encomendar la realización de obras o la prestación de servicios”.

Privilegios y obligaciones

El informe de Gallardón sobre el caso Naseiro fue entregado a diversos medios de comunicación en mayo de 1990. Por el contenido de las informaciones que entonces se elaboraron y por las reproducciones 'completas' que hoy pueden encontrarse en internet, se deduce que en la filtración del documento no se incluyó el código ético. Este apartado, sin embargo, sí fue conservado entre los papeles que durante un cuarto de siglo mantuvo en su poder el extesorero del PP Rosendo Naseiro, y que eldiario.es está reproduciendo en exclusiva.

Por un lado, el contenido del código es muy exigente en asuntos como los citados (regalos, responsabilidades colegiadas, etc.) o en otros como las incompatibilidades, sobre el que se señala que es “moralmente desaconsejable la iniciación de actividades” que puedan ser “racionalmente interpretadas como aprovechamiento de la actividad política para fines de lucro particular”.

Es decir, que en el informe de Gallardón se censuraban todos aquellos comportamientos que a lo largo de los años transcurridos se ha demostrado que se encuentran en la base de las corruptelas o grandes corrupciones en las que han incurrido los partidos políticos.

Por otro lado, justifica los sobresueldos, el pago de viviendas habituales, las dietas, el pago de casas de verano, los coches oficiales, el uso y abuso de transportes exclusivos y otras muchas prebendas. Esta parte del código ético es la que se ha cumplido con creces.

Cristina Cifuentes, exdelegada del Gobierno y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, tenía 24 años cuando trabajó como asesora del Grupo Popular de la Asamblea de esta comunidad. Por su actividad cobró 2.100.000 pesetas durante el ejercicio de 1988 y 2.310.000 en 1989; 192.500 pesetas al mes. Si bien en aquella época no se trataba de un mal sueldo para una joven –el salario medio en 1990 era de 189.064 pesetas–, su situación laboral tenía una trampa: trabajaba sin contrato, sin que el partido pagara su cuota a la Seguridad Social ni le retuviera el IRPF. Cobraba con un talón, cubierto por los fondos públicos que aportaba la Asamblea de Madrid al grupo parlamentario que entonces lideraba Alberto Ruiz-Gallardón. Cifuentes no tenía derecho a ninguna prestación social como trabajadora: no generaba derecho a paro, no estaba cubierta en caso de accidente laboral ni le cuentan esos años para su jubilación.

Esta situación laboral precaria e irregular queda retratada en la “Auditoria del Grupo de la Asamblea de Madrid sobre los ingresos y gastos de 1988 y 1989” que fue encargada por Rosendo Naseiro y cuyos resultados fueron conservados por el tesorero durante los últimos 25 años. Forma parte de los papeles de Naseiro, que estos días está publicando en exclusiva eldiario.es.

Cristina Cifuentes no era la única trabajadora del PP en la economía sumergida. En el cuadro de la auditoria citada, junto a los emolumentos de los 22 empleados populares que trabajaban en la Asamblea de Madrid, puede leerse una nota en la que se señala que “únicamente están dados de alta en la Seguridad Social y se les ha realizado la correspondiente retención del IRPF en las gratificaciones que figuran en la columna ‘nóminas”. Esto es, 15 personas trabajaban en la economía sumergida mientras que otros siete gozaban de un estatus regular. Cifuentes compartió situación laboral precaria con otros asesores, algún chofer, un contable y varias secretarias.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Cristina Cifuentes, que no ha querido hacer declaraciones.

Sobresueldos y precariedad

Del análisis de los papeles de Naseiro se desprende que en la gestión de sus ‘recursos humanos’ el Partido Popular aplica una filosofía en la que hace compatible la existencia de ‘sobresueldos’ para quienes ocupan ‘posiciones de responsabilidad’ con la ‘precariedad laboral’ para el común de los mortales, a los que se les escatima la protección social.

Así, los 31 diputados cobraron en dos años 74 millones de pesetas en sobresueldos –además de las dietas que ya les pagaba la Asamblea de Madrid–, mientras que los 22 empleados eran remunerados con 44 millones y el partido se ahorraba el pago de la Seguridad Social y la retención del IRPF de 15 de ellos. No obstante, entre los cargos electos populares en la Asamblea de Madrid también se hacían sus apaños y así la auditoría realizada por los hombres de Naseiro señala que “no se retienen impuestos de la Renta de las Personas Físicas en las gratificaciones concedidas a seis Diputados, ni tampoco en los suplementos dados por servicios, incluidos en la cuenta de ‘otros gastos sociales’. En conjunto estos pagos ascienden a 29,7 millones en 1988 y a 25,2 millones en 1989”.

Asesores sin nombre

Al revisar las valoraciones que los auditores realizaron sobre el papel y la situación laboral de los “asesores”, podemos concluir que su imagen y sus actividades no eran del todo trasparentes. El documento “Auditoría del Grupo de la Asamblea de Madrid” señala que se han pagado 4.400.000 pesetas a “asesores exteriores sin nombre y sin señas”. Después se especifica que esa cantidad “se ha pagado a diversos asesores no identificados, sin que se hayan retenido los correspondientes impuestos”. También hay referencias poco alentadoras para este tipo de cargos en la “Auditoría del Grupo Parlamentario Autonómico de Andalucía”. Se afirma que “existen pagos a asesores sin identificar por un importe de 1,4 millones de pesetas, sin acuse de entrega, ni figura la autorización de la persona que ordenó los mismos; tampoco se ha realizado retención alguna de impuestos”.

Manuel Fraga Iribarne recibía personalmente donaciones en sus encuentros con empresarios y particulares para la financiación del Partido Popular, implicándose directamente en tareas de recaudación. Tanto José María Aznar como él mismo aseguraron en multitud de ocasiones que nunca habían ejercido este papel, con el fin de desligarse de la actividad de los tesoreros del PP, implicados todos ellos en casos de financiación ilegal. Un cheque a nombre de Fraga demuestra que no fue así.

El documento forma parte de los papeles que durante 25 años ha escondido el primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro, y que estos días está desvelando en exclusiva eldiario.es. La actividad como recaudador del PP de Fraga queda acreditada con el cheque cruzado a su nombre por el que recibió medio millón de pesetas en abril de 1989. Así lo atestigua también que dos días más tarde ese cheque fuera ingresado en la cuenta a nombre del Partido Popular en el Banco de Vitoria.

Según señalan fuentes conocedoras de los procedimientos de financiación en aquella época, aquella era una de las cuentas abiertas por la formación conservadora para acoger los dineros que se dedicaban a los pagos del gasto electoral de los comicios gallegos de diciembre de 1989, en los que Fraga resultó ganador. Unas elecciones, las primeras que ganó el PP en su historia, donde el partido incumplió la legislación electoral al gastar en su campaña más del doble del límite permitido.

La fotocopia del cheque de Banesto a nombre de Fraga y el recibo de ingreso fueron guardados por el entonces tesorero nacional, Rosendo Naseiro. Forma parte del lote de documentos desvelados estos días por eldiario.es. El tesorero guardó ambos documentos como prueba de que el mismísimo presidente del partido, Manuel Fraga, participaba en las tareas de recaudación de donativos. Naseiro, ante notario, también implicó en esas tareas al sucesor de Fraga, José María Aznar, al que responsabilizó de ser la persona que supervisaba y daba todas las directrices en materia de financiación del partido.

Estos documentos también hacen buenas las declaraciones realizadas ante el Congreso de los Diputados en 1990 por Ángel Sanchis, tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987. “Hemos recibido dinero los partidos políticos de señores que lo dan”. Sanchis, imputado en su día en el caso Naseiro y ahora en el caso Gürtel, admitió haber enviado miles de cartas solicitando fondos y haber organizado cenas para “esquilmar a los amigos, a los conocidos y a los conocidos de los amigos”. “No sé dónde está el problema. Recibir dinero era perfectamente legal. No lo he negado nunca”.

Descontrol

A pesar de las reiteradas declaraciones de las sucesivas direcciones del partido prometiendo control y transparencia sobre los ingresos que recibían de particulares y empresas a través de donaciones, las sucesivas imputaciones de los tesoreros y las noticias sobre el uso de contabilidades alternativas demuestran que, si alguna vez hubo voluntad de hacer limpieza, los buenos propósitos nunca culminaron con éxito.

En las auditorías internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro en los primeros años del PP queda claro que la supervisión sobre los donativos era tremendamente laxa. En la de Barcelona se asegura que “se han recibido 6.136.425 pesetas de donativos en 1989. El control de la recepción es débil, ya que no se emplean documentos prenumerados con original y copia, para recibirles”.

En la auditoria realizada en la sede provincial de Vizcaya puede leerse: “Se han obtenido 522.256 pesetas por donativos en 1989. Es decir, un 8% de todos los ingresos. En nuestra opinión estos ingresos pueden incrementarse a pesar de las dificultades que se exponen en la sede (que se realizan en Madrid, que somos una minoría, etc…). No se emplean recibos prenumerados y duplicados para el cobro de los donativos”.

En abril de 1990, tras el estallido del caso Naseiro, el nuevo presidente del PP, José María Aznar, encargó a Alberto Ruiz-Gallardón, entonces responsable del comité de conflictos de la formación popular, que elaborara un informe en el que debía analizar los pormenores del caso y redactar una “Propuesta de Normas Éticas de la Actividad Política”. Fue el primer “código ético” con el que el partido intentó atajar un caso de corrupción, del mismo modo en que lo hizo años después cuando estalló el caso Gürtel.

El informe de Gallardón afirma que entre el 30 de mayo de 1989 y el mes de abril de 1990 el PP había recibido donaciones por 20,3 millones de pesetas y que estas cantidades “corresponden a donantes conocidos e identificados, que por evidentes razones de discreción no se relacionan en este informe”.

Los deseos de veracidad, regeneración y ética que debían impulsar el informe de Gallardón quedan en entredicho. Ahora sabemos por los papeles que guardó Naseiro que entre marzo de 1987 y diciembre de 1988 la dirección de Alianza Popular ingresó sin ningún tipo de control ni de identificación 140 millones de pesetas (la mitad de esta cantidad, en efectivo) en una cuenta opaca abierta en el Banco de Fomento.

También conocemos que en 1989 la Tesorería Nacional del Partido Popular envió a Manuel Fraga 500 millones de pesetas para financiar la campaña electoral de los comicios gallegos de ese año. Rosendo Naseiro, que en aquel ejercicio era el jefe de las finanzas del partido, aseguró en un documento titulado “Comentario al cierre del ejercicio económico de 1989” que había mandado “aportaciones por 500 millones de pesetas de la Tesorería Nacional al partido de Galicia para atender los gastos de precampaña y campaña Gallegas”.

Más tarde, el propio Naseiro remitió el balance oficial del ejercicio para su fiscalización por el Tribunal de Cuentas del Estado, en el que solo se consignaban 199 millones de pesetas para este gasto de esos comicios.

Manuel Fraga ganó las elecciones autonómicas en Galicia en 1989. Logró el 44,20% de los votos con 38 escaños de un total de 75 asientos en el Parlamento gallego. Una victoria contundente que después repitió en cinco ocasiones más. Su presidencia de la Xunta duró 15 años.

Pero, al menos en estos primeros comicios, el PP de Fraga hizo trampa y jugó con ventaja. Aunque el límite máximo de gastos autorizados por el Estado en esta cita electoral fue de 235 millones, la formación conservadora gastó más del doble de lo permitido: al menos 500 millones de pesetas, que fue el dinero que aportó la tesorería central del partido para la campaña gallega. 500 millones, sin contar lo que, por su parte, pudo aportar el PP gallego.

Esta actuación ilegal queda al descubierto en uno de los múltiples documentos que Rosendo Naseiro conservó durante los últimos 25 años y que eldiario.es desvela en exclusiva. El documento se titula “Comentario al cierre del ejercicio económico de 1989”. En él se explica que en 1989 el partido encajó “172 millones de déficit” como consecuencia de haber gastado 2.170 millones de pesetas y haber ingresado únicamente 1.977 millones de pesetas.

“Dicho déficit –asegura el documento– ha estado motivado por las aportaciones que por valor de 500 millones de pesetas ha enviado la Tesorería Nacional del partido a Galicia para atender los gastos de la Precampaña y Campaña Gallega. De no haber sido por este motivo, el ejercicio se habría cerrado con un superávit de 300 millones de pesetas”. Más adelante indica que “las aportaciones realizadas a la Campaña Gallega no estaban previstas en el presupuesto inicial para 1989”.

La financiación de los gastos electorales por encima de lo legal ya había sido señalada en un informe sobre la financiación del Partido Popular elaborado por el Tribunal de Cuentas del Estado en 1994. La institución supervisora detectó en el balance del ejercicio completo correspondiente a 1989 que la Tesorería Nacional reconoció haber enviado a Galicia (como gasto ordinario y bajo el epígrafe “67802-Precampaña”) una cantidad de 363.353.012 pesetas. Esta cifra contrastaba con la aportación electoral para los comicios gallegos declarada en su día por el partido, que se cifró en 199 millones de pesetas.

El propio Tribunal desautorizó en su informe el concepto de “precampaña” con el que el PP quiso justificar que esta inversión era distinta a la de los 199 millones reconocidos para la campaña electoral. El organismo fiscalizador señala que “el límite de gasto establecido por el Estado abarca desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración”.

Dinero de donaciones

El Tribunal de Cuentas en su informe de 1994 señala además que el Partido Popular no especifica la procedencia de los fondos que se remitieron desde Madrid para la campaña electoral gallega, tal como se exige en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Una hipótesis es que ese dinero procedía de aportaciones de empresas privadas o particulares. En el sumario de el caso Naseiro se recogía que en una declaración del entonces tesorero ante el juez Luis Manglano, durante los días de abril de 1990 en que estuvo detenido en Valencia, reconoció que “los 300 millones que envió” para las elecciones gallegas “procedían de donaciones” de particulares.

Si comparamos la cifra declarada oficialmente por el PP como aportación desde la Tesorería Central con los 500 millones de pesetas reconocidos por Naseiro, el exceso se sitúa en 301 millones. Pero incluso la cantidad detectada por el Tribunal de Cuentas resulta ser 137 millones menor que la que finalmente pudo emplear Manuel Fraga para iniciar un periodo de más de quince años de dominio absoluto en la política gallega.

Pagos en dinero negro. Sobresueldos. Fraude a la Seguridad Social. El Partido Popular cometió todo tipo de irregularidades contables y laborales en los últimos años de Manuel Fraga y los primeros de José María Aznar. Así lo reconoció por escrito el propio PP en unas auditorías internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro y a las que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es.

Las auditorías son de 1990. Apenas unos años antes, en 1987, había entrado en vigor la nueva Ley sobre financiación de los partidos políticos, y el Tribunal de Cuentas había puesto varios peros a la contabilidad del PP. Para subsanar todas estas deficiencias, Naseiro hizo dos cosas: auditar todas las sedes regionales del partido y encargar al abogado José Manuel Penido, un hombre de su máxima confianza, la adaptación a las nuevas exigencias de la ley. 

El 6 de marzo de 1989, Rosendo Naseiro se dirigió por carta a los gerentes provinciales y autonómicos de la formación. En esa misiva, Naseiro les pedía la redacción de informes contables y advertía que, “pese a la fecha en la que fue promulgada la precipitada ley, la rendición de cuentas tiene vigencia retroactiva desde primero de enero de 1987”. El PP necesitaba aclarar su contabilidad y hacerlo con urgencia, y ante la falta de respuestas claras por parte de los gerentes provinciales, Génova 13 decidió encargarse de hacer auditorías, a cuyas conclusiones ha tenido acceso eldiario.es.

El análisis de las finanzas del PP en los territorios desvela todo tipo de irregularidades: pagos generalizados de sobresueldos a cargos electos, débil control de los donativos recibidos, contratos en negro a trabajadores a los que no se daba de alta en la Seguridad Social o contratación de estudios que nunca llegaban a realizarse.

Todas estas prácticas son las que el PP reconoce en la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción y que forma parte de los papeles de Naseiro. Se trata de auditorías realizadas sobre los ejercicios de 1988 y 1989, que firmó Luis Pérez Cristóbal, auditor de la formación política y adscrito a su departamento de Tesorería. Pérez Cristóbal viajó a principios de 1990 por todas las sedes del PP para conocer el estado de sus finanzas. Los informes elaborados con posterioridad retratan a un PP instalado en la irregularidad permanente. En aquel momento, Manuel Fraga era el presidente del partido y José María Aznar, el vicepresidente ejecutivo de la formación.

La contundencia de los informes llega al punto de dejar por escrito la cuantificación del “riesgo fiscal” por no estar al corriente en sus pagos a Hacienda. La auditoría del PP de su grupo en el Parlamento andaluz da buena muestra del nivel de conocimiento que la formación conservadora tenía de las irregularidades cometidas. En uno de los párrafos de ese documento se puede leer: “No se realiza retención del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los diputados autonómicos, lo que supone un riesgo fiscal que estimamos en 48 millones de pesetas”. Se refiere a los pagos de gratificaciones que el grupo parlamentario del PP repartía entre sus diputados autonómicos, al margen de los propios ingresos que les pagaba directamente el Parlamento andaluz. Este sistema de sobresueldos no solo existía en Andalucía.

Los sobresueldos de Gallardón

La documentación elaborada a petición del tesorero del PP revela que los sobresueldos han existido en la formación desde sus inicios. Su grupo en la Asamblea de Madrid tenía un acuerdo para compensar a sus señorías y elevar sus ingresos en un concepto que la auditoría califica como “gratificación asegurada”. Solo en gratificaciones y dietas para los diputados, el PP se gastó 63 millones de pesetas en 1988 y 1989. Se trata de aportaciones al margen de las retribuciones que cobraban como parlamentarios autonómicos; la Asamblea de Madrid pagaba en aquel momento unas dietas por asistencia a plenos y comisiones. El dinero que el grupo parlamentario del PP pagaba a sus diputados provenía de fondos públicos: de la asignación que hacía la Asamblea de Madrid; no consta en ningún caso en el informe de la auditoría que el origen de esos fondos fuese en B.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, el exvicepresidente de la CAM Luis Eduardo Cortés o el actual secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, fueron algunos de los beneficiados por esos pagos en los que el grupo parlamentario PP en la Asamblea de Madrid se gastó prácticamente la mitad de su presupuesto para esos años. En el caso concreto de Alberto Ruiz-Gallardón, sus ingresos directos de la Asamblea de Madrid –dietas como diputado y como portavoz del PP en ese Parlamento autonómico– fueron en 1989 de 840.000 pesetas, mientras que las “gratificaciones” que añadió a ese sueldo su grupo parlamentario sumaban otras 1.425.600 pesetas. Según la documentación en poder de esta redacción, Gallardón ocupaba el cuarto lugar en el ranking de mejor pagados por este sistema de compensación ideado por el PP.

Algunos de esos sobresueldos en el PP de Madrid de esos años se pagaban en cheques al portador, según aparece en la auditoría. El descontrol en el manejo de dinero era de tal calibre en las oficinas del PP que incluso llegaron a robar varios de esos cheques que, a todos los efectos, eran casi lo mismo que dinero en efectivo. La auditoría del grupo popular en la Asamblea de Madrid relata la “sustracción de cinco cheques al portador, destinados a pagar dietas de los diputados”. Según explica la documentación del PP, ese robo se produjo en 1988 y el dinero sustraído fue 220.050 pesetas. 

eldiario.es ha podido hablar con el exministro Ruiz-Gallardón, que asegura que todos sus ingresos eran en A, los depositaba en el banco y los declaraba en la renta. “Nunca he cobrado un sobresueldo”, afirma. Gallardón también dice que se trataba de un único sueldo por su trabajo como líder de la oposición en el Parlamento autonómico de Madrid, aunque los conceptos y pagadores fueran distintos.

Fraude a la Seguridad Social

Entre las ilegalidades que el PP reconoce en sus auditorías está el fraude a la Seguridad Social. Un caso paradigmático es la sede del PP catalán, donde en 1989 trabajaban 18 personas, de las que solo la mitad estaban dadas de alta. El PP tenía a 22 personas contratadas en el grupo de la Asamblea de Madrid y solo siete de ellas estaban dadas de alta en la Seguridad Social. 

La historia se repite hasta la saciedad, ya sea en puestos institucionales o en pequeñas sedes municipales. El informe al PP en el distrito madrileño de Chamberí reza: “La secretaria de la sede local no está dada de alta en la Seguridad Social y, según nos comunica la tesorería, es a causa de la negativa de la sede regional a formalizar este requisito”. El informe relativo al PP de Álava abunda en el mismo retrato: “El gasto más importante efectuado corresponde a las gratificaciones (4,2 millones) sin que se efectúe retención por las gratificaciones de la secretaria y el asesor, dándose la circunstancia de que la secretaria cobra como autónoma y carga el IVA al grupo”. 

En el PP de aquellos años era frecuente fichar sin necesidad de firmar un contrato. Los pagos en negro a los trabajadores del partido eran constantes. Las contabilidades a las que ha tenido acceso esta redacción anotaban como contratados a personas a las que nadie enviaba una nómina a final de mes. Para estos casos, los populares utilizaban el capítulo de “gratificaciones” para pagar servicios y eludir el pago de impuestos para el trabajador y de cuotas a la Seguridad Social por parte de la formación política. 

Además de los fraudes a la Seguridad Social, también hubo impagos. Parte de esta deuda acabó en un pacto del PP con la Administración del que muchas delegaciones se enteraron sobre la marcha. Fue el caso del PP en el País Vasco, que en febrero de 1990 acudió al organismo público para pagar sus deudas pendientes tras solicitar un crédito a La Caixa por 1.720.000 pesetas para afrontar esos pagos. En la misma ventanilla, la dirección del PP en Bilbao se enteró de que todas las cuentas habían quedado saldadas tras un acuerdo entre Génova 13 y la Seguridad Social.

Como resultado de esa visita, los populares vascos se llevaron un certificado que decía: “Según nos informa la Tesorería General de la Seguridad Social, los representantes de ese partido llegaron a un acuerdo con nuestros servicios centrales a fin de regularizar su situación frente a la Seguridad Social, por lo que adjunto remitimos impresos de solicitud de aplazamiento pago de deuda”. 

Rosendo Naseiro fue el primer tesorero del Partido Popular que durmió en una prisión. No fue mucho tiempo: solo cinco días y cuatro noches incomunicado en la cárcel Modelo de Valencia, entre el lunes 9 y el viernes 13 de abril de 1990. Nada más salir en libertad condicional, Naseiro puso en marcha una astuta operación para evitar que José María Aznar le dejase en la estacada; para garantizar que el entonces presidente del PP le ayudaría a no volver a prisión.

Solo cuatro días después de salir de la cárcel, durante la mañana del martes 17 de abril de 1990, Naseiro se presentó en el despacho del notario de Alicante José Antonio Núñez de Cela y Piñol. Su propósito era registrar la entrada de “un sobre cerrado” que contenía varios documentos que demostraban la existencia de la caja B del Partido Popular. Incluía una declaración que había redactado el propio tesorero en la que acusaba a la dirección del PP de haberle elegido como “chivo expiatorio” y afirmaba que “allí donde haya adoptado alguna decisión lo ha sido siempre bajo la supervisión, directrices y criterios de Don José María Aznar”.

Tras registrar la documentación, Rosendo Naseiro utilizó el fax de la propia notaría para enviar un escrito dirigido a Aznar en el que le expresaba la “conveniencia de poner a tu disposición este cargo” ante “la extraña situación en que me veo inmerso en mi condición de Tesorero del Partido”.

El relato de estos hechos se incluye entre la abundante documentación que Rosendo Naseiro ha conservado oculta durante los últimos 25 años y que eldiario.es está desvelando en exclusiva. La relación de acontecimientos se describe en un documento con el que Rosendo Naseiro da instrucciones precisas de cómo deberían actuar en las horas y días siguientes a su abogado José Manuel Penido Medina y los miembros de su familia directa, en el caso de que se confirmara “la insolidaridad y falta de apoyo temidos” por parte de “los máximos dirigentes del Partido Popular” que acarrearían “unas consecuencias nefastas para mi familia”.

El extesorero ordena que, según sea el comportamiento de José María Aznar, “se proceda a destruir el sobre ante el notario que lo devuelve, o bien ante el mismo fedatario público, proceder a la apertura del sobre, debiéndose testimoniar acto seguido mediante acta notarial el contenido del mismo”. Naseiro conservó una copia de esos documentos, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Un sobre cerrado

En la documentación que Rosendo Naseiro esgrimió para disuadir a José María Aznar de que lo utilizara como “chivo expiatorio” están los certificados, ingresos y cheques de la cuenta corriente opaca que Alianza Popular abrió en 1987 en el Banco de Fomento, de los que ha dado conocimiento eldiario.es. También se incluyen los que hoy desvela y otros que se publicarán en los próximos días y que reflejan las prácticas irregulares del PP desde 1987 hasta 1990, cuando la caja B empieza a registrarse en los papeles de Bárcenas.

En el sobre cerrado que recibió el notario de Alicante en la mañana del 17 de abril de 1990 destaca un documento en el que Naseiro vierte graves acusaciones sobre la actuación del entonces presidente del Partido Popular. Afirma que José María Aznar era el que daba las “ordenes” y marcaba “las directrices” en “todos los temas de contenido económico”.

Naseiro escribe primero: “Toda mi actuación al frente de la Tesorería Nacional… ha sido siempre bajo la supervisión, directrices y criterios de Don José María Aznar”. Y añade: “Fue precisamente Don José María Aznar quien me presentó a Don Salvador Palop, con indicación (para mí era una orden) de que tratara con este señor todos los temas de contenido económico de la Comunidad Valenciana”. Por último escribe: “Igualmente fue Don José María Aznar quien me indicó (una orden más para el firmante) que en la Comunidad de Castilla y León comentara con el señor Pérez Villar todos los temas de contenido económico”.

Recaudadores del PP

Rosendo Naseiro desvelaba con la misiva la estrecha vinculación de Aznar con Palop y Pérez Villar, a los que apuntaba como 'recaudadores del PP' en las dos comunidades en las que, junto a Galicia, los populares tenían influencia determinante en 1990: Valencia y Castilla y León.

Las escuchas realizadas sobre el teléfono del hermano de Salvador Palop, el concejal del Ayuntamiento de Valencia, fueron el hilo del que tiró la policía para investigar la trama de financiación ilegal del PP conocida como caso Naseiro. En ellas Palop hablaba abiertamente de comisiones y presumía de ser una persona cercana al PP, cosa que después el partido intentó desmentir.

El otro nombre citado, Miguel Pérez Villar, fue vicepresidente y consejero de la Junta de Castilla y León durante la presidencia de José María Aznar. Fue acusado, condenado e inhabilitado por repartir en 1989 cerca de 570 millones de pesetas a empresas mineras a las que asesoraba su mujer, Rosario Carballo.

El PP respalda a Naseiro

En la copiosa documentación que Naseiro ha conservado durante 25 años no aparece ningún documento que desvele lo que ocurrió en las horas y días siguientes a la visita al notario, ni tras el envío de la carta por fax al presidente el Partido Popular. ¿El tesorero selló un pacto con José María Aznar?

Lo cierto es que los comprometidos papeles que contenían el sobre cerrado que Naseiro registró ante el notario de Alicante nunca vieron la luz. El mismo día 17 de abril de 1990, a última hora de la tarde, la Comisión Ejecutiva del PP emitió una nota en la que comunicaba que aceptaba la dimisión del tesorero. El portavoz de la dirección, Miguel Ángel Rodríguez, explicó esa noche a los periodistas que Naseiro mantendría su militancia en el partido y que “aceptar su dimisión no significa reconocer la existencia de materia punible” en sus actividades. Añadió que varios dirigentes del PP destacaron “la talla política y humana” de Naseiro “al poner su cargo a disposición”.

El 4 de mayo de 1990, dos semanas después, Rosendo Naseiro celebró una rueda de prensa. El objetivo fue “exculpar públicamente al actual presidente del partido, José María Aznar, y a su antecesor en el cargo, Manuel Fraga, de cualquier responsabilidad en las irregularidades financieras que están siendo investigadas por el Tribunal Supremo”. “La responsabilidad de pedir dinero y de gestionar los fondos del partido era mía. Tanto Fraga como Aznar están limpios de toda sospecha”.

Rosendo Naseiro tenía 54 años cuando realizó la visita a la notaría de Alicante. En los 25 años que han transcurrido desde entonces ha sabido ampliar su fortuna con la explotación de concesiones públicas de correo y operaciones multimillonarias con obras de arte. Solo ahora, cuando está a punto de cumplir los 80 años, el estallido del caso Gürtel puede salpicarle con la investigación de los movimientos por 4,7 millones de euros que realizó entre 2003 y 2004 desde su cuenta en el Banco Gottardo de Lugano en Suiza. El nombre en clave de esa cuenta opaca en Suiza de Naseiro era “Glotón”.

La redacción de eldiario.es ha intentado contrastar toda esta información tanto con Rosendo Naseiro como con José María Aznar. Naseiro no ha contestado el teléfono. En cuanto a Aznar, desde su oficina aseguran que está fuera de España y no va a hacer comentarios.

DOCUMENTOS: las tres cartas que Naseiro llevó al notario

eldiario.es no ha tenido acceso a los documentos originales que Rosendo Naseiro firmó para que custodiase su notario, pero sí a las copias que el extesorero del PP guardó junto con el resto de sus papeles más sensibles, y cuya veracidad ha podido confirmar por otras fuentes.

El primero de estos tres documentos a los que ha accedido eldiario.es es la carta de dimisión de Naseiro. Ese mismo día la envió por fax a la sede del partido desde el despacho del notario de Alicante. Horas después, por la tarde, el PP comunicó formalmente su dimisión. El entonces portavoz del partido, Miguel Ángel Rodríguez, salió en defensa de Naseiro asegurando que “aceptar su dimisión no significa reconocer la existencia de materia punible” y elogiando su “talla política y humana”.

Este segundo documento es el que explica todos los detalles del plan de Naseiro para garantizar su protección por parte del PP. En él se revela la existencia de otra carta destinada a José María Aznar, en sobre cerrado, que el notario debía guardar hasta que la reclamase él mismo, su mujer, su hija o su abogado.

Y esta última es la carta secreta que se guardaba en el sobre cerrado. En ella Rosendo Naseiro señalaba a Aznar como el máximo responsable de “la supervisión, directrices y criterios” de toda su actuación como tesorero. Naseiro también afirmaba en ella que había sido el presidente del partido quien le indicó que trabajase con el entonces imputado Salvador Palop “todos los temas de contenido económico de la Comunidad Valenciana”. La advertencia estaba clara: el documento saldría a la luz si el PP le convertía en el “chivo expiatorio”.

A diferencia del bronco y prolongado enfrentamiento mediático y legal que mantienen Luis Bárcenas y Mariano Rajoy a cuenta de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, al responsable de las finanzas populares en el tránsito de las décadas del 80 al 90 del pasado siglo, Rosendo Naseiro, le fue suficiente un contundente gesto de amenaza para doblar el pulso de la dirección conservadora, en la que entonces se estrenaba como líder un político con fama de duro: José María Aznar.

Esta es la cronología de los hechos:

6 de marzo de 1989. Rosendo Naseiro firma la primera carta como tesorero nacional del Partido Popular que aparece entre sus papeles. Sucede en el cargo al diputado del PP Ángel Sanchis.

Septiembre de 1989. José María Aznar es designado candidato del PP a las elecciones generales.

28 de noviembre de 1989. Por orden judicial, la Brigada de Estupefacientes de Valencia pincha el teléfono de Rafael Palop Argente para investigar un supuesto tráfico de drogas.

12 de diciembre de 1989. En las escuchas se detectan conversaciones entre el concejal de Valencia Salvador Palop Martínez (hermano de Rafael Palop Argente) y Ángel Sanchis, extesorero de la formación conservadora y diputado nacional. Nace el caso Naseiro sobre presunta financiación ilegal del PP.

1 de abril de 1990. José María Aznar es nombrado presidente del Partido Popular. Manuel Fraga deja definitivamente el cargo y concentra su actividad en Galicia.

9 de abril de 1990. El magistrado Luis Manglano ordena la detención de Rosendo Naseiro, Salvador Palop, tres empresarios y un arquitecto municipal. Apoyado en las escuchas telefónicas, les imputa organizar una trama de concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones para financiar al PP.

13 de abril de 1990. Tras cuatro días incomunicado, el juez Manglano pone en libertad con cargos a Naseiro.

13 de abril 1990. Aznar encarga a Alberto Ruiz-Gallardón (entonces presidente del Comité Nacional de Conflictos y Disciplina del PP) un informe sobre el caso Naseiro que incluya “las propuestas de medidas a adoptar”.

14 de abril de 1990. Aznar pide en el Congreso de los Diputados que se abra una comisión “que investigue hasta el final el caso Naseiro”.

16 de abril de 1990. El juez Luis Manglano remite al Tribunal Supremo el sumario del caso Naseiro tras encontrar implicaciones del aforado y diputado nacional Ángel Sanchis.

17 abril 1990. Naseiro entrega al notario de Alicante José Antonio Núñez de Cela y Piñol un sobre cerrado con documentación comprometedora. Al tiempo, Naseiro envía una carta a nombre del presidente del PP, José María Aznar, por fax. En ella le expresa “la conveniencia de poner a tu disposición” el cargo de tesorero del partido.

17 de abril de 1990. La Comisión Ejecutiva del PP emite una nota en la que comunica que acepta la dimisión del tesorero, Rosendo Naseiro. El portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, afirma que Naseiro mantendrá su militancia en el partido y que “aceptar su dimisión no significa reconocer la existencia de materia punible” en sus actividades. Añade que varios dirigentes del PP destacaron “la talla política y humana” de Naseiro “al poner su cargo a disposición”.

4 de mayo de 1990. Naseiro celebra una rueda de prensa con el objetivo de “exculpar públicamente al actual presidente del partido, José María Aznar, y a su antecesor en el cargo, Manuel Fraga, de cualquier responsabilidad en las irregularidades financieras que están siendo investigadas por el Tribunal Supremo”. “La responsabilidad de pedir dinero y de gestionar los fondos del partido era mía. Tanto Fraga como Aznar están limpios de toda sospecha”.

12 de mayo de 1990. Aznar niega que exista negociación con el Gobierno de Felipe González para limitar la dimensión del escándalo de los casos de Guerra y de Naseiro. “Me niego a cualquier chalaneo vergonzoso para pactos de silencio”. El caso Juan Guerra afectó al hermano del entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, por utilizar un despacho oficial para negocios privados.

28 de mayo 1990. El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, manifiesta que las primeras comprobaciones sobre el caso Naseiro “no confirman los indicios delictivos” hallados por el juez Luis Manglano. Torres no descarta que “en el plazo de dos meses pida el sobreseimiento del caso”.

18 de junio de 1992. El Tribunal Supremo estima la petición de los abogados defensores de los acusados en el caso Naseiro para que se anulen como prueba de cargo los pinchazos telefónicos en los que se basaba la imputación, al considerar que “habían vulnerado derechos fundamentales”.

7 de julio de 1992. El fiscal y las acusaciones retiran todas las acusaciones del caso Naseiro. Una vez anulada la principal prueba, afirman que es imposible mantener los cargos.

15 de julio de 1992. El Tribunal Supremo dicta una sentencia absolutoria en el caso Naseiro, ya que por el principio acusatorio nadie puede ser condenado si previamente no existe acusación.

Rosendo Naseiro

Nace en 1936 en Villalba (Lugo). Se inicia en el negocio de la tintorería y crea varios establecimientos en la provincia de Pontevedra. En 1972 se traslada a Alicante y desarrolla actividades con concesiones de transporte de correos. En 1979 crea la empresa Rosendo Naseiro SA. En 1980 se traslada a vivir a Madrid y amplia el ámbito de actividad de sus negocios. En 1989 cambia el nombre de la empresa para denominarla Transportes Veloces SA. La sociedad se mantiene activa hasta el año 2009, según el Registro Mercantil.

Su vinculación con Alianza Popular se produce en los comienzos de la formación política. Naseiro se implica en la creación de la organización local de Alicante y durante las campañas electorales toma contacto con Manuel Fraga.

Es nombrado tesorero del Partido Popular en enero de 1989, justo en el momento en el que Manuel Fraga retoma la presidencia de la formación conservadora, tras la defenestración de Antonio Hernández Mancha como presidente. Su cargo será efímero a causa del caso de financiación ilegal que lleva su nombre, y dimite en abril de 1990.

En 2006, a través de un acuerdo con el BBVA y el Museo del Prado, vende 40 cuadros de naturalezas muertas que había estado coleccionando durante 20 años. El importe público de la transacción fue de 26 millones de euros.

Antonio Hernández Mancha

Nació en Guareña, provincia de Badajoz, en 1951. Empieza su carrera profesional como abogado del Estado en Córdoba y Granada. Entra en política y de 1982 a 1987 es portavoz de Alianza Popular en el Parlamento andaluz y diputado por Córdoba.

En febrero de 1987, tras diversos reveses electorales, Manuel Fraga presenta su dimisión. En unas disputadas primarias (las únicas celebradas en el partido conservador), Hernández Mancha derrota a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y asume la presidencia con Arturo García-Tizón como secretario general.

En abril de 1987, Hernández Mancha presenta y pierde una moción de censura para sustituir a Felipe González, entonces presidente del Gobierno.

En enero 1989 se celebra el ‘congreso de refundación' por el que Alianza Popular se convierte en el Partido Popular. Manuel Fraga retoma provisionalmente la presidencia tras defenestrar a Hernández Mancha, quien anuncia el abandono de la política porque “una retirada a tiempo es una victoria”. En ese congreso, José María Aznar es nombrado vicepresidente y Rosendo Naseiro, tesorero nacional.

Durante la primera guerra de Irak, en 2003, Hernández Mancha vuelve a la actualidad al realizar trabajos de asesoramiento para empresas europeas en el mismo Bagdad. Recientemente, en una entrevista en televisión, sorprendió pronunciando palabras elogiosas para la alternativa política de Podemos.

Arturo García-Tizón

Nació en Madrid en 1946. Se licenció en Derecho, obtuvo plaza de abogado del Estado y ejerció en Valladolid, Toledo y en el Tribunal Supremo. En 1978 entró en Alianza Popular y fue elegido concejal por el Ayuntamiento de Toledo un año más tarde. Ocupó la secretaría general de AP entre 1987 y 1989, bajo la presidencia de Antonio Hernández Mancha.

Ha sido diputado nacional por el partido conservador en la segunda, tercera y novena legislaturas.

Desde 2011 es presidente de la Diputación Provincial de Toledo y se le considera un hombre de confianza de la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Tanto el juez Pablo Ruz como el fiscal anticorrupción Antonio Romeral dan por hecho en sus autos y escritos de acusación que el Partido Popular manejó una “contabilidad paralela” o caja B al menos entre 1990 y 2008. No fue solo durante esos años, con Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta como tesoreros. eldiario.es ha tenido acceso en exclusiva a una esclarecedora documentación en la que se demuestra que el manejo de dinero negro en el partido que hoy gobierna España existe en la derecha española desde mucho antes: desde los últimos años de Alianza Popular (AP) y la fundación del PP.  

eldiario.es ha tenido acceso a una copiosa documentación que Rosendo Naseiro ha ocultado durante un cuarto de siglo. Naseiro fue el primer tesorero del PP –entre marzo de 1989 y abril de 1990–, y también el protagonista de uno de los grandes escándalos de corrupción en España de la época.

En la documentación que guardaba Naseiro se da detalle y se aportan las pruebas sobre la existencia de una cuenta corriente opaca en el Banco de Fomento a nombre de Acciones y Programas del Partido Unificado de Alianza Popular (PUAP). La cuenta permaneció operativa entre el 12 de marzo de 1987 y el 7 de diciembre de 1988, coincidiendo casi exactamente con los cerca de dos años en los que el presidente del partido conservador fue Antonio Hernández Mancha. 

Junto a la advertencia de “Confidencial”, en la primera de las 53 páginas del documento conservado por Naseiro puede leerse que contiene el “Movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad” y la “Documentación que se ha solicitado a la entidad en la que está abierta la cuenta corriente”.

En efectivo y al portador

La cuenta corriente fue abierta el 12 de marzo de 1987 con el número 0014 51 500 05632-2 en la sucursal de la calle Recoletos 22 de Madrid del desaparecido Banco de Fomento SA. En ese año, en junio, se celebraron elecciones municipales y europeas. Quien solicitó la apertura fue Arturo García-Tizón López, secretario general de Alianza Popular durante la presidencia de Hernández Mancha –hoy es presidente de la Diputación de Toledo–. Y en ella dio poderes al gerente de entonces: Juan Ávila González. 

Durante los 21 meses que la cuenta permaneció operativa se realizaron al menos 64 operaciones, según las copias de los extractos y fotocopias de cheques que conservó Rosendo Naseiro. De estas operaciones, 13 fueron ingresos por un importe de 140 millones de pesetas; 51 fueron pagos por una cuantía de 64 millones de pesetas.

De los 140 millones de pesetas ingresados, la mitad, 70,2 millones de pesetas, fueron entregados al banco en “billetes y metálico”, según se desprende de las copias de los extractos. Otros 18 millones de pesetas se consiguieron por “cancelación de pagarés” y 27,2 millones de pesetas más por “cesión de pagarés del Tesoro”. El resto de los ingresos tiene procedencias diversas: desde entregas de la sucursal del Banco de Fomento en Toledo hasta una cantidad, también en efectivo, de 12.470 francos franceses. En ningún papel se hace constar la identidad de quien hace el ingreso.

Los pagos documentados se realizaron todos mediante 51 cheques, de los que únicamente siete son nominativos. Los 44 restantes son “al portador”. Entre estos cheques “al portador” hay uno de 15 millones de pesetas, y otros de 8,1 millones de pesetas, 7 millones de pesetas, 4,1 millones de pesetas, etc., cantidades todas ellas extraordinariamente elevadas para la época y para ser entregadas a cambio de un título que oculta la identidad del destinatario.

El secretario general de Alianza Popular y solicitante de la cuenta, Arturo García-Tizón, firmó 39 de los 51 cheques. Los restantes llevaban la rúbrica autorizada de Juan Ávila González, entonces gerente de AP.

La documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es sobre la cuenta opaca de AP en el Banco de Fomento probablemente está incompleta: hay una diferencia entre los ingresos –140 millones de pesetas– y los gastos –64 millones–. La gran mayoría de los cheques siguen una numeración correlativa, pero faltan 27 cheques cuyo total presumiblemente suman 76 millones pero de los que eldiario.es desconoce por ahora el detalle. 

Lo cierto es que en el último cheque 'al portador' de la serie que se firma el 7 de diciembre de 1988, el mismo día en que se clausura la cuenta, la cantidad que se retira es únicamente de 8.108.115 pesetas. Es lo que entonces quedaba en la cuenta opaca de AP. Esa misma cantidad coincide con la primera cifra que aparece en los papeles de Bárcenas en su primer apunte, donde se registra un ingreso de ocho millones de pesetas aportados por R. N., las iniciales de Rosendo Naseiro.

Los papeles de Naseiro   

Tras la breve presidencia de Antonio Hernández Mancha, Manuel Fraga volvió a liderar la derecha española, que dejó de ser AP para refundarse como Partido Popular en un congreso celebrado el 20 de enero de 1989. Con la vuelta de Fraga, Rosendo Naseiro fue nombrado tesorero de la formación y uno de los primeros encargos que recibió fue el de auditar las cuentas de la anterior dirección: averiguar qué había pasado en esa cuenta opaca del Banco de Fomento que no aparecía en la contabilidad oficial. 

Como Naseiro era nuevo en el cargo y no tenía firma autorizada, Begoña Urquijo, vicepresidenta del partido, fue la encargada de solicitar los movimientos al Banco de Fomento. La carta de petición fue escrita el 3 de marzo de 1989 y en ella se exigían fotocopias “del poder que se entregó para la apertura” de la cuenta corriente 5632-2, de las “cartulinas de firmas autorizadas”, de los “comprobantes de ingresos”, de los “talones emitidos” y de los “extractos desde la apertura a la cancelación”.

Pocos días después, el 14 de marzo de 1989, el departamento de 'inspección del Banco de Fomento' envió esta documentación. Rosendo Naseiro fotocopió estos documentos; la copia a la que ahora ha tenido acceso eldiario.es.

Durante los 13 meses que Naseiro permaneció en la tesorería del PP, no perdió oportunidad de guardar todo documento de valor que cayó en sus manos. eldiario.es ha tenido acceso en exclusiva a esa documentación, que publicará al detalle en los próximos días.

Rosendo Naseiro fue el último tesorero de Manuel Fraga y el primero de José María Aznar. Fue detenido el 9 de abril de 1990, acusado de cohecho. El juez ordenó su ingreso en prisión preventiva y durmió en la cárcel durante cinco días. El Tribunal Supremo le exculpó posteriormente por un defecto de forma en la investigación que anuló los pinchazos telefónicos de los principales implicados.

Piloto de A320 en Iberia con más de 8.000 horas de vuelo, perito e investigador de accidentes aéreos (entre otros, el de Spanair en Barajas), experto en seguridad, secretario del sindicato Sepla y director técnico de la Asociación Europea de Pilotos, Álvaro Gammicchia se muestra prudente al hablar del accidente de Germanwings que este martes se cobró la vida de 150 personas. Se alarma, no obstante, de que, una vez más en los últimos meses, la catástrofe se haya producido durante la fase de crucero, cuando hace años la siniestralidad se concentraba en los despegues y aterrizajes.

El avión tenía 24 años de antigüedad. ¿Es un factor que puede haber influido en el siniestro?

En los modelos de aviones se identifican dos periodos en los que el índice de siniestralidad es más alto. Uno es el de los primeros años de introducción del modelo, porque puede haber errores de diseño que no se han identificado. El segundo se sitúa en los últimos años antes de retirar el modelo. En este caso estamos hablando de un tipo de avión, el Airbus 320, que está en pleno vigor operativo. Es más, el hecho de que se contabilice un número elevado de operaciones a lo largo de sus años de explotación y que sea un modelo que se sigue vendiendo en todo el mundo resulta ser una de sus fortalezas. Se conoce perfectamente su operatividad.

La antigüedad del aparato, entonces, ¿no será un factor que se tenga en cuenta en la investigación?

Aunque la matricula del aparato tenga 24 años, el programa legal de revisiones que se efectúan según el concepto de ‘supervisión continuada de la navegabilidad’ indica que el avión está tan habilitado para volar con seguridad como el primer día. La antigüedad es un factor, pero en ningún caso tan determinante como, por ejemplo, en los coches. Las aerolíneas prefieren aviones modernos porque consumen menos, o porque sus servicios de a bordo están más actualizados, pero no porque sean más seguros.

La Asociación Europea de Pilotos y el Sepla han denunciado que las compañías de bajos costes incurren en prácticas de subempleo, combustible y otras que ponen en riesgo la seguridad. ¿Germanwings se incluye entre ellas?

Los pilotos europeos hemos puesto nombre y apellidos a las ‘low cost’ que se han dedicado a retorcer hasta el límite la reducción de costes hasta comprometer lo más básico. Entendemos que el problema no está en el modelo de negocio, sino en el uso que de él hacen compañías concretas. En el caso de Germanwings no tenemos constancia de que incurran en este tipo de prácticas.

Pero entre la matriz Lufthansa y Germanwings, la filial de bajo coste, se ha mantenido un contencioso que ha provocado incluso huelgas.

Es cierto que se ha producido ese enfrentamiento por las condiciones laborales en una y otra empresa, pero dichas condiciones no tienen punto de comparación con las que identificamos en otras aerolíneas en las que no denunciamos solo el subempleo, sino las repercusiones que tienen en la seguridad de la operación.

Los últimos grandes accidentes en aerolíneas comerciales se han producido en pleno vuelo, cuando antes la siniestralidad se concentraba en despegue y aterrizajes. ¿Qué está ocurriendo?

Históricamente se han hecho esfuerzos y se ha desarrollado tecnología para minimizar los accidentes en las fases ‘críticas’ del despegue y el aterrizaje y quizá hayamos descuidado los problemas en las fases ‘no críticas’ de crucero. Desde las asociaciones de pilotos estamos muy preocupados por una circunstancia que no es habitual pero que aparece de modo alarmante en los accidentes que se producen. Basta mencionar el accidente de Air France en el Atlántico o el reciente de Air Asia.

OACI [el Organismo Internacional de Aviación Civil] las denomina “pérdidas de control en vuelo”. El motivo del siniestro se produce cuando, por un motivo o por otro, el avión se desestabiliza, cambia la envolvente de vuelo y las tripulaciones no son capaces de maniobrar de forma manual para retornar a una condición segura. Nosotros lo achacamos a un problema que tiene la industria y es que cada vez más confiamos en los automatismos del avión y se nos pide que hagamos un uso intensivo de ellos.

¿Habla de la mala formación de los nuevos pilotos que denuncia la Asociación Europea?

En el entrenamiento inicial de los nuevos pilotos se presta cada vez menos atención a que puedan volar apoyándose en sus conocimientos y habilidades propias de control del vuelo. Pasan muy poco tiempo o ninguno volando en avionetas. Logran su experiencia en vuelos de compañías comerciales con aviones automatizados y no son capaces de controlar situaciones de emergencia. Es pronto para relacionar el accidente del avión de Germanwings con una situación de este tipo, pero es llamativa la proliferación de siniestros en la fase de crucero.

De lo ocurrido en el accidente de la compañía alemana sorprende que el aparato volara ocho minutos a baja altura antes de estrellarse y que los pilotos no lanzaran un aviso de emergencia.

Es demasiado pronto para sacar una conclusión categórica, pero esta circunstancia resulta extraña. A lo largo de ocho minutos una tripulación de dos pilotos que no estén incapacitados, lo más razonable es que alguno lanzara un aviso de emergencia. Tenemos muy poca información.

El Gobierno, en su empeño de dar por zanjada la crisis económica, echa mano de todos los parámetros macroeconómicos que repuntan. Uno es el número de extranjeros que entraron en España el pasado año; 64 millones, lo que supone un crecimiento del 7% con respecto a 2013. El panorama idílico se completa con el crecimiento en un 4,5% de los pasajeros aéreos en los aeropuertos de Aena. Los ministerios de Industria y Fomento alardean de que la movilidad en España creció el 5%.

La evolución positiva, siendo real, se produce casi en exclusiva por el significativo aumento de los viajeros extranjeros. Por el contrario, los datos de los viajes en el mercado interior muestran que la movilidad de los ciudadanos españoles sigue estancada, cuando no en marcada recesión.

A lo largo de 2014 se produjeron 152 millones de viajes de españoles con destino dentro y fuera de nuestro país. La cifra supone un retroceso del 1,1% en relación al año 2013. Los desplazamientos de nacionales al extranjero crecieron un 6,2%, mientras la estadística general se vio lastrada por los malos datos de los viajes domésticos (salidas por motivo de vacaciones, puentes, fines de semana, visitas a familiares...), que descendieron un 3,3%.

En este escenario de contracción, el segmento que sufre un mayor retroceso es el de los viajes por motivos de trabajo. Según la serie estadística Familitur que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al mes de octubre del año pasado este tipo de desplazamientos registraba un descenso del 19,6% en relación con el mismo período de 2013. Y no es una circunstancia coyuntural.

Los viajes por motivos laborales contabilizan siete años ininterrumpidos de descenso en los que se han perdido más de 16 millones de desplazamientos; desde 27 millones en 2008 a 10,6 millones en 2014. Los expertos establecen una correlación directa entre las oscilaciones del PIB y la movilidad de los ciudadanos. Los viajes de los españoles han caído de manera exponencial durante la crisis y ahora la anunciada recuperación no ha logrado el efecto inverso.

La evolución estadística ha sido la siguiente: en 2008, con 168,8 millones de viajes totales registrados de españoles, el 16,2% se realizaron por razones de trabajo. En el ejercicio 2012, con 158,7 millones de viajes totales, los desplazamientos por motivos laborales se habían reducido al 8,1%, y el año pasado apenas superaron el 7% sobre 152 millones de traslados totales.

Viajes de emigrantes  

Mientras que en 2014 continuó la contracción de la movilidad de los españoles en el mercado doméstico, se produjo un significativo repunte del 6,2% en los viajes de los nacionales al extranjero. Aunque el informe Familitur no realiza ningún análisis sobre este dato, aporta una cifra adicional que resulta significativa. La duración de los desplazamientos de los nacionales en el exterior experimentó un incremento del 60%, lo que cuadra a la perfección con la circunstancia de que una buena parte de los viajeros españoles en la actual coyuntura son emigrantes y abandonan el país sin fecha de retorno.

El coche sigue siendo el modo mayoritario de transporte: ocho de cada diez desplazamientos se produjeron en automóvil. El resto se repartió entre el tren de alta velocidad (que consiguió un crecimiento de casi el 12% a base de bajar precios), el avión (que en los vuelos domésticos permanece estancado) y el autobús (que pierde un 3% de sus pasajeros).

El informe Familitur analiza la movilidad de los españoles en aquellos viajes que, al menos, tienen una noche de pernocta en destino, para diferenciar esta estadística de la de los desplazamientos diarios de los ciudadanos hasta el centro de trabajo o en el entorno urbano.

Como botón de muestra de que la movilidad diaria en las ciudades tampoco refleja la anunciada recuperación, el Metro de Madrid ha perdido durante la crisis 15 millones de los 60 millones de viajeros al mes que registraba en 2007. Al mes de agosto de 2014 había recuperado un 3%, hasta 46,2 millones de pasajeros al mes.

La dirección del Metro de Madrid ha dado órdenes a su personal de estaciones para que no devuelvan el dinero a los clientes cuando falla la máquina expendedora, de forma que el viajero no recibe el billete y además se queda sin el efectivo. Este tipo de incidentes “ocurren muchas veces a lo largo del día”, indican fuentes de los representantes de los empleados de Metro. El ferrocarril metropolitano madrileño cuenta con 338 estaciones, con más de 600 bocas de entrada y con un parque de expendedoras que supera las 1.000 máquinas.

Cuando un viajero se ve sorprendido por el fallo de una expendedora (y no se da el cada vez más improbable caso de que haya un empleado del Metro en el mismo punto de la instalación), su única alternativa de reclamación es llamar por el interfono. Un trabajador de la compañía, que las más de las veces está ubicado en otra entrada y en ocasiones en otra estación, le atiende y le pide que se desplace hasta el lugar donde él se encuentra porque “no puede abandonar su puesto”.

Complejo procedimiento

Desde hace meses, según las fuentes de los trabajadores, la dirección de Metro ha articulado un complejo procedimiento para tratar este tipo de percances que, según la jerga burocrática de la empresa, son “incidencias con repercusión económica en instalaciones de venta y peaje”. El trámite consiste en la apertura de un expediente en el que necesariamente tienen que intervenir los servicios técnicos y de atención al cliente de Metro, según reconocen fuentes oficiales de la empresa, porque “es imprescindible comprobar que la reclamación es correcta”.

El viajero, que acaba de pagar su billete sin recibir nada a cambio, no es resarcido en el momento. Además tiene que perder entre veinte minutos y media hora en rellenar un formulario para la apertura del expediente en el que queda constancia de su nombre, dirección, DNI y teléfono. La única compensación inmediata que se le ofrece es la entrega de un billete de un trayecto para que pueda completar el viaje que estaba a punto de iniciar.

Más del 90% de los viajeros utilizan abono de transporte y billetes de diez trayectos en Metro de Madrid. Los pocos que usan billetes de un viaje, fundamentalmente turistas, no siempre tienen el precio exacto en efectivo. Sólo se puede pagar con tarjeta una cantidad de al menos cinco euros.

Mensajes en el móvil

En el plazo de una semana el usuario recibe el siguiente mensaje en su móvil: “Metro de Madrid está analizando el incidente en sus instalaciones de venta. El servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con usted”. En el mejor de los casos la devolución del dinero puede demorarse semanas. Transcurrido este tiempo, el damnificado recibe una llamada de atención al cliente para comunicarle si la reclamación ha podido ser verificada. En caso afirmativo, el reintegro se produce con una transferencia bancaria.

Hasta hace unos meses, cuando ocurría un incidente de este tipo el personal de la estación tenía la potestad de devolver en el momento el dinero que la máquina se había tragado, tras hacer las comprobaciones oportunas en la expendedora y levantar acta del mismo. 

Ahora los empleados no están autorizados a comprobar que le ocurre a las máquinas que expiden los billetes y las fuentes de los trabajadores de la compañía indicadas afirman que cuando un equipo se estropea, las reclamaciones de los viajeros se multiplican.

Vaciado de la máquina

Fuentes oficiales de Metro de Madrid dicen que este nuevo procedimiento para tratar los incidentes en las instalaciones de venta de billetes se aplica desde hace un año, pero niegan que la medida tenga nada que ver con la falta de personal de servicio en las estaciones de la red. Hace ahora un año, la empresa pública aplicó un ERE por el que salieron de la empresa 589 trabajadores. La compañía precisa que aquel ajuste fue pactado con los sindicatos y no incidió en la atención de las estaciones.

Metro de Madrid justifica que no se devuelva el dinero en el momento porque “es necesario comprobar que el incidente es real”. La tardanza en el procedimiento de comprobación y en el reingreso del efectivo se explica porque “muchas veces los incidentes ocurren en expendedoras que acaban de ser vaciadas y hay que esperar al turno siguiente de vaciado para hacer las comprobaciones”.

Aena, propietaria del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, ha decidido subir el precio del agua, la luz eléctrica y los servicios de climatización (calefacción y aire acondicionado) del emblemático aeródromo en una cuantía del 12,5%, que los afectados han calificado de “brutal”.

En su web, Aena asegura que en las cuatro terminales de Barajas hay un auténtico hervidero de empresas comerciales y de proveedores de los más diversos servicios en relación con el transporte aéreo. Existen 120 tiendas, entre las que se encuentran 34 que venden ropa, 16 quioscos de prensa o cuatro farmacias. El número de bares y restaurantes asciende a 59. Las aerolíneas que cuentan con algún tipo de oficina son 40. Hay 12 puestos de alquiler de coches, siete salas VIP y 12 aparcamientos de automóviles.

Un número de estas empresas que fuentes de Aena no han querido cuantificar, pero que pueden ser más de 200, recibieron el 17 de enero la noticia de la drástica subida, que se produce con la inflación en tasas negativas que superan el 1%. La “regularización de precios unitarios” además, se hace con carácter retroactivo desde enero de 2014. A efectos del cálculo de las cantidades a pagar en el presente ejercicio de 2015, indica Aena, “se realizará un nuevo cálculo de precios y regularización” a fecha del próximo 31 de diciembre.

En plena privatización

Las asociaciones que agrupan a las aerolíneas que tienen vuelos e instalaciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas han recibido con “estupor” la comunicación de la subida de precios. Afirman que el alza del 12,5% “no tiene ninguna justificación” y señalan que es “contraria” al espíritu del acuerdo alcanzado en julio de 2014 entre los representantes de las compañías aéreas y el Ministerio de Fomento por el que se pactó congelar las tasas aéreas hasta el año 2025.

Dichas tasas son precios públicos aprobados en los Presupuestos Generales del Estado con las que se fijan las cuantías que deben pagar las aerolíneas por conceptos tales como aterrizaje o despegue, estacionamiento de aviones, transporte de cada pasajero, los dispositivos de seguridad, etc.

Las fuentes citadas han considerado que “no es coincidencia” que una subida de precios tan exagerada se produzca en pleno proceso de privatización del 49% del capital de la empresa propietaria del aeródromo madrileño, Aena Aeropuertos, quien controla además las 47 terminales aéreas públicas españolas y 18 en el resto de Europa y en Latinoamérica. En su opinión, “es un regalo para quien acuda” a la oferta pública de venta (OPV) por la que la empresa prevé debutar en bolsa el próximo 11 de febrero. 

Las aerolíneas se muestran sorprendidas porque la subida se ha comunicado un par de semanas después de que el Ministerio de Fomento exigiera a las compañías que repercutan en los billetes aéreos la bajada que se produce desde el verano en los precios del combustible.  

Las empresas comerciales instaladas en Barajas, a través de un directivo de una de ellas, han expresado su “indignación” por la subida. Señalan que no tiene ninguna justificación en un momento en el que el Gobierno “alardea de tener controlados los precios del suministro eléctrico” y cuando los índices de precios al consumo “están en negativo”. Indicaron que un aumento tan importante en el coste de estos suministros “tendrá que repercutirse necesariamente en el pasajero, que es el consumidor final”.

Fuentes oficiales de Aena reconocieron la existencia de la carta y de la cuantía de la subida, aunque no quisieron precisar si se aplica a todas las empresas del aeropuerto, o si existe alguna excepción. Señalaron que la medida solo afecta al aeropuerto madrileño y no al resto de la red.

Las fuentes vinculadas a las aerolíneas dudan de que Aena aplique una subida de precios privados en sus aeropuertos a una sola instalación, pero no tienen información de que pueda haberse anunciado en otros puntos de la red.

La carta    

La comunicación de la subida del 12,5% en el precio de los principales suministros que se aplica a las empresas instaladas en el aeropuerto de Madrid-Barajas está firmada por la jefa de la División Económico Administrativa de dicha instalación. La misiva no aclara cómo se determinan las subidas de los precios privados del agua, la luz y la climatización. Justifica la retroactividad del alza “de acuerdo con lo establecido en el apartado relativo a precios privados contenido en la Guía de tarifas de 2014 de Aena SA”. Hace distinción entre los “suministros medidos por contador” y el “resto de suministros prestados por el aeropuerto”.

La estimación de las cantidades que cada empresa debe pagar por el resto de los suministros prestados por el aeropuerto (en referencia a los que son de uso colectivo) se calcula “dividiendo el montante total del coste del servicio entre los metros cuadrados de la superficie del aeropuerto afectado por dicho servicio, aplicándose a ello un incremento del 12,5% por la utilización del recinto aeroportuario”.

Fija el precio del “agua medida por contador” en 2,78 euros por metro cúbico y el suministro “del kilovatio hora medido por contador” en 0,16 euros. El kilovatio estimado es mucho más caro, 3,02 euros, mientras que el suministro de climatización sube hasta 2,8 euros por metro cuadrado.

La nueva legislación apadrinada por la UE para evitar cargos en el pago de productos con tarjeta de crédito, que entró en vigor en España el pasado 1 de septiembre, “está resultando completamente ineficaz” para terminar con una práctica que tiene especial arraigo en la compra de billetes aéreos en Internet. Es la denuncia que vienen realizando en los últimos meses asociaciones de consumidores como Facua y la OCU.

Y lo hacen después de haber trasladado a las administraciones de consumo de los Gobiernos central y autonómicos “miles de quejas” de ciudadanos, “sin que hayamos obtenido respuesta alguna y sin que detectemos ninguna reacción de las autoridades para poner freno a una práctica que burla las sucesivas normas que, desde hace años, intentan ponerle freno”, explica Rubén Sánchez, de Facua. Según estimaciones de la Unión Europea, el cobro de comisiones por pagar con tarjeta de crédito supone un sobrecoste al año para los consumidores europeos de 730 millones.

La regulación más reciente sobre el asunto fue incluida en el Real Decreto de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado el pasado mes de julio de 2014. La norma, de manera taxativa, establece que las empresas vendedoras tienen prohibido imponer a sus clientes recargos por pagar con tarjeta de crédito.

Solo fija como margen de flexibilidad para una norma estricta que repercutan al cliente la comisión bancaria que a ellos les cobren las entidades financieras por la gestión del medio de pago. El margen de flexibilidad, sin embargo, es igualmente estricto y fija un límite legal máximo del 0,2% del importe de la compra para las tarjetas de débito y del 0,3% para las de crédito. El decreto señala que “para los pagos con tarjetas de débito, el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, que aplicará, por tanto, para todos los pagos de importe superior a 35 euros”.

Tarjetas particulares

Diferentes aerolíneas y agencias de viaje “hacen una interpretación creativa de la norma”, explica el portavoz de Facua, y consideran que la nueva ley solo es aplicable a las tarjetas de débito y a aquellas de crédito de clientes particulares que han sido emitidas en España. Por consiguiente, dejan al margen de la protección a un amplio abanico de opciones de dinero de plástico: las tarjetas de empresa, las que se gestionan por entidades financieras que están radicadas fuera de España y PayPal, la más popular de las formas de pago en Internet.

eldiario.es ha realizado la prueba de comprar billetes con tarjeta de crédito personal emitida en España en dos compañías aéreas, Easyjet y Ryanair. La primera observación que se obtiene es que, a lo largo de todo el proceso de adquisición, no aparece ningún tipo de información sobre la imputación o no de comisiones por utilizar esa forma de pago. Solo una vez que se ha tecleado el número de la tarjeta y confirmado la operación, aparece el cargo adicional. Un billete con Ryanair de ida y vuelta entre Madrid y Londres con un precio de 98 euros soportó un sobrecoste de 5 euros. Con EasyJet, por un trayecto similar por un importe de 120 euros, la comisión fue de 6,34 euros.

Preguntas frecuentes

Para encontrar una explicación más explícita sobre las condiciones que imponen las aerolíneas a la compra de billetes con tarjeta de crédito hay que acudir a la sección de “preguntas frecuentes” de sus páginas corporativas en Internet. Las compañías utilizan las fórmulas más variadas para evitar expresar que no deben cobrar ningún sobrecoste a sus clientes por efectuar la compra de sus billetes con tarjetas de crédito.

La web de Ryanair recoge como única explicación que “las reservas pagadas con PayPal, American Express Charge, tarjeta de crédito o una tarjeta prepago Mastercard tendrán un cargo del 2% del valor total de la transacción”. Más adelante utiliza una formulación barroca para afirmar que, en algunos casos, no cobra comisiones. Ryanair indica que “no se aplica el cargo de la tarjeta de crédito al pagar con una tarjeta de débito”.

La página de EasyJet solo informa de que “las reservas realizadas mediante tarjeta de crédito Visa, MasterCard, Diners Club, American Express, Carte Bleue [solo transacciones nacionales] y UATP/AirPlus tienen un cargo adicional del 2.0% del importe total de la transacción”.

Vueling, por su parte, asegura que “el pago con tarjeta consumidor emitida en España” para la compra de billetes tiene una comisión del 0%, mientras para los pagos con el “resto de tarjetas y Pay Pal” se elevan al 3%.

Air Europa informa de que “las compras en nuestra web se realizan mediante tarjetas de crédito o débito”. Sobre los “cargos de gestión y emisión” asegura que “son dinámicos, esto significa que nuestros sistemas informáticos calculan la cantidad a cobrar dependiendo del tipo de vuelo, escalas y precio”.

Iberia informa que en España “los pagos con tarjeta particular o personal (American Express bajo licencia, Visa o Mastercard), emitidas por un banco español y en transacciones hechas en España están exentas de cargos”. Sí tendrán cargos los pagos con tarjetas empresa, corporativas, comerciales, las American Express denominadas tripartitas (emitidas por American Express Internacional), Diners Club, y el pago a través de PayPal.

El cargo adicional que se aplica siempre para cada pasajero es el siguiente: si el origen del vuelo es España se cobra un cargo de 5 euros en vuelos domésticos y 8,5 euros para el resto de vuelos.

Compañías 'exprimidoras'

Una reciente encuesta entre más de 700 viajeros realizada por el comparador de precios de viajes Trabber.es asegura que “lo que más irrita a los viajeros” en su relación con las aerolíneas son “los cargos por pago con tarjeta y facturación de maleta”. En una clasificación sobre “percepción de aerolíneas más exprimidoras”, en cabeza se sitúa Ryanair, que fue citada por el 86% de los encuestados, Vueling con el 48% y EasyJet con el 36,7%. Les siguen Iberia y Air Europa, aunque el porcentaje de quejas es más reducido.

Fuentes de Iberia dicen que la compañía cumple de manera escrupulosa con la nueva normativa sobre cargos por el pago de billetes con tarjeta de crédito. Fuentes de las patronales del sector afirmaron que existe una “significativa complejidad” en el cumplimiento de la nueva normativa legal.

Los atentados yihadistas de la pasada semana en París han comenzado a provocar severos efectos colaterales en el sector de la aviación comercial del Viejo Continente, y de manera acusada en España. Varias aerolíneas europeas se han puesto en contacto con sus respectivas autoridades de aviación civil, a través de sus organizaciones patronales, para pedir asesoramiento ante las exigencias de los responsables de seguridad y de fronteras de diversos Estados con el fin de que, de inmediato, comiencen a transferir los datos personales y de movilidad de aquellos viajeros que transportarán hacia los aeropuertos de sus territorios.

Las compañías aéreas advierten de que se encuentran “entre dos fuegos”. Si no atienden las demandas de los Estados podrían verse sometidas de inmediato a “multas, expedientes o cancelaciones de vuelo”. Si, por el contrario, acceden a la transferencia de información incurrirán en “delito contra la Ley de Protección de Datos en vigor en la UE” que prohíbe expresamente dicha transferencia. Y también serían sancionadas.

Aunque las presiones sobre las aerolíneas en este asunto vienen de lejos, tras los sucesos de París, las reclamaciones de los responsables de seguridad de varios Estados se han convertido en “explícitas y apremiantes”, según han explicado a eldiario.es fuentes de las compañías y de sus patronales.

Tanto Iberia como Air Europa han expresado su inquietud por la situación. Y aunque varios países apremian la imposición del proceso de transferencia de información, los dos que tienen mayor relevancia para las operaciones desde España son México y Turquía. “Los mexicanos están muy presionados por sus vecinos del norte y los turcos actúan por la cercanía a las bases de operación del denominado Estado Islámico”, señalan esas fuentes.

Fichero de pasajeros aéreos

Como principal argumento para imponer la transferencia inmediata de datos de los viajeros, se esgrimen las reiteradas declaraciones de los ministros de Interior y Asuntos Exteriores de al menos 15 países comunitarios advirtiendo de que tienen muy avanzada la creación de un súperfichero cuyo objetivo será controlar datos y movimientos de todos los pasajeros que entren o salgan de la UE. España es uno de los países que en los últimos días se ha mostrado a favor de poner en marcha ya este mecanismo.

La inquietud en el sector de la aviación civil en defensa de la privacidad de sus clientes no es nueva. Fuentes de las patronales recuerdan que desde los atentados del 11-S en Nueva York se ha avanzado “a trompicones” en la constitución e intercambio de estos registros de datos, conocidos como PNR (Passenger Name Record) y que son aquellos que facilitan los viajeros a las aerolíneas en el momento de adquirir un billete. Incluyen desde el nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, medio de pago, itinerario, etc.

En un largo y controvertido proceso de negociaciones sobre el PNR, la UE ha llegado a acuerdos con Estados Unidos, pero también con Canadá y Australia para establecer qué datos, en qué condiciones y con qué garantías se pueden transferir. Para valorar lo conflictivo del proceso, baste recordar que los acuerdos se han modificado y renovado en cuatro ocasiones en los años 2004, 2006, 2007 y 2011.

Además, del lado europeo la iniciativa de la conclusión de pactos siempre ha sido impulsada por la Comisión, mientras que el Parlamento europeo se ha mostrado a favor de proteger la privacidad del pasajero. Ante este panorama de incertidumbres y contradicciones, las compañías aéreas entienden que tienen toda la razón al guardarse las espaldas “y pedir que las autoridades de aviación y de seguridad se pongan de acuerdo”.

Discriminación 

 Las aerolíneas y sus representantes afirman que el sector se siente “sobrevigilado y controlado” y aseguran que sufren un trato discriminatorio “cuando ninguna de estas medidas de identificación de pasajeros se aplica en otros medios de transporte como el ferroviario y los autobuses”, que pueden ser utilizados, “y de hecho se ha demostrado que también lo son”, por terroristas y delincuentes.

“Parto del supuesto de que la inseguridad no nace en los aeropuertos, sino que se da cita en ellos. Por este motivo, intentar resolver dichos casos en el ámbito aeroportuario y de la aviación civil viene a ser una herencia desproporcionada entre causas y efectos”, señalaba recientemente el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas españolas (ALA), Pablo Olmeda, en una intervención reciente sobre aviación y seguridad.

El precio del petróleo ha caído de 115 dólares en junio a unos 50 dólares en este comienzo de año. El abaratamiento sin precedentes se ha trasladado de manera tímida a los precios de los combustibles de automoción y no existe constancia de que esté suponiendo una ventaja para los usuarios de la aviación comercial en el momento de comprar sus billetes. El único dato de autor conocido sobre la evolución de las tarifas aéreas en el último semestre lo ha aportado la patronal global de las compañías aéreas, IATA, que asegura que se ha producido una rebaja del 5,1%.

Varias aerolíneas que operan en España aseguran a eldiario.es que, “pese al acusado descenso del precio del barril de crudo, el margen para trasladar a los precios esta rebaja es muy pequeño”. El argumento de mayor peso que esgrimen es la existencia de unos llamados “seguros de combustible” que firman las aerolíneas con grandes bancos para periodos anuales o bianuales. El objetivo es “asegurar una estabilidad en el precio del suministro de combustible tanto si el precio del crudo sube sin freno, como si baja sin control”.

Control de las petroleras

La práctica de los seguros de combustible es general en la aviación comercial en todo el mundo, pero en España existe un factor adicional que incomoda de manera especial a las compañías aéreas. Denuncian la “existencia una situación cercana al monopolio del suministro de queroseno” en la red de los aeropuertos españoles propiedad de AENA, empresa pública hoy en proceso de privatización.

De hecho, una de las principales alegaciones que han presentado estos días los diferentes ‘comités de usuarios’ de los aeropuertos públicos españoles (en los que participan las aerolíneas que operan en cada aeródromo) tiene como objetivo lograr la “disolución de las perniciosas consecuencias” de la existencia de la “acción concertada de un grupo de grandes petroleras que controlan no solo la venta del queroseno almacenado en los tanques que les adjudica AENA, sino también el monopolio que ostentan por la vía de empresas participadas en la puesta del queroseno a bordo de los aviones”.

Las alegaciones están siendo realizadas por las compañías que transportan más pasajeros aéreos en España: Ryanair, Easyjet, Air Europa, Iberia y Vueling. Tienen como principal objetivo que, tras la adjudicación de los próximos contratos de 'handling' (servicios aeroportuarios), se les autorice a firmar dos contratos separados para el acopio del suministro de queroseno que necesitan en su operación: uno de compra del combustible y otro del servicio de puesta a bordo del carburante en sus aviones.

En el aeropuerto de Madrid-Barajas las empresas que se encargan de introducir el queroseno en las alas de los aparatos son CLH, SIS y SLCA, en la que tienen participación las petroleras Repsol, Cepsa, Shell y BP.

Fuentes de Repsol dijeron que las petroleras repercuten en los combustibles de aviación las rebajas que se vienen produciendo en el precio de la materia prima conforme las normas internacionalmente aceptadas. Interpretan que si las aerolíneas no repercuten dichas rebajas es porque tienen firmados seguros de combustible que reducen su margen de maniobra.

¿Sin margen de rebaja?

Las aerolíneas también se escudan en este argumento para justificar el mantenimiento del precio de sus billetes pese al desplome del coste del crudo. Todas, con la notable excepción de Ryanair, tienen unos seguros de combustible que les obligan a pagar “un precio estabilizado” por su suministro tanto cuando se producen alzas o bajadas acusadas en la materia prima.

Las compañías aéreas, sin embargo, no siempre han mantenido esta línea argumental. Solo hay que acudir a las hemerotecas para comprobar cómo, cuando se produjo una gran escalada del precio barril Brent, desde los 60 dólares de junio de 2010 a los 111 dólares en febrero, los operadores aéreos de todo el mundo se apresuraron a aplicar una “tasa por sobreprecio del queroseno”, pese a que también entonces tenían seguros de combustible que las protegían.

En febrero de 2011, en concreto, Iberia aplicaba a sus clientes un recargo por alza de combustible que oscilaba entre tres y 18 euros por trayecto, según las rutas. La desaparecida Spanair aumentó cinco euros por billete y trayecto y Air Europa, dos euros.

Fuentes del grupo Iberia dijeron que no tienen previsto bajar las tarifas porque están atados por altas coberturas de combustible: entre el 85% y el 51% de su consumo hasta el próximo mes de abril. Air Europa dice que ya ha bajado precios porque tiene seguros de cobertura más reducidos.

Aumento de beneficios

La ausencia de margen para aplicar rebajas en los billetes aéreos tras la caída del precio del crudo también viene cuestionada por las últimas previsiones que realizó en otoño la gran patronal del sector, IATA. Esta organización estimó que desde junio, cuando comenzó a depreciarse el precio del barril de Brent, las tarifas aéreas se han contraído en un 5,1%. Entonces, IATA anunció un aumento de los beneficios del sector del 10%, hasta 16.006 millones de euros en 2014; mientras que las ganancias de 2015 se dispararán un 25,6% hasta 20.205 millones, según sus estimaciones. La organización afirmó que tan positiva evolución se produce “en parte gracias a la reducción del precio del petróleo”.

Asociaciones de pilotos de toda Europa han lanzado una campaña de firmas en la UE para exigir que, a la hora de comprar un billete aéreo, el usuario sea informado por la agencia de viajes o el portal de ventas de si los pilotos que van a manejar el avión en el que volará son profesionales con su habilitación completa o se trata de estudiantes que vuelan en proceso de formación y por tanto no cobran.

En esta fórmula sofisticada de subempleo, el piloto en prácticas no solo no cobra por volar sino que paga a la aerolínea que la contrata y a otros intermediarios cantidades promedio de unos 60.000 euros por realizar hasta 1.000 horas en vuelos comerciales con pasajeros.

La campaña de firmas ha sido lanzada por la asociación gala de pilotos SNPL France ALPA, utilizando Avaaz como plataforma. A ella se ha adherido la Asociación Europea de Pilotos ECA, que agrupa a 37 organizaciones europeas, entre otras el sindicato español Sepla. El eslogan de la iniciativa reclama que “los pilotos no deben pagar por volar”. (“Pilots must not pay to fly”).

El objetivo principal de la campaña consiste en exigir a las autoridades de Aviación Civil de la Unión Europea que prohíban la práctica denominada 'line training' (entrenamiento en línea), a la que fuentes cercanas al lanzamiento de la iniciativa califican como “una de las fórmulas más sofisticadas y peligrosas de subempleo”.

La UE no responde

A la vista de que, hasta la fecha, Bruselas se niega a poner coto a esta práctica y da la callada por respuesta, las asociaciones de pilotos exigen que, al menos, la Unión Europea declare obligatorio que, a través de las agencias de viaje tanto físicas como en la red y en las páginas oficiales de las aerolíneas, “se informe con claridad a los pasajeros de si los pilotos que manejarán su avión tienen su título de habilitación completo, o simplemente son estudiantes en prácticas”.

En el texto que los colectivos de pilotos han pasado a la firma por todo el continente se afirma que “la práctica de ‘pagar por volar’, plantea graves preocupaciones a la hora de determinar la efectiva responsabilidad de los pilotos durante el vuelo. En circunstancias normales, a los pilotos se les paga para encargarse de la seguridad y la buena marcha del trayecto. Cuando el estudiante-piloto paga por volar se invierte la situación y se reduce o cancela el aval de responsabilidad del piloto, causando un impacto implícito sobre la seguridad del vuelo”.

Ante la falta de respuesta de las autoridades de la UE para legislar contra la práctica de ‘pagar por volar’, los pilotos reclaman que se exija a las aerolíneas que realizan estas prácticas “que revelen este hecho de la manera más visible posible en los procesos de venta de sus billetes para tener a los pasajeros informados con claridad de que están vendiendo horas de vuelo a sus pilotos”. Que sepan, en suma, que “a los mandos de un aparato que transporta 150 almas” se encuentra un estudiante en prácticas.

Con nombre propio

En el texto elaborado para justificar la campaña de firmas se menciona por su nombre a varias aerolíneas que utilizan la práctica del ‘entrenamiento en línea’ en Europa. Se trata de Astraeus Airline, Wizzair y Strategic Airline, con fuerte presencia en vuelos continentales.

En España el sindicato de pilotos Sepla denunció hace un año que Swiftair “convierte las cabinas de sus aviones en escuelas de vuelo” al utilizar “de manera habitual la modalidad de entrenamiento en línea” por lo que se ha convertido en “el paradigma del concepto de pagar por volar” en nuestro país. En el pasado verano de 2014 Swiftair fue protagonista del último accidente de un aparato con pasajeros de la aviación civil española.

Prohibido en EEUU

En el texto de denuncia que está circulando por Europa se hace constar que la Agencia Federal de Aviación Americana (FAA), la máxima autoridad aeronáutica de Estados Unidos, ha prohibido recientemente este tipo de actividad en las aerolíneas de su país. Justifica la medida porque “genera inseguridad en los vuelos y limita la responsabilidad de los pilotos en las operaciones de vuelo”. De este modo, un negocio que inventaron y explotan empresas de EEUU, ahora solo se desarrolla principalmente en Europa y Asia.

Eaglejet Internacional, líder mundial de esta actividad con sede en Miami (EEUU), afirma en su página web que los estudiantes tienen la opción de elegir sus prácticas “con experiencia de piloto de vuelo de una aerolínea del mundo real”. Aunque solo al final de proceso de contratación del programa de “entrenamiento en línea” el aspirante averiguará cuál será la aerolínea en la que realizará sus prácticas, la empresa deja claro que puede ser una compañía europea incluida entre las 424 operadoras que están asociadas a sus programas.

Del contenido de la página web de Eaglejet se desprende la estrecha colaboración de la estadounidense con algunas importantes compañías de nivel mundial. La firma de Miami es “proveedor de entrenamiento” de una de las mayores alianzas globales de compañías aéreas del mundo; Sky Team, liderada por Air France-KLM.

En el área del sitio de Eaglejet donde se comunican las tarifas que deberá abonar el aspirante a piloto por tripular aviones en línea con pasajeros de la familia de los birreactores Airbus 320 se asegura que el precio “está supeditado a las cantidades que fije la compañía aérea”.

Al estilo de los sistemas de promoción estadounidenses, en la página se recogen ‘testimonios’ de jóvenes aspirantes que, desde la más palmaria inexperiencia, han logrado convertirse en pilotos entrenándose a los mandos de aviones comerciales en línea con pasajeros… a base de tirar de talonario. “Nunca había tenido una posición de aviador profesional. Poseía un cierto conocimiento del negocio de la venta de aviones, pero en absoluto experiencia en el manejo de un avión. Entré en el programa de Eaglejet pagando 800 horas de vuelo con un certificado de instructor caducado”, relata uno de esos pilotos, identificado como Anthony Williams.

El presidente de Aena, José Manuel Vargas, ha dado órdenes a los miembros de su equipo directivo para que renuncien a las vacaciones de Navidad y se pongan en estas fiestas a disposición de la consultora EY. La antigua Ernst & Young tiene desde hace una semana la ‘misión imposible’ de revisar las cuentas de los últimos cuatro ejercicios de la empresa propietaria de la red pública de los aeropuertos españoles.

Los resultados de esta revisión deberán estar listos el próximo día 10 de enero al objeto de que la consultora pueda redactar una ‘carta de conformidad’ que, tras ser revisada y aprobada por el árbitro de la competencia, la CNMC, supondrá el pistoletazo de salida para el segundo intento de privatización del 49% de Aena en el plazo de los dos meses siguientes (incluida la venta del 28% en una OPV).

La anterior intentona quedo frustrada en la mesa del Consejo de Ministros el pasado noviembre, cuando ya se había lanzado incluso la campaña de publicidad para la colocación. En aquella ocasión se ofreció como excusa oficial del frenazo precisamente los problemas en la autoría de la mencionada ‘carta de conformidad’, que había redactado la consultora PwC sin que hubiera existido un concurso previo de adjudicación.

Los grupos de la oposición política, los sindicatos de Aena y diversas informaciones de prensa interpretaron que el frenazo se debió a las profundas diferencias de criterio sobre la operación que existen en el seno de Gobierno: por un lado, el ministerio de Economía y Competencia, y por el otro, el de Fomento, que han resultado públicas y notorias durante toda la legislatura.

Pero José Manuel Vargas y la Ministra de Fomento, Ana Pastor, pese a aquel varapalo, no han dado su brazo a torcer y no renuncian a intentar la privatización del 49% de Aena en la última ventana de oportunidad de la legislatura. Aunque ello fuerce a que el nuevo consultor EY haga su trabajo en menos de quince días laborables y la colocación se produzca a las puertas de las elecciones autonómicas y locales previstas para mayo.

La situación está tan tomada por los pelos que incluso la consultora que realizó la anterior auditoria, PwC, ha calificado el reto de “misión imposible” en reuniones con periodistas a la vez que advertía de que tras el resultado de la OPV de Bankia cualquier colocación puede convertirse en una bomba de relojería.

Suicidio electoral

Suicidio electoral Ante el empecinamiento de Vargas y Pastor de seguir adelante con la venta de Aena en tan adversas situaciones, los estrategas electorales de Partido Popular ya han alertado a Mariano Rajoy del enorme riesgo que corre la formación al lanzar una polémica privatización con repercusión en todas las comunidades autónomas en plena precampaña de los comicios autonómicos y municipales. “Un verdadero suicidio electoral”, dicen. Máxime cuando las expectativas del partido del poder no son las más alentadoras.

Fuentes cercanas al equipo económico del Gobierno y a las autoridades de competencia, a preguntas de eldiario.es, se han mostrado totalmente contrarias al nuevo intento de privatización por cuatro motivos que consideran “muy claros”. El primero, la cercanía a las elecciones autonómicas; el segundo, que los meses de febrero y marzo suponen una “mala ventana” para hacer ningún tipo de colocación en el mercado; el tercero, que consideran “impresentable” que el actual monopolio público en la propiedad y gestión de la red de aeropuertos pueda convertirse en un “monopolio privado”. “Es una aberración desde el punto de vista de la competencia”, han asegurado.

Por último, entienden que las necesidades de conseguir “ingresos extraordinarios para cuadrar las exigencias de reducción del déficit público” no van a ser acuciantes en 2015 en un escenario de “crecimiento económico”.

Arma arrojadiza electoral

Arma arrojadiza electoralFuentes de la oposición parlamentaria, tanto de izquierda como nacionalista, han asegurado a eldiario.es que, si finalmente se ejecuta la privatización, están dispuestos a utilizar el proceso como arma electoral. Aseguran que “raya en la prevaricación” empeñarse en lanzar una OPV “en el peor momento” y cuando el tráfico aéreo “está disparado al alza”. “Se quiere vender un importante activo público con una valoración hecha a la baja en junio del año pasado, cuando durante la temporada alta última el número de pasajeros de Aena creció el 4,5% y la patronal de las aerolíneas IATA prevé un incremento del tráfico del 10% en 2016”, afirman.

Los gobiernos autonómicos de Canarias y Cataluña ya han reaccionado. Una moción para reclamar la propiedad y gestión de los cinco aeropuertos de Cataluña fue presentada recientemente por el PSC en el parlamento autonómico y ha sido aprobada con los únicos votos en contra del PP. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no convocar la comisión mixta Estado-Canarias en la que exigirán el traspaso de los aeropuertos de interés general de las islas.