Nada es eterno. La felicidad que hasta ahora proporcionaba proclamarse un ayuser y constatar que ella podía salir de todo con mucho desparpajo, algo de brutalismo dialéctico y un chorreo constante de millones para garantizarse el apoyo aéreo en la conversación pública también se acaba. Ser ayuser ofrecía un chollo casi tan bueno como el alquiler del ático en pleno Chamberí. Ahora se ha convertido en un suplicio que no cesa.

Lejos de aliviar tanto martirio, la publicación del supuesto expediente de la compra del ático del fin del mundo ha sido como seguir un rastro de miguitas de pan que fueran dejando Hansel y Gretel, o sea, el consejero y la presidenta. El rastro no puede resultar más obvio; solo hay que unir los puntos. 

Alguien se entera de que está en el mercado un ático superideal, muy bien situado y con todos los gadgets. A alguien se le ocurre que puede ser un sitio superideal para que la autoridad competente pueda descansar de tanto estrés y responsabilidad. Como se trataba de comprar este chollo y no otro, se firma un acuerdo de confidencialidad y se usa Planifica Madrid para ahorrarse tener que abrir un proceso de compra con publicidad y concurrencia competitiva. 

Se adquiere como si hubieran ido un día al súper a por pan y huevos y hubieran vuelto con un ático con terraza. Ni memoria, ni acuerdo del consejo de administración, ni orden de compra. El ático se compró solo.

Con la vivienda soñada ya en la buchaca, se arma un expediente de arrendamiento para hacer parecer que comprar un ático gastando 6.3 millones de euros de dinero público de la comunidad de Madrid supone en realidad una ganga porque se va a alquilar por tres mil euros también de dinero público de la Comunidad de Madrid; todo secreto y confidencial hasta después de las elecciones autonómicas. 

La cosa resulta tan burda que la interventora firma el clásico informe lleno de esos “por si acaso” que tanto gustan a nuestros burócratas: la operación se autoriza, pero, “por si acaso”, se hace constar que falta información, que no se justifica la necesidad del alquiler ni la finalidad, tampoco la elección de la oferta ni el procedimiento; si hay problemas, la interventora ya lo avisó. Si no los hay, todos contentos.

Tanto “por si acaso” no podía acabar bien. Al día siguiente de saltar por los aires tanta confidencialidad, la orden de alquiler se anulaba con las mismas irregularidades que viciaban la orden que lo autorizaba y se ponía a la venta el ático en un proceso aún más opaco y chusquero que ha terminado en un “procedimiento abierto de adjudicación”: si usted lo quiere, diga una cifra y a ver si arreglamos; otra innovación más en una España siempre a la cabeza de la innovación jurídica y administrativa.

Ha llegado la hora de la verdad, amigas y amigos. Ahora se verá quiénes son los verdaderos ayusers y quiénes estaban aquí únicamente por la pitanza y el famoserío. Hay que profesar una fe verdaderamente inquebrantable para continuar defendiendo semejante escarnio sin que se congestionen las tragaderas; únicamente con más desparpajo, más brutalismo y más pasta no va a dar para salir de esta; al menos de momento. Es la hora de los verdaderos creyentes.

Aquella inquietante doctrina del precrimen que sustentaba la manipulable acción de la justicia en la clásica película de Steven Spielberg va camino de hacerse realidad en nuestro Tribunal Supremo; firme y aparentemente convencido de que su misión se parece a aquella que guiaba a la unidad dirigida por un atormentado Tom Cruise: evitar los crímenes antes de que sucedan. 

La principal novedad aportada por la versión de nuestro alto tribunal reside en que la mayoría de sus señorías se arrogan también el papel de las “precogs” que anticipaban los delitos. No solo los evitan, sino que también los anticipan; juez y parte, dos por uno, máxima eficiencia. 

Enfrentado al dilema de limitar un derecho reconocido para evitar un supuesto crimen que todavía no se ha cometido o garantizar ante una mera sospecha un derecho que ya existe unido a la nacionalidad reconocida legalmente, sin evidencia sólida y otra base que la conspiranoia antisanchista, el Supremo ha optado por castigar preventivamente a los miles de hijos y nietos de españoles que se vieron obligados a marcharse de su país. Si ya no están aquí, qué más les da esperar unos meses más; habrán pensado. 

Primero se les expulsó de España por lo que pudieran pensar. Ahora, décadas después, se les expulsa del censo por lo que pudieran votar. Derecho o sospecha; difícil elección en estos tiempos para un jurista de reconocido prestigio.

Entre prevenir que vote quien no debe y evitar que se quede sin votar quien puede, el Supremo ha elegido la sospecha y ha suspendido un derecho. Prefiere infligir un daño real y presente para eludir un daño futuro e hipotético. Por no hablar del desdoro ya provocado a nuestro sistema electoral sin más razones jurídicas que el recelo o la premonición. El precrimen como nuevo concepto central de nuestra arquitectura jurídica en ese camino constante hacia la innovación jurídica permanente. 

El Supremo lo hace, además, para resolver una cuestión que no se había planteado, pues no es ni la ley de nietos ni la famosa instrucción lo que está recurrido, sino una resolución de la Junta Electoral Central sobre su competencia para resolver cuestiones de nacionalidad. Lo que haga falta para garantizar el “resultado querido” por los verdaderos españoles. 

Puede que en un futuro no tan lejano sepamos, sin ningún género de dudas y con pruebas más sólidas que las manejadas por sus señorías durante la sesión parlamentaria del jueves 3, quién o quiénes manejaron el cruce masivo por la frontera de Ceuta, si es que alguien lo hizo. Seguramente alguna aguda investigación de la CENIF en TikTok e Instagram, o del CNI en WhatsApp o Telegram, aporte las evidencias sólidas que cualquier gobierno serio debe manejar para embarcarse en un conflicto diplomático con un vecino de quien dependes -te guste o no, quieras o no- para asegurar esa misma frontera.

Sin embargo, hay una cosa de la cual podemos estar ya seguros hoy sin necesidad de que nos lo confirme Margarita Robles, que siempre lo sabe todo antes pero nunca se lo cuenta a nadie hasta que ya ha pasado. Quien haya podido organizar lo de Ceuta se ha apuntado un éxito total. Si ha sido Marruecos, además, puede que se haya anotado una victoria que ni siquiera buscaba. Si lo ha mangoneado Marruecos, prueba superada. Si no lo ha montado y solo lo ha tolerado, al menos durante los primeros días, prueba superada y encima gratis.

Si el objetivo, como parece, se centraba en testar la resiliencia de España y su Gobierno ante una amenaza exterior, el resultado no ha podido resultar más nítido. En esas precisa categorías empleadas por el CENIF para avisar de los riesgos fronterizos al Gobierno mandando un papel para poder decir que ellos ya lo habían mandado: la resiliencia española califica baja/media.

Situados ante una amenaza híbrida inminente el ejecutivo se ha quedado triste y solo, la oposición le ha señalado como traidor, los socios de gobierno y parlamentarios que no pueden tumbarlo se han refugiado en la zona de confort de arrearle a Mohamed VI —quien además da el tipo de villano perfecto—, los aliados europeos se han quitado de en medio o han ajustado cuentas y no necesariamente por ese orden, la justicia ha iniciado una investigación claramente sesgada por la sospecha y el principio de culpabilidad del ejecutivo, nuestra comunidad de inteligencia ha dado pinta de ser más una asamblea de community managers que una red de espías solventes, la administración general del Estado ha entrado literalmente como un elefante en una cacharrería, la administración ceutí se ha ido obsesionando con la búsqueda de culpables antes que la búsqueda de soluciones y Pedro Sánchez ha acreditado que tiene la planta, pero no es Harrison Ford en “Peligro Inminente”.

El resultado innegable se resume en que, a día de hoy, España tiene una posición más débil nacional e internacionalmente y la autonomía de Ceuta y Melilla se encuentra más comprometida por esa debilidad ante cualquier posible amenaza inminente, híbrida o de las siempre.

Nada de lo dicho evita o atenúa la primera y directa responsabilidad por ese resultado a un gobierno que ha gestionado y aún gestiona una situación excepcional con el piloto automático puesto. Pero tampoco nos exime a los demás de asumir las nuestras. Algún día, en un futuro no muy lejano, todos dejaremos de ver a Pedro Sánchez donde ahora está y estarán Ceuta y los ceutíes, sus incertidumbres, sus riesgos, sus penurias y sus vidas; entonces nos daremos cuenta de la rotunda victoria que se ha apuntado el sátrapa régimen alauita gracias a nuestras cegueras y nuestras obsesiones palurdas.

Decíamos la semana pasada que Ceuta no podía esperar y a los hechos hay que remitirse. Pedro Sánchez y su ejecutivo han apostado agosto a minimizar y contener el impacto de las múltiples crisis que escondía lo sucedido en Ceuta y han perdido. A la amenaza geopolítica y la crisis migratoria, se han ido sumando la emergencia humanitaria, la alerta sanitaria, la alarma de orden público y, finalmente, el riesgo del estallido xenófobo.

Tras perder otra semana en comparecencias ministeriales para convencernos de que los equivocados somos nosotros y no los ministros y ministras, ahora les conviene al Presidente y su gabinete cambiar de estrategia, asumir el liderazgo político y pagar los costes de las escasas y complejas soluciones disponibles. O eso, o un largo y doloroso deterioro.

Todos los diques de contención dispuestos durante el verano han ido saltando uno tras otro. Empeñarse en seguir taponándolos únicamente puede conducir al desastre. El apaciguamiento con un Marruecos que no puede seguir limitándose a no liarla más ya no sirve. Tampoco la conciliación con unos socios comunitarios que se creen en posesión de un inexplicable derecho a exigirnos cuentas. Los parches bienintencionados con voluntarios y asociaciones han de dejar paso a una operación humanitaria con ambición logística, voluntad firme y recursos suficientes.

La sociedad ceutí debe presenciar y percibir la autoridad y la ayuda del Estado de manera visible y efectiva mientras el resto asumimos que también es nuestro problema. Ir a Ceuta en yate a ondear la banderita solo sirve para que patrona y tripulantes se tomen unas cervecitas. Ceuta necesita que los demás territorios asumamos solidariamente la parte debida en las soluciones.

A una mayoría de ciudadanos de Islandia, el país más caro del mundo, no les ha parecido que la Unión Europea y el entorno estable y seguro que hasta ahora han ofrecido el euro o la cooperación comunitaria fueran la solución a sus problemas económicos o geoestratégicos. Puede que contemplar a esa Unión y a sus miembros correr a decirle a España que se ocupara de sus propios asuntos, como si Ceuta no fuera también su frontera, mientras reimplantaban ridículos controles de inseguridad en aeropuertos y estaciones contribuyese a la remontada del No en una consulta que el Sí tenía ganada hace apenas unas semanas gracias a Trump y sus amenazas.

Para qué entrar en una sociedad que te dejaría tirado cuando más la necesitas porque en uno de los socios hay elecciones, en otro acaba de haberlas y en algunos más la extrema derecha o está en el gobierno, o va a estarlo, habrán pensado no pocos islandeses e islandesas. Para eso mejor nos quedamos como estamos y jugamos por nuestra cuenta las bazas de los muchos recursos escasos y estratégicos que la geografía y la geopolítica han puesto en nuestras manos, habrán concluido muchos de esos islandeses e islandesas.

Hoy en Washington y Moscú correrá el champán para celebrar su victoria en Reikiavik. Al final va a resultar que la gran amenaza para el mayor proyecto de cooperación de la historia de la humanidad no eran ni el incompetente Vladímir Putin, ni el fatuo Donald Trump. El peligro está en casa y reside en el pánico emergente entre los líderes europeos y comunitarios.

Puede que a alguien en el entorno del sátrapa Mohamed VI se le ocurriese y le pareciera una buena idea dejar pasar a Ceuta a unos centenares de subsaharianos, para celebrar a lo grande el día del trono en Marruecos armándole un lío al gobierno español.

Contaban con y tuvieron la ayuda siempre inestimable de una oposición de derecha y extrema derecha, tan obsesionada con Pedro Sánchez que nunca pueden ver más allá de sus narices. Pero no contaban con que la desigualdad y la miseria del régimen alauita pudiese convertir a unos cuantos subsaharianos en miles de jóvenes marroquíes escapando de un Mohamed VI en plena operación de lavado de imagen internacional.

Tan rápido como se les colaron tuvieron que dejarlos regresar para tapar las miserias del régimen desnudo. Suele pasar cuando te crees eso que sueltan los gurús de que las crisis son oportunidades: la crisis se vuelve más grande. Pregúntenle al Ejército marroquí a mediados de agosto si les parece exagerado. Las crisis son crisis y la crisis de tu vecino, antes o después, acaba siendo también tuya.

Puede también que, tras la sorpresa, a alguien en Moncloa le pareciera lo más inteligente no afrontar de inmediato y a la vez el desafío geopolítico, la situación excepcional y la alerta humanitaria en Ceuta para facilitar la gestión de “soluciones excepcionales” y una salida a la geopolítica. Puede que también considerase que, gracias a esa incuria, fue posible el regreso masivo de miles de marroquíes en apenas dos días sin que nadie hiciera demasiadas preguntas; obviando que tal retorno era incluso más imperativo para Marruecos.

Animado por ese aparente éxito puede que, ese mismo alguien, en Moncloa, considerase otra hábil idea una gestión de mínimos de la emergencia humanitaria para mantener abierta la opción “a grandes males, grandes remedios” y, de paso, ahorrarse las seguras críticas de la derecha y la extrema derecha por el supuesto “efecto llamada” de tratar con humanidad a otros seres humanos.

El resultado ha sido que, ahora, la crisis humanitaria se ha cronificado y ha virado a problema de orden público y emergencia sanitaria mientras apremia una crisis política y de gestión que no se arregla con un mando único y más fotos. Un nuevo ejemplo palmario de los monstruos que produce tragarse el mantra de que las crisis son oportunidades.

O acoges o expulsas. Esa es la cuestión y el dilema moral que afrontamos como sociedad y el Gobierno debe resolver. Igual que no se puede acoger a todos ni expulsar a todos, no se puede acoger a todos para expulsarlos a todos después. A diferencia de otras esta decisión no se puede subcontratar a Marruecos.

Haga lo que haga al Ejecutivo le va a ir mal porque es una crisis, no una oportunidad. En toda crisis siempre se generan costes y daños ingentes que asumir. La elección siempre será si los escoges tú o te los cargan los demás. De todos los errores posibles que el gobierno de Pedro Sánchez podía haber cometido, creer que podía evitarse elegir y podía hacer a la vez dos cosas tan incompatibles ha sido el peor.

Ha tenido que venir el fuego dramáticamente descontrolado a sacarnos de la burbuja de irrealidad donde llevamos instalados más tiempo del que podemos recordar. No nos ha quedado más remedio que preguntarnos por todo aquello que casi nunca queremos: el daño real causado a los servicios públicos tras dos décadas de recortes, el cambio climático que únicamente existe cuando hace falta como coartada, en qué se invierte el dinero de nuestros impuestos, o si podemos seguir urbanizando y ocupando el territorio como si fuera un producto de usar y tirar.

Ni siquiera Isabel Díaz Ayuso ha podido escapar esta vez al rayo tractor de la realidad. Su maleta de trucos se ha quemado a más velocidad que el monte. Ni poner un tuit antes de irse a la camita para joder a Pedro Sánchez, ni rescatar un insulto de cuatro sílabas propio de una trifulca de cayetanos, le han servido esta vez para sacudirse el problema con esa frivolidad que tanto gusta a sus followers; muchos de los cuales habrán podido comprobar de primera mano la gran capacidad de repuesta que tiene este Estado para el cual nunca tienen ni una buena palabra, ni una buena acción.

La tragedia está siendo de tal magnitud que no ha quedado más remedio que tirar de ese maldito Estado en toda su extensión. Entonces es cuando hemos descubierto que hace falta de todo y andamos escasos de todo; que hemos dedicado miles de horas a una plaza de la RPT de la Diputación de Badajoz, pero apenas unos segundos a hablar de la precariedad y la penosidad que soportan los bomberos forestales que íbamos a arreglar cuando los incendios del año pasado y del año anterior.

Con los bomberos forestales pasa un poco como con los sanitarios. Nos acordamos de ellos cuando la enfermedad o el fuego llegan hasta la puerta de casa; hasta entonces suponen un gasto que nos conviene recortar porque tenemos de sobra.

Antes de hablar épicamente de “fuegos fuera de la capacidad de extinción”, como si una categoría fuera una explicación, tal vez los gobiernos debieran explicarnos por qué nuestra capacidad de extinción es la misma que hace veinte años y la inversión en prevención ha caído casi una tercera parte. Si los incendios son peores y más devastadores que hace dos décadas y nuestros medios para combatirlos continúan siendo los que eran, lo que está pasando tiene poco de extraordinario e imprevisible; es lo que podía pasar.

El cambio climático no se arregla con pactos. Se combate con políticas y las políticas cuestan dinero, reconocen derechos e imponen obligaciones a todos; a quienes gobiernan y a quienes no. La regla de las temperaturas por encima de 30 grados, la humedad por debajo del 30% y los vientos por encima de los 30 kilómetros por hora no rige únicamente cuando gobierna la derecha, Alberto; a ver si esta vez aprendemos la lección. .

España es el segundo país con más área forestal de la UE. Hagamos lo que hagamos todos los años habrá incendios y, por regla general, cada año serán peores que el anterior porque así funciona el mundo que hemos construido. Cuando a nosotros se nos haya olvidado seguirá siendo verdad, sin esperar a los fuegos “fuera de la capacidad de extinción” del año que viene.

Puede que ahora cueste trabajo imaginarlo, pero dentro de unos pocos años estoy seguro de que la mayoría se preguntará cómo fue posible la espiral de delirio penal en la que hemos ido cayendo porque aquí hay que ganar o por lo civil o por lo criminal. Todas las buenas personas que hoy se preocupan de buena fe por la politización de la justicia, la independencia judicial o la separación de poderes puede que acaben sintiéndose entonces tan engañadas como las buenas personas que, también de buena fe, se creyeron lo de ETA en el 11M, los terroristas que no estaban en desiertos lejanos y el Titadine.

Cuesta trabajo decidir qué preocupa más. Que se considere materia penal un puesto en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de una diputación, o que se condene por prevaricación mientras se reconoce que no ha habido tráfico de influencias ni presiones externas; dejando así sin respuesta la capital cuestión que se suponía el juicio oral debería haber resuelto: para quién se prevarica y por qué en el caso de David Sánchez.

La opinión que la Audiencia de Badajoz pueda tener sobre la pertinencia o no de una plaza en una RPT tiene el mismo valor que la mía o la suya, pues ninguno somos expertos en la materia. Si vamos a dar valor probatorio a todos los emails, comentarios y wasaps donde alguien dice que la plaza 'x' es para menganito, entonces media España acabará condenada por prevaricación y la otra por tráfico de influencias en un delirium tremens penal colectivo.

Cuesta trabajo escoger qué preocupa más. Que la Audiencia Provincial de Madrid permita juzgar a Begoña Gómez por un tráfico de influencias y una malversación cuya beneficiaria directa es la Universidad que ingresa los fondos de patrocinio o se queda con el dichoso software, o que no lo permita por la apropiación indebida y la corrupción en los negocios que darían algún sentido a que la acusada hubiera malversado o traficado con influencias. El esfuerzo de imaginación que exige conectar el delito de malversación de caudales de la Presidencia del Gobierno con la creación de un software gratuito propiedad de una universidad para imputar a Cristina Álvarez, la infortunada ayudante de Begoña Gómez, va más allá de cualquier género fantástico conocido.

Cuesta trabajo resolver qué preocupa más. Que aquellos míticos cinco millones y medio en comisiones que nos aseguraba el juez Serrano que había cobrado la trama Cerdán se hayan quedado en treinta mil euros al año durante una década, o que la UCO considere que no sacar dinero de un cajero constituye una prueba de algo por no haberse enterado de que ya casi no quedan cajeros porque la gente ha dejado de usarlos. Pregúntese cuando fue la última vez que sacó dinero de un cajero y luego corra a efectuar alguna retirada si no quiere que la guardia Civil le empapele por algo. De que se consideren siquiera indicios comentarios vertidos por funcionarios en emails sobre tal o cual plaza en una diputación mejor no hablar porque sólo nos conduciría a la melancolía.

El derecho Penal debiera ser, por su carácter punitivo y restrictivo de las libertades, una jurisdicción a ejercer siempre de manera proporcionada y atendiendo al principio de mínima intervención. Igual que corresponde a la acusación la obligación de probar la culpabilidad, pues el acusado nada tiene que demostrar. Igual que corresponde al juez de instrucción el deber de velar por los derechos de todos los implicados en una instrucción e investigar todas las versiones y relatos posibles; no únicamente la que le gusta, la que le pone, la que le interesa o la que le conviene.

Cada vez que alguien sostiene alegremente que no pasa nada por investigarlo todo y que si hay excesos ya los corregirá una instancia superior, el padre de la pirámide constitucional, Hans Kelsen, muere otra vez. De esto debiera preocuparse el CGPJ. No de que se critique a los jueces igual que se critica a los ministros, a los periodistas, a los diputados o a los futbolistas; va en el sueldo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se apunta a la traición, la inocencia y el sanchismo, que ya sabemos todos que es un poco todo lo mismo.

No contentos con validar la legalidad de la ley de amnistía, resolver que no contradice el derecho comunitario y despejar la duda interesada vertida por el Tribunal Supremo respecto al delito de malversación, a los magistrados europeos no se les ocurre otra cosa que sostener decir que la ley amnistía fue útil, rebajó la tensión social y resolvió un problema político.

Igual que a Mariano Rajoy le gustan los catalanes porque hacen cosas, a sus señorías parece que le gustan los gobiernos que toman decisiones y tratan de resolver los problemas. Es intolerable. A saber dónde vamos a parar con semejante dislate.

Tan escaso como anda el Gobierno de buenas noticias en el frente judicial, al ministro Bolaños solo le ha faltado darle un abrazo emocionado a sus señorías europeas. Salvador Illa salido a hacer de lo que es, el President que reclama el fin de un serial que solo mantiene en vivo el empeño de una parte de la judicatura y la estrategia electoral de las derechas españolas. Junts también ha hecho lo que cabía esperar y ha reclamado que la cosa se acelere para ver si puede retornar el mesías que les guíe a la tierra prometida del independentismo catalán.

Para sorpresa de nadie, la lectura de los populares se resume en que todo es culpa de Pedro Sánchez. Pero si esperan que el Partido Popular convoque un carrusel de airadas manifestaciones contra el mundo en general y Europa en particular, aguarden sentados.

Si a alguien le viene bien que Europa avale la amnistía y abra el camino para la vuelta de Carles Puigdemont, como paso previo a la normalización de sus relaciones con la derecha nacional, es a Núñez Feijóo y los suyos. Como en casi todas las decisiones difíciles de la historia reciente de la democracia española, la izquierda decide y paga la cuenta, la derecha reza y se lleva los beneficios.

Aunque en España ya se sabe que las cosas de palacio van despacio y el Tribunal Constitucional, por razones no del todo fáciles de entender, parece decidido a tomarse su tiempo para resolver la constitucionalidad de la amnistía y facilitar que el Tribunal Supremo la aplique, seguramente con la misma presteza que ha empleado estos años a bloquearla y paralizarla forzando la interpretación de la ley hasta el límite de lo razonable. En lo mejor de los casos, Puigdemont volverá a casa por Navidad, como en el mítico anuncio. A tiempo para los presupuestos… o no.

La sentencia ya ha sido dictada. Una vez más, somos culpables. Estamos pidiendo bajas por encima de nuestras posibilidades. No aprendemos.

Primero provocamos el colapso sanitario acudiendo a urgencias más de lo que debíamos, o yendo al centro de salud más de lo que debíamos, o tomando paracetamol como si no hubiera un mañana. Después colapsamos el sistema financiero y causamos la Gran Recesión viviendo por encima de nuestras posibilidades. Ahora, diagnostica el doctor Núñez Feijóo, estamos enfermando de cáncer nuestro mercado laboral porque nos pillamos las bajas sin tener que justificarlas y nos pagan igual.

Nada han tenido o tienen que ver la incapacidad, la codicia, la desigualdad o la ideología de los gestores y los responsables. Todo siempre culpa nuestra, por avariciosos y jetas. La casa siempre gana.

La cifra resulta incuestionable. Desde 2020 las bajas laborales en España se han duplicado. Pero hay otras cifras igualmente incuestionables que, oportunamente, casi nadie menciona. Antes de la pandemia España —datos Eurostat, 2014, 2024— se situaba en bajas laborales en la media de la UE (2%), más de medio punto por debajo de Suecia (2,5), Portugal (2,6%) o Bélgica (2,6%), casi un punto por debajo de Alemania (2,8%) y más de un punto por debajo de Francia (3,2%). A ver si va a ser que antes pedíamos bajas por debajo de lo que teníamos derecho. El incremento de España (4,5) también ha de ponerse en un contexto europeo creciente: Bélgica (4,1%), Francia (3,9), Portugal (3,6%) o Alemania (3,2).

¿Qué pasa entonces a partir de 2020 y después de la pandemia? El sistema de bajas continúa siendo el mismo, pero, al parecer, España ha pasado de una cultura de esfuerzo ejemplar a llenarse de jetas y vagos. A la pandemia del COVID le ha seguido una epidemia de haraganería que no afecta solo a España. He aquí la prueba de cargo de la acusación. El mismo sistema que antes nos homologaba con Europa en disposición al trabajo ahora incentiva y recompensa a quienes no quieren trabajar.

Nada tiene que ver, al parecer, que hayamos pasado una pandemia siendo uno de los países más afectados y con más casos de COVID persistente —más de dos millones de personas—. Tampoco nada tiene que ver, al parecer, que España tenga una de las fuerzas laborales más envejecida de la UE; o la distribución por actividad de nuestro mercado laboral y su evidente impacto sobre el tipo de bajas más comunes. Mucho menos tiene que ver, al parecer, que buena parte del tiempo de esas bajas se deba a los retrasos y cuellos de botella acumulados por un sistema sanitario —121 días de demora media— sometido a una prueba de estrés permanente.

Si me permiten, la sanitaria es mi favorita entre todas las causas ignoradas. Primero deterioran, descapitalizan y desmantelan el sistema público sanitario para recortar nuestro derecho a una sanidad universal de calidad en nombre de la eficiencia y la lucha contra el abuso y ahora utilizan el colapso provocado en el sistema sanitario para recortar nuestros derechos laborales en nombre de la lucha contra el fraude; el crimen perfecto.

Sostiene la acusación que tenemos un problema con el absentismo laboral. Hay más de un millón de trabajadores de baja cada día, denuncian alarmados. Pero cuando se le pregunta si se refieren a la gente que padece incapacidad temporal por una enfermedad, aclaran que solo se refieren a los “jetas”. Las bajas no son lo único que se ha doblado desde 2020. También se ha duplicado el gasto de las empresas en detectives para perseguir el fraude: de más de novecientos mil euros en 2024 a casi un millón novecientos mil euros en 2025. Si hubiera una bolsa estoy casi seguro de que ya nos lo habría contado todos los días.

Ya lo sabe. Es usted nuestro principal sospechoso. Como lo es cuándo acude a urgencias, o a su centro de salud, o pide el paro, o una beca, o una ayuda o, en general, intenta ejercer alguno de sus derechos; también cuando se ponga enfermo y pida una baja. Te estamos vigilando, jeta.

Ahora que Washington D.C. se parece más que nunca a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, con retratos tamaño mural y loas al líder supremo en cada esquina y plaza de la ciudad, cuesta trabajo renovar la fe en aquello que el ilustrado Alexis de Tocqueville denominó con envidia “la democracia en América”. Pero no pierdan la fe pues siempre nos quedará el hombre que mató a Liberty Valance para contarnos la historia como realmente fue.

No deja de resultar irónico, con un punto de justicia poética, que aquella monumental y brutalista puesta en escena soviética haya acabado marcando tendencia en el mismísimo imperio del dólar, el emperador naranja parezca cada día más un primo lejano aunque con menos porte de King Yong-Un y ambas familias compitan en un duelo cerrado por el liderazgo en la liga de las estrellas del nepotismo.

Si se observan con atención los fastos del 250 aniversario trumpista por la fundación de los USA y los desplazamientos de masas para atender al funeral de Jamenei en Irán, cuesta trabajo encontrar las ocho diferencias y saltan a la vista los parecidos razonables: culto al líder, muerte al enemigo y la fuerza como única fuente de toda legitimidad. No es de extrañar que sincronicen tan bien para romper estratégicamente sus supuestos acuerdos de paz cada vez que les conviene a ambos.

Sobran las razones para el pesimismo. La mítica relojería de pesos y contrapesos diseñada por el federalismo norteamericano está rota, aunque siga dando la hora correctamente al menos dos veces al día; como ha sucedido con las sentencias que limitan el poder presidencial para establecer aranceles y cortan de raíz su intento por anular el principio de nacimiento en el territorio para acceder a la nacionalidad que hizo posible la propia República norteamericana.

Llevará al menos una década reparar el profundo daño institucional causado por el trumpismo, si es que alguna vez nos ponemos a ello en los USA y en el resto del mundo. Antes que los miles de millones que se ha embolsado el presidente más corrupto de la historia yanki, —un puesto de mucho mérito al disputarlo entre una larga lista de mandatarios tan corruptos como incompetentes— costará más amortizar la reinstitucionalización de unas reglas que nos devuelven al siglo XIX y que pensábamos haber dejado atrás; al menos cuando alguien nos estuviera mirando.

No se confundan. No se trata de idealizar aquel pasado. Se trata de controlar los daños de este presente. Ya sabemos todos como era el mundo antes de Trump: violento, cínico y brutal cuando le convenía a un Occidente que solo respeta el derecho internacional cuando le convenía; pero, aun con todo, era mejor. Ya lo dijo Maxwell Scott, el editor del Shinbone Star que no publica quién mató de verdad a Liberty Valance, “Esto es el Oeste, señor, cuando la leyenda se convierte en un hecho, imprime la leyenda”.

Este julio que ya arranca se antoja un mes moralmente complicado. Se multiplican los dilemas. El viejo orden internacional multilateral acude al rescate de una Venezuela sacudida por dos terremotos; como si esta vez la desgracia hubiera querido asegurar el daño. El nuevo orden sigue naciendo a misilazos y dronazos en el golfo Pérsico al ritmo del precio del petróleo, tan rentable para la endeudada USA del emperador naranja. Así son las cosas ahora y así eran antes. Con el agredido o con el agresor, con el imperio o la colonia; el eterno dilema. 

Las desgracias se socializan y los beneficios se privatizan, pero ahora, además, te las cobran dos veces porque, hasta cuando pierden, tienen que ganar. Al negocio del petróleo y la guerra sumen ahora el negocio de las reconstrucciones. El paraíso perdido de los emprendedores. 

Ya que hablamos de emprendedores. Víctor de Aldama ha pasado de delator a empresario de éxito a la caza de oportunidades y de corruptor a referente moral sin hacer el esfuerzo de arrepentirse, sin tomarse el trabajo de haber reparado el daño y sin haber cumplido con el deber de no mentir a la justicia, pues lo importante es cazar a la presa por cualquier medio necesario. El código penal ya no es lo que era. No se trata de un conjunto de reglas estrictas que haya que seguir; conforma, más bien, unas “líneas generales” y a modo orientativo, que decía el Capitán Barbosa del código de los piratas. 

Delinque, delata y disfruta lo robado si nos sirve para cobrarnos la pieza. Es tendencia en el nuevo y mejorado derecho penal del Siglo XXI que practica nuestro Tribunal Supremo; siempre a la vanguardia tras establecer que los delitos, ahora, los puede cometer alguien o alguien de su entorno. Pero no se inquieten. Cuando gobierne quien tiene que gobernar, todo volverá a estar bien y nuestros derechos estarán garantizados; habrá que tener órdenes para los registros, hechos que juzgar y pruebas que acreditar. Podremos entonces concentrar todos nuestros esfuerzos en bajarle los impuestos a nuestro emprendedor favorito, para que no continúe siendo otra víctima de este insoportable infierno fiscal que es España. Contra el corrupto o con el corruptor: otro eterno dilema que tanto explica la historia de España.

Perdóneme por hablar de estos detalles porque, al parecer, quienes hablamos de estos detalles lo hacemos porque estamos ayudando a crear una cortina de humo a un poder que no quiere rendir cuentas por la condena a Ábalos y Koldo. Que no digo que no lo pretendan, pero yo no tengo que rendir cuentas por la condena de nadie, hablo de lo que me da la gana, mi criterio es tan bueno como el suyo y, además, soy poco de cortinas y más de contraventanas. Tan justa me parece la condena a los corruptos como injusto me parece el alivio al corruptor y me atrevo a decirlo, aunque me arriesgue a que aparezca la Inquisición Española de los Monty Python.

La política española ha entrado en un bucle surrealista donde parece que casi todos los líderes y portavoces han decidido que su trabajo consiste en decirle a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer y luego quejarse amargamente de que no lo haga. Es la zona de confort perfecta. Hemos llegado hasta aquí por culpa de Pedro Sánchez y si no salimos de aquí es también por culpa de Pedro Sánchez. Pase lo que pase, siempre será culpa suya. Por eso se le puede pedir a la vez que se vaya, que pida una cuestión de confianza y que convoque elecciones sin que nadie pregunte siquiera en qué orden. 

Feijóo espera que los socios de gobierno le hagan un “Pablo Casado” y le entreguen la cabeza del presidente en una bandeja como se la entregaron sus barones. Pero ni los socios están por mancharse las manos ni Pedro es Pablo; si Núñez Feijóo quiere su cabeza, va a tener que ir a buscarla. Ahí se atasca todo y vuelta a empezar. Con quien resiste o quien espera, ustedes sabrán. No vamos a tener días suficientes en julio para atender tanta disyuntiva.

Por si quedaba alguna duda, el debate sobre la corrupción ha confirmado por qué Núñez Feijóo no presenta una moción de censura. Perderla en votos sería lo de menos. Lo grave es que la perdería también dialécticamente y por goleada.

Pedro Sánchez podrá gustarte más o menos, pero hizo el discurso que tenía que hacer. Fue claro, directo y coherente. No rehuyó ningún tema y tuvo respuesta para todos.

Esas respuestas te convencerán o no. Pero son claras: la trama corrupta hay que tragársela y asumir el desgaste, pero no toca a la financiación del partido; el rescate a Plus Ultra está blindado y las causas contra su familia van más allá de lo jurídico y lo penal para adentrarse en el terreno de la caza y captura. Si fuera una escena en una serie de Netflix esperarías al siguiente episodio a ver qué pasa y si consigue o no salir de esta.

Su tono firme y pausado destacó especialmente comparado con el vendaval de descalificaciones, insultos y faltadas que desató Núñez Feijóo desde la tribuna. De la sauna a la cloaca hay mucha coherencia y el padre de Patxi López se revolvería en su tumba, llega a afirmar en los momentos más bajos de su soflama. Ni propuesta, ni alternativa, ni mensaje; limítese a hacer lo que yo le diga, señor Sánchez. 

Toda la contundencia política que le suministra al líder de la oposición el asfixiante listado de casos y escándalos que ahoga al Gobierno se convierte en parodia a fuerza de abusar del chascarrillo y el esperpento. Si fuera una escena de una serie de Netflix, no se la comprarías y buscarías otra cosa en el menú porque ya sabes lo que viene y cómo acaba: en las mismas elecciones que lleva pidiendo desde julio del 2023.

Se veía venir que el juez Peinado se iba a despedir con un gran número final de magia procesal. Llevaba semanas preparándolo cuidadosamente y no podía ejecutarlo en otro marco más incomparable que todas las portadas del domingo. Unos reciben relojes cuando se jubilan, otros retiran pasaportes diplomáticos. La gran sorpresa ha sido que haya hecho desaparecer la lealtad de la Policía hacia el imperio de la ley.

Había empezado la construcción del relato con aquella extemporánea citación para una audiencia, donde normalmente no se requiere la presencia del imputado, conminando a Begoña Gómez a acudir bajo amenaza de uso de la fuerza policial en caso de no hacerlo. Por si a alguien le quedaba alguna duda, allí estaba el juez avisando a la peligrosa delincuente que la policía únicamente estaba esperando su señal para esposarla y llevarla en el asiento de atrás del coche patrulla. Seguramente con varias patrullas escoltándose unas a otras para evitar que algún topo policial sanchista facilitase la fuga a la malhechora. 

Luego, ya en vísperas, se produjo el oportuno error de endosarla en una causa separada por dos delitos más mientras esperábamos su decisión sobre las medidas cautelares ya fuera de plazo. Begoña Gómez no estaba ni se la esperaba en la causa separada porque nada tiene que ver. Pero no fuera a ser que alguien se despistase y pudiera pensar que su carrera delictiva había terminado. Que ya es casualidad equivocarse de plantilla justo ese día. Aunque ya nadie duda a estas alturas que España es el país de las coincidencias extraordinarias. 

Las nuevas adquisiciones eran los delitos de prevaricación, sin duda una especialidad de la casa, y fraude a los intereses comunitarios, para darle el glamuroso toque internacional. Una vez colocado el titular llegaba la rectificación avisando que, si hubiera indicios suficientes, se le volverían a endosar. Una advertencia tan innecesaria como chocante dado que, de haber indicios, cualquiera puede y debe ser imputado, incluso un juez. A no ser que su señoría nos avise que las imputaciones son discrecionales; a voluntad del juez, no de la ley. Además, endosarle prevaricación arruinaba la perspectiva de abrirle juicio oral con jurado y el espectáculo siempre debe continuar. 

El último truco ha sido retirarle el pasaporte porque ni con escolta ni sin escolta tienen remedio los males de Begoña Gómez; tal parece el grado superlativo de su pericia criminal y su historial delictivo. Si tuviéramos un penal de máxima seguridad como esos que salen en las series norteamericanas, ni siquiera con ella encerrada allí estaríamos seguros. 

Tres causas contempla la ley para imponer medidas cautelares: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o seguir delinquiendo. Ninguna concurre en este caso. Se trata de una evidencia jurídica incontrovertible. Pero no importa porque su señoría es un juez de instrucción y el único límite a su voluntad reside en la providencia. Quienes dicen que no hay de qué preocuparse porque la decisión será revisada pues nuestro sistema es muy garantista, deberían probarlo alguna vez para disfrutar por completo la experiencia de tanta garantía. 

Si es usted inocente seguro que no le importa acompañarnos a comisaría, te decían antes. Si es usted inocente no se preocupe que ya se lo reconocerán en segunda instancia en unos meses, te dicen ahora. En un sistema garantista todos tenemos garantizado el derecho a tener un juez que no parta de la presunción de culpabilidad, que ponga en el eje del proceso la garantía de nuestros derechos y libertades constitucionales y que cause el mínimo daño posible en el honor y en la reputación de personas que se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

En los restantes sistemas el único que de verdad tiene derechos es el juez y ustedes se callan mientras él habla; así que váyanse acostumbrando.  

El expresidente José Zapatero ha debido de salir convencido de que le había ido regular. Así lo indica su decisión de no comparecer ante los medios para tratar de recuperar algo del vasto territorio perdido ante la opinión pública y limitarse a emitir un comunicado donde anuncia -otro aplazamiento- más explicaciones públicas. Si le hubiera ido bien, su abogado, Moreno Catena, le habría levantado un poco más el silencio procesal escrupulosamente guardado hasta ahora. Quien calla otorga siempre ha resultado una mala estrategia de comunicación.

Que la Fiscalía pidiese la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica invitaba a un pesimismo moderado. Se quedaba muy lejos del sueño húmedo para algunas acusaciones de verle ingresar en prisión. Incluso se antojaba una petición excesiva, pero, en cualquier caso, no pintaba bien para el acusado. Cuesta trabajo imaginar al expresidente Zapatero en alguno de los supuestos que justifican las medidas cautelares. Más que a riesgo de fuga sonaba a ajuste de cuentas por no haber respondido a sus preguntas.

La duración limitada de una declaración que se esperaba maratoniana resulta desconcertante. O Zapatero había logrado dejarlo todo muy claro con sus explicaciones y su autorización universal, o al juez Calama le habían parecido insuficientes, que lo tenía igual de claro y no necesitaba perder más tiempo. Más bien parece lo segundo. El rechazo del juez a la solicitud de la Fiscalía acentúa la desproporción de la petición y resuelve sobre el riesgo de fuga; no sobre inocencia o culpabilidad.

Si las noticias que llegan de la sala son correctas, hay algo que sorprende en el interrogatorio del juez. El mucho tiempo dedicado a la supuesta sociedad off shore creada en Dubái con la prueba de una comida, frente al menor tiempo dedicado a la que, sin duda, supone la mayor acusación: ser el supuesto líder “invisible” de una trama internacional dedicada al tráfico de influencia y el blanqueado de capitales. El propio juez lo dice en su auto: la acusación es aún embrionaria. Puede cuajar, o no. Ni de lejos sustenta la condena que ya muchos le han impuesto a ZP. Es tan embrionaria que ha tenido que sumar las dichosas joyas para darle la contundencia que le falta.

Zapatero pide confianza. Pero no se investiga al presidente más votado de la historia de la democracia española por sus avances en derechos sociales o su volátil gestión de la Gran Recesión. La fe es para la política. Para el derecho penal cuentan los hechos. Y ahí ha perdido parte de la ventaja que llevaba la acusación con los cambios de versión respecto al famoso teléfono clonado. Se investiga al ciudadano y expresidente por sus obras y sus facturas. Y eso es lo que debe aportar, sin perder nunca de vista que no le corresponde demostrar su inocencia. La carga de la prueba recae siempre en la acusación. En el caso de las figuras públicas también. Aunque a veces se nos olvide.

A Zapatero se le pueden y deben exigir explicaciones más allá de la negativa de haber cometido delito alguno. Pero no se le pueden pedir imposibles jurídicos. No hay forma humana o divina de que el expresidente demuestre que no ha existido tráfico de influencias cuando en la acusación no se especifica la cadena concreta de influencias que articula ese tráfico. Corresponde a la acusación probar la falsedad de tal negación. ¿Cuánto vale la opinión de un expresidente del Gobierno de España durante dos legislaturas? Lo ignoro pero, al parecer, en la UDEF o en la Audiencia Nacional alguien está convencido de saberlo.

A Zapatero se le puede demandar que demuestre que ha cumplido las obligaciones legales que las famosas joyas puedan haber generado. Todo lo demás carece de relevancia penal. No se puede producir una inversión de la carga de la joya. A la acusación corresponde acreditar el ilícito penal que pretenda imputar. Tener cosas de valor en una caja fuerte no es delito per se. Para eso la gente compra las cajas fuertes. Aunque a veces se nos olvide.

El reproche moral tampoco le corresponde a la UDEF, ni siquiera al juez. Nos corresponde a nosotros, de la misma manera que tampoco nos corresponde cualificar el reproche penal. Operan en negociados separados y no conviene mezclaros. Que no se nos olvide esto también. Que luego vienen los lloros por el Estado de Derecho.

Ya conocen la teoría del meteorito, enunciada en esta columna en varias ocasiones. Esta legislatura está resultando tan única, pinturera, mágica e imprevisible que, si mañana cayera un meteorito sobre el Congreso de los Diputados, al día siguiente todos diríamos que era lo normal y se veía venir. Zapatero es el meteorito que estábamos esperando en este período de ruido y furia.

Los dos días de deposición reservados por el aplicado juez Calama puede que le estén quitando el sueño a Pedro Sánchez más que aquellos pactos con Podemos. Ciertamente tienen a no pocos militantes socialistas y votantes de izquierda con el alma en un puño. A pesar de las muchas evidencias que, aparentemente, se han ido poniendo sobre la mesa, la mayoría aún confía y espera una explicación convincente por parte del expresidente a quien habían convertido en el modelo de lo que debería ser un expresidente. 

Es posible que, incluso, unos cuantos en las derechas también lo esperen o se lo teman. Dar por muerto a ZP nunca les ha salido muy bien hasta ahora. Empeñarse en mandarlo ya a la cárcel por más años de los que se pueden contar con los dedos de la mano, puede que sí… o no. 

El silencio de Zapatero tiene toda la lógica jurídica de quien debe preocuparse primero por su defensa y los cargos que se le imputan. Pero en términos políticos y mediáticos está causando una masacre. Todo el espacio y el debate lo ocupa el relato de la acusación y lo hace a conciencia. No deja de resultar curioso que conociéramos la tasación de las famosas joyas justo cuando empezábamos a debatir si podría haber un árbol envenenado en el clonado del teléfono de Roberto Reyes, hace cinco años en Miami, y su traslado a la UDEF hace apenas unos meses. Otra coincidencia extraordinaria en el país de las coincidencias extraordinarias. 

La validez de las pruebas no constituye una cuestión meramente formal ni prejuzga culpabilidades o inocencias. Afectan al corazón de la legitimidad de cualquier proceso penal. Su garantía supone la condición necesaria para lograr un proceso justo y debido. Cómo se obtuvieron esos datos y su integridad, cómo se custodiaron y cómo se entregaron conforman cuestiones que deben ser aclaradas porque así lo exige la ley. 

Otro tanto con respecto a todo cuanto se refiere al muestrario de joyería hallado en una caja fuerte que, al parecer, nadie más tiene en España. La ley exige al presidente Zapatero unas obligaciones que ha de acreditar cumplidas. Es tarea del juez determinarlo por todos los medios a su alcance. Que no fueran el objeto inicial de la investigación no exime de esa responsabilidad. 

Todas constituyen cuestiones jurídicas capitales que se resolverán donde deben, en sede judicial. Pero la declaración de Zapatero no será únicamente un acto jurídico. Irradia también una evidente e innegable catarsis política. Comparece ante la Audiencia Nacional y comparece ante nosotros. 

Si no es, lo parece y en política eso se vuelve tan dañino como una condena. Seguramente no es justo, pero son las reglas del juego y Zapatero lo ha jugado demasiadas veces como para no saberlo. Esa catarsis política crucial afecta a la credibilidad. No se va a sustanciar con argumentos sobre la validez de las penas, la fiabilidad de las tasaciones o la cuantificación de las prescripciones. Se sustanciará sobre la capacidad que tenga Zapatero, por medio de su declaración, para convencernos de que es lo que decía que era y hace aquello que decía que hacía. 

Una cosa son las explicaciones. Otra muy distinta serán las excusas. Zapatero tiene que ofrecer explicaciones hasta las últimas consecuencias. El daño ya está hecho y puede que mucho ya no sea siquiera reparable, ni siquiera con una resolución de inocencia penal. Pero la devastación que puede producir un testimonio basado en excusas puede resultar aún más desoladora para el precario estado emocional de la base electoral que apoya a este gobierno. La confianza traicionada mata tantos o más gobiernos que las crisis económicas. 

Es un daño potencial que las encuestas no han ni empezado a medir, pues la mayoría de esos votantes aún confían en la rectitud y honestidad del expresidente más votado de la historia de España. Vuelve el meteorito. Prepárense para el impacto. 

Cuando Robert Prevost fue elegido Papa hace un año, los observadores más ecuménicos quisieron ver en la elección de su nombre, León, una señal de lo que se venía. León de Asís fue el fiel secretario y confesor de San Francisco de Asís que supo no solo dar continuidad sino expandir su obra consolidando la fenomenal organización de los Franciscanos. Hoy parece claro que no andaban muy desencaminados. Ha nacido una estrella; se llama León XIV.

Donde el papa Francisco ponía carisma y talento, sabíamos que el papa León XIV estaba poniendo orden y solvencia. Ahora sabemos que también parece capaz de mover multitudes, desarmar a la IA, bendecir bebés sobre la marcha en el papamóvil, reclamar el valor del silencio, hacer el Six/Seven, advertir de los peligros de las redes de mentiras, proclamar que no se puede uno arrodillar ante Dios y despreciar a su hermano, felicitar a unos recién casados por su nombre, ponerse del lado de aquellos a quienes que tantos se empeñan en señalar y culpar de todas sus desgracias o poner cara de niño bueno algo torpón luego de empezar a hablar cuando aún no le tocaba. 

Su dominio de la palabra ya estaba más que acreditado. Ahora ha venido a España a demostrarle al mundo que también domina el medio y le va a sobrar medio viaje para lograrlo. No es una estrella del rock como Juan Pablo II, ni un agitador de multitudes como Francisco, pero tampoco le hace falta. Como ellos, posee lo más preciado en estos y aquellos tiempos: algo importante que decir. No solo eso. Como ellos, León XIV es un Papa que sabe cómo serlo y cómo administrar la enorme influencia y poder que esa sabiduría proporciona. 

En un mundo donde el poder de la ley del más fuerte se aplaude y se adula y la legitimidad proviene de la capacidad para bombardear a alguien, detener a alguien, encarcelar a alguien o deportar a alguien, plantarse exige coraje y convicción; hacerlo además con solvencia intelectual y moral es más de lo que sus críticos pueden soportar. Ninguno de los reproches dirigidos a Francisco respecto a su radicalidad o su frivolidad o su inconstancia sirven ahora para León XIV. Les quedaba que era algo bajito, un muermo y que no tiraba de la gente; también se les acaba de caer y con estrépito. 

Contemplar a tantas damas y caballeros ardientes paladines de la prioridad nacional verse ahora en la prioridad de tener que aguantarse y morderse los labios para que no se les note la bilis y la mala cara al oír al Papa hablar de pobres, personas migrantes, derechos, diversidad, convivencia, tolerancia o justicia produce un placer culpable que puede incluso llevarte a ser más flexible con la exigencia de que se trate al visitante como lo que es: un jefe de Estado en un país aconfesional; algo más de contención en el uso y abuso de espacios y recursos públicos se agradecería y no desmerecería en nada el brillo de la visita papal.

Para que no se vaya con una imagen equivocada de nuestro país, que alguien le avise a León XIV que, cuando dice que quien está en Madrid es de Madrid y por tanto es un madrileño más, así es, pero a pesar de muchas de las autoridades que le aplaudían con cara de circunstancias. No vaya a llevarse una sorpresa si alguna vez vuelve sin tanto rebumbio. 

En el gobierno de Pedro Sánchez estaban deseando que viniera el Papa para hablar con él y hablar de él. Enfrente están rogando a Dios que se vaya para poder dejar de hablar de las cosas que dice y poder volver a hablar de Pedro Sánchez. Es bien cierto que Dios escribe recto con renglones torcidos.

En este tiempo de coincidencias y casualidades extraordinarias que nos ha tocado vivir, cuando ya no quedan parientes de Pedro Sánchez sin su correspondiente y urgente informe policial, se constata que, cuanto más avanza el juicio oral por la operación Kitchen, más claro va quedando que Mariano Rajoy no presidía realmente un gobierno sino una alegre pandilla que pasaba el rato por La Moncloa, sin más preocupación que andar de correrías viviendo el momento y sin perder mucho tiempo en las cosas esas de gobernar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En aquel estado de perpetua adolescencia, allí nadie era responsable de nada, sabía algo de nada o preguntaba nunca por nada o por nadie. Aquel ejecutivo azul era como la pandilla de Verano Azul, pero con el barco de Chanquete varado en la Carrera de San Jerónimo, que no llega hasta el mar pero achicharra el sol peor aún que en Nerja. 

Aquella animosa cuadrilla del gobierno azul más que gobernar corría aventuras por Presidencia con esa despreocupación que da la juventud. No discutían jamás entre ellos asuntos oficiales ni analizaban materias sensibles de Estado; de hecho estaba terminantemente prohibido hablar siquiera de asuntos de trabajo. Si tal, comentaban la prensa pero siempre en plan casual. 

Por eso, en aquel gobierno azul, todos desconocían todo y las cosas pasaban solas, porque sí, por casualidad; más o menos como ahora. Saber algo era considerado tan peligroso como fumar porros o beber cerveza. Como cuando éramos chavales, los asuntos en aquel gobierno azul sucedían sin más, la comida se ponía sola en la mesa, la luz era gratis y un señor o una señora muy amables te llevaban a donde quisieras y a la hora que fuese, únicamente había que pedírselo amablemente o llamarles papá o mamá con la voz adecuada.  

El gobierno azul no tenía aquellos padres mágicos igual que nosotros. Tenía algo infinitamente mejor: tenía policías mágicos. Sin pedírselo y sin que hubiera que hacer nada, ellos solos se organizaban para vigilar a Luis Bárcenas, recuperar las pruebas que pudiera tener o destruir lo que fuese menester destruir, ya fuera el independentismo, ya fuera Podemos. Lo que hiciese falta para proteger a sus inocentes ministros y ministras ante los terribles peligros y oscuras amenazas que habitan en el mundo exterior. 

Como a los padres, a los policías mágicos del gobierno azul ni siquiera había que pagarles. Cierto que eran tan chapuceros, o más incluso, que Leire Díaz a la hora de diseñar operaciones encubiertas y ofertas que no se podían rechazar, pero, por lo menos, no cobraban 4.000 euros del ala al mes por andar dando el cante por medio Madrid y hablar del “number one” como si fuera un código secreto indescifrable incluso para Enigma. 

Lógicamente nuestro Mariano sería el enrollado Javi que lideraba el clan porque era el más alto, secundado por un fiel Fernández Díaz en el papel de aquel abnegado Quique, de quien nadie se acordaba hasta que había que hacer algún recado de esos que no apetecen y te parten la tarde. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría eran como Bea y Desi. Amigas, sí, pero con ese beef que no sabían bien cómo disimular. El simpático Javier Arenas sería el simpático Pancho haciendo esas cosas simpáticas de la gente del pueblo. El inefable comisario Villarejo encarnaba al irrefrenable Piraña, dispuesto a comer lo que hubiera que comer para no dejar una miga ni un rastro en el mantel. No se me ocurre quién podría ser Tito, la verdad. Pero se admiten sugerencias.  

Cuando pongan la reposición en la tele dentro de diez o veinte años los recordaremos, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que siempre te queda cuando gobierna la derecha. 

En esas se encuentra media España hoy. Aguardando por la versión, los papeles y las razones del presidente Zapatero. La otra media ni las espera, ni le importan, porque ya tiene lo que quería, llevaba tiempo buscando y casi había desesperado en encontrar. Había tantas ganas de entrullar a Zapatero que con cuarto y mitad del auto de imputación del juez José Luis Calama habría bastado para condenarlo de por vida.

Lo peor del auto no es la validez de los indicios, donde siempre son terceros quienes hablan o dejan de hablar de lo que Zapatero hace o deja de hacer. Tampoco el retorcido sumatorio de cifras, mediante un despliegue gráfico de diagramas de flujo que parece maquetado por Whathefav, que estira la sombra de la sospecha sobre la comisión de medio millón de euros por el rescate de Plus Ultra hasta abarcar dos millones de euros, sin que se aporten más indicios que los que afectan a la famosa comisión y dejando en el aire la incertidumbre respecto a qué se investiga exactamente o qué cantidades están bajo sospecha y cuáles no o por qué. 

Tampoco parece lo más dañino la evidencia de que, en el auto, los únicos funcionarios públicos que aparecen como posibles sujetos de la influencia figuren para confirmar que no se consiguió el efecto deseado; como en el caso del secretario de Transportes, Pedro Saura, 

Tampoco va a matarle el evidente sesgo de confirmación que atraviesa todo el informe de la UDEF, que les lleva a destacar todo lo que sostiene la acusación y degradar o incluso excluir aquello que cuestiona la tesis de la banda criminal liderada por un cerebro delincuente, capaz de generar una trama en cuatro niveles para cobrar una comisión en el extranjero e ingresarla luego multiplicada por cuatro como autónomo o a través de la empresa de sus hijas. De toda la vida se hacen sociedades offshore para tener el dinero fuera del radar, no para declararlo en una casilla del IRPF.

Lo peor del auto y del sumario es la apariencia. Lo peor reside en que Zapatero nos había asegurado que él no hacía esas cosas y media España le creyó y la otra media se había conformado con sospechas. Es esa confianza tocada, pero aún viva y a la espera de esas explicaciones, la que aún mantiene vivos al gobierno y a la legislatura; aunque en La Moncloa no parecen haberse percatado aún. 

El silencio del imputado Zapatero tiene toda la lógica jurídico penal del mundo, pero políticamente está siendo una carnicería. Haber hablado sin conocer el sumario habría sido imprudente. Pero callar hasta la comparecencia del día 2 de junio deja todo el espacio político y mediático a la acusación. Si los medios sólo tienen el sumario es lo que van a publicar despiezándolo hasta el detalle. 

Así se convierte en dato de relevancia penal que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, hiciera su trabajo, es decir, llevase la agenda, transmitiese mensajes y cerrase citas; que un esposo y padre figure como autorizado en la cuenta de su mujer o de sus hijas; o que se cancele una hipoteca después de haber vendido otra propiedad previamente, como ha hecho también media España toda la vida.

La izquierda no espera un milagro. Pero sí confía en no haberse equivocado tanto con ZP. Que en esas explicaciones pendientes haya la suficiente verdad para poder seguir defendiendo su inocencia en lo verdaderamente sustancial: que no es el líder invisible de una banda criminal, que no estamos antes esa mastermind del delito que describe la UDEF. Ante tantas ganas de matar a Bambi la izquierda a la cual prometió una noche que no le fallaría espera que resurja aquel Bambi de acero que superó dos veces los once millones de votos para ganar las elecciones. 

En la última victoria con gobierno socialista en Andalucía –2015– la participación se fue casi al 64%. En la primera mayoría absoluta de Moreno Bonilla –2022– el recuento se quedó levemente por encima del 56%. Esos casi ocho puntos más de abstención no lo explicaban todo del actual mapa político andaluz, pero casi. El crecimiento de la participación ahora tampoco lo explica todo, pero casi.

Ahí se jugaba la mayoría absoluta el candidato popular. Los que no iban a votar casi importaban más que quienes sí iban a hacerlo. La sufrida movilización de la base electoral a la izquierda del PSOE, tras el enésimo episodio de división y suspense hasta el último segundo, le ha costado la mayoría absoluta a los populares. Otro objetivo, sin la reactivación mínima del votante socialista, se antojaba una misión imposible. La realidad y las matemáticas electorales son tozudas. 

Moreno Bonilla ha ganado, pero no ha conseguido su objetivo, que siempre es la peor de las victorias. Solo él puede ser presidente, pero no quería volver a serlo así. El candidato popular ha padecido el mismo problema durante toda su campaña: el PP. Su dilema entre él o un lío perdió toda la fuerza con los acuerdos de gobierno entre populares y Vox. Además, entre la mala valoración de su gestión de servicios públicos como la sanidad y la amenaza fantasma del lío, parece que los andaluces han preferido un poco de lío. 

En el PSOE y en la Moncloa seguramente estarán convencidos de ver otra prueba irrefutable de su teoría, según la cual a Pedro Sánchez le votan y a los demás socialistas les castigan. Cada uno ve lo que quiere ver. Pero esto no ha sido un accidente laboral de María Jesús Montero. Más parece el resultado de una década tras no hacer lo que había que haber acometido tras la corrupción de los ERE y una salida traumática del poder. Seguirá pasando mientras no lo afronten. Puede que en el ejecutivo consideren encapsulada la catástrofe respecto a la legislatura. Pero también puede que la realidad no haya recibido el mail de Presidencia y todo se acelere de aquí a las elecciones generales.  

A Vox se le ha acabado subir sin hacer más que flotar con la marea, pero, como siempre, ya acude el PP al rescate. Ahora tiene que nadar y lo de la prioridad nacional da para un par de brazadas, dos tertulias y un telediario, pero no para hacerse unos largos a buen ritmo. Si, además, andas a bofetadas como en un partido de los de siempre, la gente desconfía. El elector de derechas vota para gobernar, no para que le coman la cabeza con batallas culturales o de las otras. Vox condiciona y el PP gobierna; la fórmula se consolida en la derecha como la alternativa al sanchismo.  

A la izquierda del PSOE vuelve a quedar claro lo que todos saben, pero nadie parece querer asumir. Antonio Maíllo y José Ignacio García no han inventado la pólvora ni falta que hacía porque, con un poco de renovación en las caras y las formas, algo menos de agresividad en el discurso y algo más de energía positiva, sí se puede. Unos y otros harían mal en interpretar el nuevo balance de resultados como una ratificación de sus paupérrimas tácticas. Los mismos que han llevado a la izquierda española a la presente situación de penuria y precariedad no van a sacarla de ella. Es ley de vida. 

La primera regla de la comunicación establece que nunca convoques una rueda de prensa si no tienes nada relevante que decir, porque acabará saliendo por tu boca precisamente aquello que no querías decir. La segunda regla de la comunicación avisa que jamás comparezcas en rueda de prensa encabronado con todo el mundo porque acabarás encabronándolos a todos. En la convocatoria de prensa del pasado martes Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, incumplió ambas. Hasta ahora las había respetado siempre. Esa disciplina y su inmenso poder económico apuntalaron las claves de su éxito. Sumido ahora en el desorden, aún le queda el enorme poder de presión que acompaña al dinero. Pero eso también se acaba tarde o temprano si no se administra bien.

El presidente blanco compareció para arreglar sus problemas como Florentino Pérez, no los del club blanco. El Real Madrid sufre una crisis dramática de autoridad, un severo déficit de liderazgo y una amnesia futbolística grave. De eso se quería escuchar hablar al “mejor presidente de la historia del Real Madrid”: de si ha colapsado un modelo donde la única autoridad es unipersonal y ganar es la única legitimidad que vale. 

El madridismo seguramente esperaba un regreso al futuro lleno de sorpresas y anuncios. Pero se ha encontrado un aburrido y gastado regreso al pasado de toda la vida con el Madrid otra vez campeón de Europa. Convoco elecciones para que me den la razón los socios como me la dieron hace un año y, si alguien cree que puede derrotarme, que sea un hombre y lo diga -Las mujeres no se sabe si saben de fútbol, que diría el Presidente- si tiene lo que hay que tener.

Igual que Isabel Díaz Ayuso trata de distraer la atención de su semana fantástica en México echando pestes sobre un dispositivo y una crisis sanitaria que ha seguido a miles de kilómetros de distancia, confiada en el poder económico que la Comunidad de Madrid le concede sobre determinada prensa, Florentino Pérez pretende distraer la atención de la crisis de autoridad e identidad futbolística que sufre el club blanco disparando contra todo lo que se menee, buscando que tanto fuego a discreción genere un enorme tiroteo y confiando también en que su influencia económica obre el milagro.

La prensa -menos Real Madrid TV que hace periodismo de investigación-, la Liga, La UEFA, la FIFA, los árbitros, Negreira, el Barcelona, el Atlético de Madrid, los señores que tienen acento sudamericano, los señores que tienen acento mexicano... Hay que reconocerle al presidente blanco que se muestra muy transversal, integrador y diverso a la hora de escoger y señalar enemigos. No hace prisioneros, pero tampoco discrimina o segrega; es justo, como el caos que pretende generar para que un desorden menor acabe tapando al desorden mayor de la gestión de un presidente que ha llevado a su club a una sequía ganadora de dos años, a una crisis de autoridad que no la arregla ni la Guardia Civil y a un vestuario convertido en las duchas de un instituto en una película grimosa para adolescentes de los ochenta. Ya no se sabe qué necesita más el Real Madrid, si un entrenador o un mediador especializado en conflicto internacionales.

Ser “el mejor presidente de la historia del Real Madrid” tiene que ser un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo aunque sea a tiros, ha debido pensar nuestro héroe. Por eso ha disparado hasta vaciar el cargador: para aprovechar la ventaja que da haber desenfundado primero.