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El PSOE abre expediente de expulsión a Mulas por el escándalo de la Fundación Ideas

Carlos Mulas registró el logo y la marca de Amy Martin

La dirección socialista tiene la posibilidad de denunciar al exdirector de la fundación por un delito societario

Carlos Mulas era administrador único de la empresa que registró en 2011 la marca 'Amy Martin'

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Logo de 'Amy Martin', registrado en marzo de 2011 por Storylines Projects, S.L.

Logo de 'Amy Martin', registrado en marzo de 2011 por Storylines Projects, S.L.

Hasta antes de ayer el PSOE sí confiaba en Carlos Mulas. Ahora le han abierto un expediente de expulsión del partido, según fuentes socialistas, pero el destituido ocupó el puesto número 13 de la lista que el PSOE presentó por Madrid en las elecciones generales de 2011. Si dos diputados madrileños abandonaran su cargo, Mulas tendría la posibilidad de incorporarse al grupo parlamentario. Es una circunstancia que los socialistas todavía no han previsto. Según fuentes de la dirección, "si esa situación se produce, esperamos que Mulas renuncie a su escaño"

El ya exdirector de la Fundación Ideas, Carlos Mulas, sí sabía que su pareja, Irene Zoe Alameda, escribía columnas bajo el seudónimo Amy Martin para la sociedad que él dirigía, a pesar de que ambos intentaron en un primer momento negar la evidencia con rocambolescas explicaciones.

Este jueves, la escritora aseguró en un comunicado que Mulas no tenía conocimiento de que ella trabajaba para Ideas a través de su empresa Storylines Projects, S.L. En concreto, hacía referencia al logo de la sociedad: “Se ha hablado mucho de un logo registrado a nombre de mi empresa, Storylines Projects. Ese logo lo diseñé yo, Irene Zoe Alameda gratuitamente y se lo cedí a la Fundación, a modo de tributo, para adornar su naciente página web”.

Extracto del BORME en el que figura el cambio de administrador único en Storylines Projects, S.L.

Extracto del BORME en el que figura el cambio de administrador único en Storylines Projects, S.L.

Sin embargo, ese logo y la marca ‘Amy Martin’ fueron registrados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 23 de marzo de 2011 por Storylines Projects. En esa fecha, el administrador único de la sociedad era Carlos Mulas. Unos meses más tarde, el 23 de diciembre de 2011, Mulas cedía la administración de la empresa a Irene Zoe Alameda, pero hasta entonces era conocedor de la marca y el logo que firmaban en la Fundación Ideas porque él mismo los había registrado.

Mulas podría haber cometido un delito societario

El exdirector de la Fundación Ideas podría haber incurrido en un delito societario, tipificado en el artículo 295 del Código Penal, al haber abusado de sus funciones al frente de la fundación para beneficiar a su pareja. Este delito está penado con seis meses a cuatro años de prisión o una multa del triple del beneficio obtenido, si bien es necesario que la parte afectada denuncie los hechos, en este caso el PSOE a través de Ideas. De hecho, el vicepresidente ejectutivo de la entidad, Jesús Caldera, ha advertido de que se llevará a cabo una "investigación exhaustiva" sobre la gestión de Carlos Mulas y ha puesto el caso en manos de sus abogados para que estudien las posibles acciones legales. Por ahora, el PSOE parece conformarse con que Mulas devuelva el dinero que se pagó a Amy Martin.

No obstante, la norma establece que también podrá denunciar el Ministerio Fiscal en el caso de que el abuso afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Teniendo en cuenta el carácter público de la Fundación, que recibe subvenciones, el fiscal podría intervenir sin necesidad de una denuncia.

Artículo 295 del Código Penal

Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido


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