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Antonio Asenjo

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Marc Pérez, el primer banquero de HSBC imputado en España

Marc Pérez es un caso inédito, el de un banquero suizo imputado por formar parte de una red de blanqueo y evasión de capitales. El primer caso del que se tiene constancia en España de un empleado del HSBC de Ginebra respondiendo a la Justicia por sus manejos de las fortunas de sus clientes. Una rareza si tenemos en cuenta que estamos hablando de una práctica habitual en muchas entidades bancarias situadas en paraísos fiscales, cuyo objetivo es captar la mayor cantidad de dinero posible sin preocuparse de su procedencia.

Pérez está imputado desde el año pasado como uno de los responsables de una red que blanqueaba dinero de empresarios y familias acomodadas de nuestro país, la conocida como trama Gao Ping, pero la policía del país helvético se ha negado a detenerlo, como reclamaba el juez Fernando Andreu, y se ha limitado a tomarle declaración, sin que a fecha de hoy se tengan noticias de que se haya iniciado algún procedimiento contra él, más allá de haber sido apartado de sus funciones en el banco HSBC.

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El fiscal dice que los bancos no incurrieron en delito con la venta de preferentes

El juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, ha aceptado contra el criterio del fiscal la querella interpuesta por UPyD contra los responsables de Caja Madrid, Bancaja y BFA-Bankia que autorizaron la venta de participaciones preferentes. Los querellantes querían que el magistrado actuara también contra “consejeros y directivos que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente en su diseño, implantación y comercialización”. El Ministerio Público había solicitado que la querella no fuese aceptada a trámite porque en la venta de dicho producto financiero no hay delito. El magistrado ha rechazado actuar contra el exgobernador del Banco de España (BE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, máximos responsables de la supervisión de los mercados. La querella de UPyD y el auto del juez aluden al informe de la CNMV que denunciaba las malas prácticas en que habían incurrido las entidades financieras, desvelado fechas atrás en exclusiva por eldiario.es

El fiscal defendía que en el momento de su comercialización las preferentes no podían considerarse un producto “fraudulento”, entre otras razones porque “a la fecha de su comercialización se encontraba autorizado y regulado por la CNMV”.  El representante del Ministerio Público sostiene que “la conducta atribuida a Bancaja, Caja Madrid y Bankia, que con toda probabilidad será extensiva a otras entidades emisoras de participaciones preferentes, es una mala práctica” sin más. Ésta consistiría esencialmente en la forma de su comercialización (la venta a personas sin conocimientos financieros que creyeron que suscribían un producto cuya inversión podían recuperar en cualquier momento), pero no alcanza la consideración de “engaño bastante” que exige el tipo penal de la estafa”.

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Rebelión interna en CCOO por el apoyo de su experto a la reforma de las pensiones

El apoyo de Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC.OO y representante en el comité de expertos que ha avalado el informe de propuesta para reformar las pensiones, ha generado un gran malestar en el sindicato. Siete miembros del Gabinete Técnico Interfederal (que se encarga del asesoramiento en despidos colectivos, entre otros cometidos) escribieron el lunes una carta remitida a Ignacio Fernández Toxo, secretario general, y a toda su Ejecutiva, en la que califican de "escandaloso" el voto favorable de su compañero.

No creen que sea una decisión estrictamente personal. Los críticos aluden también a lo que consideran una "tibia respuesta" por parte de la dirección.

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Bárcenas y su esposa blanquearon dinero con la venta ficticia de obras de arte

Luis Bárcenas, extesorero del PP, y su esposa, Rosalía Iglesias Villar, tendrán que declarar como imputados el próximo día 27 ante el juez Pablo Ruz sobre la falsa venta de obras de arte para justificar el ingreso de medio millón de euros en una cuenta de Caja Madrid. El magistrado quiere saber también si otros ingresos similares, por un importe total próximo a los cuatro millones, esconden en realidad operaciones de blanqueo de capitales.

Rosalía Iglesias llevaba meses intentando que se archivara la causa abierta contra ella por un presunto delito fiscal al no haber declarado a Hacienda una ganancia patrimonial de 500.000 euros que, según la imputada, provenían de la venta de varios cuadros que no estaría sujeta a tributación por la antigüedad del bien. La mujer de Bárcenas aportó a Hacienda un "contrato de mediación" firmado el 15 de noviembre de 2004 entre ella e Isabel Ardanaz, una marchante de arte. El segundo escrito mecanografiado es un contrato de compraventa de las obras de arte antes citada entre ambas mujeres firmado el 19 de enero de 2006. Con estos documentos Iglesias solicitó el archivo de la causa.

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La fiscalía se ‘alía’ con las defensas en algunos de los casos de corrupción más importantes

Frente a la tópica imagen del fiscal que acusa en defensa del interés público, aunque no tenga por norma que adoptar siempre ese papel, los últimos y más relevantes casos de corrupción han contado con representantes del ministerio público que se han opuesto a las resoluciones del juez instructor y compartido argumentos con las defensas para intentar revocar las decisiones de los magistrados. Sus argumentos pueden estar tan fundamentados como cuando acusan, pero sus decisiones suscitan recelos en una opinión pública que asiste indignada a la frecuente inculpación de políticos, banqueros y empresarios.

El último caso lo protagonizó ayer el fiscal del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que se opuso con vehemencia a que Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, volviera a ingresar en prisión, como decretó el juez Elpidio José Silva tras una citación urgente. El banquero fue encarcelado el pasado 16 de mayo en la prisión de Soto del Real acusado de varios delitos societarios por supuestas irregularidades cometidas en la compra del City Nacional Bank de Florida, una operación que habría ocasionado pérdidas multimillonarias a la caja.

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Blesa, más cerca de responder por las preferentes en la Audiencia Nacional

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, tiene un elemento más de preocupación. A sus problemas con la Justicia por la compra del Banco City de Florida y el crédito millonario a Gerardo Díaz Ferrán, ahora se suma la emisión de las preferentes que ayer entró en vía penal por la decisión de la Audiencia Nacional de incluir la investigación de un posible delito dentro del conocido caso Bankia.

Hasta ahora, Blesa se había librado de la imputación por parte del juez Fernando Andreu, el encargo de instruir el caso Bankia, ya que el amigo de José María Aznar había abandonado la entidad antes de que se tomaran las decisiones que se investigan por mala gestión, como la salida a bolsa. Sin embargo, el grueso de la emisión de preferentes, o productos híbridos como también se les conoce, se hizo bajo su dirección, en las emisiones de 2009.

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La Gürtel pagó un viaje de Ana Mato a Disneyland París

La ministra de Sanidad, Ana Mato, viajó con uno de sus hijos a Disneyland París en octubre de 1998 con los gastos pagados por Francisco Correa, el ‘cerebro’ de la trama Gürtel, según recoge un informe de la Agencia Tributaria fechado el pasado 29 de mayo que el juez Pablo Ruz acaba de incorporar al sumario. También figura un viaje a Dublín el 16 de julio de 1999 con Ana Sepúlveda que costó 216.000 pesetas, que los investigadores creen que también fue pagado por Correa.

El primero de los viajes está acreditado por una factura con el encabezamiento “Viaje a París 30 de octubre/2 de noviembre Ana Mato x 2” y número de reserva 12412207, por una habitación doble durante dos noches en el hotel Newport Bay Club, a razón de 1.435 francos franceses la noche. Francisco Correa corrió con el gasto de una noche y Disneyland París con la otra.

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Un empresario declara que donó 63.000 euros de su bolsillo al PP

Antonio Vilela, apoderado de la constructora Rubau, ha reconocido al juez Pablo Ruz que en 2007 hizo una donación a título personal al PP de 63.000 euros como militante del partido, en el que ejerce como asesor de obra pública e impacto medioambiental de una desconocida Comisión de Infraestructuras, al frente de la que situó a Manuel Núñez. Amigo de Álvaro Lapuerta, Vilela ha dicho al magistrado que jamás intercedió a favor de su empresa, y que cuando se reunía con el extesorero popular "hablábamos de religión", según han relatado varios letrados presentes en el interrogatorio.

El empresario ha acudido al juzgado con un certificado del PP que corrobora el pago antes citado. Cuando el magistrado le ha dicho que si no sabía que las donaciones no podían superar los 60.000 euros, Vilela ha asegurado que lo desconocía. "Me siento traicionado, porque lo hice de buena fe", declaró. La contabilidad oficial del partido incorporada a la causa recoge dos donaciones a su nombre por 50.000 y 13.000 euros los días 6 y 8 de marzo de 2008.

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El ex presidente de FCC admite donaciones al PP

José María Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción entre 2001 y 2011 y hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, ha reconocido al juez Pablo Ruz que la constructora hizo dos donaciones al PP por un importe total de 60.000 euros fechas antes de las elecciones generales de noviembre de ese año, que los populares ganaron por mayoría absoluta, porque querían "colaborar"con el partido.

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El expresidente de FCC admite donativos al PP antes de las generales de 2011

José María Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción entre 2001 y 2011 y hermano del exministro del Interior Jaime Mayor  Oreja, ha reconocido al juez Pablo Ruz que la constructora hizo dos donaciones al PP por un importe total de 60.000 euros fechas antes de las elecciones generales de noviembre de ese año, que los populares ganaron por mayoría absoluta, porque querían "colaborar"con el partido.

Los pagos se hicieron a través de dos sociedades propiedad al cien por cien de FCC,  Promociones Teide y BBR, que no tenían adjudicaciones de la administración y eludir así la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe que las sociedades con contratos con entidades públicas hagan donaciones. Oreja ha dicho que asesorados por los servicios jurídicos de la empresa pensaron hacer una tercera donación a través de Megaplasma, también propiedad de FCC, pero  desistieron porque se trataba de una sociedad prácticamente sin actividad.

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