Tomé condiciona la Ley de Vivienda de Asturias a mayores multas contra el acoso inmobiliario o rebajar el umbral de gran tenedor

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha presentado siete enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda que tienen el objetivo de frenar la especulación y proteger la vivienda pública, y que, según ha advertido, son “innegociables” para que dé su respaldo a la futura normal.

Tomé ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para hacer balance del estado de tramitación de la ley, después de que la ponencia parlamentaria cerrara esta semana la primera revisión del texto sin incorporar, según ha denunciado, ninguna de las enmiendas que su grupo trasladó hace unas semanas al PSOE y a IU-Convocatoria por Asturias, los dos socios que sostienen al Ejecutivo regional.

Una de las enmiendas pide sancionar con multas de entre 90.000 y 900.000 euros el acoso inmobiliario a inquilinos, un importe que, según ha apuntado, ya se establece en leyes de vivienda de otras comunidades autónomas, frente a los 30.000 que plantea el actual proyecto.

Tomé también reclama ampliar el concepto de “gran tenedor” para que se tenga en cuenta la acumulación de cinco o más viviendas en un mismo concejo, y no solo el total en toda Asturias.

Además, pide actuar con mayor firmeza en las zonas tensionadas, de modo que toda vivienda comprada en estas áreas tenga que destinarse a residencia habitual o alquilarse como tal, y lo mismo en caso de edificios completos.

Otra de las exigencias de Tomé es frenar el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, obligando a los portales inmobiliarios a señalar cuándo el anunciante es un gran tenedor y exigiendo que los contratos justifiquen la temporalidad real.

Asimismo, apuesta por el derecho de tanteo y retracto para la administración, de forma que los ayuntamientos puedan delimitar áreas de adquisición preferente y comprar con prioridad viviendas o edificios para el parque público.

Otras de las enmiendas pide movilizar de forma real la vivienda vacía, con incentivos, garantías públicas y ayudas a la rehabilitación, sin expropiaciones, según ha matizado.

Por último, la diputada del Grupo Mixto pide reservar un 30% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida en suelo urbanizable, porcentaje que subiría al 40% en las zonas tensionadas.