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Los presidentes de OHL y Sando niegan ante el juez donaciones al PP a cambio de obra pública

El presidente de OHL asegura que nunca ha dado dinero al PSOE o al PP

José Luis Sánchez, del Grupo Sando, reconoce una gran amistad con el extesorero Álvaro Lapuerta pero niega haber hablado con él de adjudicaciones.

El fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, no hizo ninguna pregunta a los tres empresarios imputados que han comparecido ante el juez Ruz.

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OHL reparte el 3 de junio un dividendo de 0,6519 euros, un 16,4% superior al del pasado año

El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir (EFE)

No hubo donaciones. Ni legales, ni ilegales. Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, y José Luis Sánchez Domínguez, antiguo propietario del Grupo Empresarial Sando, han asegurado al juez Pablo Ruz que nunca dieron dinero al PP, que desconocen las razones por las que figuran en los 'papeles de Bárcenas' como donantes del partido, y que las adjudicaciones de obra pública por parte de administraciones gobernadas por los populares lo fueron sin contrapartida alguna. Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, se negó a prestar declaración. Antonio Romeral, fiscal anticorrupción, no hizo ni una sola pregunta a los imputados.

Villar Mir dijo al magistrado que nunca ha hecho aportaciones económicas al PSOE o al PP, y que las únicas donaciones que hace su empresa han ido a la Fundación FAES, que preside José María Aznar (45.000 euros anuales); al Real Instituto Elcano (150.000 euros anuales), a dos fundaciones de UGT y CC.OO (120.000 euros a cada una de ellas), y a la Fundación Mujeres por África, que preside la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, también 120.000 euros al año. Pagos que dijo poder acreditar.

El empresario dijo al juez que conoce desde hace años al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, pero que nunca habló con él de adjudicaciones de obra pública y calificó de "error" que su nombre aparezca en los 'papeles de Bárcenas', en los que figuran tres donaciones por un importe total de 530.000 euros. Entre 2002 y 2009 administraciones gestionadas por el PP adjudicaron 215 contratos a OHL por importe de 4.652 millones de euros. Villar Mir dijo que no conocía a Luis Bárcenas, y justificó no haber emprendido acciones legales contra el extesorero o Izquierda Unida (IU) como querellante para no perjudicar la imagen internacional de sus empresas. "Lo que quiero -dijo- es que esto acabe cuanto antes".

Tras Villar Mir fue el turno a José Luis Sánchez Domínguez, expresidente del Grupo Empresarial Sando, que entre 2002 y 2011 fue adjudicatario de 51 contratos por parte de administraciones del PP por un importe de 264 millones de pesetas. Los 'papeles de Bárcenas' recogen un total de trece donaciones a los populares que suman 1.250.000 euros. Sánchez Domínguez manifestó al juez que tiene una relación de amistad con Álvaro Lapuerta desde hace muchos años y que cuando viajaba a Madrid solían verse en la sede del PP. Más allá de su amistad, nada. Nunca hablaron de obra pública, y sólo en 1998 se interesó por un concurso del Ayuntamiento de Madrid y Lapuerta le dijo que se llevaba mal con el alcalde, el popular José María Álvarez del Manzano. Las acusaciones le preguntaron si conocía al exministro Álvarez Cascos y al expresidente balear Jaume Matas, a lo que respondió que no. Cuando le interpelaron sobre Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia y secretario de Estado de Aguas e Infraestructuras con Aznar, dijo al juez que no iba a contestar más preguntas de las acusaciones.

El primero en comparecen en la Audiencia Nacional fue Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, que llegó con dos horas de anticipación a la que estaba citado, y abandonó las dependencias judiciales diez minutos después tras negarse a declarar. En el caso de su compañía, los 'papeles de Bárcenas' recogen adjudicaciones de obra por 525 millones de pesetas y nueve donaciones por 258.161 euros.

Tras las comparecencias de Sánchez Domínguez y Alfonso García Pozuelo las acusaciones solicitaron la celebración de una vistilla para pedir al juez la adopción de medidas cautelares. El fiscal se opuso a ello y el juez rechazó la diligencia. Ruz justifica su decisión en una providencia en la que dice que los querellantes no han expuesto elementos nuevos que requieran la modificación de la situación procesal de los imputados, y recuerda que negarse a declarar es un derecho constitucional.

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