Lavapiés se organiza contra el primer desahucio de Argumosa 11

Con las etiquetas #Pepisequeda #Argumosa11Sequeda #Nosquedamos colectivos vecinales y sociales han inundado sus redes con un único objetivo: que Josefa Santiago, de 65 años, y su dos hijas puedan permanecer en la casa donde llevan viviendo más de dos décadas. Tras el aplazamiento el pasado lunes del primer desahucio previsto en Argumosa 11, el bloque que se ha convertido en el símbolo de resistencia de colectivos y vecinos contra la especulación de la vivienda en el centro de Madrid, el lanzamiento señalado por el juzgado para vaciar la casa de Pepi, como la conocen en el barrio, se ha transformado en el punto de movilización.

Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Plataforma Lavapiés ¿dónde vas?, al Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro han hecho llamamientos durante toda la semana para que el mayor número de personas acuda a la puerta a las nueve y media de la mañana y tratar de parar el desahucio. “Ahora es lo única esperanza que nos queda, que la comisión judicial decida aplazar el lanzamiento al ver la movilización que hay”, explica Fernando Bardera, de Lavapiés ¿dónde vas?

De hecho, el desahucio de Josefa y sus dos hijas, de 27 y 29 años, ya fue aplazado hace dos meses tras recibir el juzgado un informe de los servicios sociales municipales. El miércoles, el Ayuntamiento había presentado otro escrito para tratar de lograr un nuevo aplazamiento pero desde el tribunal que lleva el caso se rechazó, según explican fuentes del Consistorio.

2.000 euros por dejar el piso vacío

A finales del año pasado, cerca de una veintena de inquilinos de Argumosa 11, varios con casi dos décadas viviendo en el inmueble, situado en el barrio de Lavapiés, recibieron cartas de no renovación de sus contratos. En noviembre, llamaron a sus puertas dos representantes de la nueva propiedad ofreciéndoles 2.000 euros si dejaban el piso vacío en dos meses. Según explican los vecinos, solo se fue uno. Tres más tuvieron que dejar sus casas a principios de este año al finalizar sus contratos. Una cuarta se marchó la semana pasada.

Cada vez que una casa se queda vacía un equipo de albañiles la tapia con ladrillo. Ya hay cuatro viviendas clausuradas y el miércoles una pila de nuevos ladrillos y un saco de cemento aguardaba en el portal de la casa a la espera de que la siguiente se deshabite.

“Si yo tuviera a donde ir ya nos hubiéramos marchado pero no tenemos”, explica Josefa, quien cuenta que desde que le llegó la carta de renovación ha estado buscando un nuevo piso con un alquiler asequible y ha sido incapaz. “Yo cobro una pensión no contributiva y nos piden cuatro mensualidades por adelantado, avales, además de una nómina”, afirma. Sus hijas han tenido empleos intermitentes en el comercio y la hostelería. “Ahora están trabajando en el verano pero después ya veremos”, dice.

Ante lo que pueda pasar el jueves lleva toda la semana dejando ropa y objetos más personales en la casa de su hermana –quien también vive en el mismo inmueble y tampoco le han renovado el contrato– y su cuñada. “Yo he arreglado esta casa, he nacido en este barrio y me veo en la calle, algo que jamás pensé que me podía ocurrir”, exclama. Con el apoyo de los colectivos y plataformas decidió quedarse en la vivienda a pesar de que su contrato había vencido a principio de año y hasta el último minuto confía en que finalmente la comisión judicial aplace el lanzamiento.

Desde el despacho de abogados que representa a Inversión en Proindivisos SL, empresa que firmaba las cartas de no renovación y propietaria de una tercera parte del inmueble, afirman que este primer lanzamiento se produce porque la inquilina lleva “18 meses” sin pagar el alquiler. La afectada lo niega y hace referencia a cambios de las condiciones de contrato con subidas en las renovaciones de más de 100 euros que a veces se ha negado a asumir.

El Ayuntamiento ha mantenido dos reuniones con los representantes de la propiedad para tratar de mediar y evitar el desahucio pero, según explican fuentes municipales, desde la empresa no han cambiado de parecer. En Inversión en Proindivisos explican que para otros casos se ha ofrecido una rebaja del 15% “del precio de mercado”. Sin embargo, como subrayan desde el Consistorio, para la gran mayoría de los vecinos sería duplicar sus rentas actuales. Los alquileres en Argumosa 11 se sitúan entre los 400, que paga Josefa, y 800 euros, de otros inquilinos. El precio actual de mercado – según los informes de los portales inmobiliarios– de esas mismas viviendas podría alcanzar más de 1.000 euros.