<![CDATA[elDiario.es - Sofía Pérez Mendoza]]> 10 <![CDATA[Bebemos porque queremos (y nadie hace nada por evitarlo)]]> Bebemos porque queremos (y nadie hace nada por evitarlo)

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Quizá ha pasado un poco desapercibido, pero esta semana la Organización Mundial de la Salud ha movido una ficha importante. Ha dicho a los países europeos que la era de considerar el alcohol un patrimonio cultural o una sustancia inofensiva ha acabado.

Es mejor no engañarnos. Aquí están los datos: La Unión Europea (UE) es la subregión con mayor consumo del mundo y el cáncer es ahora también la principal causa de muerte. En 2020, el alcohol provocó 111.300 nuevos casos de cáncer en el continente.

Así lo recoge un manual de prevención, el vigésimo, publicado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la OMS en un volumen –te dejo aquí en enlace para consultarlo íntegro– que da un tirón de orejas a los países por no aplicar políticas de salud pública para proteger a las personas del alcohol. No se anda con medias tintas: “A pesar de la creciente evidencia, estas no se utilizan lo suficiente”.

Pregunté a algunos expertos en la materia cómo estaba España y la respuesta fue: mal. No hay ninguna ley específica para reducir el consumo de alcohol en toda la población, aunque sí algunas medidas que prohíben, por ejemplo, que se anuncien bebidas con alta graduación. Mientras, cada verano seguimos queriendo vivir en los anuncios de cerveza: la amistad, la playa, las vacaciones, el buen rollo. Un idilio patrocinado por una sustancia perjudicial para la salud. 

El Ministerio de Sanidad sí ha aprobado una norma para evitar que los niños, niñas y adolescentes se inicien en el consumo, aunque aún está la espera de votación en el Congreso. ¿Cómo? Básicamente atacando a todo lo que “normaliza” esta sustancia porque ahí, dicen los expertos, está la clave de cualquier política pública en este ámbito: quitarlo de la vista lo más posible y hacer difícil su acceso. De hecho, la ley prohíbe consumir alcohol de manera expresa por primera vez a los menores de edad. 

“Hay que dejar de pensar solo en tratamientos y empezar a hacerlo en políticas públicas. El problema no es individual, sino un asunto de Estado. El ”bebo porque quiero“ no es verdad, hay un contexto que incita”, me decía Albert Espelt, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo de trabajo sobre alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

El manual de la IARC destaca unas cuantas medidas cuya eficacia está probada y que deberían empezar a poner en marcha ya los gobiernos:

-Aumentar los impuestos

-Fijar precios mínimos. O sea, prohibir las promociones como la happy hour

-Restringir la disponibilidad. Es decir, que se venda en menos lugares y con horarios limitados 

-Elevar la edad para comprarlo o tomarlo 

-Establecer monopolios gubernamentales que controlen la venta 

¿Ves posible que esto ocurra en España? Somos un país productor donde el consumo, además, está muy normalizado, me advirtió Iñaki Galán, del Centro Nacional de Epidemiología (CNE): “Los gobiernos de todo el sur europeo son bastante reacios a políticas integrales y duras”. En Madrid incluso se promociona.

Lo mejor: combinar cuantas más medidas para potenciar los efectos. Subir el precio es una de las más eficaces. 

Hace tres años pasó algo que dio una pista de cuán difícil podía ser caminar hacia estas políticas. Con los votos de los países del sur, la Eurocámara 'indultó' el vino, la cerveza y el cava en un plan europeo contra el cáncer. Se aprobaron una serie de enmiendas que suavizaron el vínculo del consumo de alcohol con el desarrollo de tumores.

Frases como estas fueron borradas: “La OMS reconoce que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la prevención del cáncer e insiste en la necesidad de tener esto en cuenta al diseñar y aplicar las políticas de prevención”.

Albert Espelt me contó que preguntaron a chavales y chavalas en Manresa qué significaba para ellos el consumo “responsable” y muchos dijeron que volver correctamente a casa sin haber perdido el móvil ni las llaves. “Cuanto más se consume, más se tolera, así que un consumo moderado, si se mantiene, implica que cada vez se tomará más alcohol”, asegura. 

Mientras estabas a otras cosas...

  • El Gobierno ha dado tres meses a Madrid, Balears y Aragón para crear el registro de objetores al aborto antes de ir a los tribunales. Segundo aviso. 
  • “No damos abasto”. En este reportaje hay testimonios de radiólogos y radiólogas que explican el tapón que tienen con las pruebas diagnósticas como las mamografías de Andalucía. Son pocos y cada vez tienen más trabajo. 
  • Una historia muy curiosa sobre el cerebro y los niños epilépticos. Neurocientíficos italianos han documentado por primera vez cómo estos chicos y chicas con una dolencia grave y que son sometidos a cirugía conservan medio cerebro activo y la otra mitad en un estado similar al coma o el sueño profundo. 

La huella cerebral de las agresiones sexuales

 Y para terminar otra investigación relacionada con el cerebro que me ha parecido interesante. Un estudio liderado por el Hospital Clínic de Barcelona ha evidenciado que más de la mitad de las mujeres con estrés postraumático después de sufrir violencia sexual tienen desconectadas dos áreas relacionadas con la respuesta al miedo.

En ellas había desaparecido casi por completo la comunicación entre la amígdala, que ayuda a procesar emociones como el miedo, y la corteza prefrontal, que ayuda a regularlas.

Hasta aquí la newsletter de hoy. Este cierre es un poco especial porque supone también una despedida. Emprendo una nueva aventura profesional y el boletín se queda en buenas manos, las de mis compañeras de la sección de Sociedad. Ha sido un privilegio sostener este canal de comunicación. Gracias por hacerlo tan especial. 

Nos encontramos en la vida (no virtual) de fuera.

Un abrazo muy grande.

]]> <![CDATA["No damos abasto y se hace tapón": la crisis de Andalucía destapa la falta de radiólogos en España]]> "No damos abasto y se hace tapón": la crisis de Andalucía destapa la falta de radiólogos en España

España tiene un 15% menos de profesionales que la media europea mientras la demanda de pruebas como ecografías o TAC crece sin freno por el aumento de cribados, la cronificación de enfermedades y el envejecimiento de los pacientes

La crisis de los cribados de cáncer deja asomar las grietas de la sanidad andaluza y extiende la sospecha a otros pacientes

Sumido en la peor crisis desde de su historia, el Gobierno de Juanma Moreno anunció hace una semana que contrataría a 65 radiólogos para dar respuesta en mes y medio a todas las mujeres con mamografías sospechosas que habían quedado en un limbo. Un plan que, dos días después, se reveló inviable: no había especialistas suficientes.

La crisis de los cribados en Andalucía ha destapado una realidad que los radiólogos llevaban años advirtiendo sin mucha atención. Las pruebas de imagen –no solo mamografías, sino ecografías, TAC o resonancias– han crecido tanto en los últimos años que las plantillas no dan de sí.

Dos meses antes de que estallara el escándalo andaluz, los especialistas en La Rioja advirtieron que había “radiografías y resonancias sin informar” desde hacía meses. En Vigo, los médicos del Hospital Álvaro Cunqueiro acaban de iniciar la segunda semana de huelga. Piden tres radiólogos presentes en las guardias para asumir el trabajo que reclaman las urgencias –un 80% más en los últimos cinco años– y no poner en riesgo a los pacientes. El Servicio Gallego de Salud asegura que, si dotan con más especialistas a este centro, el resto del área provincial no podrían funcionar.

Como hay tantísimo volumen de pruebas pedidas por todo tipo de especialistas no damos a basto. Podemos tener máquinas que hagan 50 estudios en una mañana pero eso luego alguien tiene que leerlo, interpretarlo e informarlo

Mónica Alloza, radióloga

“Como hay tantísimo volumen de pruebas pedidas por todo tipo de especialistas no damos a basto. Podemos tener máquinas que hagan 50 estudios en una mañana pero eso luego alguien tiene que leerlo, interpretarlo e informarlo. No podemos trabajar al mismo ritmo y se nos acumula”, admite la radióloga Mónica Alloza, que trabaja en el Hospital de Torrejón (Madrid), donde la plantilla a tiempo completo es de siete especialistas “cuando serían necesarios, por el tamaño, entre 10 y 15”.

“Se está supliendo con contratos parciales de personas externas a través de empresas o autónomos y una parte del trabajo se puede hacer online, aunque eso tiene limitaciones porque el trabajo en equipo se pierde y también la calidad. Pasa en muchos sitios. Las plantillas no están cubiertas ni en hospitales grandes”, añade la radióloga especialista en pediatría con más de 20 años de experiencia.

Es decir, no es solo que haya enormes listas de espera para que el paciente sea citado a la prueba, sino que el tiempo hasta tener un resultado también se demora. No es lo mismo analizar un TAC de cerebro que un estudio oncológico que requiere mirar el tórax, el abdomen y la pelvis, además de compararlo con la imagen de hace seis meses. “Este déficit produce un tapón que da como resultado lo que ha pasado en Andalucía”, resuelve Alloza.

El Ministerio de Sanidad no publica las listas de espera para pruebas radiológicas, pese a que sí actualiza cada seis meses las demoras en cada comunidad autónoma para operarse o consultar a un especialista. Los datos son publicados por las autonomías pero es imposible homogeneizar la información que ofrecen. Además, cuatro de ellas –Andalucía, Valencia, Balears, Aragón y Navarra– no lo hacen.

Lo que ha pasado en Andalucía se está dando en alguna medida en toda España sin que lo estemos detectando. Solo con que tengamos estas largas listas de espera, hay cuestiones que no se tratan en los plazos adecuados

Rafael Ojeda — Presidente del Sindicato Médico Andaluz

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) advierte de que no es un problema nuevo. Cada vez hay más población objetivo para los cribados de cáncer, se han cronificado gracias a los tratamientos enfermedades como el cáncer que requieren revisiones habituales y la población envejece. Todos estos factores están detrás del aumento desproporcionado de la demanda, según su presidente José Carmelo Albillos. “Las necesidades han crecido muy por encima de lo que lo han hecho los especialistas y este déficit tiene implicaciones porque la presión asistencia nos desborda. No solo en los cribados, sino en la actividad diaria”, lamenta.

España tiene menos radiólogos que la media europea: poco más de 100 frente a los 127 por cada millón de habitantes en el continente, según un informe europeo publicado en enero, y un 35% de ellos tiene más de 51 años. Para Alloza, “no se ha reaccionado a tiempo” pese a que se veía venir el aumento de la demanda y la avalancha de jubilaciones: “Se ha producido una falta de previsión por parte de la Comisión Nacional de la Especialidad para sacar el número suficiente de plazas MIR en los últimos 20 años”.

Las necesidades han crecido muy por encima de lo que lo han hecho los especialistas y este déficit tiene implicaciones porque la presión asistencia nos desborda. No solo en los cribados, sino en la actividad diaria

José Albillos — Presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica

Aunque otros países tienen situaciones más límite por las jubilaciones, el problema en España no solo tiene que ver con el relevo generacional sino con las condiciones de trabajo. “La gente está muy presionada, sobre todo por las guardias, que cada vez requieren de más pruebas de imagen más complejas y variadas. El estrés es enorme y muchos de ellos terminan dirigiéndose a la medicina privada donde estos asuntos son menos críticos”, subraya Albillos.

Para el Sindicato Médico Andaluz, lo que ha pasado en Andalucía no es “un problema puntual sino un modelo que ha colapsado como un castillo de naipes”. “Lo que ha pasado con estas mujeres se está dando en alguna medida en toda España sin que lo estemos detectando. Ya solo con que tengamos estas largas listas de espera, hay cuestiones de salud que no se tratan en los plazos adecuados”, zanja. Ojeda asegura que “la brecha entre lo que se ofrece y lo que se puede hacer en la sanidad pública es tan grande que en los cribados es imposible gestionar la petición de pruebas complementarias cuando se ve algo raro”.

]]> <![CDATA[Los médicos incrementan la presión sobre Sanidad con cuatro días de huelga en diciembre contra el Estatuto Marco]]> Los médicos incrementan la presión sobre Sanidad con cuatro días de huelga en diciembre contra el Estatuto Marco

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) convocan nuevas movilizaciones los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre para mostrar su rechazo al borrador de la nueva ley que regula las condiciones laborales de los sanitarios

Segunda huelga de médicos en tres meses: el conflicto con Sanidad por sus condiciones entra en un callejón sin salida

Tras dos huelgas en tres meses, los médicos incrementan un poco más la presión sobre el Ministerio de Sanidad con la convocatoria de cuatro nuevos paros los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, según ha informado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), ante la “falta de una respuesta institucional adecuada”. La negociación de las nuevas condiciones laborales de médicos y otros sanitarios, que se plasmará en un nuevo Estatuto Marco que ha enfrentado al equipo de Mónica García con los facultativos, está en un callejón sin salida. Al calendario de protestas se suma también una manifestación en Madrid el próximo 15 de noviembre.

“Estas acciones han sido acordadas por ambas organizaciones después de haber enviado una nueva carta a la ministra de Sanidad en la que le reclaman una reunión efectiva y directa que permita avanzar en una posible solución consensuada al conflicto ante los escasos avances que se han producido en los últimos meses y la falta de compromiso por parte de los representantes ministeriales”, dicen los convocantes en una nota de prensa, que insisten en demandar un Estatuto Marco propio, solo para los médicos y médica, extremo al que se ha negado desde el principio el Ministerio de Sanidad.

Si nada cambia, el equipo de la ministra Mónica García está abocado a aprobar la nueva ley que regula las condiciones laborales de los sanitarios en soledad. “No lo vamos a meter en un cajón ni tirar por tierra el trabajo de tres años. Tampoco lo vamos a dejar en la vía muerta del diálogo permanente. Tiene que pasar a la fase de la apertura a la sociedad civil y los partidos políticos”, dijo la ministra unos días antes de la última huelga, manifestando su intención de sacar el texto adelante aunque no tenga el apoyo de la profesión.

CESM y SMA también han anunciado que van a “intensificar las reuniones informativas a los profesionales para recomendar la denuncia a realizar toda la actividad voluntaria que exceda a su jornada laboral”. “Es la única forma de paliar el intolerable exceso de trabajo al que se ven sometidos de manera sistemática”, aseguran.

Los convocantes consideran que el nuevo texto, que Sanidad ha negociado durante meses con el comité de huelga y también los sindicatos del ámbito (CCOO, UGT o CSIF), mantiene la “precariedad laboral” tras ver un último borrador que, su juicio, elimina algunos avances como la retribución obligatoria de cada hora de guardia al menos como una ordinaria o la referencia al descanso semanal de 36 horas.

La Organización Médica Colegial, que apoyó las últimas movilizaciones, considera que el trasfondo de la protesta no es, en realidad, el Estatuto Marco, sino algo más. “Aunque la razón visible de esta huelga es el anteproyecto, la razón que subyace es mucho más profunda: es la desesperanza, el cansancio y el malestar de todos los médicos españoles por cómo se nos considera y cómo se nos trata”, señaló su presidente Tomás Cobo. En la primera previa, la que se convocó en junio y se dejó sentir de manera desigual en los diferentes territorios, muchas personas mostraban un hartazgo acumulado por las condiciones en las que ejercen, más allá de las reinvidicaciones concretas vinculadas al paro.

El Ministerio insiste en que la nueva ley mejora la situación de todo el colectivo sanitario y ha renunciado a medidas que eran conflictivas como la incompatibilidad de trabajar en la pública y en la privada en el caso de los MIR, algo que incluía el primer borrador que desencadenó la protesta de los sindicatos médicos y se incluirá un capítulo propio, dentro del Estatuto Marco, específico para los médicos y médicas.

Respecto a la jornada, las guardias se reducen de 24 a 17 horas sin necesidad de recuperar la jornada ordinaria del día siguiente, aunque se queda por el camino mejorar la retribución. Quedan, además, exentas de las guardias sin perder salario las profesionales embarazadas o que están en periodo de lactancia, quienes tienen problemas de salud y los mayores de 55 años.

]]> <![CDATA[El Gobierno da un mes a Madrid, Balears y Aragón para crear el registro de objetores antes de ir a los tribunales]]> El Gobierno da un mes a Madrid, Balears y Aragón para crear el registro de objetores antes de ir a los tribunales

"Ayuso se ha equivocado por partida doble, se ha creído estar por encima de la ley y del derecho de las mujeres. Le recomiendo que recoja cable y abandone su cruzada", ha dicho la ministra de Sanidad

El Gobierno quiere blindar el aborto en la Constitución con una reforma que no implique la disolución de las Cortes

Segundo aviso del Gobierno a la Comunidad de Madrid para que cumpla la ley del aborto. El Ministerio de Sanidad ha requerido al Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso que ponga en marcha el registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. El nuevo toque de atención no se dirige solo a Madrid, sino también a Balears y Aragón, que aunque no se han negado expresamente a crear el listado, no lo tienen en marcha, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las tres comunidades tienen a partir de ahora un mes para responder al requerimiento y cesar en el incumplimiento de la ley. Se trata de un aviso, ha desgranado García, previo a iniciar acciones judiciales contra los gobiernos regionales. Después, el Gobierno central cuenta con otros dos meses de plazo para ir a los tribunales. De esta última comunicación se ha quedado fuera Asturias, gobernada por el PSOE, que sí recibió la semana pasada la carta del presidente del Ejecutivo recordando que debían cumplir la ley.

La ministra de Sanidad se ha dirigido específicamente a la dirigente madrileña desde la mesa del Consejo de Ministros: “Se ha equivocado por partida doble, se ha creído estar por encima de la ley y por encima del derecho de las mujeres. Le recomiendo que recoja cable y abandone su cruzada”.

Ayuso confirmó la semana pasada, tras días de declaraciones ambiguas, que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

“Me gustaría que un partido de Estado, como es el Partido Popular, le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley, y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo”, ha asegurado Sánchez este martes en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha recordado que solamente el 1% de los abortos en la Comunidad de Madrid se practican en la sanidad pública. “Es evidente que hay una decisión política detrás, producto de un dogmatismo y de un sectarismo que nada tiene que ver ni con el sentir de muchas mujeres, hasta incluso de aquellas que votan al PP”, ha añadido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no considera que Ayuso se haya declarado “en rebelión”. “La propuesta del PP está muy clara, la ley del aborto se cumple en España. Yo la cumplo y los presidentes autonómicos de mi partido también”, dijo este lunes en Antena 3.

El Partido Popular, en un nuevo equilibrismo sobre un asunto que genera división interna como el aborto, propuso crear un registro de médicos y médicas que sí practican interrupciones voluntarias del embarazo, una idea que supondría asumir que la prestación para abortar no está incluida en la carta del Servicio Nacional de Salud. “Que sea de objetores y no de prestadores es porque toda prestación se presta por defecto. Lo contrario supone asumir que hay una objeción universal, expresamente prohibida en la ley, que se revierte con la prestación activa”, respondió el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en X.

]]> <![CDATA[La OMS apresura a los países europeos a actuar ya contra el alcohol subiendo el precio y la edad de consumo]]> La OMS apresura a los países europeos a actuar ya contra el alcohol subiendo el precio y la edad de consumo

El último manual de prevención elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) tira de las orejas a los estados por no aplicar "lo suficiente" las políticas de salud pública que se han demostrado eficaces para reducir el consumo en la población

La nueva ley para alejar a los menores del alcohol prohíbe el consumo en eventos infantiles y residencias de estudiantes

La mayoría de países del mundo firmaron hace dos décadas un convenio internacional, promovido por la Organización Mundial de la Salud, que les obligaba a atajar con políticas públicas el consumo de tabaco. Para el alcohol, otra sustancia perjudicial y vinculada con varios tipos de cáncer incluso en ingestas mínimas, sin embargo, no existe una herramienta similar.

Algunos estados con graves problemas, como Reino Unido o Irlanda, han puesto en marcha acciones más serias, pero el grueso de los europeos continúan sin aprobar medidas para desnormalizar el alcohol dirigidas a toda la población, según un amplísimo manual de prevención publicado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la OMS. “A pesar de la creciente evidencia que respalda las políticas más eficaces, estas no se utilizan lo suficiente”, apunta el trabajo firmado por un grupo de expertos internacionales que es un tirón de orejas para los gobiernos.

Tras analizar los estudios disponibles, los expertos recomiendan cinco intervenciones para reducir el consumo: aumentar los impuestos, fijar precios mínimos (es decir, prohibir las promociones como el happy hour), restringir la disponibilidad (menos lugares y en horarios limitados), elevar la edad para comprar alcohol o para tomarlo, establecer monopolios gubernamentales que controlan la venta o incluso prohibir la comercialización. “Las políticas estrictas sobre el alcohol se encuentran entre las inversiones más inteligentes que se pueden hacer: salvan vidas, ahorran dinero, surten efecto rápidamente y ahora están respaldadas por una de las revisiones científicas más rigurosas del mundo”, subrayan.

“Que este informe ponga de relieve no pensar solo en tratamientos, sino que añada las políticas públicas todos es una avance muy importante porque desindividualiza el problema del alcohol y lo convierte en un asunto de Estado. El ”bebo porque quiero“ no es verdad, sino que hay un contexto que incita y poner el énfasis en eso está muy bien”, razona Albert Espelt, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo de trabajo sobre alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

La Unión Europea (UE) es la subregión con mayor consumo de alcohol del mundo, y donde el cáncer es ahora también la principal causa de muerte. En 2020, el alcohol provocó 111.300 nuevos casos de cáncer en el continente, incluidos los cánceres colorrectal (36 900), de mama (24 200) y de cavidad oral (12 400), recuerda la OMS. “El coste de las muertes prematuras solo por cánceres relacionados con el alcohol alcanzó los 4580 millones de euros en toda la UE, solo una parte del coste total del alcohol: las hospitalizaciones, las lesiones, la violencia y la pérdida de productividad cuestan a las sociedades decenas de miles de millones más”, añade el organismo.

No podemos permitirnos la ilusión de que consumo de alcohol es inofensivo. La escala de vidas que se podrían salvar es asombrosa: decenas de miles

Gundo Weiler, directora de Prevención y Promoción de la Salud de la OMS Europa

La directora de Prevención y Promoción de la Salud de la OMS Europa, la doctora Gundo Weiler, asegura que “los países de la UE están pagando un precio demasiado alto por el alcohol en forma de cánceres evitables y familias destrozadas, además de costar miles de millones a los contribuyentes”. “No podemos –dice– permitirnos la ilusión de que consumo de alcohol es inofensivo. La escala de vidas que se podrían salvar es asombrosa: decenas de miles”.

En España no existe ninguna ley específica sobre el alcohol aunque recientemente el Gobierno envió a tramitación parlamentaria una norma para atajar el consumo en menores de edad y hay algunas restricciones a la publicidad de bebidas de alta graduación. Intentar políticas de salud pública con esta sustancia, coinciden varios expertos consultados, encuentra muchas resistencias porque “España es un país productor”, sostiene Iñaki Galán, epidemiólogo e investigador del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, y porque su consumo está muy vinculado con lo social.

“España está a un nivel muy bajo en políticas relacionadas con el alcohol, como casi todos los países del sur donde está normalizado y los gobiernos son bastante reacios a políticas integrales y duras”, prosigue Galán, que defiende la suma de varias medidas para potenciar la reducción del consumo. Subir los precios está entre las más eficaces. A mayor coste, menor consumo. La clave está en la accesibilidad.

Hace dos años, la Eurocámara indultó el vino, la cerveza y el cava en un informe sobre la prevención del cáncer al aprobar una serie de enmiendas que vienen a suavizar el vínculo del consumo de alcohol con el desarrollo de tumores. Frases como estas desaparecieron debido, sobre todo, al empuje de los países productores de vino como España y Francia: “La OMS reconoce que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la prevención del cáncer e insiste en la necesidad de tener esto en cuenta al diseñar y aplicar las políticas de prevención”. El consumo moderado o seguro no existe, pese a ser un reclamo de la industria. De hecho, la primera ley para proteger a los menores del alcohol prohibía el uso de estos mensajes y terminó cayéndose del texto final.

España está a un nivel muy bajo en políticas relacionadas con el alcohol, como casi todos los países del sur donde está normalizado y los gobiernos son bastante reacios a políticas integrales y duras

Iñaki Galán, epidemiólogo del Instituto de Salud Carlos III

Para Espelt, las políticas españolas apelan a la responsabilidad individual –“si bebes no conduzcas”— “cuando lo que está demostrado que baja el consumo es reducir la disponibilidad”. “Por ejemplo si hay un horario rígido y, en medio de la fiesta te apetece beber más cervezas, no puedes comprarlas. No te las bebes porque no lo planificaste”, explica. Lo mismo pasa con el precio: “Sería impopular pero la realidad es que beberíamos menos”.

El consumo mediterráneo está más relacionado con los alimentos, en todo caso, algo que “protege un poco ante el incremento de alcohol en sangre, pero eso no quiere decir que lo podamos hacer mucho mejor en cuanto al impacto en la salud pública”, zanja Galán, que recuerda que la ingesta diaria se ha ido reduciendo en el tiempo. Ya no se bebe tanto diariamente con las comidas, aunque sí a atracones. Este cambio de tendencia en el patrón está provocando un aumento de los diagnósticos de enfermedades del hígado, que cada vez afectan a pacientes más jóvenes. También está complicando las intervenciones, según la OMS, la “publicidad digital” de estas bebidas que se cuela en los móviles y ordenadores de los niños, niñas y adolescentes.

“Algunos consideran el alcohol como un patrimonio cultural, pero la enfermedad, la muerte y la discapacidad no deben normalizarse como parte de la cultura europea, con este volumen disponemos de la evidencia más clara sobre cómo cambiar el rumbo”, concluye Weiler.

]]> <![CDATA[¿Cómo se repara algo que te cuesta la salud? 2.000 mujeres andaluzas se lo preguntan]]> ¿Cómo se repara algo que te cuesta la salud? 2.000 mujeres andaluzas se lo preguntan

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¿Cómo se repara algo que te cuesta la salud? ¿Una dimisión puede reparar a 2.000 mujeres que, haciendo lo que debían, sufrieron las consecuencias de un sistema público que les ha fallado?

Tras una semana de tira y afloja, el presidente de la Junta de Andalucía ha cesado a la consejera de salud, Rocío Hernández, mientras siguen emergiendo historias de pacientes que nunca supieron de los resultados de sus cribados, algunos de ellos con anomalías que terminaron derivando en diagnósticos de cáncer no tratados a tiempo por esta supuesta negligencia ya en manos de la justicia.

Juanma Moreno anunció la dimisión el mismo día que miles de personas zarandearon la gestión del Gobierno andaluz en una multitudinaria protesta en la calle. “No se entiende que hayan sido las afectadas las que hayan tenido que avisar del problema. No hay excusa”, respondió el presidente en un intento de sofocar la crisis. Se refería a la denuncia de la asociación Amama, que dio la primera voz de alarma y que recibe a diario llamadas y llamadas de mujeres en situaciones parecidas. 

En todas las crisis políticas terminan aflorando argumentos inverosímiles de los dirigentes. En este caso era difícil ver por dónde agarrar el argumentario ante tales consecuencias. Pero se hizo: Juanma Moreno se llevó tres protocolos impresos al Parlamento para tratar de justificar que no era para tanto que las pacientes no conocieran el resultado meses o años después del cribado: al menos no les generaba “ansiedad”. Un disparate que, como contamos en este artículo, no está contemplado en ninguna guía.

La Junta mantiene que desconoce qué errores condujeron a esta situación pero ha anunciado que va a modificar el protocolo para que, a partir de ahora, sea “obligatorio” que los médicos informen a las pacientes con “lesión no concluyente” en el cribado de cáncer. El grueso de los protocolos establecen que siempre hay que informar del resultado, sea cual sea. 

Aunque muchas de estas pruebas dudosas terminan quedando en sustos –con que una sola no lo fuera ya es un escándalo–, la crisis de las mamografías desvela un descontrol en el funcionamiento del sistema público que enfada y asusta a partes iguales.

El escándalo ha tocado en un programa bandera de la sanidad pública: el cribado más antiguo y consolidado para detectar cáncer de mama tempranamente. Un salvavidas convertido en agujero para muchas mujeres y que lanza un mensaje de inseguridad e incertidumbre a otras muchas. ¿Fue la sobrecarga de la sanidad pública? ¿Fue consecuencia de dejarlo en manos privadas?

Varias administraciones sanitarias firman contratos para externalizar las pruebas. A veces se da marcha atrás, como en el caso de Madrid que, tras algunos problemas, dejaron de contratar con Analiza S.L, Centro Médico Maestranza S.A o Magnetosur S.L en 2023. El cribado pasó entonces a ser asumido por la sanidad pública. En Andalucía, el Gobierno tiene en marcha un contrato para realizar 300.000 mamografías durante un periodo de cuatro años hasta enero de 2026, pese a que el presidente andaluz dijo esta semana que no había derivado ninguna a la sanidad privada. 

De momento, la Junta se ha dado hasta finales de noviembre para realizar a todas las mujeres afectadas las pruebas de confirmación necesarias para determinar si aquella sospecha es cáncer o no. Y el Ministerio de Sanidad ha empezado a pedir más datos a las comunidades sobre cómo funcionan sus programas. No solo de mama, sino también de colon y cérvix. 

Mientras estabas a otras cosas...

  • ¿Alguna vez has tomado tramadol? Una revisión de estudios cuestiona su nivel de eficacia para el dolor crónico frente a sus riesgos. Aquí el detalle. 
  • Arrancan las ayudas de 100 euros del Gobierno para comprar gafas y lentillas a los niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años. La letra pequeña. 
  • Otra novedad: ha quedado aprobado el uso del cannabis medicinal: no se venderá en farmacias (solo en el hospital) y tendrá que ser recetado por un especialista.

La ficción de las “listas negras” de médicos objetores

Esta semana ha continuado la ofensiva del PP de Madrid contra el aborto. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado un nuevo frente contra el Gobierno: asegura que no cumplirá la ley porque “nunca, nunca” hará una “lista negra” de médicos objetores. 

Las alusiones a una supuesta “lista negra” son pura ficción. El protocolo que acordó el Ministerio de Sanidad con las comunidades (incluida, por cierto, Madrid) establece que el registro no será público sino de acceso reservado únicamente para organizar los servicios de los hospitales públicos y garantizar el derecho al aborto. Quienes decidan declararse objetores, además, no tendrán que explicar el motivo. 

Hablando con ginecólogos y ginecólogas, la previsión es que no haya tantos objetores. Ponerlo en un papel, dicen, es “otra cosa”. Con el registro, además de acabar con la objeción en bloque –asumida pero no reflejada oficialmente– de hospitales completos para evitar asumir esta prestación, parece que también se pondrá límites al viejo truco de quienes no hacen esta intervención en la pública pero sí en la privada para sacar un dinero extra.  

Con esto cerramos una semana bien cargada. 

Un abrazo, 

Sofía

]]> <![CDATA[El Gobierno de Ayuso votó a favor del registro de objetores al aborto que ahora boicotea]]> El Gobierno de Ayuso votó a favor del registro de objetores al aborto que ahora boicotea

El Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad con los consejeros autonómicos, aprobó por unanimidad el pasado diciembre un protocolo para crear dichos registros obligatorios por ley

Ayuso rechaza hacer el registro de médicos objetores que establece la ley: “Váyanse a otro lado a abortar

Isabel Díaz Ayuso ha abierto un nuevo frente contra el Gobierno con el aborto. Tras varios días de declaraciones ambiguas, la presidenta regional confirmó este jueves que no pondrá en marcha el registro de médicos objetores que marca la ley aprobada en 2023. La medida, establecida para conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención, ya estaba además acordada en lo que se refiere a la letra pequeña de cómo ponerla en marcha entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Incluida Madrid.

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó el pasado diciembre un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad, confirman desde el Ministerio de Sanidad. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público.

Tras aquella reunión, el consejero de Sanidad de Castilla y León, que actuaba como portavoz de los dirigentes del PP, confirmó que se había “llegado a un acuerdo” solo a expensas de que se revisaran varias sentencias del Tribunal Supremo “para tener ese registro en las mejores condiciones”.

“No voy a hacer una lista de médicos. Nunca, nunca”, espetó, sin embargo, Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid este jueves, donde acusó al Gobierno de promover el aborto y aseguró que estaba en su mano “evitarlo”. “Váyase a otro lado a abortar”, terminó diciendo la dirigente regional mirando a la bancada de Más Madrid.

La respuesta llega tres días después de recibir una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a otras tres comunidades, requiriéndole una puesta en marcha del registro de objetores en un plazo de tres meses. Sánchez, tras la negativa, ha advertido al Ejecutivo regional de que llegará al Constitucional “si hace falta” para hacer cumplir la ley. “Está diciendo que no va a cumplir una ley y el voto que emitió aquí”, ha respondido también la ministra de Sanidad, Mónica García, en referencia al Consejo Interterritorial de diciembre.

Hasta alcanzar este punto, tanto la propia Ayuso como su consejera de Sanidad han hecho declaraciones abiertamente confusas a lo largo de la semana. La presidenta autonómica aseguró, nada más recibir el requerimiento, que iba a tomarse su tiempo para responderlo. Matute, por su parte, ha sido crítica desde el principio con el registro, al que definió como un “ariete político”, pero nunca ha llamado a la insumisión a la norma. De hecho, unos días atrás, pese a mostrarse disconforme con la medida por “inútil y punitiva”, afirmó que la Comunidad de Madrid iba a “cumplir la ley”.

El registro de médicos y médicas objetores se planteó en la reforma de la ley del aborto de 2023 como una manera de evitar que las consejerías de salud u hospitales enteros se escudaran en una supuesta objeción de conciencia generalizada para no asumir interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Madrid es una de las cinco regiones, junto con Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, que practican menos del 1% de estas intervenciones en los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS), según los últimos datos, correspondientes a 2024.

Qué se acordó

Cómo crear estos registros está descrito en un protocolo que el Ministerio de Sanidad acordó con las comunidades (también Madrid). Hay unas normas muy claras y una de ellas es la protección de quienes deciden no realizar abortos por razones ideológicas.

El registro debe contar con los “datos estrictamente necesarios” de los profesionales para “realizar la planificación y gestión necesarias de los recursos humanos”(el nombre, el sexo, el DNI, el correo o el centro de trabajo) y podrá ser consultado “exclusivamente” para garantizar la prestación del aborto en la sanidad pública. Pese a ello, Ayuso acude al “estigma” y al “señalamiento” de los médicos como un argumento para oponerse a lo que marca la ley.

La postura de Ayuso se encuadra dentro de la reciente ofensiva contra el aborto abierta por el Partido Popular. Hace una semana el Ayuntamiento de Madrid, que el PP lidera con mayoría absoluta, apoyó una proposición de Vox que reconocía un inexistente “síndrome postaborto” usado para intimidar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, algo que prohíbe expresamente la ley.

Génova, que respaldó inicialmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, después tuvo que reconocer que este supuesto síndrome en realidad no existía. Y ante el frente abierto por Ayuso, el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido una carta que reitera su apoyo al aborto “conforme a las leyes” en un equilibrio que la ofensiva capitaneada por el PP de Madrid le pone cada vez más difícil.

]]> <![CDATA[Un macroestudio del Gobierno revela que casi un 30% de la población sufrió violencia sexual cuando era menor]]> Un macroestudio del Gobierno revela que casi un 30% de la población sufrió violencia sexual cuando era menor

Una encuesta con 9.000 respuestas basadas en el recuerdo de adultos entre 18 y 30 años muestran que casi la mitad de las personas tiene una historia de violencia infantil: psicológica (48,9%), física (40%), sexual (28,9%), en la pareja (25,7%) y digital (24,3%)

Juventud e Infancia plantea quitar la patria potestad a todos los padres condenados por violencia de género

La violencia hacia niños, niñas y adolescentes ha sido medida y estudiada en múltiples investigaciones por universidades y organizaciones del tercer sector. Sin embargo, la administración lleva tres décadas sin liderar una encuesta propia que sirva para diagnosticar lo que está pasando.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado este jueves los resultados de una primera medición de la prevalencia de las diferentes violencias durante la niñez y la adolescencia con cifras muy preocupantes. “Cuidar no es mandar, proteger no es poseer, la infancia no es propiedad de nadie. Si casi la mitad de la población arrastra una historia de violencia infantil no es algo que se hereda: la respuesta no puede ser técnica o moral, sino política”, ha asegurado la ministra Sira Rego.

Los resultados se centran en seis tipos de violencia –psicológica, física, sexual, en la pareja, por negligencia (abandono) o digital– y muestran que son las niñas y mujeres adolescentes son las principales víctimas. También las personas LGTBIQ+, las personas migrantes, con discapacidad o niveles de estudios inferiores a los universitarios.

La más prevalente, la que afecta a más niños y niñas, es la psicológica o emocional. Casi la mitad de las personas encuestadas (48,1%) aseguró haberla sufrido cuando era menor de edad con los progenitores como principales perpetradores. Una de cada cuatro continuaron en esta situación en la edad adulta.

Le sigue la violencia física, que aparece en el 40,5% de los casos. Los padres y madres están mayoritariamente detrás de esta violencia aunque también el entorno escolar y familiar más amplio.

La encuesta, elaborada por Sigma Dos, se basa en el recuerdo de 9.000 adultos de entre 18 y 30 años. Las respuestas evidencian una alta prevalencia también de la violencia sexual, sufrida por el 28,9% de las personas encuestadas y mantenida en la edad adulta en uno de cada diez casos. Quienes causan esta violencia no son tanto los progenitores sino las parejas (32,3%), desconocidos adultos (25,6%) y amigos (21%).

Una de cada cuatro sufrió violencia en la pareja

La violencia en el ámbito de la pareja fue referida, también, por el 25,7% de las personas y se mantuvo en la vida de ellas en el 13,3% de los casos en la edad adulta. También se ha medido la violencia por neglicencia, es decir, la desatención por falta de cuidados, con una prevalencia igualmente alta: un 24,4%.

El trabajo se detiene, por último, en la violencia digital, de la que se declaran víctimas una de cada cuatro personas (24,9%) cuando eran niños y niñas. Un 10% asegura haber continuado sufriéndola tras crecer. El esquema de perpetradores es parecido al de la violencia sexual: las parejas (27,9%), desconocidos adultos (26,3%) u otros menores de edad (23,9%). El Ministerio de Juventud e Infancia constata, a través de los datos, una “realidad en aumento”.

“Hoy rompemos un silencio, no el de la ignorancia sino el que se instala cuando lo inaceptable se vuelve costumbre. Durante años se ha tratado como un asunto privado, como una historia particular, y este estudio desarma esta ficción”, ha dicho la ministra Rego, que ha subrayado que el “deber político” es “garantizar el presente” de la infancia.

Su equipo está inmerso en la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), una norma que se aprobó de manera pionera en 2021 pero que ha demostrado tener algunas “lagunas estructurales”. La semana pasada se conocieron las líneas principales de esa reforma, entre ellas la obligación de escuchar a todos los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales o administrativos, independientemente de su edad, o la retirada de la patria potestad a todos los padres condenados en firme por violencia de género.

]]> <![CDATA[Sanidad amplía la información que pide a las comunidades sobre los cribados de cáncer tras el escándalo en Andalucía]]> Sanidad amplía la información que pide a las comunidades sobre los cribados de cáncer tras el escándalo en Andalucía

El Ministerio traslada nuevos indicadores a los servicios autonómicos de salud para hacer un seguimiento más estrecho de cómo están funcionando los programas de detección precoz de mama, colon y cérvix

La ministra de Sanidad exige por carta a Andalucía datos sobre el caos en el cribado de cáncer de mama

El Ministerio de Sanidad va a seguir más de cerca los cribados para prevenir el cáncer realizados por los servicios autonómicos de salud tras los errores que dejaron a 2.000 mujeres andaluzas con resultado dudoso en un limbo. Mónica García ha informado a los consejeros, en una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial, de la nueva información que las comunidades tendrán que remitir a partir de ahora sobre sus programas de detección precoz.

“El Ministerio está para liderar y corregir cuando una administración autonómica no cumple. Se van a pedir los mismos datos que hemos pedido a Andalucía a todas las comunidades no solo para reaccionar ante lo ocurrido sino para reforzar la vigilancia”, ha señalado la ministra en una rueda de prensa. Los datos no solo se circunscriben al cribado de mama sino también a las pruebas para detectar cáncer de colon o cérvix.

Hasta ahora, los diferentes servicios de salud informaban sobre indicadores muy básicos de porcentajes de participación de los pacientes. Ahora, se afinará mucho más con indicadores como la cobertura de invitación –a cuántas personas se contacta–, la tasa de participación y de detección, cuántas mujeres aceptan la biopsia en caso de sospecha, cuál es el “valor predictivo” tras la confirmación o en qué estadios están los cánceres que se diagnostican.

Además, se incluyen unos “indicadores complementarios” como los falsos positivos o, por ejemplo, un dato clave en el caso de Andalucía: qué porcentaje de mujeres tuvieron acceso a una biopsia en los plazos recomendados desde su derivación.

Los nuevos criterios fueron acordados hace seis meses en la Comisión de Salud Pública aunque hasta ahora no se habían sometido al filtro del Consejo Interterritorial, el órgano político de decisión. Los técnicos llevaban dos años trabajando en un grupo específico para mejorar los sistemas de información de los cribados. “La evaluación, aspecto fundamental del programa, ha de permitir valorar, entre otros aspectos, el impacto del programa y la calidad y el rendimiento del mismo”, dice el documento que dio a luz el equipo de trabajo.

Mientras, el Gobierno andaluz está contantando una a una con las afectadas por los diagnósticos tardíos, la mayoría de ellas pacientes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para hacer una segunda prueba de revisión en un plazo máximo de “siete u ocho semanas”. El objetivo es que todas tengan el diagnóstico definitivo claro a fecha del 30 de noviembre.

Al Ejecutivo de Moreno Bonilla en las últimas horas se le han abierto dos frentes judiciales a raíz del escándalo: dos denuncias ante la Fiscalía de IU y Adelante Andalucía que acusan a la Junta de delitos como “homicidio imprudente” y “omisión del deber de prestar servicios sanitarios” y una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud por parte de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en nombre de todas las afectadas.

]]> <![CDATA[Una revisión de estudios cuestiona el nivel de eficacia del tramadol para el dolor crónico frente a sus riesgos]]> Una revisión de estudios cuestiona el nivel de eficacia del tramadol para el dolor crónico frente a sus riesgos

"Dados los limitados beneficios analgésicos y el aumento del riesgo de daños, se debe reconsiderar" su uso para el dolor crónico "dando preferencia a alternativas más seguras", concluye el primer metaanálisis que mide el balance riesgo-beneficio de un opioide usado para tratar el dolor de moderado a intenso

Sanidad intenta atajar el uso disparado de analgésicos opiáceos por sus riesgos adictivos

El tramadol es un medicamento usado para tratar el dolor crónico moderado e intenso. Sus efectos adversos –algunos muy frecuentes como las náuseas o los mareos y otros raros como eventos cardiacos– han sido examinados en numerosas investigaciones, pero hasta ahora no se había hecho una revisión de estudios que midiera cuál es el balance riesgo-beneficio de tomar este opiáceo más allá de patologías concretas, según un metaanálisis publicado en la revista BMJ Evidence Based Medicine que cuestiona su nivel de eficacia para los peligros que entraña.

Los investigadores rastrearon las bases de datos de investigación en busca de ensayos clínicos publicados hasta febrero de 2025 que compararan el tramadol con un placebo –tratamiento simulado– en pacientes con dolor crónico. Escogieron 19 ensayos en los que participaron en total 6.500 personas con una media de edad de 58 años y varios tipos de dolor: lumbar, neuropático, osteoartritis y fibromialgia.

El resultado del análisis no disputa que alivia el dolor, sino el grado en que lo hace –“por debajo de lo que se considera clínicamente eficaz”– a la vez que muestra que “es probable que aumente los efectos adversos graves, en particular los eventos cardiacos”. En ocho de los ensayos se evaluó la proporción de estas consecuencias secundarias importantes tras el tratamiento (entre las 7 y las 16 semanas): el riesgo se duplicaba en comparación con el placebo sobre todo debido a una “mayor proporción” de problemas de corazón como “el dolor torácico, la enfermedad coronaria o la insuficiencia cardiaca congestiva”.

“Dados los limitados beneficios analgésicos y el aumento del riesgo de daños, se debe reconsiderar” su uso “dando preferencia a alternativas más seguras”, concluye los investigadores.

"Viene a confirmar que en algunos casos quizá tenemos que quitar el tramadol y en otros no. Hay que optimizar el uso".

Catalina Lara, coordinadora del grupo de trabajo de dolor de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y farmacéutica adjunta en el Hospital Universitario La Paz

Los expertos y expertas consultados por elDiario.es validan el metaanálisis aunque también piden interpretar los resultados con cautela. “No valoran la eficacia solo de tramadol, sino su presencia dentro de un tratamiento conjunto con otros fármacos. Ya tenemos suficiente información y evidencia de que hay que reevaluar los tratamientos y optimizarlos para evitar los riesgos. Se trata de conseguir la mejor combinación posible y esto viene a confirmar que en algunos casos quizá tenemos que quitar el tramadol y en otros no”, señala Catalina Lara, coordinadora del grupo de trabajo de dolor de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y farmacéutica adjunta en el Hospital Universitario La Paz.

Tramadol forma parte de lo que se consideran opiáceos menos fuertes. Por delante, en nivel de intensidad, están la morfina y el fentanilo, más utilizados para el dolor oncológico, pero su uso debe estar muy medido, recuerdan todos los especialistas.

Para Enrique José Cobos, catedrático de Farmacología de la Universidad de Granada, la novedad de esta revisión es que ha analizado “de forma amplia el balance entre beneficios y riesgos”. “Aporta una visión sobre el uso de tramadol en el dolor crónico a nivel global, más allá de indicaciones específicas, y sus resultados muestran que el fármaco puede reducir el dolor, aunque con un tamaño de efecto muy leve, mientras que incrementa el riesgo de efectos adversos, algunos graves”, asegura a Science Media Centre España.

"Muestra la urgencia de reforzar la investigación preclínica y clínica en el desarrollo de nuevos analgésicos más eficaces y con un perfil de seguridad más favorable"

Enrique José Cobos, catedrático de Farmacología de la Universidad de Granada

Los pacientes con dolor crónico moderado e intenso, recuerda el especialista, no tienen muchas alternativas terapéuticas seguras y eficaces, así que “retirarlas sin ofrecer opciones mejores puede dejarles sin recursos”. “El mensaje más importante de este estudio es, quizás, la urgencia de reforzar la investigación preclínica y clínica en el desarrollo de nuevos analgésicos más eficaces y con un perfil de seguridad más favorable”, resume. Las decisiones siempre deben tomarse después de valorar el perfil de cada paciente y los efectos del fármaco a nivel individual, coinciden los especialistas.

El metaanálisis también estudió la relación de la administración de este tratamiento con algunos tipos de cáncer, aunque el periodo de seguimiento fue tan corto que los propios investigadores desechan el resultado. “12 semanas de seguimiento máximo es un tiempo demasiado corto para que se desarrollen neoplasias inducidas por fármacos. Las neoplasias podrían haber sido preexistentes, coincidentes o influenciadas por otros factores no controlados en los estudios”, subraya Alicia Alonso Cardaño, coordinadora del Grupo de Trabajo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor.

La ficha técnica de tramadol publicada en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) advierte de los siguientes efectos adversos del fármaco: mareos y náuseas (muy frecuentes); cefalea, fatiga, somnolencia, vómitos y diarrea (frecuentes); y palpitaciones, taquicardia o colapso circulatorio (poco frecuentes y sobre todo con la administración intravenosa). Entre las consecuencias raras o muy raras se incluye la disnea, la parestesia o las alucinaciones.

]]> <![CDATA[El Gobierno aprueba las ayudas de 100 euros para comprar gafas y lentillas a los niños hasta 16 años]]> El Gobierno aprueba las ayudas de 100 euros para comprar gafas y lentillas a los niños hasta 16 años

Los menores podrán acceder a la subvención sin importar el nivel de renta de su familia y el descuento se realizará directamente en las ópticas a partir, previsiblemente, de final de año

El Gobierno financiará las gafas y las lentillas a los menores de 16 años a partir de septiembre

Cinco meses después del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula las nuevas ayudas directas para la compra de gafas y lentillas a los niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años.

El programa marca un tope de 100 euros por persona beneficiaria y cubre lentes graduadas y de contacto, aunque estas últimas de momento solo durante un año. Cuenta con un presupuesto de casi 48 millones de euros entre 2025 y 2026, y la previsión es que las familias puedan empezar a acceder a estas subvenciones antes de que acabe el año. “Ver bien no puede depender del bolsillo de cada familia, como no pasa con las vacunas u otros tratamientos a los que tienen acceso los ciudadanos de nuestro país”, ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

¿Cómo se gestionará? Las ópticas aplicarán directamente el descuento en la compra y después gestionará el reembolso por los productos dispensados con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), designado como “entidad colaboradora” por el Ministerio de Sanidad para gestionar estas ayudas. Esta entidad asumirá la función de coordinarse con los establecimientos y verificarán que se cumplen las condiciones.

“La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida”, precisan desde el Ministerio de Sanidad.

Al margen de la renta

La medida a la que este martes se ha dado luz verde definitiva estaba contemplaba el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar: “Un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos”. Sin embargo, finalmente la apuesta ha sido más ambiciosa y la incorporación de esta prestación de salud visua será universal, es decir, no acotada por renta.

“Responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia”, apuntan desde Sanidad, que finalmente ha incluido a los niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años. En el anuncio de mayo, las ayudas quedaban limitadas a menores de esa edad.

La demanda también viene del Congreso de los Diputados. La Cámara Baja aprobó por unanimidad a principios de abril una proposición de ley para garantizar la gratuidad de las gafas para niños, niñas y adolescentes. La iniciativa llegó a Madrid de manos de Adelante Andalucía previo respaldo también unánime en el Parlamento andaluz.

Aumento de problemas de visión

Los problemas de visión en la infancia –miopía, hipermetropía y astigmatismo– son cada vez más frecuentes. España no es de los países con más afectación –en Asia las cifras frisan el 80%–, pero se calcula que un 19% de los niños y niñas de entre cinco y siete años tenían miopía en 2024. Las previsiones para 2030 es que el porcentaje se eleve hasta el 30%, según una estimación realizada por dos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Tena y Cristina Álvarez Peregrina. Otras estimaciones sitúan que dos de cada cinco adolescentes necesitan gafas. La previsión, en todo caso, es que la prevalencia siga aumentando en todo el mundo debido al estilo de vida: pantallas, sedentarismo y menos actividades al aire libre.

“Numerosos estudios han constatado que los niños y niñas de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas”, recuerda Sanidad. Con la ayuda es una “herramienta de equidad” para que “ninguna persona menor de edad quede excluida del derecho a una visión adecuada por motivos económicos”.

]]> <![CDATA[El registro de objetores, primer paso para desvelar qué pasa en los hospitales con el aborto: "Habrá pocos, firmar es otra cosa"]]> El registro de objetores, primer paso para desvelar qué pasa en los hospitales con el aborto: "Habrá pocos, firmar es otra cosa"

Ginecologos y ginecólogas coinciden en que es un paso "imprescindible" para que las interrupciones del embarazo ganen peso en la sanidad pública y después organizar servicios con el personal disponible

Sánchez exige a Madrid, Asturias, Aragón y Baleares que cumplan con el registro de objetores para garantizar el aborto

Aludir a una supuesta objeción de conciencia generalizada ha sido hasta ahora el elemento en el que hospitales e incluso comunidades autónomas enteras se han parapetado para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública. Eso a pesar de que ya en 2010 la ley estableció que la objeción no podía ser colectiva, sino que es un derecho individual que debía manifestarse “anticipadamente y por escrito”. Sin embargo, ante el incumplimiento de esta obligación, la reforma de la ley quiso reforzarla con la creación de los registros de objetores. 

El objetivo era que los servicios pudieran reorganizarse sabiendo de antemano quién objeta y quién no y de esta forma evitar una especie de “objeción de conciencia institucional”. Porque la realidad es que incluso en aquellas comunidades como Madrid en las que no se han puesto en marcha los registros de objetores, hay profesionales dispuestos a practicar abortos pero a los que nadie nunca ha preguntado, según explicaban a elDiario.es varios de ellos en este reportaje. 

Por tanto, el propósito del requerimiento que el Gobierno ha enviado a las cuatro comunidades –Madrid, Asturias, Murcia y Andalucía– que todavía no tienen este registro es, además de hacer cumplir la ley, poner ya negro sobre blanco cuál es la auténtica realidad de los hospitales. Tanto el Ministerio de Sanidad –que ya dio un preaviso a las comunidades más resistentes en verano– como varios médicos y médicas consultados piensan que el registro de objetores no será numeroso.

“Hay hospitales que no dan el servicio escudándose en que tienen objetores pero sin el registro no se sabe realmente dimensionar eso. Cuando tienes que firmar es otra cosa, no habrá muchos. Declararse objetor de verdad y no por conveniencia cuesta más”, pronostica Ezequiel Pérez Campos, ex jefe de Ginecología del Hospital de Requena (Valencia).

Su centro realizaba interrupciones voluntarias del embarazo regularmente (el 80% del total en su zona), pese a que es una excepción dentro de la Comunitat Valenciana, donde más del 90% de abortos siguen practicándose en clínicas concertadas. Incluso la Conselleria de Salut le llegó a pedir que acudiera a otros hospitales a mostrar el modelo para que les copiaran. Sucedió antes del cambio de Gobierno en la Generalitat. Con la llegada del equipo de PP y Vox, liderado por Carlos Mazón, la iniciativa se suspendió. Años después, Pérez Campos admite que se le sugirió que su hospital, como tenía médicos dispuestos a garantizar el derecho, asumiera los abortos de otros distritos.

Reorganizar los servicios

“Lo que ha habido siempre es falta de voluntad política para poner en marcha el servicio y eso es lo que ha habido detrás de esos argumentos que generalizaban la objeción de conciencia”, explica Raquel Hurtado, portavoz de la Federación de Planificación Familiar-SEDRA. La experta cree que los registros de objetores son “un paso imprescindible” para lograr el objetivo que marca la ley: que los abortos se hagan preferiblemente en centros públicos, pero no basta con su puesta en marcha, sino que “hay que reorganizar” los servicios y contar con “infraestructuras y recursos suficientes”.

El ginecólogo Abel Renuncio, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción, recuerda que la objeción de conciencia, tal cual está articulado en la ley, es “un derecho activo”, es decir, “si no se manifiesta activamente ese derecho por escrito y anticipadamente, como estipula la ley, la Administración debe considerar al resto de profesionales disponibles para ofrecer la prestación”. Esto, pronostica el ginecólogo, “jugará un papel clave” porque en la práctica “es probable que haya menos objetores de los que se cree”.

Y aun así, “independientemente de los objetores que haya”, las Consejerías de Sanidad “deben asegurarse de que cuentan con profesionales suficientes”: “La ley es clara al respecto: la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres”, afirma Renuncio, que trabaja en el Hospital Universitario de Burgos, un centro que lleva un par de años haciendo abortos farmacológicos hasta la semana 12.

“Si no hay impulso político, no hay nada. No podemos escudarnos en lo organizativo para no hacerlo. Es como si metemos un nuevo protocolo de cribado, se hace y ya está”, zanja Pérez Campos. Y pone el ejemplo de cómo era la organización en su centro: “Hay que determinar a quién corresponde encargar analíticas, prescribir las pastillas en el caso de que sea farmacológico o programar un quirófano con el personal adecuado. Eso implica también saber si los anestesistas son o no objetores. Además, contábamos con la colaboración de los centros públicos de planificación familiar para no sobrecargar el hospital”, afirma.

Hurtado identifica otro elemento que, asegura, suele darse en los hospitales y que tiene que ver con la “estructura piramidal” del sistema sanitario. “Es difícil que si el jefe o jefa de servicio se declara objetor, haya personas del equipo por debajo que se manifiesten y tiren hacia adelante con la idea de hacer abortos”. El exjefe de servicio Pérez Campos concuerda: “Cuando había un jefe de servicio objetor ni se preguntaba. Total, es más cómodo, menos asistencia y menos implicación, pero esto es un derecho”.

Un proceso lento

Entre las comunidades que ya han aprobado su registro, no todas lo tienen en marcha en la práctica. “En Castilla y León no ha habido notificación a los profesionales para incluirse, por lo que deduzco que aún no está habilitada esa posibilidad”, apunta Renuncio. Sanidad confirma este extremo: todavía falta desarrollo para tener la fotografía completa de cómo están las cosas, un paso imprescindible para romper el escudo que sacaba estas interrupciones voluntarias del embarazo, salvo excepciones, de la sanidad pública.

Las que han sido requeridas por el Gobierno debido al retraso se explicaron con diferentes argumentos este lunes. Desde Asturias, gobernada por el PSOE, que asegura que el derecho está “absolutamente garantizado” a pesar de no contar con un registro y que estará listo “a la mayor brevedad”, hasta Madrid, cuya presidenta respondió a Pedro Sánchez que “no estigmatice” a los médicos que no quieren practicar abortos aunque no llegó a aclarar si su equipo se iba a negar a hacer el registro que marca la ley.

“Vale, ya tenemos los registros de objetores, pero la pregunta es ¿y ahora qué?”, lanza Hurtado, que apunta a que la inclusión de las interrupciones en el circuito público “no puede ser a costa de todo”, sino que debe respetarse el principio de la elección del método que la ley otorga a las mujeres. “Estamos viendo que hay comunidades que aumentan su porcentaje de abortos en la pública porque están priorizando el farmacológico”, afirma.

El método, una clave importante

Sanidad prevé que a medida que la pública asuma más interrupciones, el método farmacológico irá ganando peso, aunque en última instancia queda a la elección de las mujeres. Eso, al menos, es lo que ya muestran los datos: administrar fármacos para interrumpir el embarazo fue el método que tuvo más peso en la red pública en 2024, donde se realizaron 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 contabilizadas en los centros privados. Aunque las intervenciones quirúrgicas siguen siendo mayoritarias, las comunidades cuyos centros públicos asumen más abortos utilizan ampliamente el método farmacológico (Cantabria, Navarra, Baleares, La Rioja o Catalunya).

Esto ocurre por varios motivos, argumenta Raquel Hurtado: por un lado, el aborto con pastillas no requiere de quirófanos ni personal entrenado en el método quirúrgico y además “es una forma de salvar la objeción de conciencia” porque hay “muchos profesionales” que “solo tienen problema con el instrumental”. 

De hecho, la objeción de conciencia, según el protocolo acordado entre Sanidad y las comunidades, permite objetar parcial o totalmente, aunque no atendiendo al método. Para organizar la parcial, el protocolo acude a los supuestos de la ley, es decir, los profesionales podrán negarse a practicar abortos dentro de las primeras 14 semanas de gestación; a realizar aquellos que se justifican por causas médicas siempre que no se superen las 22 semanas (cuando existe grave riesgo para la vida o a la salud de la gestante o los que se llevan a cabo porque hay riesgo de graves anomalías en el feto); o los casos en los que se pone fin al embarazo por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves o incurables.

En la práctica, los abortos tempranos –la mayoría– pueden llevarse a cabo con fármacos, aunque no siempre las mujeres lo prefieren porque, aunque se ahorran el quirófano, deben tomar autónomamente los fármacos –con los efectos sobre el cuerpo– y esperar.

]]> <![CDATA[Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar]]> Madrid bate el récord de adjudicaciones opacas en los hospitales: 1.000 millones de gasto con conceptos difusos

El análisis de más de cuatro millones de contratos menores, sujetos a los mínimos controles y pensados para comprar productos de poco valor, muestra troceos de miles de compras y el uso de descripciones genéricas que no permiten rastrear qué se está comprando exactamente

Por qué la sanidad en España es un terreno abonado para contratar a dedo con “manga ancha”

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El Hospital Puerta de Hierro, en Madrid, presentó en mayo de 2023 el primer fármaco eficaz contra el síndrome del corazón rígido, una enfermedad cardíaca rara.

El medicamento, comercializado por Pfizer como VYNDAQEL (tafamidis), empezó a financiarse en junio de ese año.
Desde entonces, el Hospital Puerta de Hierro ha gastado 7,2 millones de euros a comprar este medicamento. Lo anormal es la forma de adquirirlo.

Cada punto que ves en pantalla representa uno de los 545 contratos menores idénticos que el hospital ha firmado con Pfizer para comprar este fármaco según el día de la adquisición.
La figura del contrato menor es una fórmula opaca que la administración tiene para adjudicar contratos cuando los importes son menores a 15.000 euros. La decisión de a quien comprar, además, es a dedo.
Para evitar el límite de los 15.000 euros (sin IVA), el Hospital Puerta de Hierro firmó contratos troceados de VYNDAQUEL 61mg cada dos, cinco o siete días.

Casi siempre, incluso varios el mismo día. Solo el 2 de enero se firmaron hasta 17 contratos para comprar este fármaco. En total, 221.000€ en 24 horas.
Esta fórmula no es una excepción. El análisis de más de 4 millones de contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2016 y 2024 muestra cómo los hospitales públicos de la región se gastan miles de millones de euros en adjudicaciones troceadas con las farmacéuticas.

A veces, como en el caso del Hospital Puerta de Hierro, detallando exactamente el medicamento que se está comprando -TAFAMIDIS 61 MG CAPS (VYNDAQEL)-. En otros casos, con descripciones aún menos transparentes.
Roche es una de las mayores farmacéuticas del mundo con sede en Suiza. Desde 2019, ha sido la 3º compañía más beneficiada por los contratos menores de la Comunidad de Madrid con 149 millones de euros.

Gran parte de estos ingresos salen de miles de contratos con exactamente el mismo concepto.
Los puntos en rojo destacan los contratos menores que el hospital Gregorio Marañón ha adjudicado a Roche solo especificando que es para suministro de "Medicamentos oncológicos".
En total, 12,6 millones de euros en 1.162 contratos.
Esta fórmula se repite en otros hospitales de la comunidad madrileña. Solo en contratos que se limitan a la descripción de "Medicamentos oncológicos" del Hospital 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos o el Infanta Cristina, la farmacéutica suiza se ha embolsado 54 millones de euros en miles de adjudicaciones pensadas para importes inferiores a 15.000 euros.
El fraccionamiento de contratos en la sanidad madrileña no se limita exclusivamente a los medicamentos con patentes de elevado precio. También al material médico que los profesionales sanitarios usan de forma habitual.
Medtronic, con sede en Irlanda, es la empresa que más factura en contratos menores a los hospitales madrileños. Desde 2016 suma 300 millones de euros en 97.000 contratos por tecnología y material sanitario.

Los puntos muestran solo los contratos a dedo que el Clínico San Carlos adjudicó a esta empresa entre enero de 2016 y septiembre de 2017.
Hasta entonces, el hospital detallaba sus contratos al milímetro: "Catéter balón de 46MM. diam. P/Endoprótesis de aorta", "Grapadora circular 31MM. C/Grapas de titanio long. eje 35cm (un solo uso)" o "Marcapasos bicameral compatible con resonancia ensura"
Pero en octubre de 2017, el detalle de los contratos se difumina. A partir de entonces, el hospital empezó a adjudicar miles de contratos solo especificando lo siguiente en la descripción de cada adjudicación: "Material quirúrgico, asistencial y curas"
Solo el Hospital Clínco ha adjudicado 6.103 contratos menores a Medtronic entre 2018 y 2024 por un valor total superior a los 25 millones de euros. El único detalle: "Material quirúrgico, asistencial y curas"
Una fórmula que Madrid y otras comunidades autónomas han usado durante años para contratar de forma directa con las farmacéuticas.

En 2024, los hospitales madrileños adjudicaron más de 1.000 millones de euros en contratos menores. Es decir, uno de cada diez euros del presupuesto sanitario se abonaron sin pasar por concurso público.

“La contratación menor de los hospitales pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud se realiza de forma generalizada, llegando a convertir en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública”. La advertencia figuraba en un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2019. Seis años más tarde, la situación no solo no se ha corregido sino que ha empeorado.

La adjudicación de contratos por parte de los hospitales públicos con los mínimos controles a través de una figura opaca como el contrato menor, pensada para pequeños importes (hasta 15.000 euros), ha alcanzado una cifra récord en 2024: más de 1.000 millones de euros se repartieron de este modo, uno de cada diez euros del presupuesto anual de la Consejería de Sanidad.


Récord de contratos menores en los hospitales madrileños en 2024

Evolución del importe de los contratos menores adjudicados por los hospitales de la Comunidad de Madrid y el resto del gobierno autonómico entre 2016 y 2024

Fuente: Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid


El análisis exhaustivo de más de cuatro millones de contratos menores suscritos entre 2016 y 2024, realizado por elDiario.es con los datos del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, revela anomalías como, por ejemplo, la firma de 40 acuerdos por “medicamentos de alto impacto” el 17 de marzo de 2022 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid con la farmacéutica Vertex. Todos suman 434.000 euros, pero se adjudicaron de 15.000 en 15.000.

Estas anomalías, reveladas por elDiario.es por primera vez en 2018, han vuelto de nuevo a la arena política después de que Más Madrid presentara varias preguntas parlamentarias en la Asamblea de Madrid tras una denuncia ciudadana.

En la mayoría de hospitales, los conceptos del contrato –salvo en Puerta de Hierro, Príncipe de Asturias o Fuenlabrada que siguen usando el nombre del medicamento o la pieza de la máquina que se necesitaba– se emborronan por vaguedades más generales y difíciles de rastrear: “material de laboratorio”, “material quirúrgico, asistencial y curas” o “medicamentos oncológicos” –el concepto en el que se gastaron más millones entre 2016 y 2024–.

En la siguiente tabla se pueden consultar las fórmulas más repetidas que los hospitales más grandes han usado para adjudicar miles de contratos menores a la misma farmacéutica. En todos los casos, el único detalle son expresiones genéricas y de los documentos es imposible averiguar cuántas pastillas, unidades o dosis se están comprando.


Miles de contratos por el mismo concepto: así fraccionan los hospitales de Madrid

Listado de farmacéuticas que han recibido miles de adjudicaciones de contratos menores de un mismo hospital por exactamente el mismo objeto del contrato. Los datos se refieren a contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2016 y 2024


La fórmula del contrato menor permite que la compra de medicamentos a grandes farmacéuticas, la mayoría con patentes de elevado precio, se haga de forma opaca: sin concurso público y tampoco como un negociado sin publicidad, que obliga a que el proceso se someta a fiscalización y se publique en el BOE o el BOCAM, en el caso de la Comunidad de Madrid. El 90% de los contratos de este tipo que adjudica el Gobierno de Madrid los hacen directamente los hospitales públicos.

En muchos casos, esta contratación se hace forma paralela a adquirir el mismo medicamento o suministro por contratación habitual. Es el caso del Hospital 12 de Octubre que ha adjudicado distintos contratos millonarios a Vertex para adquirir medicamentos contra la fibrosis quística como adjudicaciones habituales mientras firma cientos de contratos menores solo especificando que son para “Medicamentos de alto impacto”.

En el siguiente gráfico se muestran ejemplos de fraccionamientos de contratos menores en la Comunidad de Madrid. Es decir, compras de fármacos con la misma descripción, del mismo hospital y a la misma farmacéutica en el mismo día.


Así se trocean contratos menores el mismo día en la sanidad madrileña

Número de contratos menores adjudicados por el mismo hospital, a la misma empresa y el mismo medicamento en cada día. En rojo, se destacan las fechas en las que el los contratos firmados ese día superan los 15.600€ con IVA, límite para adjudicar medicamentos como contrato menor

Fuente: Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid


La ley de transparencia obliga desde 2015 a publicar los contratos menores de cada administración. La Comunidad de Madrid ofrece en el Portal de la Contratación un listado y en el manual interno para subirlos se pide que “se identifique y describa suficientemente el objeto del contrato” evitando “descripciones con las que los ciudadanos no puedan saber qué es lo que se ha contratado”.

“Poner objetos muy difuminados permite meter más cosas, no solo medicamentos, y eso es tensar la cuerda”, sostiene Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, que asegura que en el caso de fármacos, “hay un carril más ancho para la contratación de este modo” porque “nadie entendería que se pare la compra de un medicamento” por la burocracia.

El problema es el “abuso”. La revista médica Ocronos publicó este año un artículo que utilizaba este término y relacionaba el abuso con “la flexibilidad, agilidad, comodidad” pero también con una “muy mala planificación por parte de los órganos de contratación”. “Salvo que haya una pandemia, no es tan difícil manejar los históricos de demanda, saben más o menos cuánto van a necesitar”, subraya Amoedo.

elDiario.es ha preguntado tanto a la Consejería de Sanidad como a la patronal de las farmacéuticas, Farmaindustria, sobre estos datos, pero al cierre de este texto no ha obtenido respuesta. En el pasado, la Comunidad de Madrid ha justificado esta manera de contratar fraccionada bajo tres argumentos: se hace “a demanda” del número de pacientes que lo necesitan, es “más rápida” y al darse, sobre todo, en medicamentos bajo patente el concurso público pierde sentido porque “implica más tiempo y poner a trabajar a muchos administrativos”.

No solo pasa en Madrid

La concatenación de contratos menores para comprar los mismos productos una y otra vez ha sido señalado en informes de fiscalización de varias comunidades autónomas. No es una práctica que se dé solo en Madrid. El último escándalo se produjo en Andalucía, donde el asunto saltó a la justicia. La intervención de la Junta señaló directamente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por “fragmentar contratos de manera indebida y masiva” en el año posterior al inicio de la pandemia. Se repartieron más de 458 millones de euros encadenando y fraccionando contratos menores.

En Madrid, no todos los hospitales lo hacen igual de mal. A la cabeza de contratos menores está el Hospital Gregorio Marañón, con más de 1.000 millones gastados entre 2016 y 2024 en 405.608 contratos. Le sigue el Clínico con un récord de acuerdos que llega a 496.558 por valor de 881 millones de euros, el Ramón y Cajal con 829 millones y el 12 de octubre con 822 millones. Entre los cuatro suman el 40% del importe gastado en contratos menores de toda la Comunidad de Madrid en la última década.


Los hospitales de Madrid que más contratos menores adjudicaron

Importe y número de los contratos menores adjudicados por los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid entre 2016 y 2024

Fuente: Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid


Entre 2016 y 2017, el Clínico San Carlos pagó más de 3,5 millones de euros a Gilead para comprar su fármaco Harvoni para tratar la hepatitis C y otros 5,3 millones en adquirir Genvoya, Truvada y Viread para el VIH. Pero desde 2018 el desglose cambia: hay cientos de contratos con descripciones genéricas. Hasta 904 acuerdos por 8,6 millones de euros para comprar “Medicamentos antirretrovirales” y 99 contratos menores por “Medicamentos para hepatitis C” por 777.000 euros. Muchos, el mismo día. Por ejemplo, en marzo de 2023 se contrataron varios días donde se adjudicaron 12 contratos menores el mismo día a Gilead por “Medicamentos antirretrovirales”.

Los centros Puerta de Hierro y Príncipe de Asturias, aunque firman contratos por el mismo concepto el mismo día, son mucho más exactos en la descripción de lo que están pagando, según el análisis realizado por este medio a partir de los contratos publicados en el Portal de la Contratación, cuyo valor probablemente está infraestimado porque hay trimestres en los que algunos hospitales no reflejan ni un solo contrato.

José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública y exportavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, asegura que “no hay ninguna razón para no poner el producto que se contrata”. “Esta problemática no solo tiene que ver con que hay concentraciones de gasto que pueden ser sospechosas sino con una gestión muy cuestionable” que el experto vincula con los presupuestos de los hospitales, agotado normalmente antes de que acabe el año. “Para hacer un contrato hay que tener crédito. Si no tienen dinero para hacer un acuerdo marco más eficiente y surge la emergencia, lo hacen por contrato menor y a veces terminan retrasando el pago y asumiendo intereses”, diagnostica. 


Las farmacéuticas y empresas más beneficiadas por los contratos menores de Madrid

Importe y número de los contratos menores adjudicados a cada empresa por la Comunidad de Madrid entre 2016 y 2024

Fuente: Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid


No planificar adecuadamente, advierte el artículo de la revista Cronos, da espacio a que se abuse “injustificadamente de procedimientos de adjudicación menos competitivos”, aumenta el riesgo de que se “incrementen las prácticas corruptas” y redunda, finalmente, “en un mayor gasto público y una menor competencia”. Las alternativas, salvo momentos puntuales, deberían ser “el acuerdo marco regulado o un sistema dinámico de adjudicación”, dice la publicación.

La empresa más beneficiada por estos contratos es Medtronics Ibérica, especializada en tecnología sanitaria, que se embolsó más de 300 millones entre 2016 y 2024. La farmacéutica Janssen es la segunda en la lista tras firmar casi 40.000 contratos menores que suman 223 millones. Roche se coloca en el tercer lugar con más de 38.000 contratos con la mínima fiscalización por valor de más de 212 millones.

]]> <![CDATA[David Erritzøe, psiquiatra: "Las drogas psicodélicas abren una ventana al cambio biológico del cerebro"]]> David Erritzøe, psiquiatra: "Las drogas psicodélicas abren una ventana al cambio biológico del cerebro"

El director clínico del Centro de Investigación Psicodélica del Imperial College de Londres es uno de los científicos al frente de la nueva ola que explora el potencial terapéutico de la psilocibina, el LSD o el MDMA en trastornos graves

Descubren el efecto de los hongos alucinógenos en el cerebro: “La psilocibina borra temporalmente tu individualidad”

En 2023, un grupo de investigadores encontró en Menorca restos de alucinógenos en el mechón de pelo de un antiguo chamán. La muestra es de hace más de 3.000 años, pero hay evidencia incluso anterior para afirmar que los humanos consumen estas sustancias desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, el rumbo de la historia terminó por condenar al aislamiento y al ostracismo a los psicodélicos en una parte del mundo: primero, por la expansión del cristianismo; y después, ya en el siglo XX, por la asociación del consumo con grupos culturales incómodos para el sistema que desembocó finalmente en la prohibición.

Pero desde hace unos años algo está cambiando: la ciencia ha tomado el mando en la recuperación de estas sustancias para tratar trastornos graves en el entorno clínico, como el estrés postraumático, obsesiones, adicciones o depresiones resistentes. Como una muestra de este viraje, el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) acoge este fin de semana un congreso organizado por la Fundación Inawe –el observatorio español para la divulgación de la ciencia alrededor del uso terapéutico de estas sustancias– que ha reunido a los más punteros investigadores en psicodelia, neurociencia y salud mental.

La conferencia magistral ha corrido a cargo del danés David Erritzøe, director clínico del Centro de Investigación Psicodélica del Imperial College de Londres y uno de los hombres al frente de la nueva ola de científicos que exploran el potencial terapéutico de estos compuestos. Su equipo investiga los mecanismos cerebrales y las posibilidades del MDMA, la ketamina y los psicodélicos más clásicos como la psilocibina o el LSD. Australia, Suiza, República Checa o Alemania ya permiten tratar, con acompañamiento psicológico y diferentes indicaciones, a pacientes con trastornos graves.

Las sustancias psicodélicas están viviendo un renacimiento. ¿El rechazo el año pasado por parte de la agencia reguladora de EEUU, la FDA, del tratamiento con MDMA para el estrés postraumático es un revés relevante o más bien indica qué hay que solucionar para aprobar el tratamiento?

Ambas cosas. En cierto modo, es un revés porque hasta entonces habíamos visto actitudes positivas por parte de organismos reguladores como la FDA o la EMA en Europa, que habían apoyado el desarrollo y aportado información positiva y asesoramiento sobre lo que hay que hacer para que estos medicamentos sean aprobados. Pero pasaron muchas cosas. Hubo una campaña en contra y creo que algunas personas han argumentado que quienes lo evaluaron quizá no tuvieron el tiempo suficiente o la formación profunda para evaluarlo. Muchas de las cosas que surgieron eran cuestiones que ya se habían abordado y debatido a lo largo de los años. Eso me sorprendió un poco.

Al mismo tiempo, hay que dar un paso atrás y pensar cuáles son las ventajas de plantear preguntas críticas y más exigencias y antes de dar luz verde a un nuevo tratamiento siempre es bueno conocer todos los datos posibles para llenar los vacíos de conocimiento. Por lo tanto, si se añade un ensayo independiente, realizado por otros, no es malo para la ciencia ni para los pacientes. El único problema es que se retrasa, lo que significa que las personas no pueden acceder a él y eso hará que mucha gente sufra durante más tiempo.

¿Cuántos países ya tienen indicaciones aprobadas para usar terapéuticamente estas drogas?

Australia, al contrario que mucha gente cree, no es el único país, sino uno de ellos. También está Suiza, Canadá, República Checa y Alemania. Han hecho cosas diferentes de diferentes maneras, pero todos han puesto en marcha algún tipo de ley o programa que permite el acceso. Canadá, por ejemplo, tiene programas de uso compasivo. En Suiza cuentan con la versión más amplia. La tienen desde hace más tiempo y los médicos pueden solicitarlo en nombre de los pacientes para tratarlos, por ejemplo con LSD para una serie de afecciones. Alemania ha dado un nuevo paso en esta dirección con dos instituciones trabajando sobre ello y también la República Checa. En todos los sitios se comparte una cosa: el acceso es controlado y de algún modo supervisado. Con estas experiencias se debería exigir que los datos se recopilaran de manera más sistemática, incluso ver si se podría hacer de manera transnacional porque aporta mucho conocimiento también para los ensayos.

En España, el Ministerio de Sanidad quiere aprobar el uso muy limitado del cannabis medicinal, por ejemplo, para el dolor oncológico, pero por el momento no hay consenso político, en particular por parte de la derecha. ¿Los políticos, más que la sociedad, son un freno?

La nueva administración estadounidense supone un gran revés en cuanto a detener lo que mucha gente consideraría un gobierno progresista. Hay un retroceso en muchos aspectos. Sin embargo, esa administración parece bastante positiva con respecto a las sustancias psicodélicas, por lo que no es necesariamente tan predecible. A menudo siento que los políticos siguen lo que la mayoría de los votantes apoya en cada momento.

El paradigma psicodélico no debería ser solo una agenda impulsada por la izquierda porque entonces habría mucha resistencia, tendríamos que ir más allá y pienso que el debate no debería estar tan contaminado por el uso de los mismos fármacos fuera de la medicina, en la cultura, la historia o la contracultura. Si son útiles y hay pruebas de ello, habría de elevarse por encima de esas posturas políticas, porque eso solo mantiene todo en un estancamiento absolutamente innecesario y estúpido que simplemente no es apropiado para algo tan importante como las personas que sufren problemas de salud mental.

El psiquiatra David Erritzøe, durante la entrevista.
El psiquiatra David Erritzøe, durante la entrevista.

¿Cómo actúan los psicodélicos en el cerebro?

A partir de los trabajos realizados con animales y de los estudios preclínicos de cultivos celulares, hemos visto que inducen plasticidad. Es decir, abren una ventana de oportunidad para el cambio, incluso para el cambio biológico del cerebro, para su recableado. Parecen ser capaces de sacudir y suavizar esa especie de rigidez atrapada que forma parte de la mayoría de los trastornos mentales, y por eso creemos que funcionan en todas las afecciones.

Los psicodélicos sacuden las creencias, permiten que se reformule tu modelo interno del mundo que te rodea y de tu propia vida emocional porque entra con tal perturbación en tu forma de ser que permite remodelar tus interpretaciones del mundo. También podemos ver que, en lugar de atenuar tu capacidad de sentir, en realidad permite que las emociones salgan a la superficie, lo que es algo diferente a algunos de los medicamentos convencionales en psiquiatría. En lugar de tapar el sufrimiento de una persona y todas las cosas que le duelen y le resultan difíciles, es casi como si se quitara la tapa y se permitiera que se desarrollaran, pero de una manera que terapéuticamente se puede trabajar como un replanteamiento y un camino a seguir. Intervenciones cortas o únicas tienen capacidad de lograr un impacto profundo.

El paradigma psicodélico no debería ser solo una agenda impulsada por la izquierda porque entonces habría mucha resistencia, tendríamos que ir más allá. Si son útiles y hay pruebas de ello, debería elevarse por encima de posiciones políticas

¿Y las dosis? ¿Se aboga por una sola siempre?

Esa es una pregunta clave: la redosificación. ¿Qué pasa con las personas que podrían mejorar durante un tiempo? ¿Dónde están los datos de seguridad sobre la continuidad de la dosificación, por ejemplo, cada año? Son muy difíciles de recopilar y lleva mucho tiempo. Así que se puede exigir eso antes de dar la aprobación o se puede liberar de forma muy controlada y cautelosa, y seguir recopilando esos datos. Esto sería lógico hacerlo muy pronto, porque de lo contrario se puede seguir diciendo que queremos saber esto y aquello y lo otro, y algunas cosas no se pueden saber realmente hasta que se comercialice a mayor escala. Soy más partidario de que se apruebe con algunas limitaciones, supervisiones y procesos de supervisión.

¿En qué situaciones y con qué compuestos se ha demostrado mayor eficacia?

En este momento tenemos más conocimientos y más datos sobre la psilocibina (hongos) específicamente para el tratamiento de la depresión resistente y no resistente, lo que no significa que la psilocibina sea mejor para la depresión que para otras afecciones o que sea mejor que otros fármacos. Depende de la cantidad de pruebas que tengamos. Otros psicodélicos pueden funcionar igual de bien. De hecho, hemos visto recientemente en un ensayo con DMT (dimetiltriptamina) que los datos de la infusión intravenosa no eran muy diferentes de los de la psilocibina.

¿Y qué hay de otras afecciones? Estamos publicando, al igual que otros, datos sobre el TOC, la anorexia nerviosa, el dolor crónico... Es probable que también se desarrollen más para otras indicaciones, pero es un poco pronto para decir que este fármaco funciona mejor que aquel para esta afección. Puede que, en realidad, se solapen mucho, tanto en términos de fármacos como de indicaciones en las que funcionan.

¿La administración de estos fármacos siempre debe ir acompañada de psicoterapia? ¿O podría funcionar también tomar, por ejemplo, microdosis de psilocibina sin intervención?

La microdosificación no requiere necesariamente que se utilice ninguna terapia. Con dosis pequeñas no se entra en una experiencia psicodélica masiva ni se pasa por un estado alterado de conciencia por lo que, en cuanto a la seguridad, parece que está bien y es seguro hacerlo. Ahora mismo no podemos decir que las microdosis no funcionan, pero los trabajos más rigurosos muestran que, si hay efecto más allá del placebo, es muy pequeño. No parece que sea muy probable que, con la evidencia actual, se conviertan en medicamentos reales con dosis repartidas.

Por las pruebas que tenemos, parece que se pueden obtener resultados con muy poco apoyo de psicoterapia en torno a la experiencia. Pero a muchos nos preocupa que, si se elimina ese apoyo, se produzcan más resultados negativos para las personas que realmente tienen dificultades. Creo que es mucho más saludable, seguro y significativo pensar en estos fármacos como catalizadores de procesos terapéuticos y, por lo tanto, utilizarlos en ese contexto, aunque todavía tenemos muchas preguntas por responder, por ejemplo, en el caso de la psilocibina.

Los psicodélicos sacuden las creencias, permiten que se reformule tu modelo interno del mundo que te rodea y de tu propia vida emocional porque entra con tal perturbación en tu forma de ser que permite remodelar tus interpretaciones

¿La neurotoxicidad es un obstáculo para avanzar?

Todo lo contrario, es el menor desafío de todos. Solo podría ser un problema si alguien desarrolla un nuevo psicodélico. Sabemos que se pueden administrar dosis muchas veces superiores a las que se pretenden utilizar en el rango de dosis terapéuticas para un fármaco como la psilocibina sin que el cerebro sufra daños o que la persona tenga problemas cardiovasculares. Los psicodélicos clásicos (DMT, psilocibina y LSD) son compuestos seguros fisiológicamente. Se encuentran en el extremo menos dañino del espectro en comparación con otras sustancias que la gente consume como alcohol, tabaco, cannabis, estimulantes, opioides o benzodiacepinas... aunque pueden ser difíciles en lo psicológico.

Los que llamamos atípicos, como el MDMA o la ketamina, tienen un perfil de riesgo y toxicidad diferentes. En el caso de la primera sustancia podemos decir que es más seguro y sencillo psicológicamente someterse a una experiencia que con otras drogas más clásicas. Depende de qué riesgos consideremos. ¿Estamos hablando de toxicidad para el tejido cerebral? ¿Estamos hablando de riesgo cardiovascular? Yo hablaría del riesgo de volverse dependiente de la droga también.

David Erritzøe, del Imperial College de Londres, durante la entrevista.
David Erritzøe, del Imperial College de Londres, durante la entrevista.

La categoría de sustancias psicodélicas incluye muchas cuyos efectos son bastante diferentes, como el MDMA, la psilocibina, la ketamina o el LSD.

Porque inducen experiencias subjetivas con cierto grado de alteración del estado mental. Es decir, un estado de conciencia expandido con un rico elemento subjetivo, sensación de trascendencia, elementos espirituales, dar sentido a las cosas... La ketamina, por ejemplo, crea un estado más incorpóreo, pero por lo demás se solapa mucho con la psilocibina. Lo que tienen en común es que revelan o manifiestan la mente o el alma, de ahí su nombre.

El efecto de las microdosis de psilocibina, más allá del placebo, es muy pequeño. No parece que sea muy probable que, con la evidencia actual, se conviertan en medicamentos reales con dosis repartidas

¿Tienen dificultades para obtener financiación que permita continuar con los ensayos hasta las etapas finales?

En el mundo académico necesitamos o subvenciones o filantropía, así que de momento estamos haciendo un trabajo más pequeño para tratar de entender cómo funcionan estos fármacos. A veces conseguimos dinero y otras no, ahora estamos más o menos en una situación decente, pero hemos luchado muchos años para conseguirlo. Hay optimismo y entusiasmo porque vemos más subvenciones disponibles que se pueden utilizar para la ciencia psicodélica, lo cual es bueno. Pero dependemos de lo que otras personas están dispuestas a invertir con el riesgo de que no funcione y eso depende de factores financieros que no son de mi campo. Si se lleva a cabo todo el proceso para que se aprueben, la escala es completamente diferente: hay ensayos multicéntricos masivos, mucho más grandes.

¿El uso recreativo de estas drogas puede lastrar los avances en lo terapéutico?

El uso recreativo en el mundo occidental ha existido desde siempre. ¿Deberíamos salir y decir que “ahora somos nosotros los que mandamos y queremos que esto se convierta en medicina, así que dejad de usarlo”? Me parecería extremadamente arrogante y también inapropiado. Así que me mantendría alejado de eso. Si debe ser legal o no su uso es una cuestión de política de drogas que no es lo mismo que el desarrollo medicinal, incluso si son los mismos compuestos.

Las personas que trabajamos en este ámbito debemos ser cautelosos y no mezclar demasiado las dos cosas. En nuestro caso, se trata de desarrollar un medicamento seguro y apoyar un proceso para que llegue a los pacientes con indicaciones específicas dentro del sistema sanitario. Esa es nuestra principal implicación desde el punto de vista clínico.

Tampoco podemos ser ingenuos. No hay una solución mágica y porque las personas puedan sentir más no se va a acabar con las guerras. En un periodo en el que los psicodélicos están floreciendo, nunca han sido más populares, el mundo se está yendo al garete

En su libro I feel love la periodista Rachel Nuwer se pregunta si el MDMA puede ayudar a conectar a los seres humanos en un mundo enfrentado e individualista.

Probablemente ya lo haga para las personas que consumen estas sustancias. Ese profundo sentido de conexión que se ve y se experimenta al pasar por estas experiencias puede ser muy útil. Aunque para sacar realmente el máximo partido, es significativo hacerlo en un espacio terapéutico controlado, y también el trabajo en grupo es muy valioso.

No es que crea que todo el planeta vaya a pasar por estas experiencias ni que deba hacerlo, pero sí, por supuesto, en teoría las drogas inducen una sensación de conexión con algo mucho más allá de uno mismo en su propio mundo, y hay algo atractivo en eso, especialmente en la salud mental, donde las personas están aisladas y empiezan a volverse bastante introvertidas. Así que aflojarlo y hacer que la gente se sienta más conectada con los demás, con la naturaleza... tiene mucho valor.

Tampoco podemos ser ingenuos. No hay una solución mágica y porque las personas puedan sentir más con el MDMA no se va a acabar con las guerras. Mira el mundo ahora mismo. En un periodo en el que los psicodélicos están floreciendo, nunca han sido más populares, el mundo se está yendo al garete en tantos niveles... no es tan sencillo.

¿La despenalización de estas sustancias es planteable hoy en día? Hay países como Portugal que tienen una política así desde hace 20 años.

Una vez más, se trata de política de drogas y no es mi campo, pero los datos que he leído recientemente sobre Portugal y las conversaciones que he tenido sustentan que han mejorado los resultados sociales y sanitarios con un cambio radical de los datos que tenían antes de su implementación. Me parece significativo y a tener en cuenta. ¿Por qué castigar a la gente por algo como la guerra contra las drogas que ya ha fracasado? Despenalizar, de todos modos, no es lo mismo que legalizar, algo mucho más complicado.

]]> <![CDATA[Otra vez la anticiencia: ahora el aborto]]> Otra vez la anticiencia: ahora el aborto

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Cerramos otra semana más, y van dos consecutivas, con la extrema derecha desinformando sobre asuntos de salud. Esta vez es casi peor porque en el caso madrileño el falso “síndrome posaborto” ha sido asumido no solo por Vox sino también por el Partido Popular.

El grupo municipal liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida decidió apoyar una propuesta de los de Santiago Abascal que obliga al personal municipal sanitario, de servicios sociales o de los espacios de igualdad a informar sobre este síndrome que no existe a las mujeres que trasladan su decisión de interrumpir el embarazo. Básicamente decirles que abortar provoca alcoholismo, agresividad o depresión. Un delirio que no respalda la ciencia y que parece una vía más para coaccionar a las mujeres como tantas otras utilizadas por los grupos ultracatólicos. 

La cosa no quedó ahí. El PP nacional, atribulado siempre por la postura en torno al aborto, respaldó la decisión municipal, aunque al día siguiente el alcalde tuvo que recular. “No es una categoría científica reconocida”, dijo. Y tras él, el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado. 

No tiene ninguna pinta de que lo que van a llevar a cabo en Madrid –ya está aprobado– sea legal. La ley de 2010 dice en su artículo 24.2 que “las administraciones públicas velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente”. 

Además, el “síndrome posaborto” no está recogido en los manuales de clasificación de trastornos mentales de referencia, ni en el de la Organización Mundial de la Salud (CIE-11) ni en el DSM V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. 

En un comunicado enviado esta semana, la Sociedad Española de Contracepción explicaba que “la mayoría de las mujeres que demandan una interrupción de embarazo tienen ya su decisión tomada y no presentan ningún problema psicológico previo ni posterior al procedimiento”. 

Las experiencias pueden ser diversas y muy matizadas en función de las circunstancias, pero a la derecha le interesa sobre todo un relato: el que vincula el aborto con terribles consecuencias psicológicas que condenan a las mujeres a la tristeza y el sufrimiento. No se piensa tanto, sin embargo, en “la repercusión psicológica en mujeres a las que se les niega su solicitud de interrumpir el embarazo”, nos explicaba Ezequiel Pérez Campos, jefe de Ginecología del Hospital de Requena y patrono de la Fundación Española de Contracepción. 

La historia ha desembocado en un anuncio del presidente del Gobierno para blindar el derecho al aborto en la Constitución, cosa improbable después de que el PP haya avanzado que no lo apoyará. Cualquier cambio constitucional necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Con esta propuesta, Pedro Sánchez ha sacado del cajón algo que se comprometió ya a hacer hace un año y que también había propuesto Sumar, su socio de Gobierno. 

Médicos y médicas en huelga, concentrados frente al Ministerio de Sanidad.
Médicos y médicas en huelga, concentrados frente al Ministerio de Sanidad.

Mientras estabas a otras cosas...

  • Ayer hubo huelga de médicos, la segunda en tres meses: aquí te resumo las claves del conflicto con Sanidad por sus condiciones laborales y la pinta que tiene esto de callejón sin salida. 
  • Unos científicos han conseguido por primera vez generar óvulos humanos potencialmente fecundables a partir de células de la piel. Bastante flipante pero tiene algunas dificultades para la reproducción. Los detalles.
  • La ELA, devastadora y sin cura, actúa como una enfermedad autoinmune. Se ha descubierto que las células T inflamatorias atacan por error ciertas proteínas del sistema nervioso y desencadenan la muerte celular que causa la dolencia. 

2.000 mujeres

Lo más gordo que ha pasado esta semana, por las gravísimas implicaciones directas para la salud, ha sido el escándalo de las mamografías en Andalucía. Si no lo has seguido, aquí tienes un buen resumen. 

Más de 2.000 mujeres que pasaron por un cribado preventivo de cáncer de mama y necesitaban, ante la sospecha de enfermedad, hacerse otra prueba nunca fueron citadas por el Servicio Andaluz de Salud. Estos días he escuchado relatos aterradores de mujeres que han llegado al diagnóstico un año después, con lo que eso supone para el avance de la enfermedad y que transitan el miedo y la rabia como pueden.

Reproduzco la conversación de la consejera andaluza de Salud con las mujeres afectadas según la versión de estas últimas. Les explicaba que la probabilidad de que un resultado dudoso fuera finalmente un diagnóstico era “estadísticamente muy baja”. 

–“¿Usted puede asegurar que un BI-RADS 3 es 100% negativo? A lo mejor no es cáncer, pero ¿y si sí?”, preguntó una de ellas. 

–“No, no hay garantía al 100%. Pero es que ustedes ven el vaso medio vacío”, respondió la consejera. 

Después de esto, no sé cómo cerrar el boletín de una manera educada. Realmente. Espero que la semana próxima tengamos mejores noticias que contar, aunque la realidad no lo está poniendo fácil. 

Un abrazo, 

Sofía 

]]> <![CDATA[Segunda huelga de médicos en tres meses: ¿el conflicto con Sanidad por sus condiciones está en un callejón sin salida?]]> Segunda huelga de médicos en tres meses: ¿el conflicto con Sanidad por sus condiciones está en un callejón sin salida?

Al borde de la convocatoria, el Ministerio de Sanidad, que empezaba a asumir que tendría que sacar adelante la reforma del Estatuto Marco sin apoyos, se abre a dialogar sobre la reducción de jornada o la jubilación anticipada, una demanda irrenunciable de los sindicatos

Los sindicatos escalan la oposición al Estatuto Marco que negocian con Sanidad con protestas en los hospitales

Era una reforma laboriosa y técnica que debía contentar a todos los trabajadores del sistema sanitario, pero nunca el Ministerio de Sanidad pensó que remangarse para cambiar una norma, el Estatuto Marco, que llevaba más de veinte años sin tocarse le devolvería tanta oposición.

Si nada cambia, el equipo de la ministra Mónica García está abocado a aprobar la nueva ley que regula las condiciones laborales de los sanitarios en soledad, sin el apoyo de los colectivos sanitarios y entre críticas de las comunidades del PP. La segunda huelga de médicos en tres meses, convocada para este viernes con nuevas organizaciones adheridas, confirma lo que durante meses ha sido dibujándose con progresivos movimientos: una distancia que parece insalvable.

“No lo vamos a meter en un cajón ni tirar por tierra el trabajo de tres años. Tampoco lo vamos a dejar en la vía muerta del diálogo permanente. Tiene que pasar a la fase de la apertura a la sociedad civil y los partidos políticos”, dijo la propia ministra este miércoles ante la prensa en una semana caliente.

Ese mismo día y justo a misma hora, decenas de sanitarios –también, por primera vez, las enfermeras– protestaban a las puertas del Ministerio. Denunciaban que el nuevo texto mantiene la “precariedad laboral” tras un último borrador que, a su juicio, elimina algunos avances como la retribución obligatoria de cada hora de guardia al menos como una ordinaria o la referencia al descanso semanal de 36 horas.

Nuevas reuniones

No obstante, al borde de la huelga convocada para este viernes, el Ministerio accedió a agendar una serie de reuniones para hablar sobre tres asuntos irrenunciables para los sindicatos que hasta ahora habían quedado fuera de la negociación por involucrar, según el argumento de Sanidad, a otros ministerios y normativas: la clasificación profesional y las retribuciones, la jubilación anticipada y parcial y la mejora de la jornada laboral. “Entendemos que el anteproyecto de ley no cursará el trámite preceptivo para llegar al trámite parlamentario sin haber llegado a un acuerdo previo en las cuestiones”, aseguran.

La pelea de los sindicatos discurre por dos flancos; la batalla no se está dando en unidad, sino desde la división. A la ofensiva inicial de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que fue la primera en convocar protestas y después la huelga, se sumó después la de los sindicatos llamados “del ámbito”, aquellos que se sientan en la mesa oficial a negociar la letra pequeña con el Ministerio.

SATSE, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde mantuvieron hasta el verano un perfil bajo, incluso tras la primera convocatoria de huelga por parte de CESM, a quienes veían con malos ojos por dinamitar la negociación y restarles control en el proceso. Pero terminaron cambiando la estrategia y escalaron la oposición al empezar también a convocar concentraciones. Nunca, no obstante, han llamado a la huelga, pero ven en este momento –y esta es una de las claves que explica el conflicto– una “oportunidad para arreglar la sanidad”. Una vez abierta la veda de la negociación, muchos piensan que el momento para mejorar sus condiciones en el sentido amplio es “ahora o nunca”.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha dado su apoyo a la huelga e insiste en el trasfondo de la protesta. No es solo el Estatuto Marco, asegura el presidente, Tomás Cobo. “Aunque la razón visible de esta huelga es el anteproyecto, la razón que subyace es mucho más profunda: es la desesperanza, el cansancio y el malestar de todos los médicos españoles por cómo se nos considera y cómo se nos trata”.

En la huelga previa, la que se convocó en junio y se dejó sentir de manera desigual en los diferentes territorios, muchas personas mostraban un hartazgo acumulado por las condiciones en las que ejercen, más allá de las reinvidicaciones concretas vinculadas al paro.

Batallas, mejoras y renuncias

También las demandas de los sindicatos son diferentes. Mientras CESM ha dirigido el núcleo de su batalla a conseguir un estatuto propio para los médicos –esta misma semana rechazaron cualquier propuesta que no pase por un texto exclusivo para facultativos–, los sindicatos mayoritarios no quieren renunciar a la jubilación parcial y anticipada o a la reducción de jornada a las 35 horas.

El Ministerio, pese a que sí ha dado su brazo a torcer asumiendo otras demandas, se había cerrado hasta ahora en banda a estas peticiones porque “invaden competencias de otros ministerios y de otros textos legales”, repitió esta misma semana García. “Hasta que no lo tengamos cerrado al 100% no podremos llevarlo al Consejo de Ministros, pero no va a contener nunca lo que no puede contener”, dijo. Los médicos, además, exigen una categoría A1 Plus que los diferencie de otros compañeros y compañeras que adquieren el nivel de A1, un reclamo al que Sanidad tampoco había respondido porque es competencia del Ministerio de Función Pública. Respecto al estatuto propio, está descartado por parte del equipo de García desde el principio.

En el transcurso de las negociaciones, el Ministerio ha renunciado a medidas que eran conflictivas como la incompatibilidad de trabajar en la pública y en la privada en el caso de los MIR, algo que incluía el primer borrador que desencadenó la protesta de los sindicatos médicos y se incluirá un capítulo propio, dentro del Estatuto Marco, específico para los médicos y médicas.

Respecto a la jornada, las guardias se reducen de 24 a 17 horas sin necesidad de recuperar la jornada ordinaria del día siguiente, aunque se queda por el camino mejorar la retribución. Quedan, además, exentas de las guardias sin perder salario las profesionales embarazadas o que están en periodo de lactancia, quienes tienen problemas de salud y los mayores de 55 años.

Se incluyen además otras medidas como realizar ofertas de empleo público cada dos años para evitar que haya interinos, por ejemplo, con 15 años de antiguedad.

El otro flanco problemático son las comunidades autónomas. Los sindicatos están preocupados porque, al pasar por su filtro, el Estatuto Marco “se vacíe de contenido con el argumento de una presunta invasión de competencias por parte del Estado”. Las comunidades del PP aseguran, entre algunas críticas, que están “a favor de una reforma seria y útil” de la ley, aunque hay gobiernos como el madrileño que ha elevado el tono al tildar el borrador como “una vergüenza” que “no mejora nada” sino que genera “falsas expectativas”.

Las fricciones durante tantos meses están siendo un foco de desgaste para García, que ha encontrado en sus antiguos colegas, con grandes expectativas con su mandato, la mayor oposición a su gestión. El colectivo del que formaba parte le está dando la espalda. Además, las dificultades no acabarían, en el mejor de los escenarios, cuando se cierre un hipotético texto de ley (con o sin acuerdo social). Necesita después recabar un improbable apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados para salir adelante.

]]> <![CDATA[El PP de Feijóo defiende el “síndrome post aborto” de Vox apoyado por Almeida: “La información nunca es un problema”]]> El PP de Feijóo defiende el “síndrome post aborto” de Vox apoyado por Almeida: “La información nunca es un problema”

Sanidad va a estudiar las “consecuencias jurídicas” de la propuesta aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para obligar a los empleados municipales a informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de un supuesto “síndrome post aborto”

El PSOE recurrirá la decisión de PP y Vox en Madrid de informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido este martes la medida aprobada por el Ayuntamiento de Madrid para obligar a los médicos a informar de un supuesto “síndrome post aborto” a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo. Una iniciativa planteada por Vox y que el PP de José Luis Martínez Almeida ha apoyado, pese a contar con mayoría absoluta y no necesitar a los ultras para gobernar la ciudad, como sí ocurría en la legislatura pasada.

Muñoz ha acusado primero a la prensa de preguntar sobre este asunto al dictado del Gobierno. “Soy plenamente consciente de que las órdenes que ha dado el Gobierno hoy es de lanzar una nueva ardilla para que no se hable de todos los temas de corrupción y de su incompetencia y negligencia y mentiras con respecto a la desprotección que han sentido las mujeres víctimas de violencia machista. Soy plenamente consciente de la ardilla”, ha sostenido.

“En cualquier caso, le voy a responder”, ha concedido a los periodistas. “Creo que la información nunca es un problema. Quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas”, ha asegurado.

Sanidad estudiará las consecuencias “jurídicas” de la propuesta

El Ministerio de Sanidad estudiará las “consecuencias jurídicas” de la propuesta de Vox que aprobó este martes el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP para obligar a los empleados municipales a informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de un supuesto “síndrome post aborto”. La iniciativa se ha aprobado en la misma semana que se cumplen 40 años de la primera ley que permitió a las mujeres españolas interrumpir su embarazo en algunos supuestos.

La ministra Mónica García ha asegurado “que es un síndrome que no existe como diagnóstico clínico” y “pretende relacionar el aborto con un futuro de miedo y apocalipsis de mujeres alcohólicas y drogadictas”. “A todos los profesionales les decimos que no se puede mentir ni instalar bulos en las mujeres, va en contra de la práctica médica. No hay evidencia científica sino violencia camuflada”, ha dicho en una rueda de prensa este miércoles.

]]> <![CDATA[Cinco comunidades practicaron menos del 1% de los abortos de 2024 en la sanidad pública]]> Cinco comunidades practicaron menos del 1% de los abortos de 2024 en la sanidad pública

El Ministerio de Sanidad estudiará si es legal que el Ayuntamiento de Madrid informe a las mujeres que interrumpen su embarazo de un falso "síndrome post aborto"

El PP de Madrid aprueba una propuesta de Vox para obligar a informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto”

Las interrupciones voluntarias del embarazo siguen siendo anecdóticas en la sanidad pública dos años después de la entrada en vigor de la nueva del aborto, que precisamente mandataba que se llevaran a cabo de manera prioritaria en el Sistema Nacional de Salud. Los datos de 2024 confirman que la ley no ha provocado un cambio de calado: el 78,74% de los abortos se practicaron en clínicas privadas, tres décimas menos que hace un año (81,45%).

La situación es especialmente desigual en cinco comunidades donde menos del 1% de las intervenciones recaen en la pública: Madrid (0,47%), Castilla-La Mancha (0,05%), Murcia (0,93%), Andalucía (0,03%) y Extremadura. En esta última, los centros públicos no asumieron ni un solo aborto el año pasado. Tampoco en Ceuta ni en Melilla. La proporción se mantiene, además, por debajo del 10% en otras cuatro autonomías (Aragón, Asturias, Comunitat Valenciana y Euskadi).

“Desgraciadamente, sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte y el Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir planes claros”, ha advertido la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa donde ha dado a conocer las cifras.

Cantabria es la comunidad que mejor cumple la prioridad de la sanidad pública en estos procesos con un 88,49% de los abortos asumidos por los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Le sigue Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,82%), Baleares (61,30%) y Catalunya (55,67%).

La intención de la reforma era inaugurar un cambio de paradigma en España en lo referente a la prestación. Hay comunidades que durante los últimos años no han notificado ningún aborto en la red pública y eso ha provocado que miles de mujeres tuvieran que viajar fuera de su provincia para someterse a la intervención porque en su área no existen clínicas privadas con las que concertar el servicio y los hospitales se niegan a asumir la práctica. Concretamente, la norma establece en su artículo 19 que las intervenciones se lleven a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado.

A lo largo de 2024 se registraron 106.172 interrupciones dentro de los supuestos establecidos en la ley, lo que supone un incremento de 3.075 casos respecto al año anterior. 12,36 de cada 1.000 mujeres solicitaron interrumpir su embarazo. En casi el 95% de los abortos, el motivo respondió a la decisión voluntaria de las mujeres y tres de cada cuatro interrupciones del embarazo se llevaron a cabo antes de las ocho semanas. Además, la mayoría no habían tenido abortos previos (67,6) y casi un tercio convivía con una pareja.

También hubo un 2,65% que se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.

Sanidad destaca, entre los datos del informe, que casi la mitad de las mujeres (49,1%) no empleaban métodos anticonceptivos, un porcentaje que ha subido tres puntos en un año. “Esto nos alerta de que no basta con garantizar el derecho al aborto sino intensificar la salud sexual. Tenemos que mejorar acceso anticonceptivos y eliminar barreras económicas y territoriales sobre todo en las más jóvenes”, ha dicho García.

El falso “síndrome post aborto”

Tras dar a conocer las cifras, la ministra ha avanzado que estudiará las “consecuencias jurídicas” de la propuesta de Vox que aprobó este martes el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP para obligar a los empleados municipales a informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de un falso “síndrome post aborto”. La iniciativa se ha aprobado en la misma semana que se cumplen 40 años de la primera ley que permitió a las mujeres españolas interrumpir su embarazo en algunos supuestos.

García asegura “que es un síndrome que no existe como diagnóstico clínico” y “pretende relacionar el aborto con un futuro de miedo y apocalipsis de mujeres alcohólicas y drogadictas”. “A todos los profesionales les decimos que no se puede mentir ni instalar bulos en las mujeres, va en contra de la práctica médica. No hay evidencia científica sino violencia camuflada”, ha dicho.

]]> <![CDATA[Juventud e Infancia plantea quitar la patria potestad a todos los padres condenados por violencia de género]]> Juventud e Infancia plantea quitar la patria potestad a todos los padres condenados por violencia de género

El Ministerio de Sira Rego prevé aprobar en octubre una reforma de la ley de infancia para que los niños tengan abogado propio en caso de conflicto, sea obligatorio escucharles y se cree un turno de oficio especializado, aunque todavía no hay cerrado un texto definitivo con Igualdad y Justicia

España arranca tres años después la creación de juzgados especializados en violencia a la infancia que exige la ley

España fue pionera en 2021 en aprobar una ley para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Pero cuatro años después, el Ministerio de Juventud e Infancia ha detectado que existen “lagunas estructurales” en la aplicación de la norma que justifican una reforma. El borrador del texto del departamento, cuyos detalles ha conocido elDiario.es, introduce novedades como la suspensión de la patria potestad en todos los casos en que exista una sentencia condenatoria por violencia de género, vicaria o sexual contra alguno de los hijos o hijas menores a cargo, para reforzar así la protección de los niños y niñas.

Hasta ahora estaba previsto en delitos con penas muy altas, pero en otros casos la decisión era discrecional y se podía justificar por el “interés superior del menor”, explican fuentes ministeriales. “En ningún caso podrá identificarse el interés superior de las personas menores de edad con mantener el contacto con ambos progenitores cuando uno de ellos sea un maltratador o presunto maltratador”, prosiguen. La norma, si se aprueba como plantea Juventud e Infancia, respalda que la suspensión sea temporal si el delito es “leve”, aunque ese progenitor condenado no podrá decidir, aunque haya sido restablecida, sobre el lugar de residencia de sus hijos.

Esta y otras medidas incluidas en el borrador de anteproyecto exigen cambios en el Código Civil y Penal, además de en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ya están sobre la mesa de los otros dos ministerios coproponentes, Igualdad y Justicia, ambos del PSOE. Juventud e Infancia (Sumar), que lidera la iniciativa, asegura que “no hay frenos” a los cambios propuestos y espera que el anteproyecto pase por el Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre, mientras que en Igualdad avanzan que han hecho “observaciones sobre la parte de violencia” aunque han trabajado en conjunto estos meses. Justicia, a preguntas de este medio, no ha dado una respuesta.

Los cambios serán anunciados este miércoles por la ministra Sira Rego en un acto convocado con las expertas que han asesorado la redacción de la ley, justo un día después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto de ley que tipifica por primera vez como delito en el Código Penal este tipo de violencia, basada en instrumentalizar a los hijos e hijas de las víctimas con el objetivo de hacerles daño. Ambas normas se tocan en algunos asuntos, aunque el Ministerio asegura que su propuesta “recoge todos los tipos de violencia contra la infancia y la adolescencia”, no solo la vicaria.

Ampliar la protección frente la revictimización

El borrador de la reforma también incorpora la obligación de escuchar a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su edad. Un manojo de leyes recogen que esto debe hacerse a partir de los 12 años, pero en los chicos y chicas más pequeños, aunque tienen su derecho reconocido por la actual ley de infancia, no se estaba dando espacio a esa escucha en la práctica, según Juventud e Infancia, que recoge expresamente la “obligatoriedad” en la reforma.

Muy relacionado con esto, se amplía la protección de los menores para evitar que tengan que declarar en el juicio oral a todos los chicos y chicas de menos de 18 años y no solo a aquellos con edades inferiores a 14. El objetivo es evitar la revictimización permitiendo lo que se conoce en términos jurídicos como “prueba preconstituida”, es decir, grabar su declaración previamente, dentro de las diligencias de investigación, y usarla después sin necesidad de volver a convocar al niño o la niña, explican fuentes ministeriales.

Como novedad también se refuerza el derecho a la “defensa letrada” de la infancia. Esto significa, en la práctica, que los menores puedan tener un abogado propio al margen de sus progenitores en caso de conflicto. Es común que esta figura, llamada defensor judicial, sea asumida a instancias del juez por alguna de las partes o la Fiscalía, justifica el Ministerio, que quiere dar un paso más creando un turno de oficio especializado en infancia y adolescencia.

El SAP como “violencia institucional”

Otra de las cuestiones que preocupan al departamento dirigido por Sira Rego es el síndrome de alienación parental, un planteamiento teórico y sin aval científico que presume interferencia o manipulación adulta hacia los niños y niñas. La actual ley, aprobada en 2021, incluye que “los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir estos planteamientos”.

El nuevo articulado, si finalmente sale adelante tal y como plantea Juventud e Infancia, lo enmarca dentro de la “violencia institucional”, un concepto que ya existe en leyes autonómicas como la catalana o la riojana. Si se prueba que existe tal violencia, los jueces y magistrados serían sancionados con arreglo al Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, que ya existe.

Por último, el Ministerio de Juventud e Infancia plantea que todos los partidos judiciales cuenten con equipos especializados en situaciones de violencia contra la infancia. Una ley aprobada a finales de 2024 en el Congreso arrancó con tres años de retraso la creación de juzgados especializados en infancia. Ello se materializó, unos meses después, en tres secciones ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga con una única plaza cada una, un volumen que Juventud e Infancia, además de las organizaciones que trabajan con la infancia, tildaron de insuficiente.

El Ministerio pretende, asimismo, presentar a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Intersectorial, un plan director para que incorporen la formación de especialistas en infancia y adolescencia de manera transversal en todos los ámbitos: no solo judicial sino también sanitario o en los servicios sociales. Este punto, de momento, queda sujeto al acuerdo y no tiene presupuesto asignado.

]]> <![CDATA[La gente que deja el tabaco toca techo: la cifra de exfumadores lleva diez años estancada]]> La gente que deja el tabaco toca techo: la cifra de exfumadores lleva diez años estancada

Las campañas de salud pública se centran en evitar que una nueva generación empiece a consumir tabaco o vapeadores mientras falta información sobre cuáles son los recursos para salir de la adicción: el resultado es que solo un 6% pide ayuda profesional

Exteriores sin humo, fin a los vapers de un uso y el perímetro de 15 metros: los cambios de la nueva ley antitabaco

El gran afán de la industria tabacalera es captar nuevos consumidores que mantengan a flote su negocio. Por eso su estrategia en los últimos años se ha dirigido, como alertan organismos internacionales como la OMS, a la población más joven a través de los nuevos dispositivos como los vapeadores. Las campañas en España, ante el riesgo de que los chicos y chicas caigan en sus confusos mensajes de reducción de daños, también se han direccionado hacia un objetivo: que nadie empiece a fumar o vapear.

Sin embargo, en la sombra hay una batalla contra el tabaquismo que se está perdiendo: la cifra de exfumadores en España está estancada desde hace diez años. El porcentaje de personas que aseguran haber dejado de consumir tabaco apenas se ha movido desde 2014, según una radiografía con multitud de datos realizada por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

“Esto podría interpretarse como una saturación de este indicador sustentada en un porcentaje de fumadores con mayores dificultades para lograr la cesación del consumo de tabaco”, apunta el estudio. Aunque se trata de un dato antiguo (no hay más disponibles), que solo un 25% de los fumadores realizara un intento de dejarlo en 2017 da una idea de cómo está la situación.



En 1987 había un 24,5% de exfumadores, es decir, uno de cada cuatro fumadores lo había dejado. El porcentaje fue aumentando gradualmente con el paso de los años hasta 2014, cuando se alcanzó el punto de inflexión del 50%. Y ahí tocó techo: 50,5% en 2017, 49,9% en 2020 y 51,8% en 2023. Entre los mayores de 65 años está la proporción más alta de antiguos consumidores (78%), y entre los jóvenes, la menor (25%).

En España siguen fumando ocho millones de personas –el 19% de la población–, pero ya son más quienes han abandonado el tabaco: 8,6 millones. “Se suma a otros países europeos como Bélgica y Austria donde también se han equilibrado estas prevalencias, aunque se mantiene lejos de lo observado en países del norte de Europa (Suecia, Dinamarca, Finlandia), donde la proporción de abandono del consumo duplica o triplica el porcentaje de fumadores actuales”, recuerda la Sociedad Española de Epidemiología. A España le queda camino para llegar a colocarse en la pista de salida de la erradicación del tabaquismo: el umbral se sitúa en el 15% de consumidores.



“Con las leyes hay empujones, pero el efecto se va diluyendo y estancando a los 4 o 5 años. 2014 se estancó y no ha salido nada desde entonces”, explica Mónica Granados, psicóloga del área de promoción y prevención de la salud de la Asociación Española contra el Cáncer en Barcelona.

“Cuando no hay nuevas medidas las personas pierden la percepción del riesgo sobre el tabaco y tienen menos interés en dejar de fumar”, coincide Adelaida Lozano, delegada del Comité para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) en Murcia y responsable del grupo de tabaco de la Federación de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria.

La prohibición de fumar en ciertos espacios que comenzó en 2005 y culminará con la aprobación –si el Gobierno consigue el apoyo del Congreso, de la nueva ley para ampliar por primera vez a los exteriores los espacios sin humo– es la mejor herramienta para “desnormalizar” el tabaco porque lo pone más difícil a quien fuma y, además, evita la exposición al humo de segunda mano del resto.

“Los espacios restringidos ayudan porque si viene un deseo intenso de fumar y no se puede, en ese tiempo es más fácil que no se consuma y los intentos para dejarlo pueden ser más efectivos”, indica Cecilia Amato, coordinadora del grupo de abordaje contra el tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC). Así que para romper este techo invisible, todas las expertas coinciden en la relevancia de la reforma que está tramitando el Ministerio de Sanidad.

Existe otro factor para explicar el estancamiento, según las expertas: quienes ya han salido de la adicción eran los más predispuestos, aunque una mayoría habitualmente manifiesta desear cesar en el tabaquismo. “Existen algunos estudios en países con tasas ya muy bajas de fumadores que dicen que ya quedan los duros, los que tienen más dificultades, que suelen ser los que fuman mayor cantidad y un nivel social más bajo que les obstaculiza buscar opciones o no tienen tiempo para faltar al trabajo para hacer una terapia. Lo que sabemos es que ahora hay menos personas que se inician pero quienes quedan son cada vez más complejos”, analiza Lozano.

A su parecer, “nos estamos centrando mucho en la generación libre de humo, pero no tanto en las personas que ya están fumando. Falta información sobre cuáles son los recursos para dejar de fumar y dónde pueden encontrarse”. La acción tiene que ser equilibrada entre la “prevención” y “la ayuda a quienes quieren dejarlo”, según Amato, que cita dos medidas que todavía no han llegado a España y son claves para empujar el abandono: el empaquetado genérico –que se quedó a las puertas de la ley por un desacuerdo interno en el Gobierno– y el aumento del precio de las cajetillas.

Casi nadie pide ayuda para dejarlo

Aunque existen tratamientos financiados por la sanidad pública desde 2020 en España, casi nadie pide ayuda profesional para abandonar la adicción al tabaco. Solo un 4% de las personas que dejaron de consumir lo hizo con una terapia de sustitución de la nicotina u otros fármacos, el mismo porcentaje que asegura que usó los polémicos vapeadores o dispositivos de tabaco calentado muy cuestionados por la evidencia científica como un método para abandonar el hábito. Otro 2% más responde que contó con “asistencia médica o de otro profesional de la salud”.



Actualmente hay tres medicamentos disponibles: la vareniclina –el genérico del conocido Champix que fue retirado del mercado en 2021 por impurezas–, Tocaditán y Recigarum. “Los fármacos entraron en la cartera común como una ayuda en 2020 con tan mala suerte de que empezó la pandemia. Esto paralizó las intervenciones, luego hubo un problema con uno de los tratamientos y también desabastecimiento, así que pasamos casi todo el año sin poder prescribir”, explica Lozano.

Pese a que entre 2020 y 2023 la disponibilidad de fármacos se ha ampliado, el porcentaje de personas que los usa se ha reducido a la mitad: del 8% al 4%. No todos los fumadores son candidatos a tratarse con estos medicamentos financiados por la sanidad pública. Se deben cumplir cuatro requisitos: formar parte de un programa de apoyo de deshabituación tabáquica, fumar más de 10 cigarrillos al día, demostrar, a través de un test, una alta dependencia a la nicotina y haber tenido un intento en el último año.

“Como hay tanta desinformación mucha gente piensa que es más fácil hacerlo con el cigarrillo electrónico y no es así, no hay evidencia y mantiene el consumo dual (de tabaco y vapeadores)”, abunda la enfermera, que lamenta también que la implantación de estos tratamientos para abandonar la adicción es “muy desigual” en función de la comunidad autónoma. Algunas tienen unidades especializadas y otras no; profesionales más formados...

Como paso previo para acceder a los fármacos se pide un test para medir la adicción a la nicotina y se exige un umbral mínimo de consumo que se cumple menos en mujeres –que por lo general fuman menos– que en hombres. “A veces muchas de ellas no puntúan lo suficiente y sería necesario flexibilizar los criterios”, concluye, “para que tuvieran perspectiva de equidad y género”. A cada paciente se le financia un solo intento.

“Las personas que vienen son heterogéneas, desde pacientes de 75 años que lo han dejado tras medio siglo fumando a otros que fuman poco y pensaban que no era dañino”, señala Granados, que advierte de que a veces a quienes consumen menor cantidad les cuesta más. Amato centra dos grandes grupos: los que lo han intentado y no lo consiguen; y aquellos que están en ello y tienen muchos síntomas de abstinencia. “Las consultas de Atención Primaria son el mejor sitio donde pueden venir porque les conocemos en toda su longitud: su situación familiar, personal, laboral...”, defiende la médica de familia.

El proceso es complejo. “Yo les digo a mis pacientes que el primer día estamos abajo de la escalera. La pregunta inicial es si quieren hacerlo. Si quieren, vamos siempre adelante, les damos herramientas psicológicas, ponemos objetivos cercanos. No tenemos una varita mágica pero podemos ayudarles”, zanja Granados.

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