Vivimos tiempos convulsos e inciertos. Son momentos de mirar hacia adentro, los medios de comunicación lo hacen, los partidos y dirigentes políticos lo hacen, la sociedad en general lo hace. Miramos hacia dentro, hacia los problemas internos del Estado. Cada vez, lamentablemente, nos dejamos menos influir, permear o emocionar por lo que acontece más allá de los Pirineos, al otro lado del Estrecho, en el Mediterráneo, al otro lado del Atlántico o en la cara opuesta del Planeta.

Problemas crónicos han pasado de moda estos días y no encuentran sus huecos en la agenda mediática, en el debate continuo de la opinión pública y publicada. Problemas crónicos, que llevaban tiempo sin estar de moda, ahora, más que nunca, se estancan. Se estancan, pero no se resuelven, siguen ahí. Y los problemas estallan, sin solución estallan, antes o después. Es así. Y por ello, ahora, como siempre, pero quizás más que nunca, seguimos hablando del Sáhara. Nuestro problema, nuestra crónica (ir)responsabilidad, su sufrimiento.

Mañana, como todos los años desde hace ya muchos, desde la madrugada, miles de personas se reunirán en ciudades de todo el Estado para subirse a autobuses que, tras horas de viaje, les lleven a Madrid, a Atocha. Mañana, a partir de las 12 horas, miles de personas diversas, de distintos territorios, de distintas ideologías y formas de pensar, de distintas edades, todas juntas marcharán, un año más, calle Atocha arriba, hasta la Puerta del Sol, para reclamar lo que la legalidad internacional reconoce desde hace más de un cuarto de siglo: un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui decida sobre su futuro político, independiente o integrado en Maruecos.

El movimiento solidario con el pueblo saharaui, todas las personas integrantes de las asociaciones que conforman CEAS-Sáhara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara) desarrollan una labor durante todo el año de manera voluntaria conjuntamente con la población saharaui que vive aquí. Somos el mayor movimiento de solidaridad hacia otro pueblo de todo el Estado, hay asociaciones en todas las provincias. Los tiempos son duros, pero seguimos, a pesar de todo.

La crisis económica ha recortado brutalmente los presupuestos para la cooperación y volvemos a ingeniárnoslas para sacar dinero de debajo de las piedras, para seguir con nuestra actividad, porque sabemos que el pueblo saharaui nota nuestra ausencia enormemente.

La crisis social hace que, en muchos casos, las múltiples militancias que muchas personas de nuestro movimiento desarrollamos nos fatiguen, no nos permitan estar al 100% en esta lucha. La crisis, que a tantas compañeras y compañeros nos obliga a buscar nuevos trabajos, al pluriempleo, a la precariedad, no consigue vencer nuestras ansias de justicia para el pueblo saharaui. Sacamos tiempo y esfuerzo de donde no lo hay. Seguimos.

Y seguimos porque no contemplamos otra opción. Porque decenas de miles de personas siguen viviendo, después de más de 40 años, en unos campamentos de población refugiada perdidos en medio del desierto, donde nada crece de la arena. La desnutrición infantil, los altos índices de muertes en los partos, la escasez en la cesta básica, la falta de perspectivas y de anhelos para la juventud, el olvido, el exilio… El sufrimiento del pueblo saharaui nos ahoga en la rabia a muchas personas. Y la rabia nos marca el camino para seguir peleando. No hay vuelta atrás.

Seguimos, también, por las decenas de miles de personas que viven en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental. Allí, al otro lado del muro militar de casi 3.000 kilómetros de longitud y de los millones de minas antipersona: violaciones, desapariciones, asesinatos, matratos, inexistencia de ninguna garantía para el cumplimiento de los derechos más básicos –derechos humanos, políticos, sociales, económicos, culturales-. La ocupación, la violencia, el expolio, la humillación constante, la guerra. Seguimos, a pesar de todo, junto a ellas, junto a ellos.

Y seguimos, con la vergüenza constante de la (ir)responsabilidad que en todo esto tiene el Estado español. Hace ahora 42 años, era noviembre de 1975, que el gobierno franquista, con Juan Carlos de Borbón al frente, en funciones porque el dictador agonizaba, entregaba el Sáhara Occidental, entonces provincia española, a Marruecos. En Madrid se firmaron estos acuerdos ilegales, pues pocas semanas antes el Tribunal de la Haya había afirmado que no existía ningún vínculo de soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Los Acuerdos de Madrid, ilegales también porque no han sido reconocidos por Naciones Unidas en ningún momento. El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo, la última colonia de África. Y España, 'de iure', es la potencia administradora del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, así lo entendemos. Y por eso, frente a la inmensa traición, ante el sufrimiento que cuatro décadas después sigue acarreando aquella venta ilegal, seguimos.

Y somos conscientes que denunciarlo implica señalar al núcleo de los actores que han guiado en las últimas décadas a este Estado: Casa Real, sucesivos gobiernos, PSOE, PP… Cuando todo se tambalea, seguimos incidiendo en que este es un asunto que, aunque parezca pasado, está de plena actualidad, por las personas refugiadas y por las que viven en las zonas ocupadas, por su sufrimiento. Seguimos hasta el final, hasta que se haga justicia, a pesar de todo. Ahora toca Sáhara.

Este viernes se inaugura la 39 edición de la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui (EUCOCO). Esta tendrá lugar en Madrid. Durante dos días, personalidades políticas, activistas, gente del ámbito de la cultura y periodistas de todo el mundo debatirán sobre la complicada situación en la que se encuentra este pueblo. Buscarán soluciones, repensarán cómo hacer para que el mundo se entere de la injusticia perpetuada en el desierto del Sáhara durante tantos años, para que el mundo se entere y cambie su actitud, cobarde actitud.

El punto final de la conferencia será el domingo, a las 12 horas, con una gran manifestación que partirá desde Atocha hasta la Plaza de Santa Ana y que clamará en favor de los Derechos Humanos, por la descolonización y la independencia del Sáhara Occidental.

Las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui de todo el Estado español y, principalmente, las de la Comunidad de Madrid han trabajado duramente para conseguir que este evento se pueda celebrar. Ninguna ayuda han tenido del Gobierno de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, la simbología de que la EUCOCO se celebre en Madrid es enorme. Basta retroceder justo 39 años para recordar que el 14 de noviembre de 1975 se firmaron en esta ciudad los Acuerdos Tripartitos entre la todavía franquista España, Marruecos y Mauritania.

Por esta firma, el Sáhara Occidental, que en ese momento todavía era una provincia española más, pasaría a manos de los otros dos países. De este modo, el Estado español dejaba de lado sus obligaciones de descolonización que le exigía la comunidad internacional y Naciones Unidas, violando el Derecho Internacional. Nuestra historia, llena de oscuras manchas, volvía a sumergirse en el lodazal más profundo, situándose por debajo de lo que la responsabilidad le solicitaba, condenando al pueblo saharaui a la guerra, el exilio y la ocupación.

No obstante, aquellos acuerdos sancionados en la capital española siguen considerándose hoy en día ilegales. El Derecho Internacional reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el Estado español sigue siendo, a día de hoy, a ojos de la ley, la potencia administradora del Sáhara Occidental. Es decir, es nuestra responsabilidad que se cierre un proceso de descolonización que no supimos clausurarlo, darle la voz a los saharauis para que elijan su futuro político, independiente. Su futuro es su elección, así se les reconoce en todo el mundo, pero la obligación de que un referéndum se celebre está aquí.

Ningún país reconoce a día de hoy la marroquinidad del Sáhara Occidental, muchos estados, sin embargo, si que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como un estado independiente. Si el español es, como hemos dicho, la potencia administradora del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, Marruecos es, por lo tanto y únicamente, la potencia ocupante. Aquella que ejecuta por la fuerza, con violencia, alevosía, asesinando, violando derechos, haciendo desaparecer a personas y condenando al olvido a un pueblo, su autoridad. Una autoridad ilegal, ilegítima.

Desde que se firmaran los Acuerdos Tripartitos de Madrid, ningún gobierno, ora socialista, ora popular, ha estado a la altura de las circunstancias. Los monarcas Juan Carlos I y Felipe VI siempre han corrido a abrazar a sus homólogos vecinos del sur, déspotas y dictadores. Populares y socialistas siempre han besado la mano del tirano, del ocupante, del opresor, del torturador. Los gobernantes españoles han sido cómplices de la vergüenza.

Han favorecido los intereses del Reino de Marruecos, de la monarquía alauí. Se han posicionado frente a conceptos universalmente positivos como la libertad, la independencia, los Derechos Humanos, la paz. Se han cubierto con la sombra de los poderosos, han lamido los beneficios del más ruin de los chantajes, han sonreído junto a los dientes de los que aprietan la yugular de las personas que creen en un mundo justo, gobernado por el Derecho. Un mundo, en definitiva, humano.

En la EUCOCO que se inaugura hoy, participarán representantes políticos y activistas de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza, Portugal, Suecia, Austria, Cuba, Venezuela, Mozambique, México, Argelia, Estados Unidos, Dinamarca, Eslovenia, Chile, Brasil, Egipto. Namibia, Sudáfrica... También estarán presentes miembros del Parlamento Africano y de la Unión Africana. Además, viajarán diputados y parlamentarios de muchas Comunidades Autónomas, así como participantes en el movimiento solidario con el pueblo saharaui de todo el Estado español.

En la EUCOCO se planteará la línea a seguir durante el próximo año para la liberación del Sáhara Occidental. Estaremos muchas personas, de muchos sitios, porque somos muchos los que sabemos que antes o después los saharauis dejarán caer en las urnas una papeleta que contenga la palabra “libertad”. Somos muchos e invencibles, porque, como dicen los saharauis, “ellos sólo tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo y la razón”.

De este modo, te invitamos a que salgas a la calle el domingo 16. Llenaremos las calles de Madrid de banderas saharauis. Ahora que sabemos, y nos lo recuerdan todos los días, que hasta las mismas entrañas del Estado español están podridas, debemos reconocer que están podridas también porque hemos condenado a un pueblo al olvido, al hambre, al maltrato. El domingo exigiremos que el Gobierno de España cambie su postura y elija el sendero de la legalidad internacional, que se implique en la ejecución del derecho a la autodeterminación saharaui, exigiremos que se respeten los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados por Marruecos, que se aumente la partida en cooperación internacional con los campamentos de población refugiada saharaui, porque son nuestros refugiados, porque somos responsables de su exilio. El Sáhara Occidental y sus recursos naturales son del pueblo saharaui, y él decidirá cómo administrar sus riquezas. El domingo gritaremos, por última vez: “¡Sáhara libertad, Polisario vencerá!”. Porque la próxima vez que nos juntemos, será en un Sáhara libre, junto al mar.

Por fin. El desenlace del caso Mayuba es una realidad. Tras más de 3 meses desde que la joven Mayuba Mohamed, de origen saharaui y nacionalidad española, viajara a los campamentos de población refugiada saharaui para visitar a su familia biológica, por fin ha regresado a España. Por fin ha podido reunirse con su familia de adopción y desarrollar su futuro según su voluntad. Por fin.

Han sido tres meses complicados, en los que se han desarrollado gestiones desde las instituciones públicas españolas, argelinas y saharauis. El 25 de julio Mayuba viajó a los campamentos de Tinduf, tras recibir un aviso de su familia biológica saharaui de que su abuela estaba enferma. Mayuba debía regresar al Estado español a mediados de agosto, pero aquella fecha no regresó.

La familia de acogida, con quien la joven vive desde hace 12 años de forma permanente, interpuso una demanda por “secuestro y amenazas de muerte” ante la fiscalía de la república en Argelia, así como ante la misión diplomática española en Argelia. También solicitaron a la ONU y a la comunidad internacional su intervención. Paralelamente, se impulsó una campaña en Avaaz exigiendo su retorno. La familia biológica había sustraído a la joven su pasaporte, obligándole a quedarse con ellos contra su voluntad, llevándola a territorio argelino, a cientos de kilómetros de los campamentos saharauis, a los que regresaría la familia con Mayuba más tarde.

Los medios de comunicación valencianos, de donde es la familia de acogida y donde vive Mayuba, y posteriormente de todo el Estado se hicieron eco de la noticia. Y las redes sociales divulgaron opiniones e informaciones no contrastadas a toda velocidad. Durante estos meses hemos escuchado de todo: se ha puesto en duda el programa Vacaciones en Paz, por el cual viajan cada verano miles de menores saharauis a pasar los meses estivales lejos del desierto; se ha acusado al Frente Polisario de ser cómplice del secuestro; se ha mostrado a la sociedad saharaui como una sociedad que margina a la mujer...

Algunos medios de comunicación han preferido publicar la información rápidamente antes de analizar la situación en profundidad, escuchando a expertos en la cuestión saharaui, contrastando opiniones de diferentes fuentes. En algunos casos, los periodistas han sido movidos por criterios de proximidad geográfica, cercanos al chauvinismo, tomando una postura parcial, reclamando que se devolviera lo propio, como si de un enfrentamiento entre dos pueblos, dos culturas, se tratara.

De igual manera, cabe destacar las graves decisiones adoptadas por algunos representantes públicos. El 14 de octubre, la Diputación de Valencia suspendió las ayudas a la cooperación con el pueblo saharaui hasta que la joven regresara a casa. Una medida sin precedentes que culpaba directamente del caso Mayuba al Frente Polisario, al Gobierno saharaui y a todo el pueblo saharaui, afirmando que “no se pueden mantener convenios de cooperación con países que no respaldan los derechos humanos”.

Una declaración altisonante, vacía de contenido, pues ni los campamentos de población saharaui son un país, ni el Gobierno saharaui viola los derechos humanos. Cabe recordar que la población saharaui refugiada sobrevive gracias a la cooperación internacional, y que terminar con esta implicaría condenar, más todavía, al hambre y la miseria a una población de miles de personas refugiadas. ¿Cómo puede un representante público tomar una decisión que conlleva, directamente, el aumento de la desnutrición infantil, de la falta de medios para la escolarización de los menores saharauis, de la precariedad en los centros de salud de los campamentos de Tinduf?

Por todo esto, creo que es necesario hacer varias aclaraciones. En primer lugar, hay que recordar que el pueblo saharaui no dispone de un estado propio. El Sáhara Occidental está ocupado militarmente por Marruecos desde el año 1975. El Frente Polisario es, precisamente, el movimiento saharaui que lucha para obtener un estado independiente y, además, lo hace pacíficamente, desde que en el año 1991 se firmara un Alto el Fuego auspiciado por Naciones Unidas. ¿Cómo se va a cuestionar la cooperación con un país que no es un país, que no dispone de un estado?

El Frente Polisario gestiona los campamentos de población refugiada, pero no dispone de los elementos que hacen que un estado pueda funcionar como una entidad política independiente. El Gobierno saharaui es el organismo que ha creado un sistema de salud, un sistema educativo y alimentación, entre otras muchas cosas, para toda la población refugiada. Y lo ha conseguido desde la nada, construyendo campamentos de haimas en el más inhóspito de los desiertos.

Cierto es que el sistema de salud, educativo y la alimentación de la población refugiada son precarios, como también lo es que todo esto se sustenta mediante la cooperación internacional, de la cual, uno de los mayores porcentajes ha tenido como origen, históricamente, el Estado español. ¿Quién es el culpable de la precaria situación en la que vive esta población refugiada? Sin duda, el que recorta las ayudas en cooperación internacional con este pueblo.

Por otro lado, es el Reino de Marruecos quien lleva todos estos años ejerciendo la violencia contra la población saharaui en los Territorios Ocupados. Mientras el Frente Polisario mantiene una lucha pacífica, centrada en la vía diplomática, las fuerzas de ocupación marroquíes han matado, hecho desaparecer y torturado a saharauis, violando los derechos humanos de este pueblo. ¿Deben las instituciones españolas romper cualquier lazo de cooperación con el Reino de Marruecos hasta que se verifique que respeta en la práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Por supuesto. ¿Cuándo llevará a cabo estas medidas? Los Derechos Humanos, una vez más, son utilizados en boca de los representantes públicos con diferentes significados, dependiendo de a quién se le exija su cumplimiento.

Como he citado con anterioridad, en algunas ocasiones se ha tratado el tema de Mayuba como una causa de la desigualdad de género, llegando a culpar de esta desigualdad al Frente Polisario. “Si Mayuba hubiera sido un joven saharaui, en vez de una chica, no habría ocurrido esto”. No se puede afirmar, porque no ha ocurrido, pero es muy probable que así hubiera sucedido. Cierto es que en la sociedad saharaui, como en todas las sociedades, existen tendencias oscuras, arcaicas y negativas que se oponen a la igualdad real entre el hombre y la mujer.

La tradición patriarcal y machista que aquí se lleva por delante a decenas de mujeres cada año, allí, en los campamentos de Tinduf, también existe. Sin embargo, ha sido el Frente Polisario, que, por cierto, también está constituido por las mujeres saharauis, el que ha desarrollado medidas por las cuales ahora la sociedad refugiada saharaui tiene una mayor participación social de la mujer que en la media de sus sociedades vecinas. Un ejemplo de ello es la importancia que tiene en la estructura social la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, así como el elevado número de ministras en el Gobierno y de parlamentarias en el Parlamento.

Por supuesto, la situación de la mujer saharaui no es la ideal. Por supuesto que queda muchísimo trabajo para hacer en este sentido. Pero, si de verdad existe una preocupación por la situación de la mujer saharaui, ¿no deberíamos exigir a nuestras instituciones públicas que aumente la partida en cooperación con el pueblo saharaui para desarrollar proyectos de concienciación y sensibilización en los campamentos de Tinduf sobre este tema?

Culpar al Gobierno del Polisario también de esto es injusto, pues probado está que han llevado a cabo medidas para paliar esta situación. ¿Cómo responsabilizar de la desigualdad de género a un gobierno que, a duras penas, consigue la cantidad de alimentos básicos suficientes para alimentar a su población? Los recortes de aquí, en el Estado español, que todavía hoy sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental hasta que se celebre un referéndum en el cuál los saharauis puedan decidir sobre un futuro estado independiente, acarrean consecuencias allí, en el desierto. Mientras no haya medios, no se pueden lograr los objetivos.

Por último, un breve apunte sobre la gestión del Frente Polisario en el caso Mayuba. Cabe destacar que cuando el pasado 23 de octubre, el delegado del Frente Polisario para el Estado español, Bucharaya Beyún, se reunió con el ministro de Exteriores, García-Margallo, el representante saharaui declaró: “Estamos colaborando intensamente en ese sentido y confiamos en una pronta solución”.

Según ha declarado Mayuba tras regresar a España, recuperó el pasaporte que había escondido su familia biológica y escapó de su casa. La joven relata que un conocido le ayudó a salir de los campamentos de refugiados y llegar a la ciudad argelina de Tinduf. El Frente Polisario asegura que “facilitó” esta huída aunque se desconocen los detalles.

El tiempo transcurrido ha sido largo, quizás se podría haber solucionado antes. Pero los tiempos en las distintas sociedades, culturas, a veces transcurren de una manera distinta, a veces los diálogos van más despacio en otros lugares. En el desierto llevan casi cuarenta años esperando a regresar a su estado, el Sáhara Occidental, mientras aquí, nuestros gobiernos, empujados por las prisas, han mirado para otro lado. Otro representante del Polisario me contaba, “para la familia biológica de Mayuba, es el Polisario el que la ha secuestrado para devolverla a España”.

Las sociedades tienen sus ritmos, sus peculiaridades y sus carencias. La lucha de la mujer, aquí y allí, es necesaria, prioritaria, y hacia la igualdad real entre hombres y mujeres debemos caminar. Tan necesaria como la lucha por la supervivencia, por los Derechos Humanos y por la libertad de un pueblo que debe votar para poder volver a su tierra. No se puede justificar la actitud que ha tenido la familia biológica de Mayuba. El conservadurismo más atroz se encuentra en cualquier lugar del planeta. Pero los debates no se pueden descontextualizar. Hay que reflexionar teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos. Ahora celebramos que Mayuba está donde quiere estar. Esperamos que pronto celebremos que el resto de saharauis estén donde quieren estar.

El día 2 de noviembre del año 1975, el entonces príncipe y jefe de Estado en funciones, Juan Carlos de Borbón, posterior rey hasta hace pocas semanas y padre de Felipe VI, visitó el Sáhara Occidental, entonces provincia española. Frente a las guarniciones españolas aseguró: “España mantendrá sus compromisos”. Unos compromisos que incluían un referéndum para la población saharaui, para la elección entre la creación de un Sáhara independiente o incluido en Marruecos. Según el Tribunal de La Haya había fallado dos semanas antes, ante una solicitud del monarca marroquí Hassan II, el Sáhara no tenía lazos de soberanía con Marruecos ni con Mauritania. Definitivamente, por tanto, el Sáhara Occidental no era marroquí.

Ya sabemos lo que sucedió después: la Marcha Verde. El entonces monarca alauí, Hassan II, organizó una manifestación de 350.000 marroquíes que el día 6 de noviembre pisaba terreno español, el Sáhara Occidental, invadiéndolo ilegalmente y truncando un proceso de descolonización que todavía hoy sigue sin finalizar y del que el Estado español sigue siendo responsable: continúa siendo la potencia administradora, según reconocen hoy las Naciones Unidas. Es decir, es responsabilidad del Estado español el cerrar un proceso de descolonización al igual que hicieron el resto de potencias europeas en periodos anteriores.

Sin embargo, según pudimos conocer tras las revelaciones de los cables de WikiLeaks, el trabajo diplomático español de los días próximos a la Marcha Verde fue muy intenso. Y, por lo tanto, la labor de Juan Carlos de Borbón, muy premeditada, pues era él el jefe de Estado en funciones en aquel momento, debido a la ausencia por enfermedad del dictador Franco. Solamente una semana después de que el entonces príncipe estuviera en territorio sahariano, el 9 de noviembre de 1975, Hassan II suspendía la Marcha Verde anunciando que se había encontrado otra solución y que sus aspiraciones de anexionarse el Sáhara Occidental estaban aseguradas. ¿Cuál sería aquella solución? El día 13 de noviembre se firmaban los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales se entregaba ilegalmente a Marruecos y Mauritania el Sáhara Occidental, sin cerrar el proceso de descolonización mediante el referéndum que promovían las Naciones Unidas y al que el Estado español se había comprometido el año anterior. Las tropas españolas debían abandonar la colonia antes de que finalizara el mes de febrero de 1976.

Los días fueron intensos, y las negociaciones más. El 23 de octubre de 1975, cuando ya se conocía el fallo de La Haya hostil a las aspiraciones de Hassan II, se envió un cable desde la embajada estadounidense en Marruecos que desvelaba que el día anterior (22 de octubre) el embajador estadounidense en Rabat, Robert G. Neumann, se había reunido con el monarca alauí, su primer ministro y el ministro de Información. El Departamento de Estado de Kissinger estaba perfectamente informado de la voluntad marroquí de invadir el Sáhara saltándose los planes de Naciones Unidas. Además, en dicho cable también se describe cómo el entonces ministro español del Movimiento, José Solis, se había reunido dos días antes (21 de octubre) con la contraparte marroquí y estaba al tanto de la voluntad del rey de organizar la Marcha Verde. Hasta tal punto tenía complacencia el rey marroquí con el Gobierno español y el jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, que el rey Hassán II se animó a declarar sobre la Marcha Verde: “el concepto es mío, la organización es mía, daré la orden de cruzar la frontera, sólo el pueblo (marroquí) puede impedirlo; si el pueblo no cumple mis órdenes haré las maletas y me mudaré a la Villa de Madrid.”

El resto ya es conocido. El Sáhara Occidental fue entregado a sus vecinos, Marruecos y Mauritania, sin consultar a la población saharaui sobre su futuro. El Frente Polisario proclamaría en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

De este modo, se inició una guerra entre los ocupantes y el legítimo defensor del pueblo saharaui (hay que recordar que el Frente Polisario es el único interlocutor reconocido por Naciones Unidas del pueblo saharaui) hasta 1991, año en el que se firmó un alto el fuego auspiciado por la ONU, en el que se reconocía que el proceso debía finalizar mediante la celebración de un referéndum en el que la población saharaui decidiera su futuro político. Esta consulta no se ha celebrado, aunque ningún estado del planeta reconozca al Sáhara Occidental como parte de Marruecos y muchos sí que reconozcan a la RASD como un estado independiente. Sin embargo, los poderes fácticos y las principales potencias, con Francia y España a la cabeza, siempre se han situado muy próximos a los deseos de la monarquía marroquí.

Entre estos poderes fácticos cabe destacar a la monarquía española. Durante el reinado de Juan Carlos I siempre imperó una gran amistad entre las dos casas reales. Y todos los gobiernos, socialistas y populares, que han llegado a la Moncloa han dejado atrás sus promesas en la oposición y en campañas electorales de favorecer a los legítimos derechos de los saharauis, es decir, de cumplir con la legalidad internacional. Numerosas son las muestras en público de afecto entre Juan Carlos I y Hassan II o su heredero, Mohamed VI. Cabe recordar cómo el anterior monarca español se hizo llamar hermano mayor de Mohamed VI tras el fallecimiento de Hassan II. También podemos encontrar en la hemeroteca numerosos encuentros en los que ambos monarcas se deshacen en halagos y cumbres en las que los distintos gobiernos españoles nunca han dudado en capitanear iniciativas favorables a los intereses marroquíes aunque estos supusieran, incluso, un deterioro de sectores estratégicos de la economía española. ¿Recuerdan cómo José Luis Rodríguez Zapatero fue el mayor valedor para que la Unión Europea otorgara a Marruecos un estatuto avanzado por el cual se le considera socio preferente de Bruselas? En una cumbre, engalanada con la mayor pompa posible, celebrada en Granada en el año 2010, la Unión Europea escenificó un trato preferente a Marruecos, un país donde la democracia brilla por su ausencia, saltándose todos sus principios y declaraciones a favor de los derechos humanos. ¿Cómo olvidar las múltiples acusaciones públicas que organizaciones de todo tipo y partidos políticos han hecho sobre el enriquecimiento personal y familiar que Juan Carlos I y otros dirigentes políticos han obtenido a través de las buenas relaciones con la monarquía alauí?

Mientras tanto, la población saharaui ha sobrevivido casi cuarenta años dividida por un muro de cerca de 2.700 kilómetros de largo rodeado de minas antipersona. A un lado, en el sur de Argelia, miles de familias saharauis sobreviven en campos de población refugiada gracias a la ayuda internacional, combatiendo el hambre, las temperaturas extremas y la imposibilidad de ser ciudadanos de ningún estado. Al otro lado del muro, en los territorios ocupados por Marruecos, otras miles de familias saharauis llevan sufriendo, durante todo este periodo, las violaciones de sus derechos más elementales por parte de las fuerzas de ocupación mediante torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, privación del derecho a la libre expresión..., tal y como han denunciado multitud de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, relatores de las Naciones Unidas, delegaciones de distintos parlamentos europeos y de otras democracias.

Felipe VI: ¿transparencia?

Ente lunes que nuestro nuevo monarca, Felipe VI, se abraza a su homólogo marroquí, si no se inclina ante él en forma de genuflexión, cabe recordar que ese saludo de la “más alta representación de nuestro Estado” vuelve a enterrar bajo la arena del desierto más olvidado a una población entera, la saharaui. Ese saludo significa un golpe a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Y una gran parte de la sociedad española lo considera una traición, y un sonoro “no nos representa”.

Una visita real que simboliza algo más que unas buenas relaciones bilaterales entre ambos estados. Según sabemos por diferentes agentes y observadores internacionales, el régimen marroquí no sólo condena a la miseria a la población saharaui, sino a su propia población, a la que priva, en muchas ocasiones, de sus más elementales derechos y de un sistema democrático. Y, por supuesto, no hace falta recordar el trato vejatorio que el régimen marroquí proporciona a las personas migrantes que desde allí pretenden llegar a Europa.

Felipe VI, el día que fue proclamado rey, abogó por una monarquía “íntegra y transparente”. Sin lugar a dudas, un buen ejercicio de transparencia sería el hacer públicas todas las decisiones tomadas por su antecesor en reuniones con los homólogos marroquíes y otros jefes de estados autoritarios. De igual modo, debe ser una exigencia, para que dicha transparencia no se convierta más que en palabras, el que la opinión pública española pueda conocer qué sucedió en los días previos a la Marcha Verde, cuando el Estado español decidió frustrar el futuro de un pueblo y de un territorio que, en aquel entonces, era una provincia española más.

¿Qué tuvo que ver Juan Carlos de Borbón en aquel abandono al pueblo saharaui? ¿Por qué se tomó aquella decisión? ¿Va a continuar Felipe VI priorizando las buenas relaciones entre las dos casas reales a los derechos humanos y la legalidad internacional?

“Las fuerzas de ocupación marroquíes me torturaron viendo cómo abusan de una mujer saharaui delante de mí, sin que yo pudiera hacer nada”. “En el año 2005 me detuvieron por primera vez, me desnudaron, arrojaron agua fría sobre mi cuerpo y también orina, querían que les dijera de dónde sacábamos las banderas saharauis”. “Te cuelgan de las manos y de las piernas y te golpean, para intentar sacarte información”.

Hassana Aalia es un activista saharaui por la defensa de los Derechos Humanos de 25 años de edad, que espera en Bilbao a que se tramite su solicitud de asilo político en España. En Marruecos fue condenado a cadena perpetua en el juicio contra los saharauis participantes en Gdéim Izik, el campamento levantado en otoño del 2010, en las proximidades de El Aaiún ocupado, por miles de saharauis para protestar por la violación de sus derechos. Ya había sido juzgado por esto y había sido declarado absuelto. No se presentó al juicio, estaba en España y ahora no puede volver a su tierra. Fue un juicio ejecutado por un tribunal militar, aunque los procesados fueran civiles.

Este mes de abril se decidirá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la renovación de la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Es una fecha clave para la población saharaui, pues reclaman la incorporación de la vigilancia del respeto de los derechos humanos entre las competencias de esta misión. “Es la única misión de este tipo de Naciones Unidas en todo el mundo que no vigila el cumplimiento de los derechos humanos, y las fuerzas ocupantes de Marruecos continúan violando los derechos de la población saharaui en los territorios ocupados”, explica Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario en España.

En la votación del año pasado, por primera vez, Estados Unidos planteó la posibilidad de incluir esta competencia para la Minurso, sin embargo la negativa de Francia, miembro permanente en el Consejo de Seguridad con derecho al veto, y la presión de otros países, como España, echaron para atrás la iniciativa norteamericana. “La postura del Gobierno español es vergonzosa, pues España sigue siendo responsable de lo ocurra en el Sáhara Occidental”, comenta Beyún.

Hay que recordar que la excolonia española sigue siendo un territorio no autónomo según la legalidad internacional, pendiente de que se finalice su proceso de descolonización, y que mientras tanto, el Estado español continúa siendo la potencia administradora de este proceso, mientras que Marruecos perpetúa una ocupación ilegal desde el año 1975.

Por ello, y a pesar de las enormes dificultades que tienen los saharauis en la zona ocupada para desarrollar sus derechos a reunión, manifestación y libre expresión, numerosos colectivos de saharauis han lanzado una campaña de presión para la inclusión de la vigilancia de los derechos humanos entre los deberes de la misión internacional.

“Los movimientos saharauis han organizado la campaña, y se manifiestan el día 15 de cada mes en las calles de las ciudades del Sáhara Occidental pacíficamente, aunque la represión posterior es enorme”, declara Hassana Aalia. Esta campaña surgida desde las zonas ocupadas ha sido apoyada desde diferentes actores internaciones. En este sentido, CEAS-Sáhara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara) ha lanzado un envío masivo de cartas a los miembros del Consejo de Seguridad. Además, está organizando concentraciones los días 15 de cada mes en diferentes ciudades del Estado español.

De la misma manera, importantes plataformas de defensa de los derechos humanos estadounidenses han movido ficha de cara a la próxima decisión del Consejo de Seguridad. El Defense Forum Foundation en colaboración con el Centro Robert Kennedy por la Justicia y los Derechos Humanos invitaron el pasado 24 de abril a la activista saharaui, Aminatu Haidar, a que interviniera en el Congreso de Estados Unidos para intentar influir en la postura de la potencia americana. “Estamos dando toda la visibilidad posible a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, ya que, aunque Marruecos esté mandando mensajes de que se ha mejorado en esta materia, para los saharauis la situación está cada vez peor, tal y como han podido comprobar las delegaciones internacionales que han podido visitar la zona en este periodo”, asegura el representante del Frente Polisario en España.

Esperanza de cambio

Esperanza de cambioLa situación es muy delicada. ¿Cómo vive la población saharaui las negociaciones que se celebran en la sede de Naciones Unidas en Nueva York? “Tenemos esperanza de que este año se cambie la postura, es muy difícil, porque Francia tiene derecho de veto y siempre apoya a Marruecos sin darle importancia a los Derechos Humanos, pero tenemos esperanza”, reflexiona el joven Aalía.

Por su parte, Bucharaya Beyún afirma: “El enviado especial del Secretario General de la ONU, Cristopher Ross, ha viajado en dos ocasiones a Marruecos, durante la segunda de ellas, ni siquiera fue recibido por el ministro de Exteriores marroquí, sabemos que la presencia de instituciones internacionales les molesta mucho, porque no cumplen los derechos humanos, esperamos que los miembros del Consejo de Seguridad estén a la altura de las circunstancias”.

Y es que el Frente Polisario, desde que en el año 1991 las partes firmaran un alto el fuego, ha apostado siempre por la diplomacia como método de resolución del conflicto. Sin embargo, la situación poco ha avanzado en este tiempo, la comunidad internacional ha dado pasos nulos en el proceso de descolonización, pero tampoco ha avanzado en la exigencia del cumplimiento de los Derechos Humanos. Debido a esto, el momento es delicado, según percibe el Frente Polisario. “Nos están obligando a tener que plantearnos otros instrumentos, la población saharaui cada vez cree menos en la diplomacia, y si no se incluye una instancia internacional que vele por los Derechos Humanos, y a esto le sumamos el expolio de nuestros recursos naturales, la aparición de fosas comunes que demuestran el genocidio que el ejército marroquí llevó a cabo contra nuestro pueblo o los recortes en la ayuda humanitaria para los refugiados tendremos que plantearnos nuestros modos de actuación”.

Un conflicto enquistado, en el que el Estado español no ha adoptado los pasos que la legalidad internacional le exige como potencia administradora. “El Gobierno español sigue apoyando a los torturadores, fue quien más se movió para que en el Parlamento Europeo se aprobara un acuerdo de pesca ilegal con Marruecos”, aclara Hassana Aalia. “Es vergonzoso que este Gobierno se esté portando peor con nuestro pueblo de lo que lo hizo el anterior socialista, que ya lo hizo mal. Margallo retiró a los cooperantes de los territorios, ha reducido la ayuda humanitaria y siempre se pone en el lado de la balanza marroquí. No creemos que se ponga del lado de los Derechos Humanos en esta negociación”, concluye Beyún.

El próximo sábado, al amanecer, arrancarán autobuses en numerosas localidades de toda la geografía del Estado español. Para mucha gente se ha convertido ya en una tradición visitar Madrid a mediados de noviembre. La manifestación estatal por la autodeterminación del pueblo saharaui condena los cumpleaños de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados el 14 de este mes del año 1975. Mediante estos acuerdos, España entregaba ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental a una administración compuesta por España, Marruecos y Mauritania y privaba a la población saharaui de su derecho a la libre determinación.

Desde entonces, las distintas asociaciones de amistad con el pueblo saharaui, repartidas por todo el estado español, así como otras muchas plataformas, asambleas y colectivos, trabajan para que el pueblo saharaui pueda regresar a su país. Todas las personas integrantes de estos grupos tendrán sus motivos personales para permanecer durante tanto tiempo del lado de este pueblo olvidado por la comunidad internacional. Rostros de amigos, de familiares, de niños de acogida por el programa Vacaciones en Paz, ansias de justicia, de cerrar uno de los procesos más vergonzosos de la historia próxima del Estado español. Enumeramos diez motivos por los que acudir a la manifestación del próximo sábado.

1. Acuerdo de Pesca UE-Marruecos

En las próximas semanas, el Parlamento Europeo votará el nuevo protocolo para el Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. En él, se incluiría el caladero de pesca comprendido a lo largo de la costa del Sáhara Occidental. Sin embargo, el Sáhara Occidental es, según la legalidad internacional, un Territorio no Autónomo, por lo que Marruecos, que es la potencia ocupante del territorio, no tiene derecho a explotar los recursos naturales de éste. No se puede negociar con Marruecos la pesca en las aguas saharauis. Los recursos naturales de la población saharaui deben suponer un beneficio para esta. De lo contrario, se está condenando a la pobreza a un pueblo que lucha por poder gestionar sus recursos de manera independiente. Además, hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo ya votó esta cuestión, y que lo hizo en contra. Y que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo vuelven a argumentar que las aguas del Sáhara Occidental no forman parte de la Zona Económica Exclusiva de Marruecos. ¿Se repetirá la votación hasta que sea aceptado un acuerdo ilegal? ¿Es permisible que los europarlamentarios voten a favor de lo que sus propios servicios jurídicos consideran ilegal? ¿A qué intereses corresponde esta votación?

2. Presos políticos

Actualmente, alrededor de 40 saharauis se encuentran encarcelados en prisiones marroquíes por la defensa de sus ideas. Una veintena de ellos fueron arrestados tras el desmantelamiento del campamento pacífico de Gdéim Izikm, desarrollado en noviembre del 2010 Es indispensable su puesta en libertad inmediata, hasta que se pueda celebrar un juicio justo, con presencia de observaciones internacionales.

3. Violaciones de los derechos humanos

Torturas, desapariciones forzosas, abusos sexuales, vejaciones… La población saharaui que vive en los Territorios Ocupados por Marruecos sufre, sistemáticamente, la violación de sus derechos más elementales. Actores internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Fundación Robert Kennedy, además de instituciones dependientes de Naciones Unidas como el relator contra la tortura o el propio Informe Anual del Secretario General de la ONU, así como informes surgidos del Parlamento Europeo, han denunciado esta situación. Sin embargo, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) sigue siendo la única misión de este tipo que no contempla entre sus competencias la vigilancia de los Derechos Humanos. Este año, se negoció la renovación de esta misión y las posturas de estados como Francia y España evitaron que se incluyera la cláusula de la vigilancia. Exijamos que esto cambie de una vez.

4. La verdad en las fosas

Hace unos meses, un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco, en colaboración con la Fundación Aranzadi, consiguió exhumar y estudiar cuerpos de saharauis asesinados y enterrados en medio del desierto en el año 1976. De esta manera, se prueba científicamente la evidencia de la masacre que el régimen marroquí cometió contra la población saharaui en aquellos años. Es necesario saber más, tener la posibilidad de que se desarrollen actividades de este tipo en los Territorios Ocupados por Marruecos. Las familias víctimas de desapariciones, y el pueblo saharaui en su totalidad, tienen que reconstruir la memoria que les ha sido arrebatada.

5. Población refugiada

En los campamentos de población refugiada de Tinduf (Argelia), miles de saharauis ansían regresar a sus hogares. El exilio no puede ser una situación permanente. Muchas generaciones sólo conocen de su tierra lo que les han contado sus antecesores. La hammada argelina es una de las zonas más inhóspitas del Planeta, donde se encuentran estos campamentos. Allí el Frente Polisario ha creado un estado, con sus infraestructuras, sus servicios públicos… Pero un estado sin territorio, en el que todo es provisional, en el que no hay posibilidad de crear ni una estabilidad, ni una proyección de futuro. Las nuevas generaciones, hastiadas de esperar en medio del desierto, piden a su Gobierno el abandono del proceso de paz, el retorno a las armas, a la guerra.

6. Cooperación internacional

Los campamentos de Tinduf sobreviven, principalmente, por la ayuda proveniente de la cooperación internacional. El Estado español, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, así como diferentes ONGDs de aquí han sido los principales donantes de ayuda humanitaria para la población refugiada saharaui. La crisis económica ha hecho que esta ayuda se haya reducido drásticamente, teniendo duras consecuencias para la población. Debemos impedir que la gestión de esta crisis se lleve por delante la cooperación internacional, pero más especialmente, debemos exigir que las ayudas al pueblo saharaui se conviertan en una prioridad, dada la enorme responsabilidad que tiene el Estado español en este conflicto.

7. Frente Polisario: 40 años bastan

Este año se cumplen 40 años desde la fundación del Frente Polisario. Este movimiento de liberación ha luchado por la independencia y por la descolonización desde el año 1973. Primero, contra la colonización española y, después, contra la ocupación marroquí. El Frente Polisario supo dejar las armas en el año 1991, cuando la ONU auspició el Alto el Fuego prometiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación. Desde entonces, han llevado a cabo una lucha pacífica, centrada en la diplomacia y en la defensa de la legalidad internacional y creando un estado en los campamentos de Argelia mediante el cual se intentan cubrir las necesidades básicas de la población refugiada. Sin embargo, la comunidad internacional ha hecho oídos sordos a sus legítimas reclamaciones y el referéndum todavía no se ha celebrado, mientras que la presión de la propia población saharaui por un regreso a las armas es cada vez mayor. La lucha pacífica del Frente Polisario es un ejemplo para el mundo. Una lucha que dura ya 40 años y que no se debe prolongar por más tiempo.

8. España: potencia administradora

La legalidad internacional es clara. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales España cedía su soberanía sobre el Sáhara Occidental, son ilegales. Este proceso no puede ser desarrollado unilateralmente, sin la aceptación de la comunidad internacional. Esto quiere decir que, según la legalidad internacional, España sigue siendo la potencia administradora del territorio hasta que se cierre el proceso de descolonización, mediante un referéndum de autodeterminación. Marruecos, por lo tanto, es únicamente la potencia ocupante, la que desarrolla la administración del Sáhara Occidental por la fuerza, mediante la represión, sin que ningún estado miembro de Naciones Unidas haya reconocido a día de hoy su soberanía sobre el territorio. El Estado español es, por lo tanto, responsable de todo lo que ocurra en el Sáhara Occidental y debe impulsar la celebración del referéndum de autodeterminación cuanto antes.

9. Constante traición

Sin embargo, ningún Gobierno de la democracia ha sido lo suficientemente valiente para desarrollar una política acorde con sus obligaciones legales y morales. Siempre han primado los intereses económicos de unos pocos y las relaciones de Estado, que, en alguna ocasión, están directamente relacionadas con los intereses personales de quienes han ostentado determinados cargos públicos. De este modo, presuntamente, la Casa Real española, con el rey Juan Carlos I a la cabeza, está históricamente relacionada con la entrega del Sáhara Occidental a la monarquía marroquí. Ni que decir tiene que tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista Obrero Español, han prometido velar por los derechos del pueblo saharaui desde la oposición, olvidándose de las promesas, e incluso, traicionándolas abiertamente, una vez han llegado al poder. Es hora de que el Estado español asuma sus responsabilidades y se ponga del lado de los Derechos Humanos y de la libertad.

10. Autodeterminación

Salir a las calles el próximo sábado es necesario para exigir a la comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Estado español, el marroquí, el francés y a todos aquellos actores internacionales que están implicados en el conflicto que respeten el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. El referéndum debe ser una realidad ya. Lo exige la legalidad internacional. El pueblo saharaui tiene la razón. Tienen el tiempo para ganar, mientras que el resto sólo tienen el reloj para medir los segundos que pasan hasta que en un día se celebre la consulta y puedan elegir su futuro.

Los Territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos son unos de esos lugares en los que el acceso de la prensa, de observadores internacionales de derechos humanos y de representantes políticos internacionales está casi vetado. No obstante, en los últimos años, esta tendencia se está viendo contestada por la importante labor de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de solidaridad con el pueblo saharaui. Distintos actores realizan tareas de observación en el terreno, comprobando los abusos a los que esta población se ve sometida y mostrándolos a la opinión pública y a la comunidad internacional.

Esto ha hecho que para la resolución del un conflicto que lleva estancado casi cuarenta años, la situación a la que se ve sometida la población saharaui del interior esté siendo determinante para los distintos actores internacionales que se ven involucrados en el mismo. Por todo esto, la publicación de informes e investigaciones sobre el estado de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, basados en un rigor empírico, aportando datos contrastados y fiables, son de gran relevancia para arrojar luz sobre el momento actual en el que nos encontramos en el conflicto y sobre las posibles vías que se deben seguir para su resolución. Una resolución que debe pasar, según dicta la legalidad internacional, por el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Uno de esos informes que permiten una pequeña dosis de optimismo, dentro de la oscuridad y de lo bochornoso del asunto, es el recientemente publicado por la Fundación Seminario para la Investigación de la Paz de Zaragoza, elaborado por el investigador Santi Gimeno y titulado Situación de los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental: de 1999 a la actualidad. En él, se resumen los abusos y las violaciones de los derechos humanos que ha sufrido la población saharaui en los últimos catorce años, contextualizando estas prácticas con el estadio concreto en el que se encontraba el conflicto en cada momento, con la situación política de Marruecos, las iniciativas que estaba desarrollando la ONU o los movimientos que se han ido conformando entre la población saharaui habitante en los Territorios Ocupados. Cabe destacar que la investigación ha sido realizada con fuentes directas, contrastando los testimonios directos de saharauis con la bibliografía publicada sobre el tema.

De esta manera, el informe muestra, en primer lugar y tras aclarar que antes del 1975 el Estado español también desarrolló políticas represivas, un breve análisis sobre las prácticas contra saharauis llevadas a cabo durante la etapa del anterior monarca marroquí, Hassan II. Este periodo queda dividido, en dos etapas: los años de plomo, o los años que comprenden entre 1975 y finales de los ochenta, y la década reformista, los años noventa. De la primera etapa se informa sobre la existencia de todo tipo de abusos generalizados contra la población civil, incluyendo bombardeos, desapariciones forzadas y pillaje, siendo las mujeres saharauis, víctimas en muchos casos de violencia sexual, y los sospechosos de simpatizar con el Frente Polisario los sectores más vulnerables. Cabe destacar que una gran cantidad de casos de este periodo todavía no han sido reparados.

La década de los noventa supuso una práctica más selectiva, los secuestros se llevaban a cabo contra intelectuales y activistas por la autodeterminación y su duración solía ser más corta. Fue en el año 1999 cuando Mohamed VI subió al trono tras los funerales en honor a su padre celebrados el 25 de julio. Los líderes internacionales mostraron apoyo al nuevo rey y las imágenes de las lágrimas del monarca español, Juan Carlos I, por la muerte de Hassan II dieron la vuelta al mundo.

Reinado de Mohamed VI

El informe distingue seis etapas en el trato que los gobiernos marroquíes han dado a los derechos de la población saharaui durante el reinado de Mohamed VI: desde el año 1999 al 2003 se describen los acontecimientos relacionados con la Intifada, con la lucha por la reparación de las víctimas y familiares de las mismas de la etapa anterior y con los planes para la resolución del Enviado Especial de Naciones Unidas, James Baker. Durante los años 2004 y 2005 destaca la labor de la Instancia para la Equidad y Reconciliación, iniciativa que dejó marginada la cuestión saharaui. Desde el año 2005 al 2009, lo más relevante fue la Intifada por la autodeterminación del 2005, que derivó en la posterior represión y en un aumento de la atención que la comunidad internacional le otorgó a lo que ocurría en el Sáhara Occidental.

En los años 2009 y 2010 se producirían ataques a la libre circulación de activistas saharauis, los cuales estaban consiguiendo atraer la atención internacional a su causa. De especial importancia fue la huelga de hambre mantenida por Aminetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, tras su expulsión de El Aaiún por parte de las autoridades marroquíes y con el beneplácito del Gobierno español presidido por Rodríguez Zapatero. En el año 2010, el campamento Gdeim Izik y su posterior desmantelamiento y la represión surgida de él constituyó un hito de grandes dimensiones en la historia del movimiento saharaui del interior. De igual manera, la difusión que Internet y las nuevas tecnologías brindaban a la población saharaui posibilitó un mayor conocimiento del tema a nivel internacional.

La situación actual está enormemente condicionada por una mayor presencia de actores internacionales en los territorios. Las visitas de Cristopher Ross, Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, así como de otros relatores relacionados con esta institución o de la influyente Fundación Robert Kennedy han abierto nuevas perspectivas con las que observar el conflicto. Sin embargo, la Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) no renovó su misión incluyendo la vigilancia de los derechos humanos, como en un principio pretendía el Gobierno de Estados Unidos, debido a las presiones que en los debates desarrollados en el seno de la ONU llevaron a cabo Marruecos, Francia y España.

Por último, el informe propone algunas posibles tendencias que se verían en el desarrollo del conflicto a corto plazo. La inestable situación en la zona acrecentada por el conflicto de Mali, la mayor atención por parte de organismos internacionales a los abusos marroquíes, la mayor definición y progresión de las asociaciones saharauis que se van conformando como interlocutores hacia el exterior o el desarrollo de los derechos sociales, económicos y culturales de la población saharaui son algunos factores a tener en cuenta y que pueden desequilibrar el conflicto en los próximos tiempos.

El informe es, en definitiva, un documento de sumo interés para conocer cuál es la situación de los derechos humanos en los Territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. Su lectura ayuda a comprender un fenómeno sobre el que poco se ha escrito todavía, a pesar de que en los últimos años se hayan abierto nuevas líneas de trabajo sobre el tema. Aprovecho para citar aquí el informe El Oasis de la memoria: Memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental de Carlos Martín Beristaín, publicado el año pasado, que siguiendo la metodología de otras comisiones de la verdad, realiza un análisis sistematizado de las violaciones cometidas desde 1975 a través del testimonio de más de 250 víctimas.

La resolución del conflicto saharaui pasa, cada vez más, por cómo se consiga integrar la situación de los derechos humanos en el interior dentro de las negociaciones y evoluciones políticas que se den en el tema. Por ello, es muy interesante que se den a conocer análisis de este tipo entre la opinión pública internacional, en especial la española. No olvidemos que el Estado español sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y que su postura es importante para poner fin al olvido al que ha sido sometido este pueblo durante tantos años.

La visita del rey Juan Carlos I a Marruecos supone otra vuelta de tuerca a la traición permanente que nuestro Estado mantiene con el pueblo saharaui. No sorprende, en absoluto, que este viaje oficial se haya desarrollado con todas las galas y pompas posibles. Ni siquiera llega a extrañar la magnitud de la delegación española que ha acompañado al monarca: cinco ministros del actual Gobierno: el de Asuntos Exteriores, el de Justicia, el de Interior, la de Fomento y el de Industria; nueve ex ministros de Exteriores; un grupo de 27 empresarios de las principales firmas españolas; 14 rectores de universidades; el director del Instituto Cervantes; dirigentes de las patronales y el Alto Comisionado para la Marca España. Tampoco es ninguna sorpresa la declaración conjunta para el Sahara de la que presumía este jueves José Manuel García Margallo.

No sorprende este viaje, pues continúa la postura que el Estado español ha mantenido acerca de este tema desde que en el año 1975 olvidara sus obligaciones como potencia colonial del Sáhara Occidental. Pero no por ello deja de indignar a quienes creemos que los Derechos Humanos y las personas deben situarse por encima de los intereses económicos de algunos sectores sociales. Una vez más, se han tratado asuntos comerciales, se ha dialogado sobre las relaciones culturales, se ha trabajado en la confluencia de sectores estratégicos… En definitiva, se han proyectado unas necesarias relaciones bilaterales entre España y Marruecos dándoles apariencia de normalidad. Sin embargo, se ha obviado un tema candente: el Sáhara Occidental. Un asunto que supone una mancha vergonzosa situada en el origen de nuestra democracia y que nos acompaña hasta hoy en día.

Aunque en la agenda oficial de la visita no haya aparecido el contencioso del Sáhara como uno de los temas a tratar, es seguro que ha estado presente en las reuniones. Las difíciles y relevantes relaciones bilaterales entre el Estado español y Marruecos, unas veces más tensas, otras más amistosas, siempre han estado, están y estarán marcadas por el asunto saharaui hasta que este se resuelva. No podría ser de otra manera. Marruecos es, según indica la legalidad internacional, la potencia ocupante del Sáhara Occidental. España, por su parte, la potencia administradora. Es decir, por un lado, el actor que está vulnerando la legalidad internacional con su ocupación; por el otro, el que la vulnera por no ejercer su responsabilidad legal.

España, responsable

Efectivamente, el Estado español entregó el 14 de noviembre de 1975, mediante la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, lo que en aquel momento era una provincia más, el Sáhara Occidental, a Marruecos y Mauritania. Sin embargo, estos acuerdos nunca han sido aceptados por Naciones Unidas, lo cual hace que, de iure, España siga siendo la responsable legal, tal y como explicaban en el 2011 Juan Soroeta, Juan Miguel Ortega y otros 71 profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales pertenecientes a 32 universidades españolas, además de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH): “como ha señalado en numerosas ocasiones la Asamblea General de la ONU, un Estado no pierde la condición de potencia administradora, ni queda liberado del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de ella por el simple hecho de afirmarlo”.

A pesar de la obligación legal del Estado español en el contencioso del Sáhara, no sorprende este viaje, ni siquiera asombran las declaraciones del monarca español, Juan Carlos I, en las que ha asegurado que Marruecos es un ejemplo de “apertura y estabilidad”, por lo que les anima a seguir por el camino de las reformas iniciadas. Unas reformas, que por cierto, han dejado de lado el respeto de los Derechos Humanos en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental, donde las torturas, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, el uso de procesos irregulares para encarcelar a personas inocentes, la privación al derecho de asociación, de reunión pacífica o a la libertad de expresión han sido y son, hoy en día, una constante, tal y como podemos comprobar en las declaraciones del año pasado del relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, el informe del 2012 del Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación del Sáhara Occidental, el informe anual de Amnistía Internacional, el de la Fundación Robert Kennedy o las informaciones de Human Rights Watch.

Historia de una traición

Sin embargo, estas declaraciones del rey Juan Carlos I no sorprenden en absoluto. Viniendo de su persona, no asombran. La historia nos revela que fue él mismo quien, a principios de noviembre del 1975, asumiendo la condición de Jefe del Estado debido a la enfermedad del dictador Francisco Franco, viajó a El Aaiún para prometer, tanto a los militares españoles que allí se encontraban destinados, como a la población saharaui, que el Estado español cumpliría con sus compromisos y “respetaría el derecho de los saharauis a ser libres”. Una promesa que truncó horas después cuando, reunido en Madrid con el presidente del Gobierno, Arias Navarro, el primer ministro marroquí, Ahmed Osman, el ministro español de Exteriores, Pedro Cortina, y José Solís, ministro Secretario del Movimiento, permitió, previo acuerdo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que la Marcha Verde siguiera adelante ocupando el Sáhara Occidental y traicionando a todo un pueblo, enviándoles al olvido. Una promesa en El Aaiún, una mentira en los despachos de Madrid.

Declaración conjunta de Marruecos y España

No sorprende tampoco que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, presuma de presentar junto al Ejecutivo marroquí una declaración conjunta que compromete a “una solución estable, pacífica, justa, basada en la negociación de acuerdo con los parámetros y la doctrina de la ONU”. ¿Acaso están ignorando que Naciones Unidas reconoce el Derecho a la libre determinación del pueblo saharaui? ¿No es la autodeterminación una solución ajustada a los parámetros de la ONU? Habrá que recordar que si este referéndum no se ha celebrado todavía es por la negativa de Marruecos a ello. La postura de los sucesivos gobiernos del Estado español es, por lo tanto, parcial y no ajustada a la doctrina de la ONU.

Pero no sorprende esta iniciativa. Ni siquiera cuando recordamos a los propios dirigentes del Partido Popular, cuando estaban en la oposición, repitiendo una y otra vez una solución al conflicto más acorde a la legalidad internacional y a la voluntad del pueblo saharaui. Es el caso del actual jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, o del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, entre otros, que se posicionaron, o incluso salieron a la calle, defendiendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. No sorprende porque, como hemos dicho, esta situación es sólo una vuelta de tuerca más a una constante traición, no sólo de los gobiernos populares, sino también socialistas. Basta recordar a Felipe González, quien el 29 de septiembre de 1985 cerró las oficinas en España del Frente Polisario, representante legal de este pueblo, cuando años antes, en el 1976, se había comprometido a apoyarle “hasta la victoria final”. O el “secuestro” que el Gobierno de Zapatero, siendo Miguel Ángel Moratinos ministro de Exteriores, llevó a cabo en 2009 contra Aminetu Haidar, forzándole a permanecer en España contra su voluntad y a desarrollar una larga huelga de hambre en Lanzarote. O la respuesta de la entonces ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, al desmantelamiento del campamento pacífico Gdéim Izik en 2010, cuando años atrás participaba activamente en las manifestaciones pro referéndum.

Es, por lo tanto, una traición permanente de todos nuestros gobiernos y de nuestra monarquía al pueblo saharaui. Por ello, no sorprende que en este viaje no se haya profundizado en Derechos Humanos, ni en la legal autodeterminación del pueblo saharaui. Traición que, por cierto, tuvo su penúltimo eslabón el pasado mes de abril, cuando a instancias del Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, se debatió la posibilidad de incorporar a las competencias de la Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) la vigilancia de los Derechos Humanos. La fría postura de España, Francia y otros estados en Naciones Unidas permitió que, hoy en día, la MINURSO siga siendo la única misión de este carácter sin potestad para vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos. De igual manera, estos días se está tratando el Acuerdo de Pesca de la UE con Marruecos. Un acuerdo que comprende también las aguas del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo. Por ello, no sería legal si los beneficios económicos que la explotación de los recursos naturales de este territorio generaran, no repercutieran directamente en la población saharaui. Además, España, como potencia administradora, debería velar porque esto se cumpliera.

Solidaridad en la lucha

No sorprende este viaje, decimos, pero sí indigna y duele. Por ello, gran parte de la sociedad española continuará acompañando al pueblo saharaui en su lucha pacífica por sus derechos. Y por ello, y porque España es la responsable legal, el contencioso del Sáhara se convertirá en un problema para todos aquellos gobiernos que no decidan afrontarlo conforme a la legalidad internacional. Para los miembros de las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui, de otras ONGs y plataformas y, en definitiva, para una gran parte de la sociedad, que miles de saharauis se vean sometidos a la ocupación y violación sistemática de sus derechos humanos o que otros miles estén obligados a vivir permanentemente en un campo de población refugiada, con las grandes carencias humanitarias que esto supone, sí que es un problema. Un problema de una enorme gravedad. Para otros, hemos visto que no. Es una constante traición.