¿Puede un smartphone durar más de uno o dos años? Esta es la pregunta que se formuló Dave Hakkens al terminar la carrera de diseño en la Universidad de Eindhoven. Tan sólo un año después, el joven holandés ha creado su propio estudio, donde se embarca en un proyecto llamado Phonebloks. Una apuesta por un smartphone compuesto de bloques desechables e intercambiables que haga frente a la actual dinámica del mercado tecnológico basada en el “usar y tirar”.

Cada año se desechan millones de teléfonos móviles únicamente porque uno de sus componentes se ha roto o porque se ha quedado obsoleto. A juicio de Hakkens, la mayor parte del aparato es abandonado simplemente “porque no está diseñado para durar”. ¿El resultado de esta cultura de consumo? Unas 50 millones de toneladas de basura electrónica al año, según estimaciones de Greenpeace, que amenaza con ser uno de los riesgos ecológicos más importantes del siglo XXI. Hakkens explica a eldiario.es que la iniciativa debe combinarse con un cambio de mentalidad: “Phonebloks da a los consumidores la oportunidad de reducir dicha basura, ese es el comienzo. Después sería necesario reflexionar sobre nuestra manera de consumir y de comportarnos”.

Un vídeo en Youtube, que cuenta con más de 15 millones de visitas, explica el funcionamiento del Phoneblok. De la misma manera en la que encajan las piezas Lego, cada componente se dispone sobre una placa base que los mantiene conectados y en la que ejercen una única función: batería, bluetooth, pantalla, cámara, memoria... ¿Que uno de ellos empieza a dar problemas? Su sustitución por otro más nuevo y potente ahorraría un importante coste económico y ambiental.

La sencillez de dicho reemplazamiento constituye, a juicio de Hakkens, otro punto fuerte: la personalización. Así, si un usuario va a dar un gran uso multimedia al diapositivo, éste apostaría por una gran cámara y pantalla. En el caso de guardar todos los archivos en la “nube”, el espacio de la memoria podría aprovecharse para una batería de mayor capacidad.

Algunos escollos tecnológicos y culturales por superar

Algunos escollos tecnológicos y culturales por superarA pesar de la popularidad cosechada por los Phonebloks en Youtube y en las redes sociales, no todo son alabanzas y buenas expectativas. Algunos expertos señalan algunas técnicas que el prototipo de Hakkens aún no ha solventado, como es el caso de la adaptabilidad de distintos “gadgets” sobre una misma placa base. Otros directamente tachan la idea como bienintencionada pero irrealizable. Ese es el caso de Martin Cooper, considerado como padre del teléfono móvil, que aseguró a la CNN que “la razón principal por la que el Phoneblok no triunfará en el mercado es que costará más, será más grande y más pesado...”.

“Phonebloks es una visión, una dirección en la que trabajamos. La mitad del mundo dice que es posible y la otra mitad dice que no lo es. ¡Creo que lo tenemos que averiguar!”, responde Hakkens. El joven diseñador se muestra optimista, a pesar de las cuestiones que quedan por concretar: aún no se conocen los nombres de los proveedores ni el sistema operativo que usará su teléfono. “Desde que llegamos he hablado con compañías y con especialistas con grandes ideas”, asegura al respecto. Lo que sí ha adelantado es que usarán software libre y que su comercialización será algo más cara, “al igual que la comida orgánica o los productos de comercio justo”.

La confección del producto se desarrolla de manera abierta y colaborativa con otras empresas y emprendedores. Eso es lo que, para el creador del Phoneblok, permite detectar las necesidades de la gente con precisión: “El otro día una mujer nos mandó un e-mail preguntando si existirá un 'bloque' de medidor de glucosa para diabéticos. Me encantó esa idea. Esto es lo que pasa cuando lo haces abierto y todo el mundo empieza a trabajar en ello. Así se llena la demanda del mercado de forma mucho más precisa y con la información que realmente necesitas”.

Frente a las trabas tecnológicas se hallan otras culturales. A este respecto, Hakkens reconoce que la gente está acostumbrada a que grandes marcas como Apple, Samsung o HTC compitan entre sí lanzando productos cada año. A la espera de que proveedores y empresas apuesten por su proyecto, reconoce que la batalla se tiene que librar en el ámbito social. En este sentido se ha abierto una iniciativa a través de la plataforma Thunderclap, que consiste en recabar apoyos y fans de Phonebloks para luego lanzar una campaña al unísono. Si para el día 29 de octubre se alcanza la cifra de 900.000 seguidores, éstos compartirán de manera automática mensajes de apoyo a través de Facebook, Twitter y Tumbler. Un objetivo que parece asumible para los promotores, dado que ya cuentan con 865.000 de ellos.

La Cumbre Social, formada por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y otros 150 colectivos, ha anunciado un calendario de movilizaciones para este otoño debido el “empeoramiento de la situación económica, política y social”. Concretamente, el próximo 7 de octubre tendrá lugar una concentración por el trabajo decente y en contra de la precariedad. Las protestas continuarán el día 17 del mismo mes, coincidiendo con la Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Desde el foro pretenden internacionalizar las protestas. De esta manera, la cita más importante será la de noviembre en contra de las medidas de austeridad impuestas desde la Troika. Aunque aún no se ha concretado la fecha, los convocantes aseguran que se hará en el marco de la Confederación Europea de Sindicatos. Respecto a la posible convocatoria de una huelga general, Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, ha asegurado que todavía no están en condiciones de especificar qué tipo de movilización van a llevar a cabo. En este sentido, ha afirmado que lo más importante es “conciliar nuestras propuestas con las deliberaciones en el ámbito europeo”.

La Cumbre Social se constituyó hace 14 meses con la vocación de unir fuerzas frente a los recortes y la pérdida de derechos. Más de un año después, sus miembros lamentan que la situación haya empeorado. Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, asegura que “el horizonte que se nos ofrece es aún más negativo. No sólo está en juego una cuestión económica sino una de derechos”. Así, el objetivo para este año pasa por “renovar nuestro compromiso con el debate y la movilización democrática”.

Los presupuestos del “estancamiento” y de la “resignación”

Gran parte de la presentación del encuentro se saldó con el rechazo a los últimos presupuestos presentados por el Gobierno por parte de los organizadores. “Estos no son los presupuestos de la recuperación, son los presupuestos de la resignación. El Gobierno los ve como inevitables pero sólo conducirán a un proceso de estancamiento”, ha enfatizado Cándido Méndez. El líder de UGT también ha lamentado que no se ofrezca “ninguna expectativa de recuperación de empleo” y que se prosiga por la vía de los recortes, los cuales “no sirven para reducir el déficit”.

Por su parte, Toxo ha criticado que el Gobierno asegure que los presupuestos vayan a servir para generar empleo ya que “es algo que no se corresponde con la realidad” y denuncia que “la distribución de la riqueza sea cada vez más injusta. Por ello es imprescindible que se reconsidere el proyecto de presupuestos”. Como alternativa, Toxo apunta a un plan de inversiones públicas y una política “al servicio de las personas”. Para Julio Salazar, de USO, “el austericidio sigue siendo su espina dorsal”. Ello conduciría a España a un largo periodo de sufrimiento: “lo peor de la guerra siempre es la posguerra”.

Junto a los recortes en materia de dependencia, investigación o partidas por desempleo, las cifras contempladas en los presupuestos apuntan hacia la subida de las pensiones en un 0,25%, el mínimo previsto en la reforma del Gobierno. Para Cándido Méndez “casa muy mal con la voluntad que el Gobierno esgrime a la hora de mantener el diálogo en el marco del Pacto de Toledo”, dado que ellos solos “han determinado el desenlace”.

Cándido Méndez, Secretario General de la Unión General de Trabajadores, asegura “tener confianza en los dirigentes y militantes” de UGT Andalucía respecto a las últimas informaciones que vinculan al sindicato con un presunto fraude y malversación de fondos derivados de subvenciones públicas. No obstante, Méndez no descarta posibles fallos en el uso de los fondos públicos por parte de la organización sindical. En este sentido, señala que UGT Andalucía ha dispuesto de un fondo de 115.000 euros para subsanar errores y proceder a la devolución de las cantidades. En caso de desvelarse irregularidades, Méndez ha asegurado que “deben caer las responsabilidades de carácter político”.

Las declaraciones de Cándido Méndez apoyan a las de los dirigentes andaluces, que rechazan las acusaciones vertidas por algunos medios. Sin embargo, ha recordado que el Comité Ejecutivo no supervisa la contabilidad de las federaciones autonómicas. “Hay quien piensa que nuestra contabilidad es como la de los partidos. Pero no es centralizada. Las distintas entidades territoriales aprueban sus presupuestos y tienen su propia personalidad jurídica”.

El líder de UGT ha mostrado su total disposición a colaborar con la justicia y se muestra confiado en que la confederación andaluza haya trabajado “en términos de legalidad, justificando los usos de los recursos públicos”. A este respecto, ha exhibido como garantía la investigación a cargo de una comisión interna, cuyos resultados se conocerán “en los próximos días”. Junto a esta investigación, Méndez ha indicado que tanto la justicia ordinaria como la Junta de Andalucía investiga y vigila que las cuentas estén en orden. En este sentido, ha recordado que “aún no hemos recibido ningún requerimiento por parte de los fiscales y los jueces”.

Méndez ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la Cumbre Social debido a la gravedad de las informaciones publicadas sobre su organización y a que éstas “afectan a UGT y tenemos la responsabilidad de aclararlas”.

Un año después de la convocatoria “Rodea el Congreso”, la Coordinadora 25S organiza una marcha por la “abolición de la monarquía” y el inicio de un “proceso destituyente”. Ésta partirá a las 18.00 horas del sábado 28 de septiembre desde el intercambiador de Moncloa hasta la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.

A juicio de esta plataforma ciudadana, la monarquía es “una institución arcaica, clasista y antidemocrática e impuesta por deseo expreso del dictador Francisco Franco”. También rechaza su continuidad y reclama la ruptura del marco de la Transición: “Su continuación en la figura de Felipe de Borbón no sería sino un paso más en el esperpento que nos impusieron los firmantes de la Constitución del 78, redactada y votada bajo el chantaje de los poderes fácticos”.

A través de un comunicado, el 25S señala que la Jefatura del Estado, junto a otros poderes institucionales, “nos está conduciendo a una situación política, social y económica que es cada día más difícil para la mayoría de la sociedad”. De esta manera, la convocatoria aspira a ser una respuesta ciudadana a las políticas gubernamentales e insta “a seguir luchando contra las privatizaciones, los recortes, la corrupción y el expolio al que nos somete el Capital financiero”.

La marcha coincide con un intenso debate político en torno a la salud del Rey y de la posibilidad de que éste delegue sus funciones a su hijo Felipe. En este sentido, Helena Martínez, miembro de la Coordinadora, afirma que la actual coyuntura supone “una oportunidad” para reivindicar “el derecho de decidir y de recuperar nuestra soberanía mediante un proceso constituyente”. No obstante, desde la plataforma señalan que la acción no se dirige contra “una persona” sino contra una “institución”.

Los convocantes no han comunicado oficialmente a la Delegación del Gobierno sus intenciones, argumentando que no hacen falta permisos a pesar de la notificación que suelen requerir las administraciones. “Es una cuestión de principios y de legitimidad. Creemos que no hace falta pedir permiso pues manifestarse es un derecho fundamental”, defiende Martínez. También apunta a que la plataforma ya hizo una comunicación pública accesible para ciudadanos, medios e instituciones.

En cuanto a la duración de la concentración, el manifiesto publicado en su web indica que es “indefinida”. Martínez explica que ello hace referencia a que “no esperamos la abolición de la monarquía a corto plazo, se trata de una lucha continua”. No obstante, añade que “no se ha fijado la hora a la que terminará la concentración. Se realizarán charlas y se dará voz a la ciudadanía. Se trata de una acción de desobediencia civil pacífica”.

Desde que se anunciara la convocatoria, diversas plataformas y mareas ciudadanas se han adherido al “Jaque al Rey”. También han mostrado su apoyo partidos como Izquierda Unida, las CUP, Sortu e Izquierda Anticapitalista.

Más protestas para el 5 de octubre contra “la mafia”

La crisis política y los sucesivos casos de corrupción han motivado a que algunas plataformas ciudadanas convoquen para el próximo 5 de octubre una protesta en Sol (19.00) bajo el lema “Adiós mafia, hola democracia”. Para ello han desarrollado una campaña en Twitter con el hastag #laMafiaMiente.

La convocatoria también se difunde a través de un evento en Facebook. En él piden la colaboración ciudadana: “Se anima a las mareas y colectivos a que consesúen sus propios recorridos si lo desean. Además, tomaremos la ciudad realizando acciones distribuidas en diferentes puntos de Madrid”.

En su manifesto, los organizadores califican el actual sistema político de “deudocracia” a merced de “las grandes entidades financieras, la denominada troika (FMI, BCE y UE) y los gobiernos regionales”. La solución, a su juicio, pasa por la apertura de “un debate amplio para dar inicio a un proceso constituyente basado en una democracia real que nos permita decidir sobre nuestro futuro político, económico y social”.

El otro blanco de las críticas es la corrupción enquistada en los grandes partidos. Según el manifiesto, ésta alimenta una “dinámica corrupta de las grandes familias financieras y 'empresaurias'. El régimen bipartidista que sufrimos actualmente no es más que parte del sistema que favorece, precisamente, a estas grandes familias y no a la inmensa mayoría”.

Salomé Bresco es una de las personas que han contribuido a su organización a través de las asambleas del 15M. Ésta señala que “las instituciones permanecen secuestradas por poderes no democráticos. Es por ello que consideramos que es necesario salir a la calle para mostrar el descontento”. El objetivo sería visibilizar el “trabajo que venimos realizando todos los martes en las asambleas, así como la acción por redes sociales”.

Bresco señala que la manifestación no se dirige contra un actor concreto sino que carga contra un sistema que no les representa: “Esto no viene únicamente de las medidas de este Gobierno sino de la alternancia PP-PSOE. Un consenso que sirve para cubrir a la élite financiera, que es la que manda”. Además, anticipa un otoño caliente en la calle. Una tarea en la que se implican plataformas como Democracia Real Ya y las mareas ciudadanas. “La convocatoria sigue abierta a cualquier ciudadana o colectivo”, concluye.

A pesar de la presión vecinal y de plataformas como la de Afectados por la Hipoteca, Isabel ha sido desahuciada esta mañana en torno a las 11.20 de la vivienda de alquiler social en la que vivía desde 1992. Según el Ayuntamiento de Madrid, la mujer tenía una deuda de 1.000 euros.

Ya a las 7.00 de la mañana diversos activistas se congregaban en la Calle Unanimidad con el fin de paralizar el desalojo, portando y gritando mensajes como “¡Este desahucio lo vamos a parar!”, “¡No tenemos miedo!” o “Vergüenza, vergüenza”. Además, a lo largo de la mañana se había puesto en marcha una acción en redes sociales bajo el hastag #IsabelSeQueda.

A las 09.30 llegaba a la casa la Comisión Judicial. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid trató de negociar el desalojo, exigiendo que “la EMVS o el juez asuman la responsabilidad de no violar los Derechos Humanos”. Según los comentarios en Twitter de algunos activistas, la comisión se habría negado a paralizar el desahucio, entrando a la vivienda. Media hora más tarde salían escoltados por la policía. Mientras, un centenar de antidisturbios, que según los testigos rodean toda la manzana, vigilaban las protestas.

Fue entonces cuando las UIP (Unidades de Intervención Policial) trataron de derribar la puerta de la entrada, detrás de la cual se encontraban decenas de activistas y algunos periodistas. A las 10.45 la policía comenzaba a desalojar a los concentrados, algunos de los cuales fueron atendidos por los servicios del Samur. Cinco personas han sido trasladadas a la comisaría de Usera, donde fueron identificados debido a que no portaban el DNI. Algunos de ellos han denunciado a través de Twitter la violencia empleada durante el desalojo.

Isabel pagaba por su vivienda de alquiler social 117 euros mensuales. Su madre tiene trastorno bipolar y esquizofrenia, y su padre sufre una enfermedad degenerativa cuyos síntomas se han agravado por la presión que supone ver cada vez más cerca la ejecución del desahucio. El motivo: una deuda por impago del alquiler que ronda los 700 euros, según la familia.

“Estamos desorientados y perdidos. Mi médico me ha dicho que vaya a urgencias, pero no quiero dejar mi casa sola”, decía Isabel este lunes, horas antes de cumplirse la fecha límite impuesta por el juzgado número 61 para dejar su vivienda, en la que también viven su marido y su hija de ocho años. Es la segunda vez que esta mujer y su familia pasan por este trance, aunque el pasado 2 de julio el final fue feliz. “Gracias al apoyo de la PAH, la orden de desahucio se consiguió paralizar en la Secretaría Judicial”. Entonces, comenzó la cuenta atrás de una prórroga que ha finalizado este martes.

El caso no es único en su calle. El desahucio de Dolores, en el número 35 de la calle Unanimidad, pudo paralizarse el pasado 13 de septiembre. Isabel denuncia que hay más vecinos afectados con problemas para pagar sus alquileres sociales. “A la gente no le cogen los recibos alegando errores informáticos y algunos, por miedo, dejan sus viviendas antes de que se ejecute el desahucio”, manifiesta con indignación.

Desde el Ayuntamiento de Madrid afirman que la familia tiene una deuda de 1.000 euros y dos viviendas en propiedad que constan en el Registro. Isabel explica que sus padres pusieron a nombre de ellos una casa pequeña en la que vive su hermano y donde “no hay sitio para todos”. Hasta hace unos meses, antes de fallecer su suegra, eran seis las personas que convivían en el piso de la EMVS.

Tanto ella como su marido tienen una pensión por discapacidad que suma 660 euros al mes. Su padre, ya jubilado, aporta lo que puede. Han solicitado en varias ocasiones la reducción de la cuantía alquiler social, pero la EMVS “se ha cerrado a la negociación”. “Sólo pido que se normalice mi situación. Me siento amenazada por todos sitios”, denuncia Isabel.

La PAH lleva meses denunciando que las empresas municipal y autonómica de viviendas de Madrid está desahuciando familias y que, en el caso del Ayuntamiento, se ha puesto en marcha un proceso de privatización de la vivienda social. El pasado 16 de septiembre una mujer de 45 años se suicidó tras recibir una orden de desalojo.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha sido galardonada con el premio Ciudadano Europeo 2013 por su “labor en la defensa de los derechos humanos y los valores europeos en un ámbito europeo y transnacional”. Así lo han señalado los miembros del jurado en un acto celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid este lunes.

Ada Colau, portavoz de la plataforma, ha agradecido el reconocimiento de una labor que la PAH viene durante los últimos años, a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, Colau ha enfatizado que el verdadero premio sería poner fin al drama de los desahucios: “Los premios dan visibilidad pero el drama de los desahucios sigue sin resolverse. No queremos premios sino acciones”.

La elección de la PAH como una de las galardonadas no ha estado exenta de polémica a pesar del consenso suscitado entre los miembros del jurado ante las 58 candidaturas presentadas. El Partido Popular tildó el nombramiento como un “escándalo” y pidió su retirada inmediata. Unas presiones a las que se ha referido Enrique Barón, miembro del jurado y expresidente del Parlamento Europeo: “He sido miembro del jurado en muchas ocasiones y nunca se había puesto en cuestión a los elegidos, y menos a través de una campaña de infundios”. A este respecto, Barón ha criticado el “exceso de politización y sectarismo”.

La entrega de los premios en reconocimiento a la labor de la sociedad civil ha coincidido con la visita de miembros de la troika a España. Para Colau constituye “una ironía que muestra quien manda de verdad en Europa, que son los poderes financieros y no el Parlamento Europeo”. De esta manera, la portavoz de la PAH ha pedido que los eurodiputados den “un paso al frente” y den a los ciudadanos motivos para creer en Europa.

La candidatura de la PAH había sido presentada por los eurodiputados verdes Raül Romeva y Ana Miranda y por Willy Meyer, de Izquierda Unitaria Europea. Meyer ha aprovechado la ocasión para criticar que el Gobierno “considere la vivienda como mercancía y no como un derecho”. Por su parte, Romeva ha señalado que el premio debe servir como una autocrítica que debe plantearse Europa: “Hay gente que muere por culpa de las políticas tomadas en la UE. Su propia existencia (de la PAH) significa que algo va mal”.

No es la primera vez que Europa da la razón a las demandas provenientes de esta plataforma. El pasado mes de marzo el Tribunal de Justicia de la UE consideró que la normativa hipotecaria española violaba los derechos fundamentales. Una sentencia que, a jucio de Colau, no ha tenido en cuenta el Gobierno de Rajoy: “Debería haber paralizado las ejecuciones hipotecarias así como haber revisado todos los procedimientos”. También ha recordado el rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular en favor de la dación en pago, sustituida por una ley “que únicamente da más tiempo a las entidades financieras”.

Preguntada por las futuras acciones de la PAH, Colau ha señalado que seguirán luchando frente a las medidas de un Gobierno “ilegal”. Así, ha hecho un llamamiento a instituciones y partidos: “Que se enteren todos. No tenemos miedo y seguiremos desobedeciendo ante la vulneración de derechos humanos”. Colau ha estado acompañada por Marta Afuera, también miembro de la PAH. Ésta ha defendido que “el dinero público invertido (en la banca) sirva para el bien común. Queremos que se ofrezcan alquileres sociales a los que no puedan competir con los precios del mercado”.

Euskaltzaindia, otra de las premiadas

Junto a la PAH también ha sido galardonada la Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, una institución que a lo largo de un siglo ha velado por la conservación y promoción de la cultura vasca. Para su presidente, Andrés Urrutia, el galardón es un reconocimiento “incluyente, no exclueyente, ya que demuestra que lenguas como el euskera tienen su espacio y futuro en Europa”.

Izaskun Bilbao, componente del jurado, ha pedido que el premio “ayude a despolitizar el debate en torno a las lenguas. Éstas no son sino la expresión de distintas identidades. Son patrimonio universal y un derecho de sus hablantes a usarlas y mantenerlas”.

La reforma de la ley de Financiación de partidos políticos reforma de la ley de Financiación de partidos políticosque se aprobó en 2012 sigue permitiendo que las fundaciones reciban donaciones de empresas concesionarias de contratos públicos. Además, los límites de las cuantías son más laxas: 100.000 euros para los partidos y se elimina el de las fundaciones (que previamente era de 150.000 euros), según Cuentas Claras. A ello habría que añadir las entregas monetarias o patrimoniales para financiar proyectos concretos, las cuales no tienen consideración de donaciones.

“Históricamente han sido un instrumento para conseguir fondos para los partidos, dificultando el conocimiento por parte de la ciudadanía de las verdaderas cuentas”, lamenta Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional. En la misma línea se pronuncia el abogado Carlos Sánchez Almeida: “Tienen unas características que les permiten ser vías alternativas de financiación”. Ello podría explicar que, según el último informe del Tribunal de Cuentas, la cuantía de las donaciones privadas a las fundaciones supere a la de los propios partidos. En 2008 las formaciones políticas percibieron un total de 6.140.235 euros. La cantidad asciende a 9.123.283 euros en el caso de las fundaciones.

Los últimos Presupuestos Generales prevén 900.000 euros para las fundaciones para financiar proyectos concretos. Una cantidad idéntica a la de 2012 y que se deriva de los fondos a cooperación y desarrollo. Además, Eva Belmonte, de la fundación ciudadana CIVIO, señala que las fundaciones reciben otros 2 millones de euros por el mero hecho de existir, derivados del presupuesto de cultura. La utilidad pública como “think-thank” justifica a juicio de Villoria la percepción de fondos pero sólo si se hace “con la máxima transparencia y control”.

En este sentido, Eva Belmonte opina que debería exigirse “un desglose completo y detallado de las donaciones recibidas y de las partidas de gasto. Por ejemplo, nadie sabe en qué gastan las fundaciones el dinero percibido de los fondos de cooperación”. La recién aprobada Ley de Transparencia venía a subsanar las carencias institucionales. Sin embargo, a juicio de Belmonte “tal y como está redactada contribuye muy poco. Existen numerosas excepciones a las peticiones de información, que no se incluye como derecho fundamental”.

En el último año se han conocido diversos escándalos en las fundaciones vinculadas a partidos mayoritarios. Grandes constructoras adjudicatarias de obras públicas, y citadas en los Papeles de Bárcenas, donaron miles de euros a fundaciones afines al Partido Popular. El PSOE y la Fundación Ideas se vieron el año pasado salpicados por el caso “Amy Martin”. Bajo dicho pseudónimo, la mujer del exdirector Carlos Mulas cobró ingentes cantidades de dinero por puntuales colaboraciones.

La necesidad de una legislación más exigente

Las cuentas de las fundaciones, así como la procedencia de las donaciones, fueron hasta 2007 las grandes desconocidas por los organismos reguladores. A partir de ese año el Tribunal de Cuentas empezó a fiscalizar su actividad económica. Sin embargo, para Villoria no es garantía suficiente: “El tribunal no tiene mecanismos para investigar posibles irregularidades ni para sancionar. Sólo dispone de los datos que los partidos quieren proporcionar”. Carlos Sánchez Almeida critica la politización de un “órgano deslegitimado que se ha convertido en un cementerio de elefantes de PP y PSOE”. El abogado también apuesta por reforzar las responsabilidades penales en los casos de corrupción.

Lo cierto es que el último informe, de 2008, señala diversos incumplimientos. Societat i Progrés de la Comunitat Valenciana, dependiente de los socialistas valencianos, no aportó documentación alguna. Otras como Canarias 7 Islas, Horacio Fernández Iguanzo y Zabaldiak no presentaron sus respectivas cuentas anuales. En otros casos, las fundaciones carecían de cuentas bancarias específicas para donaciones, tal y como exige la legislación.

El propio Tribunal de Cuentas señala algunas de las trabas a las que se tiene que enfrentar a la hora de fiscalizar y controlar la actividad de las fundaciones. En el capítulo de recomendaciones del informe expresa que la legislación “no precisa los requisitos para establecer la vinculación orgánica con los partidos políticos” y pide que se incluyan en el Registro de Partidos Políticos. También critica que las fundaciones no se sometan a lo expuesto en el capítulo IV de la Ley de Financiación de Partidos, que recoge las obligaciones contables y los mecanismos de rendición de cuentas. Una situación que se da tanto en la ley de 2007 como en la reforma del pasado año.

La supervisión del tribunal no se realiza sobre la actividad de las fundaciones. Únicamente se centra en las donaciones percibidas, algo que, según el informe, “podría menoscabar la eficacia del control sobre la actividad ordinaria y electoral de las formaciones a las que se encuentran vinculadas”. Además, la connivencia de intereses entre el sector empresarial y el poder político debería impedir, a juicio del tribunal, que las fundaciones perciban fondos de empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Opacidad en la web

La reforma de la Ley 5/2012 de Financiación de Partidos aporta algunas novedades en lo que respecta a la fundaciones. Éstas, una vez emitido el informe del Tribunal de Cuentas, deben “realizar una auditoría de sus cuentas anuales”, así como “hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos”.

A este respecto el informe “Transparencia, el mejor eslogan 2012”, de la Fundación Compromiso y Transparencia, señala la elevada opacidad informativa en las fundaciones. Sólo el 46% de las fundaciones vinculadas a partidos con representación parlamentaria describen las actividades que realizan y que, en teoría, legitiman su existencia. En cuanto a la composición interna, sólo el 30% indica el nombre del director general de la fundación y un exiguo 15% aporta información sobre los miembros del patronato.

“Sin ningún lugar a dudas el área de información económica es la más débil de todas”, concluía en informe en mayo de 2013. Desde entonces, la transposición de las obligaciones presentes en la ley 5/2012 ha motivado que algunas empiecen a publicar sus cuentas anuales. Otras se escudan en la tardanza del Tribunal de Cuentas a la hora de emitir los informes para no dar cuenta de sus finanzas.

La fundación FAES, ligada al Partido Popular, publica anualmente una memoria financiera (la última de 2012) auditada por una entidad independiente. También adjunta un sumario y una descripción de las actividades realizadas. En cuanto del patronato, FAES únicamente aporta un listado de nombres y apellidos, mientras que la sección directorio sí que incluye el currículum y la experiencia de los altos cargos. Lo que no publica la fundación son sus estatutos y documentos fundacionales.

La web de la Fundación Ideas, vinculada al PSOE desde su creación en 2008, recoge un buen compendio de actividades y publicaciones, pero no es tan completo. Respecto al perfil de los miembros del patronato, se incluye un breve resumen de su actividad política, pero no profesional. Las principales trabas a la transparencia son en materia de financiación y documentación interna. Ideas no publica ni sus estatutos ni sus cuentas. Fuentes de la fundación alegan que el último informe del Tribunal de Cuentas es de 2008, cuando Ideas aún no existía.

Europa por los Ciudadanos, una de las fundaciones afines a Izquierda Unida, tampoco aporta información relativa a su contabilidad. Al igual que FAES, esta fundación realiza memorias actualizadas y anuales de sus actividades. En cuanto a la información interna, Europa por los Ciudadanos no indica la composición del patronato ni las reglas que rigen su funcionamiento.

La Fundación Progreso y Democracia, vinculada a UPyD, publicó el mes pasado la memoria económica de los años 2011 y 2012. Sin embargo, dichas cuentas están controladas por la Comisión de Finanzas, elegida por el propio partido. En este sentido, Juan Luis Fabo, responsable de organización, se escuda en la juventud de la formación: “Al principio no nos podíamos permitir contratar y pagar una auditora externa”. En cuanto a sus actividades, la fundación desarrolla un listado de publicaciones y un calendario de eventos y actividades, aunque no especifica los perfiles de los componentes del patronato. Donde Progreso y Democracia destaca es en la publicación de sus estatutos, punto que ninguna de las tres anteriores cumple.

El pasado martes, cientos de personas acudieron a la llamada de la PAH frente a la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) bajo el lema “No son suicidios, son asesinatos”. La plataforma ciudadana, respaldada en redes sociales con la etiqueta #EMVSasesina acusaba a dicha empresa y al Ayuntamiento de provocar el suicidio de una mujer de 45 años, que ocupaba la vivienda junto a su marido, tres hijos menores y dos nietos. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a eldiario.es que sus servicios jurídicos “están preparando una demanda contra la PAH” por las acusaciones vertidas contra la empresa municipal.

Este miércoles, el equipo de comunicación municipal había amenazado con denunciar también a los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos en general que en redes sociales hubieran dado la noticia vinculando la muerte con las decisiones de la EMVS. La denuncia finalmente se está preparando contra la PAH al entender que se trata del origen institucional de la acusación.

La mujer, residente del barrio de Carabanchel, había tomado la decisión de quitarse la vida tras recibir una carta del EMVS que indicaba la decisión de “no prorrogar la vigencia del arrendamiento” de su vivienda pública de alquiler social y renta antigua, que caducaba el 19 de octubre de 2013. También advertía que, de incumplirse el plazo, acudirían “ante los tribunales para asegurar la restitucion de la vivienda”.

La mujer vivía junto su marido, con el que tenía seis hijos. Tres de ellos, menores, vivían en la casa. También dos nietos que estaban a su cargo.

Recibió en su domilicio la carta el lunes. En ella se le informaba que el 19 de octubre se vencía el contrato de alquiler y que la EMVS había decidido “no prorrogar la vigencia del arrendamiento”. Y advertía que “si llegara la fecha indicada”, la empresa acudiría “ante los tribunales para asegurar la restitucion de la vivienda”. La fecha límite: 21 de octubre.

La familia, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno municipal, llevaba en la vivienda desde 1989, cuando pertenecía al Consorcio de la Población Marginada. Pagaba un alquiler de 69 euros. La PAH ha difundido un listado de impagados a nombre del marido de Amparo, José Carmona Amador, que suma 971 euros. Su familia asegura que tenían el dinero para saldar la deuda. El Ayuntamiento cifra la deuda en 2.284 euros de alquileres atrasados y 1.360 de gastos de comunidad. Y niega que hubiera una reclamación judicial por este dinero. De acuerdo con su vecino, los ingresos familiares, con cinco menores en la casa, eran escasos. Carmona trabaja como vendedor ambulante de fruta tres días a la semana.

Desde la PAH aseguran que llevan meses denunciando los desalojos acometidos por la empresa municipal de vivienda sin ofrecer otras alternativas. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento afirman que no se trata técnicamente de desahucios dado que no hay orden judicial ni sentencia condenatoria previa.

El censo de afiliados de los principales partidos constata el fuerte descenso de la base social de las formaciones políticas en los últimos años. Un análisis de las cifras ofrecidas por los diferentes partidos ofrecen la siguiente fotografía: Solo el PP ha conseguido aumentar su número de afiliados en medio de la crisis. El resto de formaciones, a pesar del aumento de apoyos electorales que les pronostican las encuestas cada vez reciben menos ingresos por cuotas de militantes.

Hay dos explicaciones posibles para aclarar la dicotomía: 1.-El PP gobierna. 2.-El de Rajoy es el único club político que no cobra entrada. Para ser militante del PP no hay que pagar una cuota fija, ya que la cantidad es voluntaria.

El Partido Popular es la única formación que registra incrementos en el listado de personas con carné del partido. Sólo en el último año, según fuentes oficiales de Génova 13, sus afiliados han aumentado en 10.000 personas, para situarse en un total de 864.439 en la actualidad. En la contabilización de militantes, el PP engloba a los miembros de sus organizaciones juveniles como militantes de la marca matriz.

El PSOE ha perdido desde 2008 alrededor de 20.000 afiliados para situar su tasa de militantes actual en los 210.000 afiliados. Los minoritarios UPyD e IU también experimentan un retroceso, a pesar de su actual tirón electoral, señalado por todas las encuestas.

La formación de Rosa Díez, según sus servicios de prensa, registra en la actualidad un censo de 6.013 afiliados, 1.000 menos que en 2011. Izquierda Unida asegura que sus cifras se mantienen en torno a los 35.000 afiliados, aunque no concretan si han registrado variaciones de afiliación en los últimos años, debido a la actualización del sistema de confección de sus censos. Diversas informaciones periodísticas situaban en 50.000 la cifra de afiliados de IU en 2008.

“En los últimos años hemos asistido a un proceso de burocratización y profesionalización de los partidos”, señala Pedro Chaves, profesor de la Universidad Carlos III. Un factor que, para la analista política Gema Sánchez, explica “la desconexión de los partidos con la ciudadanía”. El hermetismo institucional, unido al surgimiento de nuevas vías de participación, como plataformas ciudadanas o movimientos sociales, hace que solo el 2,7% de los españoles afirmen haber participado en un partido (estudio de la Fundación BBVA). Sin embargo, para Sánchez, los nuevos actores nunca serán un sustitutivo, ya que “estos no son los que toman las decisiones”. Los partidos siguen siendo una pieza clave en la democracia representativa pero “cada vez son más percibidos como máquinas electorales, lo cual merma la participación”.

Los partidos ya no dependen de sus afiliados

La disminución de su base social no parece haber mermado el balance de cuentas de los partidos. Estos percibieron en 2008 más de 312 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Una cantidad que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. Para Ismael Crespo, asesor político, la clave está en que “las contribuciones de los afiliados son casi insignificantes. Los partidos viven indirectamente del dinero de todos, de la financiación pública”. En este sentido, el tribunal revela el poco peso que tienen las cuotas sobre el total de ingresos: un 17% en el PSOE, un 11,8% en el PP y un 19,8% en el caso de IU. Ello contrasta con el porcentaje que ocupa la financiación pública, un 76%.

Atrás quedan los tiempos en que los grandes partidos de masas exhibían el número de afiliados como fuente de legitimidad y seguro de subsistencia. Según Pedro Chaves, dicho escenario nunca se ha dado en España: “En general, los partidos aquí son poco transparentes y poco democráticos. Desde el inicio de la Transición se han caracterizados por unas cúpulas que tienden a perpetuarse en el poder”. Así, el actual sistema habría dado lugar a “partidos-cartel”, más conectados al Estado que a la sociedad, a la que ya no deben rendir cuentas.

La pérdida de protagonismo del afiliado está estrechamente relacionada con la manera de hacer política, basada en el espectáculo televisivo. “La televisión ha modificado la naturaleza del propio partido. Implica una nueva forma de comunicarse con la sociedad basada en el márketing y costosas campañas”, continúa Pedro Chaves. Dicha labor tiende a externalizarse a empresas de publicidad, encargadas de preparar discursos, editar anuncios o enviar propaganda. Únicamente Partido Popular y Partido Socialista se gastaron más de 41 millones de euros en publicidad en las últimas elecciones generales, según el Tribunal de Cuentas. Gema Sánchez explica cómo ésta dinámica, además de incrementar el coste de hacer política, desplaza “la labor de unos afiliados que siempre se ha centrado en el 'boca a boca' y en la acción de calle”.

Al margen de la independencia económica, también hay que destacar la independencia política de los partidos respecto a sus bases. “Si observamos los congresos celebrados por los grandes partidos, estos están conformados por los compromisarios, por la estructura partidista y no por sus afiliados”, afirma Ismael Crespo. Tal y como analizó eldiario.es, ni populares ni socialistas recogen en sus estatutos la celebración de elecciones primarias. En lo que respecta a UPyD e IU, dicha posibilidad se ve condicionada a factores como tiempo de militancia o avales recogidos.

Sin embargo, la presión social y los indicadores sobre desafección política han motivado a algunos partidos a mover ficha. Muestra de ello es la intención del PSOE de celebrar primarias abiertas para la elección del próximo candidato presidencial. Según apuntan las últimas informaciones, el PSOE tomará como referencia el modelo de elecciones primarias de los socialistas franceses, abiertas a todos los simpatizantes. Sería la primera vez en la historia de este partido en que las bases sociales son las encargadas de elegir a su líder.

¿Qué razones quedan para afiliarse a un partido político? Gema Sánchez señala que “aunque sigue existiendo un porcentaje de personas que se afilian por simple afinidad ideológica, muchos de ellos se integran con un mismo fin: hacer carrera política”.

Pedro Chaves apunta a las “redes clientelares”, especialmente en el ámbito local: “No es ningún misterio que, especialmente en pequeñas poblaciones, los cargos públicos son ocupados por personas afines al partido de gobierno. Eso es una realidad”.

Para Ismael Crespo, no se puede generalizar con todos los partidos. “Los partidos mayoritarios, más transversales, basan su fuerza en las encuestas y la opinión pública. En los más pequeños, centrados en causas concretas, la movilización de sus partidarios cobra una nueva importancia”, matiza.

La influencia de Internet: del afiliado al “fan”

“Estamos en una transición en la que la legitimidad que hasta ahora residía en los comités se basará en el número de seguidores o fans en las redes sociales”, asegura Crespo. Un nuevo escenario del que partidos como EQUO o Partido X buscan nuevos nichos electorales y oportunidades de participación.

EQUO, nacido en 2011, consta en la actualidad de 1.729 afiliados, 300 más que el pasado año. Al contrario que los grandes partidos, el número de simpatizantes (15.504) supera al de afiliados. La mayor parte de sus ingresos provienen de las cuotas: un 57,24%.

“El problema es que las organizaciones no han sabido responder a las nuevas condiciones. Debemos adaptarnos a los ciudadanos, no pretender que ellos se adapten a nosotros”, reconoce Reyes Montiel, coportavoz federal de la formación. Montiel defiende que los partidos deben ser más flexibles ante “las expectativas individuales de los afiliados”. ¿Sustituirá la participación on-line a la presencial? “No creo que estemos ante el fin de la afiliación y la participación tradicional. Lo que está claro es que la legitimidad ya no se conseguirá en los congresos, sino en el día a día”, responde Montiel.

El Partido X es de los pocos que rechazan un modelo de cargos y afiliados. En su lugar, proponen un sistema de internautas que participan en función de su grado de implicación. Siguiendo la filosofía de un partido en red, la formación se estructura en círculos donde la gente se agrupa en función de sus intereses. “Nosotros proponemos un trabajo en red, que no se basa en cargos sino en capas de interacción. Es la gente la que elige en que círculos participar más, y en cuáles menos”, señalan fuentes del Partido X. Las decisiones se tomarían de forma colectiva, dejando a unos pocos desarrolladores la labor de vigilancia y moderación.

Ambas formaciones apuestan por la inteligencia colectiva y el debate entre sus componentes como alternativa a las decisiones de las cúpulas y las costosas campañas. La fórmula todavía no ha ofrecido los éxistos electorales que esperan en la formación. A este respecto, Montiel señala que “es una cuestión de consenso y construcción. Vamos lentos pero queremos llegar lejos”.

Decenas de manifestantes y representantes de partidos políticos se han dado cita en la librería Blanquerna, delegación de la Generalitat en Madrid, en repulsa por los actos vandálicos cometidos por grupos ultraderechistas en la tarde de ayer. Durante un acto de celebración de la Diada, unos quince individuos irrumpieron en la sala de manera violenta proclamando “No nos engañan, Cataluña es España”.

A partir de las 20.00 horas las inmediaciones de Alcalá 44 comenzaban a llenarse de manifestantes y representantes públicos a raíz de una convocatoria nacida en las redes sociales. Entre ellos se encontraban el delegado de la Generalitat en Madrid, Josep María Bosch, y el diputado de CiU Pere Macias. Bosch ha agradecido “todas las llamadas y correos de apoyo que he recibido”, entre los que se encuentran el del ministro de interior Jorge Fernández Díaz. En este sentido, ha agradecido la unánime condena política, así como la actuación de la policía, que se ha saldado con la detención de 12 de las 15 ultras que irrumpieron en el acto de Blanquerna.

El delegado ha enfatizado que “a día de hoy, los que escogen la violencia son marginales”. “La irrupción de la violencia es algo anecdótico, espero que no tenga continuidad”, ha señalado. A pesar de ello, y ante el creciente clima de crispación a hecho un llamamiento a que, independientemente de lo que dictamine la justicia, todos los ciudadanos defiendan la libertad y la democracia y que tengan en cuenta que “cuando la libertad del vecino es agredida, la nuestra también está en peligro”.

Bosch no ha querido señalar a ningún partido en concreto, dado que “en esto estamos unidos, no hay divisiones”, pero ha responsabilizado a determinados medios de favorecer un clima de crispación. “Algunos medios, unos más que otros, han usado un tono agresivo. Debemos hacer un esfuerzo de autocontención”, ha señalado al respecto. El diputado de CiU, Josep Sánchez Libre, también había mostrado este jueves su preocupación por el “sentimiento radical de catalanofobia”.

Entre los asistentes se encontraban representantes de Izquierda Unida y EQUO, formaciones que se habían adherido a la convocatoria. José Antonio Moreno, responsable de Derechos Humanos de IU, ha denunciado que “lo de ayer no es una anécdota, sino un atentado contra la libertad de expresión y reunión. Rechazamos la brutalidad fascista”. Moreno también ha pedido “firmeza institucional contra los que no respetan la pluralidad de España” así como la “ilegalización de aquellos grupos que atentan contra los derechos que nos hemos dado”.

Por su parte, Ramón Linaza, coportavoz de EQUO Madrid, ha lamentado que regresemos “a tiempos que pensamos superados”, cuando la extrema derecha protagonizaba actos violentos en la calle. Linaza también ha pedido que se ilegalicen estos grupos. Para Inés Sabanés, también de EQUO Madrid, lo acontecido ayer es el último capítulo de una historia protagonizada por “unos grupos radicales que, en el pasado, también han organizado campañas contra los inmigrantes”.

Osama Abazeed, sirio de 31 años, se dirigía el pasado viernes hacia el hotel donde se hospeda durante su visita a Madrid. Su camino se vio interrumpido al pasar por Sol, donde banderas sirias ondeaban entre gritos contra la intervención “imperialista” de Estados Unidos. “No pude ocultar mi estupor cuando vi esas banderas oficiales del régimen de Al Asad”, recuerda. Su intención de exhibir la bandera rebelde incendió los ánimos de algunos de los presentes, que la emprendieron a golpes e insultos. El incidente se saldó para el joven sirio con varias heridas, pero asegura que ello no fue lo que más le dolió.

El relato de Abazeed, natural de Dará, es un fiel reflejo del terror vivido por su pueblo durante décadas. Una historia que el joven ha contemplado desde el extranjero, donde partió hace 10 años en busca del sueño que su país le impedía. Sus ojos se encienden al recordar cómo iba conociendo la muerte de amigos y familiares: “Supe de la muerte de mi prima, de 45 años, y de mi tío al ver un vídeo en Facebook. Mi ciudad se encontraba por entonces en estado de sitio, así que no había forma de comunicarme con ellos. Durante cuatro semanas viví con la incertidumbre de desconocer si mi madre y hermanos seguían vivos”.

Recuerda cómo fueron las protestas en Egipto las que empezaron a incendiar las mentes de los más jóvenes: “Un día, un grupo de niños de entre doce y catorce años se hicieron eco de la caída de Mubarak y pintaron un grafiti en el que se podía leer ”It’s your turn doctor“ (es su turno, doctor, en referencia a Asad). La reacción del régimen fue detener a los niños, algunos de ellos de la familia Abazeed. Osama describe con voz temblorosa cómo ”sufrieron terribles torturas en la cárcel durante dos semanas. Sus uñas fueron arrancadas“. De ello hace responsable a Ateb Najib, jefe de la Agencia de Seguridad en Dará y primo de Asad.

Uno de los escenarios de la revolución

La ciudad de Dará es el escenario donde Abazeed ubica los primeros indicios de la revolución. La primera manifestación tuvo lugar el 18 de marzo de 2011. “La demanda máxima era acabar con la corrupción, no se iba contra el sistema o el propio Asad. Sin embargo, el Ejército reaccionó con disparos matando a dos jóvenes”. Una sucesión de ataques y funerales siguió a este episodio.

El día 30 de marzo, el presidente se dirigió a la población desde el Parlamento con el fin de tranquilizarla. Para Abazeed, el discurso resultó ser “una broma en la que no hubo reconocimiento a las víctimas y en la que trató a su propio pueblo como terroristas. Ello hizo que el foco de la protesta se desplazara hacia el propio Asad”.

A las palabras pronunciadas por el líder sirio le siguieron las balas de los soldados. “Tan solo dos días después, Asad mandó al Ejército a mi ciudad. Durante cuatro semanas la población no tuvo acceso a agua o comida”, continúa emocionado. Ante dicha emergencia fueron los habitantes de pueblos vecinos los que acudieron a socorrerlos pese a las advertencias del Ejército: “En sus manos sólo sostenían alimentos pero las Fuerzas Armadas ejecutaron a casi 1.500 personas”.

Abazeed asegura que la violencia no ahogará el espíritu de los rebeldes. “¿Vamos a parar? No. En este sentido no queremos venganza, sino recuperar la dignidad. Queremos volver a un pasado digno, en el que suníes, alauitas y católicos convivíamos en paz. Ese es el gran tesoro de mi país”. Tampoco oculta su repulsa ante un Asad que los considera terroristas: “La gente que lucha son ingenieros, médicos, gente con una gran educación. Después de luchar, la mayoría vuelve a su trabajos. Es una cuestión de defensa propia, porque nadie lo hace por ellos”.

El joven sirio también rechaza el término de “guerra civil” como manera de referirse al conflicto. “Aquí no hay dos bandos. No hay un enfrentamiento ideológico o religioso. Se trata simplemente de la violencia de un dictador ejercida contra su pueblo”. ¿Quiénes son entonces los partidarios de Asad? Osama los separa en dos grupos: “Los que quieren preservar sus intereses y los que tienen miedo”.

La concentración de Sol

“La política no se basa en la caridad, sino en los intereses de cada uno”. De esta manera Abazeed explica la falta de interés de la comunidad internacional. “¿Por qué el mundo está furioso cuando 2.000 personas mueren por el uso de armas químicas? ¿Dónde estaban cuando las otras 150.000 eran asesinadas con otro tipo de armas?”, se preguntó al ver los 200 manifestantes que se congregaron en la plaza madrileña para protestar contra una “guerra imperialista”.

“¿Que si estoy a favor de la intervención de Estados Unidos? Tendría que conocer antes el objetivo que persiguen”. Para Abazeed, la Administración norteamericana “quiere mostrar al mundo que hay líneas rojas que no deben cruzarse”, así como proteger sus intereses y los de sus aliados. En este sentido, la defensa de los derechos humanos sólo encuentra su sitio en la retórica: “El apoyo americano a los rebeldes es puramente mediático”.

Esas convicciones fueron las que le llevaron a plantarse en Sol. Allí le acompañó una chica española, que portaba un cartel en árabe con el mensaje: “No a la guerra genocida asadiana contra el pueblo”. Algunos de los sirios que se congregaron en torno a la estatua de Carlos III empezaron a sentirse molestos por la presencia del cartel.

Osama decidió sumarse a la reivindicación de la joven, exhibiendo la de la oposición siria, que cambia la banda roja de la bandera siria por la verde. Un grupo de ocho hombres, españoles y sirios, se abalanzó sobre él. La policía tuvo que intervenir para evitar males mayores. A pesar de las heridas, Abazeed se muestra orgulloso de conservar su bandera: “Es la bandera que precedió a la llegada de los Asad al poder, el símbolo de la Siria independiente”.

“¡No a la guerra imperalista! ¡Paremos la agresión a Siria!”. Bajo este lema varios centenares de personas han clamado contra la intervención en el país árabe en la madrileña plaza de Sol. La concentración estaba convocada por la Plataforma contra la Guerra en Siria en respuesta a las intenciones de EEUU de llevar a cabo una intervención militar en el país.

Sol comenzaba a llenarse de gritos antibelicistas en torno las ocho de la tarde, en un escenario que ya había acogido concentraciones contra las guerras de Libia e Irak. Para Francisco Frutos, del Partido Comunista de España, este conflicto supone la continuación de una vieja historia: “Estamos radicalmente en contra de esta intervención. Siria ya estaba en la agenda de EEUU, al igual que otros países en el pasado. Se ha vuelto a orquestar una campaña de mentiras para legitimar la intervención”.

En los mismos términos se manifestaba Santiago González, miembre del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Éste afirmaba que todo forma parte de “una estrategia a largo plazo de los americanos”. Además, González ha criticado el doble rasero de la ONU y de los países occidentales, dado que “también se usaron armas ilegales contra otros pueblos, como el Palestino, y no hay investigaciones al respecto”. Por su parte, Ángeles Maestro, de la organización Red Roja, comentaba cómo la guerra se había convertido en el único método de Estados Unidos para mantener su posición. “Es una potencia en decadencia, ya sólo le queda el poder militar para mantener su hegemonía en la esfera internacional”, aseguraba.

“Todos somos Siria” o “El imperalismo es el terrorismo” han sido algunos de los mensajes más repetidos en pancartas y en boca de manifestantes. Algunos decidieron poner murales en el suelo para que la gente escribiera sobre ellos. “Esto no es una intervención humanitaria. Las bombas matan”, comentaba Ana, antes de plasmarlo en papel. “Es una continuación de la doctrina del shock”, añadía su hija.

El único incidente de la protesta se ha producido cuando un joven sirio ha mostrado una bandera revolucionaria “para reivindicar el espíritu de la primavera árabe”. Algunos manifestantes le han reprochado el gesto y la Policía ha actuado para separarlos. “He perdido conocidos y familiares a lo largo de estos años, que han luchado por que mi país recuperase el espíruto democrático que en su día tuvo”, ha respondido el joven.

“El sindicalismo es un mundo de hombres”, afirma Inmaculada Jimeno, responsable del área de Igualdad de la Confederación Intersindical del País Valenciano. “Se ha impuesto la paridad en los primeros niveles, como es el caso de los liberados, pero aún cuesta ver a una mujer en un puesto de responsabilidad”, continúa. Lo cierto es que las cifras acompañan los argumentos de la sindicalista: los sillones de las secretarías sectoriales en UGT y CCOO están ocupados en su totalidad por hombres y sólo el 7% de las cúpulas territoriales están encabezadas por mujeres. La balear Katiana Vicens Guillén es la única secretaria general autonómica en Comisiones Obreras. En lo que respecta a UGT, solo La Rioja y Cantabria sitúan a mujeres en lo más alto.

Al igual que en los partidos políticos, la igualdad es esgrimida por los sindicalistas como un eslogan de progreso y cambio social. Dicha consigna parece haberse impuesto en las directivas autonómicas de los sindicatos mayoritarios. Así, el 51% de los cargos son ocupados por mujeres en UGT, cifra que desciende al 46% en el caso de CCOO. “Intentamos revertir la situación. Estamos imponiendo las cuotas y la paridad a nuestros estatutos”, asegura Ana Herranz, secretaria de Mujer e Igualdad en Comisiones Obreras. Sin embargo, señala que “el proceso va más lento de lo que nos gustaría”. Y es que la igualdad sigue siendo una materia pendiente cuando nos referimos a los más altos cargos, tanto a nivel regional como sectorial.

La asignación de secretarías concretas a mujeres es otra de las constantes que se observan en la estructura sindical. Un reparto de tareas que merma la consecución de la igualdad plena. En el caso de CCOO, únicamente tres mujeres están al mando de la secretaría de acción sindical, una de las más importantes. Por el contrario, la inclusión del área de igualdad en la mayoría de las direcciones ha facilitado la incorporación del género femenino.

¿Qué es lo que limita el acceso de las mujeres a los cargos de mando sindicales? Herranz expresa que “ello exige una disponibilidad, reuniones por las tardes… En este sentido, no existen políticas de conciliación adecuadas”. Por su parte, la economista Carmen Castro se muestra más tajante y critica que “los sindicatos son estructuras piramidales que se rigen por los estándares del sistema patriarcal. Se organizan en torno al patrón del obrero industrial masculino. No hay mucho espacio para la mujer”.

La flexibilización de la estructura interna de las organizaciones y el cambio de mentalidad son algunas de las soluciones esgrimidas por Macu Jimeno. Perteneciente a la minoritaria Confederación Intersindical, asegura que “aquí es diferente, ya que no tenemos secretarios generales. El órgano de más responsabilidad es el secretariado y está compuesto por hombres y mujeres, que se van rotando en sus funciones”. Por otra parte, Jimeno afirma que han trabajado para vencer “las reticencias de los compañeros, de los hombres. Hay responsabilidades que siempre han llevado, como es el caso de las portavocías”.

Conciliar trabajo y familia, más difícil que nunca

Pese a reconocer los déficits internos, los sindicatos aseguran que la política gubernamental dificulta la incorporación de la mujer a los puestos de dirección. Herranz opina que “el peso de los recortes en el Estado de bienestar ha recaído especialmente sobre la mujer. El cuidado de los niños o los mayores han pasado a ser asumidas por la sociedad o, mejor dicho, por las mujeres. Ello merma sus oportunidades de ascenso y promoción”. Según los datos de la última EPA, la tasa de ocupación de las mujeres es del 53,32%, mientras que en el caso de los hombres supone un 66,12%. La necesidad de conciliar las tareas domésticas y el trabajo se plasma en el protagonismo del contrato a tiempo parcial en el género femenino (36,1%), muy superior a los hombres (8,3%).

Carmen Castro enfatiza la necesidad de que el sindicato regenere su papel en materia de igualdad: “Creo que desde los sindicatos se han hecho trabajos interesantes, a pesar de todo. El mundo sindical debería apostar firmemente por la reducción de jornada laboral y la conciliación laboral”.

“En mi proceso de transición hacia la siguiente fase de mi vida quiero que todo el mundo sepa quién soy en realidad. Soy Chelsea Manning, soy una mujer. (...) Quiero comenzar la terapia hormonal tan pronto como sea posible”, ha anunciado la soldado condenada por filtraciones a Wikileaks a través de su abogado, David Coombs, en un programa de la NBC. La respuesta del ejército a la petición de Manning, cuyo nombre público hasta ayer era Bradley, ha llegado en forma de negativa. “La armada no aporta tratamientos hormonales o cirugía de cambio de sexo por un desorden de identidad sexual”, ha afirmado un portavoz del ejército a la cadena CBS.

Ante esa posibilidad, el equipo judicial que defiende a Manning había adelantado ya que haría “todo lo que estuviera en su mano para obligarles” a facilitar el tratamiento a la soldado. Sentencias de varios juzgados federales señalan que negar dichos tratamientos supone un trato cruel e injusto a los reclusos que lo solicitan. De hecho en el estado de Maryland, en el que Manning fue juzgada, una sentencia obligó a atender las peticiones de presos en Maryland, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte y del Sur. Así, la legislación federal ha ido reconociendo progresivamente los derechos de aquellos recluso que solicitaban un cambio de sexo tras ingresar en prisión.

La dificultad del caso estriba en que Manning debería cumplir condena en la prisión de Fort Leavenworth, destinada a militares con condenas a más de diez años, que no está sujeta a la legislación federal. En este sentido, la directora del área de derechos de personas transgénero de Gay and Lesbian Advocates and Defenders (GLAD), Jennifer Levi, asegura en The Washington Post que Chelsea Manning debería gozar de la misma protección. “No conozco otros casos ocurridos en prisiones militares. Pero deberían tener la misma obligación de proporcionar un tratamiento médico adecuado”, ha indicado Levi.

La transexualidad de Manning ya fue protagonista durante el proceso judicial que le condenó a 35 años de cárcel. Sus abogados esgrimieron los efectos psicológicos derivados de esta circunstancia en el entorno masculinizado del ejército.

Durante el juicio la defensa mostró una foto en la que la soldado aparecía con una peluca rubia y maquillaje. Según diversas fuentes, ésta fue remitida a su superior, el sargento mayor Paul Atkins, por correo en mayo de 2010. En él, la exsoldado reconocía que el motivo de alistarse en el Ejército fue “para acabar con ello”, en referencia a su transexualidad.

La existencia de dicho mensaje fue probada por el capitán Steven Lim, uno de los testigos. Coombs alegó entonces que el contenido del mensaje debería haber provocado que Manning fuera apartada de sus funciones, así como del acceso a información privilegiada.

El pleno municipal de Cedeira (A Coruña) aprobó el pasado 1 de agosto la concesión del albergue “Los Pinos” a la Organización Juvenil Española (OJE), fundada en tiempos de Franco. El acuerdo es por diez años y a coste cero. La propuesta salió adelante con los siete votos del Partido Popular, pese al rechazo de los concejales de la oposición (dos del PSdG y dos de BNG), según recoge el acuerdo plenario publicado en la web de la Xunta de Galicia.

La decisión adoptada por el consistorio de Leopoldo Rubido (PP) ha levantado la polémica entre la oposición y algunos vecinos, según recoge Galicia Confidencial. La OJE, beneficiaria del acuerdo, fue fundada en la década de los sesenta bajo la dependencia de la Secretaría General del Movimiento.

Tras la muerte de Franco, y una vez iniciado el periodo democrático, la Organización Juvenil Española se ha centrado en la organización de actos lúdicos para niños “transmitiendo valores de esperitualidad, solidaridad, justicia, libertad, servicio...”, según recoge su web. En su portal de internet, esta organización ofrece multitud de imágenes acerca de las actividades desarrolladas en diversas comunidades autónomas. En esas fotografías se observa multitud de niños uniformados con jersey azul, y adornados con la bandera de España en el pecho. El símbolo de la OJE está formado por una cruz y un león, acompañado por el eslogan “que la libertad, tuya y mía, sea bandera y búsqueda incansable”.

Con el fin de realizar “actividades culturales-deportivas y educación medio ambiental”, dicha organización disfrutará de las instalaciones de forma gratuita, asumiendo únicamente los “gastos derivados de los suministros de agua, luz, basura e IBI” según indica el acuerdo municipal. Previamente deberá aportar una fianza de 6.656,91 euros, que le será reintegrada al finalizar el acuerdo.

No es la primera ocasión en la que Leopoldo Rubido, alcalde de Cedeira desde 1973, se ve envuelto en polémicas similares. Rubido decidió en 1977 construir un monolito en honor al dictador, cuando la democracia aún se estaba construyendo en nuestro país.

El alcalde de Cedeira es el segundo dirigente del PP gallego envuelto este verano en una polémica relacionada con sus filias con el franquismo. El pasado 26 de julio el alcalde de Baralla (Lugo) aseguró que los asesinados por el franquismo lo habían sido “porque lo merecían”.

adjudicación OJE by eldiario.es

Toño Velasco, natural de Valladolid y afincado en Oviedo, era uno de los 50 autores que participaban en la VI Muestra de Arte Contemporáneo Quiero… sueño en el municipio avilés de Arenas de San Pedro. El objetivo, según los organizadores, era “mostrar los sueños, los deseos y las utopías de los diferentes creadores”. Sin embargo, la exposición ha sido noticia por la polémica suscitada por la alcaldesa del Partido Popular, quien había pedido retirar la obra Sobre todo Bárcenas, del propio Velasco.

¿Cómo reaccionó cuando le comunicaron la noticia desde el Ayuntamiento?

En ningún momento la alcaldesa se puso en contacto conmigo. Me enteré a través de la prensa y el Colectivo Añil. Me llamaron y me dijeron que querían quitar la obra. Es muy triste que una maravillosa exposición, de la que mi obra era no era sino una más, halla sido noticia por esto, y no por la dedicación y el cariño que pusieron más de 50 artistas. La alcaldesa me acusa de beneficiarme del escándalo, pero éste lo ha creado ella sola.

¿Lo considera un intento de censura por parte del Ayuntamiento?

Sin duda, he sido víctima de un intento fallido de censura. Y digo fallido porque los organizadores del certamen se plantaron frente a la alcaldesa desde el primer momento. Me he ganado la participación en el certamen, pasando un exigente proceso de selección a cargo del Colectivo Añil. Una alcaldesa quejosa no me puede decir lo que tengo que pintar.

¿Qué le motivó a realizar la obra 'Sobre todo Bárcenas'?

En la exposición aparecían retratados diversos personajes que, a juicio de los artistas, proferían una burla contra la sociedad. En concreto, mi obra se centra en Luis Bárcenas. El único fin que perseguía era presentarlo al público para que éste juzgara por sí mismo.

¿Usted interpreta el arte como un instrumento de denuncia social y político?

El arte tiene que ser un revulsivo para hacer pensar, para generar debate. Así es como lo utilizo. Lo que no entiendo es el intrusionismo de los políticos en el mundo de la cultura. La alcaldesa no puede decidir sobre el contenido de las obras, sólo la crítica y los organizadores pueden hacerlo. La exposición constituía una oportunidad para que los artistas levantáramos las manos y dijéramos: “Basta”. Quieren controlarlo absolutamente todo y no lo podemos permitir.

Entiendo que no tiene intención de retirar la obra.

Para nada. La alcaldesa, por mucho que quiera, no puede poner puertas al aire. El arte debe ser libre y así lo entienden los organizadores, de los que tengo todo el respaldo.

Un cuadro titulado “Sobre todo Bárcenas”, del diseñador Toño Velasco, ha indignado a la alcaldesa popular de Arenas de San Pedro (Ávila) hasta el punto de ordenar su retirada de una exposición. La obra retrata al ex-tesorero del partido, actualmente en prisión, de manera satírica. Tal y como recoge El Norte de Castilla, Caridad Galán ha afirmado que Bárcenas «todavía no es culpable, que le puede pasar como a Pepiño Blanco, que ha sido absuelto».

La obra forma parte de la exposición “Quiero... sueño”, que la propia Galán inauguró el pasado domingo en la localidad del sur de Ávila. Los artistas organizadores de la muestra han asegurado que, por el momento, no van a retirar el polémico lienzo. Lo cierto es que la sátira y la ironía son las protagonistas de las otras obras expuestas. Angela Merkel, Iñaki Urdangarín o Emilio Botín, junto a otros personajes, aparecen retratados en clave humorística.

Como justificación, la alcaldesa popular ha alegado que había recibido una “llamada del partido”, ordenando la retirada de la obra de Velasco. Además, Galán ha indicado que tampoco le gusta que el cuadro de la canciller alemana presida la entrada de la exposición.

El último barómetro del CIS constituye la radiografía de una sociedad que sufre desapego y desconfianza política. Así, la percepción de la situación político-económica se ha visto deteriorada desde las pasadas elecciones generales, en noviembre de 2011, que auparon a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. Especialmente relevante ha sido el aumento de la preocupación por la corrupción, que ha aumentado más de 30 puntos.

José Luis Rodríguez Zapatero dejó el Gobierno con unos cinco millones de parados, cifra récord hasta entonces, según los datos de la EPA, que ahora sitúa el desempleo en torno a los seis millones. Además, la deuda pública ha pasado de suponer el 69% del PIB en 2011 al 92% en 2013, según las previsiones del FMI. Si la situación económica era mala o muy mala para el 86% de la población en 2011, el último barómetro revela que dicho pesimismo se extiende al 90%.

La percepción política también ha descendido en este año y medio largo. La situación política es hoy mala o muy mala para el 81,5% de los españoles, cuando en octubre de 2011 lo era para el 73,5%.

Valoración de la situación política y económica (en %)

Situación política/económica(%) | Infographics

En tan sólo dos años, la corrupción ha pasado de ser un problema para el 5,5% de los ciudadanos a serlo para el 37,4%. Un aumento de 32,4 puntos porcentuales que evidencia el impacto de los últimos escándalos: Bárcenas, ERE y Urdangarín, entre otros. Así, la “clase política” constituye una preocupación para el 27,6%.

La política de recortes del Ejecutivo de Rajoy también se ha dejado notar en las encuestas. El estado de la sanidad y la educación públicas ha centrado la atención de un mayor número de personas. En este caso, los aumentos son moderados, en torno a los tres puntos. El paro sigue protagonizando la lista de preocupaciones. Así lo indican el 80,9% de los encuestados, cifra que no ha variado en estos dos últimos años. Otras cuestiones de índole económica también son importantes para un 32% de la población.

El terrorismo y la inmigración, temas clásicos en la agenda ciudadana en el pasado, han sido relegados a un segundo plano. Sólo el 0,6% y el 2,6%, respectivamente, los consideran relevantes.

Preocupaciones ciudadanas (en %)

Preocupaciones ciudadanas (%) | Infographics

Rubalcaba, la peor oposición

Un suspenso generalizado. Esa es la nota con la que la ciudadanía valora la gestión de Rajoy durante estos dos años: el 68,9% la califica como mala o muy mala. El presidente se mantiene en los mismos términos que su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, que era suspendido por el 66,3% de los ciudadanos. El porcentaje de aprobado es muy reducido en ambos casos: 7,3% y 4,7% respectivamente.

Sin embargo, quien sale peor parado en la comparativa es el actual líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no obtiene mejor valoración que el presidente. El 68,4% califica su labor como mala o muy mala, 10 puntos más que los que registraba Rajoy en la oposición.

Valoración del gobierno y oposición

Valoración de gobierno y oposición | Infographics

Los sobres de la corrupción en el seno del Partido Popular han llegado a la sede de la televisión pública madrileña. Indican que José Antonio Sánchez, director general de Telemadrid, cobró más de un millón de pesetas de la “contabilidad B” del Partido Popular, según desvelan los papeles de Bárcenas. Por su parte, el recién elegido presidente del Consejo de Administración, Arturo Moreno, se encuentra vinculado al “caso Naseiro” que afectó al Partido Popular en los años 90, motivo por el cual tuvo que dimitir como vicesecretario general.

Fuentes sindicales demandan explicaciones que aclaren la “red de intereses políticos y empresariales” que se esconden tras la gestión de la televisión pública. En este sentido denuncian el creciente protagonismo de Telefónica en las adjudicaciones que realiza el ente, empresa a la que tanto Sánchez como Moreno están vinculados.

José Antonio Sánchez y el “Caso Bárcenas”

Los documentos revelados por El Mundo muestran que Sánchez, entonces cronista parlamentario de ABC, cobró 800.000 pesetas en 1994 y otras 300.000 en 1995 de la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Unas cantidades que aparecen en los “papeles de Bárcenas” atribuidas a “J. A. Sánchez”.

Posteriormente, en 2002, Sánchez fue nombrado director general de RTVE a propuesta del Gobierno de Aznar. Tras su paso como directivo de Telefónica, en 2011 llegó a la dirección general de Telemadrid con Esperanza Aguirre en el poder. “Desde hace tiempo venimos pidiendo una explicación. Nos parece muy grave que un periodista cobre de un partido. De ser cierto, Sánchez estaría inhabilitado como director de una televisión pública”, dice Ángel García, sindicalista de UGT y uno de los supervivientes del Comité de Empresa de Telemadrid tras el ERE que afectó a 829 trabajadores.

Precisamente Telefónica y el mencionado ERE son los protagonistas de la querella que interpuso CCOO y por la que Sánchez está imputado por cinco delitos: contra los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario. El sindicato le acusa de favorecer y conceder a dedo a Telefónica Broadcast Services los servicios de producción y realización de la señal de Telemadrid, poco después de ejecutarse el masivo despido de trabajadores. El director general es también directivo en excedencia de Telefónica.

Arturo Moreno y el “Caso Naseiro”

El pasado 24 de julio Arturo Moreno fue elegido como nuevo presidente de Telemadrid con los votos favorables del Partido Popular. Moreno fue uno de los protagonistas del “Caso Naseiro” que afectó al PP en la década de los noventa. Según El País, en el sumario judicial aparecía una conversación entre Moreno y el concejal Salvador Palop, implicado en la trama. Fue a partir de dichas escuchas como se descubrió un caso de financiación ilegal en el Partido Popular. Moreno, entonces vicesecretario general del partido, se vio forzado a dimitir de su cargo.

Un informe encargado por el entonces presidente Aznar a Alberto Ruiz Gallardón aseguraba que “los hechos revelan que el vicesecretario general, Arturo Moreno, consintió la existencia de un grupo identificable en una unidad de propósitos políticos dentro del partido de forma no oficial y con actuación al margen de la estructura orgánica del partido”.

Telefónica “ocupa” Telemadrid

José Antonio Sánchez y Arturo Moreno no sólo comparten su presente en Telemadrid, sino también un pasado como directivos de Telefónica. El actual director general de Telemadrid lo había sido antes en la División Latinoamericana de Telefónica Internacional, entre 2004 y 2011. Moreno fue durante una década (1998-2008) directivo de la misma empresa.

“No es casualidad que se hayan externalizado y adjudicado algunos servicios a Telefónica, especialmente desde que se produjo el ERE”. De esta manera, Ángel García, de UGT, denuncia los daños que por ello han sufrido los trabajadores y el posible tráfico de influencias que subyace tras las adjudicaciones. La plataforma Salvemos Telemadrid ha denunciado que el ente vuelve a adjudicar el servicio a Telefónica, discriminando una oferta de los extrabajadores cuyo coste era sensiblemente inferior.

Junto al “intrusionismo” de la multinacional de telefonía en el ente público, desde UGT y CCOO critican el “amiguismo” presente en el Consejo de Administración. “En el Consejo figuran personas ajenas a los medios de comunicación pero conectadas con el Partido Popular. Ese es el caso de Manuel Soriano, que fue director de prensa de Esperanza Aguirre y de Elena Cerezo, mujer de David Pérez, alcalde de Alcorcón. Aquí los puestos se reparten de esa manera”, se queja José María Martínez, de Comisiones Obreras.

La celebración de funerales de Estado oficiados por sacerdotes sigue siendo una práctica habitual en nuestro país. La imagen de los príncipes de Asturias en puesto destacado durante la liturgia en honor a los fallecidos del accidente del tren Alvia en Galicia fue, para algunos colectivos, la demostración de que queda un largo camino que recorrer en cuanto a aconfesionalidad se refiere. “Pensamos que un funeral civil, sin presencia de ninguna religión, se podía haber celebrado perfectamente”, afirma Francisco Delgado, presidente de Europa Laica. A su juicio “los funerales oficiales no pueden ser exclusivamente católicos, salvo que todas las familias así lo pidan”.

En el sentido señalado por Delgado se pronunciaba la Ley de Libertad Religiosa, uno de los proyectos que el Gobierno de Zapatero guardó en el cajón de las promesas incumplidas. De haberse aprobado los funerales oficiales tendrían que ser civiles, salvo deseo contrario de las familias. También recogía la posibilidad de celebrar ceremonias multiconfesionales. “Hubiera sido un gran avance. En España se echa en falta una mayor garantía del derecho de libertad de conciencia. La voluntad de familiares y fallecidos se haya desprotegida”, señala el presidente de Europa Laica. Unos funerales que representen todos, y no sólo a una mayoría, sería la solución. “Ello no impediría que la familia celebrase un funeral religioso en el ámbito privado”, concluye Delgado.

Situación en otros países

El propio Francisco Delgado reconoce que “no podemos decir que en otros países los funerales oficiales se celebren de una manera muy distinta. La religión tiende a mezclarse con la política y el Estado”. Algunos estados ya han previsto fórmulas que respetan la pluralidad de religiones presentes en sus sociedades. Ese es el caso de los funerales multiconfesionales.

Reino Unido. A pesar de la escasa presencia pública de la religión en la vida pública inglesa, el Reino Unido es un Estado confesional, ya que se identifica con el cristianismo anglicano. La reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana. El funeral en la catedral de San Pablo en memoria de las víctimas de los atentados del 7J de 2005 fue oficiado por el arzobispo de Canterbury, aunque de forma simbólica se hizo una mención especial a todos los afectados que profesaban otra religión.

Noruega. El país nórdico es otro ejemplo donde el confesionalismo ha sido protagonista durante siglos. Allí, en honor a las víctimas del atentado de Oslo de 2011, se realizó un oficio religioso luterano con presencia de la familia real y de las autoridades del Estado en la catedral de la capital. Desde el pasado año Noruega pasa a ser un país secular, donde la Iglesia se halla separada del Estado, como indica un artículo del National Post.

Italia. El caso italiano podría considerarse similar al español. A pesar del concordato de 1984, que ponía fin a la confesionalidad del estado, los funerales oficiales son en exclusividad católicos. Un ejemplo es la litigia oficiada por el cardenal secretario de Estado del Vaticano en L'Aquila, con motivo del terremoto que se saldó con casi 290 fallecidos y que contó con la presencia de las autoridades políticas.

Alemania. Las 21 víctimas de la tragedia del festival “Loveparade” fueron honradas en 2010 mediante una ceremonia oficial interconfesional. Tanto la Iglesia Evangélica como la Católica fueron las encargadas de oficiar la misa.

Francia. Notre Dame acogió la ceremonia en honor a las 228 víctimas del Airbus de Air France que desapareció en el océano Atlántico en 2009. A pesar de su carácter religioso, el acto fue oficiado conjuntamente por el cardenal de París, André Vingt-Trois; el gran rabino, Ham Korsia; el presidente del consejo francés de culto musulmán, Mohamed Moussaoui; el pastor protestante Claude Baty y el presidente de la Asamblea de Obispos Ortodoxos, el Monseñor Emmanuel.

Estados Unidos. La diversidad de la sociedad norteamericana motiva que la mayoría de los funerales oficiales se desarrollen en presencia de representantes de distintas confesiones. Además, la separación entre el Estado y la Iglesia es uno de los preceptos constitucionales. Fiel ejemplo de ello es la ceremonia por las víctimas del atentado del 11S. La catedral de Washington acogió un funeral al que acudieron el imán Muzammil Siddiqi, el rabino Joshua Haberman y el evangelista Billy Graham. Una práctica que se ha repetido en recientes tragedias como la de Newtown o Boston. En ambos casos el presidente Barack Obama acudió a un acto multiconfesional, tal y como recoge ABC.