España no es capaz de abordar su deuda colonial. No lo es en casi ningún contexto, pero tampoco en el marco académico y de investigación, donde debería  de ser algo más sencillo. Dejad que os cuente un “case study” para poner métricas a esta falta institucional de coraje para resolver un maltrato histórico a nuestra ciudadanía extendida del otro lado del océano Atlántico. Diego Armijos, es  un herpetólogo ecuatoriano que trabaja en una universidad del sur de su país. Con  el apoyo de su institución y en el marco de una larga colaboración con un grupo  español decidió hacer su tesis doctoral con nosotros, en nuestro grupo de  investigación. Es un investigador senior. Ha publicado en numerosas ocasiones y  es reconocido en su marco geográfico como un experto en anuros, ranas para los  no profanos, en un contexto ecológico de una diversidad salvaje. Incluso los  investigadores blancos del gran norte le conocen. Le consultan. Está en todas las  redes científicas de ese campo. Su tesis doctoral es de herpetofauna neotropical,  claro.  

Pese a las dificultades para compatibilizar su labor docente e institucional, más  su compromiso social activo con cuestiones de conservación de la biodiversidad  en su mundo tropical, ha conseguido llegar al final de su recorrido predoctoral.  ¡Genial! Lo ha hecho en tiempo y forma. Nada que objetar.  

Presenta toda su documentación y la escuela de doctorado de su universidad  pública española le da el visto bueno. Todo fluye de manera perfecta. Se pone en  contacto con el tribunal que se ha aprobado y, entre todos, buscan una fecha para  la defensa de la tesis. Se deja bastante tiempo para llegar al evento. Se quiere que  haya tiempo para resolver las cuestiones que cualquier ciudadano de un país  como Ecuador tiene que enfrentar para venir a la madre patria. Ya está. Se retrasa  algo más de dos meses lo cual parece más que suficiente. Para nosotros, los  investigadores españoles, también es un motivo de orgullo haber llegado a este  punto. Trabajar con Diego es tener la oportunidad de aprender de primera mano  sobre la diversidad del Neotrópico.  

Hasta aquí, todo ha ido perfecto.  

Diego tiene que sacar un visado normal para venir a España. No hay una vía  académica que aligere el proceso. Por supuesto tiene que ir de Loja, donde vive, a  Guayaquil para hacer los trámites. Es un viaje caro y largo. El procedimiento es  pétreo en ese sentido. No se puede aliviar de ninguna manera, no hay una opción on line, no valen cartas de su rector, ni de sus directores españoles, nada.  Tampoco hay manera de saber el tiempo que puede demorarse el proceso. Una  cohorte de moscas que viven ligadas a la embajada te ofrecen vías alternativas  mucho más rápidas. No quiere utilizarlas. Son muy caras. Lo que él quiere hacer,  defender su tesis doctoral, no parece exigir la utilización de vías alternativas. Ya ha  sacado el billete de avión a España. No puede esperar más porque los precios se  dispararán según nos acercamos a la fecha del vuelo. Llama una y otra vez a la  embajada, al consulado en Guayaquil. No contestan los correos enviados. Días  antes de la fecha del vuelo, sigue sin tener una respuesta. Viaja para intentar  resolver la demora desde allá. Ni siquiera ha conseguido tener la cita para tramitar  el visado allá. ¿Cómo es posible? Esto es una pregunta retórica, claro. La  indefensión es la norma. No puede ir a España. No puede defender su tesis  doctoral. El recorrido académico ha sido perfecto. Ha abonado todo lo que era  pertinente en la universidad española y ha llevado a cabo todo el plan formativo.  Está bloqueado en su tierra.  

¿Qué hacer?  

Alguien le sugiere que intente entrar en la Fortaleza Europea por Portugal ¿Cómo?  Solicita al consulado un visado de turismo. Ok. No hay mucho tiempo, pero no se  le ocurre ninguna alternativa.  

La sorpresa es mayúscula cuando alguien le indica que los trámites se hacen por  la embajada española porque Portugal no tiene embajada allá. Desde una agencia  responsable del trámite de visados a España -previo pago- envía todo de nuevo a  la embajada que no le había permitido la entrada, pero a otra instancia. En esta  ocasión es la oficina delegada para visados la que lo tramita.  

¡¡¡Fantástico!!! Diego tiene visado para entrar. Ahora sólo hay que sacar otro billete  a falta de pocos días para la fecha de defensa. Claro que tiene que llegar a Lisboa  en vez de a Madrid. Un dineral como os podéis imaginar. Diego tiene que pedir  ayuda económica. Vamos, un crédito. La factura, que ya estaba muy por encima de  sus posibilidades en el marco anterior (“normal”), se ha vuelto imposible.  

Extenuado, humillado, dolido, consigue llegar un par de días antes de la defensa  de su tesis al despacho de su director. A ensayar. A preparar un poco la defensa. A  llorar.  

No cabe duda de que este país nuestro tiene muchas rémoras coloniales. Lo de  pedir disculpas por los desmanes llevados a cabo durante la conquista no estaría  mal, pero quizás podemos empezar por cosas más sencillas. El ministerio de  Asuntos Exteriores es, con diferencia, el ejemplo más palmario y salvaje de que las  cosas tienen que cambiar si aspiramos a una relación con el resto del planeta más  sana y decente.

Michael Eisen, editor en jefe de una revista de mucho prestigio –eLife– ha sido despedido por repostear un artículo satírico que denunciaba la muerte de civiles palestinos en Gaza. Nos hemos enterado porque él mismo lo ha posteado en X: “He sido sustituido por retuitear un mensaje de @TheOnion que ponía el acento en el horror que están sufriendo los civiles palestinos tras el salvaje atentado de Hamás”. Una buena parte de los editores de la revista online se han solidarizado con él y han renunciado a sus puestos y a la labor que desarrollaban.

La historia es corta; comenzó el 13 de octubre cuando Eisen, un reputado genetista que trabaja en la Universidad de California en Berkeley, reposteó con un “Bingo!” un mensaje del portal de noticias satíricas The Onion que decía: “Gazatíes moribundos son criticados por no dedicar sus últimas palabras para condenar a Hamás”. La tormenta perfecta se desató. Muchos colectivos pro-israelíes ocuparon de forma masiva las redes para condenar lo que se consideraba un apoyo del profesor Eisen a Hamás. De nada sirvió que al día siguiente el propio Eisen escribiera un nuevo mensaje diciendo: “Toda persona sensata en la Tierra está horrorizada y traumatizada por lo que hizo Hamás y quiere que no vuelva a suceder nunca más. Más aún siendo judío y con familia israelí. Pero también estoy horrorizado por el castigo colectivo que ya se está imponiendo a los habitantes de Gaza, y lo peor que está por llegar”.

De nada sirvió. Un amplio colectivo de científicos ha manifestado su apoyo a Eisen y, como comentábamos, una facción importante de los editores y editoras se ha retirado. La presión mediática internacional y de la comunidad judía de investigadores es tan contundente y sistemática que, después de una reunión con los responsables de la revista en la que los argumentos aportados por Eisen no movieron al equipo directivo, se le comunicó su expulsión. Las peticiones para que sea expulsado de su centro de trabajo continúan. Esperemos que las autoridades aguanten el embate. Es cierto que Eisen es un investigador comprometido y en muchos aspectos controvertido desde la perspectiva de la editorial. No todos los editores estaban de acuerdo con aquellos cambios que él proponía. Puede que este comentario haya podido ser la gota que ha empujado a los responsables de la revista a su expulsión. Es la tormenta perfecta, como indican algunos investigadores. 

No es la primera vez que se expulsa a editores en jefe de prestigiosas revistas por comentarios más allá de la academia. Tampoco por su posicionamiento en relación con el conflicto de Israel y Palestina, como el caso de Steven Salaita después de los bombardeos de Israel en Gaza en 2014. Es un debate complejo con muchas aristas, pero desde nuestra columna de Ciencia Crítica sólo podemos manifestar, en primer lugar, el horror que supone el atentado de Hamas. Como manifestó el propio Eisen, no caben tibiezas en este sentido. Pero de forma paralela queremos señalar también nuestro apoyo absoluto a nuestro compañero y colega, y a todos los que han renunciado a su posición como editores. En esto tampoco hay paños calientes. Y sí, queremos y necesitamos gritar a quien quiera oír que, como científicos, pero, sobre todo, como habitantes de este planeta, sólo podemos estar de acuerdo con el contenido del mensaje reenviado por Eisen. No puede ser que los gazatíes y el resto de civiles que viven allá sufran la cólera por parte de Israel, una cólera institucionalizada y jaleada por buena parte de la comunidad internacional. No podemos estar más de acuerdo con Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, cuando dice algo tan obvio como “ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario.” Alguien a quien, por cierto, también quieren hacer “dimitir.” Pero no nos engañemos, silenciar a Guterres, silenciar a Eisen, silenciar a tantos y tantas que se limitan a enunciar obviedades como que matar a civiles inocentes no está bien. ¡Basta ya! Decenas de años de ocupación y la conversión de un estado fallido en una suma de guetos es inaceptable y debe situarse entre los elementos causales de este horror.

Como científicos nos preocupa profundamente que nuestra actividad profesional se vea comprometida por cuestiones de esta naturaleza. La libertad de expresión en un marco de respeto no puede ser un catalizador que limite nuestro trabajo. Los científicos trabajamos bajo la bandera de la razón y la crítica ordenada. Es nuestro marco intelectual, la crítica sensata. En el caso de los investigadores e investigadoras más jóvenes, la censura –o mejor dicho el saltarse la autocensura– podría condicionar el desarrollo de su carrera. Los podría echar de allí si a sus jefes o jefas no le parece oportuno lo que piensan o dicen. Terrible. Muchos de nosotros trabajamos con colegas musulmanes, también con judíos, algunos emigrados a Israel desde lugares remotos del globo. Vivimos con estupor e indignación que el acceso a algunos países supuestamente próximos al nuestro se ha visto limitado o, en el mejor de los casos, radicalmente ralentizados por el hecho de haber visitado a compañeros científicos en Irán u otros países vetados. La mayoría no sabe lo complicado y humillante que puede ser para los colegas de aquellos países venir a nuestros laboratorios, ni el suplicio que supone conseguir una visa en nuestras embajadas occidentales.

No está bien visto ni es popular que una persona dedicada a la ciencia dé su opinión sobre cualquier otro tema en el lugar de trabajo. En aras de evitar cualquier confrontación en el campo de estudio, se evitan de forma tácita conversaciones personales u opiniones políticas en ambientes dedicados a la investigación. Se les pide a los científicos que sean más máquina y menos persona, más instrumento y menos humano. La polarización, la crispación y el miedo a represalias impiden el posicionamiento público y el necesario y saludable debate. No evitaremos los conflictos por evitar los desencuentros. En el mejor de los casos, tan solo los pospondremos.

Las científicas y científicos somos ciudadanos, y, lógicamente, sufrimos y sentimos como todos los demás. Que expresar de manera honesta y respetuosa tu opinión puede significar tu expulsión de la academia es simplemente un dislate. Querido Michael, tienes nuestro apoyo.

El advenimiento de una emergente ínsula de libertad, el entroncamiento de una Juana de Arco local enfrentada a todos, la presidenta Ayuso, y la construcción de un nacionalismo madrileño casposo y de frontera difusa con el nacional-catolicismo de Vox, afecta el trabajo de los más de 45.000 alumnos y 2.500 profesores de la URJC. Un maltrato institucional de fondo, consecuencia de la convicción ideológica de que sólo las herramientas neoliberales pueden mantener los servicios públicos, sea eso lo que sea, no lo pone fácil. Ni a nosotros, ni al resto de la instituciones universitarias e investigadoras públicas que intentan ser una herramienta de justicia social en la región.

La losa de desprestigio que se construyó sobre nosotros al amparo de las necesidades curriculares y económicas de unos pocos, vinculados de diferente forma al PP, lo sigue poniendo muy difícil. No es el momento de revisar todo lo que pasó con Cifuentes, con Casado, ahí está la hemeroteca y la memoria. El resto de las universidades públicas fue tibia en su respuesta. Ni la CRUE, ni la CRUMA, los máximos órganos de representación de nuestras universidades, españolas y madrileñas, respectivamente, tuvieron el coraje de reconocer que lo que se vivió entonces era un torpedo al servicio público que damos. Los partidos de izquierda tampoco entendieron que lo que se dirimía era un ataque a la enseñanza pública y se atrincheraron tras la idea de que la URJC era la universidad del PP sin entender lo que estaba en juego. Triste abandono.

Tras el terremoto que sufrimos, los indicadores de desempeño académico han situado a nuestra universidad entre las mejores de España, especialmente en algunas áreas. Hubiera sido maravilloso oír a los dirigentes del PP alguna forma de disculpa, de reconocimiento del daño causado a la institución, a los pueblos del entorno y a toda la gente que trabaja y estudia allí, pero desafortunadamente, nunca ocurrió. Tampoco lo esperábamos. Éramos conscientes de que sólo nuestro esfuerzo, el de alumnos, docentes y personal de administración y servicios, podría encapsular la historia y ofrecería una universidad de prestigio a la ciudadanía. Y encima, ese nombre, ese obsceno nombre.

Leer el epíteto específico URJC en cualquier medio de carácter general nos sigue poniendo en alerta. Como cualquier perro maltratado, una señal que recuerde el dolor te hace estar inquieto y tenso. La propuesta del profesor Arnaldo, catedrático de derecho constitucional de la URJC, como miembro del Tribunal Constitucional y la posterior aceptación del Congreso, nos hizo contraer el cejo de nuevo. Lo proponía el PP. Otra vez, esa relación PP-URJC. Seguro que el candidato Arnaldo tiene méritos para esa propuesta; no lo sé, yo soy de ciencias, aunque lo vertido por los periodistas durante las últimas semanas no parece ir en esa dirección. No parece una casualidad que la historia académica de Casado parezca estar ligada a este profesor. Tampoco existe duda de que hay otros candidatos que cumplirían con parecida destreza el trabajo que de estos juristas se espera. Nos resulta casi imposible entender por qué el PP se empeña en conectarse con nosotros, la URJC, con la historia vivida. Somos ilusos, pero seguro que entre la cohorte de prestigiosos profesionales del Derecho que vuelan en el entorno del PP y de su taller de generación de ideas, FAES, hay muchos académicos que desde cátedras en otras instituciones universitarias pueden ejercer el trabajo de forma tan brillante como el del profesor Arnaldo. No puede parecer, como señala Ignacio Escolar, que la relación entre Casado y Arnaldo está detrás de esa elevación a la máxima responsabilidad que cabe en nuestro ordenamiento jurídico. El profesor González-Trevijano, también catedrático de la URJC de derecho constitucional y exrector de la casa, ya hizo ese viaje desde la URJC al Tribunal Constitucional. Quizás la conexión PP-URJC no necesita un refuerzo, ¿no?

Sólo un ruego. Amigos del PP, su acción política junto con la del resto de los partidos, son la base del funcionamiento de nuestro estado. Es por ello que manifestar sensibilidad en el ejercicio de su acción política debería basarse en el reconocimiento de los efectos colaterales que sus decisiones pueden tener. Como servidores públicos lo que muevan en el marco de la gran política determinará nuestro trabajo universitario e investigador. Decisiones aparentemente menos conectadas con el desempeño de unos profesores e investigadores de una universidad pública, también. Estudiar supone un esfuerzo enorme para la mayoría de nuestros alumnos y alumnas y cualquier borrón de prestigio tiene costes en su futuro difícilmente asumibles. Por favor no conecten su acción política con nosotros. Busquen alternativas. Existen.

Y el ganador a los puntos es... Fernando Valladares. 

El miércoles pasado asistimos atónitos a un denominado debate digital en Antena 3 sobre, no sé, quizás calentamiento o la COP 26 o vaya usted a saber el qué. Las redes se llenaron con felicitaciones y abominables comentarios de haters casi a partes iguales para los dos púgiles. La emergencia climática reducida a un enfrentamiento deportivo en el que sólo faltaba un jurado a lo Máster Chef para decidir quién era el ganador. Un resultado final condicionado más por las habilidades oratorias y retóricas de los contendientes que de lo que está sobre la mesa.

En paralelo seguimos los debates de Glasgow de una hipocresía que raya en el insulto. Nos jugamos mucho y nuestros líderes, casi todos hombres, por cierto, continúan afirmando con rotundidad que en esto nos va el futuro, con discursos conmovedores en algunos casos, pero sin ser capaces de proponer y acordar las medidas que necesitamos. Una estrategia de huida hacia adelante donde el tiempo es flexible y capaz de contener cualquier caso y donde las medidas mínimas necesarias se posponen sine die. Ni siquiera acciones simbólicas como la de no ir cada uno en su avión privado. Perdón, ya sé que esto es oportunista, pero no me he podido contener.

El triunfo de esa hipocresía ambiental tiene un reflejo directo en el combate pugilístico que veíamos el otro día. Antena 3 ha conseguido un producto que puede ser exitoso en términos de audiencia, una lucha de gladiadores en la que puede que alguno muera, pero como diría Gila, nos hemos reído mucho. Enfrentar a la ciencia, lo que sabemos y las evidencias acumuladas sobre el carácter antrópico del desastre en el que estamos metidos y las consecuencias de todo esto con un economista como Lacalle, de conocido recorrido ideológico, es tramposo. Los científicos debatimos y enfrentamos nuestras conclusiones en un marco de debate racional y crítico con otros científicos, de áreas afines o transversales. De ese enfrentamiento canalizado a través de la revisión por pares, los congresos, las réplicas en las revistas científicas, emerge conocimiento consolidado. La discusión en ciencia es la norma. En ese marco de generación de conocimiento no existe duda sobre que el calentamiento que vivimos es de origen humano y que sus consecuencias están ahí. La comunidad científica de manera consensuada lo tiene claro. Eso no merece ningún debate. Por eso es tramposo juntar ciencia y visión sobre lo que hay que hacer. Por supuesto cabe ir al escalón de más arriba. ¿Qué podemos hacer? Cabe la discusión, por supuesto; incluso la discusión ideologizada, tensa y casi pugilística. Nos jugamos mucho, pero se pueden plantear diferentes soluciones. Podemos no hacer nada, o podemos aprovechar está crisis para cambiar el sistema económico de forma radical. En ese debate cada científico como el resto de la ciudadanía puede tener su opinión. Esa discrepancia es lícita, pero juntar un científico con un economista de visión ideologizada no tiene sentido.

Vayamos un poco más allá. Planteado en términos de combate, lo que tenemos es a un contendiente que representa la “ciencia” frente a otro que ostenta el título de defensor de “la economía que nos ha salvado”. Si en ese contexto, el candidato Lacalle vence el debate con sus abrumadoras competencias conseguidas a lo largo de muchas tertulias o batallas políticas, lo que puede llegar a concluir un televidente promedio es que el calentamiento no existe y no es un problema relevante. ¿Qué hemos ganado por esa vía? Nada, absolutamente nada.

Como ya he dicho, cabe un debate de carácter ideológico sobre qué es lo que tenemos o podemos hacer, pero eso no será con un científico, eso tendrá que ser con otro deportista de la tertulia mediática y política, pero de signo ideológico contrastado y bien entrenado.

Sólo puedo congratularme con que entre los que nos dedicamos a la ciencia tengamos investigadores de tanto prestigio como Fernando Valladares (aprovecho la oportunidad para que el elector busque datos sobre su desempeño y el impacto brutal de su investigación) tan comprometidos con el servicio público y que no duden en meterse en estas lides. Y con la modestia de quien no tiene ni idea de comunicación, dar un toque desde aquí a Antena 3, sobre el valor que un debate en diagonal como este puede tener en una cuestión en la que nos jugamos tanto. Recuerden, lo que ha puesto sobre la mesa la ciencia sobre el origen y las evidencias de impacto de dichas acciones no merece discusión, ni debate; el enfrentamiento deportivo y mediático sólo puede tener que ver sobre lo que hacemos a partir de ahora. Mi opinión como ciudadano en ese punto es clara y está en las antípodas de lo que Lacalle plantea, pero esa es otra cuestión.

El Mar Menor fue uno de los espacios naturales más importantes de Europa y el lugar de veraneo preferido por muchos españoles. Hoy es un monumento al desastre ambiental que sale periódicamente en las noticias por eventos agudos de contaminación acompañados de imágenes impactantes de miles de peces muertos. Ha ocurrido muchas veces, pero de manera más espectacular en 2016 y en 2018 y acaba de volver a ocurrir en estos días de mediados de agosto de 2021. Tres décadas de incumplir la ley están acabando con la vida en el Mar Menor.

Tan sucio y maloliente está el Mar Menor que mucha gente lo da por perdido. O, lo que es aún peor, lo considera un sitio adecuado para verter desperdicios y aguas contaminadas. Tan turbia está la escena social y política en Murcia, que muchos agricultores creen que su subsistencia depende de seguir contaminando el Mar Menor y extrayendo sin límite el agua del subsuelo o del trasvase Tajo-Segura, cuando es precisamente eso lo que compromete su subsistencia. Mientras tanto, siguen produciéndose muchos tomates y pepinos en la “huerta de Europa”, y muchos empresarios continúan enriqueciéndose gracias al milagro de producir verduras y hortalizas en pleno desierto. Porque no olvidemos que esta huerta de Europa está ubicada en una de las zonas más áridas de todo el continente. El desierto pone el sol y el calor. Los políticos y los empresarios obran el milagro aportando el ingrediente esencial y del que siempre andan escasos los desiertos: el agua. La traen de lejos, a través del polémico trasvase Tajo-Segura que convirtió desde 1979 el secano en regadío, desangrando a un lejano río que apenas lleva caudal ecológico en buena parte de su recorrido. Y la consiguen también haciendo la vista gorda con la sobreexplotación del agua in situ, permitiendo la desalinización ilegal del Mar Menor para verter luego en el propio mar la tóxica salmuera resultante, y permitiendo la explotación no menos ilegal de los pocos acuíferos que aún quedan. Recordemos el precintado por la Guardia Civil de 60 desaladoras ilegales en Murcia y la clausura de 42 pozos que amenazaban al Mar Menor en marzo de este mismo año. El milagro es de tal magnitud que, reventando la ecología de la comarca, han logrado posicionar a Murcia como una potencia mundial en el mercado hortofrutícola: una de cada cinco verduras y hortalizas exportadas en España proviene de la Región Murciana.

Un mar muere mientras una economía de base muy endeble florece en el desierto. Es tal el choque de objetivos y posturas en la comunidad murciana sobre este asunto que resulta llamativa la falta de una voz científica y técnica que aborde de frente el problema. Lo más preocupante es que sí que hay una voz pretendidamente científica y técnica, el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Pero por su falta de independencia y rigor es incapaz de dirimir la cuestión. Sus conclusiones no se sostienen. No sobreviven ni a la más elemental pregunta o crítica. Su recurso más habitual es culpar a una DANA o a unas determinadas condiciones meteorológicas de la mortandad de la fauna marina, y siempre descartar contra toda evidencia a la falta de oxígeno como responsable de esa mortandad. El Comité ha hecho siempre posible quitar importancia a lo que es ya la crónica de una muerte anunciada. En este último evento de 2021 se afanan en culpar de la mortandad a la ola de calor, pero la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) se ha apresurado en aclarar que la temperatura del Mar Menor es perfectamente normal para mediados de agosto y que no es en absoluto responsable de lo ocurrido. A pesar de que el Gobierno de la Región de Murcia quiere correr un tupido velo sobre este nuevo suceso, la situación es tan grave que ha llamado la atención de la prensa internacional. En un detallado artículo en el periódico británico The Guardian se explica que la mortandad ha afectado a especies como el cangrejo azul, un predador muy resistente que con su muerte demuestra la gravedad de la contaminación. En un artículo en el New York Times se desgrana como la tragedia del Mar menor forma parte de una degradación general y preocupante de la costa española.

La voz dudosa del comité de asesoramiento del Mar Menor, tan dudosa que ni los periodistas independientes quieren consultar, parte de un grupo de trabajo ligado a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Un comité que nació para el asesoramiento científico sobre las acciones de mejora del estado ecológico del Mar Menor, y que pretendía también impulsar el conocimiento científico sobre los problemas ambientales de la laguna y las medidas más adecuadas para su resolución. Pero su mirada dista mucho de la objetividad que caracteriza a la ciencia. Han tenido que ser expertos externos a este comité los que han acumulado de forma independiente las piezas del puzle que explican la catástrofe ecológica del Mar Menor. Este Comité del Mar Menor no sólo no realiza adecuadamente su función, sino que ha logrado bloquear las acciones necesarias para cumplir el objetivo para el que el propio comité fue creado. Ello ha generado la más que justificada dimisión de varios miembros, como por ejemplo los científicos del Instituto Español de Oceanografía que no pudieron tolerar la falta de objetividad y rigor de este comité. Su estructura y composición se ha intentado cambiar varias veces, pero todos los esfuerzos por reorganizar este comité han sido eficazmente neutralizados.

Lo que ocurre en Murcia no es, por desgracia, una excepción en España. La utilización de expertos en ciencia, tecnología y humanidades para objetivos políticos, particularmente en situaciones de crisis, es muy eficaz para silenciar o contrarrestar la posición de científicos y técnicos críticos con las afirmaciones y actuaciones oficiales, tal como denunciamos hace casi una década.

¿Pero por qué la ciencia veraz no acaba de abrirse paso en este grave problema ambiental de la Región de Murcia? Para obtener respuesta no hace falta entrar en muchos detalles ya que, en el fondo, es bien sencilla: no se abre paso por la influencia demoledora de la agroindustria y por el modus operandi del gobierno regional, así que no queda más remedio que entrar en el proceloso mar de la política. Y tampoco aquí hay que profundizar mucho. La cuestión política se comprende con rapidez sin más que observar algunos síntomas que hablan por sí solos y con gran elocuencia. Síntomas como el de echar balones fuera culpando (no se sabe bien de qué) al gobierno central, o los casos oscuros de corrupción como el caso Topillo, en el que una veintena de empresas agroindustriales y varios altos cargos murcianos están siendo investigados, así como los profundos conflictos de intereses que tienen cargos destacados y muy controvertidos del gobierno regional como el consejero Antonio Luengo, del que se lleva mucho tiempo pidiendo su dimisión.

Se trata de dos murallas, la de un grupo económico poderoso y la de un equipo político oportunista y sesgado, que son muy difíciles de sortear para la ciencia. Recordemos cual es la principal cruzada de la ciencia, porque cuando hay mucho dinero y poder de por medio, se nos olvida todo lo demás. La ciencia, en su exploración eterna del conocimiento, procura apuntalar dos derechos inalienables de la sociedad: el derecho a saber y el derecho a un medio ambiente saludable, este último reclamado con urgencia por las Naciones Unidas y presente en el artículo 45 de la propia Constitución española. Dos derechos que son pisoteados a diario con la tragedia del Mar Menor. Basta con resumir la evidencia tozuda de las observaciones y los datos.

Podemos empezar por recordar el concepto de rambla, un cauce natural por el que en regiones secas como la de Murcia no corre el agua más que unos pocos días al año y, a veces, ni siquiera todos los años. Varias ramblas que llegan al Mar Menor en la actualidad no paran de llevar agua, como es el caso, por ejemplo, de las que se conectan con la polémica rambla del Albujón, objeto de muchas denuncias. No es una buena noticia porque esa agua excedentaria no solo se extrae de sitios donde hace mucha falta, sino que llega cargada de agroquímicos y en especial de una gran carga de nitratos y fosfatos que son el origen principal del problema.  De todas formas, no se puede comprender lo que pasa en el Mar Menor si sólo se analiza el cuerpo del agua de la laguna, como hace la Consejería, mal aconsejada por su consejo asesor. Hay que entender al menos las algas del fondo de la laguna, los organismos filtradores y el aporte externo de nutrientes, agroquímicos y salmueras. No se puede culpar a las aguas subterráneas de la contaminación sobre todo cuando los datos reflejan que se ha sobrestimado en ocho veces el aporte real de las aguas subterráneas al Mar Menor. Además, el fenómeno que sufre el Mar Menor de eutrofización (la proliferación desmedida de fitoplactón como consecuencia de todos los recursos allí vertidos) requiere tanto de nitrógeno como de fósforo. Mientras las aguas superficiales llegan cargadas de ambos, el acuífero principal apenas contiene fósforo, por lo que la entrada subterránea nunca podrá explicar la crisis eutrófica. Otra evidencia de que se ha querido mirar a otro lado en la explicación del problema es la mejora temporal que se observó en el Mar Menor cuando se redujo durante el periodo 2016-2017 la entrada superficial de salmueras y otros drenajes, y como la llegada de la DANA en 2018, que barrió súbitamente todos los nutrientes acumulados en la superficie del Campo de Cartagena y los depositó en la laguna, hizo retroceder la degradación ambiental a la situación inicial. El motivo no es otro que el de no haber abordado realmente el origen de la contaminación: la agroindustria de la zona.

Una plataforma ciudadana ha puesto en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) con la intención de conferir entidad jurídica al Mar Menor en un intento desesperado, pero a la vez ejemplificador, de revertir la tragedia. Sería la primera vez para Europa que un espacio natural tiene ese reconocimiento jurídico y muchos confiamos en que sería estratégico para la recuperación y conservación de un especio tan singular y valioso como es el Mar Menor. Hace falta medio millón de firmas y el plazo termina en octubre. Mientras esa propuesta avanza hay que lograr que tanto los empresarios de la agroindustria como los representantes políticos en la Región de Murcia dejen de posponer lo ineludible y comiencen a reconvertir la agricultura, a detener vertidos de nitratos y salmuera, y a dejar de sobrexplotar el agua del Tajo y del subsuelo. Es inevitable que esto ocurra porque los derechos de la ciudadanía, y quizá los del propio Mar Menor si prospera la ILP, se acabarán imponiendo. Pero ojalá todo esto no ocurra demasiado tarde para el Mar Menor.

“Lamentamos el cierre unilateral de la estación esquí de Navacerrada”, así reza el comunicado de prensa de la Comunidad de Madrid al vencimiento de la concesión administrativa de aprovechamiento de terrenos públicos para la instalación de una infraestructura deportiva de alto impacto ambiental. Lo cierto es que no ha ocurrido nada especial. Ni siquiera ha afectado a terrenos madrileños. Simplemente, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha decidido que esos terrenos que pertenecen a los Montes de Valsaín y que gestionan sus técnicos revierta su uso.    

El proceso de creación del Parque Nacional de Guadarrama fue leonino y complejo. Varios grupos ambientalistas señalaron las paradojas que acontecían mientras se coordinaban las dos comunidades autónomas, Madrid y Castilla y León, se elevaba de forma independiente la petición por ambas partes para ser evaluada por el legislativo antes de que, finalmente, el gobierno de la Nación le diera luz verde. De manera esquemática, la principal preocupación ambiental que existía desde el minuto uno de esta propuesta era que la Comunidad de Madrid utilizara este proyecto de Parque Nacional para completar la oferta turística del parque temático en el que se ha ido convirtiendo la comunidad de Madrid al tiempo que se dotaba a los municipios del entorno con un motor para el desarrollo local, pervirtiendo el sentido de esta figura de protección, la máxima de nuestro ordenamiento jurídico. Sin entrar en valoraciones que el lector seguro que podrá hacer sin nuestra guía sobre las motivaciones últimas, fuimos muchos los que, aunque algo asustados, vimos en esta declaración de un nuevo parque nacional una oportunidad irrenunciable para la conservación de unos paisajes y de una diversidad biológica única. Los méritos ecológicos, geológicos, históricos y sociales de la Sierra de Guadarrama sumados a su vulnerabilidad por el cambio global y a su amenaza por las numerosas actividades de una población enorme, cercana y en constante expansión como es la ciudad de Madrid hacían más que necesario este esfuerzo por aumentar su protección. En ese contexto prioritario de conservación, el mantenimiento de infraestructuras de uso público masivo es una incoherencia difícil de disimular. 

Es muy posible que la mayor parte de la ciudadanía ignore que España, además de ser una potencia planetaria en cuestiones de calado como el fútbol, está a la cabeza en algunas ciencias clave para el futuro de la Humanidad. Un ejemplo paradigmático es la Ecología, una disciplina que nos sitúa entre los primeros países del mundo con una producción científica muy diversificada y con grupos repartidos por todo el país, que mantienen una eficacia en el uso del dinero recibido que nos sitúa de largo a la cabeza si se atiende al nivel de financiación. Con cuatro duros se hacen maravillas. Puede, también, que no todo el mundo esté al día del patrimonio con el que cuenta España en términos de naturaleza, biodiversidad y paisaje; un patrimonio común que al contrario de muchos otros va al alza, es un pilar clave para nuestro futuro y resulta la envidia de países de nuestro entorno. Es posible también, que la gente no sepa que fruto de ese esfuerzo de investigación pública, España acumuló buena parte de las primeras evidencias sobre el efecto del calentamiento antrópico, quizás el motor de Cambio Global más dramático, y que éstas se situaban precisamente en la sierra de Guadarrama. Un desplazamiento altitudinal de la vegetación o de grupos completos de animales como las mariposas, o el desacople entre los recursos tróficos y algunas aves que vienen a criar en Madrid fueron avisos de lo que estaba por venir. Pese a ese esfuerzo y esa capacidad de influir con nuestro trabajo en la comunidad científica internacional, nuestro éxito para empujar las políticas ambientales y de desarrollo de nuestro país ha sido bastante limitada. 

Las montañas de clima mediterráneo como nuestra Sierra de Guadarrama, son una rareza a nivel planetario. La coincidencia de una ventana térmica con temperaturas lo suficientemente altas como para que las plantas y detrás de ellas el resto de los organismos, puedan sobrevivir, coincide con la sequía estival. Eso que a nosotros nos parece tan normal, es una peculiaridad de nuestras montañas con profundas implicaciones ecológicas. Los veranos rara vez van acompañados de sequías en las montañas del resto del planeta, de manera que las dificultades ligadas a las bajas temperaturas no van acompañadas de problemas con el agua. Todo ello hace que la vida en nuestras montañas sea extremadamente difícil y ha promovido una diversidad biológica única con una enorme cantidad de especialistas de área de distribución muy pequeña. Ese es nuestro patrimonio colectivo y en este contexto de urgencia climática, nuestra misión está clara: conservarlo.

Probablemente muchos lectores se han dado cuenta de que una de las respuestas más habituales en animales y plantas enfrentados al calentamiento es el desplazamiento, subiendo en las montañas o migrando al norte. Desafortunadamente, nuestro Sistema Central tiene una orientación este-oeste y una altitud modesta. Por tanto, las altas cimas guadarrámicas se convirtieron hace tiempo en pequeñas islas alpinas con superficies menguantes por la presión de la vegetación de las zonas bajas. Islas donde las plantas y los animales especializados en estos ecosistemas tan inusuales de montaña mediterránea tienen desafíos excepcionales para sobrevivir. No hay posibilidad de ir más arriba ni de desplazarse al norte. Nuestras montañas no ofrecen esos caminos y ahí entra en juego la gestión inteligente de nuestro patrimonio de biodiversidad y paisaje. 

En ese contexto, cualquier medida que ofrezca espacio a esta diversidad, que limite el uso público de las zonas más sensibles y que priorice la conservación de algo tan escaso y valioso es tan bienvenida como necesaria. El esquí en estaciones como la del puerto de Navacerrada tiene un gran impacto ambiental. Se desarrolla en terrenos públicos en beneficio de unos pocos inversores y deportistas. Pero la montaña es mucho más que lo que vale esquiar y nos hace ricos a todos con su existencia.  Es evidente que al desmontar una estación de esquí tan arraigada pero tan pequeña como la de Navacerrada se compromete el modo de vida de una minoría y algunas actividades que se han hecho ya tradicionales. Pero no es menos evidente que una montaña bien conservada es un atractivo para emprendedores y una fuente de bienestar para una mayoría. No es difícil imaginar la reconversión de actividades y la adaptación a un clima que cada vez trae menos nieve al Guadarrama. Es rentable desde todos los puntos de vista, incluyendo el económico, reconvertir las infraestructuras, reinvertir las prioridades y disfrutar de lo que la montaña mediterránea puede ofrecer. 

Es paradójica la reivindicación de un neo-nacionalismo madrileño por parte de la presidenta de la comunidad de Madrid sin poner en valor los paisajes y la diversidad biológica de la cuna geográfica de su propio entusiasmo. Esta paradoja contrasta con buena parte de los movimientos políticos de nuestro entorno que construyen su discurso nacionalista sobre la tradición, las costumbres y, sobre todo, los paisajes.  En el redescubrimiento de la capacidad de cohesión  que tienen estas ideas tan antiguas, el PP madrileño se ha olvidado de nuestras montañas en favor de una explotación banal y cortoplacista del espacio, del paisaje y de la emergencia con lo que ella ha llamado “forma de vida a la madrileña” basada en la posibilidad de tomar una caña en una terraza. Si ese neo-nacionalismo se hubiera basado en una renacer de la historia y de los movimientos decimonónicos como aparenta, la presidenta hubiera puesto en marcha los mecanismos necesarios para que esa reversión a lo público y esa restauración ecológica de las tres pistas de la discordia se hubiera extendido al resto de las que caen en los terrenos realmente de su jurisdicción, los madrileños, de los que ella es responsable. La readaptación de esos paisajes y hábitats de montaña para su conservación auténtica hubiera permitido creer que su neo-nacionalismo no es impostado.

Madrid cuenta con una gran concentración de personal e infraestructuras de investigación: el 21% de las universidades y el 29% de los centros del CSIC del país, a pesar de contar solo con  el 14% de la población. La principal causa es el “efecto capital” en un sistema estatal muy centralizado. Sin embargo, tiene niveles de inversión e infraestructuras propias de I+D+i inferiores al de otras Comunidades debido a una apuesta poco decidida en este sector. Por ello, ni la gran masa crítica de investigadores y tecnólogos ni el gran volumen de inversión estatal y europea han servido para convertir a Madrid en una de las regiones clave del espacio europeo de investigación. 

En un artículo anterior propusimos tres líneas de trabajo para mejorar la gestión de infraestructuras y proyectos de I+D+i. Aquí abordamos uno de los grandes problemas de la I+D+i de España en general, y de Madrid en particular: las carencias en recursos humanos y la precariedad laboral de una buena parte de su personal laboral. 

Proponemos ahora cuatro conjuntos de medidas dirigidas para la mejora de las condiciones de trabajo de los y las académicas, investigadores, técnicas y administrativos relacionados con la I+D+i. El objetivo es introducir cambios estructurales profundos en las políticas científicas de la Comunidad de Madrid, que la conviertan en un destino realmente atractivo para que científicas y tecnólogos desarrollen sus carreras profesionales. Estas medidas son:

Acabar con la cultura de la temporalidad y el empleo precario en la investigación 

El primer paso es reconocer la acreditación en los diferentes niveles de profesorado como un motor en la carrera de todos los miembros de Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas madrileñas. Hacerlo dotaría a las universidades de recursos y libertad para estabilizar a las profesionales contratadas que demuestren un desempeño adecuado y garantizar una adecuada progresión en la carrera académica. Esta medida es imprescindible para dotar a las universidades públicas madrileñas de una plantilla estable acorde a sus necesidades de docencia e investigación, revertiendo la 'uberización' de dichos puestos. En este momento, casi todas las universidades públicas madrileñas incumplen la normativa que prepara el Ministerio de Universidades en los criterios referidos a la temporalidad de docentes e investigadoras. 

Una parte de estos problemas se deben a la inoperancia de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, que asumió en 2013 la ejecución de los procesos de evaluación antes realizados por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva (ACAP) de la CAM, pero que no ha desarrollado ninguna actividad tangible hasta la fecha. Mientras se termina de aclarar su papel en las evaluaciones de titulaciones y profesores, sería recomendable salir del impasse actual utilizando como base de la progresión profesional las acreditaciones a nivel nacional que proporcionan la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para el PDI, y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) para el personal investigador. Estas dos agencias públicas nacionales certifican que profesoras universitarias e investigadores tengan el nivel mínimo de docencia e investigación necesario para acceder a diferentes tipos de contratos en el caso del PDI, o contratos indefinidos mediante la certificación I3 en el caso de las investigadoras. 

Mantener contratados a profesores por debajo de la categoría que tienen acreditada a nivel nacional, realizando en la práctica las funciones de las categorías superiores que tienen reconocidas, equivale a subemplearlos. Por ello, la acreditación como Profesora Contratada Doctora o como Investigador I3 debería traducirse en su contratación indefinida, que el empleador debe cumplir en un tiempo razonable, nunca superior a dos años desde la acreditación y/o la entrada en la universidad u Organismo Público de Investigación (OPI). Y lo mismo debe ocurrir con la progresión profesional a los niveles superiores de la carrera profesional de PDI.

Implementar esta medida ayudaría a todas las universidades públicas madrileñas a cumplir los requisitos de calidad y estabilidad laboral del profesorado de la nueva ley. Además, fomentaría la excelencia investigadora y docente, al hacer depender la estabilización laboral y progresión en la carrera del cumplimiento de unos objetivos determinados, y no de meros criterios de antigüedad (como a veces ocurre ahora, especialmente en la carrera docente). Para ello, sería importante transformar las carreras docente e investigadora en un sistema justo y efectivo de tenure-track es decir, de contratos temporales que se consolidan automáticamente en fijos tras una evaluación exitosa del desempeño mediante una supervisión activa, exigente y transparente por la ACAP, la ANECA y/o la ANEP. 

Las nuevas leyes actualmente en desarrollo por los ministerios de Universidades y Ciencia e Innovación parecen seguir este camino. Aunque quedan bastantes dudas acerca del diseño inicial propuesto por ambos ministerios (ver por ejemplo aquí, aquí y aquí), esa estabilización obligatoria basada en una evaluación externa podría resolver buena parte de los problemas endémicos de precariedad de la carrera investigadora, asegurando a la vez que la progresión laboral esté basada en el desempeño adecuado de las funciones, como debe exigirse a todos los empleados públicos.

Fomentar la excelencia investigadora y docente, la transparencia y el garantismo en los procesos de evaluación 

El proceso necesario para alcanzar este objetivo debe comenzar por incrementar la financiación e implantar criterios de evaluación y procesos de revisión transparentes en las convocatorias de Atracción de Talento y de Proyectos de Investigación. Es imprescindible potenciar el programa de Atracción de Talento de la CAM, por el que se contratan jóvenes doctoras durante 3 o 4 años (en dos modalidades: “con experiencia” y “jóvenes”) y, sobre todo, fomentar la excelencia en sus procesos de selección. Esto requiere especial atención porque este programa de captación de talento, recientemente implantado por la CAM, ha sido criticado por falta de transparencia. 

De igual manera, sería imprescindible que tanto las facilidades a la progresión entre niveles profesionales como la concesión prioritaria de proyectos en convocatorias regionales, que actualmente otorga la CAM, estuvieran sometidas a una evaluación clara del desempeño previo de los beneficiarios. Al menos inicialmente, sería aconsejable realizar estas evaluaciones a través de la ANEP, cuyos servicios son utilizados rutinariamente por otras CCAA. Aunque la ANEP también necesita mejorar la transparencia y garantismo de sus evaluaciones, estas son actualmente más rigurosas y garantistas que las de las agencias madrileñas de evaluación. A más largo plazo se deberían introducir criterios adicionales de transparencia: evaluación en dos rondas con remisión de evaluaciones detalladas y opción para contestarlas –siguiendo el modelo de agencias como NSF (EEUU), NERC (Reino Unido) o FWF (Austria); control estricto del conflicto de intereses; limitaciones a la endogamia en la selección de evaluadoras; y cumplimiento real de los procesos de garantía (consideración real de las alegaciones por evaluadores independientes).

Aprovechar y respaldar candidatas y proyectos bien evaluados en convocatorias competitivas

Varias convocatorias altamente competitivas europeas y nacionales de I+D+i dejan sin financiar muchos proyectos e investigadores muy bien evaluados y con gran potencial de transformación, pero para los que no alcanza el presupuesto. Además, el retraso acumulado por concurrir a diferentes convocatorias, y reformular y reescribir esos proyectos en diferentes formatos implica una gran cantidad de tiempo de las investigadoras e investigadores que podría dedicarse a tareas más productivas. Por ello, proponemos líneas específicas de financiación para captar y retener estos investigadores y proyectos bien evaluados mediante un proceso de preselección rápida basado en las evaluaciones de las convocatorias europeas H2020 (ahora Horizonte Europa) como ERC, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) y otros programas de Excellent Science, y nacionales como Plan Estatal de I+D+i, Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Financiar algunos de estos proyectos con fondos propios de la CAM atraería o retendría a científicos con buena proyección internacional, a la vez que incentivaría la captación de estos recursos competitivos en los que la probabilidad de éxito es siempre muy baja.

Para ello no sería necesario crear un nuevo programa específico de financiación, sino aumentar los recursos de las convocatorias ya existentes para que puedan incluir este tipo de proyectos, e implementar una vía de evaluación que permita una entrada ágil de solicitudes ya evaluadas en otras convocatorias.  En una primera fase, se haría una evaluación por áreas temáticas de los proyectos o convocatorias de personal basada en la puntuación obtenida en dichas convocatorias, en dos modalidades – proyectos y personal, otorgando un rango de presupuesto preliminar a cada solicitud. Una parte de ellos se podría proponer para financiar con menor presupuesto y duración, como proyectos exploratorios. En el caso de personal, proyectos ERC que hubieran llegado a la última fase de selección y suplentes de los primeros puestos de la convocatoria Ramón y Cajal recibirían un contrato similar o se incluirían en la modalidad “con experiencia” de atracción de talento y un proyecto de investigación, y MSCA que han recibido “seal of excellence” y suplentes Juan de la Cierva uno similar a la modalidad “jóvenes”. 

En una segunda fase, los proyectos preseleccionados presentarían un presupuesto y relación de objetivos específicos adaptados al del nivel de subvención preconcedido. Esto permitiría tanto retener talento en Madrid como atraerlo, así como financiar de manera continuada equipos excelentes que no consiguen acceder a financiación en áreas infrafinanciadas. Un presupuesto plurianual de estas convocatorias permitiría realizar ajustes en el caso de que determinados proyectos sean desestimados en esta segunda fase, o no se llegue a utilizar todo el presupuesto destinado a esta línea de financiación.

Incrementar la capacidad de los equipos humanos y el alcance de los proyectos de investigación realizados en Madrid

Crear una verdadera carrera de técnicas y gestores científicos de I+D+i puede tener un efecto transformador en la ciencia madrileña. Los técnicos de investigación son claves para realizar tareas esenciales y a menudo muy especializadas, mantener servicios comunes y gestionar los laboratorios. Una plantilla adecuada y estable de técnicas mejora tanto la productividad como la calidad de la ciencia que se produce, especialmente para los grupos de tamaño pequeño y mediano que componen el grueso de nuestro sistema de I+D+i. 

Actualmente, desarrollar una carrera profesional como técnico de I+D+i es extremadamente complicado, especialmente en las facultades de ciencias, porque el bajo nivel de financiación de los proyectos de investigación y el bloqueo administrativo a la contratación fija (más allá de las plazas de funcionaria, que salen con cuentagotas) dificultan mantener una plantilla estable en universidades y OPIs. Además, la mayoría de programas de contratación se dirigen a técnicas junior (en formación), lo que limita mucho la estabilización de técnicos con experiencia y niveles elevados de formación y especialización. Favorecer la estabilidad y la capacitación continua del personal técnico permitiría que estas contribuyeran de forma activa a: 1) la formación de estudiantes de grado y doctorandos; 2) la realización de tareas de gestión científico-técnica en los grupos de investigación, unidades de servicio y/o centros de investigación; y 3) la transferencia a la administración o a las empresas con base tecnológica. 

Por ello, proponemos ampliar la contratación de técnicos y gestoras de I+D+i más allá de los contratos de formación de garantía juvenil existentes actualmente, mediante una línea básica de contratación seguida de dos nuevas líneas de consolidación. La primera, similar a las ya existentes, incluiría la contratación por periodos cortos (hasta 3 años) para dar apoyo a proyectos financiados por administraciones (Plan Estatal, CAM, UE, fundaciones públicas). Las líneas de consolidación serían: 1) subprogramas de formación avanzada (similares a contratos de Personal Técnico de Apoyo) seguidos de contratos de consolidación sometidos a evaluación del desempeño; y 2) programas de formación continua, con acreditación de niveles de experiencia crecientes (también sometida a evaluación del desempeño), que posibiliten la progresión posterior a lo largo de la escala profesional. 

Hemos visto con frecuencia que la política de I+D+i institucional prefiere crear nuevos centros, comprar equipamientos o construir infraestructuras, a consolidar el capital humano. Esto es paradójico porque los edificios vacíos y los equipos infrautilizados no generan conocimiento ni patentes. Afianzar la carrera científica y técnica con criterios de calidad y con garantías laborales es crucial e insoslayable para retener el talento y lograr el posicionamiento que le corresponde a la Comunidad de Madrid en el contexto internacional de investigación e innovación. 

En resumen, es fundamental incrementar la financiación y mejorar el funcionamiento de la investigación pública. La creación de un ecosistema de innovación público-privada, objetivo repetido de nuestros dirigentes, solo será efectiva si incluye una apuesta decidida por la I+D pública. Es cierto que no podemos generar una ciencia de excelencia sin aumentar la magra inversión actual, entre las más bajas de Europa, y que la llegada de los fondos europeos es una gran oportunidad para ello. Pero, si no nos replanteamos a fondo el modelo de gestión y creación de capital humano que tiene que haber detrás, la inversión no dará sus frutos. Tenemos que pensar colectivamente si le vamos a dar o no prioridad a un modelo económico basado en el conocimiento, y no tanto en el ladrillo y el turismo.

La Comunidad de Madrid se jacta de ser el motor económico de España. Sin embargo, eso no se debe a su capacidad de generar y mantener actividades de gran valor añadido, sino simplemente a una gran concentración de instituciones públicas y de masa crítica empresarial (el efecto sede), así como a políticas de dumping fiscal que atraen capital y generan desigualdad a nivel nacional. 

El panorama en el ámbito de la investigación y la innovación es similar. A pesar de albergar sólo el 14% de la población del país, Madrid cuenta con seis universidades públicas y 12 privadas (el 21%), 35 de los 120 centros del CSIC (el 29%), una larga lista de Organismos Públicos de Investigación (OPIs), como el CNIO, el INIA, el CEDEX, el Instituto Carlos III o el CIEMAT, un sistema propio de gestión de la investigación (madri+d), y una red propia de siete centros de enfoque tecnológico, los IMDEA. Además de esta importante masa crítica, la Comunidad de Madrid presenta un nivel elevado de inversión en I+D+i (el segundo más alto del país en 2020 entre pública y privada). 

Sin embargo, el volumen de inversión en I+D+i del gobierno regional es limitado, el alcance y la implantación del sistema de gestión madri+d son reducidos, y la infraestructura propia de I+D+i está menos desarrollada que en otras Comunidades que han hecho una apuesta más decidida por la innovación, como Cataluña o el País Vasco. Además, la inversión propia está casi exclusivamente orientada a centros tecnológicos (como la red de institutos IMDEA) y a fomentar la participación empresarial. Esta política regional tiene unos resultados muy desiguales y que revelan muy poca eficiencia: Madrid cuenta con menos empresas innovadoras que otras CCAA y los IMDEA presentan un desempeño muy modesto comparado con otros institutos dedicados exclusivamente a la investigación, con la honrosa excepción del Instituto de Nanociencia, seleccionado como uno de los Centros de Excelencia Severo Ochoa. 

En resumen, la producción científica de Madrid es más elevada que la de otras CCAA gracias a que cuenta con una buena parte de la inversión estatal y una gran masa crítica, todo ello como consecuencia del efecto capital y de la herencia de un sistema estatal y un desarrollo muy centralizados. Pero las limitaciones y la falta de transparencia de sus estructuras de gestión y la debilidad de su ecosistema de I+D+i le impiden aprovechar el potencial y las sinergias que pueden conllevar la elevada acumulación de capital humano e infraestructuras de investigación. El foco, necesario pero excesivo, en la innovación empresarial impide aprovechar adecuadamente el valor añadido que proporciona, de forma demostrada, un vínculo más robusto y ágil entre la investigación fundamental y el desarrollo e innovación tecnológica e industrial. 

Somos conscientes de que en los dos años de legislatura que restan después de las elecciones convocadas es difícil hacer cambios estructurales profundos en las políticas científicas de la CAM. Sin embargo, la oportunidad que surge de la confluencia de financiación (sobre todo, los fondos que la UE va a dedicar a la reconstrucción post-pandémica) y flexibilización normativa (de consolidarse el desarrollo de los cambios legislativos que están siendo introducidos por el gobierno central para mejorar el marco laboral y dinamizar los programas de ciencia de base e innovación) podría ser el catalizador de reformas que Madrid necesita para situarse en la punta de lanza del nuevo modelo de desarrollo que nuestro país necesita.

Por ello, en una serie de dos artículos presentamos un resumen de medidas realistas que permitirían un cambio efectivo en el tejido de I+D+i de Madrid. En este primer artículo nos ocupamos de las políticas orientadas a la gestión de centros y al apoyo de líneas de investigación, mientras que en el segundo nos centraremos en la mejora de las condiciones de trabajo de los académicos, investigadores, técnicos y gestores  de I+D+i, de manera que Madrid sea un destino realmente atractivo para desarrollar las carreras profesionales dentro de un sector en el que prima la inestabilidad y la precariedad laboral. 

Dentro de la gestión de centros y proyectos, proponemos tres conjuntos de medidas orientadas a los siguientes objetivos:

Aprovechar las sinergias potenciales entre centros de investigación, departamentos universitarios y empresas 

El primer paso, a corto plazo, sería mejorar el programa de proyectos sinérgicos de la Comunidad de Madrid y enfocarlo en facilitar la creación de redes transversales realmente funcionales sobre líneas de investigación prioritarias para Madrid. El programa actual de proyectos sinérgicos tiene un alcance muy limitado y requeriría una planificación estratégica, mucha mayor dotación, una reducción de la carga burocrática y una evaluación eficaz del desempeño. Para aprovechar la gran cantidad de sinergias potenciales entre diferentes grupos de investigación de la CAM, además, sería importante reorientar la misión de algunos IMDEA y ciertas secciones de madri+d, enfocándolos en la creación de redes intersectoriales y público-privadas, dotándoles de financiación para desarrollar las actividades de knowledge broking (reuniones, talleres y proyectos exploratorios) necesarias, y con un presupuesto estructural para contratar personal administrativo que facilite la captación y gestión de proyectos internacionales. 

En este contexto, los IMDEA fueron una interesante apuesta de la CAM para situarse en el panorama científico internacional, que por desgracia ha tenido resultados desiguales. Parte de las sombras que oscurecen el funcionamiento de estos centros se debe a que su organización y gestión no se implementó a partir de procesos transparentes de selección de investigadores o gestores científicos de excelencia, por lo que la mayor parte de ellos son dirigidos por los investigadores que han sido más eficaces para llegar a los tomadores de decisiones, un rol que en Madrid está a menudo supeditado al perfil político. Reenfocar parte de su funcionamiento a la formación de redes efectivas de trabajo entre diferentes centros de I+D+i (universidades y OPIs) dentro y fuera de Madrid redundaría en una mejora de sus estructuras de gestión, sobre todo si estuviera acompañada de una renovación de sus órganos de gobierno. Este tipo de instituciones deberían, además, ampliar el abanico de eventos de transferencia del conocimiento y divulgación de la ciencia que desarrollan. Una fórmula clásica es, por ejemplo, la organización de seminarios internacionales, impartidos en inglés, en los que invitar a grandes referentes en cada campo y en los que puedan participar, además de investigadores de distintos países, docentes, doctores y doctorandos de los centros madrileños.

Mejorar la actividad científica existente favoreciendo el uso compartido de equipamiento y la colaboración entre grupos

Un primer paso, a corto plazo, sería facilitar el uso compartido de grandes equipos e instalaciones. Para conseguirlo, proponemos constituir una “agencia” o “consorcio regional” para el uso compartido de equipos, a partir de la Red de Laboratorios e Infraestructuras ya existente. La ciencia de excelencia requiere del uso creciente de tecnología y técnicas cada vez más complejas, que exceden rápidamente las capacidades de un solo grupo de trabajo. Esta agencia o consorcio contaría con personal de administración propio, y mantendría una base de datos de equipamientos disponibles a la que los investigadores puedan acceder para realizar y completar sus experimentos de forma rápida, transparente y competitiva. Además, podría actuar como un aglutinador de instalaciones compartidas en un único consorcio regional, lo que permitiría adquirir y mantener instalaciones o equipos muy costosos y utilizarlos de manera compartida, independientemente de que éstos se emplazaran en Universidades, OPIs, o IMDEAs. Además de potenciar la capacidad técnica, esta medida fomentaría la creación de redes entre los distintos equipos de investigación, favoreciendo la cooperación entre grupos, la multidisciplinariedad y las sinergias entre éstos. Esta cooperación entre grupos de I+D+i permitiría gestionar misiones de investigación multidisciplinares y construir ecosistemas de colaboración público-privada en áreas de interés prioritario para la CAM, financiadas con subvenciones (no préstamos) sometidas a rendición estricta de cuentas en base a resultados, financiación y gestión compartida de patentes, implicando una incubadora de empresas para su desarrollo.

Flexibilizar y racionalizar la ejecución del gasto mediante la eliminación de barreras burocráticas 

Para avanzar en este objetivo que deriva de un control excesivo del gasto y bloquea el desarrollo de la investigación pública, la transferencia de resultados y el desarrollo de patentes, un primer paso sería la creación de una empresa pública de gestión de I+D en la que participen universidades y OPIs. Esta propuesta trasciende el límite temporal de la legislatura regional que queda; sin embargo, sentar sus bases tendría un gran potencial de transformación. Una de las limitaciones más importantes de la I+D+i pública en España en general y en Madrid en particular es la poca capacidad de gestionar y retener dentro del sector público tanto sus servicios técnicos como sus productos en forma de patentes o transferencia de tecnología. Esto obliga a muchos grupos a externalizar tareas técnicas complejas, como la secuenciación genética, enviándolas muchas veces a empresas de otros países que ofrecen precios más competitivos. Muchos centros madrileños tienen capacidad de ofrecer estos servicios especializados, pero la legislación fomenta que tengan que hacerlo mediante la creación de empresas de tipo spin-off en las que la administración pública no puede ostentar más allá de un porcentaje minoritario. Lo mismo ocurre con la explotación de las patentes generadas por organismos públicos, que habitualmente se realiza por spin-offs, empresas co-desarrolladoras, o compañías no involucradas en su desarrollo.  

La creación de una empresa pública (que puede visualizarse como una “super spin-off”) permitiría tanto gestionar dichas patentes como ofrecer servicios especializados a instituciones públicas y agentes privados También permitiría otorgar valor añadido a los servicios realizados mediante la cooperación con distintos grupos de investigación y fomentaría la creación de empleo de calidad. Además, en combinación con el consorcio propuesto anteriormente, esta empresa pública permitiría crear o atraer grandes infraestructuras y grupos de referencia internacional, que se aprovecharían de las sinergias generadas por el ecosistema diverso y de gran tamaño de ciencia e innovación que existente en Madrid. 

Una empresa pública de este tipo permitiría enfrentarse rápida y ágilmente a circunstancias de emergencia como las derivadas de la pandemia de COVID-19, movilizando recursos de gran parte del sistema de I+D+i de manera coordinada para tareas urgentes o coyunturales. Tal ha sido el caso, por ejemplo, del desarrollo de vacunas para la COVID-19, que ha sido mucho más lento que en otras regiones de nuestro entorno debido a las enormes debilidades de nuestro sistema de I+D+i. Sería útil, además, para acciones de interés social que requieran un elevado grado de especialización técnica e innovación, como el uso forense (por ejemplo, el análisis genético de muestras biológicas procedentes de fosas comunes en cumplimiento de las leyes de memoria histórica), el diagnóstico médico, la seguridad alimentaria o las pruebas de parentesco. Disponer de este recurso público no solo permitiría nivel más adecuado de aprovechamiento social del sistema de ciencia e innovación, sino que permitiría equilibrar las arcas públicas y la reinversión en mejores servicios para los ciudadanos al recuperar una fracción mayor de la inversión a través de los beneficios económicos de este aprovechamiento. 

Algunas de estas medidas propuestas requieren un esfuerzo presupuestario considerable, algo inevitable tras décadas de desinversión en los servicios públicos de la CAM. Otras, sin embargo, solo necesitan de la voluntad de las administraciones para agilizar sus normas, mejorar sus procedimientos y reducir la sobrecarga burocrática que actualmente asfixia la ejecución del magro presupuesto disponible. Asegurarse de que el gasto se asigna y justifica en base al desempeño es también algo que requiere tan solo voluntad política. Presentamos esta primera relación de medidas con la esperanza de que trasciendan a las ideologías y lleguen a inspirar al gobierno que sea elegido el próximo 4 de mayo. Eso es, al fin y al cabo, lo que de verdad importa.

Los rayos son un fenómeno meteorológico relativamente común: cada año tienen lugar en el mundo 16 millones de tormentas con rayos, que causan 1.400 millones de rayos anuales, equivalentes a 44 por segundo. Cuando interfieren con las densas poblaciones humanas, pueden tener efectos devastadores. Por eso los humanos tomamos precauciones hace tiempo, y la normativa obliga a la instalación de estructuras de protección (pararrayos) en edificios e infraestructuras eléctricas. Aun así, las actividades individuales crean situaciones de riesgo – que, solo en EEUU, acaban causando alrededor de 100 heridos al año, de los que uno de cada cinco muere. 20 muertes anuales en una población de 328 millones equivalen a una muerte por cada 16 millones de habitantes, lo que hace de los rayos una de las causas de mortalidad menos frecuentes de cuantas nos afectan. Globalmente, la probabilidad de que “te parta un rayo” es muy pequeña, es menor a uno entre tres millones. Muchas de esas muertes pueden evitarse tomando algunas medidas sencillas, y de hecho, su aplicación ha hecho descender el número de muertes causadas por rayos más de tres cuartas partes desde 1995.

Imaginemos, sin embargo, que en un corto periodo de tiempo tuvieran lugar varias muertes por caída de rayos, y que estas muertes recibieran gran atención mediática. Imaginemos además que los gobiernos, ignorando por completo la racionalidad de las decisiones técnicas, prohibieran a toda la población salir a la calle en momentos de tormenta, paralizando su vida cotidiana y sometiendo a muchos (por ejemplo, enfermos que requirieran atención médica) a riesgos innecesarios, a pesar de que las probabilidades reales de que alguien más muera por un rayo son bajísimas. Pues bien, algo así está ocurriendo en España y Europa con la vacuna de AstraZeneca (ahora rebautizada como Vaxzevria) o la de Janssen, también compuesta por un vector viral inocuo. Y el problema no es que no entendamos bien cómo y por qué se forma un coágulo a partir de una vacuna. El problema es que lo que realmente no entendemos es el significado de una probabilidad muy, muy baja. Estamos confundiendo todo el tiempo riesgo con gravedad, el debate social y político no progresa, las decisiones son contradictorias y los cambios de opinión sobre la seguridad de la vacuna son constantes. El debate está muy influido por un fuerte sesgo de novedad y por la dificultad humana para asimilar una probabilidad inferior a un caso entre cien o entre mil.

Repasemos los números. Actualmente, la letalidad de la COVID-19 es del 0.8-1.0% en España. Esto quiere decir que aproximadamente una de cada cien personas que contraen el virus acaba muriendo. Es una tasa escalofriante pero muy baja, en comparación con las letalidades cercanas al 7% que se pudieron observar en la primera ola de la pandemia. Esta tasa aparentemente baja no ha evitado que hayamos superado ya las 76.000 muertes en nuestro país, y eso con tan solo 3,4 millones de casos confirmados (el 7.2% de la población) y con unas medias de prevención muy restrictivas (salvo en algunas regiones particularmente negligentes, como Madrid). Si la pandemia se detuviera en este momento, habría muerto ya el 1.6 por mil de la población española.

La insensibilización creciente que hemos sufrido a lo largo de la pandemia, combinada con la nula atención que han prestado los medios a las historias personales de los enfermos, el drama de los fallecidos y el dolor sus familias, y al sufrimiento diario de todos aquellos que han quedado con graves secuelas, han hecho que no prestemos a la cifra total de fallecidos la atención que se merece. 76.000 fallecidos equivalen a la muerte de la población completa de alguna de nuestras ocho capitales de provincia más pequeñas (como Ciudad Real, Ávila o Segovia). Repartidos en solo trece meses, representan una mortalidad de casi 6.000 muertos al mes, 200 muertos diarios: más que si cada día hubiera habido un accidente como el de Spanair en Madrid, tantos como si cada día se repitiera el atentado del 11M en Atocha, más que si cada semana se repitieran todos los asesinatos cometidos por ETA en sus 43 años de actividad terrorista. Mencionar estas cifras permite hacernos una idea de la poca percepción y conciencia que tenemos del impacto real de la pandemia en nuestro país.

Parte del problema se debe a los esfuerzos de nuestras instituciones por ocultar los muertos. Por ejemplo, la página oficial del Ministerio de Sanidad sobre la situación actual de la pandemia destaca el número de afectados y el avance de la vacunación, pero evita proporcionar el número de muertos – y lo mismo hace la página oficial sobre COVID-19 del ISCIII. No obstante, la responsabilidad principal es de nuestros representantes públicos y de los medios de comunicación. Sea debido a lo doloroso de la situación o a criterios de estrategia política, tanto unos como otros han recurrido continuamente a la negación, a las metáforas bélicas, o a los titulares efectistas, y han faltado a su obligación de reportar los números exactos y reconocer el drama personal y social que hay detrás de ellos.

Bien, a pesar de las cortinas de humo y la confusión tenemos unos números bastante claros sobre el número actual de afectados y fallecidos. Pero ¿qué números podemos esperar si la vacunación se retrasara, o dejara de funcionar por completo? Recordemos: 76.000 muertes con 3,4 millones de casos confirmados representan una letalidad media del 2.2%, aunque la mejora de los tratamientos (combinada, probablemente, con una mayor detección de casos) ha reducido esa letalidad actual al 0.8-1%. Por desgracia y para nuestra desgracia, la mayor parte de la población no ha sido expuesta aún al virus ni ha desarrollado, por tanto, inmunidad. Las sucesivas olas del pandemia han dejado claro que las medidas de control han ralentizado su expansión, dando un tiempo precioso a científicos y profesionales médicos para desarrollar vacunas y tratamientos, pero no van a detenerla. Por tanto, el escenario más probable, en ausencia de vacunas, es que acabe afectando a toda la población. Siendo muy optimistas podemos asumir que, cuando se alcancen tasas de infección cercanas al 70%, la inmunidad de grupo acabará deteniendo las nuevas infecciones (algo razonable cuando ocurre inmunización artificial rápida mediante campañas intensas de vacunación, pero mucho menos probable cuando el proceso es ‘natural’, ya que el virus tiene mucho más tiempo para desarrollar variantes que evadan al sistema inmune). Eso implicaría una mortalidad mínima del 0.56% - un muerto por cada 200 personas, hasta llegar a superar los 265.000 muertos en nuestro país. Y todo esto, sin contar con nuevas variantes más infecciosas y/o letales del SARS-CoV-2, algo que cada vez parece más difícil evitar.

El abandono de una de las vacunas disponibles, o su restricción a ciertos grupos de edad, tendría un impacto mucho más limitado. Probablemente, cause tan solo retrasos de unos pocos meses en el plan de vacunación de nuestro país, un plan que no está destacando precisamente por su celeridad. La perspectiva no es, aun así, alentadora. Una sencilla extrapolación de las tasas de infección y fallecimientos mensuales arroja un diferencial muy elevado de enfermos graves y fallecidos. Durante los últimos 13 meses, hemos tenido en promedio un cuarto de millón de casos confirmados mensuales, y las ‘olas’ de infecciones han sido cada vez mayores. Eso ha causado, en promedio, más de 5.800 muertos mensuales (122 muertos por millón). Por tanto, un retraso de entre uno y tres meses (un escenario bastante conservador del retraso debido al cese o a las reticencias en la aplicación de la vacuna de AstraZeneca o la de Janssen) causará, probablemente, entre 6.000 y 18.000 muertes evitables. Todo esto, si se mantienen las restricciones de circulación y distanciamiento social actuales: en caso de relajarse estas, como está planteando ya el gobierno, el escenario sería considerablemente peor.

Hay que añadir además el efecto de confusión que genera una información desbordante en detalles técnicos y sobre la que falta perspectiva temporal y estadística. Es imprescindible entender bien los niveles de mortalidad que puede causar la vacunación y por qué no se detectaron en los ensayos clínicos previos a su autorización. La discusión se centra, en este momento, en la aparición de varios casos de trombosis venosa, de los que algunos fallecieron. De acuerdo al reciente comunicado de la Agencia Europea del Medicamento, esta reacción se detectó en 86 casos (62 de trombosis cerebral, 24 de trombosis esplácnica) reportados hasta el 22/3/21 en la base de datos europea de presuntas reacciones adversas (EudraVigilance), de los que 18 (un 21%) fallecieron. Estos casos provienen principalmente de la UE y del Reino Unido, donde han recibido la vacuna unos 25 millones de personas. La mayoría de los casos tuvieron lugar en mujeres de menos de 60 años y ocurrieron durante las dos semanas siguientes a la primera dosis de la vacuna. Estos datos indican una tasa de afección de 3.4 por millón y una mortalidad de 0.7 por millón. Estos valores de mortalidad y afectación son tan bajos que no pudieron ser detectables en los ensayos previos, realizados en poblaciones de decenas de miles de individuos. Una vez más estamos enfrentados a números muy, muy pequeños. Para poner las cifras en contexto, la trombosis venosa esplácnica tiene una incidencia estimada de 500 casos por millón (lo que es probablemente una infraestima, dado que su detección es a menudo incidental); y la trombosis venosa cerebral tiene una incidencia, en adultos, de 3-4 casos por millón en series de autopsia y 10 veces mayor en series clínicas, aunque es especialmente frecuente en mujeres de 20 a 35 años, asociada al embarazo o puerperio y al uso de anticonceptivos orales.

Una reacción similar (trombocitopenia inmune severa) ha sido, además, reportada en el Sistema de Registro de Reacciones Adversas a la Vacuna (VAERS, en inglés) para al menos 36 personas de los 31 millones vacunados con Moderna y Pfizer-BioNTech en EEUU. De confirmarse estos números, indicarían una incidencia similar (1.16 casos por millón) en estos dos tipos de vacuna a los de la polémica AstraZeneca; aunque con una letalidad mucho menos (tan solo se ha reportado una muerte), que aún no sabemos si responde a una reacción menos virulenta, o con mejor diagnóstico y tratamiento en estos últimos. Y, en los últimos días, el CDC y la FDA han recomendado una pausa en el uso de la vacuna de Janssen tras reportar 6 casos similares (trombosis venosa cerebral con trombocitopenia) en 6.8 millones de vacunados – una probabilidad de 0.88 casos por millón que, de nuevo, se acerca a las reportadas para las otras vacunas. Como en el caso de AstraZeneca, estos casos tuvieron lugar en mujeres entr 18 y 48 años y ocurriern 6-13 días tras la vacunación.

La Asociación Europea del Medicamento ha concluido de forma clara que, incluso en el peor escenario posible, es decir, en el de que se confirmara una relación de causalidad directa entre vacunación y trombos, y esta no estuviera determinada por factores de riesgo previos, los beneficios de la vacunación superan con creces a los riesgos. En primer lugar, porque la incidencia de este tipo de trombos es muy inferior a la incidencia global en la población. Pero, sobre todo, porque incluso en el peor de los escenarios, las trombosis causarían menos de 1 fallecimiento por millón de vacunados, pero prevendrían 5.600 fallecimientos por COVID por millón de vacunados). Un fallecimiento frente a evitar cinco mil seiscientos. Incluso si el retraso causado por el abandono de esta vacuna sobre el plan de vacunación de nuestro país fuera de solo un par de meses, causaría más de 100 muertos por millón adicionales, es decir, causaría 100 veces más de los muertos que se quieren evitar retirando la vacuna.

De igual manera, un estudio de la Universidad de Cambridge ha concluido que una persona de 60 años tiene entre 70 y 638 veces más probabilidades de ingresar en la UCI por no vacunarse que de sufrir un trombo por la vacuna de AstraZeneca, en una ventana de riesgo de tan solo 16 semanas. Tan solo en uno de los grupos de edad (el más joven, de 20 a 29 años) y en un escenario de bajo riesgo (incidencia de 2 por 10.000, que se ha observado raramente desde setiembre en España, y prácticamente nunca en regiones como Madrid) superan los riesgos a los beneficios.

Esto no quiere decir que no deba hacerse nada. En estos momentos, se está trabajando intensamente en identificar los factores de riesgo, las pruebas diagnósticas específicas para detectar esta reacción y los tratamientos (p.ej., con globulina inmune intravenosa) para este tipo de afección. Los casos de trombosis tuvieron rasgos muy específicos, al ocurrir en combinación con bajos niveles de plaquetas (y, a veces, hemorragias), que apuntan a un mecanismo causal: una respuesta autoinmune similar a la desarrollada raramente por pacientes tratados con heparina (trombocitopenia inducida por heparina, HIT en inglés). Como ya ha ocurrido con el propio COVID-19, la mejora del diagnóstico y tratamiento que este trabajo va a producir mejorará probablemente la prognosis de los individuos que desarrollen esta reacción en el futuro. Es cierto que, dado que el principal grupo de riesgo identificado hasta la fecha son las mujeres de menos de 60 años y que los principales grupos de riesgo entre los afectados por la COVID-19 son precisamente los varones y los/las mayores de 50-60 años, podemos esperar que las autoridades sanitarias reajusten las campañas de vacunación para administrar otros tipos de vacunas a las primeras. Otras decisiones, como la de interrumpir la vacunación de las personas que ya han recibido una dosis, parecen, sobre la evidencia disponible, totalmente injustificadas. Al fin y al cabo, completar su pauta de vacunación con otra vacuna diferente no deja de ser un experimento aún más arriesgado, del que no se conocen ni los efectos secundarios ni la eficiencia que podría tener.

La trayectoria errática en las decisiones individuales, nacionales e internacionales que hemos visto en los últimos meses sobre la vacuna de AstraZeneca (si vacunarse o no, si comprar más dosis o arrinconarlas hasta nueva orden en una nevera, si aplicarlas a los mayores o a los jóvenes), revelan que el nudo gordiano en la vacunación masiva de la población no está en entender los mecanismos de los trombos ni los detalles de los efectos secundarios de la vacuna. Ni siquiera en las bondades o los precios de mercado de cada vacuna. El nudo gordiano es tomar decisiones basadas en una evaluación responsable y transparente de los riesgos y las probabilidades numéricas asociadas, aunque éstas sean tan bajas que pocas personas puedan entenderlas y valorarlas intuitivamente.

George W. Bush sucedió como si fuera una estirpe real a quien destronó a su padre, George H. W. Bush, el bochornoso Bill Clinton. Pasó a ser el 43 presidente de Estados Unidos después del 41 que fue su casi homónimo padre. No podemos poner en duda que tiene derecho a presentarse a unas elecciones democráticas; pero como somos inquietos, alguno puede ceder a la tentación, dios no lo quiera, de preguntar ¿es ético? Enseguida nos dirán, “cualquier ciudadano tiene todo el derecho del mundo a presentarse”. Pero como uno, en el marco de una conversación de barra de bar, puede quedar ofuscado y un poco anestesiado por los vinos que ha tomado, podría insistir; “sí, claro, puede hacerlo, faltaría más, pero la probabilidad de que un hijo suceda en un puesto de esta naturaleza a un padre como sucesos independientes, es, sencillamente, cero”. No nos engañemos, es legal, claro que sí, pero representa una disfunción, una evidencia de que algo no va bien y de que todos no somos iguales al enfrentarnos al reto de unas elecciones democráticas. 

El que fuera consejero de educación de la Comunidad de Madrid y responsable de universidades con Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, Rafael van Grieken, se presenta a las elecciones de rector de la vapuleada URJC. Aunque a uno le pueda resultar extraño, al menos desde el punto de vista ético, que alguien que ha ostentado una posición política de esta naturaleza pueda presentarse a rector, no cabe duda de que lo puede hacer. Faltaría más. Es absolutamente legal. Como una estirpe de calidad científica y docente por encima del promedio, buena parte de los miembros del grupo académico al que pertenece han sido reclamados para desarrollar labores de servicio público en puestos de alta responsabilidad política, (con varios directores y subdirectores generales, posiciones en la ANECA, antiguos rectores, vicerrectores, directores de IMDEA, directores de Escuelas universitarias). No hay nada que objetar. Si han sido reclamados para puestos de responsabilidad, será porque su desempeño es excepcional y necesario para el avance de esta ínsula de Libertad, antisocialista en la que se ha convertido Madrid, como nos recuerda nuestra recientemente dimitida presidenta. Parece estadísticamente difícil que por azar buena parte de los miembros del grupo hayan sido reconocidos con esas libres designaciones, pero los números no son objeto de esta tribuna.

Así que zanjemos de una vez la duda. Es absolutamente pertinente reconocer que aunque pueda parecer que se presenta a unas elecciones dopado por las responsabilidades políticas desarrolladas con anterioridad, la información privilegiada que pueda tener, y la capacidad de influir en la comunidad universitaria no por su eficacia para convencer sino por académico abolengo, es absolutamente legal, como el joven George W. Bush. Yes, he can.

Algo más sensato como analista y no menos descorazonador resulta la evaluación de sus “entregables” en la Consejería. No voy a extenderme, simplemente señalaré un par de cosas que han emergido con reiteración en la campaña electoral. La primera es obvia y merece poca discusión. El juicio por la falsificación de diferentes papeles relacionados con el supuesto máster llevado a cabo por la expresidenta Cristina Cifuentes permitió ver a toda la comunidad universitaria en directo cómo el candidato a rector no pareció tener mucho interés por defender los intereses de la institución, sino más bien los de su jefa.

Más allá del estupor que comparte la fiscalía porque el tribunal dejara absuelta a la señora Cifuentes, mientras que condenaba a dos personas de la Universidad, que debieron cometer el atropello y la falsificación sólo como un reto personal en el marco de un juego de rol, lo que no queda ninguna duda es que el ahora candidato utilizó su posición para apremiar e intentar influir en la solución del “problema” de la presidenta. Dónde podía quedar la universidad, sus estudiantes, sus compañeros docentes y administrativos, no parecía su prioridad. No cabe duda de que la verdad judicial cursa por veredas complejas que sólo los profesionales del ramo son capaces de entender, pero la verdad sin adjetivos, la basada en la evidencia de los resultados no deja lugar a la duda: la URJC en boca de todos como un sinónimo de corrupción y nepotismo y él, en su puesto, engrosando los hilos de su ya tupida red de contactos. 

El segundo aspecto que ha emergido a lo largo de la campaña electoral excede el ámbito de la URJC y afecta a todas las universidades públicas de Madrid. El candidato acusa de forma vehemente al equipo actual y por extensión al del resto de las universidades públicas de no ser capaces de ejecutar el presupuesto que la Comunidad de Madrid (con él como consejero) les envió. En este marco de la simplificación radical al que nos hemos visto abocados, el eslogan es muy directo: “Hay que ser inútil para, teniendo dinero, no ser capaz de ejecutarlo”.  Y sí, la verdad es así de simple, las universidades públicas han recibido un dinero muy importante como consecuencia de reiteradas sentencias a lo largo de años consecutivos en el último trimestre del año que en buena parte no ha podido ser gastado.   

Veamos esta madeja con espíritu crítico. El presupuesto aprobado para la URJC ha ido creciendo desde los 128 millones en 2017 a los casi 190 en 2021. Sobre esos números que situaban a nuestra universidad como la peor financiada de todas las universidades públicas españolas, con una cantidad cercana a los 3000 euros por alumno anual, se sumaron diferentes cantidades consecuencia, fundamentalmente, de sentencias que obligaban a la Comunidad de Madrid a cumplir sus compromisos.

Así en 2017 la URJC recibió algo más de 37 millones de euros como consecuencia de un convenio para el pago de sentencias judiciales por no haber abonado la Comunidad parte del plan de financiación comprometido y el plan de inversiones, incluyendo casi 3 millones de euros por intereses de demora. En 2019 se produce otro ingreso imprevisto por algo más de 15 millones de euros de nuevo como consecuencia de la ejecución de una nueva sentencia relativa a la compensación de becarios que la Comunidad no había abonado. En 2020 se recibe en el tercer trimestre unos 10 millones de euros como consecuencia de los llamados fondos COVID y un programa de becas que además la universidad tenía que cofinanciar. Además, a fecha de diciembre de ese año se abonaron casi 31 millones de deuda histórica. Igualmente, en los años 2017 y 2018 se recibieron en total unos cinco millones de euros de una bolsa común para todas las universidades públicas madrileñas con el objetivo de compensar la disminución de los precios públicos.

No es difícil imaginar lo que implica una llegada de fondos de esta magnitud en un marco de ejecución del gasto absolutamente leonino y Montoroniano y sin poder haberlos incluido desde el inicio del año en los presupuestos. Como consecuencia, la ejecución no siempre ha sido posible. Es por ello por lo que los presupuestos se han ido incrementando año tras año para consolidar esas aportaciones de naturaleza impredecible en un marco de gestión de lo público con máxima eficiencia.  

Sé que es un tema complicado de seguir técnicamente, pero lo que no cabe ninguna duda es que el interlocutor de la Comunidad durante buena parte del periodo que detallo ha sido el candidato exconsejero; el que invirtió un esfuerzo en preocuparse por los papeles de su jefa, la expresidenta, y que sólo tras sentencias firmes enviaba a las universidades lo que les pertenecía, a sabiendas de que un importe tan impredecible y retrasado en el ejercicio económico sería imposible de ejecutar. Ha tenido que llegar un nuevo consejero para tomar la decisión racional de pagar las deudas que tenía contraídas la Comunidad de Madrid con las universidades sin necesidad de ir a litigios que siempre perdía. 

El beneficio de todo este entuerto y de la dificultad de las universidades públicas sin deuda (las que lo tenían simplemente la reducían) para gestionar esas entradas de dinero sólo beneficiaba a la Comunidad porque la no ejecución de gastos les permitía compensar los desequilibrios de gasto de otros departamentos y la presentación de unas cuentas globales más saneadas. Sí, sé que eso es una interpretación causal de esta complicación financiera que puede ser considerada especulativa, pero lo que no es discutible es que el interlocutor responsable de estos ingresos imprevistos mediados por procesos contenciosos administrativos y, prácticamente, imposibles de ejecutar, es el candidato exconsejero. 

Vivir una pandemia ofrece la rara oportunidad de ver la evolución actuando a tiempo real. La aparición de nuevas mutaciones del virus SARS-CoV-2, por ejemplo, es directamente proporcional a la cantidad de personas infectadas en una población, aunque la detección de nuevas variantes del virus depende del esfuerzo que se haga. Detectar una nueva versión del virus en una persona infectada supone leer el genoma vírico para encontrar cambios en la secuencia genética original, la que tenía el primer genoma identificado del virus. Esto se hace mediante una técnica llamada secuenciación, que consiste en leer, mediante análisis bioquímicos, los nucleótidos (las piezas esenciales del material genético que se representan por una letra) que componen su ARN. Dado que las variantes más preocupantes son las que afectan a la proteína del virus llamada Spike (la “ganzúa” molecular que le permite acceder a nuestras células), gran parte del esfuerzo de detección de variantes se centra en la lectura de las casi 4000 letras que codifican la síntesis de esta proteína. 

Las desorbitadas olas de infecciones que hemos vivido durante el otoño-invierno de 2020-21 han desencadenado la aparición, cada vez más acelerada, de nuevas variantes. A las ya popularizadas por los medios de comunicación como la británica, la sudafricana o la brasileña se están sumando otras que preocupan profundamente a los especialistas. El virus está mutando y si alguna de las mutaciones aumenta su capacidad de infección, se irá extendiendo debido al inexorable proceso de la selección natural, lo que hará que combatirlo y erradicarlo se haga cada vez más complejo. Las innovaciones en la proteína Spike no solo favorecen que el virus sea mucho más eficiente en el proceso de infección. También pueden hacerle capaz de evadir (hasta ahora solo parcialmente) nuestro sistema inmune. Sería entonces un virus que elude nuestras defensas y que podría, por la misma razón, reducir la eficacia de las vacunas ya desarrolladas. En este sentido, es especialmente preocupante la aparición de la variante brasileña (P.1), que arrasó la ciudad de Manaos y que se ha expandido ya a varias decenas de países: no solo es más contagiosa, también es capaz de evadir la respuesta inmunitaria de infecciones anteriores (es decir, puede infectar a personas ya recuperadas de infecciones previas por otras variantes del  virus).

No es la única variante que está generando problemas. La variante californiana (B.1.427/B.1.429) presenta varias mutaciones muy preocupantes en su proteína Spike. Una de ellas en particular, la L452R (producto de un cambio en una sola letra), se encuentra en la zona de unión del receptor que el virus usa para entrar en las células humanas (el llamado ACE-2), lo que podría hacer más eficiente la infección y más transmisible el virus. Aún se está valorando si esta mutación consigue reducir la eficacia de nuestras defensas, lo que se conoce como una mutación de escape. Aunque los ensayos para comprobarlo aún se están llevando a cabo, las primeras evidencias apuntan a que se trata de una variante potencialmente  peligrosa. A la californiana se suman otra detectadas en las últimas semanas, como la variante neoyorquina (B.1.526), con varias mutaciones que incluyen la E484K (también presente en las variantes sudafricana y brasileña); o la variante mejicana (B.1.1.222), con la mutación T478K. Estas variantes surgieron hace algunos meses, pero han llamado ahora la atención por estar mucho más extendidas.

La detección de estas variantes está teniendo consecuencias alarmantes. En un hospital infantil en Washington DC, por ejemplo, han encontrado un recién nacido que presentaba una concentración de SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias 51.418 veces mayor que la encontrada normalmente en los pacientes pediátricos. En este bebé se ha detectado una mutación no identificada antes, la N679S, producida también por el cambio de una sola letra. Aunque la evidencia no es aún concluyente, preocupa mucho la posibilidad de que la altísima carga viral esté relacionada con esa mutación. Más aún porque se han producido casos de infecciones graves en niños en distintos puntos del planeta, y se desconoce si están asociadas a variantes del virus como la de Washington. Preocupan también estas variantes por la rapidez con la que se han extendido por la población infantil de otros países, como es el caso de la inglesa. Por desgracia, y en un marco de fuertes restricciones presupuestarias para el seguimiento y tratamiento de la pandemia, la vigilancia epidemiológica no considera prioritario secuenciar los virus procedentes de niños – que hasta ahora se consideraban relativamente inmunes a sus efectos. Pero la premisa de que los más jóvenes no padecen formas graves de Covid-19 podría dejar de tener validez frente a las innovaciones evolutivas del patógeno. Esto es especialmente relevante si consideramos que las vacunas no están indicadas para pacientes infantiles, para los que no se planea todavía la vacunación, y que ni siquiera han sido ensayadas para su rango de edad. El infantil se trata de un frente tan inesperado como temible de la Covid-19.

Con la aparición de tantas y tan diversas variantes surge la posibilidad de que procesos poco comunes en los coronavirus, como es el cambio antigénico: la recombinación de dos o más variantes diferentes que generan linajes nuevos potencialmente más peligrosos. Con tantísimos casos activos y cada vez más variantes en circulación, es cada vez más probable que se puedan producir recombinaciones de distintas variantes que contagien al mismo sujeto. De hecho, ya se ha documentado el primer caso de este proceso de recombinación en California. Aunque se trate (por ahora) de un caso aislado, la aparición de recombinaciones en la región en la que conviven la variante californiana y la británica (B.1.1.7) es muy preocupante. 

Los numerosos interrogantes sobre cómo funciona y cómo evoluciona este virus hacen que lo más prudente sea mantener una vigilancia férrea sobre el surgimiento de nuevas variantes. Algo que no se ha hecho hasta la fecha. Para hacerlo, es imprescindible fortalecer y agilizar mucho los servicios de secuenciación y genotipado, extendiéndolos a muestras mucho más amplias de la población infectada. No se puede comprender lo que ocurre con las personas que se reinfectan sino se conservan las muestras del virus de la primera y segunda infección, se secuencian genéticamente y se comparan. Gran parte del terrible caos y las situaciones de angustia que se vivieron y aún se viven en Brasil se deben a la falta de medios y a la incapacidad material de tomar muestras, en una situación dantesca donde no había oxígeno para todos los pacientes graves y crecía la saturación tanto en centros sanitarios como en cementerios. Identificar, contabilizar y caracterizar la aparición y expansión de las distintas variantes del virus con rapidez es imprescindible para evaluar su riesgo, tomar medidas contundentes para contener las más peligrosas y, si es necesario, ajustar el diseño de las vacunas para incorporarlas a las nuevas vacunaciones o como dosis de refuerzo.

España, que está entre los países del mundo que más SARS-CoV-2 secuencia, no llega a secuenciar el 0.1% de los casos. Un número muy inferior al recomendado por la Unión Europea, que es de un 5-10% de las muestras positivas. Urge, por tanto, reforzar de forma sustancial los servicios dedicados a esta labor. El Ministerio de Sanidad ya prepara un plan de secuenciación a nivel nacional que podría dar respuesta a estas necesidades, pero aún se encuentra en una fase embrionaria. El objetivo de este programa sería el de secuenciar el 1-2% de los casos positivos. Diez veces más de lo que se hace ahora y diez veces menos de lo que sería recomendable. Un objetivo a nuestro alcance si conseguimos reducir drásticamente el número de casos, pero un objetivo imposible si volvemos a permitir que se disparen los contagios. 

Conviene recordar lo frágiles que son los mimbres sobre los que se apoya todo nuestro sistema de detección, estudio y prevención de esta pandemia, incluyendo el desarrollo de vacunas. Actualmente el 60% de las secuencias de SARS-CoV-2 realizadas en nuestro país se analizan en el centro de investigación Fisabio, de Valencia, por un grupo de apenas una docena de personas dirigidas por la doctora Llucía Martínez –en el que, excepto ella, todos los trabajadores tienen una situación laboral precaria–. Una situación que, por ser común en nuestro país, no deja de ser completamente inaceptable y, frente a una crisis de éstas características, incluso suicida. Es difícil enfatizar más, a estas alturas de la pandemia, lo imprescindible y urgente que es reforzar la investigación y el seguimiento involucrando más equipos, más centros, más medios, más personas y contratos más estables que permitan al personal concentrar todo su talento en este trabajo vital para todos. El insoslayable esfuerzo de financiación, que lleva ya décadas de retraso, solo funcionará si además se eliminan los innumerables obstáculos burocráticos, que no han hecho sino crecer en la última década hasta bloquear por completo el funcionamiento del sistema. Como decíamos hace ya ocho años, falla la financiación, no el rendimiento científico. 

Vigilar es imprescindible, pero no suficiente. Mientras no se complete el proceso de vacunación hasta alcanzar la inmunidad de grupo, un proceso que probablemente tarde más de un año, es esencial que volvamos a tomarnos en serio la aplicación de medidas preventivas, como se está explicando con insistencia. En primer lugar, hay que reducir drásticamente el número de casos en nuestro país y mantenerlo lo más bajo posible. No hay que olvidar que hay una correlación clarísima entre el número de casos en cada país y la frecuencia de aparición de nuevas variantes. La actitud insolidaria de ciertos sectores y algunos gobiernos debe cesar ya, porque nos está poniendo en riesgo a todos. En segundo lugar, debemos limitar severamente la apertura de fronteras a viajeros de todo el mundo. Los desplazamientos a larga distancia favorecen el flujo de distintas variantes, su encuentro y mezcla en las poblaciones de todo el planeta, su posible recombinación y la rápida expansión de las que tengan éxito. Este riesgo es particularmente elevado cuando los viajeros provienen de países cuyos gobiernos siguen sin tomar medidas efectivas para controlar la pandemia, como Brasil, Reino Unido, Suecia, la República Checa, Hungría, varios estados de EEUU – o la propia España.

Sabemos que el agotamiento físico y mental, el sufrimiento económico y el desánimo ante el comportamiento irresponsable de nuestras élites (el llamado “efecto Cummings”) hacen cada vez más impopulares las llamadas a la precaución y la prudencia. Pero la emergencia de una supercepa en las condiciones actuales es una posibilidad cada vez más probable. No hace falta explicar los riesgos de que tal cepa apareciera en algún país.

Cifuentes ha comparecido. El devastador paso de Filomena ha mostrado la nula capacidad de nuestros servicios públicos de enfrentarse a emergencias imprevistas al tiempo que la expresidenta nos ha dejado claro la relación causal: años de gobierno de Cristinas han derrotado a la resiliencia de lo público. Verla vestir su mentira ante un tribunal con semejante templanza sólo sirve para entender que muchas veces pilotan los menos adecuados, los peores. Un esfuerzo pensado para mantener, con toda probabilidad, su trabajo como tertuliana, pero sin ningún viso de arrepentimiento ni de empatía por las miles de personas a las que dejó desamparadas.

Como profesor de la Universidad rey Juan Carlos re-constato mientras se abren heridas que creí cerradas, que aquellos días vivimos un desastre de dimensiones desconocidas en la universidad pública. El trabajo de profesores, personal de administración y servicios y, sobre todo, el de miles de estudiantes fue destrozado por la veleidad de un grupo reducido de personajes entre los que la presidenta, el patrón del barco, se irguió como el exponente más sangrante. No voy a desmontar la historia que construye, no es necesario. Cualquiera que ha estudiado un máster oficial o que conoce a alguien que lo ha hecho, es consciente del esfuerzo económico, pero sobre todo, del trabajo que implica. Conocen bien el route map, los pasos que hay que seguir, cómo se superan las asignaturas, en qué consiste la defensa de un trabajo fin de máster y el tesón que requiere. Oírle decir que ella defendió su TFM en un despacho, que la evaluación no exigía presencialidad y que una ristra de trabajos inexistentes permitían superar las asignaturas, es un insulto a la decencia. 

Aquello fue la constatación de que las borrascas Filomenas arrasaban universidades públicas mucho antes de esta nevada. La presidenta de la Comunidad y probablemente otros dirigentes políticos intercambiaban recursos no competitivos con catedráticos de “reconocido prestigio” como Enrique Álvarez Conde, a los que se les permitió montar centros de dudoso valor académico que eran financiados con estudios y encomiendas de escaso mérito científico o técnico.

Por otro lado, el resto de las universidades públicas miraban hacia otro sitio, la CRUE, que es el acrónimo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, así como su homóloga madrileña CRUMA, ni siquiera abrieron la boca. Ni un rector de los que había cerca dijo nada. Nunca entendieron que el ataque era contra la universidad pública y que lo que estaba en jaque era el servicio público que tenemos encomendado. Quizás, dudas sobre la honestidad de cada casa les hizo ser cicateros con la defensa de sus colegas y con un reconocimiento necesariamente vehemente de la Universidad pública como una herramienta de Justicia Social.

El consejero de la Comunidad de Madrid, a la sazón catedrático de Ingeniería Química de nuestra universidad, Rafael van Grieken, hacía mutis por el foro y mandaba a alguien de su confianza a hacer el seguimiento del “marrón” que los periodistas de este periódico habían destapado. Ni una palabra para defender a sus compañeros, la inmensa mayoría honestos y profesionales. Curiosa forma de ser servidor público. Nos dejaron a todos nosotros, profesores, técnicos, alumnos, familias de todos ellos, amigos, completamente abandonados. Fuimos el hazmerreír de todo el país y muy pocos levantaron la voz para defendernos.

Hubiera sido reparador haber visto a la expresidenta reconociendo que nada fue correcto; que desde un punto de vista ético es inaceptable matricularse en una institución que dependía orgánicamente de ella; que no era lógico obtener un título sin asistir, sin defender el TFM y presentando unos trabajos que se volatilizaban; que el servicio a los demás era mucho más importante que su destino personal; que los que pilotan tienen que ser los más justos y honrados; y que los gobernados por ellos, los ciudadanos de Madrid, merecen honestidad. Pero me temo que para eso tendré que mirar a nuestros alumnos y mis compañeros funcionarios y contratados, y no hacia arriba. Lástima, estimada Cristina Cifuentes, por no haber asumido su responsabilidad y haber defendido a todos los que trabajamos en esta maravillosa institución, la Universidad Rey Juan Carlos.

Son muy pocas las facultades de Ciencias donde se estudia, aunque sea a modo de pinceladas gruesas, filosofía. El abandono de la idea de que el científico debería de ser un ilustrado o, en el mejor de los casos, una enciclopedia andante, en favor de la ultra especialización arrasó ya hace tiempos con estas tonterías. Sólo el conocimiento científico y técnico es ahora lo importante. Cuestiones tan triviales como que el marco ético en el que el científico se mueve y trabaja no es estable si no que va mutando como consecuencia de procesos culturales y colectivos complejos, no son reconocidos, ni estudiados en ninguna de nuestras facultades. Menos aún los procesos a través de los cuales la construcción de éticas emergentes, se trasladan a normativa y reglas de derecho. Para la mayoría de los científicos eso está demasiado lejos. Nosotros estamos para otras cosas. Los científicos estamos muy lejos para la mayoría de la sociedad. Es muy posible que a la mayoría de nuestros alumnos les cueste entender que lo que hoy es un marco de derecho ético incuestionable, como, por ejemplo, que las mujeres tienen derecho a votar, hace un siglo e incluso menos era una simple aberración jurídica y sociopolítica. La exacerbación de que la razón es el único charco donde nos podemos mirar, lleva a muchos científicos a manifestar un profundo malestar ante cosas que leemos o demandas de colectivos ciudadanos bienintencionados, pero que para la mayoría de nosotros no tienen cabida si lo filtramos por el cedazo de la razón. 

Dejad que nos expliquemos. Acabamos de leer un artículo de nuestro periódico, en el que la gente del caballo de Nietzsche entrevista a una activista animalista que argumenta en contra de una decisión de gestión de biodiversidad del ayuntamiento de Madrid. Para el grupo que lleva el blog es una decisión manifiestamente cruel e innecesaria: la extinción de cotorras no tiene justificación alguna y nos lleva a un modelo social inaceptable. 

Conviene recordar que las cotorras son aves procedentes de otras latitudes y se han extendido de forma exponencial en muchas ciudades como Madrid, donde generan múltiples problemas, que sobrepasan los límites de la propia ciudad. Para los investigadores que trabajamos en Cambio Global y que intentamos explicar cuáles son los mecanismos y procesos alterados con la intervención humana, cuáles son los impactos y la forma recomendable de operar en la crisis de pérdida de biodiversidad asociada, las especies invasoras son, sin ningún género de duda, uno de los motores más brutales y dramáticos de la extinción masiva de la diversidad biológica del planeta. Cómo opera el proceso, cuáles son las razones biológicas para que algo se convierta en un agente exótico invasor y, sobre todo, cuáles son las consecuencias de que un invasor se libere de todos los controles demográficos que tenía en su hábitat nativo y se convierta en un martillo para la biodiversidad nativa es algo que los científicos conocemos o intentamos conocer y derivar prácticas y recomendaciones de gestión. En este marco conceptual, la proliferación de especies invasoras es un problema puramente técnico y la forma de atajar el desplome de biodiversidad que suponen, es una cuestión de discusión exclusivamente científico/técnica, en este caso de investigadores que saben de demografía y efectos ecosistémicos de esta especie invasora. Sin embargo, la emergencia de un nuevo marco ético, nos deja descolocados. Los científicos y los técnicos en general no tenemos ni idea de que eso sea relevante. No hemos sido entrenados en ello. Leemos este tipo de columnas y, en muchos casos, nos indignamos. En el artículo al que hacemos referencia se aducen cuestiones remotamente técnicas, pero en realidad, de lo que se trata es de la aparición de un marco ético nuevo. Parte de la ciudanía considera “cruel” esas acciones de “exterminio”. Parece que el exterminio documentado de cientos de especies nativas y de bloqueo o alteración de cientos de procesos ecológicos fundamentales para el funcionamiento autónomo y resiliente de los ecosistemas no pueda ni deba compararse con el hecho cruel de matar o impedir que se reproduzca un animal. Y sobre todo un animal como una cotorra, que tiene plumas y que sin duda es “sintiente”. La verdad es que uno podría aducir que las plantas, esas que no dudan en devorar las cotorras o que podamos o extirpamos de parques y jardines con el mismo ensañamiento con el que ahora se pretende controlar a las cotorras, son también organismos sintientes. Cabe recomendar por ejemplo el libro de Anthony Trewavas titulado “Plant Behaviour and Intelligence” y, plantear, que de llevar esos planteamientos al extremo, quitar malas hierbas de tu huerto urbano sería maltrato o un acto de crueldad inaceptable. A estos ciudadanos preocupados por el bienestar animal les costaría entender que se “regularicen” poblaciones de cabra, para garantizar la conservación de especies de plantas al borde la extinción, porque es cruel. 

Los científicos tenemos enormes dificultades para entender todo esto. En el reduccionismo absoluto al que hemos llevado nuestros estudios científicos, lo que vemos es un problema técnico para el que caben diferentes soluciones, pero no nos han dicho que puede surgir una nueva conciencia colectiva que puede hacer tambalear todas estas soluciones y hasta el propio concepto de lo que es un problema, como el de una especie exótica invasora. El esfuerzo de grupos animalistas permeará con toda probabilidad, como ya está pasando, a los medios generalistas y al ruedo político. Algunos partidos cogerán, como ya ocurre, esa bandera y, seguramente, esa nueva ética terminará siendo un marco jurídico. Si la gente no quiere que se maten cotorras o cabras y la acción de estos grupos hace que emerja un nuevo contexto primero político y luego jurídico, lo que ahora deja perplejo a los científicos se volverá una nueva realidad. Los científicos tendremos que ver como salvamos a miles de especies nativas en declive en un contexto en el que como mucho sólo podremos aspirar a un cierto control de las poblaciones de cotorra. Un nuevo escenario ecoevolutivo en el que nosotros seguiremos siendo los motores y reyes de la creación se mantendrá. No hay razón, sólo sentimientos y demandas de una nueva ética. 

En definitiva, parece claro que los científicos necesitamos formación sobre filosofía de la ciencia y de las humanidades en general para ser capaces de enfrentarnos a estos cambios. Podemos indignarnos al leer ciertas cosas, pero mejor haríamos intentando entender por qué ocurre. Y eso hay que hacerlo en las facultades.

Este día Internacional de la Diversidad Biológica podemos tomárnoslo en serio o dedicarnos a disfrutar de algún documental de naturaleza y brindar en nuestro confinamiento por las especies más hermosas que merecen conservación. A base de disociar durante décadas la biodiversidad con nuestro bienestar y a base de olvidar que la extinción de especies es parte de un cambio global que impulsamos con nuestra inmensa huella ambiental nos vamos quedando sin funciones que necesitamos y que damos por hechas. Llegó una pandemia de récord y nuestras miradas de sorpresa pasaron de las soluciones sanitarias para detener la hemorragia a soluciones de mayor recorrido para evitar que vuelva a ocurrir algo así. De pocas cosas podemos estar más seguros que de la llegada de nuevas zoonosis. El que se hagan pandemias o no podría depender de que nos tomemos la biodiversidad en serio o sigamos pensando que es algo externo y accesorio, un lujo o un capricho para una sociedad que tiene planes más ambiciosos que proteger esa cosa llamada diversidad biológica.  

El Antropoceno, periodo histórico en el que nos hallamos, es la exacerbación del papel de Homo sapiens como herramienta de alteración de procesos a escala planetaria. En realidad, es la cumbre del antropocentrismo cultural: ¡somos increíbles y fantásticos! Es verdad que el resultado no es el más saludable para el resto de seres vivos que nos acompañan en esta nave, llamada Tierra, pero es impresionante lo que somos capaces de hacer cuando nos lo proponemos. Podemos hacer lo que queramos y lo hacemos. Nos dio permiso alguna deidad en algún plano astral y, oye, lo hacemos con rigor y sistema. 

Los científicos hemos llamado a esta locura, Cambio Global, una panoplia de procesos de muy diferente naturaleza con el denominador común de que alteran radicalmente el funcionamiento de los ecosistemas limitando los servicios de los que nos proveen –dejad que sigamos aquí, en el este plano “ombliguista” del “qué hay de lo mío”-. El Cambio Global se expresa independientemente de su naturaleza y motor de acción como una destrucción de la diversidad biológica. Ese es el denominador común, ni servicios ecosistémicos, ni tejido productivo, ni salud de la humanidad, ni gaitas, todo son derivadas de lo mismo, pérdida de diversidad biológica. Puede manifestarse en forma de contaminación, o de destrucción directa, o de sobrexplotación de recursos, o de la acción de especies invasoras, o, por supuesto, de calentamiento. Da igual, en realidad son un montón de motores que pueden actuar solos o en comandita, con resultados aditivos o, directamente, sinérgicos, es decir que van más allá de la suma de los efectos individuales. El resultado, en cualquier caso, es una alteración radical de las condiciones de vida para un montón de organismos, y en última instancia, una desaparición masiva de especies. Si, independientemente de los motores en los que se exprese este Cambio, el resultado es sólo uno, pérdida de diversidad biológica.  

Sin embargo, cuando nos enfrentamos a este problema, de lo que hablamos y lo que leemos en los medios, u oímos a un tertuliano, es de calentamiento o de una manera más impactante de Emergencia Climática. ¿Por qué sustituimos el todo por una de las partes? No es una pregunta retórica, ni mucho menos, tiene raíces que podemos seguir y tiene consecuencias esperables pero muchas inesperadas también. 

En estos días de pandemia, hemos vivido una clara expresión de la consecuencia directa de esta sustitución del todo por una parte. La idea es simple, la emergencia del coronavirus y la climática son horrores que cursan en paralelo y que podrían estar hablando de castigos divinos como la llegada de un meteorito gigante, si no fuera, claro, porque la razón nos recuerda que eso es una memez. Algunos estamos intentando advertir que la destrucción de hábitats y la pérdida de diversidad están en la raíz de la aparición de zoonosis y que si queremos una vacuna contra ellas, lo que tenemos que hacer es revertir el colapso de la diversidad biológica. No se asusten, no es consecuencia de que tengamos una percepción extrasensorial, es que a lo largo de las últimos veinte años, las evidencias en este sentido se han ido acumulando. Las relaciones evolutivas entre patógenos y huéspedes son una expresión de la enorme complejidad que alcanza la diversidad biológica. La desaparición de estos hospedadores, el aumento de la probabilidad de contacto entre patógenos con una especie, Homo sapiens, de tamaños poblaciones desmedidos, como consecuencia de la destrucción de hábitats, y la re-adaptación del patógeno a estos nuevos huéspedes, hacen inevitables la emergencia de nuevas enfermedades. El calentamiento no es más que una herramienta más de destrucción masiva, como la deforestación, el avance de la frontera agrícola, la emisión de todos tipo de contaminantes a los ríos y mares y si me apuráis el crecimiento desmedido de nuestras poblaciones. El resultado es, de nuevo, la Pérdida de Biodiversidad. Eso es todo. 

Pero, ¿entonces por qué priorizamos el calentamiento sobre esta pérdida de especies? La razón es cultural. Las ciencias biológicas, especialmente las dedicados a organismos están en declive. De una manera casi inconsciente, organizamos el panteón de las ciencias entre las nobles, donde colocamos a la Física y las Matemáticas, y las de perfil menos relevante como la Botánica y la Zoología. Supongo que en este sentido, cosas tan triviales como las categorías de los premios Nobel, no han tenido importancia menor. No siempre ha sido así, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, estás ciencias biológicas eran las dominantes, pero, claramente, esos tiempos pasaron a mejor vida. Las consecuencias son directas, las biologías de organismos y la de sistemas, ecología, quedan excluidas prácticamente de las fuentes de financiación competitivas en la mayoría de los países, o reducidas a programas basales que hacen que esos departamentos universitarios languidezcan. Resulta prácticamente imposible conseguir recursos para hacer investigación básica en estos campos. Sin embargo, la ciencia del clima es una disciplina de la Física que requiere modelos predictivos y herramientas tecnológicas muy desarrolladas, como satélites, sondas o aviones que siguen las borrascas. El clima está conectado directamente con todos los sistemas de producción primaria de nuestras sociedades humanas, agricultura, ganadería y, no nos olvidemos, eso es la máxima expresión de la capacidad de nuestra especie para hacerse diferente de las demás. Nuestra naturaleza humana está ahí.

Mientras la emergencia climática ocupa espacios públicos, su consecuencia, la pérdida de diversidad biológica es el espacio de ONGS, amantes de la naturaleza, y de algún académico que consigue miniespacios para decir, ojo…..que el calentamiento no es más que un motor de los muchos que tiene el Cambio Global.

No hemos tenido oportunidad de explicar, o no hemos sabido cómo, la conexión entre biodiversidad y bienestar. Al fallar, la gente sigue viendo esto de la diversidad biológica como una externalidad, alejada de los problemas reales y de cosas tan series como los ERTEs o la muerte de gente en las UCIs por esta enfermedad. 

No es así. La pandemia nos lo ha recordado. En la nueva normalidad, una de las claves será revertir la extinción masiva de especies y la destrucción de sus hábitats. Para ello tendremos que proponer medidas audaces relacionadas con una gobernanza global. La conservación de lo que queda deberá basarse en principios de solidaridad global, herramientas de financiación. No hay mas vueltas que darle. Partir el problema en trozos no ayuda a resolverlo porque es global. Siempre queda la opción de dejar a un lado el conocimiento científico y seguir como siempre. 

Todas las grandes guerras han ido acompañadas de desarrollos científicos y técnicos. La actual “guerra” contra la COVID-19 no podía ser menos. En las últimas semanas hemos oído noticias sobre infinidad de investigaciones científicas, robots para realizar test masivos, respiradores creados en impresoras 3D e innumerables aplicaciones móviles para monitorear síntomas, distribuir recursos humanos y materiales e incluso para valorar la probabilidad de contagio. De todas ellas, las aplicaciones móviles destinadas a la prevención de contagios son, quizás, las que más controversia generan. Pero, ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué beneficios pueden aportar? ¿Por qué son controvertidas?

Existen diferentes tipos de apps que tienen como objetivo prevenir nuevos contagios, pero las más alabadas, y sobre las que nos vamos a centrar, han sido las que rastrean contactos a través del Bluetooth del móvil. Este tipo de apps se ha usado en otros países, como Singapur, con éxito relativo, y actualmente se están replicando en otros países del mundo, incluido España, donde ya tenemos dos versiones (esta y esta). El funcionamiento es sencillo: dos personas se acercan a menos de X metros y sus móviles intercambian un código por Bluetooth.

Y, ¿para qué sirve esta información? Si fuéramos usuarios de la aplicación y nos confirmaran un resultado positivo para COVID-19, podríamos ceder los códigos que hemos recogido a un administrador centralizado, el cual sería capaz de identificar a las personas con las que hemos estado en contacto durante los días previos al diagnóstico. Entre el contagio y el diagnóstico, ya sea clínico o a través de test de autodiagnóstico, pasan varios días en los que hemos podido contagiar a otras personas. Estas aplicaciones permiten, por tanto, identificar con anticipación a esas personas potencialmente infectadas, pudiendo sugerir las medidas que se estimen oportunas, como, por ejemplo, notificar el riesgo, proponer la realización de un test o cuarentenas selectivas. Es importante destacar que los códigos que se intercambian por Bluetooth son anónimos y pueden cambiar con el tiempo, haciendo imposible la identificación de personas infectadas por otros usuarios en la mayoría de los casos.

Además, los códigos se pueden almacenar localmente en el dispositivo móvil, dando control total al usuario sobre el uso de la información y permitiéndole decidir si la dona o no. Ambas medidas aumentan la privacidad y limitan la posibilidad de que se tomen represalias a las personas contagiadas por parte de otros usuarios.

La principal ventaja que aporta este rastreo de contactos es la capacidad de detectar con anticipación posibles casos asintomáticos, bien sea por estar en periodo de incubación o por no manifestar la enfermedad durante todo el proceso infeccioso. Los individuos asintomáticos son uno de los principales riesgos en la dispersión de la COVID-19. Por tanto, su detección temprana y aislamiento o, al menos, el mantenimiento de distancia de seguridad, facilitaría la contención del virus, como se ejemplifica en la siguiente figura (Figura 1).

Las apps de rastreo de contactos podrían ayudar a realizar confinamientos selectivos o inteligentes, donde solo las personas contagiadas y aquellas con las que han estado en contacto tendrían que estar aisladas. Pero, ¿son realmente eficientes estos confinamientos selectivos? Para responder a esta pregunta hemos realizado unas simulaciones numéricas con afán meramente didáctico. En un espacio limitado donde 200 personas se mueven al azar, hemos simulado cómo se produciría la difusión del virus teniendo en cuenta diferentes medidas de confinamiento. Lo mostramos en este vídeo.

En este vídeo se muestran las simulaciones de los efectos de diferentes tipos de confinamiento. Arriba se puede ver un espacio donde 200 personas (cuadrados) se mueven al azar, para cada tipo de confinamiento (de izq. a drcha. sin confinamiento, confinamiento indiscriminado y confinamiento selectivo usando una app de rastreo). En todos los casos, al inicio hay cuatro personas infectadas. Cuando una persona infectada coincide en el espacio con una sana hay una probabilidad de contagio del 0.9. Además, se asumen tres días de tiempo de incubación; 10 días de tiempo de curación y; que un 70% de la población es sintomática. Abajo a la drcha. se observa la evolución de la prevalencia de la enfermedad; es decir, la proporción de personas contagiadas. A la izq. se ve el número acumulado de personas confinadas. Se puede ver en este enlace.

En la siguiente figura (Figura 2), a la izquierda, hemos representado la famosa curva de contagios. Lo primero que se aprecia es que cualquier medida de confinamiento puede “aplanar la curva”. Lo siguiente que llama la atención es que un confinamiento indiscriminado como el que tenemos ahora es, en general, más eficaz aplanando la curva que un confinamiento selectivo, es decir, un confinamiento en donde solo los contagiados o sospechosos de contagio y las personas con las que han contactado están confinadas.

Solo atendiendo a este resultado podríamos pensar que deberíamos quitar el adjetivo inteligente al confinamiento selectivo. Una pieza de información clave nos la da la gráfica de la derecha (Figura 3). En esta gráfica hemos representado el número total de personas confinadas desde el inicio al final de la epidemia. Es evidente que el confinamiento selectivo supone un número mucho menor de gente confinada. Por tanto, combinando la información de las dos gráficas llegamos a la conclusión de que el confinamiento selectivo es claramente inteligente. La curva de contagios del confinamiento selectivo cuando un 75% de la población usa una app de rastreo es bastante parecida a la curva que genera un confinamiento indiscriminado del 50% de la población.

Sin embargo, el acumulado de personas confinadas es menos de la mitad en el confinamiento selectivo. En otras palabras, mediante un confinamiento selectivo en el que se usaran aplicaciones de rastreo conseguiríamos un aplanamiento la curva similar al del confinamiento indiscriminado pero con menos de la mitad de personas aisladas, logrando una reducción sustancial del coste social, económico y emocional que supone el confinamiento.

Los resultados mostrados arriba son meros ejemplos y se basan en simulaciones que están lejos de ser exhaustivas y hay que tomarlos con precaución. Sin embargo, estos resultados son suficientes para evidenciar la mayor eficiencia, aunque no eficacia, de los confinamientos selectivos versus los indiscriminados. Por tanto, las aplicaciones móviles de rastreo de contactos supondrían una herramienta muy útil para la contención de enfermedades infecciosas desde momentos iniciales de su difusión o en la reducción de medidas más drásticas de contención, como confinamientos indiscriminados.

Ahora bien, si realmente estas aplicaciones son útiles, la pregunta del millón es por qué no las estamos usando ya. La respuesta engloba una amalgama de factores técnicos, sociales y éticos, entre los que destacan los relativos a la protección de datos y la intimidad. La utilidad y funcionamiento de estas apps requiere, por un lado, de una participación ciudadana alta e implica, por el otro, que los administradores de las aplicaciones tengan acceso a una información privada y sensible.

Desafortunadamente, requisito e implicación son fuerzas contrapuestas, por lo menos en los países europeos. Comparados con sociedades orientales, como la china o la singapurense, los ciudadanos de sociedades occidentales damos un gran valor a nuestra privacidad y a las libertades individuales lo que dificulta la aplicación de este tipo de medidas. Esto, sumado a la mayor desconfianza que, en general, tenemos en las autoridades estatales, hace que las aplicaciones de rastreo de contactos generen desconfianza en una gran parte de los ciudadanos, limitando su uso y, por tanto, su eficacia.

El reto está ahora en mejorar los sistemas de seguridad y privacidad de estas aplicaciones. En este sentido, existen diferentes propuestas prometedoras para mejorar la privacidad de estas aplicaciones, como las basadas en criptografía moderna (ver aquí). Igualmente, los gobiernos también pueden jugar un papel importante generando confianza mediante normativas que aseguren la privacidad y el buen uso de los datos de los usuarios. De hecho, durante la elaboración de este artículo, a día 16 de abril, la Comisión Europea ha publicado una guía para el desarrollo de este tipo de aplicaciones (ver aquí). Sea como fuere, la eficacia de las aplicaciones de rastreo de contactos y los confinamientos inteligentes pasa por su aceptación y uso por una parte considerable de la población.

El uso de tecnología es quizás uno de los rasgos más característicos de la especie humana. La tecnología nos ha permitido expandir nuestras capacidades individuales y colectivas hasta límites inimaginables hace solo unas generaciones. Sin embargo, aunque las herramientas tecnológicas nos han ayudado y nos ayudan en multitud de tareas, también se han usado y se usan para la explotación insostenible de nuestro planeta, para incrementar desigualdades o para matanzas atroces. Por tanto, es fundamental que las nuevas tecnologías se sometan a un escrutinio ético pormenorizado y que esté acompañado por medidas de seguridad suficientes que impidan que la estupidez o mala intención humana las convierta en un peligroso boomerang.

La eficacia de las herramientas descritas aquí estriba en su uso masivo y para ello los estados deben generar un contexto de confianza. Pensemos que ya cedemos datos privados a grandes multinacionales como Facebook o Google que tienen intereses ajenos a los nuestros y solo por el mero hecho de usar sus aplicaciones tal como analizábamos en un anterior artículo. Además, la administración pública ya maneja nuestros datos más sensibles, como sueldo, vivienda, familia, estado de salud o historial de nuestras enfermedades, y lo hace con nuestra total confianza. La pregunta que nos tenemos que hacer es por tanto ¿estamos dispuestos a sacrificar por un bien común una pequeña parte de nuestras libertades individuales, donando datos potencialmente sensibles?

No deja de ser paradójico que un republicano termine en la Universidad Rey Juan Carlos. A uno no le preguntan por esos detalles cuando está inmerso en esa yincana de fondo y desgate que es la carrera de un investigador español. Tampoco es conocido que en dicha universidad hay grupos de investigación que son referentes internacionales.

Esta universidad, pública, se crea en 1996 bajo la presidencia de la Comunidad de Madrid de Alberto Ruiz Gallardón. La demanda histórica y obvia por reequilibrar el tejido universitario madrileño el cual se circunscribía casi con exclusividad al norte de la ciudad, se resolvía, primero con la Universidad Carlos III de la mano del presidente Joaquín Leguina y, como réplica casi especular y, probablemente, infantil, con la Universidad Rey Juan Carlos. Ya sabéis, si tú montas una, yo hago otra. No importa. Hacía falta; la gente de las populosas ciudades del cinturón obrero de Madrid, lo merecían y necesitaban.

No hay explicación que justifique el nombre de Rey Juan Carlos. Es extraño poner el nombre a una institución de este tipo de alguien vivo y sin su participación como mecenas como recientemente indicaban Concha Mateos y Carlos Elías. En la Ley original no sé justifica el nombre, ¿para qué? La monarquía en el último tirón del siglo XX vivía su pico de beneficio y prestigio social. Nadie en nuestro país criticaba a esta institución, a la que casi como un mantra se le añadía eso de “a la que debemos tanto”.

Buena parte de los investigadores que tuvieron la suerte, obligación o desgracia de tener que ir por ahí fuera, no dejábamos de alucinar cuando en los programas de humor de las teles locales aparecía casi de forma constante un personaje patético, ícono de la decadencia patriarcal, rodeado de mujeres y que nos resultaba familiar. Era una caricatura de nuestro compatriota Juan Carlos. En España, la institución y la persona del rey, quedaban fuera de toda crítica y análisis político o periodístico.

Esa paradoja, no arredró a nadie en el gobierno madrileño y la nueva institución tomó su nombre. Arriesgada decisión que la realidad posterior dejaría patente como un error de libro.

Los denostados periodistas y los no menos vilipendiados jueces y fiscales de aquí y de allá han ido sacando toda una serie de acciones, situaciones, presuntas irregularidades, que han hecho necesario que el actual piloto de nuestra monarquía, Felipe, se vea obligado a tomar una serie de duras medidas. Lo ha hecho sotto voce, con el beneplácito y consentimiento de la mayor parte de las fuerzas políticas que pasan de puntillas sobre la institución monárquica, como si todos los españoles fuéramos idiotas y la monarquía fuera el pegamento que mantiene toda nuestra estructura de estado supuestamente moderno y social. Vaya tela y vaya colección de disfunciones familiares y que gasto tan descomunal. Leía hace poco una petición popular rogando que los supuestos millones mantenidos off shore por el antiguo rey sean donados para luchar contra la pandemia. Me sumo. Resulta especialmente apremiante cuando los servidores públicos se están dejando el pellejo, literalmente, y mis compañeros de universidad están poniendo todo su saber en iniciativas que ayuden a paliar un terremoto que cuestiona toda la arquitectura económica y social.

El nombre, Rey Juan Carlos, es una etiqueta que nos arrastra a casi todos los que trabajamos aquí. Nuestro nombre cayó al lodo de la mano de algunos que hicieron de nuestra institución una prolongación de los horrores de la corte. Nuestro nombre en boca de todos los humoristas, tertulianos y voceadores de bar, colapsando las redes sociales y avergonzando a todos aquellos que decidían matricularse honestamente en nuestras escuelas y facultades o se habían formado con esfuerzo en nuestras aulas. Un ataque a la universidad pública que ni la CRUE, el máximo órgano de gobierno de las universidades de nuestro país, ni la CRUMA madrileña, entendieron así, o si lo hicieron, sin el arresto para enfrentarse a ese maltrato. Sin entender que era un ataque a todos, a lo público. Los trabajadores y los estudiantes nos vimos dentro de un vórtice que daba vueltas frenéticas y se llevaba el prestigio, el trabajo, la ilusión de muchísima gente sin que nadie hiciera nada. El nombre, rey Juan Carlos, era una licencia para la risa.

Cambiar el nombre sería catártico. Permitiría resolver un error manifiesto e histórico, al tiempo que ayudaría a alejarnos de toda la sorna y complejo, a duras penas superado, de estos últimos años. No se trata de proponer aquí posibles alternativas, pero sólo en el ámbito de la ciencia se me ocurren varios iconos que aunarían consensos, 'Margarita Salas', 'Severo Ochoa', 'Ramón y Cajal', o quizás los sencillos e inocuos epítetos geográficos, como del 'Sur de Madrid'. No me corresponde. Es por todo ello que desde aquí y como docente de la URJC quiero apoyar la propuesta colgada en change.org para cambiar el nombre de nuestra institución pública. Lo merece nuestro país, la universidad pública y, sobre todo, los que trabajamos allí, alumnos, personal de administración y servicios, docentes e investigadores.

Aturdidos por las medidas que trae consigo el estado de alarma y buscando un hueco para poder hacer ejercicio (más imprescindible que nunca para mantener un cierto equilibrio existencial) mientras apoyamos la escolarización en casa, teletrabajamos y tratamos de mantenernos informados, no podemos dejar de alucinar con un escenario nuevo e increíble. En general, estas semanas las decisiones políticas de nuestro Gobierno se están basando en información científica. Nos frotamos los ojos. ¿Qué pasa? Certificar que algo así está ocurriendo nos asusta: ¡cómo será el monstruo al que nos enfrentamos, si han tenido que llamar a la ciencia!

La llamada ha sido respondida por cientos de científicas y científicos, dispuestos (cómo siempre) a dar lo que saben donde se les necesita. Aun sin alcanzar los niveles de riesgo, cansancio y heroicidad de nuestro personal sanitario y de seguridad, se puede visualizar a los investigadores trabajando en esta crisis como el profesor chiflado: desarrapados, greñas despeinadas, barba de muchos días, sorbiendo un café mientras empujan un carrito con sus PCRs y sus últimos kits de extracción de RNAs, ajustando modelos predictivos de contagio, buscando financiación para contratar nuevos cerebros y manos que completen sus grupos de trabjo, tratando de acabar una investigación de alto impacto social y económico en tiempo récord, y estando atentos a divulgarla en tiempo casi real.

Hablamos de virólogas, microbiólogos e inmunólogas, esos personajes entre misteriosos y cinematográficos, con sus trajes de astronauta y aparatosas escafandras, que trabajan con esos “bichos” invisibles que dan tos y fiebre. También de epidemiólogos, que exploran la dinámica de poblaciones que resulta de las interacciones entre los patógenos y sus hospedantes. De especialistas en modelización, que estudian la evolución de estas relaciones para hacer predicciones de futuro. De bioquímicos, que desarrollan fármacos para mitigar su impacto. Y de muchos otros especialistas, que aportan su grano de arena a algo tan complejo como la propagación de un virus que está poniendo en jaque a los servicios de salud de todo el planeta.

Esta pequeña legión de investigadores prepara el contraataque mientras centenares de miles de sanitarios luchan contra los estragos del virus, y las fuerzas de seguridad y los trabajadores de los supermercados hacen su trabajo clave limitando el avance del contagio. Los rapidísimos progresos científicos reciben toda la atención de una ciudadanía involucrada, que ahora comparte en WhatsApp y redes sociales modelos de crecimiento logístico y diferentes escenarios de contagio, y debate sobre la mejor manera de ganar inmunidad de grupo, el riesgo de que mute el virus o la probabilidad de conseguir una vacuna lo antes posible. Proliferan los expertos que tienen claro cuándo se tendrían que haber iniciado las medidas de confinamiento, cómo hay que organizar y distribuir el material médico, qué tratamientos son más efectivos contra el virus y cuántos tests habría que estar haciendo. Si no fuera tan grave la situación, sería para que tuviéramos una mascletà de concurso, ciencia de la mano de los que toman las decisiones.

Sin embargo, mientras la sociedad afronta esta lucha titánica, es importante recordar que no lo hace con todas las herramientas de las que podría disponer un estado como el nuestro. Ni para la defensa, debido a los recortes en sanidad, ni para el contraataque. No hace mucho, podíamos ver a esos mismos investigadores aburridos de protestar, de pedir un nivel de financiación digno y constante, de rogar que la diáspora científica junior tan competitiva y cuya formación hemos financiado entre todos pueda retornar; de repetir que un país serio no puede maltratar a la ciencia, a los profesionales que la hacen, a la gente que forman. Desde esta columna de Ciencia Crítica nos hemos desgañitado en cada artículo pidiendo recursos, mejora de condiciones, reconocimiento de esa gente. Pero las prioridades eran otras.

El declive de la inversión en investigación en Españaha sido constante durante más de una década. Tras unos años de crecimiento insuficiente pero más o menos continuo, la crisis del 2008 nos abrió una vía de agua que no se ha querido cerrar, cuando pensábamos que por fin algo estaba cambiando y se estaba estimulando el tejido científico del país. Nuestra productividad se ha mantenido como una particular versión de la 'deuda de extinción'que permite producir con una eficiencia que deja perplejos a nuestros colegas de fuera, sabedores de la escasez de fondos y las paupérrimas condiciones de trabajo – pero que durará solo hasta que terminemos de exprimir datos antiguos, apaguemos el ordenador y el juego acabe. Game over.

Estamos cerca de ese final. En el sistema nacional de investigación español casi no entran jóvenes investigadoras, ni técnicos, ni gestoras, ni administrativos. Los centros decaen, languidecen, y desaparecen. La escasez e hiperburocratización que se impusieron (y no se retiraron) al amparo de una inadecuada e inoportuna austeridad siguen haciendo imposible la gestión de los pocos proyectos de investigación competitivos que las investigadoras e investigadores aún consiguen. Muchos y muchas, hastiados de una situación que parece nunca levantar cabeza, abandonan la investigación. Grupos enteros de altísimo nivel, agotados de lidiar con un sistema científico precario y obsoleto, se acaban trasladando en bloque a otros países (por ejemplo el deOscar Marín al King’s College de Londres en 2014 y tantos otros)

Los políticos, esos que pilotan la nave, y la sociedad en general, nos miran ahora a los científicos con urgencia y nos piden soluciones. Pero las investigadoras no tenemos medios para asumir la responsabilidad de evitar el colapso del sistema sanitario y garantizar el bienestar de la ciudadanía. Luchamos por apoyar los esfuerzos de los que están en primera línea aportando lo que sabemos hacer: generar conocimiento y buscar soluciones a partir de él. Pero no nos engañemos: la solución que la ciencia podría aportar no se puede conseguir con esta urgencia. Tendremos soluciones y propuestas, pero ni estarán disponibles tan rápido como sería posible, ni serán tan robustas como podrían serlo si tuviéramos un sistema de I+D+i realmente consolidado. El tejido científico se construye, se entrena y madura a largo plazo, con esos recursos que entonces parecen un lujo y ahora, en mitad de la emergencia, se están liberando con urgencia y precipitación.

Quizás nos preguntamos por qué Corea del Sur ha abordado con éxito la crisis del coronavirus, cómo han desarrollado un plan radicalmente innovador y eficiente. No es baladí recordar que su inversión en ciencia supera el 4 % de su PIB, mientras que la nuestra aspira a llegar a menos de la tercera parte y se apunta a un difuso 'futuro próximo'. Aún más cercano es el caso de Alemania, con una inversión en investigación a la cabeza de Europa (cerca del 3%) y cuya inversión aumentó, en lugar de disminuir, durante la 'austeridad' post-2008. No nos sorprendamos de que estos dos países hayan podido asumir el peso del diagnóstico precoz del coronavirus con pruebas masivas, poniendo todo su tejido técnico y científico en acción. En este país, que carecemos de un tejido así, nos ha costado semanas desarrollar tanto la infraestructura como los protocolos analíticos para hacer los test rápidos de manera masiva.

Dejadnos acabar esta vez con un grito. La única forma de enfrentarnos con éxito a esta crisis y a otros cisnes negros que, con frecuencia creciente, vendrán en el futuro es Con Más Ciencia, y eso sólo puede suceder si se incrementa y se reestructura radicalmente su financiación y gestión. Es simple. Es crudo. No hay milagros gratis y urgentes para este tipo de crisis. Ni siquiera para una personal sanitario, de seguridad y científico comprometido y austero, curtido en la infinita trinchera en que se ha convertido el servicio público en nuestro país.

Tras once días de confinamiento, empieza a aplanarse la curva, pero probablemente no lo suficiente para evitar el colapso del sistema sanitario, especialmente en Madrid. Para poder valorar correctamente la situación es importante comprender bien los distintos escenarios y las distintas curvas de la evolución del coronavirus en nuestro país.

Hace tan solo dos semanas, el Gobierno decretó duras medidas de distanciamiento social dirigidas a combatir la epidemia de coronavirus que asola ya a medio planeta, y que ataca con especial crudeza a nuestro país. Este cambio total e inmediato en nuestras vidas tiene como objetivo principal lo que los especialistas denominan 'flatten the curve', es decir, aplanar la curva de crecimiento de los contagios.

Aplanar la curva de crecimiento del virus se ha convertido en un mantra que nos han repetido hasta la saciedad, y que repetimos continuamente en nuestras conversaciones telefónicas y en redes sociales. Sin embargo, muchas de las curvas que vemos son difíciles de comprender sin una formación matemática adecuada, ya que derivan de modelos y ajustes numéricos complejos. Este hecho, sumado al énfasis que la mayoría de los medios ponen en el aumento del número absoluto de casos positivos y de fallecidos (que siguen creciendo cada día) puede hacernos creer que este gran esfuerzo colectivo está siendo en vano. Pero la realidad es, dentro de la gravedad, diferente y algo menos terrible, ya se empiezan a notar los primeros efectos de las medidas de distanciamiento social, aunque hay que redoblar nuestros esfuerzos porque estos efectos son todavía pequeños, debido a los largos plazos de incubación y al alto riesgo de contagio del coronavirus.

Vamos a explicar, utilizando un análisis muy sencillo, cómo funcionan estas curvas, y cómo se pueden usar para ver tanto los logros conseguidos, como los retos a los que aún nos enfrentamos. Estos análisis no pretenden sustituir a los modelos epidemiológicos oficiales, mucho más complejos, desarrollados por especialistas (como este o este). Pero creemos que tienen una virtud didáctica, es decir, son una buena herramienta para entender la naturaleza de los problemas a los que nos enfrentamos en esta crisis. Y tienen, además, la virtud de que cualquiera puede corroborarlos o rebatirlos a partir de los datos disponibles y actualizados que se pueden consultar fácilmente en la web de organismos oficiales y medios de comunicación. Nosotros los hemos obtenido de aquí, aquí y aquí.

Al interpretar estos datos hay que tener en cuenta que los números de afectados totales están basados en la capacidad de detectar el virus que hemos tenido desde el inicio de la crisis. Esta capacidad está limitada por las máquinas de PCR disponibles tanto en el sistema de salud como en las universidades y centros de investigación que las han aportado –muy reducidas, por cierto–, tras una década de recortes en sanidad e investigación, y muy pocas si comparamos con países como Alemania o Corea del Sur (cuyo esfuerzo de detección queremos alcanzar).

Las cifras totales de infectados son, con toda seguridad, mucho mayores, por lo que el número de positivos va a elevarse considerablemente cuando aumente la capacidad de detección mediante el uso masivo de los test rápidos que estarán disponibles a partir de esta semana. Por lo tanto, en los próximos días podemos esperar un repunte del número total de casos que no se debe a una mayor tasa de crecimiento de los contagios, sino a que se está pudiendo analizar a más personas. Debido a estos cambios en el diagnóstico, el número de fallecidos puede ser un indicador más consistente del impacto del virus a lo largo de la crisis que el simple número de casos activos (casos confirmados que necesitan atención médica, no han recibido el alta ni cuentan como fallecidos). Presentamos ambos tipos de datos en las curvas que mostramos aquí.

Como se puede ver en el gráfico de casos activos en España, en los primeros días las medidas de distanciamiento social tan solo estaban retrasando el crecimiento de la curva. Aunque la tasa esperada de crecimiento del número de casos activos se reduce a casi la mitad, la curva continúa siguiendo una tendencia exponencial, con un incremento continuo y cada vez más acelerado que se ve en las proyecciones con línea discontinua en las gráficas, una línea con forma de media U. En esos momentos, el efecto de las medidas solo retrasaba alrededor de una semana el crecimiento del número de casos hasta alcanzar niveles potencialmente críticos para nuestro sistema de salud. Tenía, eso sí, la doble virtud de que contribuía a salvar vidas y a ganar tiempo para buscar otras soluciones. A partir de las proyecciones de crecimiento exponencial, podemos estimar que esas medidas ya salvaron, en tan solo la primera semana, cerca de 30.000 contagios (ver primera gráfica) y 1.500 vidas (ver segunda gráfica). Esta es la primera buena noticia: al menos se han salvado 1.500 vidas. En estos tiempos necesitamos buenas noticias y esta no se acaba de escuchar alto y claro.

Sin embargo, a partir del sábado 21 de marzo, la tasa observada de crecimiento de contagios y casos activos ha ido descendiendo cada día. Eso indica que la curva no solo se está retrasando, sino que también se está aplanando. Un proceso de crecimiento exponencial en el que la tasa va decreciendo en el tiempo da lugar a lo que se conoce como una curva logística. Este tipo de curva, en forma sigmoidea o de S, sí tiene lo que realmente buscamos: una zona de crecimiento que se va haciendo estable (sostenido, no creciente) hasta empezar a hacerse decreciente (menor cada día) en las proyecciones hacia el futuro. Es decir, si todo siguiera así, la tasa de expansión del virus podría en unos días no sólo ralentizarse, sino llegar a frenarse: la curva se estaría por fin aplanando realmente. Aquí, pues, la segunda buena noticia: se está logrando comenzar a aplanar la curva en España.

Utilizando lo que se denomina un ajuste logístico, podemos empezar a calcular cuánto tardará en saturarse la curva, esto es, en alcanzar su máximo. ¡Ojo! Una extrapolación de este tipo tiene mucha incertidumbre, y es arriesgado confiar ciegamente en los detalles que contiene, y más en este momento donde aun hay pocos datos, pocos días que muestran el cambio de tendencia. Sin embargo, sí que es útil para entender tanto lo que podemos estar consiguiendo con estas medidas de confinamiento, como lo que podemos llegar a esperar si las medidas se mantienen en el futuro.

Si todo sigue con esta tendencia, el número de casos detectados tocaría su máximo (llamado asíntota) en unas 3-5 semanas, y se situaría cerca de 175.000 infectados totales: cuatro veces más de los que llevamos ahora. Y, como apunta la proyección en línea continua de la gráfica, el número de casos en activo llegaría en su punto álgido a unos 140.000 casos: casi seis veces más de los actuales.

Con los datos de que disponemos no es posible saber cuántos de esos casos van a necesitar atención en UCIs, pero si la proporción de los que requieren hospitalización se mantiene cerca del 15% como hasta ahora (aunque este porcentaje está por fortuna también bajando), podríamos llegar a necesitar alrededor de 20.000 camas de UCI con ventilación asistida en toda España (siempre según estas proyecciones sencillas). Esto es seis veces más que los actuales. Si ese número es excesivo para nuestro sistema sanitario, el Gobierno tendrá que declarar medidas de aislamiento aún más severas, además de reforzar más aún el sistema sanitario. Eso depende, críticamente, de lo que pase en los próximos días.

Según las estimas más sencillas y conservadoras, el número de muertes (segundo gráfico) llegaría a su tope en torno a las 39.000, casi diez veces más las actuales. Es un precio enorme, y una perspectiva difícil de encajar, que involucrará un enorme sufrimiento para muchas familias. Pero son muchísimas menos que las que habría en ausencia del confinamiento decretado el día 13 de marzo. Y son también muchas menos que las predichas con las tasas de crecimiento que vimos en los cinco primeros días de confinamiento, menos restrictivo que el actual, y que involucraban un coste realmente atroz, de centenares de miles de muertos. Esto muestra otra buena noticia: el confinamiento funciona.

A día de hoy, el confinamiento ha salvado posiblemente más de 40.000 vidas. Un logro colectivo del que podemos estar muy orgullosos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, donde se concentran casi la mitad de los casos de España (tercera gráfica), la reducción en la tasa de crecimiento del número de casos es menos patente, y las oscilaciones temporales mayores que para el conjunto de España. De mantenerse la reducción progresiva que se observaba hasta hace dos días, la curva logística redice una saturación en cerca de 27.000 casos, de los que unos 22.000 serían casos activos. Por desgracia, la proporción de casos severos y críticos (que requieren hospitalización y UCI) es mucho mayor que la media nacional, por lo que una reducción como la observada probablemente sobrepase la capacidad del sistema de salud madrileño, con picos de más de 18.000 hospitalizados, de los que entre 1.850 y 2.600 requerirían ingreso en UCI (asumiendo las tasas de hospitalización e ingreso en UCI reportadas esta semana). Incluso contando con los enormes esfuerzos actuales para incrementar las plazas de UCI (pasando de 650 a 1500 camas en muy poco tiempo), la tensión a la que se verá previsiblemente sometido el sistema de salud de la Comunidad de Madrid requerirá medidas adicionales para evitar que se supere dentro de poco su capacidad.

Por desgracia, en los últimos dos días se está observando un repunte en las tasas de crecimiento del número de casos (de las que solo incluimos la de ayer, dado que aún no hay cifras definitivas para hoy). El motivo principal ha sido el incremento en varias comunidades como Madrid, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y Catalunya. Este repunte podría estar relacionado con la movilidad observada durante el fin de semana: el tiempo de incubación de la enfermedad es de cinco días (la mediana es 5,1 días) así que las infecciones del fin de semana empiezan a reflejarse el miércoles, pero es una de las varias explicaciones plausibles. También podría estar relacionado con el mayor esfuerzo de testado que se ha empezado a hacer, que podría estar incrementando la tasa de detección - como sugiere la mayor inercia del número de fallecidos (cuarta gráfica), aunque también hay que recordar que éste número responde a las infecciones ocurridas hace 2-3 semanas, además de a eventos de corto plazo como la saturación hospitalaria. La evaluación de este efecto es realmente urgente e importante, porque si el aumento del número de casos activos en las comunidades más saturadas, como la de Madrid, refleja una tendencia real y no se debe a un aumento del número de tests, sería realmente urgente tomar medidas de confinamiento y refuerzo adicionales.

Pero el caso más preocupante es Catalunya, donde el aumento de casos parece reflejar una tendencia a largo plazo diferente de lo visto en otras zonas y en el conjunto de España. En Catalunya, las medidas de distanciamiento social no han tenido el efecto esperado y no ha producido un retraso importante en la curva, de forma que el crecimiento del número de casos apenas empieza a frenarse (quinta gráfica) y el crecimiento del número de fallecidos aun es exponencial (sexta gráfica). Con los datos actuales, Catalunya se enfrenta a un máximo de cerca de 35.000 casos totales, lo que causaría en una situación de urgencia similar a la de Madrid. Si la tendencia no cambia muy pronto, será imprescindible aumentar los esfuerzos para averiguar el motivo de esta diferencia con el resto de comunidades y contenerla lo antes posible.

A nuestro mensaje moderadamente positivo hay que añadir, por tanto, no solo una nota de precaución por su simplicidad y carácter preliminar, sino también un aviso: en la Comunidad de Madrid (y, probablemente, en otras comunidades muy afectadas como Cataluña y el País Vasco) hay que hacer más esfuerzos. Las medidas no están resultando tan efectivas como sería necesario. Por un lado, como están enfatizando grupos de trabajo centrados en el modelado de la diseminación del Covid19 bajo diferentes escenarios de gestión, es probable que en esas comunidades haya que introducir medidas de restricción total de la movilidad. Por otro lado, es imprescindible redoblar esfuerzos para reforzar la capacidad del sistema sanitario, imprescindibles en cualquier caso para evitar un desenlace aún más dramático.

Por suerte, organismos públicos, empresas y ciudadanos se están volcando para ayudar contra la epidemia. Fábricas de coches que reconvierten su línea de producción para fabricar mascarillas; fábricas de cosméticos centradas en producir gel hidroalcohólico y distribuirlo gratis; fábricas de vaqueros, unidades del ejército, diseñadoras de moda y ciudadanas particulares haciendo mascarillas; universidades e individuos particulares usando impresoras 3D para hacer ventiladores o máscaras. Toda ayuda es poca en este momento en el que es necesario enfocar todos los esfuerzos del país en detener el avance de la pandemia y salvar la vida de los enfermos más críticos.

Un mensaje final para los que lean las muchas noticias y mensajes que insisten en buscar culpables, de uno u otro lado: se puede ver que por la naturaleza de estos procesos –en los que un individuo infecta a varios que a su vez infectan a varios, amplificando de forma muy rápida cualquier pequeño cambio– diferencias mínimas en las estimas (especialmente las iniciales, basadas en un número muy bajo de casos) tienen consecuencias enormes en períodos de tiempo muy cortos. Esto es igual, por cierto, en muchos procesos económicos. Y genera un elevado nivel de incertidumbre que hace enormemente difícil tomar decisiones (ver por ejemplo la gráfica de Madrid). Estar al mando (sea de un país, una comunidad autónoma, un ayuntamiento o incluso un “simple” hospital) en estos tiempos es, por tanto, durísimo y tiene un mérito enorme. Un mérito que hay que reconocer, ayudando en todo lo que podamos.

Ya llegará el momento de preguntarse qué podríamos haber hecho mejor, y aprender constructivamente de lo que, a posteriori, veremos que han sido errores. Recordando, esperemos, que hay que prepararse para solucionar las crisis mucho antes de que nos exploten en las manos.

Nuestro análisis es muy simple en sus premisas, y por lo tanto tiene un alcance limitado. Por eso no pretende sustituir a los modelos de los epidemiólogos, y debe usarse sólo para comprender qué está pasando y qué podemos esperar en el futuro en líneas muy generales. Por lo tanto, las extrapolaciones que hacemos no están exentas de riesgos y errores, y aunque sean adecuadas para mostrar tendencias aproximadas, es probable que los números que muestran estas predicciones fallen. Ojalá la realidad sea mejor.

Pero tan importante es ser cauto como destacar los logros colectivos. Principalmente de quienes, con gran esfuerzo y no poco riesgo, están velando por nuestra salud, seguridad y abastecimiento. Pero también de quienes, con gran esfuerzo humano y económico, están cumpliendo con su parte: hoy más que nunca, #quedateencasa. Es lo mejor que puedes hacer, y está funcionando.

Gloria, como un Leviatán, ese monstruo marino que aparece en el viejo testamento, nos enfrenta a buena parte de nuestras contradicciones y ha recordado lo vulnerables que incluso los que vivimos en el mal llamado mundo desarrollado podemos llegar a ser. La conexión entre muerte, destrucción y clima es directa para los miles de refugiados climáticos que sólo recientemente han visto reconocida su existencia por una sentencia del tribunal de Naciones Unidas. Huir de los nuevos escenarios climáticos es casi su única opción. Aquí, en nuestro país, es sólo una cuestión de riesgo aparentemente controlado y una seguridad en manos de un estado menguante.

Para los que nos dedicamos a hacer ciencia, no cabe ninguna duda sobre la existencia de una relación entre eventos climáticos extremos, el cambio climático y el actual estado de emergencia climática. El efecto brutal de estos “desastres” no puede dejar de integrarse en ese amplio paraguas que llamamos cambio global y que implica muchas más cosas que el aumento de las temperaturas medias. Si, hace más calor y eso, en combinación con otros motores de cambio global, está modificando radicalmente nuestra situación. Gloria nos pone sobre la mesa un ejemplo doloroso.

La costa es un sistema extremadamente dinámico. Sabemos por ejemplo que el delta del Ebro es un paisaje reciente que se originó como consecuencia de la deforestación masiva de Pirineos en tiempos históricos. La erosión asociada a la destrucción de la cubierta forestal hizo que el río arrastrase toneladas de materiales que se depositaron en lo que hoy es el delta. El Antropoceno, esa era geológica definida por la capacidad de nuestra especie de cambiar la faz de la tierra, no es un logro reciente. Hace más de 700 años, esa erosión disparada por actividades humanas, ofreció como un maná inesperado, un recurso ultraproductivo y valioso para las comunidades del bajo Ebro.

La construcción de grandes infraestructuras hidráulicas en la segunda mitad del siglo XX volvió a modificar las cosas: la dinámica hidrológica del río se alteró profundamente con más de 180 embalses y presas que redujeron la cantidad de sedimentos y materiales que llegaban al delta, al tiempo que rellenaban el vaso de los grandes embalses, disminuyendo su funcionalidad y capacidad de almacenamiento de agua. El declive del delta era manifiesto mucho antes de Gloria. Que le pregunten a la plataforma para la defensa del Ebro. Esta tormenta sólo sirvió para catalizar y a la vez evidenciar la degradación de este entorno. Nosotros lo creamos, lo disfrutamos y ahora nos lo cargamos. De risa, si no fuera porque del delta depende mucha gente.

Nuestra costa mediterránea es un monumento a la autodestrucción. La estética y el sentido común sucumbieron hace décadas al empuje del ladrillo y el urbanismo desaforado. Los esfuerzos por salvar los remanentes de biodiversidad en microrreservas biológicas situadas entre bloques gigantescos de hormigón sólo dan ganas de llorar o de llevar a la gente de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, al panteón de los héroes de este país. No sabemos si hay biólogos de conservación al lado de los militares. Una guerra desigual y perdida de antemano.

Ahondar en ese desastre no aporta mucho. Ver a la gente sacar cubos de agua de sus casas al tiempo que piden que se haga algo no deja de ser paradójico. El colapso del Mar Menor y su frágil ecosistema nos indica cómo los motores de cambio global pueden adquirir formas de todo tipo, de manera que la intensificación radical de la agricultura en un entorno muy frágil, junto con las lluvias torrenciales magnificadas por el cambio climático interaccionan de forma sinérgica para destruir todo a su paso.

El modelo de tutelaje de la costa por el Estado no es nuevo. Su gestión está desde hace mucho tiempo en manos de demarcación de costas del Estado con un modelo basado en la participación casi en exclusiva de ingenieros civiles. No es un modelo nuevo, viene del siglo XIX y bebe conceptualmente de la historia y la tradición de la función pública francesa. El modelo es mimético al de las conferencias hidrográficas. El río, como la costa, es un recurso público que hay que garantizar. Se trata de asegurar el mantenimiento del agua en términos de cantidad y calidad, y de minimizar el riesgo asociado a la recurrencia de grandes avenidas y los impactos de las grandes tormentas.

Podemos modelizar el caudal y la recurrencia de estos eventos y diseñar infraestructuras que sean capaces de controlar el río o la costa en situaciones extremas. Pero nadie hizo las cosas de acuerdo a los escenarios de cambio global. Posiblemente ni se planificaron cosas como paseos marítimos, puertos o embalses considerando cambios profundos en el nivel de mar, las corrientes, la velocidad del viento, o en la provisión natural de arena y sedimentos.

No se trata de revisar la historia, sino de analizar las disfunciones que tenemos que resolver para enfrentarnos a un futuro incierto. El río, como la costa es mucho más que eso. Aunque los arquitectos han sido capaces de entonar un mea culpa colectivo en relación con los desastres urbanísticos que asolaron el Mediterráneo e intentan ofrecer alternativas al desastre que ellos pilotaron décadas atrás, no ocurre lo mismo con la ingeniería civil.

Podemos constatar que en estas unidades de la administración del Estado son muy pocos los técnicos procedentes de otros campos profesionales capaces de aportar información y conocimiento complementarios pero claves para la toma de decisiones en un mundo cambiante. Sabemos mucho de dinámica costera, de diversidad biológica, de servicios ecosistémicos, de cambio global, de sociología, de psicología, de ordenación del territorio, de desarrollo sostenible, y sin embargo no hay prácticamente profesionales con esos perfiles afrontando el desastre desde la administración del Estado.

En realidad, el problema es el modelo que subyace. La costa se puede moldear, cambiar a nuestro antojo, podemos construir espigones, puertos deportivos, recrear playas, somos omnímodos y es sólo una cuestión de recursos. La tecnología, en un alarde de soberbia de reyes del Antropoceno, permite construir las grandes infraestructuras que imaginemos. Si nos falta agua en Murcia, una de las zonas más áridas de Europa, la llevamos con un trasvase megalómano, absurdo, carísimo en términos económicos y de un impacto ambiental desmedido. Eso sí, lo de llevar agua a Murcia lo pagamos todos.

Que nos convencemos de que Canarias necesita un “super puerto”, no pasa nada, lo construimos. No hay problema. El cambio global puede hacer más difícil resolver la ecuación de la seguridad, pero siempre podemos encontrar una solución técnica o jugar con el riesgo del desastre que en cualquier caso apenas afectará a la parte más influyente de la sociedad. Pero eso ya se verá después. Si no entendemos la naturaleza de la dinámica costera y la integramos en nuestros modelos de gestión, minimizando nuestras acciones sobre la costa, lo que tendremos serán nuevas Glorias y cada vez más devastadoras.

Si, se ha hecho muy, muy mal. Los profesionales encargados de cambiar la configuración de la costa, de los que han sugerido que una playa se podía reconstruir cada año para mantener el negocio de servicio turístico, de que el impacto en la dinámica geomorfológica costera de un nuevo puerto era mínimo, siguen ellos, o colegas de igual mirada, sentados en las confederaciones y en las demarcaciones. Lo que debe preocuparnos, ante lo que debemos reaccionar pronto y con eficacia no es tanto ante profesionales individuales. Debemos cambiar la visión decimonónica de la costa, el mar y los ríos; y todo apunta a que debemos cambiarla con rapidez.

La Biología Molecular se nos ha quedado huérfana. Hemos despedido a Margarita Salas, una de nuestras científicas más ilustres, una investigadora incansable, un icono inspirador para toda una generación de científicas y científicos españoles. Nos deja un legado sobre el que podemos, todas y todos, auparnos 'en hombros de gigantas', y supone un ejemplo que ayuda a dar seguridad y confianza a todas las jóvenes que planean, inician o desarrollan ahora su carrera científica. 

Gracias al estudio de un virus que infecta bacterias, phi29, Margarita contribuyó de forma crucial a entender el mecanismo de copia del ADN. Consiguió un enorme éxito, reconocimiento mundial y una considerable contribución a la caja común; de hecho, es creadora de una de las patentes más rentables de la historia de España. Se granjeó el prestigio y el reconocimiento de la comunidad científica internacional a base de tesón y de trabajo duro.

Ningún techo de cristal (y, en su país y en su época, había muchos) consiguió detener su arrollador talento y sus ganas de descubrir, porque, además, Margarita fue una persona afortunada: pudo estudiar una carrera universitaria en unos años oscuros para España, y tuvo una familia que comprendió perfectamente su pasión por la investigación y la apoyó en todo momento. Este hecho, que hoy parece nimio, era bastante inusual en aquella época. Y en el momento más adecuado de su carrera se cruzó en su camino el genial Severo Ochoa, lo que cambió irremediablemente su destino; he aquí otro golpe de suerte. 

Nosotros, por nuestra parte, hemos tenido la enorme fortuna de contar con ella y de que pudiera cumplir su deseo de seguir investigando hasta el final de sus días. Su espíritu inquieto nos ha dejado un vasto legado científico, motivo de orgullo para todos, como una huella imborrable. De su trayectoria extraemos además una valiosa lección: cuando las dificultades no se interponen (o más bien, en cuanto dejan el más mínimo resquicio), el talento femenino también alcanza las más altas cumbres. El camino que abrieron con valentía las que combinaron fortuna y buen hacer como Margarita debe servir para ver el potencial que existe si quitamos la fortuna de la ecuación y garantizamos un acceso a la carrera científica y a un ambiente de trabajo igualitario.