He visto cosas que no creeríais. La calle desde la terraza de Lucre, desde las ventanas nuevas de Olga, el edificio de ladrillo de Néstor, la casa baja de pueblo de Fermín, el patio comunitario de Ale. He visto pasear a todos sus vecinos, los he espiado junto a ellos y a veces (lo admitimos) los hemos criticado. Sobre todo a los que tienen perro.

Me he quemado los ojos teletrabajando con Pilar, siempre a la caza de anunciantes, con el telecole de Javi, con el fitness online, con las clases que imparte Irene, con los puñeteros webinars. He contemplado la ciudad a través del objetivo de Serrano y con él he aprendido a mirar de otra manera. Con más generosidad.

He escuchado el silencio con muchos ecos distintos. También he oído saltar a unas gemelas, a Rodrigo saliendo al patio como un miura, al impaciente Mario. Incluso a niñas que jugaban al escondite por teléfono. He tocado el piano con Miles Davis y saltado junto a Luque con Barón Rojo a todo trapo. Me he levantado con el canto del mirlo que trae frito a Luis y con los gorriones de la calle Feria.

He sentido el roce de las manos de María, secas de tanto usar gel hidroalcohólico. El arañazo de la barba crecida del conviviente. El clic del cortaúñas de quien –preguntádselo a él- al mirarse los pies se acordaba de Parque Jurásico. Le he sacado las bolitas a muchos pijamas y me he cansado de todos los chándales.

He saboreado el atún encebollado de Ávila, el salmón a la naranja que disfrutaba Lola, el cocido de Antonia la de Gerena, las naranjas de Cantillana. Un día le desenchufé la termomix a Cabanillas cuando no miraba.

He visto doblegarse la curva y curvarse el espacio-tiempo. Minutos que duraban meses. Manos que podían tocarte desde kilómetros. He recorrido los dos metros más largos del mundo.

A través de mi ventana, de todas estas ventanas escritas a lo largo de 74 días, todos nos hemos ido vaciando y llenando al mismo tiempo. Hemos corrido con la lengua fuera y mirado la tele durante horas como momias. No es fácil saber si ahora somos mejores, pero sí que la mayoría hemos crecido. Al menos de ancho.

En un tiempo volveremos a este blog y no sabremos decir si fue un diario real o inventado. Si de verdad vivimos todo esto. Si de verdad pudimos renunciar a tanto. Hemos echado de menos tantas cosas que ahora la lista de tareas pendientes es todavía más larga que antes de encerrarnos. Pero tenemos menos prisa. Eso sí lo hemos aprendido.

Hoy la ciudad que tantos meses hemos casi imaginado comienza a recuperar toda su luz y a veces todavía nos aturde. Cuesta despertar, pero despertamos. Sin embargo, qué paradoja. En lugar de abrir la ventana, la cerramos.

Esta semana, un juzgado de Córdoba ha dictado el procesamiento de cuatro de los cinco miembros de la 'Manada', acusados de abusar sexualmente de una mujer durante las fiestas de Pozoblanco en 2016. Hace unos meses, lo recordarán, la Audiencia de Navarra los condenó a nueve años de prisión por abusar -llamémoslo por su nombre, violar- a otra mujer en los Sanfermines aquel mismo año.

Si se están preguntando en qué cárcel están estos ciudadanos ejemplares, dejen de hacerlo. Están todos en libertad bajo fianza. Perdón, todos menos uno, Ángel Boza, en prisión preventiva desde el pasado 2 de agosto por el robo de unas gafas de sol en unos grandes almacenes. Sí, unas gafas. ¿Le salen las cuentas? A mí tampoco.

Una de las luchas históricas del movimiento feminista es intentar que la sociedad, la administración, la Policía, la Justicia, sean capaces de observar la realidad con perspectiva de género, es decir, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que se dan en una cultura marcada por la profunda desigualdad y discriminación de las mujeres. Lo llaman, tiene narices la ironía, ver las cosas con “gafas violeta”. Y claro, una se pregunta: ¿de qué color eran las gafas que robó Ángel Boza? ¿De qué color serán las gafas de los jueces del caso para que, a día de hoy, este ratero de hipermercado sea el único encarcelado de un grupo condenado -y ahora procesado de nuevo- por delitos tan graves?

¿Nadie en la Audiencia de Navarra, en la Audiencia de Córdoba, piensa que a lo mejor es el momento de revisar la libertad provisional de esta manada desbocada? ¿Cuántas dioptrías tiene un sistema judicial que no observa un patrón delictivo evidente?

Ya me han explicado que vídeos grabados a la víctima de Pozoblanco, por vomitivos que sean, no permiten seguramente probar nada más allá de los abusos sexuales. Poco importa que se despertara desnuda y desorientada en el asiento trasero de un coche. Poco importa que tuviera la ropa desgarrada. Que intentaran forzarla de nuevo y la arrojaran a golpes del vehículo. A lo mejor no puedo llamarlo violación. Pero lo llamo.

En Estados Unidos, si quieres ser ministro (allí lo llaman secretario) no basta con que Donald Trump te señale con el dedo. En una democracia conocida por los enormes poderes que otorga a su presidente, el poder legislativo tiene sin embargo mucho que decir al respecto. Antes de tomar posesión, el FBI elabora un informe sobre los futuros altos cargos del Gobierno, que necesitan además el visto bueno del Senado. Son las llamadas audiencias de confirmación, donde se reclama de los candidatos documentación exhaustiva sobre antecedentes, situación financiera y posibles conflictos o incompatibilidades, y se les somete también a un intenso interrogatorio por parte de una comisión de senadores, que puede durar días.

El chequeo previo no solo es obligatorio para los secretarios, sino para más de un millar de altos cargos del Gobierno y entre ellos los futuros miembros del Tribunal Supremo, como estamos viendo estos días con la controvertida nominación del ultraconservador Brett Kavanaugh. Por cierto, quédense con el nombre de la demócrata Kamala Harris, que promete dar mucho que hablar en el futuro y que ha sido protagonista de alguna de las preguntas más incisivas al juez.

Viene al caso el ejemplo estadounidense tras los últimos terremotos que han sacudido el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez. Primero fue el ministro Maxim Huerta, que casi no tuvo tiempo de quitarle el plastiquito al móvil corporativo y ya estaba saliendo por la puerta, tras destapar la prensa que fue sancionado por evasión de impuestos. La siguiente ha sido Carmen Montón, titular de Sanidad, que presentó este martes su dimisión tras cien días escasos en el cargo al hacerse público -de nuevo, por los medios- el cúmulo de irregularidades que rodean a su máster en la tristemente famosa Universidad Rey Juan Carlos. Por cierto, que el cese llegó apenas unas horas después de recibir el apoyo expreso del presidente. ¿Estaba mal informado Sánchez, y si es así, por qué habló sin conocer a fondo los hechos?

¿Habrían sobrevivido Huerta o Montón a un mínimo chequeo sobre su pasado? ¿Qué se investiga, qué se pregunta a nuestros ministros, consejeros, concejales, antes de nombrarlos? ¿Nadie pensó tras el caso Cifuentes -y luego Casado- en hacer un máster-checking al gabinete? ¿A ninguno de los hoy dimitidos se le ocurrió que merecía la pena comentar este episodio oscuro de su pasado antes de pronunciar el “prometo por mi conciencia y honor”? Seguramente en España no estaría mal plantearnos poner en marcha algún proceso de confirmación (ya existen en el Parlamento europeo, por cierto, y casi dejan en tierra al comisario Arias Cañete por sus negocios petrolíferos). Pero mientras nos lo pensamos, podemos empezar por preguntar a nuestros futuros cargos públicos como en las aduanas: ¿algo que declarar?

Semana de incendios. Uno provocado, intencionado, con muy mala idea: el de Pablo Casado intentando encender artificialmente en la sociedad española la mecha de una xenofobia que las encuestas de opinión (crucemos los dedos) todavía no recogen. Debe haber pensado el nuevo líder del PP que todo es cuestión de empeño: una pieza de leña aquí, un derrame de gasolina allá, un poco de pasto seco y cuando menos lo esperemos bastará una pequeña cerilla para que todo salga ardiendo.

El otro incendio, el del taxi, cocinado al calor blando del asfalto. Una guerra que para unos es la del hombre contra la máquina de internet; para otros, del pasado frente a futuro; ¡monopolio frente a la libre competencia!, gritan desde una trinchera; ¡regulación frente la ley de la selva!, braman desde la otra. Pasearse por las redes sociales es asistir a un duelo encendido entre defensores a ultranza de una y otra opción, obligando de alguna manera al resto a escoger. O estás con el taxi 100% o estás con Uber y Cabify al 100%. Como si no hubiera una tercera vía, la del equilibrio y la regulación sensata. O como si no hubiera luces y sombras, muchas sombras, a los dos lados del frente.

Porque es verdad que (si no queremos llamarlo monopolio) la falta de una sana competencia en el modelo tradicional del taxi ha generado durante décadas una burbuja de comodidad que explica en gran parte de los reproches que muchos usuarios hacemos al sector. Y también el entusiasmo con el que muchos han recibido la irrupción de las nuevas plataformas. Es cierto, muchos taxistas se han incorporado a los nuevos usos digitales, han implantado el pago con tarjeta y ofrecen un buen servicio. Pero todavía demasiados se siguen resistiendo a la idea de que quien viaja en el asiento de atrás no es un bulto al que transportan de un lado al otro de la ciudad. Es un cliente cada vez más exigente, no sólo en el precio, sino en el trato y el servicio.

Un poquito de autocrítica

Por eso las reivindicaciones que estos días hace el sector, por legítimas que puedan ser, ganarían fuerza con una pizca, o no tan pizca, de autocrítica. Y rebajando las dosis de matonismo e intimidación a los que hemos asistido estos días, y también en capítulos anteriores. En Sevilla saben a qué me refiero, por eso me inquieta la iniciativa de traspasar la gestión de las VTC a los ayuntamientos, mucho más vulnerables al pressing del sector. Un apunte al margen: si el taxi es un servicio público tan esencial, como nos están recordando estos días los huelguistas, ¿no debería haber servicios mínimos regulados, y no viajes gratuitos que dependen de la voluntad de cada taxista? Esa rara mezcla entre lo público y lo privatizado (vía concesión y mercado negro) también sería una cuestión a revisar, ya que estamos.

Ahora bien, ¿la solución a todas estas carencias evidentes es romper el grifo de la regulación y que arramblen los coches de Uber y Cabify por nuestras avenidas? Pues tampoco. Claro que nos encanta que nos abran la puerta, nos dejen elegir la emisora (de verdad, taxistas, que no cuesta tanto) y nos ofrezcan una botellita de agua (yo me la llevo aunque no me la beba). Pero tampoco es descabellado, como argumenta el sector del taxi, que estemos ante un ejemplo más de dumping en el que, una vez eliminado el rival a base de tirar los precios, pasemos a otra forma de monopolio del más fuerte. Sin ignorar tampoco las crecientes bolsas de precariedad, inseguridad y explotación que están generando estos nuevos modelos de negocio. Pensadlo la próxima vez que mandéis a un ciclista a traeros una hamburguesa.

La verdad es que esto de la mal llamada “economía colaborativa” se ha colado por las rendijas de unas administraciones y una legislación todavía demasiado analógicas. No lo hemos visto venir. Y hoy tenemos la insólita realidad de que dos de los gigantes del alojamiento turístico, como Booking y Airbnb, no son propietarias de una sola habitación de hotel o de un sólo apartamento. Igual que Uber y Cabify están dominando el sector del transporte sin necesidad de comprar un sólo coche. Y Amazon no fabrica ni uno de los productos que vende a todo el mundo. ¿Economía líquida? Vale, siempre que no nos vayamos con ella por el desagüe. Un último apunte al cierre: el Gobierno tiene un serio problema con esto, y a Pedro Sánchez ya le están creciendo los enanos.

A lo mejor os parece una provocación, tal vez una demagogia fácil, y no pretende serlo. Pero llevo unos días dándole vueltas al debate sobre sacar a Franco del Valle de los Caídos y a Queipo de Llano de la Macarena, y me ha dado por pensar que si hay alguien, después de las víctimas de la represión franquista, que puede comprender por qué es importante cómo y dónde están enterrados nuestros muertos, son precisamente éstos que con uñas y dientes se oponen a que les toquen un pelo a los suyos. A que los muevan siquiera un metro más allá. A un columbario, a un ostentoso panteón familiar, da igual, aunque fuera un nicho de oro.

“No toquéis a nuestros muertos”, dicen muchos en La Macarena, en esa Basílica cuya construcción pagó el general Queipo (de nuestro bolsillo) y donde está enterrado, apenas unos pasos más allá tras franquear la puerta. “No toquéis a nuestros muertos”, dicen en el Valle de los Caídos, mientras friegan con esmero la losa de mármol bajo la cual yace el dictador. “No gastaría un euro en desenterrar a Franco”, dice el joven Pablo Casado tratando de disfrazar de austeridad su indiferencia por las víctimas.

Ellos saben, lo saben tal vez mejor que nadie, que hay una línea, una línea negra, que separa la dignidad de la humillación. La presencia del olvido. Por eso es tan importante que los que ganaron sigan descansando en sus tumbas laureadas. Y quienes perdieron, continúen perdidos. Perdidos entre las piedras y la tierra de las cunetas. Olvidados dos metros más abajo del muro al fondo del cementerio. Ellos saben lo que importa. Ellos saben lo que duele. También bajo tierra sigue habiendo un arriba y un abajo. Mis muertos sobre tus muertos. Mi honra sobre tu honra. Vencedores sobre vencidos.

Lo habrás visto en televisión, lo habrás leído, te lo habrán contado. Y volverás a verlo, leerlo y oírlo muchas veces más este verano. Sobre todo ahora que, acabado el Mundial y una vez el PP elija por fin a su líder y lideresa, comenzará la habitual sequía de noticias. Pero hay (al menos) siete cosas que algunos están diciendo sobre la llegada de inmigrantes a nuestras costas y la llamada “crisis migratoria” que a lo mejor estás creyéndote, y no deberías.

No, no hay una “avalancha” de inmigrantes. No hay una avalancha, ni una oleada, ni un tsunami africano que esté azotando las costas andaluzas. Y, por cierto, aguardo con ansia el día en el que desterremos de nuestro lenguaje expresiones que igualan la llegada de migrantes a una catástrofe natural o a la más terrible de las calamidades. Aquí la verdadera calamidad son los miles que se ahogan intentando llegar a Europa. El drama que padecen quienes lo consiguen. Las condiciones en las que permitimos que vivan millones de personas en el África más profunda. Las razones por las que no ven más alternativa que huir y jugarse la vida.

No, no estamos desbordados. Habrás oído que durante este año han llegado por mar a Andalucía casi 15.000 personas. ¿Son muchas o pocas? Muchas, si las comparamos con las cifras del año pasado (cuando llegó la mitad). No tantas, si las comparamos con las 100.000 que desembarcaron en Italia el año pasado. O el millón de refugiados sirios que tiene acogido un país pequeño como Líbano. O si recordamos las 17.000 temporeras marroquíes que los agricultores de Huelva han traído este año para la campaña de la fresa. ¿Hablaríamos de avalancha de jornaleras?

No, no son cifras inmanejables. El Gobierno de Rajoy dijo en su momento que tenía capacidad para acoger a 17.000 refugiados sirios (aunque luego no cumplió). España gestiona cada año con eficiencia la llegada de 84 millones de turistas. La “avalancha” de inmigrantes de esos últimos seis meses no llenaría el estadio Carranza un domingo, en un país de 46 millones de habitantes y una UE de 500 millones. Pongámosle perspectiva al asunto. ¿De verdad estamos ante cifras imposibles de manejar? Sólo si nos seguimos empeñando en no poner medios suficientes.

No, no nos ha cogido por sorpresa. En primer lugar, porque la llegada del buen tiempo viene cada año acompañada de un incremento de pateras. Pero, sobre todo, porque el cierre (previo pago) de la frontera de Turquía y el infierno (también de pago) de los negreros libios no deja más opción a quienes huyen de la miseria y la guerra que intentar la ruta del Estrecho. Por cierto, la más mortífera del mundo, según la Organización Mundial de Migraciones. Hace un año, distintas ONG avisaban de que cientos de miles de personas estaban saliendo de Libia camino de Marruecos. La sensación es que lo que está pasando era mucho más previsible de lo que nos cuentan. Pero no hemos querido prepararnos. Hemos dejado que los ayuntamientos carguen con un peso que no les corresponde. No hemos querido poner medios suficientes de rescate, atención y acogida, no fuera a ser que causáramos, ¿lo adivinan? el famoso efecto llamada.

Y no, lo que está pasando no es por efecto llamada del Aquarius. Quienes llegan estos días a nuestras costas salieron de sus países hace mucho tiempo. Algunos llevan años atrapados en el Norte de África soportando penalidades, a la espera de poder embarcar. La idea de que alguien está en su casa de Senegal y decide hacer la maleta y plantarse en tres días en Tánger porque se entera (¿y cómo se entera?) de que Pedro Sánchez ha abierto el puerto de Valencia a 630 refugiados, es tener muchas ganas de no entender nada. Más afortunadas pueden ser las eternas cábalas sobre si Marruecos ha decidido otra vez aflojar su vigilancia fronteriza.

No, Europa no sufre una crisis migratoria. La crisis es humanitaria y política. De hecho, en los últimos tiempos la llegada de inmigrantes irregulares a la UE no ha dejado de bajar. Y paradójicamente, crecía y engordaba otro fenómeno, el del ultranacionalismo y la xenofobia que ahora ha acabado contagiando a la política italiana (las barbas de tu vecino…). El gran problema de Europa no es la inmigración, es el fracaso creciente del proyecto europeo y el auge desbocado de quienes quieren dinamitarlo desde dentro, no desde fuera.

No, no sobran inmigrantes. Las últimas cifras de población del INE nos vuelven a alertar sobre una población española cada vez más envejecida y que sólo crece levemente gracias precisamente a la aportación de los extranjeros, que trabajan, consumen, pagan impuestos y ayudan a sostener su pensión y la mía. Además, muchos de quienes llegan a nuestro país lo hacen pensando -y bien nos lo recordó Merkel en la cumbre de la semana pasada- en viajar después a otros países europeos como Francia y Alemania. España no tiene tanto atractivo ahí fuera. Pensemos también en eso.

Más presupuestos y mejor financiación. Han sido las dos banderas que Susana Díaz ha enarbolado durante el último año, y que le han servido para apuntalar su relato político tras su dolorosa derrota en las primarias frente a Pedro Sánchez. Ahora, a apenas unos meses de las elecciones autonómicas (en marzo, si no se adelantan), el Gobierno andaluz se encuentra en el trance de asumir que no tendrá ni una cosa ni la otra. Ni un nuevo presupuesto con más inversiones, ni reforma de la financiación autonómica. Y no podrá echar la culpa a Mariano Rajoy, porque quien lo ha decidido es el nuevo “gobierno amigo”.

La decisión del presidente y, sobre todo, lo imprevisto del anuncio, ha cogido con el pie cambiado al Gobierno andaluz y ha situado en una situación muy incómoda a la nueva ministra de Hacienda. Aunque en privado se admitían las dificultades de aprobar un nuevo modelo de financiación, con el conflicto de Cataluña abierto y varias elecciones en el horizonte (andaluzas en marzo, autonómicas, municipales y europeas en mayo), pocos esperaban un giro tan rápido de los acontecimientos.

El nuevo escenario ha estrechado el margen de maniobra de la presidenta andaluza y la enfrenta a un complejo dilema. ¿Qué debe hacer ahora? ¿Cuál debe ser la estrategia en estos meses de sprint final antes de las elecciones? ¿Mantener intacta su reivindicación, oponerse frontalmente al Gobierno? No faltarán quienes la acusen de actuar por revanchismo. De querer reventar el recién estrenado mandato de Pedro Sánchez, que ha despertado una inesperada ilusión en buena parte de la ciudadanía y que ha disparado al PSOE en las encuestas.

Poniendo el parche antes que la herida, esta semana desde el Gobierno andaluz se insistía en que la reclamación de un nuevo modelo de financiación no es una posición sólo de la Junta o el PSOE andaluz, sino un acuerdo casi unánime del Parlamento autonómico (sólo Ciudadanos se quedó fuera). Y una reivindicación que apoyan otros muchos territorios, como Valencia, Galicia o Castilla y León. En cualquier caso, las espadas todavía no están en alto, a la espera de la reunión entre Díaz y Sánchez en los próximos días.

La otra alternativa, tragarse el sapo y renunciar a la financiación, proyectaría una imagen de debilidad de la que siempre ha huido el PSOE andaluz y que resulta simplemente inasumible para una personalidad política como la de Susana Díaz. La oposición, y en particular el Partido Popular, que nunca apostó de verdad por la reforma de la financiación, se han encontrado sin buscarlas dos buenas cartas en su mano: una contra Pedro Sánchez por su “traición” a Andalucía y por querer plegarse a las exigencias del independentismo catalán. Y otra, contra la presidenta andaluza por no saber impedirlo.

Entre la sumisión y la guerra abierta, entre el blanco y el negro, existe una tercera vía, la de abrir una negociación con el Gobierno e intentar conseguir alguna victoria económica vendible ante la opinión pública de aquí a marzo. Esta opción templada, sobre el papel la menos perjudicial para todos, viene lastrada por tres desventajas: un resultado incierto, poco tiempo para lograr resultados, y estar pintada con el gris de los matices, un color muy poco atractivo para este último tramo antes de los comicios. Quedaría, eso sí, una cuarta opción: el adelanto electoral.

A Ruth Bader Ginsburg, la octogenaria magistrada de la Corte Suprema de EEUU convertida en icono millennial, le preguntaron una vez cuántas juezas deberían formar parte del alto tribunal para que se pudieran considerar suficientes. “Nueve”, respondió provocadora, citando la totalidad de los asientos de la corte. Al fin y al cabo, razonó, “ha habido nueve hombres y a nadie le ha parecido raro”.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez no va a llegar a tanto, pero va a tener, por primera vez en la historia española, más mujeres que hombres (incluido el presidente). Y a una notable distancia: 11 ministras frente a 6 ministros. Sólo con esto, ya se ha hecho historia: el español será el Gobierno con más protagonismo femenino desde que existe la OCDE.

Y no es la única novedad. El Ministerio de Igualdad, que Zapatero creó en 2008 y eliminó dos años después al estallar la crisis, se recupera y además se eleva a la categoría de Vicepresidencia con Carmen Calvo. Los puestos con más peso e influencia dentro del gabinete, salvo Asuntos Exteriores, tendrán nombre femenino. Mujeres de probada trayectoria y capacidad técnica serán quienes lleven riendas de la estrategia política (vicepresidencia) y la económica (hacienda, economía, energía, industria). También controlarán la defensa y CNI, la justicia, la administración territorial y otras áreas clave como trabajo, educación y sanidad.

Tres meses después de las históricas manifestaciones del 8 de marzo, que causaron asombro mundial por la capacidad de movilización de las feministas españolas, y 14 años después de aquel primer gobierno paritario de Zapatero en 2004, la elección del nuevo gabinete quiere traslada dos mensajes rotundos: uno, de ambición (ministras y ministros con potencia de fuego). No parece que entre los planes de Sánchez estén presidir un gobierno de trámite ni que piense en convocar elecciones de inmediato. El otro gran mensaje es de compromiso con la igualdad, no como un apartado de su política, sino como eje transversal de la acción del nuevo Gobierno.

En 2015, Suecia decidió autoproclamarse como “el primer Gobierno feminista del mundo” cuando nombró 12 hombres y 12 mujeres como ministros y priorizó la agenda igualitaria. Otros como Justin Trudeau en Canadá, Macron en Francia, hace unos años Michelle Bachelet en Chile (y Zapatero antes que todos ellos) acapararon titulares al apostar por la paridad. Ahora, cuando el nuevo gabinete de Pedro Sánchez se haga la tradicional foto en la escalinata de La Moncloa, con esas once mujeres en puestos protagonistas ¿estaremos no sólo ante el gobierno más feminista de la historia de España, sino del mundo?.

Lo averiguaremos conforme vaya avanzando esta incierta legislatura. Es verdad que las interrogantes que rodean al mandato de Pedro Sánchez, elegido de manera extraordinaria, con capacidad de acción limitada, apoyos frágiles y una duración inusualmente breve, son grandes y muy evidentes. Tan grandes y evidentes como el riesgo de frustrar las expectativas de un revolucionado movimiento feminista, que el 8M y con el juicio de 'la manda' ha puesto pie en pared y exige cambios profundos: violencia machista, lucha contra la brecha salarial, permisos de paternidad y maternidad, reforma del Código Penal en los delitos sexuales, ley del aborto...

Durante estos 40 años de democracia en España, la mesa del Consejo de Ministros ha sido, exceptuando los años de Zapatero, una merienda de corbatas. Como muestra esta infografía, durante las tres primeras legislaturas (Suárez, Calvo Sotelo y Felipe González) sólo hubo una mujer en el gabinete, y en los gobiernos siguientes la presencia femenina siguió siendo claramente minoritaria, a menudo residual. Si hacemos números, tendríamos que estar varias legislaturas nombrando gobiernos formados exclusivamente por ministras para igualar (ojo, sólo igualar), la balanza. Así que, para quien los tenga, menos nervios.

No faltarán quienes digan que Pedro Sánchez ha querido simplemente dar un golpe de efecto, estrenar su efímero gobierno con una bonita foto de portada. Dirán que todo lo que intenta es arrimar el ascua del movimiento feminista a su esmirriada sardina electoral. Es una conclusión posible, o como diría Rajoy, no es una conclusión imposible. Pero antes de llegar a ella, sólo un consejo, echad un ojo a las credenciales políticas estas once señoras (y seis señores). Y hablamos.

La última gran conspiración descubierta por la juez que instruyó las macrocausas de Mercasevilla, los ERE y el caso de los cursos de formación en Andalucía podría llamarse “el caso Alaya”. La magistrada, poco amiga en sus tiempos de hablar con los medios, se ha destapado esta semana con una entrevista exclusiva en ABC en la que denuncia presiones políticas y un complot a gran escala que involucraría a los grandes partidos (PP y PSOE) y a la cúpula judicial. Objetivo: apartarla de la investigación de los grandes casos de corrupción que han afectado al Gobierno andaluz en los últimos años.

Recordemos que en el caso ERE, cuya llamada “pieza política” se está juzgando ahora, Alaya describió una gran “pirámide” de corrupción y clientelismo, con decenas de cargos implicados, en cuya cúspide estarían los ex presidentes Chaves y Griñán. En los cursos de formación, la juez trató de establecer campo de juego similar, pero esta vez estas “teorías de la conspiración” no resultaron verosímiles para la Fiscalía Anticorrupción ni para la nueva juez que asumió la causa, que decretó su archivo.

En esta nueva trama, Alaya no dispara sólo contra el PSOE. En un dramático giro de guión, acusa también al Partido Popular de haberse conchabado con sus adversarios políticos para “quitarla de enmedio” en la investigación del fraude en los cursos de formación, que fue finalmente archivada. A cambio, ambos mantendrían el status quo en el reparto del poder territorial en España, amenazado por la irrupción de los partidos emergentes, y bloquearían investigaciones similares en otras comunidades.

Pero PP y PSOE no habrían actuado solos. Según el esquema que dibuja la juez en la entrevista, estaría también en el ajo el presidente de la Audiencia de Sevilla, que la engañó al prometerle que conservaría sus casos aunque pidiera un ascenso; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que avaló encargar las macrocausas a una nuevo juez; y el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces, que refrendó la propuesta. Sin olvidar naturalmente a su sustituta, la juez Núñez Bolaños, contra la que Alaya ha disparado sin piedad: la acusó en su momento de no estar preparada para una instrucción de esta envergadura y de mantener una sospechosa amistad con el ex consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera.

Por medio, en esta gran conspiración habría otros actores secundarios que, siquiera involuntariamente, habrían colaborado en sabotear el trabajo de la juez. Ahí tampoco deja títere con cabeza. Desde los inexpertos jueces de apoyo que no tenían “ni idea” y a los que no tenía energía ni tiempo para poner al día en las macrocausas. Pasando por otro de los refuerzos asignados, al que describe como un caradura que salía el primero de trabajar para irse a comer al club Pineda o recoger a los niños del colegio.

En su relato de los hechos, Alaya se retrata a sí misma como una heroína inmaculada, enfrentada a un sistema político y judicial podrido de arriba a abajo. Y para ello utiliza un lenguaje y un hilo argumental que recuerdan mucho a los de sus famosos autos judiciales, de enorme impacto en la opinión pública, que la convirtieron en el gran azote judicial del llamado 'régimen' del PSOE en Andalucía.

Con una diferencia: no aporta una sola prueba de lo que dice y se limita a realizar -algo inaudito en una juez en ejercicio- acusaciones al aire que han provocado, junto al revuelo mediático, un enorme estupor político. Sobre todo en el PP, donde ayer aún se estaban sobreponiendo de la traición de Marta Sánchez al cantar su himno en un acto de Ciudadanos cuando les llegó la inesperada puñalada de una jueza a la que muchos -Zoido el primero- consideraban una aliada.

La entrevista deja tantos titulares como preguntas sin responder. Para empezar, sobre los hechos que denuncia, que son de una enorme gravedad. Para continuar, porque despierta de nuevo la vieja pregunta: si los jueces no se fían entre ellos, ¿cómo nos fiamos nosotros de los jueces?. Y también porque no aclara las razones que la han llevado, justo en este momento, a romper un silencio ante la prensa que tan celosamente había mantenido. ¿Por qué ahora, con el juicio de los ERE en pleno proceso? ¿Por qué ha esperado este tiempo para denunciar los supuestos manejos sucios del PP? ¿Añora Mercedes Alaya sus tiempos de estrellato mediático? ¿Tiene alguna otra cosa en mente?

A lo mejor lo habéis visto en internet. Una agencia desconocida que busca aventureros que quieran viajar por el mundo, con todos los gastos pagados y además cobrando 3.000 euros al mes. O una remota isla del Pacífico que se ofrece a alojar a todo trapo al afortunado o afortunada que quiera convertirse en su embajador por el mundo. Un sueldo Nescafé pero a lo bestia, con playa, palmeras y piñas coladas. Una nunca se atreve a llamar, pensando que es un fraude a gran escala, una engañifa publicitaria, un sorteo dudoso o simplemente una manera de robarte tus datos, al estilo Cambridge Analytica.

Ahora imagina esta oferta: “Se busca profesor de Religión. No necesita trabajar ni dar clases. Sólo presentarse cada mañana en el colegio. Actividades sugeridas: estudiar oposiciones, hacer sudokus u organizar una boda. Sueldo: 1.400 euros al mes. Razón: Ministerio de Educación”.

Esta situación rocambolesca, aunque parezca propia de una estafa nigeriana, es real y se está dando en, al menos, una treintena de centros escolares de Andalucía, como han desvelado las informaciones de Daniel Cela en este diario. Maestros de Religión que, después de que sus centros recortaran las horas lectivas de esta materia (acogiéndose a un decreto autonómico), deberían haber salido del colegio porque ya no hacían falta. Pero no lo hicieron. Por algún motivo la Junta, que sabía que sobraban, les confirmó en sus plazas. Y el Ministerio, que también sabía que sobraban, les siguió pagando. Religiosamente. Y así llevan tres años. Contratados, cobrando y sin hacer nada, matando las horas como pueden en la sala de profesores.

Tres preguntas, por decir tres, siguen sin respuesta en este absurdo. ¿Cuántos maestros están en esta situación, no sólo en Andalucía, sino en toda España? ¿Cuánto le está costando a las arcas públicas? Y la más importante, ¿cómo demonios ha pasado esto?

Varias hipótesis emergen. Descartada la conspiración planetaria (sorry, Alaya), quedan la desidia administrativa, las resbalosas relaciones Iglesia-Estado y el castizo refrán político “no me vengas con marrones que igual vienen elecciones”. Y probablemente ha sido una mezcla de las tres. Una especie de triángulo de intereses que, como el de las Bermudas, ha conseguido que desaparezcan del radar decenas de profesores que, sencillamente, no tenían que estar ahí.

Y ojo, que esto no va de alegrarse de que nadie pierda su trabajo. Ni tampoco es fácil exigirle a estos profesores que se entreguen ellos mismos y renuncien a su sustento. Pero no me digais que, después de años de recortes, de que en Andalucía no pudiera contratarse a medio médico de más ni a medio profesor de más sin que viniera Cristóbal Montoro con la tijera y amenazando con recurrir al Constitucional; después de que la marea verde (esta semana, otra vez) haya tenido que echarse a la calle para defender la educación pública; que nos falten maestros de matemáticas, de lengua, de historia, hasta de latín; que nos hayan impuesto que la asignatura de Religión cuente para la nota; de la X de la Renta... Después de todo esto, enterarnos de que tenemos a sueldo, mano sobre mano, a no sabemos cuántos profesores de Religión, convertidos en maestros del crucigrama, qué queréis que os diga. Que clama al cielo.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón, la primera mujer en presidir la Academia del Cine, ofreció este miércoles en Sevilla su apoyo a la campaña de recogida de firmas en contra de la prescripción de los delitos sexuales con el hashtag #eldolornoprescribe, iniciada por la Asociación Veritas, que agrupa a las denunciantes contra el psiquiatra sevillano Javier Criado.

“Estamos hablando de un problema endémico, de una epidemia social. Este es el país que menos denuncia porque la ley es la que menos protege. Hay más impotencia y más miedo a denunciar por el juicio moral de una sociedad que hoy está despertando y está pidiendo un cambio absolutamente urgente”, defendió en rueda de prensa. “Nos encontramos ante una cuarta ola en la que las mujeres estamos despertando. Necesitamos que la sociedad avance más deprisa, ir mucho más allá”.

“Me he sumado a esta causa porque creo que es urgente una reflexión y pedir un cambio en la legislación, que se ha quedado totalmente obsoleta y tan atrás en el tiempo desde la perspectiva social que tenemos ahora con estos temas, con el caso de La Manada y con el caso Criado”, que le han generado una enorme “indignación”.

“Abuso y agresión, para mí todo es lo mismo”

Acompañada por la presidenta de Veritas y por varias de las denunciantes de Criado, la actriz recordó que “las víctimas de abusos y agresiones sexuales, que para mí todo es lo mismo, tardan mucho tiempo en poder hablar de ello en su círculo más cercano y después en pedir justicia. Y cuando por fin encuentran las fuerzas para dar el paso la justicia no las ampara”, denunció la actriz. “Sienten miedo, se sienten culpables, temen que la sociedad les acuse por haber permitido los abusos”.

La actriz, protagonista de la producción teatral Troyanas, que retrata los estragos de la guerra en las mujeres, ha reconocido que nunca ha sufrido abusos, aunque sí ha sido “molestada y acosada en muchas ocasiones”. “Anoche mismo, caminando por la calle, me crucé con un hombre y se me encogió el cuerpo, sentí miedo”.

Hace unos meses, cuando estalló el caso Weinstein de abusos sexuales en Hollywood, la actriz narró un intento de abuso ocurrido hace muchos años, una experiencia que también han narrado otras actrices y directoras españolas como Leticia Dolera, Maru Valdivieso o Carla Hidalgo. 

“Fue un intento del que salí indemne. Alguien, cuyo nombre no recuerdo, me citó en un hotel para hacerme una supuesta prueba. Subí a esa habitación, no había cámaras ni nada, me dijo que la prueba me la haría otro día pero que quería estudiar ángulos de luz. Empezó a tocarme la cara, a colocarme el cuerpo y a aproximarse mucho. Me sentí fatal y me fui”, contó Sánchez-Gijón a la revista Yo Dona.

Treinta y dos mujeres acusaron públicamente en 2015 al conocido psiquiatra sevillano Javier Criado de abusos sexuales continuados a lo largo de varias décadas. Sin embargo, a día de hoy, sólo un caso menor permanece abierto ante los tribunales. Aunque la Fiscalía de Sevilla vio “serios indicios de culpabilidad”, siete de las ocho denuncias presentadas se archivaron sin llegar a juicio al declararse prescritos los delitos. El psiquiatra, que mantiene abierta su consulta, ha negado todos los hechos y acusa a las denunciantes de orquestar una “conspiración” en su contra.

Ahora, la Asociación Veritas, que agrupa a las víctimas, con el apoyo de la actriz Aitana Sánchez-Gijón, ha puesto en marcha una campaña nacional de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org bajo el lema #eldolornoprescribe que ha presentado en la Asociación de la Prensa de Sevilla. Reclaman una reforma del Código Penal que elimine la prescripción en los delitos sexuales. Las firmas se entregarán a la presidenta del Congreso de los Diputados y se remitirán a los principales partidos políticos.

“Las víctimas de abusos y agresiones sexuales, que para mí todo es lo mismo, tardan mucho tiempo en poder hablar de ello en su círculo más cercano y después en pedir justicia. Y cuando por fin encuentran las fuerzas para dar el paso la justicia no las ampara”, denunció la actriz en rueda de prensa en Sevilla acompañada de la presidenta de Veritas, Concha Ruiz, la abogada Inmaculada Torres y varias de las denunciantes de Criado.

“Me he sumado a esta causa porque creo que es urgente una reflexión y pedir un cambio en la legislación, que se ha quedado totalmente obsoleta y tan atrás en el tiempo desde la perspectiva social que tenemos ahora con estos temas, con el caso de La Manada y con el caso Criado”, explicó.

La iniciativa se ha presentado apenas una semana después de la polémica sentencia contra La Manada. Una decisión judicial que ha generado una fuerte ola de indignación social al concluir que la víctima de los sanfermines sufrió abusos sexuales por parte de los cinco condenados, pero no hubo violación. En las redes sociales, el movimiento de denuncia #Cuéntalo se ha convertido un fenómeno viral, con cientos de miles de historias de abusos narrados por sus protagonistas.

Los abusos prescriben a los cinco años

El Código Penal (artículo 131) establece plazos de prescripción variables en función de la gravedad de los delitos cometidos. Sólo los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y el terrorismo (en caso de muerte) no caducan nunca. En caso de los abusos, las víctimas tienen un máximo de cinco años para denunciar, diez si hubo penetración. En las agresiones sexuales, la horquilla se amplía hasta los 15 años.

La prescripción de delitos, que a menudo genera una importante alarma social, se justifica según muchos expertos en términos de seguridad jurídica, de garantizar la finalidad preventiva y socializadora de las penas, y también porque pasado mucho tiempo la investigación de un delito y la obtención de pruebas se hace muy complicada.

El problema, como recuerda la presidenta de Veritas, Concha Ruiz, y señalan otros expertos y organizaciones feministas, es que la naturaleza propia de los delitos sexuales hace que muy a menudo las víctimas tarden años en asumir el horror vivido y en sentirse preparadas para romper su silencio. “Estos delitos generan un enorme impacto psicológico y psiquiátrico que impide a muchas mujeres denunciar”, señaló la abogada de Veritas.

Un debate que no está en el Pacto de Estado

Es lo que ha ocurrido con las 32 mujeres que denunciaron a Criado. Los abusos se cometieron en algunos casos hace más de dos décadas y no comenzaron a salir la luz hasta que la aristócrata Matilde Solís se decidió a acusar públicamente al psiquiatra en las redes sociales. Su gesto supuso “un antes y un después”, según la presidenta de Veritas.

Estas antiguas pacientes acusan a Criado de abusos sexuales, inducción al suicidio, intrusismo profesional, omisión del deber de socorro y contra la integridad moral. Pero la instructora del caso decidió que la investigación siguiera adelante únicamente respecto a este último delito, cometido presuntamente en 2015. Los abogados de Veritas están batallando también en la Audiencia de Sevilla para que se reabra una denuncia por abusos y agresión sexual presentada en 2005, que se archivó en su momento por falta de pruebas.

Ahora que tras el juicio de La Manada se ha abierto el debate sobre la reforma del Código Penal para superar la distinción entre abusos y violación, las denunciantes de Javier Criado creen que también es el momento de aprobar una excepción similar a la que se aplica al terrorismo o el genocidio y eliminar los plazos de prescripción en estos delitos para dar tiempo a las víctimas a denunciar. Ninguna de las dos propuestas está recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de GéneroPacto de Estado contra la Violencia de Género, que se firmó el año pasado y que parece haber quedado superado por los acontecimientos.

Hace unos años sí se reformó el Código Penal en los abusos contra menores, de forma que el plazo de prescripción no empezara a contar hasta que la víctima sea mayor de edad. En Andalucía, el Parlamento aprobó en febrero una declaración institucional pidiendo que el contador no se inicie hasta que la víctima cumpla los 30 años, para dar más tiempo a asumir lo ocurrido.

Es imposible leer la sentencia de La Manada sin sentir un profundo estremecimiento de rabia, asco, dolor, mucho miedo. Imposible no verse a una misma atrapada en aquel cubículo y sentir cómo la angustia, la claustrofobia, el pánico suben como el vómito por la garganta. Lo que contienen las 371 páginas del fallo no es una película porno, como argumentó indecentemente la defensa: es una película de terror. Una pesadilla que línea a línea se hace cada vez más insoportable.

Es difícil, imposible leer el relato de hechos probados y entender cómo piensan los jueces que no fue una violación. Cómo pueden dar por bueno que la chica nunca consintió los hechos, que estaba acorralada por cinco hombres, sin capacidad de reacción ni escapatoria, usada como un objeto, humillada, y acabar concluyendo que no tenía motivos para sentirse intimidada. Que no la crean cuando dice que entró en shock de puro pánico. Que no aceptaran las pruebas telefónicas de que La Manada había planeado esta agresión antes de llegar a Pamplona. Imposible comprender cómo puede aplicarse aquí el mismo delito de abuso que al tío que te mete mano en el autobús.

La sentencia es cobarde, porque busca el refugio de un camino que cree intermedio cuando no lo es. Y es machista, porque no entiende nada. Porque tres décadas después del famoso caso de la minifalda, la Justicia sigue sin entender nada.

Esta debería haber sido una sentencia ejemplar. Una sentencia que ofreciera una verdadera justicia a la víctima de esta agresión bárbara. Que lanzara un mensaje claro contra la impunidad machista. Que les dijera a los millones de mujeres que el 8 de marzo inundaron las calles pidiendo igualdad, libertad, dignidad, el derecho a caminar libres por la calle: os hemos escuchado. Que superara el “no es no” y dejara claro por una vez que sólo “sí” significa sí.

En cambio, el fallo sienta un peligroso precedente legal y un aún más peligroso precedente social. Y ha convertido la alegría y la esperanza del 8M en una marea de rabia y frustración. La decisión de los jueces de Pamplona desampara a la víctima de los sanfermines y a todas las víctimas que están por venir, que se lo pensarán dos veces antes de denunciar.

Si te violan, se lee entre líneas en la sentencia, resístete aunque te maten. Retuércete hasta que te partan. Denuncia, pero no esperes que te crean. Aunque esté grabado en vídeo. Aunque tus agresores presuman de ello. No pidas socorro, porque nadie saldrá a ayudarte. O como todavía aconsejan algunos manuales trasnochados: si te violan, grita fuego.

El caso del falso máster de Cristina Cifuentes se comió con patatas la Convención del PP del fin de semana y se ha comido en buena medida la semana grande del juicio de los ERE, con la declaración del ex presidente andaluz José Antonio Griñáncon la declaración del ex presidente andaluz José Antonio Griñán. ¿Quién le hubiera dicho a la jueza Alaya que, ahora que por fin la flecha de su afanosa investigación ha alcanzado la “cúspide de la pirámide” como ella la describió, la historia iba a pasar tan discretamente por las portadas de los grandes medios nacionales?

Esta ha sido quizá la única vez, en todo este tiempo, que los azares del calendario han jugado a favor de los imputados en el caso. Un pequeño, o no tan pequeño, respiro después de siete años en los que se había convertido en demasiado habitual que las detenciones o los autos más contundentes de la jueza Alaya coincidieran con campañas electorales o con momentos señalados para el PSOE y la Junta, como la flamante toma de posesión del Gobierno de Susana Díaz.

Este miércoles a media tarde, había que dar varias vueltas a la rueda del ratón en las primeras páginas nacionales para encontrar la noticia de la declaración de Griñán. En los principales telediarios, presencia destacada pero sin un gran despliegue. Ha sido la tónica desde que estalló el caso del máster, aunque la tendencia venía ya de antes. El futuro de la presidenta madrileña, la posición de Rajoy, la cambiante posición de Ciudadanos y las nuevas evidencias sobre el caso han copado, junto a Cataluña, las grandes cabeceras españolas, sin importar su línea ideológica.

“Parece mentira que algunos temas sean tan de actualidad y tan comentados y otros no, y eso lo sabéis bien aquí en Andalucía”, se quejaba el otro día Cospedal en Sevilla, y no era la única. Teorías de la conspiración aparte, la realidad es que mientras la historia del falso máster no ha dejado de calentarse desde que estalló, en el caso de los ERE ha sido a la inversa: siendo en teoría de mayor envergadura, hay una impresión compartida de que conforme avanza el juicio ha ido desinflándose y perdiendo interés.

Sin pretender ni mucho menos equiparar un caso y otro, lo que está ocurriendo tiene su cierta lógica, al menos si lo miramos desde el punto de vista de la política y el periodismo. Pero sí de comprender que el caso de Cifuentes tiene el brillo de lo nuevo, mientras el de los ERE arrastra ya siete años de titulares. En el PSOE muchos lo dan ya incluso por “amortizado” políticamente por el paso del tiempo. Chaves y Griñán hace años que fueron expulsados de la política, mientras que aquí está en juego nada menos que la presidencia de la joya de la corona del PP en España. Y por medio está el papel de Ciudadanos, partido estrella del momento, enemigo de día y aliado de noche (o al revés) de Rajoy.

Tampoco perdamos de vista un factor que puede ser determinante: el juicio de los ERE ya no hay quien lo entienda. Alguien consulta las declaraciones de la Gurtel, de Púnica o de la Caja B y se habla de sobornos, de maletines, de sobres con billetes de 500, de papeles donde sale emepuntorajoy, de pases vip para entrar en Génova, de bolsos de Loewe, de jaguars, de trajes, de amiguitos del alma, de quererse un huevo y del “mondongo”, como resumió hace poco el Bigotes en el Congreso. Es tan de película que se entiende. Alguien lee que han estando regalando títulos, que se falsifican firmas, que ni exámenes ni tribunal ni trabajos ni nada, y aunque no haya ido nunca a la Universidad, lo entiende.

Pero en el caso de los ERE, que tan bien parecía entenderse al principio, intentas ahora seguir el juicio y echas de menos no tener un máster en finanzas y derecho administrativo (un máster de verdad, ojo) para comprender de qué están hablando. En el complejo diccionario de los ERE abundan las órdenes, decretos, transferencias de financiación, encomiendas, obligaciones de pago, informes de fiscalización. Que a veces no sabes si los comparecientes están declarando ante el juez o sacándose una oposición. Es verdad, recordamos las historias de Guerrero, de la cocaína y del “fondo de reptiles”, y aquello de tener “dinero para asar una vaca” del conseguidor Lanzas, pero no hay mucho más.

La división del caso de los ERE, en el que se juzga primero el procedimiento por el que se concedieron las ayudas, y se deja para más adelante el asunto de las sobrecomisiones y la presencia de intrusos, tampoco ayuda. Hacerlo todo en bloque, como siempre ha defendido Alaya, habría sido seguramente más coherente, pero tenía el riesgo de eternizar la causa y provocar una cascada de delitos prescritos. El despiece es en teoría más eficiente, pero también despista. ¿Cómo se puede juzgar por malversación cuando aún no está probado cuántos intrusos hubo y cuánto dinero se desvió? ¿Cómo condenar al que fabricó la pistola sin tener claro aún que haya un cadáver?

Según un estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la empresa de análisis Simple Lógica, casi ocho de cada diez españoles no sabe distinguir un bulo de una noticia verdadera. Y aún más preocupante: los encuestados ni siquiera intuyen el peligro de ser engañados: están convencidos de que es imposible darles gato por liebre. Es el caldo de cultivo perfecto de las 'fake news', que tan a fondo van penetrando en nuestra cultura política y en la opinión pública. Tanto que llega un punto en el que es inútil insistir en la versión auténtica, en los datos contrastados: paradójicamente, martillear con la verdad parece a menudo ayudar a que se imponga una realidad alternativa.

Esta semana, el Gobierno ha hecho públicos los datos de déficit de 2017, que confirman que España ha cumplido, aunque por los pelos, con las condiciones de los hombres de negro de Bruselas. El déficit del Estado (es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos) se ha cerrado en el 3,07%, apenas unas centésimas por encima del objetivo del 3% que se había fijado. No habría sido posible sin los ayuntamientos, que han cerrado el año de nuevo con superávit, es decir, con dinero de sobra. Ni tampoco sin las comunidades autónomas, que se han ajustado dolorosamente el cinturón para ceñirse a los límites impuestos por Hacienda.

Gobiernos locales y autonomías, y no es la primera vez, le han salvado la cara ante Bruselas al Gobierno, que ha sido la única administración que ha incumplido los objetivos de déficit. Y eso que, cumpliendo el dicho de que “quien parte y reparte se lleva la mejor parte”, se ha impuesto en los últimos años límites de déficit mucho más relajados que para el resto. No se nos fueran a estresar los ministros. El Gobierno sigue apretando el corsé a las administraciones que más cumplen, mientras aprovecha esa holgura financiera para hacer regalos electorales, como las rebajas de impuestos o la subida de pensiones que prometen los nuevos presupuestos.

Pero todo esto da igual. Salga usted a la calle y pregunte de quién es la culpa de que Bruselas mire nuestras cuentas con lupa. Pida usted a un ciudadano común que dibuje el mapa del despilfarro y la corrupción. Ponga usted la tele un domingo por la noche y déjese escandalizar, otra vez, por los abusos de la política autonómica y municipal, aunque el relato tenga un sospechoso olor a naftalina.

A usted no pueden engañarle: ahí están los auténticos malos de la película, a los que el ministro Montoro ha conseguido meter en vereda, después de amenazarles con medidas drásticas. ¿Quién quiere oír hablar del rescate de la gran banca? ¿De los acuerdos que blindan a las eléctricas? ¿De la alfombra roja a los planes de pensiones privados? ¿Quién quiere preguntarle a Montoro por qué el Gobierno es la única administración que no cumple el déficit, cuando podemos seguir hablando del derroche de presidentes regionales y alcaldes? ¿De la ruina a la que nos arrastra el Estado autonómico?

Nada habría sido más fácil para Nelson Mandela, cuando se convirtió en presidente de Sudáfrica, que dejarse llevar por quienes le pedían venganza contra la población blanca que había impuesto el apartheid. Si hubiera decretado la mano dura contra los antiguos opresores y despojarles de todo, la marea de apoyo popular habría sido probablemente arrolladora. Pero no. Mandela, que perdió media vida en la cárcel, intuyó el precipicio al que se asomaba el país, asumió el riesgo de defraudar a las masas y dio finalmente una histórica lección de liderazgo ante la sociedad sudafricana y ante el mundo.

Adolfo Suárez aprobó una amnistía que devolvió a sus casas a los presos políticos de la dictadura, legalizó por sorpresa el PCE y aprobó la primera ley el divorcio, sabiendo que con esas decisiones revolvía su propio avispero y se ponía en contra al Ejército, a todo el antiguo régimen, a muchos de sus compañeros de partido y a buena parte del país. Felipe González se jugó su futuro político con el referéndum de la OTAN, en el que forzó a su partido a un viraje doloroso que muchos no comprendieron. A Zapatero no sólo nadie le ha reconocido todavía su contribución al final de ETA, sino que cuando autorizó los contactos con la banda lo acusaron, desde la misma tribuna del Congreso, de traicionar a los muertos. Y acabó por rematar su harakiri y el del PSOE por muchos años cuando en 2010 -“cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste”- se vio anunciando recortes durísimos y radicalmente impopulares en un momento en el que la crisis económica nos asfixiaba.

Hace poco estuve en unas jornadas sobre ciudades y el ex alcalde de Vitoria, declarada Capital Verde Europea por su transformación hacia un modelo sostenible, hacía una reflexión que me impactó: “Hoy los vitorianos presumen de su ciudad, pero si les hubiera consultado antes lo que quería hacer, habrían votado que no”. Y recordé que en mi ciudad, Sevilla, pasó lo mismo con la apuesta por la peatonalización y el carril bici. Ningún clamor popular reclamaba esta revolución urbana. Las obras despertaron un estridente rechazo en muchos barrios. Pero se apostó, asumiendo el riesgo de que esa apuesta se podía perder.

Con lo sencillo que habría sido para todos ellos, simplemente, chuparse el dedo y ponerlo al viento, ¿verdad? Tirar de encuesta, dejarse llevar y subirse sin más a la ola de lo que más fuerte se gritase en la calle. El último ejemplo lo hemos visto esta semana con la cadena perpetua, en la que un Gobierno paralizado y acorralado por la corrupción, y un partido como Ciudadanos, ansioso por acelerar la carrera electoral, no han dudado en utilizar a las víctimas y dar palmas a los más bajos instintos sólo para complacer la ira de las multitudes.

Al otro lado, una mayoría parlamentaria que, no sin sufrimiento, ha aguantado en su defensa de la derogación de la prisión permanente revisable. Una oposición sacudida como todos por el asesinato de Gabriel Cruz y enfrentada a una fortísima presión de la opinión pública, en la que crecen como la espuma quienes apoyan la cadena perpetua e incluso la pena de muerte ante crímenes tan atroces.

Pero en política, es así por feo que suene, el cliente no siempre tiene la razón. Repetir el eco de las multitudes, contorsionarse hasta caber en un traje hecho de sondeos y tuits, no es liderazgo. Liderazgo es otra cosa. Es apostar, arriesgar, proponer una visión de futuro más allá del titular de la mañana. Y si hace falta, plantar los pies y aguantar el chaparrón. Aunque el chaparrón te lleve por delante. Porque, al final, no se trata tanto de pensar qué se merecen los asesinos. Sino qué sociedad nos merecemos nosotros.

En la fotografía en blanco y negro que figura en su registro como diputada, y que a ella no le gusta demasiado, Ana María Ruiz-Tagle (Sevilla, 1944) lleva unas grandes gafas de pasta, el pelo oscuro, y parece dudar entre sonreír o mostrarse seria. La ficha la describe como “casada” y “abogada laboralista”. Así, por ese orden. Es julio de 1977 y esta abogada de 33 años, criada entre las cigarreras de la Fábrica de Tabacos que dirigía su padre, fundadora del primer despacho laboralista de Andalucía junto a Felipe González, acaba de hacer historia al convertirse en una de las 27 mujeres elegidas en las primeras Cortes de la recién nacida democracia.

Son 21 diputadas y seis senadoras socialistas, comunistas, de la UCD, de CiU, de Alianza Popular, que en las imágenes de la época salpican aquí y allá, como pequeños puntos de luz, unos escaños ocupados abrumadoramente por los trajes y corbatas oscuros. Descubrirlas en aquellas primeras sesiones del Congreso y el Senado, entre 637 hombres, es un poco como buscar a Wally, y así se sentían ellas. “Éramos muy pocas las que estábamos tirando de ideas nuevas, nos sentíamos como las antiguas sufragistas”, recuerda Ruiz-Tagle, que está unas horas en Sevilla para acompañar a su amiga María Izquierdo, otra de las diputadas constituyentes, que recibe un premio Meridiana de la Junta por su larga trayectoria en defensa de los derechos de la mujer.

Esa referencia a la trascendental conquista del voto de hace un siglo le sirve también para analizar en clave histórica las masivas movilizaciones de este 8 de marzo, que vive con enorme emoción. “Es la primera vez en estos 40 años que hay un movimiento social profundo, de abajo a arriba, que ha calado en la sociedad. Claro que habrá cosas que se quedarán en el tintero, pero algo ya ha cambiado y ya no tiene marcha atrás”. Y añade: “Las mujeres somos de nuevo las que estamos liderando la lucha contra las desigualdades. Esto va más allá de los derechos de las mujeres sobre los hombres”.

“La principal deuda pendiente de aquellos años es la violencia de género”

La Constitución de 1978 representó un cambio radial en los derechos de la mujer española y los avances, desde entonces, aunque insuficientes, son incuestionables. Cuatro décadas después de la Constitución de 1978, nacida apenas tres años después de muerto el dictador, seguramente es tan inevitable como equivocado juzgar lo hecho entonces con los ojos de ahora. Ni las circunstancias, ni la política ni la sociedad de la Transición tenían nada que ver con lo que conocemos. Esta certeza consuela a Ruiz-Tagle, que mientras me muestra uno de los primeros ejemplares de la Carta Magna, que todavía conserva, piensa que si en lugar de padres de la Constitución hubieran sido madres, probablemente el resultado no hubiera sido radicalmente diferente.

Pero sí admite tener dos espinitas clavadas de aquellos primeros años de democracia, en los que ella participó como diputada y senadora hasta el año 1993: la primera es la Ley del aborto, de la que fue ponente, porque se quedó demasiado corta. La segunda, la que más duele, es no haber afrontado con más decisión la violencia de género, sobre todo durante los años de mayoría absoluta de Felipe González. “Ésa es la gran deuda que siento que tengo con la ciudadanía”.

“La Constitución del 78 fue la de la libertad: la nueva tiene que ser la de la igualdad”

Por eso ahora que el debate sobre la reforma constitucional está de nuevo con fuerza sobre la mesa, tiene claro que es la hora de afrontar esa asignatura pendiente. “Veníamos de una dictadura y por eso el gran esfuerzo fue que la Constitución de 78 fuese la de la libertad. Ahora la nueva Constitución tiene que ser la de la igualdad”, subraya.

Y no desde un punto meramente declarativo, insiste. Tiene que verse en la educación, “yo tuve el privilegio de crecer en una familia en la que mi padre siempre nos dio las mismas oportunidades a hermanos y hermanas, por eso quiero que niños y niñas crezcan sintiéndose iguales desde pequeños”. Y tiene que verse en las leyes, como en las que regulan la custodia y régimen de visitas de los padres maltratadores.

Un tema que en los últimos meses ha vuelto a primera línea mediática con el caso Juana Rivas, y que ella conoce en profundidad, como abogada de Ángela González Carreño, la mujer que logró que la ONU condenase al Estado español por no hacer nada para proteger a su hija, asesinada por su padre hace 15 años durante una visita no vigilada. También quiere -“ponlo, ponlo”, me dice- que cada vez que haya un crimen machista haya algún tipo de declaración institucional en el Parlamento, “igual que se hacía con el terrorismo, porque esto también lo es”.

No son batallitas, sino batallas ganadas

La conversación de Ruiz-Tagle está siempre enfocada al futuro, a las tareas pendientes, a lo que queda por hacer. Pero yo le aprieto para que me cuente historias de los viejos tiempos, como cuando en su primer trabajo en una oficina, en 1969, tuvo su salario retenido durante varios meses (11.000 pesetas de entonces).Para cobrar le obligaban a entregar una autorización de su marido, el que sería después presidente andaluz Rafael Escuredo, y ella se negó.“Y cuando al final cobré, el dinero se ingresó naturalmente, en una cuenta corriente a nombre de él”, recuerda.

Quiero que me cuente cómo en la Facultad de Derecho, en el mismo edificio que antes fue la Fábrica de Tabacos donde nació, a las pocas mujeres estudiantes las echaban de clase cuando se hablaba de la impotencia masculina como causa de nulidad matrimonial, porque “las mujeres no teníamos que saber de esas cosas”. Quiero saber lo que sintió cuando entraron en el Congreso Dolores Ibárruri, La Pasionaria, acompañada de Alberti, y verla detenerse a contemplar majestuosamente el hemiciclo mientras ascendía hacia su escaño.

Quiero que me hable del documental Las Constituyentes de Oliva Acosta, que en 2011 rescató del olvido, tantos años después, el papel de aquellas primeras pioneras de la democracia. De la solidaridad de esas 27 mujeres que, tan distantes en lo ideológico, se sentían a la vez tan cerca unas de otras.

Pero le preocupa perder el AVE, así que me ofrezco a acompañarla a la estación para continuar conversando mientras caminamos.Insisto en llevarle la maleta y, como estoy acostumbrada a ir corriendo a todos lados, me esfuerzo en ajustar mi paso a la velocidad que pienso que corresponde a una señora de 74 años. La realidad me demuestra lo equivocados que estamos los que, ayer como hoy, nos hemos atrevido prejuzgar a mujeres como Ana María Ruiz-Tagle: llego a Santa Justa con la lengua fuera.

Si quieres entender por qué ahora, después de años de apretarles el cinturón hasta la asfixia, el Gobierno ha anunciado que va a permitir que los ayuntamientos gasten los 5.000 millones de euros de superávit que guardan en sus cajas, apúntate un número y una letra: 9J. La fecha de las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. Y si quieres saber por qué el ministro Montoro, mientras afloja el nudo a los municipios, sigue sin dar ninguna señal de querer negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace años, apúntate la misma respuesta.

¿Contradictorio? Seguramente no, si se mira el mapa del poder local y autonómico del Partido Popular tras los últimos comicios de 2015. El batacazo del PP, que había arrasado sólo cuatro años antes, fue brutal. Perdió el Gobierno en seis comunidades (pasó de 11 a 5, frente a siete gobiernos socialistas) y sufrió un doloroso fracaso en grandes ciudades como Madrid, Valencia o Valladolid. Pero, a pesar del golpe, se mantuvo como el partido más votado y con más alcaldes (más de 3.000), aguantando mejor en los municipios más pequeños del interior del país.

Diez millones de personas viven en estos momentos en pueblos y ciudades gobernados por el PP, y en ellos parece estar pensando Rajoy al anunciar este balón de oxígeno, que va a permitir desbloquear miles de millones para inversiones. A poco más de un año para las elecciones locales, y con las encuestas anunciando una catástrofe ante el auge de Ciudadanos, al Partido Popular le interesa apuntalar su poder local, importante palanca para las elecciones generales, en especial en la llamada 'España vacía' del interior. Desbloquear estos 5.000 millones de euros va a dar enormes opciones de lucimiento a sus alcaldes sin que eso suponga entregar demasiada cancha a Ciudadanos (que no llega a 90 alcaldías en toda España).

Y con la misma lógica, le interesa de momento mantener el grifo cerrado para las autonomías. No sólo porque esto perjudica sobre todo a los socialistas (que gobiernan en siete comunidades), sino porque cada mes que se mantiene activo el caducado sistema de financiación, el Gobierno se ahorra cientos de millones de euros que puede emplear para regalos electorales, como esa promesa que (también hoy) se ha sacado Montoro de la manga de aplicar deducciones en el IRPF a los jubilados de mayor edad.

Hay que tener en cuenta que el hecho de que el Gobierno tenga el enorme poder de abrir o cerrar el grifo del dinero para ayuntamientos y autonomías tiene mucho que ver con uno de los mitos o medias verdades que con más fortuna se han instalado en la opinión pública durante estos años de crisis: que las comunidades (y también los ayuntamientos) eran administraciones manirrotas, mal gestionadas (si no directamente corruptas), secundarias del Gobierno central, prescindibles, llenas de rotondas imposibles, aeropuertos sin aviones y obras infladas. Necesitadas de tutela, control y mano dura por parte de papá Montoro.

Aunque, como está comprobado, el único que ha incumplido el déficit durante todos estos años haya sido, precisamente, el Gobierno, mientras la mayoría de autonomías se ajustaban con mucho esfuerzo y los ayuntamientos llegaban a tener superávit (es decir, dinero de sobra). Unos fondos que Montoro ha utilizado para cuadrar las cuentas estatales y aprobar (sin méritos propios) el examen de los hombres de negro de Bruselas. Con la campaña electoral tomando velocidad y mucho miedo en el cuerpo ante las malas perspectivas, la consigna ahora para los alcaldes es clara. Como decimos en el sur, que no falte ni gloria.

Le cuento a un amigo que estoy escribiendo esta columna, y que quiero titularla “una pequeña historia de acoso”, pero me corrige. Opina, y me convence, de que hay pocas historias pequeñas en la violencia contra las mujeres. Y que, si las hay, pueden ser tan importantes como las grandes, porque esos casos aparentemente menores, que tan rápidamente despachamos en la conversación pública, son el hilo con que se teje esa borrosa telaraña de miedos, vergüenza y falta de libertad que acompaña a la mayoría de mujeres en nuestro día a día.

Cuesta hablar de una misma, pero no cuesta nada hablar de la mujer que es la verdadera protagonista de esta historia: la cajera del supermercado del barrio que hace unos días me abordó de sopetón, en el pasillo de los refrescos, para contarme que me ha reconocido por los vídeos de seguridad de la tienda. Unas grabaciones en las que han descubierto que una tarde, hace ya varios meses, un hombre desconocido estuvo siguiéndome. Con su delantal negro, las zapatillas cómodas de quien se pasa el día de pie, la mirada firme, me explica que en las imágenes se le ve fingiendo hablar por teléfono mientras sigue todos mis movimientos, tratando de rozarse conmigo cada vez que, sin percatarme de nada, le doy la espalda.

En ese instante se me dispara la memoria y me doy cuenta de que tuvo que ser el mismo hombre que más tarde en la calle fingió tropezarse conmigo y que un buen rato después, al detenerme a mirar la cartelera del cine en un pasaje desierto, apareció por detrás para pegarse a mí sin disimulo. Llena de miedo, asco, rabia, alcé la voz, puse mi expresión más seria y amenacé con llamar a la Policía. Salí de allí lo más rápido que pude sin dejar de mirar hacia atrás. Pensé en denunciar, pero en ese momento, lo reconozco, no sabía muy bien qué contar ni tampoco si iba a servir para algo.

Desde aquella tarde de noviembre, mientras yo no hacía nada y trataba de olvidar el asunto, la chica del supermercado, que aquel día fue también víctima del mismo tío, se puso manos a la obra. Revisó los vídeos grabados aquella semana, encontró las pruebas, acudió a la Policía. Como una eficiente detective, fotograma a fotograma identificó a otras mujeres, las buscó, las asesoró, les animó a denunciar. No sabía quién era yo, pero se quedó con mi cara, con mi aspecto, por si volvía a aparecer. También investigó por el barrio, averiguó quién es el agresor, y con todo eso pudo ser detenido y está a la espera de juicio.

Hoy todo lo que sé de la persona que me siguió, me acosó y abusó de mí es porque esta mujer se dijo a sí misma que por ahí no tragaba. En pleno debate sobre el #metoo, el acoso callejero y los límites del mal llamado (muy mal llamado) piropo, conviene recordar que historias como ésta se producen todos los días, en todas las esquinas, a todas o casi todas las mujeres. A mí, como a muchas, me ha pasado más veces en mi vida, pero esta es la primera vez que denuncio. Es la primera vez que lo tengo así de claro. Y eso es gracias, entre otras cosas, a mujeres como mi nueva hermana del súper, esta curranta sin miedo que se dijo aquella tarde que “hasta aquí”. Que no podemos, que no debemos pasar ni una. Por ella, por mí, y por las demás. Que ya está bien.

Ilham y Souad no han muerto en un accidente. No han sido víctimas de la fatalidad. Las dos porteadoras marroquíes que han perdido la vida esta semana en el paso del Tarajal, en Ceuta, no han tenido un golpe de mala suerte. Nadie que conozca un poco ese lugar puede pensarlo. Nadie que haya visto la indignidad de una frontera que convierte a estas trabajadoras, apodadas “mulas”, en eso, en simple ganado.

Durante mis años en Marruecos pasé decenas de veces por allí y no se me borra la imagen insoportable de estas mujeres dobladas por el peso de los fardos de mercancías que transportan. Verlas moverse en masa, empujadas, agredidas, humilladas, por la policía de uno y otro lado. Sometidas a interminables esperas al sol, bajo la lluvia o expuestas al frío. Sin agua, sin baños, sin ningún tipo de servicio. Recuerdo preguntarle a mi madre, mientras esperábamos en el coche a que se abriera la barrera, por qué eran tan estrechos esos pasillos de metal y alambre por donde tenían que desfilar apretujadamente. Qué hacían mujeres tan mayores con cargas tan pesadas. Por qué nadie las ayudaba.

Han pasado más de 30 años de aquello y nada, o casi nada, ha cambiado en el Tarajal. “Las porteadoras son como ratas, sólo entienden el palo”, le dijo un policía nacional a los miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos que visitaron la frontera hace un par de años. En realidad, si algo sobrecoge de esta tragedia es que no ha sorprendido a nadie. El año pasado, otras cuatro mujeres fallecieron en circunstancias similares, pisoteadas bajo una avalancha de porteadoras, apuradas por atravesar cuanto antes la aduana y así ganar tiempo para hacer un viaje más. Para la mayoría de ellas, los 15-30 euros al día que reciben son el único ingreso de sus familias. Es eso o limpiar casas en Ceuta. Otras dos fallecieron unos años antes, en 2009, esta vez en el polígono industrial ceutí al que acuden a recoger la mercancía que acarrean con destino a Marruecos. Y las ONG sospechan de más muertes sin registrar.

Y sin embargo, ni una palabra del ministro del Interior, mientras al de Exteriores le ha bastado con reconocer, con escalofriante apatía, que la situación de la frontera es “insatisfactoria”. Insatisfactoria. Ni un reproche a Marruecos. Ni un asomo de autocrítica. Ningún anuncio de medidas. Cuesta entender cómo una actividad que mueve a diario a entre 7.000 y 9.000 personas a través de la frontera, que representa cientos de millones de euros en exportaciones (400 dice un estudio de la Universidad de Granada, 1.500 según el Instituto Elcano), que genera más de 400.000 empleos directos e indirectos y que es de facto el gran motor económico de Ceuta y Melilla puede desarrollarse en condiciones tan indignas y tercermundistas. 

Así que no, la muerte de Ilham Ben Chrif y Souad Zniter no ha sido fruto de la casualidad. Tampoco la de Souad El Khatabi, Turia, Karima, Busrha, Zhora o las otras víctimas sin nombre del Tarajal. En realidad, estas mujeres han muerto como vivieron, aplastadas bajo el peso de la indiferencia, la falta de humanidad, del racismo. Han muerto por ser mujeres, por ser pobres, por estar cada día en el lugar y en el momento equivocado. Por haberles tocado vivir al borde de la frontera más cruel de Europa. No hagamos que parezca un accidente.