Los nombramientos en los puestos de responsabilidad van avanzando según pasan los días y desciende la jerarquía del Servicio Andaluz de Salud. Un mes después de que el Consejero Jesús Aguirre hiciera oficial la nueva estructura de la Consejería, las destituciones han llegado a los hospitales. En los últimos 10 días el Servicio Andaluz de Salud ha cambiado casi una veintena de gerentes de centros hospitalarios y direcciones de Distrito.  

Desde algunos ámbitos profesionales no se está viendo con buenos ojos la política de relevos que Salud está realizando. Los sindicatos del sector no comparten un número importante de estos nombramientos, califican de “precipitadas” muchas de estas decisiones y creen que es la filiación política y no los criterios de profesionalidad los que han determinado la selección.    

Para Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz, si bien es lógico hacer cambios cuando hay nuevos gobiernos “la gestión debe profesionalizarse y alejarse de partidos o corrientes ideológicas”. Asimismo, indica que “no compartimos un número importante de estos cambios y creemos que se están tomando decisiones precipitadas”.

Asimismo, desde el SMA cuestionan que, como ha indicado públicamente el Consejero de Salud, haya sido la gestión de las listas de espera lo que ha determinado qué gerencias se cambian y cuáles no. “No creemos que ese deba ser el criterio y no hay información suficiente al respecto”.       

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), sus portavoces consideran que “de momento no va a realizar juicio alguno de las nuevas personas que están al frente de las direcciones de los hospitales andaluces, puesto que lo hará en función de las decisiones y medidas que vayan adoptando”. Sin embargo, esta organización sindical señala que “los estrictos criterios de profesionalidad que la Consejería de Salud aseguró que iban a seguir a la hora de nombrar a las nuevas gerencias no se están produciendo en todos los nombramientos y sí condicionamientos de tipo político”.

Más prudente se expresa Eloisa Bernal, portavoz de Sanidad del CSI-CSIF que quiere “dar 90 días a los nuevos cargos para poder evaluar su labor”. En su opinión, “no hay una línea a seguir o un patrón en la elección de esos cargos, su origen es muy diverso”. “Nosotros pedimos capacidad en la gestión y apostamos por que sean cargos despolitizados”, resume.

Perfiles diversos: del clínico al político

La mayoría de los nuevos nombramientos responden a profesionales con trayectoria en el propio centro, pero no siempre es así. Algunos muy ceñidos a la institución, como Sebastián Quintero, médico de UCI Pediátrica desde hace 30 años, que ha relevado a Fernando Forja al frente del Hospital Puerta del Mar. Caso distinto es el de Francisco Merino, nombrado nuevo gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena, que proviene del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). También hay perfiles que tienen más que ver con la trayectoria política que con la sanitaria, como Ricardo Gil-Toresano, nuevo gerente del Hospital de Osuna. Médico de formación y ejercicio, cambió la bata blanca por el bastón consistorial para ser alcalde de Écija y posteriormente subdelegado del Gobierno en Sevilla.

Otros muchos casos, son profesionales pertenecientes a las instituciones. José Guerrero Velázquez, psiquiatra, asume la gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Víctor Baena, actualmente responsable de Urología, será el nuevo director gerente del Hospital Regional de Málaga.  Luisa Lorenzo, responsable de Gestión Asistencial en el Hospital Costa del Sol, es ahora directora gerente de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. José Plata, jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Infanta Margarita, de Cabra, es ahora es el nuevo responsable del Área de Gestión Sanitaria Sur de córdoba. Por su parte, el nuevo director gerente del Hospital Torrecárdenas, Manuel Vida, ha estado vinculado a ese centro desde 1995.

La sombra de la privatización levanta suspicacias entre los sindicatos presentes en la mesa sectorial del Servicio Andaluz de Salud. Algunos de sus representantes han confirmado que, si bien las cuestiones salariales y de incremento de plantilla serán las primeras a poner sobre la mesa, vigilarán cualquier “tentativa privatizadora de la Sanidad”, motivo por el que reclamarán al nuevo consejero de Salud que tenga “un compromiso claro con los ciudadanos, con los profesionales y con sus representantes de que mantendrá un modelo de Sanidad público, gratuito y universal”, en palabras de José Sánchez, secretario general del Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía.

Desde a la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO explican que “es importante dejar claro a la sociedad andaluza el modelo de sanidad por el que apuesta la nueva Administración, dados las lamentables experiencias llevadas a cabo por el Partido Popular en otras comunidades como Madrid o el País Valenciano, que han fracasado y que, además, dieron lugar a una importante y contundente movilización ciudadana contraria al desmantelamiento parcial de la sanidad pública que se pretendía hacer”.

Lejos de debilitar el modelo público, las reivindicaciones sindicales apuntan a dotarlo de más presupuesto y reforzar plantillas, especialmente en la Atención Primaria. “Nuestras peticiones apuntan a priorizar la inversión en Sanidad. En 2018 seguimos con presupuestos por debajo de 2010. Los recortes que se han dado en estos años han sido muy dañinos y no hemos recuperado el nivel de hace 9 años”, afirma Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Andaluz de Médicos (SMA).

De hecho, este viernes se supo que la nueva dirección del Servicio Andaluz de Salud ha confirmado su compromiso de destinar el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía al gasto sanitario y, de esta partida, el 20% para la Atención Primaria, de forma progresiva y a lo largo de la legislatura que acaba de comenzar. Esto no ha sido un anuncio oficial, pero así lo ha transmitido informalmente el nuevo director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS, Diego Vargas, al portavoz de CCOO, Humberto Muñoz en el marco de una Jornadas sobre Atención Primaria celebradas en Granada.

La equiparación salarial

Asimismo, una premisa clave para los representantes sectoriales de médicos y enfermeros es la equiparación salarial a la media nacional: lo que podría suponer un incremento de entre 300 y 600 euros según estimaciones de los sindicatos. Según Rafael Carrasco, para un diseño de los equipos adecuado a la demanda asistencial es necesario conocer la plantilla real del Servicio Andaluz de Salud. “Nunca hemos logrado un listado de la plantilla real del SAS”, explica. Además, cita la clásica reivindicación de los 10 minutos por paciente, ligada a desburocratizar la labor de los médicos. “Hay veces que no podemos levantar la cara del ordenador y eso no puede ser. Redistribuir las tareas del médico”.

Desde CSIF Andalucía la igualdad salarial es el tema prioritario, “dado que, por ejemplo, un médico andaluz de atención primaria cobra 5.578 euros menos que el País Vasco”, explican. En paralelo, el sindicato entiende que existen otros temas fundamentales pendientes de abordar, como la jubilación anticipada sin penalización al amparo de la Ley de Seguridad Social.

Una agenda 'caliente'

Por su parte, para Satse resulta urgente analizar la situación de las plantillas de enfermeras y de fisioterapeutas, con su equiparación a las ratios europeas para garantizar la seguridad de la atención al usuario, o la implantación efectiva de las Especialidades de Enfermería, entre otras materias. Además, “en ningún caso permitiremos pasivamente agravios o discriminación alguna”, comenta José Sánchez, aludiendo al propósito expresado por la Consejería de Salud de aumentar el salario de los médicos para dirimir el complemento de exclusividad.

La asignación de plazas de las Ofertas Públicas de Empleo de 2013, 2015 y 2016; la excesiva interinidad de las plantillas, la recuperación de las retribuciones variables, el aumento del pago por guardias, la convocatoria de un concurso de traslados o la aprobación del procedimiento para el acceso a la carrera profesional, forman parte de la larga lista de temas a negociar.

Los representantes de los sindicatos comparten el carácter “urgente” de estas negociaciones por lo que esperan que en las próxima semanas se les emplace a tomar contacto con los nuevos responsables de la dirección de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud.

La Junta de Andalucía se convirtió en diciembre de 2011 en la primera administración autonómica en establecer la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública y se han convocado en 14 ocasiones desde entonces. El número de laboratorios adjudicatarios es de 36, de los que 18 son españoles y, de éstos, siete son fabricantes.

Ahora, el acuerdo a tres para investir a Juan Manuel Moreno nuevo presidente andaluz incluye como medida común “revertir” ese sistema, conocido como subasta de medicamentos. Según los populares, “pone en riesgo la salud de los pacientes y usuarios”. Para el PSOE andaluz, supone un gran ahorro económico para la sanidad pública. En concreto, 568 millones de euros entre 2012 y 2017 que se sumaron a la Hacienda Pública, según la última información aportada por la aún consejera de Salud en funciones, Marina Álvarez. En 2018, se estima unos ingresos de 177 millones de euros.

La selección pública de medicamentos ha sido un caballo de batalla contra los Gobiernos socialistas para PP y Cs. Y la intención de cambiarlo ha quedado recogida en el acuerdo entre PP y Cs en el punto 59 su propósito de “revertir el actual modelo de subasta de medicamentos en Andalucía” sin detallar más. Por su parte, el acuerdo entre PP y Vox alude a “revertir el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando Andalucía al sistema de compra centralizada puesto a disposición de las comunidades por el Gobierno central”.

Sin embargo, la propuesta de retirar la subasta de fármacos “de forma inminente”,  recogida en los dos acuerdos firmados entre PP y su socio de Gobierno (Ciudadanos) y de investidura (Vox), tendrá que esperar al menos dos años para ejecutarse de facto. Los últimos acuerdos firmados que el SAS ha cerrado con los laboratorios suponen dos años de exclusividad en la dispensación de ese tipo de medicamentos en toda Andalucía cuando sea recetado por el sistema sanitario público. Por tanto, el nuevo Gobierno autonómico podrá no convocar más concursos, pero tendrá que esperar dos años para implantar un nuevo modelo. Eliminar las subastas vigentes incurriría en una ilegalidad que supondría una penalización millonaria por lucro cesante para las compañías farmacéuticas.

Ya que no se puede negociar a la baja pues los medicamentos tienen precio fijado por el Ministerio de Sanidad (sistema de precios de referencia), los laboratorios han pagado al SAS periódicamente a cambio de esa “exclusiva”. Ese dinero se ingresa en la Consejería de Hacienda y ese es el ahorro que aportan las subastas.

El PSOE, impulsor de la medida, defiende que es un sistema de dispensación avalado por la Organización Médica Colegial para su utilización a nivel nacional y que respalda el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en tres ocasiones a favor de las subastas andaluzas.  Y que recientemente, ha recibido también el apoyo de la Comisión Europea.

“La prescripción por principio activo, que es la forma científica y correcta de prescribir recomendada por la Organización Mundial de la Salud, se implantó en Andalucía, con carácter voluntario, a partir de 2001 y, con posterioridad, fue incorporada a la normativa nacional. El sistema de selección de medicamentos que realiza el SAS se basa en esta prescripción por principio activo, que en Andalucía supone el 93% de las recetas oficiales que cumplimentan los profesionales, lo cual es relevante a la hora de entender y valorar la medida”, explican fuentes de la Consejería de Salud.

Desde el PP se ha criticado esta medida por “poner en riesgo la salud de los pacientes y usuarios” y “limitar el acceso de los andaluces a numerosos medicamentos”. Extremo que niegan en el Gobierno saliente ya que  “los facultativos andaluces, al igual que los del resto de España, pueden prescribir ”por marca comercial“, en los casos previsto por la normativa nacional, cuando lo consideren necesario para la mejor asistencia de sus pacientes”.

Otra de las razones que esgrimen las fuerzas políticas que conforman el nuevo Gobierno es que “profesionales y pacientes han advertido de que muchos de estos medicamentos, algunos de ellos elaborados en laboratorios de países tan lejanos como Vietnam o India, no tienen la eficacia que deberían de tener”. La Consejería de Salud ha defendido todos estos años que los medicamentos que se comercializan en España están “siempre avalados por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento”.

Compra centralizada 

Según ha explicado a este medio José Martínez Olmos, senador y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Senado, además de promotor en etapas anteriores de un sistema de compra centralizada nacional, éste ya existe y está restringido a la compra de vacunas cuya patente ya ha extinguido. “Nosotros pusimos en marcha con el Real Decreto-ley 9/2011 y el 8/2010 en aquel momento, por la situación de crisis, para hacer compra centralizadas en aquellos productos sin patente en los que las CCAA consiguieran asociarse para que el tamaño de la compra abaratara el precio. Esto siempre se ha referido exclusivamente a las vacunas. No entran todas las CCAA, solo las que quieran voluntariamente participar. A veces Andalucía se suma y otras no”.

Generalmente son las CCAA con menor población las más interesadas en participar de este modelo para conseguir un mejor precio. Según Martínez Olmos, “la propuesta de realizar compra centralizada de medicamentos genéricos ahora mismo es una opción que no existe. Podría realizarse, pero ahora mismo no la hay. Decirlo es hacer un canto al sol”. En su opinión, “la subasta es un concurso público como los que se han hecho de toda la vida en España desde tiempos del Insalud y es el que siempre han utilizado los hospitales. La subasta lo que ha hecho es aplicarlo al ámbito autonómico”.

El ejemplo de la hepatitis C tampoco sirve. Las subastas son con genéricos. En un medicamento que tiene patente no hay competencia con lo que es imposible hacer un concurso tal y como están planteada. De ahí que el acuerdo nacional para comprar los tratamientos de la hepatitis C fuera más una cuestión de disponibilidad de fondos a gran escala que de sinergias entre Comunidades Autónomas.

La farmacia, optimista con la retirada

Si no hay subastas, son las compañías farmacéuticas o las distribuidoras las que negocian directamente con las oficinas de farmacia. Y es ahí donde residen los márgenes de beneficio de ahorro. Por ello, las oficinas de farmacia criticaron la medida desde el principio y defienden que han sido ellos los que han sostenido sobre sus cuentas ese ahorro para el sistema. Así, Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, explica que “las subastas han supuesto una discriminación para los farmacéuticos y los pacientes. Han supuesto una pérdida importante para los farmacéuticos de a pie. La merma económica que ha sufrido la farmacia es muy superior al ahorro que haya podido lograr la Junta de Andalucía”. Asimismo, critica que ese ahorro ni siquiera ha revertido en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, sino que ha ido a parar a la Consejería de Hacienda sin especificar el destino de ese montante.

La Consejería de Salud asegura que este sistema “no modifica, en absoluto, el precio de venta del laboratorio que tenga establecido el Estado, y se mantienen los márgenes establecidos por la normativa estatal vigente para la distribución y dispensación y, por tanto, se mantiene el precio de venta al público (IVA incluido). No se alteran, por tanto, los márgenes de beneficio para las oficinas de farmacia por la normativa nacional ni las aportaciones que los beneficiarios, en su caso, hubieren de realizar”.

Respecto a los desabastecimientos, Pérez subraya que sí se han producido pero que ha sido la “agilidad y capacidad de gestión de las farmacias” lo que han salvado la situación: “tenemos un compromiso ético que nos ha llevado a contar con el medicamento alternativo que hacía falta en cada momento; incluso con el riesgo de que no nos fuera abonado si no podíamos justificar que el cambio respondía a causas objetivas”. “Nos ha supuesto un desgaste importante justificar ante la administración que esos medicamentos faltaban. Estamos deseando que se retire el sistema cuando antes”, añade.     

María del Carmen Sáez, farmacéutica que presta servicios de asesoría en gestión a boticas de toda España, respalda desde fuera de Andalucía esa percepción. “Concentrar la oferta aumenta la posibilidad de desabastecimiento. Cuando se fuerzan los cambios de presentaciones también afecta a los pacientes y a la adherencia terapéutica. La farmacia andaluza ha mermado sus beneficios, ha sido generosa con los pacientes y ha sobrevivido por su gestión eficiente”. Según la experta, “la farmacia rural, al ser la más débil del entorno, puede haber sido la más perjudicada por esa pérdida de facturación”. De hecho, la Consejería de Salud lanzó un compromiso de crear un fondo de compensación para las boticas rurales que se nutriese del ahorro producido por las subastas que nunca llegó a materializarse. 

Aun así, la cuestión del desabastecimiento no es solo imputable a las subastas, ya que carencias de este tipo se producen también en otros puntos de España y a veces responde a problemas de fabricación o de la cadena de suministro; o a circunstancias inesperadas, como los problemas que parecen surgir ahora con algunos medicamentos producidos en el Reino Unido a causa del ‘Brexit’.

La psoriasis es una enfermedad grave y que tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas que la sufren. Dar un abrazo, ponerse un bañador, ir a la piscina, estrechar la mano al saludar o ponerse una chaqueta se convierten en un momento incómodo, juzgados por la mirada del otro y marcados por las placas o la descamación. Se estima que esta enfermedad afecta a un 2,3% de la población española y produce unos 14 casos nuevos al año por 10.000 habitantes. Un tercio de ellos padecerá la forma moderada o grave. Además de lastrar la autoestima y la salud, también afecta al bolsillo y puede suponer un gasto medio de 300 euros mensuales, sin contar los medicamentos y consultas que sí cubre la sanidad pública.

La psoriasis tiene un impacto económico importante. Según explica Antonio Manfredi, responsable en Andalucía de Acción Psoriasis, la principal asociación que aglutina a los pacientes en España, este desembolso por la enfermedad es cada vez mayor. “Es norma general, no es solo en Andalucía, que el sistema sanitario cada vez se haga cargo de menos costes, ya sean medicamentos, servicios u otros productos medicinales”, explica. De hecho, según el Barómetro de la Psoriasis, realizado en 2014 por dicha asociación, hasta un 70% afirmó entonces haber notado las consecuencias de los recortes en su atención médica. Recortes que un 35% considera “numerosos”.

Cremas hidratantes y champús

Hay tres grupos de productos que las personas con psoriasis deben pagar de su bolsillo. El primero es la hidratación, el uso de cremas hidratantes es esencial en la salud de la piel, tras cada ducha y por lo general más de una vez a lo largo del día. Las cremas ayudan a tener menor picor y sensación de sequedad. “Aunque es posible comprarla en muchos tipos de tienda, generalmente se utilizan cremas hidratantes especiales, de calidad, de compra en farmacias y que suelen ser más caras. Depende de la edad o la afectación, pero suele suponer un gasto de 100 euros al mes”.  En esta línea, otro producto necesario en el cuidado cotidiano es el champú para no llevar “una nevada en los hombros”, como muchos pacientes definen coloquialmente a la descamación habitual del cuero cabelludo. “Antes había champús de uso medicinal que te recetaba el médico y estaban cubiertos por el sistema sanitario, pero ya no es así; salvo en algunos casos muy graves en los que se prescriben productos muy agresivos que no permiten su uso continuado. Esto pueden suponer otros 30 euros de gasto al mes”.

Cosméticos

Cosméticos“Vivimos en una sociedad con una presión y exigencia sobre la estética casi enfermiza. Eso lleva a que muchas personas, mayoritariamente mujeres con psoriasis, tiene que acceder y utilizar maquillajes para cubrir la aparición de placas en manos, codos u otras partes del cuerpo”, explica Manfredi. Estos maquillajes son especialmente caros. Aunque pueda parecer algo baladí o superficial, es muy importante para las personas afectadas y de hecho las asociaciones suelen organizar talleres de maquillaje, generalmente impartidos por personal de farmacia, como una actividad habitual y solicitada. Esto puede suponer entre 100 y 150 euros al mes, dependiendo de las necesidades y posibilidades económicas.

Productos y servicios especializados

Además, hay infinitos productos especializados para distintas zonas del cuerpo. Antonio, por ejemplo, tiene un problema de irritación en los párpados y alrededor del ojo para lo que necesita una crema concreta que cuesta unos 22 euros. Del mismo modo, la descamación puede generar tapones en los oídos. Eso acarrea el uso de gotas para evitarlos o acudir periódicamente al otorrino. Y no es ese el único profesional sanitario que las personas afectadas han de visitar para asegurar sus cuidados. “También debemos ir con asiduidad al podólogo y mantener una salud adecuada de los pies, lo que suponen unos 25 o 30 euros por sesión”.

Atención Psicológica

Un capítulo importante es el de la atención psicológica, muy importante para una patología que tiene un impacto obvio en lo emocional, en las relaciones sociales y personales. “El sistema solo acoge atención psicológica en casos muy graves, en oncología y salud mental, pero no hay una atención psicológica organizada en el sistema. Por tanto, si necesitas un psicólogo tienes que ir al sistema privado”, resume Manfredi. El informe Retorno Social de la Inversión de un abordaje ideal de la psoriasis, presentado este año, cifraba en 748 euros anuales la atención psicológica a un paciente recién diagnosticado con psoriasis moderada o grave.

Según el Barómetro de la Psoriasis, para el Servicio Nacional de Salud la patología requiere un gasto medio de 536 euros anuales por paciente. Un coste que resulta independiente de su nivel de renta y que, si bien por lo general se destina en su mayor parte a la compra de medicamentos, también contempla la adquisición de ropa especial, transporte para recibir tratamientos y pago de seguros médicos privados –el 15% acude a la sanidad privada, mientras que el 22% combina la privada con la pública y el 60% opta exclusivamente por la pública.

Ropa y calzado

Por último, “También tenemos que recurrir a un calzado especial”, apunta Antonio. Esto es casi obligado en casos, como el suyo, de artritis psoriásica. La ropa es importante y hay que cuidar el tipo de tejido. Muchos pacientes desarrollan una alergia al nylon y la ropa interior tiene que ser obligatoriamente de algodón. Asimismo, las estructuras metálicas que tienen algunos sujetadores también provocan reacciones en la piel. El principio de Koebner define la tendencia, común en patologías autoinmunes, a que la piel reaccione o se irrite en las zonas en las que se ejerce mucho roce o presión. Además, no se puede usar bisutería, en cuantos e suda produce una reacción. Collares, anillos pendientes o pulseras, tienen que ser de oro.

Para el portavoz de Acción Psoriasis, “la sociedad aun no atiende nuestra llamada ni se conocen las distintas dimensiones de esta enfermedad que, todavía, se considera un problema menor, estético, cuando tiene un alcance grave en la calidad de vida y en la economía de una familia”.               

El alzhéimer es la más conocida de las demencias. Una enfermedad que afecta en España a unas 700.000 personas y a más de 90.000 en Andalucía. De ellas, el 94% son asistidos en sus hogares exclusivamente por un familiar o un cuidador no profesional y un 40% es dependiente total. Se estima que, aproximadamente, un 10% de las personas diagnosticadas tienen menos de 65 años, muchos de ellos en edad laboral. La enfermedad se come la memoria, pero el peor olvido es el de la sociedad. De hecho, hay muchos pacientes autosuficientes en el momento del diagnóstico que quieren “seguir ahí”, quieren seguir siendo ellos mismos.

Es el caso de Manuel Martín, sevillano de 74 años, que cada mañana asiste a la Unidad de Estancias Diurnas gestionada por la Asociación Alzhéimer Santa Elena. Allí realiza ejercicios y tareas para entrenar la memoria y es cuidado por el equipo multidisciplinar que compone la plantilla. Comenzó a sufrir las pérdidas de memoria hace unos 4 años. La jubilación, las consecuencias de un ictus y el inicio de la demencia afectaron a su estado de ánimo. “Es común que la depresión se cruce con el inicio de la enfermedad”, aclara María Toro, psicóloga de esta entidad y gran conocedora de la realidad de estas familias.

Actualmente Manuel se encuentra bien, es capaz de recordar muchas cosas, relatar su experiencia y, como ejemplo de pura superación, desenvolverse en muchos aspectos de la vida cotidiana. Padece también diabetes tipo 2 y no se olvida de cuándo toca la prueba de glucosa, que él mismo se realiza bajo la atenta mirada del personal de la unidad. “Yo quiero dar el mínimo trabajo posible cuando puedo hacer las cosas. Si veis que hago algo que no está bien o que no soy capaz, me lo decís y no tengo problema. Pero si puedo hacer yo determinadas cosas, ¿para qué voy a dar más trabajo o a preocupar?”, explica.

“Me jubilé y desde que entré aquí hace dos años me encuentro bastante mejor. A pesar de todo, estoy muy contento con la labor de aquí. El personal es fantástico. Cuando me jubilé empecé a ir para atrás. Las cosas no iban cómo debiera”, afirma señalándose a la cabeza. Cada mañana desde que entra hasta que llega el almuerzo no para “con los números”, que es como llama a los ejercicios de atención, lenguaje, cálculo y orientación que realiza. También acude dos días en semana a un taller de Memoria en el Centro Cívico Hogar San Fernando. “Allí también me han notado el cambio. Dicen que se me nota”. Hoy día, incluso ayuda a otros mayores en la resolución de actividades y anima a los nuevos que creen que van a durar allí poco tiempo. Todo esto también implica tener más relaciones sociales con semejantes. Manuel vive con su esposa, Matilde Rodríguez, y uno de sus tres hijos.

“Se me vino el mundo encima”

La evolución de Manuel no existiría sin Matilde. A sus 65 años es gran conocedora de este ámbito, fue cuidadora de su madre, que también padeció la enfermedad. Ella recuerda el diagnóstico como un momento especialmente duro. “Se me vino el mundo encima. Yo conocía la enfermedad porque había estado cuidando a mi madre. Acababa de terminar una historia para meterme en otra. Es un choque importante”. “En 2013 empezó a no querer saber nada de nadie, a desentenderse de todo. A estar del sofá a la cama, no salir, no hablar, no arreglarse. Empezó a no reconocer a gente conocida que nos encontrábamos por la calle. Incluso familiares. Siempre le gustó leer y los crucigramas y lo dejó todo. Y desde que llegó a la unidad de la Asociación Santa Elena el cambio fue drástico”, cuenta Matilde.

Hoy día, su situación como cuidadora no es mala. Tenía experiencia de su madre y tiene apoyo suficiente, asistencial y familiar, para buscar tiempo para ella y tener una vida que no esté copada por la enfermedad de su pareja. Matilde tiene un consejo a personas recién diagnosticadas: “buscad ayuda e información y esforzaros por que siga teniendo actividad, es algo muy beneficioso”. En todo el proceso asistencial, le ha sido difícil el compás de espera. “Se tarda mucho desde que empiezas a tener un síntoma hasta que te llega un diagnóstico o puedes disponer de ayuda”, afirma.

Triple frente para las Asociaciones

La Asociación Alzhéimer Santa Elena nació desde el año 94 para cubrir las necesidades de pacientes y familiares. Vive de las subvenciones y entidades privadas colaboran. Tras un largo recorrido gestiona una Unidad de Estancias Diurnas y mantiene un concierto con la Junta de Andalucía. Su foco está sobre el enfermo, la familia y la sociedad. “Los familiares necesitan mucha información sobre todo cuando aparecen las alteraciones de conducta. Hay que mimar la atención, los cuidados y las terapias de desarrollo cognitivo para que mantengan las actividades de la casa. No podemos adelantarles la dependencia. Mientras más autónomos e independientes sean, mejor”, explica María. Muchas veces hay alteraciones de conducta, que se abordan con medicación, pero no les explican qué es y porqué.

Desde esta asociación aportan consejos y formación para los cuidadores, ayudan en la tramitación de ayudas a la dependencia y ofrecen soporte, aunque lo importante es la fuerza del entorno para ser positivos en la adversidad. En este sentido, María indica que La Ley de Dependencia está muy parada y acusa dificultades y retrasos de incluso dos años de espera para acceder a ayudas. Se dan casos de recursos que solicitan y cuando llegan la situación ha empeorado y las necesidades son otras.

Las familias están muchas veces al límite

Respecto a la percepción social, Toro indica que “hay que recordarle a la gente que la enfermedad no se contagia, no es letal y exige paciencia”. “Si en su bloque escucha una persona mayor que grite habitualmente es posible que sea un enfermo de alzhéimer. Los delirios son habituales”. La familia está muchas veces al límite. “Los enfermos no tienen culpa. Luchamos los terceros. Aquí somos los de fuera quienes, con nuestra sonrisa, reforzamos su bienestar. Eso cuesta mucho cuando las familias están sobrecargadas”, explica.

“El enfermo quiere seguir con su vida, y decir ”sigo estando aquí“. Precisamente, ”sigo siendo yo“ es el lema elegido por la Confederación Nacional de Asociaciones de Alzhéimer para este día 21. Según explica Ángeles García, presidenta de la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (Confeafa), ”lo principal es no marginarles; la enfermedad no se cura pero podemos retrasar su avance. Estas personas siguen teniendo todas las habilidades. Nos volvemos muy paternalistas en el ámbito sanitario, familiar y social. Reivindicamos que se les deje ser ellos mismos“.

Pendientes de las Estrategia Alzhéimer 2020

Desde el punto de vista asistencial, aunque existe un Plan Andaluz de Alzhéimer, la Consejería Salud anunció en 2015 la Estrategia Alzhéimer 2020, pero dos años después no ha terminado de definirse. Según la presidenta de Confeafa, “se creó un grupo de trabajo y a lo largo de todo el año se ha ido desarrollando hasta estar solo pendiente de revisión de los gabinetes jurídicos de ambas Consejerías”. “Pensábamos que estaría ya firmado pero de momento no tenemos fecha. Se arrastra desde hace dos años pero hasta este año no se ha trabajado el documento”. Representa más del 60% de la dependencia en nuestro país y supone un coste anual en toda España estimado de 35.000 millones de euros.

En su opinión, “el Plan Andaluz de Alzheimer ha sufrido recortes de un 60% por la crisis y las limitaciones a la Ley de Dependencia han dejado muchos huecos por cubrir”. Por ello, reivindica la labor de las asociaciones en tiempos difíciles: “no curamos, pero la persona motivada, gracias a la estimulación cognitiva y otras terapias, logran estar mejor durante más tiempo”.

La fusión hospitalaria como tal se paraliza. No habrá ningún avance sin el consenso mayoritario de los profesionales. No se trata de fusionar sino de llevar a cabo “procesos de convergencia”, no son recortes sino “mejoras organizativas en la planificación sanitaria”. Son algunos de los términos utilizados ayer por el Consejero de Salud Aquilino Alonso en su comparecencia en la Comisión de Salud donde lanzó algunas reflexiones sobre estos procesos que han convertido la planificación sanitaria en un problema enconado que comienza a tener visibilidad en la calle, como demostró la manifestación celebrada el pasado 16 de octubre.

La fusión de los hospitales de Sevilla no se ha materializado como se proyectó; una sentencia ha paralizado el proceso en Huelva y ahora Granada está en el ojo del huracán. “Queremos que un modelo demasiado fragmentado y en ocasiones redundante llegue a su máximo desarrollo posible”. Esa es la voluntad última de este proceso, según resume el consejero.

El caso de Granada

Históricamente, Granada cuenta con los Hospital Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves, del que dependen a su vez dos hospitales de especialidades: el Hospital Materno-Infantil y El Hospital de Traumatología. El objetivo planteado por Salud antes de verano apuntaba por un lado a trasladar el Hospital Materno-Infantil al actual edificio de Traumatología y por otro, distribuir los servicios de los Hospitales Virgen de las Nieves, Clínico San Cecilio y Traumatología en dos sedes: Virgen de las Nieves y el edificio del Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

Todo esto está ahora en proceso de reevaluación. “Se está realizando un análisis de la cartera de servicios para determinar qué servicios debe haber en ambos hospitales”, afirmó ayer Aquilino. “El objetivo es tener dos grandes hospitales que puedan dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población”, indicó.

Así, ha pedido “disculpas por el malestar causado”, reconoce que “no nos hemos explicado bien” y que “se han planteado fallos en la reordenación”. Por tanto, Salud frena el proceso en los términos en los que se estaba llevando a cabo y afirma que “respetará y buscará el acuerdo con el Consejo Asesor”, que se ha creado y en el que participan profesionales, sindicatos, colectivos ciudadanos y al que desde ayer están invitados también los representantes de los partidos presentes en la Comisión de Salud.

Estos procesos de reordenación se han llevado a cabo en muchas provincias, comunidades autónomas y países europeos, “como herramienta para mejorar la eficiencia, racionalidad y equidad”, ha explicado Aquilino. Tras el desacuerdo mostrado por profesionales y ciudadanía, “transmitimos nuestra más sincera disculpa y asumimos que se trata de un proceso que no hemos planteado bien y que ha generado dudas e incertidumbres en la población”, reconoce Alonso. El consejero anunció la creación de una comisión para gestionar las incidencias y las mejoras que se puedan presentar y subrayó que su departamento está en una situación de “escucha activa” que cuenta ya con más de 40 propuestas. Las mejoras planteadas se están clasificando en seis áreas: consultas externas, hospitalización, área quirúrgica, urgencias, área diagnóstica y atención al ciudadano.

Críticas de los grupos parlamentarios

María Isabel Albás, portavoz de Ciudadanos en la comisión, cree que la manifestación celebrada el día 16 supone un antes y un después en este proceso y pidió al titular de Salud que “informe adecuadamente a la ciudadanía pues el desconocimiento aumenta la inseguridad”; animó a Alonso a escuchar a los convocantes de la manifestación y a los profesionales para determinar las carteras de servicio y pidió que refuerce el diálogo con el Ayuntamiento de Granada para mejorar el transporte.

Juan Antonio Gil de los Santos, portavoz del G.P. Podemos Andalucía en la comisión, recordó que hace meses los grupos parlamentarios pidieron que se paralizara este proceso pero ha tenido que salir la gente a la calle para que se replantee la situación. Asímismo, indicó que su grupo parlamentario no ha sido invitado al citado Consejo Asesor. En los mismos términos se expresó Rafael Vicente Valero, del Partido Popular, quien afirmó que dicho comité asesor “se ha hecho con carnets del PSOE”. Además, cree que este tono conciliador de Alonso es “un nuevo engaño” y pidió “poner fin a este sinsentido”.

Habrá más movilizaciones

El doctor Jesús Cándel, médico de urgencias y ciberactivista conocido como Spiriman, ha mostrado su desconfianza en declaraciones a eldiario.es/andalucia. “Cada día es un desastre mayor, se está dejando de lado el criterio de los profesionales en un proceso que no tiene viabilidad”. Respecto al anuncio de Salud de contar con un Comité Asesor cree que ahí la representación de los profesionales es nula. Teme que el discurso oficial no corresponda con la realidad. “Ya han demostrado que dan una información y siguen ejecutando lo contrario”. “La gente está saliendo a la calle; en el fondo tenemos el poder de cambiar las cosas, pero ellos en vez de reaccionar y pedir perdón van a seguir en la misma línea”, afirma. Anuncia que se está preparando una acción para el día 5 de noviembre que tendrá su traslación en las redes sociales.

Rosa Seguera Rodríguez es trabajadora del Servicio Andaluz de Salud desde 1971 o como ella misma dice, “desde que abrió la casa”. Esta administrativa del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha sido testigo del nacimiento y desarrollo de un servicio sanitario público de salud. Cuando ella comenzó aún compartían tareas con las monjas de la caridad de San Vicente de Paul que, de hecho, residían internas en un ala del actual Hospital Maternal.

Su compañera Asunción Mancera llegó allí justo en el año 76, diez años antes de creación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través de la Ley 8/1986, de 6 de mayo. Era la consecución lógica tras el proceso de transferencia de competencias sanitarias en 1984 después de la consolidación y desarrollo del Estatuto de Autonomía. Lo que hoy parece baladí suponía el nacimiento del primer servicio regional de salud de España, sumando recursos y competencias hasta entonces dispersas en distintos organismos e instituciones. “Empezamos con el Instituto Nacional de Previsión, una gestión en la que se mezclaba el Gobierno de la nación y la iglesia, amparados por la Seguridad Social hasta ver nacer el Servicio Andaluz de Salud”, explica Asunción. Hoy hay más de 1.500 centros repartidos por toda la geografía andaluza, frente a los 285 centros de mediados de los ochenta. Los profesionales se han duplicado, pasando de poco más de 50.000 en su creación a más de 95.000.

Cuando los protagonistas esbozan los cambios que más han calado en la manera de trabajar coinciden en que la llegada de la informática y su posterior desarrollo fue, literalmente, “revolucionaria” para la manera de proceder en un hospital. “Con la documentación clínica en papel, teníamos que tirar de unos carros enormes y unos contenedores donde estaban todas las historias clínicas, que subían y bajaban en montacargas. Las historias se perdían, se duplicaban… y los informes con la máquina de escribir, al dictado del facultativo, con hojas de calco de papel de carbón para hacer varias copias”, recuerda Asunción.

La llegada de los primeros ordenadores a finales de los 80 hizo historia. Dejar las máquinas de escribir y empezar con los ordenadores parecía ciencia ficción. Rosa estuvo en un departamento de nueva creación para un concepto que hasta entonces no circulaba por los pasillos de un hospital: la estadística. “Imagina cómo era hacer estadística continuamente para la gestión. Eran estadísticas de actividad de un hospital de este tamaño realizadas a mano”.

En su despacho entró uno de los primeros ordenadores del Servicio Andaluz de Salud. “Se usaba sólo para meter datos. Como era el único, venían algunos facultativos a usarlo o a ver de qué iba. Aprendimos nosotras solas, los primeros pasos tenían que ser así. Luego ya nos formaron”, explica Rosa.

De los primeros ordenadores a la imagen digital

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Diagnóstico por la Imagen de Valme, Rafael Aznar, confirma que a su hospital los ordenadores llegaron primero a los administrativos. “Cuando llegaron a los médicos, hubo cierto rechazo. Nos tuvimos que incorporar incluso muchos que no sabíamos ni escribir a máquina, aprender Excel o Word. Nos creó cierta barrera”, comenta.

De todos los campos en los que la tecnología ha revolucionado el alcance de la medicina en estos 30 años, el diagnóstico por imagen es de los más representativos. Rafael Aznar llegó al Hospital como radiólogo de planta dos años antes de constituirse el SAS, . Cuando él llegó al hospital como radiólogo de planta, en el año 90, obtuvo plaza de jefe de sección y es jefe de servicio desde 2008. “Entonces la radiología era analógica. Una ecografía era la innovación máxima. Hay sondas específicas, pero en aquel momento solo teníamos la del abdomen, así que poníamos una bolsa con suero para poder explorar otras partes”, comenta aludiendo a cómo las carencias propiciaban el ingenio. Las imágenes se procesaban en un cuarto de revelado. “En los 90 llegaron los primeros visos de innovación e instalamos el primer TAC. La innovación se aceleró y hoy día estamos en una buena situación. Pasamos de los rayos convencionales a la imagen digital directa con equipos portátiles que envían las imágenes directamente por wifi”, resume.

En este recorrido, la incorporación del sistema GESIR para toda Andalucía, un repositorio donde almacenar todas las imágenes y disponer de ellas desde cualquier lugar, ha sido la última evolución. “No pensábamos que el SAS pudiera desarrollar este sistema en un tiempo récord. Esto nos ha transformado la forma de hacer y trabajar cada día. Es el más importante de Europa por su capacidad, por dar cabida a 8 millones de habitantes. Es la apuesta más innovadora que se ha hecho en los últimos años y tiene repercusión en todos los servicios”, expone Aznar.

La organización

Rosa y Asunción han sido testigos de importantes cambios en la administración y en los propios puestos. “También se ha descentralizado mucho hasta llegar a las Unidades Clínicas de Gestión, donde se pide involucrar más a los trabajadores en la organización”, explican. “Empezó a instaurarse una cultura hospitalaria más abierta, más participativa. Nos encantaba incorporar nuevos modelos de trabajo, nuevas formas de pensar la sanidad. Antes era muy rígido”, resume Asunción.

Actualmente existen en Andalucía 939 unidades de gestión clínica, 415 de atención primaria, 290 de atención hospitalaria y 234 interniveles o intercentros. Para Rosa, “cuando empezamos a trabajar era en la dictadura de Franco. Funcionarios del INP, antiguos, eran formas distintas. La enfermera jefe era la voz de mando. El primer jefe del cambio fue Antonio Montero, el primer socialista que apareció por aquí con cargos de responsabilidad”.

Hasta entonces era un sistema basado en el Seguro Obligatorio de Enfermedad para los trabajadores que cotizaban y sus familias, las mutuas y aseguradoras para funcionarios, y un sistema de beneficencia para las personas sin asegurar y sin medios económicos, gestionados por ayuntamientos y diputaciones. La Atención Primaria se prestaba en ambulatorios y consultorios de la Seguridad Social, con consultas médicas de dos horas y media al día. Las prestaciones de enfermería y los medios diagnósticos eran aún más limitados. Eran años de fragmentación de la asistencia, de manicomios sin pizca de salud mental que recluían a las personas durante 13 años.

Para Rafael, el cambio más trascendente en lo organizativo viene de la transformación de los servicios clásicos en Unidades de Gestión Clínica. Para él, “implicar a los profesionales en la gestión de la unidad es importante”. “Hemos aprendido y nos queda mucho. No tenemos todo despejado ni claro. Pero estamos entusiasmados. Sólo en este servicio somos 119 profesionales”. Todo esto incide en lo que los expertos creen que es el valor más importante de una organización: el sentido de pertenencia. “En general, tenemos que estar bastante satisfechos. Es un hospital pequeño, que inspira cercanía y voluntad de trabajar en el sistema sanitario y defenderlo. Tenía cierto miedo y ciertas dudas sobre cómo se iba a desarrollar todo esto. Ha ido bastante bien”.

Asimismo, la ciudadanía también ha cambiado. “Ahora la gente es más exigente, en parte porque también está mejor informada. Hemos intentado siempre adaptarnos y ponernos al día de lo que el hospital nos ha ido exigiendo a los trabajadores”, subraya Rosa.

2012-2015, los años más difíciles

Desde 2012, los límites presupuestarios se tradujeron en medidas para limitar el gasto en recursos humanos. La Consejería de Salud redujo jornadas al 75% y limitó renovaciones de personal. Esto provocó restricciones en las contrataciones y mermas en las plantillas que han definido la que para muchos es la peor época en estas tres décadas de Servicio Andaluz de Salud. “Los años de los recortes que hemos estado con personal al 75% sí que se han notado. Tenemos las mismas personas pero que no trabajaban al 100%. Ha supuesto una traba añadida para soportar la carga asistencial. Tratar con enfermos no es fabricar cosas. La gente tiene muy buena disposición al trabajo. La gente se ha volcado y aunque estuviera al 75% trabajaban más del 100%. Mucha gente quiere este trabajo y lo quiere como si fuera su casa”, comentan Asunción y Rosa.

Según Rafael Aznar, se limitaban las reposiciones y cuándo llegaban estaban con contratos del 30, el 50% o el 75% para mantener la misma actividad. “Eso lo he vivido muy mal. Aún se sienten los coletazos, si bien ya todos los contratos de este año se han hecho ya al 100% pero seguimos en un encorsetamiento muy rígido. Aunque entiendo que se debe a directrices presupuestarias y económicas, yo no puedo estar de acuerdo con lo ocurrido”.

“Esperemos que la pesadilla que hemos tenido que vivir con esto no se repita porque nos ha puesto en un momento difícil. No ha sido nada agradable y ha creado mucha tensión, entre los propios profesionales y entre ellos y los directivos”, explica.

El doctor Fernando Paul, médico de familia, ha sufrido varias agresiones verbales y también físicas durante sus jornadas en Urgencias del Hospital de Jerez de la Frontera. Ayer viajó a Madrid para contar su testimonio en un acto organizado por la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de España, y que bajo la etiqueta #StopAgresiones quiso poner voz al Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios. En su periplo dice sentirse “agradecido por la ayuda recibida por el Colegio de Médicos de Cádiz, en especial, por la asesoría jurídica, que le ha acompañado en todo el proceso judicial. Para él, ”la denuncia es la mejor forma de seguir trabajando, a pesar del miedo, y demostrar a las Administraciones y a la sociedad en general que agredir e insultar a un médico no puede salir gratis“.

Las cifras globales de agresiones, físicas o verbales, a médicos andaluces bajaron durante 2015 con 66 casos, tras el repunte de 2014 en el que los colegios contabilizaron 90. Son datos positivos respecto al global de toda España, donde los casos han aumentado de 344 en 2014 a 361 en 2015. Pese a ello, la lectura de estos datos no es optimista para colegios y sindicatos. Juan Manuel Contreras, secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla, cree que este descenso es “un motivo de satisfacción e indica que algo estaremos haciendo bien”, pero “no nos sentimos respaldados por la administración” y creen que la reforma del código penal les ha perjudicado. Además, indica que “estamos lejos de contar con cifras verdaderas y creíbles”. El 36% de las agresiones a médicos en Andalucía en 2015, produjeron lesiones. Entre los médicos agredidos con lesiones, el 58% correspondió a lesiones físicas y el 42% restante a lesiones psíquicas. Contreras ha pedio al SAS más esfuerzos para el seguimiento de los casos, desarrollo de protocolos para reducirlos y asignar vigilantes de seguridad en los centros más conflictivos.

En este sentido, sus cifras recogen las agresiones que han sido denunciadas o notificadas a los servicios jurídicos de los colegios pero no todas las que se producen; y animan a los profesionales a denunciar. El Servicio Andaluz de Salud ha trasladado a los colegios por primera vez los sucesos registrados en sus centros durante el pasado año y eleva a los casos a 256, cifra sensiblemente mayor pues también recoge agresiones a celadores, enfermeros o personal de administración. Para contribuir a este baile de cifras, CSIF-Andalucía indica que el año pasado se produjeron en el SAS un total de 935 denuncias por agresión. De ellas, 290 fueron por desacuerdo con el trato o conducta en el acto del profesional, 81 por demandar tratamiento distinto al prescrito y 71 por disconformidad con el tiempo de atención en el centro, por citar algunas de las causas más comunes. De los datos aportados por esta central sindical, 204 fueron agresiones físicas, mientras que 731 fueron verbales.

Desamparo legal para coacciones o insultos leves

“Lo que antes era un delito menos grave, se consiguió calificar como delito de atentado, pero la reforma del código penal finalmente no nos ha ayudado”, explica Santiago Pedro Campo, responsable del departamento jurídico del Colegio de Médicos de Sevilla. Desde 2009 los profesionales de la salud, igual que a los de educación, del sector público estén recogidos en el delito de atentado. Pese a que fue un paso importante, “la reforma del código penal ha sido parca e insuficiente” y ha traido aparejada la supresión de las faltas. “El 90% de estas agresiones son injurias o calumnias que se quedan en injurias de caracter leve; así no tenemos capacidad juridica para denunciar la coacción, la amenaza o el insulto leve porque no tiene categoría penal”. Alghunas Comnunidades Autónjomas han creado un atajo. En Extremadura, por ejemplo, existe una norma específica para considerar a los profesionales autoridad. Así se consigue que puedan ampararse en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana que es aplicable a la autoridad. “Por eso pedimos una normativa para reconocer ese caracter de autoridad a los profesionales que trabajan en servicios públicos, lo que nos podria permitir solicitar por la vía administrativa esas sanciones”. Es decir, aunque los galenos hayan podido elevar las agresiones a la categoría de atentado, las agresiones verbales o coacciones más leves podrían quedar impunes.

La mayor parte de las agresiones, en los Centros de Salud

En torno al 60% de las agresiones a médicos se dan en Atención Primaria, que por ser la puerta de acceso al sistema se considera más vulnerable. Para Carmen Blanco, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Sevilla, “nos sentimos a veces en segundo plano, enfrentándonos a situaciónes muy delicadas”. Asimismo, cree que “existen expectativas en la ciudadanía de que todo se resuelve inmediatamente. Esto desborda muchos momentos en los que palabras, malos modos o nervios pueden acabar en situaciones de agresión. Pese a existir algunos protocolos, al final aqui no pasa nada”. Además, Blanco expuso el denominado síndrome post agresion que resume las dificultades para poder reincorporarse tras sufrir una agresión. Por último, Blanco alude a la posibilidad de excluir al paciente del cupo, una opción que permite que un médico solicite el cambio y que a un paciente se le asigne otro médico. “Es un derecho que tenemos pero que es bastante complicado ejercer”, afirma.

“Hola, soy un distribuidor farmacéutico de la India y estoy aquí para ayudar a gente con hepatitis C”. A través de este amable saludo, compañías supuestamente afincadas en la India ofrecen vía Facebook tratamientos para la hepatitis C a pacientes españoles. Contactando con los perfiles públicos de las Plataformas de Afectados, y posteriormente por correos directos, los supuestos distribuidores y fabricantes indios ofertan sus tratamientos a un precio que oscila en torno a los 600 euros, garantizando el envío por mensajería privada y tratando de convencer a las personas afectadas de que esta práctica es legal en España, según varias de estas conversaciones facilitadas por la Plataforma de Afectados de la Hepatitis C de Sevilla. Los comerciales remiten a webs como darvoni.com, beacon-pharma.com o malikinternationalpharmaceuticals.in.

El producto que ofrecen es sofosbuvir, comercializado en todo el mundo por Gilead como Solvaldi, que se consume junto a ledispavir, en dos presentaciones de genéricos de dos compañías de Bangladesh, Hetero y NatcoPharma. Estas compañías fabrican los medicamentos respetando la legalidad en la India, que arrastra muchos conflictos legales internacionales por su política de patentes orientada a acelarar la llegada de los genéricos. El precio por internet ronda los 600 euros, un precio significativamente inferior al que tendría que pagar una persona en España si decidiera adquirir el tratamiento original de Gilead. En una farmacia el precio de Sovaldi es de 14.618 euros, según la última actualización de precios que publican los Colegios de Farmacéuticos. A las administraciones sanitarias les cuesta unos 7.800 (solo sofosbuvir) y 10.000 euros (Sofosbuvir + ledispavir); según muestran las órdenes de compra publicadas por Andalucía o el Gobierno Vasco.    

Para Carmen Martín, portavoz de dicha Plataforma, “esta práctica, que se ha convertido en frecuente, es poco conocida, ilegal y muy peligrosa”. Según cuenta, entran en los perfiles públicos de las plataformas, escriben en el muro y resuelven cualquier duda por mensaje directo. “Aparentemente ofrecen los medicamentos originales o los genéricos fabricados en la India. Habrá gente que pique y los compre, sin tener garantías de qué es exactamente lo que va a tomar”. Por eso, pide que las autoridades intervengan de alguna manera para frenar esta práctica comercial que ha empezado a traspasar fronteras. “No se conoce, ni se denuncia y habrá gente incauta que pueda acabar tomando fármacos sin garantía alguna”. 

Inicialmente, los vendedores dejan mensajes en los perfiles públicos o los grupos privados de Plataformas y organizaciones de afectados donde cuelgan mensajes presentándose como comerciales autorizados o bajo la apariencia del anuncio de la disponibilidad comercial de un fármaco:

Posteriormente inician conversaciones privadas en las aportan más detalles sobre cómo adquirir los fármacos. En los mensajes facilitados a eldiario.es/Andalucia, estos comerciales informan directamente a los pacientes sobre el precio y lo necesario para recibirlos. Con sólo la información de contacto y la dirección postal se puede solicitar el envío por mensajería urgente. Incluso ofrecen su teléfono y extensión para localizarles en horario de oficina.

Asimismo, en otra de las conversaciones, el comercial trata de convencer al posible comprador de que esta actividad es legal en España, tras las dudas mostradas por una usuaria sobre el delito en que podría incurrir. “Esa ley es sólo para España, no afecta a la importación con prescripción”, le indica.

Los riesgos de la venta de medicamentos por Internet existen desde hace tiempo y es habitual recibir tsunamis de sospechosos spam ofreciendo tratamientos ‘milagrosos’ para la caída del cabello, pérdida de peso o problemas de erección; pero es menos frecuente el marketing directo para patologías crónicas y graves. “Este fenómeno, del que no teníamos conocimiento, es nuevo y muy peligroso. Es algo especialmente grave  pues se trata de productos con los que contamos en el Sistema Nacional de Salud y de los que ya se están beneficiando muchos pacientes en España”, explica Emili Esteve, director del Departamento Técnico de Farmaindustria. El experto, subraya que “es absoultamente desaconsejable comprar medicamentos sin la debida autorización. No existen garantías de que esos productos estén fabricados por empresas autorizadas”.

En España solo es legal la venta por Internet de medicamentos no sujetos a prescripción médica, también conocidos como medicamentos sin receta, en los sitios webs de las farmacias habilitadas al efecto. Los detalles de esta modalidad de venta se incluyeron en el Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, que ofrece las “máximas garantías a estas compras” a través de Internet y facilita que los ciudadanos diferencien fácilmente, a través del logotipo europeo común, los sitios web legales de aquellos ilegales.

Desde el Ministerio de Sanidad afirman que no tienen constancia de denuncias en este sentido y que sin denuncias no se pueden investigar estas prácticas. Carmen Ruiz, de la Plataforma de Afectados de Sevilla, explica que uno de los motivos por los que no se han plateado denunciar es por no tener entidad jurídica como asociación. Por tanto la denuncia tendría que hacerla a título particular. Por ello, plantea que debiera ser la Plataforma de Afectados a nivel nacional la que ahonde en el tema y lo ponga en conocimiento de las autoridades sanitarias.

La diabetes tipo 2 está asociada al estilo de vida y suele aparecer en adultos y ancianos. La diabetes tipo I tiene un componente genético y aparece en las primeras etapas de la vida. Se estima que 29.000 menores de 15 años padecen diabetes tipo I en España. Se han realizado estudios en casi todas las comunidades autónomas, si bien las cifras de incidencia a nivel nacional no son todavía bien conocidas. En Andalucía,  el primer estudio realizado con datos de toda la comunidad autónoma, cifraba la incidencia de la diabetes tipo  en menores de 14 años en 20,76 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año, unos 1.700 hogares con un menor diabético, con un incremento de la incidencia especialmente marcado en los últimos 10 años. Hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes.  

Rafael Barbeito y María José Artega, miembros de la Asociación para la Atención y Defensa del Niño y Adolescente Diabético de Sevilla (Anadis) sostienen uno de esos hogares. Tienen dos hijas y una de ellas, Carla, de 7 años, es diabética. Ambos dan fe de del impacto que tiene la enfermedad a nivel emocional, en la calidad  de vida y también en la economía familiar.

La cesta de la compra

Destacan, primero, el sobrecoste en la cesta de la compra. La alimentación de un menos diabético es muy estricta, es decir, muy saludable. “Hay que ponerle su ración de hidratos, de proteínas, verduras y fruta... nada más que en comida ahí el presupuesto se dispara”. Según explica, “el hábito alimenticio habitual es proteico; la alimentación de Carla se divide en raciones equivalentes a un máximo de 10 gramos de carbohidratos. La ingesta de fruta tiene que ser muy alta y tomar verduras todos los días a la fuerza, cosa que no se hace en la población general”. Según la OCU, la cesta de la compra de una familia media española ronda los 6.700 euros al año. Para estas familias puede hasta triplicarse.

Alimentos especiales

Para desayunos y meriendas, Rafael y María José tienen que comprar alimentos especiales para Carla y, en este capítulo, los precios llegan a quintuplicar el de los alimentos con azucar. “Un kilo de galletas sin azúcar vale cinco veces más que las convencionales; las de chocolate el triple, unos barquillos, cuestan el doble; caramelos, tres veces más... ”Y si queremos hacer, por ejemplo un bizcocho, para sustituir al azúcar la opción que buscamos es la estevia. Un kilo de azúcar vale 0,60 euros, un kilo de estevia alcanza los 32 euros la más barata y hasta 94 las más caras“, comenta María José. ”No queremos que se sienta diferente. No cocinamos solo para ella ni comemos aparte; todos comemos lo mismo que ella y eso multiplica el precio de todo por cuatro“. Otro ejemplo, a los diabéticos no les conviene reutiliza el aceite muchas veces y ha de ser aceite de calidad.  

Tratamientos

Respecto a los tratamientos de insulina, el coste de una pluma para inyectar la insulina puede suponer unos 70 euros al mes. Ambos dejan claro que “no nos quejamos de lo que financia el SAS” pero si quieres evitarle los siete pinchazos diarios para hacer las mediciones existen bombas de insulina con sistemas de monitorización continua de glucosa. “La bomba te la facilitan pero el sensor no, eso son 170 euros al mes”. Desde hace un año existen más sistemas que eliminan la necesidad de los pinchazos, al leer los niveles de glucosa a través de un sensor que se puede llevar en la parte posterior del brazo durante un plazo de hasta 14 días. A los 15 días el parche se inutiliza y tienes que poner otro. Cada parche vale algo más de 60 euros. Son 125 euros al mes. Eso solo para poder medir y ver como va. En función de la glucosa en sangre sabes la insulina que tienes que poner.  “Es un avance, es calidad de vida; si no, son siete pinchazos diarios y es más molesto para los críos; hay que ir cambiando el dedo para no producir lipodistrofia, todo eso se elimina con esos parches, pero son muy caros”.  “Si fuera para mi, a mi me da igual una jeringuilla. Pero hay niños que han debutado con la diabetes con apenas meses o antes de los dos años de vida. Tu quieres calidad de vida para tu hijo”, explica María José.

Dentistas y podólogos

Además, las personas que sufren la enfermedad tienes más riesgo de padecer problemas de visión, bucodentales o el conocido como pie diabético. Eso exige visitas al dentista, al oftalmólogo y al podólogo.  “Desde los dos años que le empezaron a salir los dientes hay que hacer revisión anual, ahora hay que ir cada seis meses porque los picos de glucosa influyen en la salud bucodental. Dos meses antes de ser diagnosticada, Carla no tenía problema alguno pero una vez que la diagnosticaron tenia más caries. Eso son entre 40 y 72 euros cada visita.  ”Creo que la atención bucodental debería ser gratuita para todos los niños pero, al menos, estaría bien que a los diabéticos nos ayudaran al 50%“. ”Hay que cuidar su calidad de vida desde ya para poder prevenir la aparición de complicaciones futuras y muchas son cuestiones que no están en la cartera de servicios del SAS“, afirman. En el caso del podológo existen acuerdos desde Anadis con la Facultad de Podología para promover esta atención.

El coste emocional

A todo esto hay que sumar el esfuerzo que haya que hacer por promover la actividad física, las  actividades extraescolares y todo lo invisible y dificil de cuantificar. “Somos metódicos y nos preocupamos mucho por el control, pero entiendo que haya padres que no puedan o el tiempo no les permita tener un control como el que tenemos nosotros y no pueden estar al 100%. Muchos necesitamos una ayuda psicológica, o pastillas para combatir el estré o la ansiedad; y es una mochila muy pesada”, comenta María José. De su testimonio emana que, más allá de la mordida al bolsillo, lo verdaderamente complejo de sobrellevar es el coste emocional, en calidad de vida, en la preocupación constante, en vivir pendiente de algo tan variable como un índice de glucosa en sangre.   

La Ley Andaluza de Muerte Digna ha cumplido el pasado mes de mayo cinco años. Andalucía fue pionera en impulsar una ley que regulara el proceso de muerte. El caso de Andrea, la menor gallega que padecía una enfermedad neurodegenerativa irreversible, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el alcance y las limitaciones de las leyes.

Han sido cinco años en los que regularmente los Comités de Ética Asistencial de los hospitales debaten casos similares al vivido por la familia gallega. “Estoy absolutamente seguro de que este caso se hubiera solucionado aquí de un modo normal sin hacer ruido y de hecho se ha dado muchas veces”, explica Ángel Salvatierra, director de la Unidad de Cirugía Torácica del Hospital Reina Sofía de Córdoba y miembro del Comité de Ética de dicho hospital; que subraya “que este año se han dado casos parecidos y el año pasado otros incluso más peliagudos”. Esos casos no han trascendido públicamente. La principal función de los comités de ética es la ayuda a los profesionales, a los pacientes y a los familiares. Cuando se dan este tipo de casos, “la iniciativa parte fundamentalmente los profesionales, y en segundo lugar de los familiares o el propio paciente a través del testamento vital, conocido técnicamente como Documento de Voluntades Anticipadas”. “Generalmente hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico, cuando parte del profesional; o rechazo a un tratamiento terapéutico, cuando parte de la familia o de la voluntad expresa del paciente”, afirma Salvatierra.

El experto explica lo que se suele hacer cuando profesionales o familiares piden ayuda al Comité de Ética Asistencial. Su labor arranca con la recogida exhaustiva de la historia clínica y “tratamos de que el propio profesional o la familia nos relate la situación”. Ahí identifican los problemas, los valores y establecen cuál es el problema ético que plantea el profesional o la familia para deliberar, teniendo en cuenta las circunstancias y las consecuencias. “De ahí se plantean distintas vías de solución y elegimos la que más se ajuste a lo que es el 'deber ético'. Hay dos filtros clave: la legalidad y que podamos hacer ese consejo público aparándonos en la transparencia”, explica.

Cinco años de experiencia

A la hora de hacer balance sobre la aplicación de esta ley, Maribel Baena, directora general de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, recuerda que “casi el 90% de los andaluces estaba de acuerdo con regular esto y fue una ley que la ciudadanía esperaba”. Además, cita el caso de Inmaculada Echevarría, navarra de 51 años, que sufría desde los 11 años una distrofia muscular progresiva que la recluía en una cama conectada a un respirador en un hospital de Granada. Su voluntad de desconectar el respirador y morir dignamente abrió un debate social que eclosionó en la actual ley andaluza.

Inmaculada Echevarría, navarra de 51 años, sufre desde los 11 años una distrofia muscular progresiva que le ha condenado a vivir en una cama y atada a un respirador en un hospital de Granada.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/163552/0/enferma/eutanasia/Granada/#xtor=AD-15&xts=467263

Desde el punto de vista político, Baena cree que “dimos un salto cualitativo importante en la adquisición de derechos” y critica que “el Partido Popular se ha negado dos veces consecutivas a establecer una ley que dé amparo en todo el territorio nacional”.

En su opinión, con la ley de 2010 “no solo protegimos ese derecho sino que pudimos proteger jurídicamente a los profesionales, para que no puedan verse en un juzgado por haber hecho cumplir la voluntad de un paciente; se trataba de cumplir los dos parámetros en igualdad de condiciones, los derechos de los profesionales y los pacientes”, indica. Baena concide con Salvatierra al afirmar que casos como el de Andrea se dan a menudo “y hemos conseguido que la ciudadanía lo asuma como un derecho y los profesionales se sientan seguros y puedan elegir sedación paliativa, rechazar un tratamiento o solicitar un tratamiento adecuado para el dolor”. En algunos casos, estas situaciones se resuelven, incluso, sin llegar al comité de ética asistencial. “La ley permitió que la gente pueda elegir cómo quiere ser tratada en los últimos momentos de su vida y los profesionales saben cómo tienen que actuar. A los comités llegan cuando los profesionales o la familia solicitan ayuda.Tanto el Plan de Cuidado Paliativos como el registro de voluntades anticipadas permiten que esas situaciones se diriman con más facilidad”, resume Baena.  

Testamento vital, poco conocido

Mucho antes, en 2002, se creó el Registro de Voluntades Anticipadas, para decidir libremente sobre tratamientos en situación de gravedad, cuando el estado de salud impida expresarlas personalmente, y ejercer, por tanto su derecho de autonomía personal. Baena reconoce que es una herramienta fundamental pero que debe ser más conocida entre la población. “Hace falta mayor divulgación para que los ciudadanos vayan a realizar su testamento vital. Estamos satisfechos de su implementación pero hay que seguir favoreciendo esto. Debemos informar mejor a la ciudadanía de las bondades que aporta realizar el testamento vital y lo importante que es realizar esa reflexión y dejarlo por escrito”, comenta. Es, junto con la formación de los profesionales en temas de bioética, las dos áreas de mejora que la directora general reconoce como líneas de trabajo. Según los datos de la Consejería de Salud, en septiembre se alcanzaron en Andalucía 29.300 testamenos vitales registrados.

El debate sobre la eutanasia

Hay casos que periódicamente resucitan el debate sobre la eutanasia en España y que escapan al rechazo a un tratamiento o a limitar el esfuerzo terapéutico. Son otras situaciones, distintas, donde también se reclama muerte digna.  Como la de Ramona Estevez, donde dos jueces finalmente archivaron denuncias por la retirada de la sonda nasogástrica en el hospital Blanca Paloma de Huelva. La orden de quitar la vía partió de la Junta de Andalucía y se emitió a petición de la familia.Pero fueron denunciados por organizaciones ultraconservadoras. Especialmente relevante fue el caso de Pedro Martínez, paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que murió en 2011 tras una sedación administrada por médicos de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). La sanidad andaluza había rechazado sedarle al entender que no se encontraba aún en “situación de agonía”. Pese a ello, Maribel Baena cree que “los ciudadanos somos lo suficientemente maduros para decidir cuándo es el momento y Andalucía estará en ese debate. La ciudadanía dirá cuando esto toca”.

Gonzalo Jiménez y David Villarán son abogados y miembros de DMD. Desde su punto de vista, la Ley Andaluza es “buena dentro del marco constitucional existente y las limitadas posibilidades de las Comunidades Autónomas para regular más allá”. En su opinión, la ley recogío bien muchos conceptos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, la obstinación terapéutica, el derecho a decidir de los pacientes a morir sin dolor, etc... Aun así, matizan que “hay muchos casos que quedan fuera, pero el margen llega hasta lo que se ha podido legislar en Andalucía”. Aun así, creen que podría darse un mayor esfuerzo dentro de las instuticiones para dar más garantías a la ciudadanía. Por un lado, creen conveniente ampliar a nivel nacional la legislación con la que solo cuentan cinco comunidades. Y por otro, iniciar el debate para despenalizar la eutanasia. Por su parte, Maribel Baena considera prioritario una ley nacional que evite desigualdades como las existentes ahora, pero no asume que sean las instituciones autonómicas o los partidos los que deban ir más allá y promover la regulación de la eutansia. “Creo que la sociedad es madura y sabrá decidir cuál es el momento”, afirma. 

Para Jiménez y Villarán la sociedad española está “más que praparada” y reclama periódicamente que se abra el debate y se impulsen nuevas leyes. Gonzalo cita la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2009 que concluyó que casi el 60% de la población afirmaba con seguridad que España debía regular una ley de la eutanasia y un 15% lo afirmaba pero no con toda seguridad. Solo un 10% se oponía frontalmente.

“El debate ya se pide y desde la asociación hemos chequeado a distintos partidos políticos pero hace falta más voluntad política para llevarlo a cabo”.En este sentido, critican que los partidos no respondan a las espectativas de la sociedad. Como muestra, desde DMD promovieron una encuesta a los distintos partidos para chequear cuáles eran sus planteamientos sobre este tema dentro de los programas electorales. “La mayoría son poco claros, parecen no querer mojarse, hablan de muerte digna pero no exponen su postura de un modo detallado”, explica Gonzalo. Desde esta organización, animan a pedir abiertamente la despenalización de la eutanasia. Además, recuerdan que en 2004 Zapatero incluyó en su programa electoral un proyecto de ley que dos legislaturas después no quiso llevar a cabo.        

Como modelos, citan a países como Suiza o Holanda, que llevan años con una legislación muy desarrollada sobre la eutanasia y donde casos como el de Andrea, Pedro o Antonia y sus familias hubieran podido tener un final, no feliz, pero sí en paz. 

El sector profesional y el entorno sanitario han recibido con un delicado equilibrio entre optimismo y escepticismo el nuevo proyecto de Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, presentado el pasado martes por el nuevo consejero de Salud, Aquilino Alonso.

El fondo de la ley, reforzar el derecho a la sanidad universal y gratuita para evitar futuribles copagos o privatizaciones, es un objetivo deseable para una inmensa mayoría del sector. Pero su desarrollo, los recursos y presupuestos que debería llevar, no están del todo claros.

“Hemos recibido la noticia con satisfacción, siempre hemos subrayado la necesidad de un pacto por la Sanidad y toda medida paro fortalecer los servicios es favorable; pero ese tipo de anuncios deben ir de la mano de la reducción de recortes y la lucha contra la precariedad y la eventualidad en el sector”, explica el doctor Antonio Vergara, responsable de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de Puerto Real, en Cádiz, y portavoz en Andalucía de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. En su opinión, en Andalucía no se ha ahondado en las privatizaciones como ha ocurrido en otras regiones, aquí el mantenimiento de los servicios y garantías ha recaído sobre las espaldas de los trabajadores“. Por eso, para Vergara una Ley que pretende blindar el sistema público debe ir acompañada de recursos, sino puede entenderse como ”un anuncio efectista pero de poco contenido“.

En líneas similares se expresa Antonio Rico, secretario general del Sindicato Andaluz de Médicos, al preguntarle por el proyecto. La primera impresión: “sorpresa” con el lamento añadido de enterarse “tarde y por los medios”. “Nos podrían haber mandado el borrador a los sindicatos presentes en mesa sectorial”, señala. Desde esa perspectiva, Rico aclara que desde el Sindicato Médico “hemos apostado siempre por la Sanidad Pública y por una actividad profesional sin presiones y en condiciones laborales dignas”. Así, indica que “cualquier ley que ofrezca garantías a la ciudadanía bienvenida sea, pero habrá que ver su desarrollo y aplicación en unos momentos en que existen grandes deficiencias en la asistencia sanitaria pública”.

Por su parte, Satse considera positivo el proyecto pero cree prioritario “empezar por restituir los recortes aplicados durante los últimos años en la sanidad pública andaluza como primera medida para garantizar su mantenimiento”. El Sindicato de Enfermería considera “contradictorio” que se presente un anteproyecto de Ley de estas características “cuando los recortes aplicados por la propia Junta de Andalucía, sumados a los impuestos por el Gobierno Central, han provocado que el Sistema Sanitario andaluz haya dado pasos atrás en los estándares de  calidad que  tanto esfuerzo había costado conseguir”, explican en un comunicado.

Los colegios se sienten ignorados

Los colegios profesionales de médicos y enfermeros no han  realizado valoraciones a fondo. Fuentes de los colegios médicos de Huelva y Sevilla consultadas por eldiario.es/andalucia desconocían el contenido de la medida y  han lamentado que un anuncio de este tipo se realice cuando no se les ha enviado un borrador del texto.  Además, han subrayado que entre sus fines está la colaboración con los poderes públicos en la consecución del derecho a la protección de la salud.

Cuatro años después de que el chispazo de la Puerta del Sol encendiera las plazas de toda España el panorama de la movilización social más o menos espontánea ha cambiado. Durante los dos primeros años el 15M fue la diáspora que alumbró las mareas verdes y blancas, las plataformas por el derecho a la vivienda, el 'toque a Bankia' y su '15M pa Rato'. Ahora las nuevas candidaturas políticas ciudadanas, tratan de situar a los movimientos sociales dentro de las instituciones en lugar de frente a ellas, en un viaje del activismo social a la intervención política. La celebración del cuarto aniversario del 15M en Sevilla congregó a más de un centenar de personas en las Setas de la plaza de La Encarnación, el símbolo de la ostentación urbanística que paradójicamente acogió a una nueva forma de sociedad organizada. La convocatoria acogió con cariño otra protesta cercana de trabajadores de Abentel, empresa colaboradora de Telefónica cuyos empleados están movilizados.

Carmen Yuste, sevillana y militante de una de esas nuevas candidaturas, Participa Sevilla, cree que la llegada de estas formaciones “podría dar la impresión de que ha servido para encauzar esas luchas y hasta cierto punto de agente desmovilizador; y eso es verdad aunque matizable”. En su opinión, el ciclo de luchas en la calle “estaba agotado y la gente estaba cansada de salir a las plazas sin llegar a socavar la voluntad del gobierno”. “La apuesta por la vía electoral y la vía de las instituciones es un camino que tiene sus limitaciones: aunque hay muchas cosas que se pueden cambiar desde el BOE otras muchas necesitan de la presión de la calle”, explica Carmen. En este sentido, subraya que “la propia gente que viene del 15M y que ahora está en candidaturas necesita sentir el apoyo y aliento de la calle en el cogote; si no convertiremos a esta gente en una nueva casta”. Yuste es autocrítica con las nuevas candidaturas. “Me atrevo a aventurar que si la gente no está en la calle, se pueden volver a repetir los mismos vicios que tenía el sistema partidista; nuevos partidos no significa nuevas formas de hacer política y en muchas cosas ya lo estamos viendo”.

Demanda de Observatorios Ciudadanos Municipales

Para Jaime, integrante del 15M de Camas, en estos cuatro años se ha conseguido victorias, tanto de transformación personal como de creación de redes de apoyo o de impulso a códigos éticos. “Hay principios políticos relacionados con la transparencia, la solidaridad o la economía del bien común que han llegado para quedarse”. “A la gente que estuvo aquí hace cuatro años codo con codo, que se han empoderado y están participando en política, les pido no se olviden de dónde vienen”, afirma. Y añade que “tendrán nuestro apoyo pero seguiremos vigilando”. Para él, la esperanza es que esa capacidad de convocatoria que se ha desvanecido en las plazas y en las redes transmita algo efectivo. “Para eso habrá que vigilar. Un ayuntamiento puede administrar y controlar presupuestos pero legislar poco. Los Observatorios Ciudadanos Municipales, son herramientas que queremos impulsar precisamente para seguir vigilando más de cerca y aportar la transparencia real que siempre hemos reclamado”, resume.

Evidentemente, el 15M como tal ha perdido gran capacidad de convocatoria. “Es obvio que como 15M no se moviliza a la cantidad de gente que antes; pero es también porque esa misma gente se ha puesto manos a la obra para levantar plataformas, PAH, mareas, o nuevos partidos”, explica Churi, integrante del 15M Montequinto. “El 15M surgió como un movimiento en las grandes ciudades y poco a poco se transformó en pequeñas asambleas de barrio”, explica. Algunas como San Pablo o Montequinto siguen manteniendo una actividad constante. “Yo no me he metido en ningún partido. Me he quedado en la asamblea de mi barrio y hemos hecho muchas cosas”. Aunque no forme parte de ellas, ve muy positivo ese interés en la participación electoral: “nos dijeron 'que los perroflautas estos, formen un partido' y han surgido muchos”. Para ella, “no hemos dejado de quejarnos en las calles como movimientos social, se han ampliado las vías de reivindicar y participar”.

Nos vamos a representar

Ángela Solano, cree que sin el 15M no hubieran aparecido esta cantidad de candidaturas ciudadanas surgidas desde abajo. “Hace cuatro años la consigna era no 'nos representan' y se ha pasado de ese grito al 'nos vamos a representar a nosotros mismos'”. Ángela cree que es importante “no perder el norte de porqué hacemos esto”. “Seguimos pensando que la solución no viene de elegir una persona cada cuatro años que nos solucione las cosas. Tenemos que estar vigilantes; conectando todas esas cosas que se dicen en los parlamentos y ayuntamientos con las reivindicaciones de la gente”, afirma. En su opinión, el 15M ha inspirado muchas de las premisas de la nueva política, “tratando de que la gente que se presente tengan que respetar una serie de normas que les impidan perder el contacto con su realidad: limitación de salarios, límite de cargos a ocho años, revocación inmediata si se producen anomalías o no se respeta la voluntad de una asamblea, etc…”. Lo importante para ella es “no perder la cabeza, seguir vigilando y saber que siempre van a tener que seguir en contacto con la gente a la que representan”.

Durante las más de tres horas que se mantuvo la concentración en Sevilla, un micrófono abierto sirvió de aglutinador de inquietudes. Circularon personas diversas: aquellas que venían a reivindicar la independencia apartidista del movimiento, gente desahuciada que quiso exponer su experiencia; integrantes de los grupos de apoyo a las Corralas que subrayaron el éxito de muchas pequeñas conquistas “como cada vez que a la gente le parten la cara por parar un desalojo”; las palabras de Paqui Maqueda, del Movimiento por la Memoria Histórica, sobre la importancia de compartir luchas comunes; un chico de Tenerife que justificó la escasa convocatoria en que “vamos muy despacio porque vamos muy lejos”; un integrante del 15M Alcosa que aludió al despertar de conciencias y a la contribución del 15M al desarrollo personal de mucha gente“. Lo que se pudo oír fue, en resumen, un gran compendio de aspiraciones de la sociedad organizada expuesta con un megáfono en una plaza, igual que hace cuatro años.

Las distintas plataformas provinciales que agrupan a personas afectadas por la hepatitis C no comparten una única postura sobre la gestión que ha ido realizando la Consejería de Salud. Concretamente, las plataformas de Sevilla y Córdoba han criticado en un comunicado la postura expresada por las restantes plataformas provinciales que acudieron a una reunión con la presidenta Susana Díaz y la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio. Tras esta reunión, el tono general de las valoraciones era bastante positivo y, aunque expresaban algunas carencias por cubrir, se mostraban satisfechas por curso de las gestiones y por el tono y compromisos lanzados por la Junta.

Las dos plataformas que no asistieron a esa reunión, las de Sevilla y Córdoba, han emitido un comunicado subrayando el caracter “injustificadamente laudatorio” de las declaraciones de sus compañeros, “con llamamiento incluido a las autoridades de otras comunidades autónomas para que imiten lo hecho en Andalucía”, apuntan.

En su opinión, “quienes se han reunido con la Presidenta en funciones de la Junta lo han debido hacer a título personal y no representan en absoluto a los afectados de hepatitis C”. Además, explican que dicha reunión “significa tan sólo un acto de oportunismo político, en la que por el Gobierno andaluz se pretende instrumentalizar para sus objetivos a un cierto número de enfermos y familiares, haciéndolos pasar por lo que no son e introduciendo de este modo la cizaña entre las asociaciones y el confusionismo en la opinión pública”; y que por tanto “los afectados de hepatitis C tenemos muy poco que agradecer ni al Gobierno de Susana Díaz ni al Gobierno del PP en Madrid”.

En su comunicado, las plataformas creen que la administración ha actuado a remolque de las reivindicaciones y encierros llevados a cabo por las plataformas y que, a pesar de los compromisos establecidos por Salud, “ni siquiera el 10 % de la población que necesitada de la nueva terapia está siendo o ha sido trada en Andalucía”. “Han actuado siempre a remolque, tan sólo espoleados por la calle y de haber actuado sin esa presión, habrían dejado morir a muchas más personas de las que lo han hecho”, apuntan. Por ello, confirman que “vamos a seguir adelante con la que es nuestra reivindicación esencial: tratamientos para todos ya”.

Otros modelos de financiación

A juicio de estas dos plataformas, la administración cede a los precios abusivos de la industria del medicamento. “Siendo tan enormes las necesidades sanitarias en nuestra tierra, nos parece un despilfarro la compra de los medicamentos a esos precios exorbitantes, existiendo como existen instrumentos legales que permiten la emisión de licencias obligatorias en casos como este, las cuales permitirían obtener el mismo medicamento por una cuantía que podría ser menos de una centésima parte de la que se va a pagar”. Aunque no lo detallan en el comunicado, José María Morales, uno de los portavoces de la plataforma creada en Sevilla, explicó el pasado miércoles a eldiario.es/andalucía que aprecian iniciativas como la de India, cuyo sistema de patentes no respalda algunas innovaciones terapéuticas con lo que los principios activos pasan directamente al mercado de los genéricos lo que permite su fabricación y distribución a bajo coste. En el caso de España, cuyas políticas de patentes se enmarcan en un contexto Europeo, los pacientes apuntan a políticas comunitarias que permitan hacer compras a escala continental lo que podría presionar para abaratar los precios.

Sin entrar en análisis de farmacoeconomía, ambas plataformas provinciales reconocen que su labor es “llegar al máximo de personas afectadas y velar porque su derecho a la asistencia médico-farmacéutica sea respetado y, a tal fin, realizar cuantas acciones sean precisas para ello, sin dejarnos dominar por una administración andaluza que sólo aspira a colocar bajo su control todo movimiento social libre y espontáneo”.

Las plataformas de afectados por la hepatitis C se muestran relativamente satisfechas de la gestión que está realizando la Junta de Andalucía para acelerar el acceso a los nuevos tratamientos. Desde que iniciaran sus reivindicaciones a principios de año, su perspectiva actualmente es optimista respecto a los compromisos adquiridos por la Consejería de Salud. A pesar de ello, muestran cautela en algunos objetivos y subrayan lagunas en la asistencia. Concretamente, lamentan la situación de desamparo de grupos de población concretos, como los menores afectados, la población reclusa o el personal funcionarial público que dependen de aseguradoras, y creen que pueden existir dificultades añadidas en zonas rurales.

“Estamos haciendo un seguimiento para comprobar que los protocolos se están cumpliendo, se están agilizando las prescripciones y se están proporcionando los tratamientos. Estamos contentos y esperamos que la cosa no se quede aquí. La disposición de la presidenta nos ha parecido muy buena”, explica Amalia Canalejos, portavoz de la Plataforma de Afectados de la Hepatitis C de Málaga. Representantes de estos colectivos de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Málaga tuvieron este miércoles una reunión en Granada con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

“Antes sólo teníamos palabras, ahora tenenos algo”, resume José María Morales, uno de los portavoces de la plataforma creada en Sevilla. En su opinión, se han empezado a prescribir los nuevos tratamientos pero “el acceso aún es escaso teniendo en cuenta el volumen de pacientes” y existen otros objetivos, que no tienen que ver con fármacos que es importante cubrir. “En general, estamos contentos con la respuesta que estamos obteniendo, aunque en los hospitales comarcales parece que la cosa va más lenta”, indica Amalia.  

Respecto al que ha sido hasta ahora el núcleo de la reivindicación, la financiación de los tratamientos, la presidenta aseguró en Granada que con independencia de la solución final que adopte el Gobierno central, la Junta va a seguir financiándolos. También confirmó que los nuevos fármacos, incorporados a principios de este mes de abril (Harvoni y Viekirax/Exviera), ya están disponibles para su prescripción en los hospitales andaluces.

A modo orientativo hasta que pueda contarse con un registro único, el Servicio Andaluz de Salud está trabajando con la cifra de 11.300 pacientes, aquellos que están en la actualidad siendo vistos en las consultas. De ellos, aproximadamente la mitad estarían en F3/F4, los dos grados más graves de fibrosis hepática. Las últimas cifras, de primeros de marzo, hablaban de 1.000 pacientes a los que ya se estaban prescribiendo los nuevos tratamientos (denominados libres de interferón, la terapia clásica) a los que se podrían sumar unos 500 cada mes.

El compromiso trasladado por Salud a los afectados es que cuando estén tratados todos los F2, F3 y F4 se comenzará en Andalucía a tratar a los demás, F0 y F1, con tratamientos libres de interferón. La presidenta ha destacado que desde el 1 de abril está vigente el Plan Estratégico Nacional para la Hepatitis C, y que en Andalucía se prescribirán desde ahora los tratamientos siguiendo las indicaciones clínicas recogidas en él. El objetivo manifestado este miércoles por la Junta es que todos los pacientes en estadios F4, F3, F2 estén tratados a final de 2015, con agilización de las citas a los pacientes F4 pendientes, y que a partir de ahí se comenzará con los demás. F0 y F1, durante 2016.

Zonas rurales

Tanto por la propia naturaleza de estas plataformas, promovidas por grupos de pacientes en las capitales de provincia, como por las particularidades de la planificación sanitaria en el ámbito rural, los portavoces creen que en los pueblos, donde dependen de los hospitales comarcales, hay más dificultades para acceder a las nuevas terapias. “Existe un añadido más, la hepatitis C es una patología muy estigmatizada que genera grandes prejuicios en la sociedad. Por eso, en los pueblos existe aún más dificultad para detectar, reconocer y tratar la enfermedad”, explica José María Morales. “El paciente puede sentir vergüenza de reconocer en su entorno que tiene la enfermedad por miedo a que lo señalen con el dedo”, resume.

En este sentido, en la reunión mantenida, Salud trasladó a las asociaciones que ya ha informado que han comenzado a hacer extensivo a más hospitales comarcales andaluces la posibilidad de prescribir los nuevos tratamientos para la Hepatitis C, lo cual aliviaría las demoras en algunas consultas hospitalarias.

Mejorar la planificación

En este sentido, también quieren poner el foco de atención no sólo en los tratamientos sino también en el diagnóstico y la prevención. “No sólo es una cuestión de medicamentos. Hemos trasladado a la Consejería la urgencia de mejorar recursos humanos y técnicos para controlar mejor la hepatitis”, explican. Fruto de la primera reunión mantenida en marzo, el SAS se comprometió a adquirir cinco escáners especiales utilizados para detectar la fibrosis hepática para que haya al menos uno por provincia en funcionamiento a partir del mes de mayo. También engloban algunas carencias en la falta global de recursos o personal lo que lleva a esperas de seis meses para una consulta con el especialista.

Desde la Plataforma de Afectados en Sevilla critican que los planes, tanto autonómicos como del Ministerio de Sanidad, “sólo piensan en la medicina como producto de mercado, no como una cuestión de salud pública”. Concretamente, su portavoz hace referencia a la carencia de un registro de pacientes que permita evaluar bien el alcance de las medidas y las mejoras en los programas de detección. En este sentido, la Junta se ha comprometido con las plataformas a elaborar un Plan Integral Andaluz de Acción y Prevención, que tendría como objetivo principal la detección de afectados no identificados aún, con el propósito final de conseguir la erradicación de la enfermedad en Andalucía lo antes posible. Las plataformas podrán participar en la redacción de dicho plan.

Por último, exigen también al Ministerio del Interior que “deje de marear a estos pacientes y apruebe de una vez una partida presupuestaria que permita atender como se merecen a los 14.000 internos portadores del virus de la hepatitis C”, según indicaron este miércoles en un comunicado. En él también quisieron mostrar su solidaridad con los afectados de otras comunidades autónomas “en las que según nos consta, la dispensación de tratamientos no está siguiendo el mismo curso y ritmo que en Andalucía”.

El decreto que despenalizó el aborto en España cumple dos décadas este año. Repasamos con Eva Rodríguez Armario, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción del Emabarazo (ACAI), 20 años de una conquista social esencial en la defensa de derechos de las mujeres. Ella es una de las representantes más jóvenes de las primeras personas que impulsaron la puesta en marcha de centros dedicados al aborto. Pese a considerarse una prestación sanitaria pública todavía existen trabas sociales para las mujeres y estigmas para los profesionales que se dedican a este campo. Eva Rodríguez es también directora de la Clínica el Sur, que recibió ayer en Córdoba el Premio Clara Campoamor Andalucía, “un reconocimiento a la militancia por los derechos y la libertad que ha terminado por convertir a esta clínica en una aliada del tejido asociativo feminista”, según reza en la justificación del premio.

En 2015 se cumplen 20 años de la Ley Orgánica 9/1985 que despenalizó el aborto en varios supuestos. ¿Cómo fueron los orígenes de la despenalización?

El SAS es uno de los primeros servicios de salud de una comunidad autónoma en España que apuesta por dar la prestación del aborto a nivel público. Aunque la ley es de 1985, hasta finales del 1986 no se posiciona el Tribunal Constitucional ante un recurso y posteriormente se publica un Real Decreto en el que se regula la labor de  los centros autorizados para la interrupción de embarazo. Por tanto, las clínicas no empezaron a constituirse hasta 1987. Nuestra clínica, por ejemplo, la abrieron dos médicos de Málaga. Ellos procedían de un pequeño grupo de cuatro personas que hacían abortos ilegales en su consulta. Gente como Germán Sáez de Santamaría o Alberto Stolzemburg que incluso tuvieron que ir a la cárcel, Rafael González o Santiago Jordán.

¿Y cómo se hizo el planteamiento desde el Servicio Andaluz de Salud?

Inicialmente el SAS trató de integrar el servicio en la sanidad pública y de hecho uno de los que estuvieron intentándolo fue el dueño de la Clínica el Sur, Rafael González, pero tuvieron bastantes problemas, especialmente con el personal sanitario que se oponía. Llegaron a realizar abortos y se presentaron todo tipo de problemas: auxiliares que se negaban a atender a una mujer porque venía a abortar o incluso los celadores que se negaban a empujar una camilla si era para eso. Se daban muchos casos así en aquella época. En el Hospital de Jerez hubo un intento, y también en el de Málaga, pero al final no había manera.

¿Eso obligó a establecer los conciertos con las clínicas privadas?

En realidad intervinieron otro motivos añadidos. Una vez que las clínicas empezaron a realizar abortos como un servicio privado, la demanda fue creciendo. Había mucha gente que no tenía dinero para pagarlo. Empezamos a tener contacto con trabajadores sociales y conseguíamos ayudar a algunas para que no se les cobrara o se les dejara más barato. A la gente de la clínica se le ocurrió plantear un tipo de acuerdo para prestar este servicio. El SAS vio así el cielo abierto para poder prestar la asistencia públicamente. En un principio eran acuerdos de prestación complementaria que había que realizar uno a uno. Hasta unos años después no se convirtieron en conciertos.

¿Consiguieron así eliminar trabas para poder ejercer el derecho al aborto?

Las trabas de alguna u otra manera han existido siempre. Por ejemplo, en los hospitales se crearon comités éticos. En esos comités éticos participaba el capellán del hospital. Eso hacía que muchas veces solo se aprobaban abortos en casos de malformaciones graves. Además la ley hablaba de “cuando se presuma que una mujer pueda tener una patología física o psíquica”. Haber padecido una rubeola o someterse a rayos x puede ser un factor de riesgo y provocar malformaciones. Son riesgos físicos evidentes. Pero un embarazo no deseado implica muchas más cuestiones. Las clínicas nos apoyamos sobre todo en el riesgo psíquico, ateniéndonos a la interpretación de la Salud que defiende la OMS: la salud es el bienestar bio psico social. Si un embarazo amenaza tu salud física, psíquica o atañe a los determinantes sociales de tu salud, está claramente justificado. A pesar de ello, llegaron incluso a a acusarnos de fraude de ley.  Si un embarazo puede afectar a tu entorno social a tu desarrollo y te angustia o provoca estrés, nosotros creíamos que esa situación podía poner en riesgo su salud psíquica. Eso lo hacíamos las que estábamos convencidas del derecho al aborto y nos queríamos arriesgar a que nos denunciaran, a ir a la cárcel, etc... En realidad todo eso en la mayoría de los casos se hace por militancia.

Pese a ello, os han llegado a criticar alegando que solo os mueve el interés económico.

Hay gente que lo decía y lo dice. Tu puedes ejercer la medicina privada y que te vaya bien en función de los bien que lo hagas sin tener que arriesgarte a los problemas a los que nos hemos tenido que arriesgar. Además, claro, está  del estigma social. Hay gente que por trabajar en las clínicas se ha tenido que pelear con su familia o amigos o vecinos que han dejado de hablarte porque te has dedicado al aborto. Eso nos ha pasado siempre. Te señalan con el dedo porque eres el 'abortero'. Desde la sanidad privada hay muchas formas de ganar dinero; la gente que nos hemos dedicado a esto lo hemos hecho fundamentalmente por militancia. Creíamos y defendíamos el derecho al aborto. Las clínicas de interrupción del embarazo que existen en España, desde el principio, todas han salido de gente que venía de la clandestinidad. Han surgido algunas nuevas, pero generalmente son equipos que surgieron de los primeros centros que luego se han dividido por la razón que sea.

¿Desde las clínicas abogáis por integrar al 100% el servicio en la sanidad pública?

Sí. Desde ACAI hacemos declaraciones siempre en ese sentido. Nostoros queremos que el servicio se integre y se preste directamente desde la sanidad pública, pero no a cualquier precio y de cualquier manera. Hace 27 años que hay gente implicada en esto, que ha creado equipos multidisciplinares especializados  con dotes para empatizar y no juzgar a la persona a la que prestan la asistencia; y que técnicamente se han formado y actualizado. Lo ideal sería ntegrarlo en la pública como lo planteaba la ley de 2010 que no se ha llevado a la práctica. El objetivo sería formar a la gente, a que los MIR de ginecología se formen también en esto, vamos a formar a matronos y matronas sobre abortos provocados, a los y las trabajadores y trabajadoras sociales, pero es que no se forma específicamente a ningún colectivo para esto.

¿No existe formación desde la universidad y los hospitales?

No existe formación sobre el aborto voluntario. Solamente las personas que estamos dedicadas a esto. El problema es que como en la pública no se ha formado para la realización de abortos instrumentales, se practican abortos farmacológicos a edades y momentos que no son apropiados para la mujer. Si realizas una aborto farmacológico con 15 semanas para que la mujer lo expulse, se puede llevar dos días ingresada en el hospital con la sensación de que aquello es un parto, cuando con aspiración puede realizarse en unos minutos.

¿No hay gente preparada en la sanidad pública para hacer eso?

No. Saben hacer abortos diferidos o espóntaneos. Pero son procesos muy distintos. No se puede hacer a la misma manera. Estamos dispuestos a formar a quien debamos formar. Y tenemos un problema. Los que empezamos en esto nos estamos haciendo mayores. Santiago desgraciadamente ha muerto hace unos días. Yo que soy de las más jóvenes tengo 51 años. No tenemos relevo generacional. La gente no conoce nuestras técnicas y saberlas hacer bien y con seguridad  exige tiempo de aprendizaje.

¿Como profesionales sanitarios, estaís  en desventaja por haberos dedicado a esto?

Tenemos mucha desventajas y pocas ventajas por ser un centro privado. Por ejemplo, la vida profesional aquí, aunque estés prestando un servicio público, no cuenta. No cuenta la experiencia como puntos en los baremos del SAS; pero luego sí nos consideran públicos para las incompatibilidades. Nadie que trabaje aquí puede trabajar en el SAS. Y eso afecta a lo que decía antes. Si hubiera profesionales de la pública que quieran formarse, no pueden porque al estar trabajando en la pública. Hace poco hemos tenido una MIR de un hospital público de Sevilla que quería formarse en Interrupción de Embarazo y acudió a nosotros. Le dijimos que sin problema, pero este tipo de formación no está contemplada en el sistema.

¿No se ha llegado a integrar plenamente como un servicio más de la cartera de la sanidad pública?

No. Se ha hecho de una manera arrinconada. Siempre hemos encontrado buena voluntad en la Consejería de Salud, pero luego no se planifica adecuadamente. Es una prestación en la que no se contempla algo tan necesario como la continuidad asistencial. Si una mujer viene de una provincia lejana y  luego tiene una complicación o una duda y va a un hospital público puede exponerse a prejuicios, a un rechazo total. A veces en algunos sitios les dicen  que se lo han hecho mal, las legran, las duermen, las dejan ingresadas un día y las ponen en contra de nosotros porque ellos están en contra de nosotros. Están en contra del aborto. No ocurre siempre, claro. Hastas 14 semanas las solemos recibir desde Atención Primaria. Ahí hay profesionales que no presentan problemas y donde existe conciencia. Con los años, a base hablar y conocernos hemos ido mejorando esa relación; pero ha tenido que ser uno a uno. Hay poca labor institucional para intentar familiarizar a los profesionales con la prestación. La Escuela Andaluza de Salud Pública hace cada año un programa de formación de formadores para atención primaria en salud Sexual y reproductiva en la que se trata el aborto voluntario desde distintas facetas y esto seguramente a la larga calará. Pero echamos de menos programas de este tipo con los hospitales. Con el tiempo nos hemos ganado el respeto de muchos de nuestros compañeros que ven que a las mujeres se las ha tratado bien.

¿Qué ha supuesto el aborto farmacológico?

El aborto farmacológico ha supuesto un avance en algunos sentidos pues permite tener varias opciones para realizar los procedimientos. Pero creemos que el extender el aborto farmacológico, como única opción, como está ocurriendo en algunos países y algunas Comunidades Autónomas en España, no es la solución. Hay muchas mujeres que no lo quieren. En general es doloroso, requiere más tiempo, crea incertidumbres y es más complejo para aquellas mujeres que prefieren algo discreto y rápido. Suele acarrear más consultas posteriores por dudas, mareos, miedos, dolores, y la clínica tiene que estar dispuesta a atender ese tipo cosas. Somos centros ambulatorios que no están abiertos siempre por lo que si esas mujeres van a la sanidad pública pueden encontrarse con la incomprensión y los problemas de siempre. Ni siquiera lo veo como defienden algunas, un empoderamiento de las mujeres porque ellas controlen su propio aborto. Creo que lo que empoderar realmente a las mujeres es la capacidad de decidir. Nosotros cobramos lo mismo sea la técnica que sea, para que el precio no sea un determinante en esa elección. Hay países en los que si hay que elegir entre el farmacológico o nada, extender el aborto farmacológico es un gran avance. Pero lo que debemos lograr es facilitar la asistencia para que la mujer elija.  

“Caos generalizado”, “falta de información”, “disparidad de criterios”, “desmantelamiento de servicios”, “barbaridad”, “disparate”, “agravio comparativo”, “falta de respeto”, “reubicaciones sin previo aviso”, “despidos exprés”, ... Son sólo algunas muestras del descontento y de la avalancha de críticas que ha suscitado el procedimiento de contratación por bolsa del personal eventual del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre profesionales y sindicatos.

Y todo después de un anuncio con el que la Junta quería satisfacer las demandas del colectivo, afirmando que recuperarían el 1 de marzo el 100% de salario y jornada. El SAS está formalizando en estos días 8.500 contratos eventuales de un año de duración –hasta el 31 de enero de 2016- para trabajar en los centros sanitarios públicos. El proceso de selección para la mayoría de estos nombramientos y renovaciones se está realizando a través de la Bolsa Única de Empleo cuya baremación, según coinciden los sindicatos y la asociación de eventuales (AESAS), es “injusta” porque se basa en datos que no se actualizan “desde 2011”. Y este hecho ha provocado, según lamentan, un verdadero “caos”.

Durante el fin de semana se han registrado numerosos incidentes en los hospitales andaluces a cuenta de la citada renovación, según información recopilada por eldiario.es/Andalucía a través de testimonios de médicos eventuales y de la contundencia con que se han mostrado los sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad (principalmente SATSE, CCOO y Sindicato Médico), que ya en su momento habían criticado la conversión progresiva de los contratos del SAS a jornada completa. A primerísima hora del lunes, la Junta no tardaba en emitir un comunicado en el que trataba de calmar los encendidos ánimos de los profesionales sanitarios eventuales y asegurando que la “formalización” de 8.500 contratos eventuales pretende “garantizar la máxima eficacia, objetividad, agilidad y transparencia en el proceso de selección, basado siempre en los principios de igualdad, merito y capacidad”.

Una consideración muy lejana a la opinión de muchos profesionales y de sus representantes laborales que, a través de redes sociales o por los canales oficiales de notas de prensa en el caso de los sindicatos, trasladaban públicamente su descontento. Hasta la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, preguntada por la prensa en Córdoba, reconocía “desconcierto en algunos centros hospitalarios, fundamentalmente en los de las grandes ciudades de Andalucía”, esperando que la cuestión estuviera resuelta “en las próximas horas”.

La directora general de Profesionales del SAS, Celia Gómez, daba posteriormente a este periódico algunos detalles pero en la misma línea. Considera que “han sido días complejos y difíciles” y explica algunos de los elementos que han alimentado la confusión. En primer lugar señala que “después de esos 8.500 han venido los contratos de alta frecuentación o de eventualidades para otras causas o sustituciones”. De este modo, existen dos procesos en marcha “que podrían no haberse hecho coincidir, pero se ha decidido que coincidieran para favorecer la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los contratos”, explica Gómez.

“Se podría reclamar”, según el SAS

Según la directora general, “quien ha hecho ese esfuerzo, importante y con alto coste personal, debería tener ahora la opción de poder seleccionar un centro más cerca de su domicilio”. “Eso genera movimientos entre los centros y los profesionales, pero tenemos que garantizar que la igualdad, el mérito y la capacidad sea el elemento determinante a la hora de seleccionar estos 8.500 contratos”, indica siguiendo el argumentario trasladado por la Junta a primera hora de la mañana. Gómez reconoce que “si existe alguna situación en la que se hayan visto cercenados los derechos de alguna persona se podría reclamar y corregir”. En opinión de Gómez, “este sistema de bolsa es complejo pero está hecho para encontrar el mejor resultado”.

De hecho, el SAS ha convocado este martes a la Comisión Central de Seguimiento de la Bolsa para modificar el procedimiento y “que no se produzcan efectos no deseados que no estaban previstos”. “En ese momento, cuando se diseñó la bolsa en el año 2005, nadie imaginaba que pudiera darse una situación como ésta”, reconoce Gómez. En la reunión participarán la Administración y los sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CSIF, CCOO, UGT y Sindicato Médico). Tampoco se descarta la creación de la Mesa Técnica de Seguimiento del proceso de conversión de los eventuales estructurales.

Existe otro factor que ha alimentado la confusión entre los trabajadores. En el caso de los contratos de sustitución pueden elegir sustituciones a tiempo completo o tiempo parcial, pensadas para suplir reducciones de jornadas de personal estatutario. Como eran muchos los casos, se decidió que los aspirantes pudieran elegir si querían ambos o sólo a tiempo completo. “El sistema informático entiende que el 75% es una jornada parcial. Ahí se ha producido una situación confusa en contratos que se han hecho entre el viernes y el sábado, y se ha generado una situación que estamos en todo caso analizando por si se ha producido algún problema. Hemos paralizado la realización de contratos de sustitución como tales. Estamos cubriendo las duplicidades con eventualidades hasta resolver que el funcionamiento no produzca un efecto no deseado”, explica Gómez.

Además, subraya que “no ha habido cambios unilaterales de criterio ni nada similar”. “Los criterios que actuaban eran anteriores al año 2012 y han producido ahora un efecto no deseado que no estaba previsto para este tipo de jornadas”.

Falta de información

En esta línea iban también las críticas de profesionales y sindicatos, que alertaban de que algunos habían sido obligados a elegir entre aceptar un contrato a cientos de kilómetros de su hogar o ser penalizados por rechazarlo. O de haber recibido llamadas mientras estaban operando o con el móvil fuera de cobertura y haber sido sancionados por no contestar. O que profesionales que llevaban nueve años ocupando ininterrumpidamente el mismo puesto habían sido despedidos sin previo aviso... Para la Asociación de Eventuales del Servicio Andaluz de Salud (AESAS) se ha producido “una situación de pánico generalizada” entre los profesionales eventuales, de todas las categorías.

Denuncian que “en ningún caso ha existido información a los profesionales de cómo se iba a proceder por parte de la administración”. Como ejemplo de estas situaciones aluden igualmente a “despidos inesperados y reubicación de personal que lleva años ejerciendo en el mismo puesto, profesionales con contratos estructurales que están hoy en el paro o contratados con menor tiempo muy lejos de sus casas, o profesionales que han sido llamados por una bolsa general y no la específica donde llevan puntuando y especializados desde hace años”.

“Desmantelamiento de servicios con la despedida y sustitución de hasta 13 profesionales de un plumazo en el Servicio de Urgencias del Hospital de Puerto Real (Cádiz), sustituidos por otros compañeros que llevan años ocupando el mismo puesto laboral en otros hospitales. Se trata del 70% de la plantilla. Llamados por una bolsa de trabajo que actualizamos anualmente pero qué no está baremada”.

Del mismo modo, la gestión de la bolsa ha sido fuertemente criticada. “Profesionales que 24 horas antes de la finalización de sus contratos aún no sabían si seguían trabajando ni dónde, que estaban trabajando este domingo sin certeza de seguir en sus puestos todavía, sin contrato, o que han sido desplazados a otros centros y se incorporan sin saber aún donde van a trabajar, en qué servicio, sin horario, sin ninguna información”, son algunos de los ejemplos citados por AESAS, que recalca que son los usuarios los que “se ven afectados evidentemente por esta debacle, a los que no les podemos dar la sanidad que merecen por desestabilización continúa de las plantillas”.

Según recalca el sindicato de enfermería SATSE, desde el pasado viernes ha contactado con el SAS para denunciar la falta de información previa sobre la modificación en los criterios aplicados hasta la fecha para realizar las ofertas. Este cambio ha provocado que profesionales con altas puntuaciones en la bolsa y años de experiencia se hayan quedado en la calle. Para SATSE, las múltiples incidencias generadas “son responsabilidad exclusiva de la administración por una modificación que a este sindicato ni se le ha comunicado previamente para poder advertir a los trabajadores, que son sus representados, y que por supuesto son unos cambios que no avala”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A , Humberto Muñoz, la principal causa que ha provocado esta situación es “la falta de previsión del SAS”, al haber concentrado en unos pocos días miles de contrataciones de profesionales, ocasionando un “inevitable desbordamiento” de los medios, humanos y materiales. Asimismo, el dirigente sindical asegura que el SAS ha aplicado “unilateralmente” criterios que alteran el orden en la contratación, sin respetar acuerdos firmados con las organizaciones sindicales que regulan los contratos en situaciones extraordinarias, como los nombramientos a tiempo parcial. “Unos acuerdos que se suscribieron precisamente para completar el Pacto de Bolsa Única vigente, que está concebido para nombramientos a jornada completa como situación habitual”, añade Muñoz.

El Sindicato Médico ha calificado de “desastre” la forma en que el SAS está materializando la citada renovación “para cumplir con la promesa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz”, y ha alertado a sus afiliados para que les informen de “las numerosas incidencias que se están produciendo en los últimos días y que ha ocasionado desde reubicaciones sin previo aviso hasta despidos exprés”. Por eso mismo, la central sindical ha pedido información detallada a los afectados a fin de conocer la dimensión del problema para trasladarlo a los responsables del SAS e “intentar parar esta barbaridad”. “No existen precedentes de semejante atropello”, reconocían desde algunas secciones sindicales del sindicato en los hospitales andaluces.

Concentraciones de los trabajadores

Esta situación ha llevado incluso a la realización de protestas, concentraciones y asambleas en algunos centros sanitarios. Trabajadores del Hospital Virgen Macarena de Sevilla han explicado el “ambiente de tensión y confusión” vivido estos días. A muchos de los eventuales de larga duración les preocupaban especialmente su situación, o incluso estaban trabajando sin haber firmado aún el contrato. “La gerencia de nuestro hospital nos ha lanzado el compromiso directo de firmar los contratos y han demostrado su interés por parar este procedimiento en la forma en la que se está llevando a cabo y dejar de llamar por bolsa”, ha señalado una trabajadora que lleva renovando su contrato anualmente durante los últimos 15 años. “Algunos compañeros míos renuevan mes a mes o semana a semana” y denuncia que “se ha cambiado un sistema sin avisar a nadie”.

Por su parte, cerca de un centenar de profesionales se concentraron este lunes junto a representantes de la Junta de Personal del Hospital Regional de Málaga para reclamar “soluciones urgentes” a los problemas surgidos de los cambios en el sistema de contratación.

Asimismo, se produjeron algunas movilizaciones a través de algunos grupos de Facebook para que los trabajadores de los hospitales presentaran un escrito en las unidades de servicios profesionales de sus centros laborales. En él, hacen hincapié en que “se está llamando por jornada parcial a los contratos por incapacidad temporal sin previo aviso, por lo que toda persona que no tuviera puesta esa casilla no está teniendo la posibilidad de poder acogerse a ese contrato, lo que contribuye a un menoscabo de los derechos de los trabajadores ya que no ha habido ni comunicación ni posibilidad de cambio”. Algunos de las imágenes que se producían en los centros se recogían por Twitter.

Alrededor de las 14.00 horas de ayer miércoles se activó el Protocolo de Actuación frente a casos sospechosos por enfermedad del virus del ébola, un proceso de urgencia en el que han participado medio centenar de profesionales del 061, el Hospital Virgen del Rocío y el servicio de Epidemiología de la Red de Alertas Sanitarias de Andalucía.

La paciente se encuentra estable y tranquila en el centro hospitalario donde permanecerá en el aislamiento preventivo establecido hasta que se obtengan los resultados que confirmen o descarten dicha sospecha. Ha ingresado en una habitación habilitada para tal efecto en el Hospital Virgen del Rocío, uno de los centros designados y preparados para la atención a este tipo de pacientes desde que se diseñaron los protocolos. Esta persona contará con la asistencia habitual de una persona con una posible enfermedad infecciosa, lo que incluye exploración física y control de sus constantes vitales.

Las muestras de sangre para determinar si efectivamente se trata de un caso de ébola se han tomado hoy y han sido ya enviadas al laboratorio nacional de referencia, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III. La paciente ha estado realizando labores sanitarias como cooperante en Liberia hasta el día 11 de enero. Desde su vuelta del país africano el día 12 de enero, y tal y como establece el protocolo de actuación ante casos sospechosos de ébola, se ha sometido a controles diarios de temperatura.

Esta persona ha estado realizando labores sanitarias como cooperante en un país africano hasta el día 11 de enero. Desde su vuelta, y tal y como establece el protocolo de actuación ante casos sospechosos de ébola, se ha sometido a controles diarios de temperatura y a un seguimiento por parte del Servicio de Epidemiología de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

El equipo formado para atender los casos sospechosos de ébola está compuesto por 12 profesionales, en concreto, dos especialistas en Infecciosos, un especialista en Medicina Preventiva, dos enfermeras, una auxiliar de Enfermería TCAE, un celador, un profesional de la limpieza, además de dos especialistas en Microbiología, un especialista en Bioquimíca y una profesional de la limpieza.

Activación del protocolo

Andalucía activó en Sevilla su protocolo contra el ébola tras la aparición de un caso sospechoso. Poco antes de las 16:00 horas, la Consejería de Salud explicó a través de una nota que la paciente, una mujer de 35 años, “permanecerá aislada en una habitación habilitada para tal efecto en el Hospital Virgen del Rocío, centro de referencia para la atención a este tipo de pacientes y donde es atendida por un equipo de profesionales preparados y equipados para ello”. A pesar de ello, sobre las 17:30 fuentes de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES-061 explicaron a eldiario.es/Andalucía que “el traslado aún no se ha realizado, se está preparando”. La persona que hace esta aclaración argumenta que no se debe informar con tanta premura porque aún existen riesgos. “Puede aún pasar cualquier cosa en el traslado de la paciente y parece que han informado como si ya se hubiese hecho el traslado. El equipo se está vistiendo aún”, matizaba en la tarde de ayer. Asimismo confirmaba que la paciente estaba a media tarde en su casa, esperando el dispositivo. Fuentes de la Consejería de Salud indicaron posteriormente que el interés despertado esta mañana por la movilización de los dispositivos animó al gabinete de la consejera ha informar cuanto antes a los medios.

A juicio de los trabajadores del dispositivo, el protocolo se ha activado en el 061 adecuadamente y con tiempo. “El director lo sabía desde esta mañana, pero al equipo no le han alertado de que tiene que hacer el traslado hasta después de comer”, explican. “Eso no es problema; las cosas hay que hacerlas con calma, más aun cuando estamos hablando de posible ébola”, subraya. Pero critica que “se han adelantado poniéndose la Consejera y la Junta la medalla cuando el trabajo está por hacer”. Asimismo ha querido recordar que “si el equipo tiene el mejor material posible y un entrenamiento básico adecuado, es porque ha existido presión desde los trabajadores, la prensa y la Inspección de Trabajo alertando durante meses”. “Nos alegramos de que por fin tengamos ambas cosas”, afirma.

El Servicio de emergencias sanitarias de 061 realizó el traslado de la paciente a las 17.39 horas desde su domicilio, donde se encontraba aislada. Desde el centro coordinador de urgencias y emergencias del 061 se ha procedido a movilizar al equipo de emergencias sanitarias ubicado en la base del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, compuesto por personal médico, de enfermería y un técnico de emergencias sanitarias, que han comenzado a colocarse el equipo de aislamiento (mono, guantes, gorro, gafas, patucos, mascarilla) saliendo hacia el domicilio de la paciente a las 17.22 horas.

Los sanitarios del 061, tras confirmar la situación clínica de la paciente, hicieron entrega a la afectada de un equipo de protección (gorro, bata, mascarilla y guantes) para proceder a su traslado. Desde la sala de coordinación del 061, junto al equipo de emergencias sanitarias, se ha activado a la unidad de traslado de pacientes críticos como apoyo al equipo asistencial del 061, al tiempo que se han realizado todos los preparativos para proceder a la retirada de los equipos de protección del equipo de emergencias y desinfección de la unidad móvil, tras la llegada de la paciente al hospital a las 18.17 horas.

Los profesionales que han participado en el traslado de la paciente se han dirigido al habitáculo destinado para la retirada del equipo de protección, donde han contado con la ayuda de un supervisor encargado de dirigir la correcta retirada del equipo según establece el protocolo, finalizando a las 19.25 horas.

¿Por qué se han saturado las urgencias hospitalarias?

Todos los años los índices de demanda en los servicios y dispositivos de Urgencias crecen en invierno, especialmente porque la gripe y otros virus respiratorios tienen especial impacto en bebés, ancianos y personas con patologías crónicas. A partir de la segunda semana de enero, la gripe triplicó su actividad en España y se sitúa en los 212,8 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos recabados por el Instituto de Salud Carlos III, que destaca también que los fallecimientos que se han notificado hasta ahora representan un “exceso” de mortalidad “por encima del esperado”.

Luis Jiménez, responsable del Plan Andaluz de Urgencias, afirma que nunca se han dado estos picos de demanda. “Estaba previsto el incremento habitual en estas fechas pero no de estas proporciones”. Aproximadamente sitúan la media en algo menos de 300 pacientes al día, pero cuando llega la época de más frecuentación asciende a 340 personas en los hospitales grandes“. Este año, desde el fin de semana del 8 al 12, la llegada de pacientes se incrementó en los hospitales y en los dispositivos de cuidados críticos y urgencias un 40%, sumando una media de entre 100 y 150 pacientes más.

“Estábamos preparados para el incremento habitual del 10% pero encontrarte de repente con 100 enfermos más de los que esperas es demasiado. Los servicios de salud sufren situaciones de estrés y esta situación la hemos resuelto con sobresaliente”, afirma Jiménez, que también es jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Pese a los colapsos sufridos, especialmente en la primera semana, no se han tenido que suspender intervenciones programadas. Esta etapa de alta frecuentación suele alargarse hasta finales de febrero.

¿En cuánto tiempo se cifra la espera media?

Según la información aportada por el responsable del Plan Andaluz de Urgencias los tiempos de respuesta se han adecuado a los límites de calidad establecidos por las sociedades científicas. Estos datos indican que los pacientes más graves, denominados de Grado 1, son atendidos inmediatamente y existen salas de críticos adecuadas específicamente para atenderlos.

Los pacientes un poco menos graves, de urgencias no demorables o de Grado 2, se atienden en unos 13 minutos y medio. Los de Grado 3, 4 o 5 que presentan síntomas (molestia lumbar, décimas de fiebre o una erupción) pero no son problemas urgentes, y que de hecho deberían acudir a Atención Primaria, se atienden en una media de entre 38 y 55 minutos. Pese a que estas cifras corresponde a una monitorización diaria, el Sindicato Médico alude a determinadas esperas de hasta 40 minutos solo para clasificar la gravedad del caso.

¿La situación ha sido la misma en todas las provincias?

Esencialmente sí. Los picos se han producido en todos los hospitales grandes de capitales de provincia fundamentalmente. Almería fue la única provincia en la que durante los días más críticos del primer fin de semana de alta frecuentación, entre el 8 y el 12, mantuvo una actividad más normalizada.

¿Cuáles son las medidas que se han tomado?

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se referió este lunes durante su intervención en el pleno extraordinario del Parlamento a las contrataciones de refuerzo que se han realizado para hacer frente a esta situación. Concretamente, 562 profesionales. Además, hizo alusión a la habilitación de nuevos espacios asistenciales y al esfuerzo en agilizar el horario de las altas hospitalarias, a fin de favorecer que al menos el 30% de ellas se realicen a primera hora de la mañana, para tramitar antes el ingreso de pacientes que han estado en observación.

Jiménez confirma que se han incrementando el número de profesionales de medicina y enfermería en Urgencias en aquellos hospitales donde se daban los mayores picos. “Estamos satisfechos porque este incremento de contratación ha sido ágil”, explica. Asimismo, anima a tranquilizar a la población ya que los pacientes están bien atendidos en los servicios de urgencias. “Tenemos bien identificada la situación en cuanto llegan a la puerta”, apuntan.

Los enfermeros y auxiliares de enfermería de Urgencias del Hospital Regional de Málaga desconvocaron durante la tarde del martes una huelga indefinida que comenzó en la medianoche de esa misma madrugada tras haberse comprometido por escrito la dirección del centro a que servicio esté cubierto al cien por cien.

Estas medidas, ¿son suficientes, según los profesionales?

Para los sindicatos de profesionales sanitarios las medidas son claramente insuficientes. Aunque reconocen un esfuerzo en contratación y el haber habilitado salas, creen que han sido soluciones paliativas. De hecho, consideran que es un problema estructural de la escasez de profesionales dentro del sistema. El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Andalucía ha vinculado el crecimiento de la asistencia de usuarios a las urgencias con la destrucción de empleo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

A juicio de Francisco Muñoz, secretario general de SATSE, “con una reducción en más de 7.000 profesionales efectivos en la plantilla del SAS en los últimos cuatro años es inevitable que la capacidad de resolución del sistema se vea afectada en todos sus ámbitos y los ciudadanos acaben recurriendo a los servicios de urgencia”.

El vocal de hospitales del Sindicato de Médicos de Andalucía, Rafael Carrasco, cree que “solo se ha hecho paliar, achicar agua” y advierte de que lo peor de la época de gripe está por venir. “El comportamiento de la gripe es imprevisible, no es matemático; de ahí la importancia de hacer un buen plan”. Como medidas inmediatas proponen aumentar al menos en un 20% la plantilla de modo coyuntural y habiltar áreas de los hospitales que están cerradas. Las contrataciones a su juicio son renovaciones que había que realizar y no corresponden a contrataciones especiales en urgencias.

Para Francisco Muñoz, “tenemos un sistema que en su conjunto es bueno, pero si la atención urgente es a lo que se recurre, algo falla”. Por eso, vincula estos colapsos con la situación general en el Servicio Andaluz de Salud; donde “hemos perdido 3.000 profesionales en cuatro años, eso se nota y nos deja sin capacidad de resolución”. La media española está en 5,2 enfermeros por cada 100.000 habitantes y Andalucía presenta una tasa de 2,4. A más presión asistencial, más riesgo de error y “eso no es el ambiente laboral que deseamos”. Además de reforzar las plantillas, proponen diversificar los puntos de atención en urgencias y mejorar los recursos. “No solo es cuestión de personal, sino de espacio, material y rapidez en las pruebas diagnósticas”.

A los especialistas no les coge por sorpresa el revuelo suscitado en las última semana a cuenta de la disponibilidad de dos nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C: sofosbuvir y simeprevir. Son conscientes del avance revolucionario que suponen en el abordaje de la enfermedad. Eso ha hecho que crezcan las expectativas de muchos pacientes, las asociaciones se lancen a la calle y las declaraciones de compromisos políticos alcen el vuelo.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció ayer tras la celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad que el plan para abordar la hepatitis C estará listo para antes de Semana Santa, es decir en el mes de marzo. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado la carencia de un acuerdo en materia de financiación a través de la creación de un fondo como solicitaban Andalucía y Asturias, ya que desde el Ministerio de Sanidad se ha planteado que la financiación para los medicamentos se decidirá con posterioridad a un realización de un  análisis epidemiológico y de la situación de cada comunidad autónoma.

El ministro ha analizado que al no conocerse el número exacto de pacientes no puede asignarse un dinero determinado. En este sentido se ha refugiado en el informe que ha encargado al grupo de expertos que conformó el lunes pasado: “Se hace este plan para no trabajar sobre estimaciones cuya fiabilidad no tenemos contrastada”.

Pero la prescripción de estas terapias no será ya y para todos. Será progresiva y escalonada. Realizar un cálculo real del número de pacientes que se podrían beneficiar es imposible porque no hay un registro oficial de pacientes, de la gravedad y tipo de enfermedad o de la susceptibilidad a recibir uno u otro tratamiento. Cada unidad o servicio de hospital tiene el suyo. Pese a e ello, es posible realizar una estimación. En torno a un 8% del total de los afectados serán los que deberán recibirlo con mayor celeridad, según la aproximación planteada por Manuel Romero, director de la Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Digestivas del Hospital de Valme, en Sevilla, al extrapolar los datos del registro de su hospital.

Se calcula que la hepatitis C afecta a un 1% de la población. En Andalucía puede haber unas 85.000 personas diagnosticadas; de ellas hay un 30% que tienen un grado de enfermedad muy leve y que se curan espontáneamente sin necesidad de tratamiento. El resto, unos 60.000 pacientes, necesitarían tratamiento. De ellos, hay que tener en cuenta que ya han sido tratados aproximadamente la mitad. Y de este 50%, al menos la mitad se han tratado con éxito y estarían superando la enfermedad: unos 15.000.

Además, de 45.000 que aún requieren tratamiento podrían establecerse tres grupos: unos 15.000 que se han tratado y no se han curado, 15.000 que no se han tratado aún y otros 15.000 que hay que incluir en la estadística, que son los que ahora van llegando a la consulta o los que están por diagnosticar. Estos últimos forman el sector del infradiagnóstico, aquellos pacientes que pueden tener el virus desde hace lustros pero al ser una enfermedad tan asintomática no lo saben.

Por tanto, de esos 30.000 a los que hay que tratar, “hay un grupo amplio de ellos, los que no son cirróticos, a los que podemos tratar bien con cierto sosiego, ya que un año o dos años en la historia natural de la hepatitis es poco tiempo. Pero hay pacientes que necesitan el tratamiento ya”, explica Romero. “En mi hospital de los 1.600 pacientes que tenemos en la base de datos, tenemos unos 600 pacientes candidatos a tratamiento. Son pacientes que nunca se ha podido tratar o pacientes que se ha tratado y no se han curado. De esos 600, habría unos 125 pacientes que tendrían cierta premura a la hora de recibir el tratamiento nuevo”, matiza.

“Extrapolando los datos, en Andalucía entre una cuarta y una quinta parte de esos 30.000 pacientes necesitarán tratamiento con celeridad. Si nos centramos en qué pacientes están en una situación clínica complicada vendríamos a quedarnos con un 10% del total”, resume Romero. El resto se irá sumando progresivamente en función de varios factores, el más evidente es el techo de gasto. Cada tratamiento tiene un coste de entre 15.000 y 25.000 euros. No existe aun un precio máximo establecido a nivel nacional.

A la hora de valorar la situación, Ramón Morillo, jefe del servicio de Farmacia Hospitalaria del mismo centro, indica que “el margen de amplitud vendrá marcado por lo que a nivel político se admita; se trata de destinar el gasto a los pacientes que realmente los necesitan”. “Los pacientes que más grado de fibrosis presentan serán los primeros en tratarse. A partir de ahí hacia abajo, lo que políticamente se nos indique”, afirma Morillo.

Desde un prisma muy general,  señala que “si hicieramos las cosas de una manera ordenada y estratégicamente bien diseñada y pudiéramos tener los recursos para ello, podríamos hablar de erradicar una enfermedad. Eso hasta ahora no se había planteado”. Los expertos confian en que el estrablecimiento de una Plan Estratégico Nacional de Hepatitis C, anunciado la semana pasada, ayude a establecer criterios que permitan que estas terapias lleguen a más gente. “Aquel paciente que necesite tratamiento y que clínicamente tenga la indicación de ser tratado, será tratado en el momento que lo necesite aunque para algunos sea antes y para otros un poco después”, resume Morillo.

Acelerar el acceso a tratamientos a precios más bajos

El número de pacientes susceptibles de recibir alguno de de los nuevos tratamientos se irá ampliando. La cuestión es a qué velocidad según las posibilidades presupuestarias y de puesta en marcha del citado Plan Estratégico Nacional. Uno de los factores clave será la llegada de más tratamientos nuevos. El primero que entrará en la ecuación a partir del mes de febrero será Daclatasvir.  “Nos vamos a encontrar en breve con un arsenal terapéutico aún mayor. Esto va a generar mayor competencia y una disminución de los precios. Los laboratorios saben que es necesario reducir los precios o buscar nuevas fórmulas de contención del gasto para que sus medicamentos se puedan utilizar más. Menor precio implica que más pacientes se beneficien. El plan estratégico puede ayudar a que muchos pacientes puedan ser tratados antes de lo que nos pensamos”, resume Morillo que reconoce que el impacto en los servicios de farmacia desde el punto de vista económico “va a ser importante”; se pasa de tener un porcentaje de gasto destinado a la hepatitis C que ha evolucionado de manera moderada a disponer de unos tratamientos a precios más elevados y a tener pacientes que los necesitan y se pueden beneficiar de ellos. “Va a ser un salto importante pero confiamos que con el diseño de una estrategia la llegada de estos tratamientos sea asumible”, subraya. 

Para el catedrático de Economía de la Salud de la Universidad de Málaga, Antonio García, es importante no centrar el análisis en el precio del fármaco si no también en cuánto se ahorra. “Aún no sabemos cuántos trasplantes evitan, cuánto estamos ahorrando en ese sentido. Los trasplantes exigen también medicación inmunosupresora de por vida. Esos costes deberían calcularse desde la Asociación Nacional de Trasplantes, pero no están disponibles. ”¿Queremos fármacos que ahorren costes? -se pregunta-. Si no tratamos, hablamos del trasplante o la muerte. “Es mejor invertir en fármacos que curan y que ahorran costes sociales”.

Además, García cree que “aún hacen falta comparaciones sobre eficacia entre estos nuevos medicamentos y los que están por llegar y ver cuáles son los realmente efectivos en la realidad clínica para los distintos estadíos de la enfermedad y sus fenotipos; en ese momento es cuando podremos priorizar unos sobre otros y esos factores incidirán en los precios. Asimismo, también confía en que el establecimiento de una Estrategia nacional fortalezca las negociaciones, sirva para bajar los precios y acelere el acceso a más grupos de pacientes.

La semana pasada, numerosas asociaciones de pacientes se movilizaron para solicitar la disponibilidad de este nuevo tratamiento para todos los pacientes. En Córdoba realizaron una cadena humana entre la Delegación de Salud de la Junta y la Subdelegación del Gobierno para instar a ambos ejecutivos a ofrecer los nuevos tratamientos contra la enfermedad.