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"El año que viene queremos el edificio vacío": cartas de desalojo en Lavapiés para inquilinos con 20 años de historia

El inmueble, de 33 viviendas y situado en la calle Argumosa, cambió de dueño hace dos años y los habitantes temen que no les renuevan los contratos para convertirlo en pisos turísticos

Los alquileres varían entre los 100 euros de renta antigua y los 350 de los que llevan dos décadas a los 800 de los inquilinos más recientes

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Teresa Sarmiento, una de las vecinas de Argumosa, 11 que ha recibido una carta de desalojo, en la puerta de su casa. / Olmo Calvo

Teresa Sarmiento, una de las vecinas de Argumosa, 11 que ha recibido una carta de desalojo, en la puerta de su casa. / Olmo Calvo

Todas las alarmas saltaron el pasado noviembre cuando un abogado y una secretaria llamaron a varias de las puertas de las 33 viviendas que hay en el número 11 de la calle Argumosa, uno de los epicentros de bares y terrazas del madrileño barrio de Lavapiés. La pareja se presentó a los inquilinos como representantes de la nueva propiedad del edificio, les informaron de que sus contratos no serían renovados y les dieron dos opciones: coger los 2.000 euros que les ofrecían si abandonaban las casas al mes siguiente o desalojar las viviendas y entregar las llaves al día siguiente de que vencieran sus contratos. Ante las preguntas de por qué ahora cuando algunos llevaban más de 20 años viviendo ahí, la única respuesta que obtuvieron fue: “El año que viene [por 2018] queremos el edificio vacío”.

Solo uno de los vecinos que recibió la visita se marchó al mes siguiente. Las siguientes fueron una familia y una chica joven, que llevaba tres años residiendo en el inmueble, con un alquiler de 800 euros. El pasado febrero, tuvieron que sacar sus cosas con agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la puerta de sus casas y en cuanto quedaron vacías unos albañiles las tapiaron. “Ni tiempo les dio a llevarse los muebles y vienen a buscarlos poco a poco”, explica Teresa Sarmiento, de 68 años, señalando en un descansillo los enseres que aún quedan por recoger junto a uno de los pisos tapiados con ladrillo. La mujer rechazó los 2.000 euros. No tenía ninguna intención de marcharse de la que había sido su casa durante los últimos 19 años. En enero recibió un burofax de la nueva propiedad, Inversión en Proindivisos S. L. anunciándole que no le prorrogarían el contrato -como sí venía ocurriendo desde 1999- y que el 1 de junio, fecha de su vencimiento, debía “desocupar el inmueble” y entregar las llaves.

Una de las casas tapiadas y al fondo los muebles que aún tienen que recoger los vecinos que tuvieron que desalojar otra de las casas. / O. C.

Una de las casas tapiadas y al fondo los muebles que aún tienen que recoger los vecinos que tuvieron que desalojar otra de las casas. / O. C.

Como Teresa, al menos otra decena de inquilinos han ido recibiendo cartas de no renovación de contrato, según calculan los propios vecinos. Sospechan que lo que busca la nueva propiedad es convertir las casas en pisos turísticos. eldiario.es se puso en contacto con los representantes de la empresa arrendataria para recabar información por su parte pero la única respuesta obtenida es que el responsable “estaba de vacaciones”, que le transmitirían la petición pero tras dos días de espera y una nueva llamada nadie quiso responder.

Sin notificación a los vecinos de renta antigua

Los únicos inquilinos que no han recibido ninguna notificación son los que tienen contratos de renta antigua -con alquileres que rondan los 100 euros- cuyas edades van de los 85 a los 92 años y algunos de los cuales llevan más de siete décadas viviendo en el inmueble. “Están preocupados porque saben lo que está pasando y nosotros estamos preocupados por ellos porque si les desalojan a dónde van a ir, hay algunos muy mayores, y hay uno que además tienen Alzheimer”, relata Teresa.

Esta vecina, que ya ha empezado a hacer cajas y prepararse para el desalojo, también está muy preocupada por ella misma porque con una pensión no contributiva de apenas 400 euros sabe que va a ser prácticamente imposible encontrar un alquiler en el barrio que pueda costearse. “Ahora pago 320 euros y llego mal pero llego”, dice y explica que hasta su jubilación hace tres años trabajó atendiendo a enfermos terminales.

Lleva viviendo en Lavapiés casi 30 años, 19 en el piso de Argumosa. Cuenta que las 33 viviendas del inmueble, de cuatro pisos, siempre han sido de un único dueño. Las únicas subidas de alquiler que ha tenido son las establecidas por contrato para la actualización anual del IPC. “Hasta hace dos años la hija del propietario pasaba cada mes a cobrarnos en mano a todos los inquilinos el alquiler”, explica. En 2016 les informaron que la renta debían abonarla a través de una cuenta bancaria y ahora han sabido que fue entonces cuando todo el edificio cambió de manos.

Obras realizadas por los inquilinos

“La propiedad no ha querido negociar con ninguno de nosotros, solo se ha comunicado por burofax y la primera visita que hicieron”, relata Josefa, viuda con dos hijas, y vecina del inmueble también desde hace dos décadas. En su caso, además, cuando entraron a vivir reformaron toda la vivienda. “Era la antigua oficina de la propietaria, no tenía ni cocina ni baño, nosotros la arreglamos entera y ahora pretenden indemnizarnos con 2.000 euros”, exclama indignada la mujer, cuya prórroga del contrato vence en mayo. Teresa fue también quien al cabo de unos años instaló una ducha en su casa, puesto que no existía, ya que afirma que desde la propiedad nunca se ocuparon de la rehabilitación de las casas más allá del mantenimiento de los espacios comunes.

Esta vecina ha tratado de que los afectados se unan para hacer un frente común pero cada uno ha preferido tirar por su lado y al final ella también ha optado por moverse por su cuenta. “En la Asociación de Vecinos de La Corrala me asesoraron mucho, me dieron todos los contactos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y me dijeron que con mi renta es muy probable que consiga algún tipo de ayuda”, explica optimista pero también muy consciente de la realidad en la que vive. “Cuando llamé a la EMVS [Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid y encargada de gestionar las viviendas sociales] para informarme me dijeron que estaba muy complicado, que no había casas”, explica. En otra asociación que fue a asesorarse se encontró a muchas otras tantas personas en su misma situación: familias con rentas muy bajas, a las que no les renuevan el contrato de alquiler y no encuentran otros que puedan costearse.

Entrada del edificio en la calle Argumosa, una de las calles de calles de bares y terrazas más concurridas de Lavapiés. / O. M.

Entrada del edificio en la calle Argumosa, una de las calles de calles de bares y terrazas más concurridas de Lavapiés. / O. C.

El pasado martes Teresa tuvo la primera reunión en la EMVS. “Está muy difícil, tienen tres lugares [para pisos sociales], en Usera, Vallecas y Villaverde, hay que entrar en un sorteo y depende de los puntos que tengas”, indica pero advierte que ya le han avisado de que el proceso lleva como mínimo un año. Toda su red social, amigos, médicos, comercios, está en el barrio. “Ya he empezado a buscar con una amiga un piso que podamos compartir las dos y no tenernos que ir de Lavapiés”, afirma. Y añade: “Hay que ser optimista porque ya he pasado por un cuadro depresivo y no quiero volver a ello”.

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