La convocatoria esta vez ha sido más multitudinaria que en otras ocasiones. “Movimiento por España convoca a todos los defensores de la memoria de Franco y su Obra a una peregrinación nacional patriótico-religiosa al Valle de los Caídos para pedir a Dios por intercesión de los santos y mártires allí enterrados, que impida el expolio que los rojos pretenden perpetrar, contra toda legalidad, justicia y respeto a la familia y a los millones de españoles que se oponen a la exhumación de Franco y José Antonio del Valle de los Caídos, por considerarles parte de nuestro patrimonio nacional inalienable”. Ese era el llamamiento que asociaciones y partidos ultraderechistas, como Alternativa Española o la Falange, hacían en sus redes y plataformas web para convocar este domingo a acudir al Valle de los Caídos como forma de protesta por la decisión del Gobierno socialista de sacar los restos del dictador Francisco Franco de la basílica.

La cita era a las 10.30 y una hora antes cinco de los puentes que cruzan bajo la A-6, la carretera que desde Madrid lleva hasta al recinto, situado a 45 kilómetros de la capital, ya mostraban grandes carteles con una foto de Franco y la leyenda “El Valle no se toca”. Poco antes de las 10 la entrada al Valle de los Caídos, monumento gestionado por Patrimonio Nacional, presentaba una cola que no era la habitual, como explicaban los trabajadores. Las entradas eran gratuitas – cuando la tarifa regular es de 9 euros-- por asistencia a “Acto Religioso”, según detallaba el ticket. La llegada a los aparcamientos era más lenta de lo habitual por la gran afluencia de vehículos. A las 10.15 los más cercanos a la Basílica, donde estaban convocados los asistentes, estaban llenos y los conductores comenzaban a estacionar en los arcenes.

La gran explanada de la entrada al templo aparecía muy concurrida, con cientos de personas, mayores, jóvenes y muchos menores, y con una larga cola que esperaba para entrar al templo para poder asistir a la misa que cada día se celebra a las 11:00 horas. Se veían pocas banderas españolas, ya que los agentes de la Guardia Civil ordenaban a la entrada que se guardaran, pero sí se podían ver algunas franquistas desplegadas de tanto en tanto, cuando sus porteadores aprovechaban a hacerse una foto con el brazo derecho en alto, habitual del saludo fascista.

En la cola, los asistentes esperaban a entrar en la basílica bajo un sol que a las diez y media ya empezaba a calentar bastante. Un hombre aprovechaba para repartir pegatinas con el fondo rojo y el escudo franquista con el águila donde se leía: “¡¡¡Unidad Patriota Ya!!!. Genocidio. 400.000 muertes al año por negligencias médicas. 110.000 muertes al año por asesinatos de niños que ellos llaman abortos. Llevamos 35 años de un régimen rojo con su PP estilo izquierda europea. Rojos no gracias”.

Las comentarios sobre el monumento y la actualidad política se sucedían. “Y todo esto [en referencia al monumento del Valle de los Caídos] quieren volarlo, igual que hicieron los talibanes con los templos y el Estado Islámico con Palmira”, comentaba un un hombre que había acudido con su familia desde la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. De vez en cuando, alguno de los asistentes gritaba “Viva España” y muchos respondían al unísono “España, una, España, grande, España, libre”, lemas habituales franquistas.

Poco antes de las 11 de la mañana, cuando apenas faltaban cinco minutos para que comenzara la misa, la cola para entrar seguía sumando gente, algunos se impacientaban por si no llegaban a tiempo, y otros trataban de mantener los ánimos. “No te preocupes mamá, si no entramos, Dios lo comprende porque es como si hubiéramos peregrinado”, le decía una veinteañera a su progenitora, quien se unía al canto del Cara al Sol, el himno de la Falange, que en ese momento cientos de personas cantaban brazo estirado hacia adelante a la puerta de la basílica.

En el control de entrada al interior del templo dos mujeres comentaban al ver a Margarita Vargas, mujer de Luis Alfonso de Borbón, uno de los bisnietos de Francisco Franco, con dos de sus hijos. “Mira, la mujer de Luis Alfonso”. Su amiga le respondía: “Ese sí que defiende a su abuelo [sic]”.

“Hay muchísima gente”, decía, ya dentro de la basílica, Ángeles, de 54 años, y quien prefería no facilitar su apellido. La mujer había acudido al acto con una amiga, quien portaba un abanico con la bandera de España, al ver una convocatoria en las redes sociales. Contaba que al vivir por la zona solía acercarse de de manera habitual al templo. Aseguraba que nunca había visto tanta gente como el domingo.

Los que entraban poco después de las 11 de la mañana ya no encontraban hueco en los asientos del templo, muchos permanecían de pie y otros tanto se iban distribuyendo por los bancos de piedra en los laterales de la gran nave transversal que lleva hasta el altar. A mediodía, cuando aún proseguía la ceremonia religiosa y el sacerdote que la oficiaba pedía oraciones, entre otras tantas, “por nuestros hermanos José Antonio y Francisco, para que estén en la gloria de los cielos”, los feligreses ya llegaban hasta la mitad de la nave.

Ángeles se mostraba indignada y muy enfada cuando se le preguntaba su opinión sobre la intención del Gobierno socialista de sacar los restos de Franco, cuya tumba está frente al altar. “Cuentan mentiras, porque aquí a los presos [en referencia a los que construyeron el Valle de los Caídos] venían de manera voluntaria para reducir sus penas y se les pagaba como a cualquier otro trabajador”, afirmaba, y criticaba que el acto se hubiera convocado durante todo el día. “Llega gente y se va todo el rato y así no se ve que somos muchos”, protestaba.

Alberto Fernández, de 50 años, había acudido con su mujer e hijos pequeños. Junto a él, su amigo, también con su familia, pedía no dar su nombre, pero sí comentaba que le “había sorprendido mucho la cantidad de gente que había, y muchos jóvenes”. “Se está comparando a Franco y José Antonio y no son los mismo, porque Franco era un dictador pero José Antonio era un idealista”, afirmaba. Fernández asentía junto a él y subrayaba que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos “suponía enfrentar de nuevo a la gente otra vez”.

Dos mujeres de mediana edad, que preferían que sus nombres no salieran publicados, habían viajado toda la noche en autobús desde Murcia. Contaban que de allí habían salido tres autobuses – eldiario.es contabilizó 10 de estos vehículos en el aparcamiento – a las 12 de la noche del sábado y habían llegado a las ocho de la mañana. “Es la primera vez que venimos y estamos encantadas”, afirmaba la más parlanchina. Se había enterado del viaje por unos folletos que había en su parroquia, se lo había contado a su amiga y las dos decidieron pagar los 20 euros que costaba el viaje de ida y vuelta, prevista a las dos de la tarde.

“A mí no me gusta la política, ni entiendo de ella”, proseguía la mujer, quien subrayaba: “Yo de Franco solo sé lo que me contaba mi padre y él siempre decía que era un hombre para respetar porque quitó mucha hambre, no como ahora, que la gente ni tiene trabajo”. “¿Para qué los van a sacar [los restos]?”, se preguntaba. “Con lo bien que están aquí”, apuntaba.

Poco después de la una de la tarde, la ceremonia religiosa ya había terminado. La tienda del templo se abarrotaba de gente que no quería perder la oportunidad de llevarse un recuerdo y ya fuera la cola para poder entrar en a la basílica aún llegaba hasta el final de la explanada. Los alrededores de la cafetería del reciento bullían de asistentes que se congratulaban por la gran afluencia mientras tomaban una cerveza.

Los primeros vehículos enfilaban el camino de salida pero a la entrada principal del recinto otros tantos esperan su turno para poder coger el ticket. Mientras agentes de la Guardia Civil ordenaban el tráfico para que la cola que llegaba a la M-600, la vía de acceso al Valle de los Caídos, no provocara ningún accidente, cinco personas con el uniforme azul marino de la Falange pasaban el tiempo al pie de la vía junto a un puesto lleno de banderas españolas. El acto, previsto hasta las siete de la tarde, ya había pasado su ecuador.

Para unos ha vuelto a ser la oportunidad de practicar un deporte en el medio natural en su propia ciudad. Otros lo consideran un modo de impedir que la naturaleza siga su curso. En medio está el río Manzanares a su paso por Madrid que, tras los trabajos de renaturalización emprendidos por el Ayuntamiento, ha visto cómo sus aguas se poblaban en los últimos meses de diferentes aves acuáticas y especies de peces empezaban a criar.

La polémica ha llegado cuando la Escuela Municipal de Remo, tras dos años entrenando en un gimnasio, ha regresado esta semana al río después de que finalizaran las obras de reparación de la presa 9 –cerca de Matadero– y se iniciara así el embalsado de un tramo de 1,5 kilómetros. De esta manera, un deporte que tradicionalmente ha ido de la mano de la conservación del medio ambiente ahora se enfrenta a las críticas vecinales y de ecologistas que reclaman al Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena que dé marcha atrás en su decisión.

Los colectivos piden que se vuelva a abrir la presa para permitir que la corriente fluya libremente, lo que en la práctica, por la poca profundidad de las aguas, impediría la navegación de las embarcaciones. Afirman que de lo contrario se frenará el crecimiento de la flora y fauna que había regresado al río tras su regeneración.

Decisión consensuada

Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento explican que la decisión de cerrar la presa 9 se realizó con acuerdo de todos los grupos municipales en octubre de 2016 y con el “consenso” de Ecologistas en Acción, entidad con la que ha colaborado el Ayuntamiento para llevar a cabo la renaturalización del río. Entonces, se planteó la necesidad de la construcción de una escala de peces – estructuras que facilitan la circulación de los animales cuando hay obstáculos transversales en el río- y desde la entidad ambientalista señalaron que la práctica del remo era compatible. Al ver los resultados de la regeneración fluvial la opinión del colectivo ecologista es distinta.

“Nosotros siempre dijimos que lo mejor era que un río corriera libremente y al ver la manera en que la vida ha llenado al Manzanares no creemos que embalsar un tramo sea ahora lo más acertado”, señala Santiago Martín, coordinador por parte de Ecologistas en Acción del proyecto de regeneración. Subraya que si bien pensaron en un principio que el remo “podía” ser compatible también afirma que existen estudios que indican que “parece” que las escalas de peces no funcionan “tan bien” con los ciprínidos –familia a la que pertenecen los barbos, especie mayoritaria en el río madrileño–. “Lo comprobaremos cuando se ponga en marcha”, dice. Señala que en el resto de tramos del espacio fluvial todas las especies van a seguir viviendo pero opina que deberían buscarse lugares alternativos para el remo para impedir “la conectividad ambiental”.

Sin alternativas viables en la ciudad para el remo

El problema es que en Madrid capital no existen espacios fluviales para la práctica de remo en condiciones óptimas, como subraya el director general de Deportes del Consistorio, Javier Odriozola. “Su práctica es muy compleja, en la ciudad estamos muy carentes de espacios para su desarrollo y el río es el mejor lugar en tanto que es un deporte ejemplar, limpio que no genera ruido porque no usa motor”, explica el responsable. “Es además un deporte olímpico, que, antes del cierre a su práctica en el río por las obras de la presa, la Escuela Municipal estaba generando afición y sería una gran pérdida para el deporte que desapareciera del Manzanares”, dice.

Las embarcaciones de remo varían entre los 8 y 19 metros de largo en función del número de remeros y tienen un ancho con las palas desplegadas de casi seis metros. Su desplazamiento es en línea recta –a excepción de algunas que permiten al timonel hacer giros– por lo que su práctica requiere unas distancias mínimas que no presenten curvas.

En la capital, existen solo dos espacios, con escasa longitud, donde se puede practicar el deporte. Uno es el estanque del parque del Retiro, donde la distancia más larga es de 250 metros. Es un lugar que sobre todo se emplea para iniciarse en este deporte y para ocio, como explica Ana Díaz, integrante de la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Remo. “Para competir y entrenarse se necesitan distancias más largas, ya que las competiciones van de los 500 metros de los alevines a los 1.000 y 2.000 de las categorías superiores”, indica.

El otro espacio es el lago de la Casa de Campo, cerrado por obras desde hace un año, y donde los remeros deben compartir espacio con los piragüistas, y respetar en ambos lugares las restricciones horarias municipales para permitir el uso de las barcas recreativas. “El río nos proporciona una distancia de 1.200 metros, que aunque tampoco es mucho nos da la lámina de agua más larga”, señala Díaz.

Un tercer emplazaimento es el parque Rey Juan Carlos, pero al ser un trazado en curva solo es apto para piraguas. Fuera de la ciudad, las alternativas más cercanas son los pantanos donde se permite la navegación, como el embalse de Pedrezuela, situado a 55 kilómetros, y no en todos existen naves acondicionadas poder guardar las embarcaciones.

Una Escuela Municipal de Remo

De ahí que hace casi seis años se creara la Escuela Municipal de Remo, situada en Madrid Río, a petición de la Federación para la práctica y el fomento del deporte. El Ayuntamiento construyó entonces unas instalaciones donde poder guardar las barcas y practicar en seco –fuera del agua– la actividad. Gestionado por la propia federación, a través de la firma de convenios que se van renovando cada dos años, el espacio funciona como cualquier otra instalación deportiva municipal –en la ciudad existen más de 150 convenios de este tipo– administrada por clubes deportivos, federaciones y asociaciones.

Hasta la rotura de la presa 9, en 2016, por la escuela habían pasado más de 3.000 estudiantes de centros educativos madrileños, además del más de centenar de deportistas que entrenaban en el agua a diario para la competición. “Su funcionamiento estaba a pleno rendimiento y estábamos muy orgullosos de la función social de integración y enseñanza de un deporte ejemplar a menores del sur de la ciudad”, afirma el director General de Deportes. Los dos años que la escuela ha tenido que seguir su actividad fuera del agua por las obras de reparación de la compuerta, con entrenamientos y cursos en máquinas en espacios interiores, ha “desincentivado mucho” la participación, señala Díaz.

La remera madrileña subraya que en la ciudad siempre ha habido una tradición deportiva de esta actividad, con cuatro campeones del mundo, que aún siguen entrenando, apunta, y que siempre ha sido muy respetuosa con el medio ambiente. “Es un práctica perfectamente compatible con la naturaleza, que además ha ido integrando a cada vez más mujeres hasta que ahora son más niñas que niños quienes lo practican en Madrid”, indica. Se muestra preocupada por algunos mensajes amenazantes que han recibido en las redes sociales y pesimista por el futuro de la escuela ante la oposición generada entre vecinos y ecologistas. “Al final es la pescadilla que se muerde la cola, si no podemos navegar en la ciudad, no habrá nuevos deportistas y los que hay lo acabarán dejando”, señala.

Concentración vecinal y ambientalista

Desde hace una semana, asociaciones vecinales y ecologistas recogen firmas para la reapertura de la presa. Este viernes convocaron una concentración junto con Ecologistas en Acción en el puente de la Princesa, bajo el que navegan las embarcaciones, para protestar por el cierre de la compuerta con el lema Es un río, no un canal. Acudieron más de un centenar de personas.  Las cuatro entidades vecinales que se posicionan en contra la práctica del remo en el Manzanares, de los distritos aledaños de Arganzuela, Carabanchel y Usera, afirman en una nota de prensa que “lo que no se puede es sacrificar el patrimonio natural, la biodiversidad y el bien social que representa la renaturalización del río Manzanares para la práctica de un deporte. Debe priorizarse el interés general y buscar alternativas al interés particular”.

Desde la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento apoyan que este deporte pueda permanecer en el río a su paso por la ciudad. “Creemos que tiene un efecto muy beneficioso en los barrios de la zona”, afirma Odriozola, quien pregunta a los que dicen que es un deporte minoritario: “¿Cuál no lo es aparte del fútbol?”.

Ante la oposición generada al cierre de la presa, el Área de Medio Ambiente, que dirige Inés Sabanés, va a mantener una serie de reuniones con las partes implicadas a lo largo de este mes “para evaluar y reconsiderar el embalsado del tramo de la presa 9”. Fuentes del departamento subrayan que “dado el éxito que ha tenido la renaturalización, con gran apoyo de la ciudadanía y colectivos ecologistas y sociales, se hace necesario evaluar la situación actual, buscar alternativas y reconsiderar la decisión con el fin de buscar el interés general”.

Cuando Teresa Sarmiento, de 68 años, empezó a contar a los medios de comunicación lo que le estaba ocurriendo se sintió sola. Era marzo. Había empezado a hacer cajas para ir guardando las pertenencias de los 20 años que llevaba viviendo en un piso de Argumosa 11. Mantenía reuniones con los servicios municipales del Ayuntamiento, donde le decían que la lista de espera para una vivienda social era larga. Y sobre todo trataba de que sus vecinos hicieran frente común ante la decisión de la propiedad de no renovarles los contratos de alquiler tras más de dos décadas, en muchos de los casos, residiendo en el edificio.

Cinco meses después, Teresa ya no se siente sola. Lo que vivió el jueves a la puerta de su portal, cuando la movilización ciudadana logró aplazar el desahucio de una de sus vecinas, Josefa Santiago, le ha hecho tener muchas esperanzas. Y sabe que todo ello ha sido posible gracias al apoyo de colectivos sociales y vecinales, como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid y Lavapiés ¿dónde vas?. “Ellos son los que están tirando de nosotros y nos están dando toda la fuerza y el apoyo”, explica Teresa.

Al poco tiempo de empezar a salir en los medios, el Sindicato de Inquilinas de Madrid mantuvo una reunión con alguno de los vecinos de Argumosa 11. Les explicaron cómo podían resistir y rebelarse a que les expulsaran de su barrio. Un integrante del colectivo de Barcelona les contó cómo un bloque había logrado con la unión y la movilización permanecer en sus casas y negociar nuevos contratos con la propiedad.

Visibilizar la lucha

Apenas unos días después, el 21 de abril, varios vecinos de Argumosa 11, apoyados por los colectivos, colgaron los enormes carteles de su fachada que han convertido el bloque, junto al de Olmo 35, ambos en el madrileño barrio de Lavapiés, en símbolos de la lucha vecinal contra la especulación en el centro de la ciudad. A Teresa comenzaron a unirse vecinas como Pepi, Rosi, Gloria o Jorge, que decidieron plantar cara a lo que les estaba ocurriendo.

Los colectivos comenzaron a celebrar asambleas semanales en las que ir contando lo que iba ocurriendo afectados y que vecinos que pudieran estar en la misma situación empezaran a dar a conocer sus casos. En la segunda de ellas estaba Francisco Rodríguez, de 83 años, a quien tras 11 residiendo en la misma casa y cuatro décadas regentando un bar en el mismo inmueble, la nueva propiedad del edificio le había comunicado que no renovaría su contrato. Junto a su vecino, José Arteaga – los dos únicos inquilinos del inmueble– y el apoyo de las plataformas decidió que su bloque también se uniera a la resistencia vecinal contra la especulación. Y como en Argumosa 11, grandes carteles apelando a toda persona que pasa bajo ellos cuelgan en la fachada desde ese día para contar qué ocurre: “Vecina, despierta, especulan en tu puerta” o “El barrio para quien lo habita”.

“En las asambleas de los miércoles, que siempre celebramos en el centro de La Canica, vemos cada día caras nuevas y de manera intermitente van llegando otros casos”, explica Fernando Bardera, integrante de Lavapiés ¿dónde vas? El apoyo de las asociaciones ha hecho que muchos afectados se hayan quedado en sus casas a pesar de que sus contratos hayan terminado. Ninguno encuentra alquileres asequibles a sus rentas en el barrio y mantienen la esperanza de poder negociar nuevas rentas.

Desde hace tres semanas, los colectivos y vecinos mantienen reuniones periódicas con el Ayuntamiento, quien se ha implicado en el asunto y también ha celebrado encuentros con las propietarias de ambos inmuebles para tratar de mediar y que los vecinos puedan permanecer en sus casas. Por el momento, las celebradas con Rosales 2009 SL, una de las dos empresas propietarias de Olmo 35, han sido positivas y los vecinos están a la espera de sentarse a negociar las condiciones de los nuevos contratos, que esperan que permitan que tanto José como Francisco puedan permanecer en sus casas.

Las encuentros celebrados con los representantes de la propiedad de Argumosa 11 no se han concretado más allá de que se estudiará caso por caso y la oferta de una rebaja del 15% del precio de mercado de los alquileres, lo que en la práctica supondría para la gran mayoría de los afectados que sus rentas se vieran duplicadas.

“Es un proceso especulativo que no solo afecta a Argumosa 11 y Olmo 35, sino que estamos convencidos de que hay muchos más casos que poco a poco irán apareciendo y la única manera de tratar de parar lo que está ocurriendo es que los casos se hagan visibles y que los vecinos de unan”, subraya Bardera.

El desahucio de Josefa Santiago y sus dos hijas estaba previsto a las 10.30 y una hora antes más de medio centenar de personas esperaba ya a la puerta de Argumosa 11, el edificio del barrio madrileño de Lavapiés que se ha convertido en el símbolo de resistencia vecinal contra la especulación inmobiliaria. Colectivos sociales y vecinales llevaban más de una semana movilizando al barrio y a todas sus redes con el único objetivo de que la familia no acabara hoy en calle. Y lo consiguieron. La comisión judicial encargada de llevar a cabo el lanzamiento decidió aplazar el desahucio hasta el próximo 31 de julio ante la “falta de efectivos suficientes” para ejecutarlo, según explicaron a la afectada.

“No nos vamos, nos quedamos” o “Este desahucio lo vamos a parar” gritaban los vecinos, muchos también activistas de plataformas antidesahucios, quienes antes de conocer el desenlace deseado ya intuían que podrían pararlo. La ausencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía les deba muchas pistas porque en otros casos en los que sí se habían llevado a cabo los lanzamientos un dispositivo policial acordonaba la calle para que nadie, a excepción de la comisión judicial, pudiera acercarse al edificio.

Pero alrededor de Argumosa 11, donde una veintena de vecinos recibieron a finales del año pasado cartas de no renovación de sus contratos de alquiler, estaba mañana solo había vecinos, activistas y medios de comunicación. Sobre las diez y media, Josefa salió del inmueble acompañada de miembros del Sindicato de Inquilinas y de la plataforma vecinal Lavapiés ¿dónde vas? para hablar con los integrantes de la comisión judicial, que esperaba alejada del portal en la acera de enfrente.

También estaban presentes dos representantes del despacho de abogados que representa a la propiedad, dividida en tres partes entre la empresa inmobiliaria Inversión en Proindivisos y herederos de los antiguos propietarios.

Apoyo del vecindario

Poco después de las 11 Josefa recibió una notificación de la comisión judicial informándole de que el desahucio quedaba aplazado hasta el 31 de julio. La mujer regresó a su casa acompañada de familiares y arropada por el aplauso y los gritos de ánimo de los congregados. “Nos conocemos de toda la vida del barrio”, explicaba Encarna Ramos, vecina “de siempre” de Lavapiés, quien no daba crédito a que fuera Pepi, como todo el mundo conoce a Josefa, la afectada.

La gran mayoría de la veintena de inquilinos que ha recibido cartas de no renovación de sus contratos llevan más de dos décadas viviendo en sus casas, como Josefa. En este tiempo, cuatro familias ya han dejado las casas, que la propiedad tapia en cuanto se queda vacía. La última se cerró la pasada semana.

Desde la propiedad siempre han explicado que su intención es vaciar el edificio – a excepción de los nueve inquilinos que tienen contratos de rentas antiguas– para arreglar el edificio y poner los pisos en alquiler a precios de mercado, que según los últimos informes de las inmobiliarias, ya rondan en la zona en torno a los 1.000 euros por un piso de las mismas carcterísticas. La gran mayoría de los actuales inquilinos pagan entre 400 y 800 euros. Ante el apoyo que han recibido por parte de las plataformas, varios de ellos decidieron permanecer en sus casas al finalizar sus contratos, otros dejaron de pagar sus rentas, asesorados por abogados y la propiedad puso en marcha 10 desahucios por impago de alquiler.

El lunes pasado el juzgado aplazó sin fecha el primer lanzamiento previsto en el edificio después de recibir un informe de los servicios sociales municipales que informaban de la vulnerabilidad de las familias, una de ellas con dos menores a su cargo. El de Josefa es el segundo que se ha logrado aplazar, al menos hasta el 31 de julio, pero los vecinos convocaron a una nueva movilización el próximo 18 de julio, cuando está señalado el tercer lanzamiento.

El Ayuntamiento lleva reuniéndose con s de la propiedad desde hace una semana para tratar de mediar en el proceso y lograr que los inquilinos no tengan que abandonar sus casas pero hasta el momento lo que ofrece la empresa son rebajas del 15% del precio de mercado de los alquileres, lo que en muchos de los casos supondría para los vecinos desembolsar el doble de lo que pagan actualmente.

Con las etiquetas #Pepisequeda #Argumosa11Sequeda #Nosquedamos colectivos vecinales y sociales han inundado sus redes con un único objetivo: que Josefa Santiago, de 65 años, y su dos hijas puedan permanecer en la casa donde llevan viviendo más de dos décadas. Tras el aplazamiento el pasado lunes del primer desahucio previsto en Argumosa 11, el bloque que se ha convertido en el símbolo de resistencia de colectivos y vecinos contra la especulación de la vivienda en el centro de Madrid, el lanzamiento señalado por el juzgado para vaciar la casa de Pepi, como la conocen en el barrio, se ha transformado en el punto de movilización.

Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Plataforma Lavapiés ¿dónde vas?, al Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro han hecho llamamientos durante toda la semana para que el mayor número de personas acuda a la puerta a las nueve y media de la mañana y tratar de parar el desahucio. “Ahora es lo única esperanza que nos queda, que la comisión judicial decida aplazar el lanzamiento al ver la movilización que hay”, explica Fernando Bardera, de Lavapiés ¿dónde vas?

De hecho, el desahucio de Josefa y sus dos hijas, de 27 y 29 años, ya fue aplazado hace dos meses tras recibir el juzgado un informe de los servicios sociales municipales. El miércoles, el Ayuntamiento había presentado otro escrito para tratar de lograr un nuevo aplazamiento pero desde el tribunal que lleva el caso se rechazó, según explican fuentes del Consistorio.

2.000 euros por dejar el piso vacío

A finales del año pasado, cerca de una veintena de inquilinos de Argumosa 11, varios con casi dos décadas viviendo en el inmueble, situado en el barrio de Lavapiés, recibieron cartas de no renovación de sus contratos. En noviembre, llamaron a sus puertas dos representantes de la nueva propiedad ofreciéndoles 2.000 euros si dejaban el piso vacío en dos meses. Según explican los vecinos, solo se fue uno. Tres más tuvieron que dejar sus casas a principios de este año al finalizar sus contratos. Una cuarta se marchó la semana pasada.

Cada vez que una casa se queda vacía un equipo de albañiles la tapia con ladrillo. Ya hay cuatro viviendas clausuradas y el miércoles una pila de nuevos ladrillos y un saco de cemento aguardaba en el portal de la casa a la espera de que la siguiente se deshabite.

“Si yo tuviera a donde ir ya nos hubiéramos marchado pero no tenemos”, explica Josefa, quien cuenta que desde que le llegó la carta de renovación ha estado buscando un nuevo piso con un alquiler asequible y ha sido incapaz. “Yo cobro una pensión no contributiva y nos piden cuatro mensualidades por adelantado, avales, además de una nómina”, afirma. Sus hijas han tenido empleos intermitentes en el comercio y la hostelería. “Ahora están trabajando en el verano pero después ya veremos”, dice.

Ante lo que pueda pasar el jueves lleva toda la semana dejando ropa y objetos más personales en la casa de su hermana –quien también vive en el mismo inmueble y tampoco le han renovado el contrato– y su cuñada. “Yo he arreglado esta casa, he nacido en este barrio y me veo en la calle, algo que jamás pensé que me podía ocurrir”, exclama. Con el apoyo de los colectivos y plataformas decidió quedarse en la vivienda a pesar de que su contrato había vencido a principio de año y hasta el último minuto confía en que finalmente la comisión judicial aplace el lanzamiento.

Desde el despacho de abogados que representa a Inversión en Proindivisos SL, empresa que firmaba las cartas de no renovación y propietaria de una tercera parte del inmueble, afirman que este primer lanzamiento se produce porque la inquilina lleva “18 meses” sin pagar el alquiler. La afectada lo niega y hace referencia a cambios de las condiciones de contrato con subidas en las renovaciones de más de 100 euros que a veces se ha negado a asumir.

El Ayuntamiento ha mantenido dos reuniones con los representantes de la propiedad para tratar de mediar y evitar el desahucio pero, según explican fuentes municipales, desde la empresa no han cambiado de parecer. En Inversión en Proindivisos explican que para otros casos se ha ofrecido una rebaja del 15% “del precio de mercado”. Sin embargo, como subrayan desde el Consistorio, para la gran mayoría de los vecinos sería duplicar sus rentas actuales. Los alquileres en Argumosa 11 se sitúan entre los 400, que paga Josefa, y 800 euros, de otros inquilinos. El precio actual de mercado – según los informes de los portales inmobiliarios– de esas mismas viviendas podría alcanzar más de 1.000 euros.

“Existe una infinidad de espacios en Madrid que resuelven los retos de una ciudad contemporánea desde la óptica de los más pequeños, involucrándoles de forma activa y crítica. Sin embargo toda esta realidad se encuentra invisibilizada y es de difícil acceso.” Esta es la premisa de la que parte Los Madriles Infancia, un mapa colectivo que acaba de nacer y que tiene precisamente como objetivo señalar y situar en la ciudad todas esas iniciativas y proyectos que colocan a las niñas y niños como sujetos activos del espacio urbano.

“Empezaron a llegarnos proyectos sobre la infancia y ciudad y comenzamos a plantearnos que era un tema que estaba vivo y que había una necesidad de ver y visibilizar qué tipo de propuestas en torno a los más pequeños hay en el entorno urbano”, explica Zoe Mediero, coordinadora de Intermediae, uno de los programas públicos culturales de Matadero, impulsor del proyecto junto a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y otros colectivos. “Planteamos entonces la posibilidad de mapear todas esas iniciativas ya en marcha pero no en clave de denuncia sino propositiva, como forma de mostrar modelos que luego puedan servir de inspiración para otros nuevos”, señala Mediero.

La metodología de trabajo estaba ya construida con Los Madriles, Atlas de Iniciativas Vecinales, el proyecto nacido en 2015 con los mismos impulsores para señalar en los mapas todos esos proyectos vecinales y sociales que ayudan a construir y vivir una ciudad “más habitable”, y que desde entonces no ha dejado de crecer en formato digital. “Es una línea de trabajo en la que queríamos seguir avanzando”, afirma la coordinadora.

Grupo de trabajo con expertas

Se estableció un grupo de trabajo con geógrafas, maestras, pedagogos, expertas en infancia y crianza y personas vinculadas a instituciones públicas, vecinales o colegios para comenzar a diagnosticar y sentar los pilares de lo que se quería mapear. Durante cuatro meses, con talleres y encuentros con colectivos e iniciativas, quedaron establecidas las categorías que marcan la hoja de ruta del mapa: juego libre, intervenciones urbanas a escala infantil, creatividad y cultura, redes de cuidado y crianza compartida, microfenismos, desidencias normativas y diversidad, educación, movilidad, accesibilidad y autonomía, infancia con voz y ciudad sana y ecológica.

“En las ciudades hemos pasado de una crianza colectiva a un aislamiento y una educación que se basa en los recursos que tiene cada familia, donde incluso los espacios de juego vienen muy marcados y determinados, donde los niños hacen cola para subirse a un balancín en el que se divierten ellos solos mientras el resto mira”, reflexiona Marta Román, geógrafa y una de las expertas que ha acompañado el proyecto. “El trabajo ha girado en torno a cómo rescatar todas esas iniciativas que van en esa otra línea, en dar voz y libertad a la infancia y mostrar lo diferente qué es hacer una montaña de arena en un espacio de juego libre que no viene marcado”, detalla.

Así, el mapa recoge desde espacios que los vecinos han ido arrebatándole a la ciudad, como un solar en la calle Almendro que se ha convertido en un lugar donde los más pequeños crean sus propios juegos a iniciativas culturales como la biblioteca autogestionada de los vecinos de San Fermín, en el distrito de Usera, que ante la falta de esta dotación pública impulsaron una propia. También hay iniciativas que, aunque más minoritarias, por su relevancia, están en el mapa, como las asociaciones de madres y padres de niños y niñas transexuales. Otras, que si bien parten de las administraciones, tienen también un espacio por la importancia del trabajo que realizan, como son las bibliotecas municipales o el programa de educación sexual a jóvenes que realiza Madrid Salud.

Hay proyectos de asociaciones culturales, vecinales, sociales y cada uno de ellos plantea una solución concreta: ya sea favorecer el aprendizaje en padres, madres, cuidadores y profesionales; garantizar el juego, un derecho que también es una “necesidad” de los niños; “tejer redes” como forma de eliminar la crianza en soledad; favorecer la conciliación de mujeres y mujeres o la mezcla de generaciones, donde los mayores aprendan de los pequeños y viceversa.

El sábado se presenta en Matadero el mapa físico, que tendrá su continuación en la plataforma digital para ir incorporando nuevos proyectos, con una jornada de actividades con los más pequeños como protagonistas. El programa Cero en Conducta de la radio municipal M-21 plantea talleres de retransmisión radiofónica en los que los niños son los creadores o la creación de un escultura gigante de la mano de la artista polaca Iza Rutkowska.

Como ya ocurre con Los Madriles, Atlas de Iniciativas Vecinales, la edición Infancia no se quedará solo en papel sino que tendrá su continuación en la plataforma digital que ya alberga el primer mapa a través de CIVICS. Esta herramienta permite incorporar nuevas iniciativas para que el mapa vaya creciendo y desde el equipo impulsor se valida que todas ellas cumplan los criterios con los que nace el proyecto. “Esto es lo bonito de esta iniciativa, que es un mapa que nunca se termina”, subraya Marta Román.

“De nuestras casas no nos vamos, tendrán que llevarnos por delante porque nosotros las hemos arreglado y aquí nos quedamos”. Así de convencida se ha mostrado Pepi, una de de las inquilinas del edificio de Argumosa 11, a la que, tras 20 años viviendo en el inmueble, los nuevos propietarios le comunicaron que no le renovarían el contrato y a su vencimiento, el 1 de abril, debía abandonar la casa. Desde entonces dejó de pagar el alquiler y el próximo lunes se enfrenta a un desahucio judicial por impago de renta.

Es el primero de los tres lanzamientos que ya tienen fecha y hora señalada: el próximo lunes a las 11 de la mañana. Los dos siguientes están previstos para el 4 y 18 de julio. En total, son cuatro familias –en una de las viviendas conviven dos– , una de ellas con dos niños de 7 y 8 años, más otro en camino, y otra de ellas con una joven con discapacidad a su cargo. “No tenemos donde ir y aquí es donde hemos vivido siempre”, ha explicado Rosi, otra de las vecinas, cuyo desahucio está previsto en tres semanas.

A finales del año pasado, cerca de una veintena de inquilinos, varios con casi dos décadas viviendo en el inmueble situado en el madrileño barrio de Lavapiés, recibieron cartas de no renovación de sus contratos. En noviembre, llamaron a sus puertas dos representantes de la nueva propiedad ofreciendo a los inquilinos 2.000 euros si dejaban el piso vacío en dos meses. Según explican los vecinos, solo se fue uno. Tres más tuvieron que dejar sus casas a principios de este año al finalizar sus contratos. Una cuarta se ha marchado esta semana. Cada vez que una casa se queda vacía un equipo de albañiles la tapia con ladrillo. Ya hay cuatro viviendas tapiadas. “La última fue ayer”, explica Teresa Sarmiento, otra de las vecinas a la que no la han renovado el contrato.

Apoyo de los colectivos

Algunos de los vecinos afectados, asesorados por asociaciones y colectivos, dejaron de pagar la renta cuando recibieron las cartas de no renovación, pero mantienen reservado el dinero. También han recibido el apoyo de entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el colectivo vecinal Lavapiés ¿dónde vas? y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid y el edificio se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la expulsión de los vecinos del centro de la ciudad porque a la mayoría de los que no les han renovado el contrato han decidido permanecer en sus casas.

Una veintena de miembros de estos colectivos han acompañado a las vecinas con lanzamientos señalados mientras explicaban a la prensa cuál era la situación. “Nunca han querido negociar con nosotros”, ha señalado Rosi. Desde Inversión en Proindivisos SL, propietaria de la tercera parte del inmueble y empresa que firmaba las cartas de no renovación, acusan a varios de los vecinos contra los que ha iniciado procesos de desahucio de “asaltar sistemáticamente” el cuadro común de la luz y conectar sus instalaciones, algo que siempre han negado lo inquilinos. “¿Cómo vamos a negociar con quien nos está robando la electricidad?”, afirman desde el despacho de abogados que representa a la empresa.

La semana pasada, no obstante, el concejal de Centro, Jorge García Castaño, mantuvo una primera reunión con la empresa para tratar de mediar y que los vecinos finalmente no tengan que abandonar sus casas. Ambas partes se muestran abiertas a seguir hablando y en los próximos días habrá un nuevo encuentro para ir estudiando “caso por caso”, según explican fuentes municipales.

Al finalizar la rueda de prensa, colectivos y vecinos han mantenido una reunión para organizarse para el lunes. Unos permanecerán con Pepi y sus hijas en su casa, otros se repartirán por el edificio y otros tantos esperarán a la comisión judicial junto al portal. El único objetivo será conseguir que la familia no tenga que abandonar su vivienda.

Esta historia comienza como otras tantas que empiezan a ser habituales en los centros de las grandes ciudades. Un día cualquiera los vecinos de un bloque de viviendas reciben una carta informándoles de que el edificio ha cambiado de propiedad. Les dicen que las condiciones de sus contratos de alquiler seguirán como hasta ahora. Pero apenas un mes después los nuevos propietarios les comunican que al cumplirse sus contratos, en seis o cuatro meses, dependiendo de los casos deberán abandonar sus casas porque no se les renovarán. No hay margen de negociación a no ser que alguno quiera pagar entre 660.000 y 950.000 euros por alguna de las casas que la propiedad pone a la venta.

Muchos llevan más de 20 años residiendo en los pisos. Otros han invertido miles de euros en reformas, algunas muy recientes, que la antigua propiedad nunca ha asumido. Algunos han tratado incluso de comprar las casas pero los elevados precios les han disuadido. Al final, la gran mayoría de ellos ha ido dejando las viviendas, asumiendo alquileres en peores condiciones y realizando obras y mudanzas que en ninguna circunstancia se habían planteado tener que asumir.

Es lo que ha ocurrido en el último año en un edificio de seis plantas en el número 64 de la calle García Paredes del madrileño distrito de Chamberí. En julio de 2017, todos los inquilinos recibieron una carta del matrimonio propietario del edificio informándoles de que habían vendido todo el inmueble. “El administrador nos dijo por carta que no nos preocupáramos porque las condiciones de los contratos seguirían como hasta ahora”, explica Berta Sichel, quien residió en el edificio durante 16 años.

Fin a la prórroga de los contratos

Al mes siguiente, sin embargo, la nueva propiedad, la inmobiliaria Dazia Capital, les comunicó que al finalizar sus contratos no se les renovarían y que debían abandonar las casas. En el caso de Berta, la fecha se cumplía el 1 de enero de este año. Y aunque trató de negociar con los nuevos propietarios poder quedarse en la casa, la empresa le dijo que su intención eran vender las viviendas y tan solo logró dos meses de plazo más para tratar de buscar un nuevo alquiler. Pero un amigo le advirtió: “Vete de ahí en cuanto puedas porque las obras te van a hacer la vida imposible”. Le hizo caso en cuanto encontró lo más parecido a lo que buscaba, aunque en otro barrio, en un piso más pequeño y pagando casi 400 euros más de renta mensual que los 990 que desembolsaba por la que había sido su casa durante más de tres lustros.

Como el amigo de Berta había anticipado, en enero de este año comenzaron las obras de rehabilitación del edificio en varias de las viviendas que se habían quedado vacías, para convertirlas en pisos de lujo, y en las zonas comunes del edificio, como los descansillos y el portal. El polvo se empezó a colarse por las casas de los vecinos que aún permanecen en el inmueble –nueve son de renta antigua y otros tres están a la espera de finalizar sus contratos– y los ruidos y molestias comenzaron a ser constantes. El día en que eldiario.es visita con Berta el edificio la calle tiene además una congestión de tráfico inusual. Dos calles más abajo, en General Martínez Campos, un edificio en obras se ha derrumbado dejando atrapados a dos trabajadores –cuyos cuerpos fueron encontrados dos días después bajo los escombros– y el tráfico de esa vía se ha desviado a las aledañas como la de García Paredes.

Lucía Villafáñez es fisioterapeuta y durante los últimos tres años tenía su consulta en el único local comercial del edificio, formado por 28 viviendas. En su caso, su contrato de arrendamiento se renovaba cada años – debido a las diferente condiciones normativas de los comercios– y la noticia de que no se lo renovarían fue como un jarro de agua fría. “Sabía que los alquileres estaban subiendo mucho y efectivamente cuando empecé a buscar me di cuenta de que eran un 30% más caros de lo que había visto hace tres años”, explica.

Finalmente encontró un local que se ajustaba a lo que necesitaba pero ha pasado de pagar 500 euros al mes a desembolsar 700. “Además tuve invertir 5.000 euros con los que no contaba para hacer obras que eran necesarias y adelantos de rentas”, explica Lucía, quien explica que al menos ha logrado negociar un contrato de cinco años pero con la incertidumbre de que si su casero decide rescindírselo se tendrá que cambiar de nuevo. “Así es muy difícil hacer un proyecto de vida profesional”, dice y subraya que, si bien todo lo que ocurre es legal y dentro de la ley, “al final los vecinos somos los perjudicados”.

Piensa lo mismo Rosario Barba, que llevaba viviendo una década con su marido, Francisco Paula, en una de las casas de García Paredes. “Todo lo han hecho ajustado a la ley pero es una ley [de Arrendamientos Urbanos] que deja desprotegidos a los vecinos porque nadie te compensa por lo que supone buscar un nuevo piso, hacer una mudanza y cambiarte de una barrio donde tenías toda tu vida hecha”, explica esta mujer, de 75 años. “Mi marido tiene 81 años, está muy delicado de salud y ha sido complicado”, señala Rosario, quien subraya que en su caso la nueva propiedad les avisó con más de seis meses de antelación.

Empresa de inversión inmobiliaria

Desde Dazia Capital responden que es “una empresa de gestión e inversión inmobiliaria” y que desde en el mismo momento en que se adquirió el edificio de García Paredes, en julio de 2007, se informó a los vecinos “de rentas ordinarias” de que sus contratos no se renovarían, “según procedimientos marcados por la ley”. Dicen desconocer lo comunicado por los antiguos propietarios un mes antes y rechazan ofrecer información sobre si se ofreció alguna indemnización a algunos de los inquilinos, así como el número exacto de los vecinos de renta antigua.

Lo que más indigna a Berta es el dinero que había invertido en reformar su casa apenas un año antes de que supiera que había cambiado de propiedad y que cuando en ese momento planteó al administrador cambiar las condiciones del contrato no le advirtiera de nada. “Me dijo que estuviera tranquila, que ahora los contratos eran de tres años y que nadie me iba a echar de aquí”, cuenta. Al año siguiente le llegó la carta, después de gastarse más de 18.000 euros en las obras.

Los ya ex vecinos cuentan que la antigua propiedad no asumía los costes de las obras de las zonas comunes o cuando había algún desperfecto en las viviendas. En muchos casos, dicen, han sido los propios vecinos quienes ha ido arreglándolas. “Cuando yo llegué hace 16 años no había cocina y fui yo quien la hizo”, afirma la comisaria cultural, quien cuenta lo que le ocurrió a una inquilina como ejemplo del comportamiento de la antigua propiedad. En este caso, los antiguos dueños sí costearon los trabajos para hacerle la cocina cuando entró a vivir a la casa. Sin embargo, unos años después todo un frontal se le cayó encima y le partió el esternón a la vecina. “Me contó que cuando se la llevaron al hospital el administrador entró en su casa a retirar todos los muebles para que nadie viera cómo de mal estaban colocados para que se hubieran vencido”, indica.

De entre los 700 y 1.000 euros que cada inquilino pagaba por el alquiler de sus casas, desembolsaban además cada mes entre 200 y 300 euros, en función de la superficie, por los gastos de Comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles. “Incluso las derramas que había por alguna avería también las pagábamos”, cuenta Berta.

Cuando Dazia Capital adquirió el inmueble realizó la división horizontal del edificio, es decir, piso a piso. En las notas simples del Registro de la Propiedad consultadas por este periódico con fecha de 13 de junio, y referidas a cinco de las viviendas, consta que existe una hipoteca distribuida entre las 29 fincas que forman el edificio. Las cantidades por las que responde cada uno de los pisos revisados oscilan entre los 161.700 y los 303.955 euros, dependiendo de si tienen más o menos superficie. La inmobiliaria oferta a la venta algunas de las casas por importes que van de los 660.000 a los 765.000 euros, sin reformar, y de 950.000 para los que están ya reformados.

El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a reunirse con las empresas propietarias de los edificios situados en el barrio de Lavapiés a cuyos vecinos nos les han renovado los contratos de alquiler, muchos de ellos después de llevar residiendo en las viviendas entre 20 y 30 años. Así lo afirmó el miércoles el concejal del distrito Centro y de Hacienda, Jorge Carcía Castaño, durante una entrevista en el programa Hoy por Hoy Madrid de la Cadena Ser. El objetivo de estos contactos es tratar de negociar con las empresas la manera en la que los inquilinos puedan permanecer en sus casas.

Se tratan, según explicaron después fuentes municipales, de las empresas propietarias de los edificios situados en Olmo 35 y Argumosa 11. En el primero, los dos únicos inquilinos del edificio recibieron por parte de la nueva propiedad sendas notificaciones de que no les prorrogarían los contratos de alquiler a su finalización. En el segundo caso, una veintena de vecinos también recibieron notificaciones de no renovación por parte de su correspondiente propiedad. Algunos dejaron las casas, pero otros tantos decidieron quedarse al finalizar los contratos, al igual que ha hecho otro de los vecinos de la calle Olmo, apoyados por colectivos sociales y vecinales como el Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid o Lavapiés ¿dónde vas?

Desde el Ayuntamiento no quisieron dar más detalles sobre las reuniones mantenidas con las empresas propietarias para respetar el proceso de negociación pero Castaño sí señaló en la entrevista que por parte del Consistorio se “les está pidiendo colaboración”. “Pueden ganar dinero y pueden ser inversiones muy rentables las que están haciendo y tener unos rasgos de humanidad y de colaboración con unos barrios donde están materializando sus inversiones”, subrayó el concejal de Centro, quien añadió: “Caso a caso vamos a intentar solucionarlo”.

Primera reunión de contacto

Desde Inversión en Proindivisos SL, propietaria de un tercio del edificio de Argumosa, explican que la empresa ha mantenido una primera reunión con el Consistorio a modo de primer contacto y creen que habrá nuevos encuentros. En Grupo Rosales SL, una de las dos propietarias del inmueble de la calle Olmo, declinaron dar ninguna información por no encontrarse la persona que trabaja en este asunto.

Además, el pasado representantes de el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Lavapiés ¿dónde vas? y José Arteaga, inquilino de Olmo 35, se reunieron con asesores de las áreas de gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Equidad, Derechos Sociales y Empleo y la Junta de Centro. En el encuentro, en el que también estuvieron presentes Jorge García Castaño y la gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Arancha Pascual, los colectivos trasladaron al Ayuntamiento la situación que viven los inquilinos de los dos bloques y pusieron sobre la mesa diferentes alternativas para su valoración. “Descartaron la expropiación que les planteamos porque nos dijeron que era un proceso largo y que podía salir muy caro”, indica Fernando Bardera, de Lavapiés ¿dónde vas? , presente en la reunión.

Cuando los colectivos les explicaron que el próximo 4 de julio está notificado por parte del juzgado el primer desahucio en Argumosa, desde el Consistorio, señala Bardera, se comprometieron a evitarlo. “Sería un precedente muy importante, de cara al resto de vecinos, a que el Ayuntamiento actuara en este sentido”, afirma. Fuentes municipales matizaron ayer que de lo que se está “tratando es de hacer todo lo posible para que los vecinos puedan permanecer en sus casas” pero declinaron mostrarse rotundos con la paralización de la expulsión.

“Compuesto por local comercial y cuatro viviendas a reformar. Grandes posibilidades de aumento de valor del edificio. Excelente localización para apartamentos turísticos. Prácticamente vacío. 750.000 euros. Rentabilidad futura del 6%”. Es el proyecto con el que dos empresas inmobiliarias mostraban a posibles compradores las posibilidades futuras para un edificio en la calle Olmo 35, en pleno barrio de Lavapiés. Hace apenas un mes, una decena de personas hacían cola a diario a la puerta del edificio para visitarlo. Les mostraban el local vacío, un antiguo bar, subían por las cuatro plantas, visitaban uno de los dos pisos vacíos y les señalaban uno de los dos habitados comentando: “Se queda vacío el 31 de mayo”.

El proyecto mostraba las posibilidades de rentabilidad y de uso del inmueble. Proponían convertir el local comercial y el sótano en un negocio de “hostel” – o albergue juvenil – por lo que calculaban que se podía sacar una rentabilidad de 950 euros al mes. Los alquileres de las viviendas, de unos 50m2 cada cada una, los situaban en torno a los 800 y 950 euros mensuales, en función de si tenían más o menos superficie. El pasado 21 de mayo, al mismo tiempo que las empresas vendedoras, MK Premiun SL y Carrer Tigre 12 SL, compraban a los antiguos dueños – dos hermanos – el edificio de la calle Olmo, también lo vendían a Rosales 2009 SL y Spring Valley Investments SL. Así consta en el Registro de la Propiedad con fecha del pasado 25 de mayo. El precio final de compra quedó escriturado en 580.000 euros.

A principios de junio los vecinos que residen en el inmueble oyeron cómo alguien trataba de abrir el portal. “Nos asomamos y nos dijeron que eran los nuevos propietarios pero cuando bajamos ya se habían ido y la cerradura estaba rota”, explica Francisco Rodríguez, de 83 años, que vive desde hace 11 en una de las cuatro viviendas de la calle Olmo, y quien durante más de cuatro décadas ha regentado el bar del local comercial que está en el mismo edificio. Él y su vecino, José Arteaga, de 56 años y quien vive allí desde 1986, decidieron cambiar la cerradura del portal.

Nueva visita

Apenas unos días después, volvieron a oír nuevos ruidos de alguien tratando de entrar en el edificio. “Me asomé y vi que era un hombre con un manojo de llaves, me dijo que era el arquitecto y que quería entrar pero le dijimos que como no le conocíamos no le abríamos”, explica Jaqueline Nuñez, de 56 años, quien vive desde hace tres años con Paco – como le conoce todo el mundo –, desde que el hombre se rompió la cadera.

A los pocos días José y Paco recibieron un burofax, firmado por una de las dos nuevas empresas propietarias del edificio, Spring Valley Investments SL, informándoles de que debían entregar una llave del portal en una dirección determinada. Era la primera comunicación que recibían por parte de la nueva propiedad. José recibió un nuevo burofax hace apenas una semana informándole de que el próximo 31 de julio debe abandonar su casa porque no le prorrogarán su contrato de alquiler, como viene sucediendo desde hace más de 30 años.

Paco ya había recibido la misma carta, aunque firmada por MK Premiun, a primeros de año, explicándole que al vencimiento de su contrato de alquiler, el pasado 31 de mayo, debía dejar la casa. Pero se ha quedado porque, como explica, a dónde va a ir “a mi edad, enfermo y con una pensión no contributiva”. Los dos han recibido además el apoyo de diferentes colectivos sociales y vecinales, como el Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid o Lavapiés ¿dónde vas?, quienes a finales de mayo colgaron varios carteles en la fachada de Olmo, 35 para protestar por el desalojo de los vecinos.

“Te sientes muy desamparado y contar con el apoyo de toda esta gente está suponiendo mucho para nosotros”, cuenta Jacqueline, quien explica cómo el pasado martes una red de más de 20 personas se movilizó rápidamente para plantarse en la puerta de su casa en apenas cinco minutos. De nuevo, habían oído ruidos en la puerta y al asomarse vieron a un grupo de cinco personas: un hombre con mono de obra y una caja de herramientas, otro trajeado, una mujer con vestido y americana y otros dos hombres más. La inquilina llamó a la Policía y alertó en el chat vecinal de lo que estaba pasando.

Uno de los primeros en llegar fue Fernando Bardera, del colectivo Lavapiés ¿dónde vas?, quien preguntó al grupo de desconocidos qué era lo que iban a hacer. “El señor trajeado, que se presentó como notario, dijo que la mujer era la propietaria, nos enseñó las escrituras y que venían a cambiar la cerradura para entrar en el edificio porque nadie había entregado las llaves”, explica Bardera. Mientras, los vecinos movilizados iban llegando hasta la calle Olmo para, en silencio, mostrar el apoyo a los inquilinos. Jacqueline explica que cuando trataba de contar al grupo de desconocidos la situación en la que se encuentra Paco y lograr un acuerdo, uno de ellos comenzó a reírse. “La mujer estaba apoyaba en un coche mirando un punto fijo, como si nada de lo que estuviera pasando fuera con ella”, cuenta la vecina.

Finalmente, llegaron agentes de la Policía Municipal, comprobaron que la mujer que permanecía ajena a la conversación era la propietaria que constaba en el documento de escrituras, e identificaron al grupo de desconocidos. “Les pedimos que por favor les tomaran los datos por lo que pudiera pasar después porque la única que vez que se han comunicado con los vecinos ha sido por burofax”, indica Bardera.

Sin respuesta de la propiedad

Eldiario.es se puso en contacto esta semana con Rosales 2009 SL, la única de las dos empresas propietarias con un número de contacto disponible, para preguntar por los futuros planes del edificio. La primera respuesta que obtuvo fue que el inmueble no era de su propiedad. Al indicar que así figuraba en el Registro de la Propiedad, señalaron que la persona que podría responder sobre él no se encontraba en ese momento y que no solía “pasar” por la empresa. Tras sucesivas llamadas en días diferentes ha sido imposible obtener una respuesta de la propiedad.

El caso de la calle Olmo, 35 se repite por Madrid, como sucede apenas unas calles más abajo, en Argumosa, 11, y en otras zonas de la capital y grandes ciudades. Son edificios enteros de varias viviendas, con un único propietario o apenas dos o tres. De la noche a la mañana, los inquilinos, que llevan décadas viviendo en sus casas y pagando cada mes sus alquileres, reciben una notificación de la nueva propiedad de que deberán abandonar su casa los próximos meses porque no se les prorroga el contrato. En ningún caso hay margen de negociación.

En los relatos de estos vecinos también es habitual escuchar cómo durante todos los años de residencia han sido los inquilinos los que han costeado las obras de mantenimiento y reforma de los edificios, además de afrontar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. “Cada año pagamos más de 1.000 euros todos los vecinos y, desde que estamos Paco y yo, solo entre nosotros dos”, explica José. Olmo, 35 tiene, además, pendiente de realizar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) desde 2013, cuando, según consta en el expediente municipal, obtuvo un informe desfavorable que exigía arreglar fachada, medianeras, las cubiertas, así como “el estado general de la fontanería y la red de saneamiento”.

Preguntada a la Junta Municipal de Centro las razones por las que aún está pendiente, en 2018, la realización de las obras para tener la ITE en regla, algo obligatorio para todos los edificios, explican que los daños “no son estructurales, por que si no el expediente estaría en Urbanismo”. Achacan la ITE pendiente a la saturación en la gestión de expedientes en la Junta entre los años 2013 y 2015 – cuando el PP estaba al frente del Ayuntamiento – y a la imposibilidad de notificar la orden de ejecución de las obras a la propiedad a partir de ese año. Señalan también que a primeros de este año “la propiedad”, sin especificar cuál, solicitó una licencia de obras por lo que confían que en los próximos meses la Inspección esté resuelta.

“Este edificio no se cae porque está sujetado por los otros dos”, afirma con sorna Paco, cerrajero de profesión, y quien siempre ha realizado los trabajos de mantenimiento del inmueble sin recibir nada a cambio. Como José, quien trabaja en el Círculo de Bellas Artes como electricista, no quiere abandonar su casa. “Hay que tener humanidad porque todos vamos a llegar a viejos”, comenta pesimista a la espera de la notificación judicial que le ordene abandonar su casa o un cambio de parecer en la propiedad.

Inversión en Proindivisos S. L., empresa propietaria de la tercera parte del edificio situado en Argumosa, 11, ha puesto en marcha nueve demandas de desahucio por impago del alquiler, según explican desde el despacho de abogados que representa a esta parte de la propiedad. A finales del año pasado, cerca de una veintena de inquilinos, varios con casi dos décadas viviendo en el inmueble situado en el madrileño barrio de Lavapiés, recibieron cartas de no renovación de sus contratos. Desde entonces, señalan desde el despacho de letrados, nueve de ellos dejaron de pagar la la renta. Otros cuatro sigue abonando mensualmente las cantidades.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres desahucios, según explican desde Inversión en Proindivisos, propietaria del edificio junto a tres familiares de los antiguos dueños. Indican que dos de estos casos eran pisos ocupados de manera ilegal y el tercero se trataba de un inquilino que no pagaba el alquiler. Algunos de los vecinos afectados, asesorados por asociaciones y colectivos, dejaron de pagar la renta cuando recibieron las cartas de no renovación, pero mantienen reservado el dinero. También han recibido el apoyo de entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el colectivo vecinal Lavapiés ¿dónde vas? y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid y el edificio se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la expulsión de los vecinos del centro de la ciudad.

La intención de la propiedad es rehabilitar el edificio y las viviendas y duplicar la rentas actuales que oscilan entre los 300 y 800 euros, según figura en el contrato de varios de los inquilinos, quienes explican que Inversión en Proindivisos, que firmaba las cartas de no renovación, nunca ha querido negociar con ellos un nuevo alquiler.

“Asaltos” al cuadro de la luz

En una nota enviada el martes a varios medios de comunicación, entre ellos, eldiario.es, desde el despacho de abogados que representa a a la propiedad se subraya que algunos de los inquilinos que han protestado contra su desalojo “asaltan sistemáticamente el cuatro de la luz y conectan sus instalaciones”. Además, prosiguen, también son responsables de “la rotura continuada de la puerta de acceso al inmueble, los buzones y otros elementos comunes, teniendo la propiedad que ocuparse de su reparación y los gastos que acarrea”.

Varios vecinos consultados por este periódico niegan estos hechos y los que llevan dos décadas en el edificio subrayan que la propiedad jamás se ha hecho cargo de los arreglos de la vivienda. Explican que cuando se instalaron allí las casas ni siquiera tenían baño ni ducha y fueron los propios inquilinos quienes realizaron las obras.

Según ha podido saber eldiario.es, el inmueble tiene concedida una subvención municipal para su rehabilitación. Como explican desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible, la ayuda pertenece al Plan MAD-RE que tiene por objetivo la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y conservación de los inmuebles más deteriorados. Señalan las mismas fuentes que todas estas obras, que se están llevando a cabo por toda la ciudad, se realizan con todos los vecinos en sus casas. “Son trabajos en los que se arreglan las fachadas para mejorar el aislamiento, se colocan ascensores interiores o exteriores, según el caso, y se arreglan las escaleras que así lo necesiten, otras que se realizan por tramos”, detalla una asesora municipal.

Edificio vacío para poder hacer las obras

En el despacho de abogados subrayan que siempre que desde la propiedad se han intentado hacer obras, los vecinos “roban” el material o impiden trabajar a los obreros. De ahí, afirman, que sea necesario que los trabajos de remodelación se realicen con el inmueble vacío, a excepción de los 10 inquilinos, algunos de muy avanzada edad, que tienen rentas antiguas, y quienes no han recibido, ni recibirán, según afirman desde la propiedad cartas de desalojo.

En la información que constaba en el Registro de la Propiedad a 10 de abril de 2018, el edificio de Argumosa, 11 es un inmueble de cinco plantas que ocupa una superficie de 481 m². Un tercio de la propiedad está a nombre de Inversión en Proindivisos S. L., que lo adquirió por título de compra. El 4,03% de esta parte fue inscrita en el Registro el 6 de julio de 2016 y el 29,03% restante, el 12 de agosto de 2015, apenas 12 días después de que se constituyera la empresa, tal y como se recoge en el Registro Mercantil. Dos de los tres administradores solidarios figuran como administradores únicos o solidarios, socios o consejeros de otra decena de empresas. Una de ellas, Bonsai Servicios Inmobiliarios S. L., gestionaba el alquiler un local en el mismo inmueble, según aparece en un anuncio ya desactivado de un portal inmobiliario.

La propiedad también acusa a los inquilinos de “escraches organizados y amenazas contra uno de los propietarios del inmueble sin que exista ninguna justificación posible para ello”. Hacen así referencia a la protesta vecinal llevada a cabo la semana pasada por la PAH, el Sindicato Inquilinas y Lavapiés ¿dónde vas? a las puertas de Inversión en Proindivisos contra el desalojo de Argumosa. Los activistas colgaron varias carteles con la foto de uno de los administradores de la empresa, y que firma las cartas de no renovación de los inquilinos afectados, y durante una hora instalaron su vivienda en la calle como forma de presionar a los propietarios para que negocien con los inquilinos.

En el despacho de abogados afirman que no se niegan a negociar con varios de los vecinos pero que la intención de los propietarios es arreglar el estado físico del edificio, “que a día de hoy es lamentable”, afirman, y “sacarlo del abandono al que lo han llevado algunos de sus inquilinos para, que como es perfectamente legítimo, intentar después sacarlo al mercado en condiciones que puedan suponer cierta rentabilidad para ellos”.

Poco antes de las siete de la tarde familiares, amigos, compañeras del Movimiento por la Liberación e Igualdad de la Mujer y del PCE se resguardaban de la lluvia constante frente a la placa con la que Juana Doña, feminista comunista, fallecida en 2003, forma parte ya del callejero de Madrid, en pleno distrito de Arganzuela. Su nombre sustituye a Batalla de Belchite y forma parte del listado propuesto por el Comisionado de Memoria Histórica que el Ayuntamiento ya está colocando para cambiar el callejero franquista que aún pervive en la capital.

La lluvia obligó a trasladar el homenaje hasta la cercana Casa del Del Reloj, cuyo auditorio se quedó pequeño para el acto que recordó a la militante madrileña. “Este es un acto de reconocimiento público a las mujeres represaliadas y torturadas por el franquismo”, afirmó la concejala delegada del distrito de Arganzuela, Rommy Arce. Mauricio Valiente, tercer teniente de Alcalde, subrayó que si no se recuerda todo lo que lucharon muchas mujeres contra la dictadura “perderemos la batalla de la memoria”.

Juana Doña fue una militante comunista encarcelada más de 18 años en prisiones franquista. La primera vez fue detenida al terminar la Guerra Civil por formar parte de las Juventudes Comunistas y tras dos años presa fue indultada. Pero en 1947 fue detenida de nuevo acusada de colocar una bomba, que no causó heridos, junto a la embajada de Argentina. Ella siempre negó estos cargos y en una entrevista que le hizo el periódico argentino La Nación en 2002 explicaba así su implicación en la “explosión de un petardo”: “Ocurrió que, por entonces, llegó el nuevo embajador argentino, y dijo que España era un oasis. Mis compañeros reaccionaron: ¿Cómo? ¿Con esta dictadura y los miles de españoles que mueren, fusilados o por hambre?”. Según recoge el periódico, “para probar que ese oasis no era tal” organizaron el “estallido”.

Última condenada a muerte

Doña sin embargo esquivó su pena de muerte. Al contrario que sus compañeros de juicio sumarísimo, todos ejecutados, ella logró salvarse gracias una carta que su hijo, que entonces tenía nueve años, le escribió a Eva Perón pidiéndole que intercedieses por ella. La argentina visitaba entonces España y su petición fue escuchada y atendida por el dictador Franco, que conmutó la pena a la mujer por una condena a 30 años de cárcel. Juan Doña se convirtió así en la última mujer condenada a muerte por el Franquismo.

Esta parte de su historia inspiró la miniserie, dirigida por Agustín Villaronga, Carta a Eva, donde se relata cómo fue esa visita de Eva Perón a España y la detención y posterior condena a muerte de la militante comunista.

Doña pasó más de 16 años en diferentes cárceles franquistas y recogió todo lo vivido en los penales en su libro Desde la noche y la niebla (mujeres en las cárceles franquistas), que escribió tras quedar en libertad pero que no se publicó hasta 1978. En sus páginas relata las torturas, las incomunicaciones, el hambre, el frío, la crudeza de las prisiones y también cómo se organizaba la resistencia dentro de ellas.

También detalla cómo el franquismo descargaba su represión más brutal sobre las mujeres. “Las violaciones a las detenidas nada tenían que ver con el deseo sexual, era simplemente un acto de poder y humillación, el sadismo de sentir debajo de ellos unos cuerpos que se desgarran de horror en un acto que está hecho para el placer. Era la afirmación machista. Se las violaba en las comisarías, en los centros de falange, en las cárceles de los pueblos, en la calle y hasta en sus mismas casas. Cuando las mujeres eran detenidas el primer temor era el de la violación”, escribe en uno de los pasajes que se transforman en un testimonio de primera mano de lo que vivieron las represaliadas encarceladas por la dictadura.

Tras quedar en libertad en 1961, Doña se exilia a París donde encontró el motor de lo marcaría el resto de su vida: el feminismo. “Empecé a mirarme de forma distinta, y encontré que una parte de mi mente jamás había funcionando, y mil preguntas nunca articuladas, a pesar de haber vivido en un mundo de mujeres parte de mi vida, se agolparon y tuvieron respuesta. Y uní a los ideales de toda mi vida, los ideales del feminismo, porque esa batalla será la más larga, dura y justa que ganará la mitad de la humanidad más oprimida de todos los tiempos”, escribe en el mismo libro.

Luchar desde el feminismo

Durante el homenaje celebrado en Madrid, Maribel Banadés recordó cómo en febrero de 1986 Juana Doña les contó que debían organizarse. “Nos reunió a un grupo de amigas comunistas y nos dijo que teníamos que fundar una organización feminista al margen del partido y que había que introducirse en el movimiento feminista para luchar todas juntas por la igualdad”, recordó su compañera, quien rememoró el primer acto de la asociación, Movimiento por la Liberación e Igualdad de la Mujer, un homenaje a todas las mujeres que habían luchado contra la dictadura y habían defendido la República. De hecho, la primera revista de la asociación se llamó 13 Rosas, en recuerdo de las jóvenes socialistas y comunistas asesinadas al terminar la Guerra Civil, “cuando aún nadie las recordaba”, apuntó Banadés.

El hijo, una de las nietas y varios bisnietos de Juana Doña también quisieron recordar lo que la figura de la mujer ha significado para ellos. “Por fin ha llegado el tan anhelado homenaje público porque el íntimo te lo fuimos dando durante todos estos años”, decía su nieta Lina. Juana Doña escribió otros dos libros, Querido Eugenio --dedicado a su marido, ejecutado tras la guerra-- y Gente de abajo, dos testimonios imprescindibles y crónicas de una época que cuentan cómo las personas corrientes defendieron los ideales de la República y organizaron la resistencia contra la dictadura.

Manuel Vázquez Montalbán, que prologó estos dos volúmenes, subraya en el segundo la necesidad de conservar los testimonios de quienes fueron los protagonistas “desde abajo” de la lucha contra el franquismo. Recuerda cómo en un encuentro sobre franquismo y antifranquismo en una universidad europea dos historiadores “oficiales y democráticos redujeron la resistencia española contra Franco a Tierno Galván. ”No está mal la selección“, afirma el escritor barcelonés, y continúa: ”Pero hubo muchos más, cuyos nombres y apellidos jamás serán retenidos por memoria alguna. Juana Doña es uno de ésos“.

“Yo soy hijo de madre soltera, casi no tuve relación con mi padre y me crié con ella, mis tías y mis abuelos, que ejercían indistintamente los roles de padres y madres y todos ellos formaban mi núcleo familiar en el día a día”. Adrián Orr, cineasta madrileño de 36 años, explica así su interés por rodar la vida de su amigo David Ransanz, artista de hip hop madrileño, 39 años, separado, y al cuidado de su hija y sus dos sobrinos, junto a su hermana y sus padres. “Nos conocemos desde hace más de 20 años, he visto cómo David ha ejercido su paternidad desde muy joven, rompiendo todos los clichés de rapero, enseñando a los niños a ser autónomos y también con una conciencia de clase trabajadora que impregna todo su núcleo familiar”, afirma el director.

Primero fue el corto, Buenos días Resistencia, que contaba cómo un padre, David, despertaba a sus tres hijos, Luna, Mía y Oro, para llevarlos al colegio. Y ahora es Niñato , el primer largometraje de Adrián y recién estrenado en cines, que continúa con todo lo que sigue a ese despertar diario en una familia formada por dos casas del madrileño barrio del Pilar. Unidas por un descansillo que se transforma en un pasillo más de la casa, abuelos, padres, madres, hermanas, sobrinos e hijos se convierten en una tribu donde se da la vuelta a los roles convencionales de familia y la maternidad y paternidad se ejerce de manera colectiva.

La película, que toma su título del nombre artístico del rapero, se rodó durante más de cinco años. El objetivo era filmar esos momentos cotidianos, como el despertar, el camino y recogida del colegio, las conversaciones entre los hermanos hablando de los hijos y las peleas por que cada tarde a la vuelta del colegio los pequeños hagan sus deberes. Una cotidianidad donde los roles convencionales de padre y madre se difuminan para transformarse en otra forma de familia. “Mi hermana y yo nos separamos casi al mismo tiempo, ella alquiló el piso enfrente de mis padres y decidimos que para estar en trabajos mal pagados yo sería el que me haría cargo de los tres niños”, explica David, personaje central de la película.

Relación de amistad y confianza

Sentado junto a Adrián, en uno de los bancos del barrio donde se conocieron y compartieron ensayos y pasión por el rap –“el que mezclaba con el blues, el que tenía un mensaje social”, puntualizan–, David cuenta cómo fue la convivencia con la cámara de su amigo durante cinco años. “Ha sido posible por la confianza que tenemos”, explica el rapero, quien señala que lo que ayudó mucho era que los niños conocían a Adrián “desde siempre”. “Mi trabajo era buscar sitios, rincones desde los que me gustara filmar y que ellos también estuvieran cómodos”, añade el cinesta.

Esa confianza es la que le permitía a David decirle a su amigo que un día no se rodaba por mucho que el director se plantara en la casa y se empeñara en grabar. “Había días en los que nosotros, por las razones que fuera, no queríamos que se rodara y Adrián lo entendía”, afirma David.

El director explica que si bien al principio, cuando los niños eran más pequeños –la película empieza con los críos con 6, 7 y 8 años y acaban con 11, 12, y 13– les costó entender que no tenían que actuar, que ellos debían de comportarse como lo hacían siempre, con el paso de el tiempo se implicaron tanto en el proyecto que hasta anticipaban la llegada del director. “Cuando empezaba a llover, me decían, mañana va a venir Adrián”, afirma David. A su lado, su amigo explica: “Rodábamos siempre en otoño e invierno para mantener la misma luz, por lo que ellos ya sabían cuándo iba a ir”.

Otras veces, eran los propios niños quienes sugerían escenas. “David nunca me dejó grabarlo en la ducha, y un día que yo le insistía fue el propio Oro [el más pequeño y personaje que va cobrando protagonismo según va creciendo] quien me dijo que a él si le podía grabar”, cuenta Adrián, sobre una escena en la que el pequeño empieza a rapear mientras se ducha.

NIÑATO - TRAILER OFICIAL from Márgenes on Vimeo.

La música y el hip hop es otra constante en el filme, porque David, miembro del colectivo madrileño Clan Lírica Salvaje sigue componiendo y dedicado su música. “Esa pasión que siempre ha mostrado con la música siempre se la ha transmitido a sus hijos y en la película también queríamos contar cómo ellos la van interiorizando y se van educando con ella”, afirma Adrián. Así, al principio del filme, distribuido por Márgenes, el espectador ve a Mía y Oro cantando y tocando con una batería la canción de los Hombres G, Sufre Mamón, que su padre considera “que debería haber acabado antes por lo mala que es”. Y al final, contando ese crecimiento de los pequeños, se ve cómo Oro es capaz de improvisar sus propias rimas.

“Nunca quisimos rodar las cosas excepcionales que les ocurrían, porque el que te rompas un brazo pasa una vez, y si pasa, y ahí no se ve el paso del tiempo tan claramente”, afirma Adrián. “Era simplemente aceptar lo que ocurre en el día a día de una familia que se ha unido para salir adelante”, concluye.

En la factura de un abuso sexual hay tres partidas: el uso como objeto sexual, la actuación en contra de la voluntad y daños a la integridad. En cada una de ellas hay diferentes subapartados que van desde la disponibilidad para el disfrute, el plus de pedofilia al mecanismo de control y dependencia o el daño persistente a la estima, entre otros tantos. El coste total de todos ellos suma 1.289.150 euros. La artista madrileña Jana Leo, de 51 años, contabiliza así las violaciones que una amiga suya sufrió por parte de su hermano durante años y que ahora es una de las cartas de presentación del proyecto No Violarás, que prepara estos días en Madrid. Es un paso más que se suma a las investigaciones y trabajos artísticos que la artista viene realizando desde que hace 17 años ella misma fuera violada por un desconocido que entró a punta de pistola en su casa.

A través de lo que define talleres-campaña, el rodaje que tres cortometrajes y una performance que realizará el 20 de mayo en la Neomudéjar de Madrid busca mostrar los efectos que los abusos sexuales tienen en la vida diaria de quienes los sufren. “Necesitaba trabajar de forma artística todo lo que significa sufrir una violación y cuando estuve en España el año pasado vi que este era el momento adecuado, que por fin la ciudadanía estaba abierta a ello”, explica sentada una de las salas de ensayo de EnCrudo, un espacio municipal cedido por Ayuntamiento de Madrid, donde realiza los ensayos.

El pasado octubre, Leo, que habitualmente vive en Nueva York, regresó durante casi dos meses a su ciudad para promocionar la edición en español de Violación Nueva York (Lince, 2017) , donde relata su propia agresión. Escrito y editado originalmente en inglés en 2011, el texto retrata además hasta qué punto la cultura de la violación no es algo extraordinario sino cotidiano y cómo provoca en las víctimas un trauma del que la sociedad prefiere no hablar. Su viaje coincidió con las semanas previas a la celebración del juicio en Pamplona por el caso de La Manada y Leo vio que algo estaba cambiando en España porque “ahora sí que era un tema, el de la violación, del que se hablaba”, cuenta, con un discurso impulsado desde el movimiento feminista que rechazaba cualquier responsabilidad sobre la víctima.

Explica cómo también percibía ese cambio en su entorno más próximo. “Yo llevo trabajando e investigando sobre la violación desde que me ocurrió a mí y a veces mis amigos me han dicho ‘ya estás otra vez’, pero ahora lo que me dicen es que tengo que contarlo y hablar de ello”, afirma y añade: “También ocurre que estos amigos empiezan a tener hijas de 20 años y se dan cuenta de que a ellas también puede pasarles”.

Proyecto de creación cultural

Todo ello es lo que le impulsó a terminar de perfilar todo lo que había venido realizando en la última década para plasmarlo en un proyecto que en diciembre logró una beca del programa de Ayuda a la Creación del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, en plena movilización feminista contra la sentencia del caso de 'la manada' cobra aún mayor relevancia. “A diferencia de lo que hacen los materiales formales que educan a las víctimas sobre cómo evitar una violación, lo que trato de hacer con estos talleres-campaña es producir material que eduque y responsabilice a los agresores que perpetraron y a la sociedad que la permite”, explica la artista, mientras en la conversación se mezclan sus comentarios a cuenta de la realidad del momento. “¿Cómo vas a hablar si estás amenazada? ¿Cómo me pides que diga no si no puedo hablar, si estoy paralizada?”, exclama indignada sobre el voto particular de uno de los tres miembros del tribunal de Pamplona que pidió la absolución de los cinco condenados.

Uno de los talleres busca precisamente “pasar factura” al abusador y a la sociedad de los daños que produce una violación. “El objetivo es expresar de una manera tangible qué es lo que le ocurre a una víctima de violación; intentar medir el daño, porque a las cosas que no se pueden medir no se les da valor”, afirma. El taller, gratuito, y que se celebrará el próximo 17 de mayo en Madrid, está abierto a todas las víctimas de agresiones sexuales que quieran participar (inscripciones a través del correo abm.confecciones@gmail.com) y en él se trabajará para producir las “facturas de un abuso y traducir el relato de las personas que sufrieron abusos a un formato que también recuerde a los violadores que estas facturas no prescriben y que, por tanto, siempre tendrán pendiente lo que hicieron”, explica Leo.

Si el primer taller busca mostrar el daño emocional de la violación, el segundo, que se realizará el viernes 19, quiere enseñar el daño físico. “Al igual que un paquete de tabaco muestra los efectos en los pulmones ennegrecidos, La postal de la mujer agredida sexualmente muestra un útero con moratones”, relata la artista madrileña. La primera pieza es la foto de su útero, amoratado, que sirvió en EEUU de prueba forense para condenar a su violador. “No estoy segura de si aquí en España se realizan estas fotos del interior, o de si las víctimas tienen acceso a ese material forense, pero cuando yo vi esa imagen me di cuenta de hasta qué punto me había dañado”, explica. El taller busca recopilar estas imágenes, o si no existen investigar de manera colectiva por qué no están, o cómo se puede evidenciar el daño físico interno.

El proyecto también cuenta con la producción de tres cortometrajes basados en relatos e historias reales y que estos días rueda en Madrid: El Portal, sobre las violaciones por parte de desconocidos; La Novicia, sobre los abusos realizados en el colegio o en la familia; y La Jauría, sobre las violaciones en grupo y las que se producen cuando las mujeres se relacionan con hombres en situaciones de flirteo. La performance, que mezclará escenas de los tres cortos, tendrá además su propia banda sonora que la artista ha escrito para la historia sobre la agresión en grupo. “Le envié la letra a mi amiga Silvia San Miguel, del grupo Las Xoxones, y compuso la música enseguida”, afirma Leo, mientras suenan los primeros compases y se escucha la voz de una mujer: “Salimos de caza, violación en masa, hoy saaaaalimos de caaza; La ligo en un bar, se la llevo a los demás, no puede estar mal si lo hacemos todos”.

“La razón por la que se no se les renuevan los contratos es por una cuestión económica; en lugar de alquilar los pisos a 300 euros lo que se quiere es alquilarlos por 800”. Es la respuesta de la empresa mercantil Inversión en Proindiviso S. L. sobre la razón por la que ha enviado cartas a más de una veintena de inquilinos del edificio situado en la madrileña calle Argumosa, 11 informándoles de que no les renovará el alquiler. Varios de ellos llevan casi 20 años residiendo en ese inmueble pero la empresa, propietaria de una tercera parte del edificio, según consta en el Registro de la Propiedad, los quiere fuera a lo largo de este año para emprender las primeras obras de rehabilitación.

Tras más de un mes tratando de obtener respuestas por parte de Inversión en Proindivisos S. L., esta semana una persona del despacho de abogados que representa a esta parte de la propiedad accedió a responder por teléfono a las preguntas de eldiario.es. Explica que “la propiedad” quiere arreglar la casa y las viviendas y para ello es necesario que los inquilinos dejen las casas. “Por ello, el pasado noviembre se les ofreció una cantidad X para que abandonaran la casa antes de que venciera su contrato”, afirma el interlocutor, quien desconoce la cantidad concreta que se le ofreció a cada inquilino, solo especifica que era un montante por cada mes que restaba de contrato. Según explican los vecinos que han recibido las cartas de no renovación, dos representantes de la empresa les visitaron en noviembre ofreciéndoles 2.000 euros por dejar las casas, situadas en Lavapiés, en un plazo de dos meses. Solo uno, afirman, aceptó.

“Todos los que aparecen en los vídeos [en relación a algunos vecinos que han sido entrevistados en medios de comunicación] son okupas y no pagan alquiler”, continúa esta persona. Cuando eldiario.es le comenta que ha podido ver los contratos de alquiler de todos los que han salido en los medios, rectifica y concreta que lo que no pagan es el alquiler. Algunos de los vecinos afectados, asesorados por asociaciones y colectivos, dejaron de pagar la renta cuando recibieron las cartas de renovación, pero mantienen reservado el dinero. A día siguiente explica que hay ocho viviendas “okupadas” porque no tienen contrato en vigor, lo que niegan los vecinos.

Obras de rehabilitación

“La finalidad de todo esto es hacer mejoras en el edificio, dentro de las casas y en las fachada y zonas comunes”, prosiguen desde Inversión en Proindivisos. Y añaden: “La vecina que dice que no encuentra un alquiler por 400 euros yo se lo busco ahora mismo en Idealista [uno de los portales inmobiliarios de venta y alquiler más conocidos] y le encuentro un montón pero, claro, no en el centro”. Preguntado por qué la empresa no se reúne con los vecinos para tratar de renegociar un nuevo alquiler, a lo que varios están dispuestos pero señalan que la propiedad ha rechazado escucharles, responde que “primero se tienen que adecentar” las casas y después se les puede hacer una oferta “cuando se deje todo nuevo”.

Al preguntar si la empresa es consciente de que varios de los inquilinos llevan casi dos décadas residiendo en el edificio, el interlocutor responde: “Yo ya lo siento pero veo cosas peores todos los días, de gente que no tiene nada de nada”. “Que no vivimos en Disney y esto es una zona muy buena”, prosigue y afirma que “es una pena pero se les ha informado [a los vecinos] y lo hemos hecho todo bien”.

Respecto a los inquilinos de renta antigua, en torno a unos seis, según los vecinos, aunque esta persona desconoce exactamente cuántos son, explica que efectivamente a ellos no se les ha enviado ni enviará cartas de desalojo porque “están en todo su derecho a estar en la casa”. Explica por tanto que las obras de rehabilitación del inmueble se harán con ellos en las viviendas.

Según la información que consta en el Registro de la Propiedad a 10 de abril de 2018, el edificio de Argumosa, 11 es un inmueble de cinco plantas que ocupa una superficie de 481 m². Un tercio de la propiedad está a nombre de Inversión en Proindivisos S. L., que lo adquirió por título de compra. El 4,03% de esta parte fue inscrita en el Registro el 6 de julio de 2016 y el 29,03% restante, el 12 de agosto de 2015, apenas 12 días después de que se constituyera la empresa, tal y como se recoge en el Registro Mercantil. Dos de los tres administradores solidarios figuran como administradores únicos o solidarios, socios o consejeros de otra decena de empresas. Una de ellas, Bonsai Servicios Inmobiliarios S. L., anunció el alquiler un local en el mismo inmueble, según aparece en un anuncio ya desactivado de un portal inmobiliario.

En las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, con fecha de 31 de diciembre de 2016, Inversión en Proindivisos S. L. declara unos activos inmobiliarios de 885.915,19 euros. Su objeto social es “la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento e información tanto a personas físicas como jurídicas, comprendiendo todo tipo de gestiones, así como cualquier otra actividad que pueda derivarse o se encuentre enmarcada dentro de los servicios informáticos y recursos humanos” y no declara ningún gasto de personal.

Las otros dos tercios de la propiedad del inmueble están a nombre de familiares del antiguo propietario. eldiario.es solo ha podido localizar a uno de ellos, pero debido a su avanzada edad, la persona que respondió al teléfono en su nombre declinó dar explicaciones y remitió a la empresa.

Desde el pasado sábado los que pasan por la madrileña calle de Argumosa, en pleno barrio de Lavapiés, es imposible que no vean los enormes carteles que cuelgan de la fachada del número 11: “Proindivisos nos quita los pisos; #no nos vamos; Argumosa 11 se queda” o “¡Vecina, despierta! Especulan en tu puerta #nos quedamos” o “El barrio para quien lo habita, fuera buitres de nuestro barrio”. Es el grito de socorro de la casi veintena de inquilinos que en los últimos meses han recibido cartas de la nueva empresa propietaria del edificio, Inversión en Proindivisos S. L., anunciándoles de que sus contratos no serán renovados, algunos con más de 20 años de antigüedad, y que deberán abandonar sus casas según se vaya venciendo a lo largo de este año.

En noviembre, llamaron a sus puertas dos representantes de la nueva propiedad ofreciendo a los inquilinos 2.000 euros si dejaban el piso vacío en dos meses. Según explican los vecinos, solo se fue uno. Tres más tuvieron que dejar sus casas a principios de este año al finalizar sus contratos. Desde entonces estas cuatro viviendas están tapiadas. El resto de afectados está a la espera de que finalice su contrato pero con la incertidumbre de que el tiempo va pasando y no encuentran una casa por la zona que se puedan costear.

Es el caso de Teresa Sarmiento, de 68 años, quien lleva viviendo casi dos décadas en la casa y pagando un alquiler de 320 euros que se ha ido actualizando con las subidas del IPC. “Con una pensión no contributiva de 400 euros no encuentro, ni compartiendo piso, un alquiler en la zona que pueda pagar”, explica. De ahí que vea como una ventana de optimismo el apoyo que los vecinos están recibiendo de distintas entidades vecinales y sociales. Convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el colectivo vecinal Lavapiés ¿dónde vas? y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid, medio centenar de personas se acercó el sábado hasta el inmueble para elaborar las pancartas y carteles que desde ese mismo día cuelgan en la fachada.

Un edificio “en lucha”

“Argumosa, 11 es ya un edificio en lucha”, afirma Javier Gil, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, quien explica que era muy importante que los vecinos se organizaran y visibilizaran lo que les estaba ocurriendo. Gil cuenta que desde el colectivo se pusieron en contacto con Inversión en Proindivisos S. L. y que lo que les explicaron es que querían el edificio vacío para reformar las viviendas y ponerlas en “alquiler a precio de mercado”. Cuando les preguntaron que por qué no negociaban con los actuales inquilinos, lo que les respondieron fue que “tenían un perfil que no podía permitirse” esa renta. eldiario.es ha llamado esta semana en repetidas ocasiones a la empresa propietaria pero sus responsables nunca estaban disponibles, según explicaba quien respondía al teléfono.

La semana pasada los vecinos del inmueble, un edificio de cuatro plantas con 33 de viviendas, mantuvieron una reunión en el portal con el Sindicato, que si bien al principio no eran muchos los asistentes, los habitantes del inmueble se fueron quedando según llegaban para interesarse por lo que podían hacer. Se interesaron incluso algunos de los vecinos de renta antigua, unos siete, muchos en edades muy avanzadas, alguno nacido en el edificio, a los que no les ha llegado ninguna notificación. “Ellos también se están empezando a dar cuenta de que también les va a afectar”, explica Teresa. Esta vecina relata cómo uno de estos inquilinos ha tratado de pagar su renta anual, como hace desde hace décadas, y en la oficina de la empresa propietaria le han dicho que no tenían aún listos los recibos. “Eso es algo que antes no pasaba”, afirma la mujer.

“A los inquilinos de renta antigua saben [la propiedad] que no los pueden tocar y lo que harán será vaciar el resto de casas, empezar las obras, crear problemas de convivencia y esperar a que se vayan con indemnizaciones ridículas”, afirma Javier Gil, quien explica que es lo que han visto en casos parecidos. Su trabajo, explica, será presionar para que la empresa propietaria se reúna con los vecinos y lograr negociar unos alquileres ajustados a sus rentas. Hasta ahora, según afirman varios de los afectados, la arrendadora no ha querido hablar con ninguno de ellos.

“Es una actitud agresivo pasiva”, afirma María, inquilina de 30 años, que prefiere que no salga su apellido. Y explica que ha visto a personas midiendo dentro del edificio para ver dónde se podía colocar un ascensor. Ella apenas lleva viviendo en el edificio desde septiembre. Paga 320 euros por una habitación en un piso que comparte con otras cuatro compañeras. “Es un bloque amable y cuando entré a vivir sabías que no te estaban estafando”, explica esta psicóloga que hace así referencia a todos los pisos y habitaciones que vio antes de llegar a este, con orden de desalojo en agosto. “Yo no me quiero marchar porque me gusta el barrio y quiero quedarme aquí pero en mi caso pues hasta podría empezar en otro lado, pero la gente que lleva aquí viviendo 20 años y que ahora con 70 años les hacen marcharse, sin lugar a dónde no tiene nombre”, afirma la joven.

“En este edificio nos conocemos todos, tenemos una red”, afirma Josefa, viuda y quien lleva 19 años en el inmueble. Prosigue: “Tengo el teléfono de las hijas de mi vecina que es muy mayor y el otro día me avisaron de que se había caído y pasé a ver cómo estaba, nos ayudamos unos a otros”. Explica que desde que recibió la carta de que debía dejar su casa, en su caso en mayo, ha estado buscando un alquiler que se pueda costear y no encuentra nada por el barrio. “900 euros por un estudio de apenas 30 m² es un atraco legal”, afirma.

Fuentes municipales señalan que en el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena están al tanto de lo que está ocurriendo en Argumosa, 11 y que se está convocando una reunión con los afectados para “conocer posibles problemáticas concretas”. Añaden: “Más allá de la gravedad de esta situación que afecta a un edificio completo, somos conscientes de que se trata de un fenómeno que viene dándose de manera continuada aunque sea en casos aislados desde hace meses, por lo que estamos estudiando y tomando posibles medidas desde las competencias municipales”.

“Nosotros nos ocupamos de todo el posicionamiento en las páginas más conocidas [de alquiler de pisos vacacionales], como Booking, Airbnb o Homeway y pagamos por que los apartamentos que gestionamos aparezcan en las primeras tres posiciones al hacer las búsquedas”. Así comienza la conversación entre una propietaria de un piso en el céntrico barrio de Chueca de Madrid y una gran empresa de gestión de pisos turísticos. La mujer se está planteando alquilar a turistas una casa que actualmente tiene un inquilino residencial y busca información sobre rentabilidad, servicios disponibles, posibles problemas con la comunidad de propietarios o gestión de licencias.

El apartamento, de 45 metros cuadrados, con una habitación, amplio salón, cocina y baño en realidad no existe. Es eldiario.es quien se hace pasar por una propietaria para saber qué servicios ofrecen estas empresas y cómo gestionan la convivencia con la población permanente que vive en los mismos edificios donde cada tres o cuatro días pueden entrar y salir nuevas personas que están de paso por la ciudad. De ahí que no se identifique quién es la persona que, muy amablemente, atiende a la supuesta propietaria ni a la empresa para la que trabaja.

“Tenemos una oficina física [en el centro de Madrid] en la que hacemos el check in y donde los huéspedes deben rellenar todos los documentos con su DNI o pasaporte para poder facilitarlos a la Policía si nos los requieren”, explican desde la compañía. Una vez cumplimentada la documentación se acompaña a los inquilinos hasta la vivienda donde se les enseña cómo funciona todo y se les entrega las llaves. Un servicio de atención 24 horas está a su disposición –[“aunque sean las cuatro de la mañana”]– durante la estancia en la ciudad. El check out y la entrega de llaves, si no coincide con las horas de apertura de la oficina física, se realiza a través del buzón de la vivienda.

Limpieza de piso y ropa

“En el servicio que ofrecemos está incluida la limpieza y la tintorería industrial; nuestra tarifa es 65-35, el propietario se lleva el 65% del alquiler y nosotros el 35 restante”, detalla la persona que responde al teléfono. Explica a la propietaria que la empresa siempre requiere una fianza de 200 euros por posible “mal uso” de la vivienda y desperfectos. La propietaria se interesa por saber cómo gestionan el ruido y molestias a los vecinos de la comunidad. “Advertimos a todos los huéspedes que no se permiten ni fiestas, ni desmadres, que en el edificio también viven personas de forma permanente y que deben respetar la convivencia”, aclaran. Y añaden: “De 243 pisos que gestionamos [en Madrid capital] tenemos quejas de 10, que también suelen ser los vecinos que se quejarían por un inquilino que no fuera turista”.

“En su caso”, prosiguen, “no habría mayores problemas porque al tener una sola habitación los huéspedes serían parejas o como mucho familias con niños”, matizan. Se interesan por saber si el sofá del salón se convierte en cama, y al escuchar que la respuesta es negativa recomiendan colocar uno para “para ampliar la capacidad y que el piso sea más rentable”. “Los hoteles nos está haciendo mucho la competencia con grandes ofertas por lo que alquilar una casa solo para dos personas no es rentable, y de ahí que sea necesario un sofá cama para poder alojar a una familia con dos niños a los que un hotel les puede salir más caro o estar más incómodos”, afirman.

La empresa detalla que todos sus apartamentos tienen una alta ocupación porque no solo trabajan con turistas sino que tienen acuerdos con otras compañías para alojar a trabajadores que deben estar en la ciudad durante tres o cuatro meses. “Los fines de semana o fechas como Semana Santa o los puentes la ocupación es del 100%”, subrayan, y apuntan la “altísima ocupación” de eventos concretos como la semana del Orgullo LGTB, una gira de conciertos o la celebración de diversos acontecimientos en un mismo mismo periodo, como ocurre este fin de semana, que coincide la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol y el maratón. “Los márgenes de beneficios pueden variar y cuando se juntan eventos gordos los huéspedes pueden llegar a pagar mucho dinero por lograr un alojamiento”, afirma.

Alquiler medio de 100 euros al día

En el caso de la vivienda fantasma de Chueca valoran que durante todo el año puede tener un alquiler de unos 100 euros al día, un precio que puede incrementar o bajar en función de la demanda. La propietaria pide una valoración aproximada de los posibles ingresos:

– “Con este piso podría estar ganando unos 1.500 euros al mes”, explican desde la empresa.

– “¿Y de ahí se descuenta el 35% que cobran por sus servicios?”, pregunta la propietaria.

– “No, esos 1.500 ya serían descontando nuestro porcentaje”.

Al interesarse la dueña por los trámites para obetener la licencia de apartamento turístico, responden que desde la compañía se ocupan de todo el papeleo, solo es necesario facilitar las escrituras y la “cédula de habitabilidad”. La propietaria también pregunta sobre la moratoria establecida por el Ayuntamiento por la que desde el pasad 1 de febrero no se facilitan nuevas licencias para cambiar el uso residencial de una vivienda por el de hospedaje, necesario para las casas destinadas a turistas, o el límite de 90 días de alquiler para las que no la tengan. Quiere saber si se están realizando inspecciones al respecto. “No nos están poniendo ninguna pega y no se está llevando a cabo ninguna inspección; no creo que al final pongan esto en marcha porque lo que no pueden hacer es acabar con gran cantidad de negocios”, responde muy segura la persona que atiende a la propietaria.

La supuesta dueña del piso pregunta de nuevo por la relación con la comunidad de propietarios y si la empresa se ha encontrado con casos en los que los vecinos reclamen mayores gastos a los dueños de pisos alquilados a turistas por, por ejemplo, un mayor o mal uso de los espacios comunes. “Pueden quejarse lo que quieran pero eso es imposible de cuantificar o ¿es que el del primero paga menos porque casi no usa el ascensor?”, ofrece como respuesta. En insiste: “Siempre se quejan los mismos”. La conversación llega a su fin:

– “Pues creo que eso es todo, muchas gracias por la información. Hasta dentro de tres meses no se cumple el contrato del actual inquilino, por lo que voy a revisar lo que me he contado y decidiré qué hacer”, dice la propietaria.

– “Gracias a usted. Si le parece, dentro de tres meses la vuelvo a llamar”, responde la empresa.

Y la llamada termina con un hasta luego.

Movilizaciones para impedir la construcción de una cripta con 230 nichos en una zona verde. Una victoria vecinal sobre una parroquia controlada por el movimiento católico Camino Neocatecumenal, más conocido como los Kikos, por el nombre de su fundador, Kiko Argüello. El renacimiento de un movimiento vecinal en un barrio que hacía tiempo lo había perdido y la recuperación de una zona verde y abandonada para una futura biblioteca. Son los capítulos de un conflicto que durante cuatro años ha enfrentado a los habitantes del barrio madrileño de Opañel, en el distrito de Carabanchel, con la parroquia de Santa Catalina Labouré. Parecían los últimos pero el retraso en el cambio de la valla que debe delimitar la nueva parcelación de los terrenos ha vuelto a movilizar a unos vecinos que acusan al Arzobispado de bloquear unas obras que deben llevar a cabo.

“El Ayuntamiento nos dijo que los trabajados podrían comenzar en octubre [de 2017] pero estamos en abril y aún no ha se ha movido nada”, explica Pepa Miñaro, portavoz de la Asociación Cultural de la Plataforma de Opañel La Higuera y el Almendro, entidad que nació de las movilizaciones, y que reclama al Arzobispado que cumpla lo aprobado en el Plan Especial aprobado el año pasado por el Pleno del Ayuntamiento. Este acuerdo estableció un cambio de parcelación que implica el movimiento de la valla que ahora delimita el espacio del interior de la parroquia puesto que parte de los terrenos son ahora municipales. “Es algo que tiene que hacer la parroquia”, afirma la portavoz. Hace dos semanas los vecinos comenzaron la primera de varias movilización para reclamar el inicio de las obras con una protesta frente a la valla que debe ser modificada. El 8 de abril llevaron su reclamación hasta las puertas del Arzobispado de Madrid y ya avisan de que no pararán hasta ver el comienzo de las obras.

El pasado nociembre el Ayuntamiento de Madrid envió al Arzobispado la notificación sobre la reparcelación de los terrenos y desde el Consistorio confiaban que las obras comenzarían en un tiempo breve. Preguntado ahora a las razones del retraso, fuentes de la Área de Desarrollo Urbano Sostenible explican que “el Arzobispado está siendo lento porque no quiere pagar el cambio de la valla”. Por ello se han iniciado negociaciones para llegar a un acuerdo y ver quién costea las obras.

“Aclarar cómo se hacen las cosas”

Un portavoz del Arzobispado de Madrid afirma que “no hay intención de retraso sino de aclarar cómo se hacen las cosas”. Subraya que el pasado noviembre se recibió la primera notificación del Ayuntamiento del cambio de parcela. “Por parte del Arzobispado no se presentaron alegaciones”, continúa, y el 12 de enero de este año se recibió la notificación firme. “Ahora se está pendiente de ver cómo se hacen las obras y quién asume su coste”, afirma. En dos semanas el Arzobispado y el Ayuntamiento se reunirán y desde el área que dirige José Manuel Calvo confían en resolver “pronto” la reparcelación de la valla y que los vecinos puedan finalmente hacer un uso público de los terrenos.

Las nuevas movilizaciones de los vecinos no solo llegan para exigir el cumplimiento de un acuerdo de Pleno sino también por la necesidad de poner en marcha un proyecto que hasta que no se realicen las obras está paralizado. Una idea de la Asociación y el estudio de arquitectura Kune Office fue seleccionado el pasado enero por el programa Imagina del área de Cultura del Ayuntamiento para precisamente revitalizar el descampado que hay junto a la parroquia. “Nuestra idea es que el solar se convierta en un espacio adecuado para fomentar la lectura, la cultura y la ecología mientras llega la biblioteca”, explica Miñarro.

Bajo el nombre El jardín de los libros ómadas, el proyecto prevé poner un marcha una “bibliobicicleta” que conecte el solar -que tendrá varios puntos de lectura y un huerto urbano- con las bibliotecas de la zona y un calendario de eventos culturales. La idea tiene presupuestada una partida de 60.000 euros que tienen que justificar -y por tanto ejecutar- antes de diciembre. “Pero hasta que no se cambie la valla no podemos hacer nada”, afirma la portavoz.

De los 6.300 m² que ocupa el descampado anexo a Santa Catalina Labouré, lugar en el que la parroquia proyectó una cripta con 230 nichos, más de la mitad son espacio municipal. La otra parte tien un uso religioso tras una permuta realizada con el Ayuntamiento en 1995. La parroquia mantuvo vallados todos los terrenos durante más de 15 años y, tras las movilizaciones vecinales, abrió el descampado que no le correspondía y desde entonces el espacio está abandonado y cada día acumula más basura. “Si el Arzobispado no mueve la valla el espacio se seguirá deteriorando”, sostiene Miñarro.

Todas las alarmas saltaron el pasado noviembre cuando un abogado y una secretaria llamaron a varias de las puertas de las 33 viviendas que hay en el número 11 de la calle Argumosa, uno de los epicentros de bares y terrazas del madrileño barrio de Lavapiés. La pareja se presentó a los inquilinos como representantes de la nueva propiedad del edificio, les informaron de que sus contratos no serían renovados y les dieron dos opciones: coger los 2.000 euros que les ofrecían si abandonaban las casas al mes siguiente o desalojar las viviendas y entregar las llaves al día siguiente de que vencieran sus contratos. Ante las preguntas de por qué ahora cuando algunos llevaban más de 20 años viviendo ahí, la única respuesta que obtuvieron fue: “El año que viene [por 2018] queremos el edificio vacío”.

Solo uno de los vecinos que recibió la visita se marchó al mes siguiente. Las siguientes fueron una familia y una chica joven, que llevaba tres años residiendo en el inmueble, con un alquiler de 800 euros. El pasado febrero, tuvieron que sacar sus cosas con agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la puerta de sus casas y en cuanto quedaron vacías unos albañiles las tapiaron. “Ni tiempo les dio a llevarse los muebles y vienen a buscarlos poco a poco”, explica Teresa Sarmiento, de 68 años, señalando en un descansillo los enseres que aún quedan por recoger junto a uno de los pisos tapiados con ladrillo. La mujer rechazó los 2.000 euros. No tenía ninguna intención de marcharse de la que había sido su casa durante los últimos 19 años. En enero recibió un burofax de la nueva propiedad, Inversión en Proindivisos S. L. anunciándole que no le prorrogarían el contrato -como sí venía ocurriendo desde 1999- y que el 1 de junio, fecha de su vencimiento, debía “desocupar el inmueble” y entregar las llaves.

Como Teresa, al menos otra decena de inquilinos han ido recibiendo cartas de no renovación de contrato, según calculan los propios vecinos. Sospechan que lo que busca la nueva propiedad es convertir las casas en pisos turísticos. eldiario.es se puso en contacto con los representantes de la empresa arrendataria para recabar información por su parte pero la única respuesta obtenida es que el responsable “estaba de vacaciones”, que le transmitirían la petición pero tras dos días de espera y una nueva llamada nadie quiso responder.

Sin notificación a los vecinos de renta antigua

Los únicos inquilinos que no han recibido ninguna notificación son los que tienen contratos de renta antigua -con alquileres que rondan los 100 euros- cuyas edades van de los 85 a los 92 años y algunos de los cuales llevan más de siete décadas viviendo en el inmueble. “Están preocupados porque saben lo que está pasando y nosotros estamos preocupados por ellos porque si les desalojan a dónde van a ir, hay algunos muy mayores, y hay uno que además tienen Alzheimer”, relata Teresa.

Esta vecina, que ya ha empezado a hacer cajas y prepararse para el desalojo, también está muy preocupada por ella misma porque con una pensión no contributiva de apenas 400 euros sabe que va a ser prácticamente imposible encontrar un alquiler en el barrio que pueda costearse. “Ahora pago 320 euros y llego mal pero llego”, dice y explica que hasta su jubilación hace tres años trabajó atendiendo a enfermos terminales.

Lleva viviendo en Lavapiés casi 30 años, 19 en el piso de Argumosa. Cuenta que las 33 viviendas del inmueble, de cuatro pisos, siempre han sido de un único dueño. Las únicas subidas de alquiler que ha tenido son las establecidas por contrato para la actualización anual del IPC. “Hasta hace dos años la hija del propietario pasaba cada mes a cobrarnos en mano a todos los inquilinos el alquiler”, explica. En 2016 les informaron que la renta debían abonarla a través de una cuenta bancaria y ahora han sabido que fue entonces cuando todo el edificio cambió de manos.

Obras realizadas por los inquilinos

“La propiedad no ha querido negociar con ninguno de nosotros, solo se ha comunicado por burofax y la primera visita que hicieron”, relata Josefa, viuda con dos hijas, y vecina del inmueble también desde hace dos décadas. En su caso, además, cuando entraron a vivir reformaron toda la vivienda. “Era la antigua oficina de la propietaria, no tenía ni cocina ni baño, nosotros la arreglamos entera y ahora pretenden indemnizarnos con 2.000 euros”, exclama indignada la mujer, cuya prórroga del contrato vence en mayo. Teresa fue también quien al cabo de unos años instaló una ducha en su casa, puesto que no existía, ya que afirma que desde la propiedad nunca se ocuparon de la rehabilitación de las casas más allá del mantenimiento de los espacios comunes.

Esta vecina ha tratado de que los afectados se unan para hacer un frente común pero cada uno ha preferido tirar por su lado y al final ella también ha optado por moverse por su cuenta. “En la Asociación de Vecinos de La Corrala me asesoraron mucho, me dieron todos los contactos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y me dijeron que con mi renta es muy probable que consiga algún tipo de ayuda”, explica optimista pero también muy consciente de la realidad en la que vive. “Cuando llamé a la EMVS [Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid y encargada de gestionar las viviendas sociales] para informarme me dijeron que estaba muy complicado, que no había casas”, explica. En otra asociación que fue a asesorarse se encontró a muchas otras tantas personas en su misma situación: familias con rentas muy bajas, a las que no les renuevan el contrato de alquiler y no encuentran otros que puedan costearse.

El pasado martes Teresa tuvo la primera reunión en la EMVS. “Está muy difícil, tienen tres lugares [para pisos sociales], en Usera, Vallecas y Villaverde, hay que entrar en un sorteo y depende de los puntos que tengas”, indica pero advierte que ya le han avisado de que el proceso lleva como mínimo un año. Toda su red social, amigos, médicos, comercios, está en el barrio. “Ya he empezado a buscar con una amiga un piso que podamos compartir las dos y no tenernos que ir de Lavapiés”, afirma. Y añade: “Hay que ser optimista porque ya he pasado por un cuadro depresivo y no quiero volver a ello”.

Fue quizá la tarde más fría, lluviosa y ventosa del invierno. Pero a las siete de la tarde del pasado 1 de marzo el salón de actos del madrileño Instituto San Isidro ya acogía a más de un centenar de habitantes del distrito Centro. Habían sido convocados por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Centro, que agrupa a entidades de Malasaña, Chueca, Embajadores, Sol, Huertas y La Latina, y el colectivo Lavapiés ¿dónde vas?. El objetivo: hablar de turistificación, especulación, convivencia y legislación y organizarse para pelear “por el derecho a la ciudad de los habitantes del centro”.

“Ruido”, “Especulación”, “Contaminación”, “Suciedad”, “Los vecinos no queremos hacer las maletas” eran algunos de los mensajes que se podían leer en los carteles que levantaron los asistentes al comienzo de la reunión como forma de mostrar algunas de las consecuencias del crecimiento sin control de los pisos turísticos en el centro de Madrid.

Mientras al salón de actos seguían llegando de manera intermitente más participantes, Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la FRAVM, tomaba la palabra micrófono en mano para contar que la reunión de la Coordinadora con el Defensor del Pueblo había sido “fructífera”. “Les explicamos todas las quejas de los vecinos, como la subida de los alquileres, el ruido, las peleas y cómo las administraciones están haciendo bien poco”, explicaba. Señaló que tanto el responsable en funciones de la oficina, Francisco Fernández Marugán, como los asesore presentes en la reunión se mostraron muy receptivos a todas las quejas pero advirtieron que no estaba llegando ninguna.

Envío de quejas al Defensor del Pueblo

“Es importante que empecemos a enviarlas, no sólo de Madrid, sino también del resto de ciudades afectadas, porque es la manera de que se abran expedientes a las administraciones”, informó Pérez. “Al mes aparecen entre 600 y 700 viviendas nuevas para turistas, sabemos que son ilegales y que están pasando por encima de la ley porque no hay cambios de uso”, subrayaba el portavoz vecinal, quien instaba a los asistentes a movilizarse para obligar al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a actuar en el ámbito de sus competencias.

A continuación comenzaron a tomar la palabra el resto de asistentes, y uno a uno iba contando su situación y animando al resto a “pasar a la acción”. Cecilia, residente en el centro desde 1995, informaba a los vecinos de que una forma de lucha era denunciar en Hacienda a los pisos turísticos ilegales “por el uso ilegítimo de los espacios comunes”. Paco, habitante de Chueca, señalaba que el diagnóstico ya lo tienen porque lo llevan viendo desde 2015. “Lo que hemos hecho hasta ahora no sirve porque o nos unimos todos o vamos mal”, afirmaba. Contaba que como habitante de uno de los barrios más bulliciosos del centro hasta ahora había podido evadirse de ese ruido en el interior de su casa. “El problema es que ahora tengo a una panda de energúmenos también dentro que se dedican a fastidiarme la vida”, apostillaba enfadado.

Luis se presentaba como miembro del colectivo Lavapiés, ¿dónde vas? y subrayaba la necesidad de que las administraciones realicen inspecciones y comiencen a abrir expedientes disciplinarios y sanciones. Como propuesta de acción proponía fletar un autobús con vecinos y llevarlo hasta el Área de Desarrollo Urbano Sostenible. “Como es el área municipal responsable de la disciplina urbanística hagamos una asamblea en sus oficinas y llevemos el proceso participativo del que el Ayuntamiento tanto presume hasta allí”, planteaba. Para el vecino, esta podía ser una movilización como la que en los años ochenta iniciaron los vecinos de Lavapiés para reclamar la rehabilitación de sus viviendas. Un vecino de La Latina, Roberto, planteaba organizar caceroladas. “Se han hecho toda la vida para mostrar los problemas del barrio”, decía.

Las propuestas se iban sucediendo y cada una de las intervenciones mostraba un gran hartazgo por un fenómeno que ya no solo está en los barrios sino dentro de sus propias casas. “Nos sentimos traicionados por las administraciones porque están paralizadas y deben de pensar que cuando nos vayamos del centro pues ya dejaremos de quedarnos y por otro lado nos están traicionando nuestro propios vecinos al alquilar a turistas sus casas”, se lamentaba Margot.

Entre las medidas a tomar a partir de ahora, la Coordinadora ha puesto a disposición de los vecinos dos oficinas en el barrio de Huertas y Lavapiés para que los vecinos puedan informarse de forma gratuita. “Si alguna comunidad de vecinos necesita asesoría que se acerque a las oficinas”, informaba Pérez, quien luego explicaba que estas oficinas también están abiertas también para quienes quieran contar cara a cara lo que les está pasando. “Hay mucha gente mayor que está sufriendo este fenómeno que nunca sale en los medios de comunicación porque tiene miedo y esta es una forma de que al menos se sientan acompañados y escuchados por alguien cara a cara”, detallaba el portavoz, quien también avanzaba que en los próximos días, a la espera de lograr un local, también habrá disponible una oficina en Malasaña.

La asamblea tocaba a su fin con al menos un primer mes con las primeras acciones concretas. La primera es una llamada a la participación “del mayor número de vecinos” en el próximo Pleno de la Junta de Distrito de Centro convocado para el 15 de marzo. Después se sucederán diferentes concentraciones en zonas visibles del distrito, como la Puerta del Sol o la plaza de Cascorro, epicentro del Rastro madrileño, en las que se pide a los vecinos a acudir con sus maletas. Y sobre todo quedó clara una consigna: “Si no nos unimos y movilizamos para plantar cara, el centro de la ciudad se quedará sin vecinos”.