El juez Peinado mantiene la tensión sobre Begoña Gómez mientras abre un nuevo frente al empresario Barrabés

La causa que el juez Juan Carlos Peinado impulsa desde hace más de dos años contra Begoña Gómez se mantiene en tensión a la espera de una decisión clave del magistrado: si abre juicio oral contra ella y si le impone algún tipo de medida cautelar. El juez deshoja desde hace días la margarita después de que las acusaciones populares de corte ultra solicitaran que retirase el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno o que le impusiera la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Mientras tanto, y después de tener que aclarar su propia providencia, el magistrado abre una nueva investigación al empresario Juan Carlos Barrabés después de meses de diligencias acotadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

Peinado convocó a la esposa del presidente del Gobierno el pasado 15 de junio para un trámite que se ha visto obligado a repetir: la comparecencia previa a enviar su caso a un tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid reprochó al magistrado el pasado mes de febrero que hubiera enviado a Begoña Gómez a juicio sin hacer ni siquiera una lista de los indicios que empujaban esa decisión. Este es el segundo intento del magistrado en dejar todo en manos de un tribunal compuesto por ciudadanos, a falta de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes.

Gómez acudió a una comparecencia a la que los imputados no suelen estar obligados a ir, pero lo hizo bajo la advertencia de Peinado de ser detenida si no acudía por su propio pie. Allí su abogado, Antonio Camacho, acusó directamente al juez de impulsar un “procedimiento fantasma” para “erosionar” al Gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones populares, capitaneadas por el grupo ultracatólico HazteOir, hicieron la petición que el magistrado aún no ha contestado: retirar el pasaporte a Gómez, limitando de forma efectiva su movilidad internacional, y obligar a la esposa del presidente del Gobierno a fichar cada 15 días en los juzgados.

El magistrado mantiene la incógnita sobre si impondrá cautelares a Begoña Gómez después de haberlo rechazado en diversas ocasiones y después de que la esposa del presidente del Gobierno, como el resto de acusados, haya acudido a todas las citaciones judiciales. Por el camino sí ha tenido tiempo de anunciar la apertura de una nueva pieza separada del caso por un contrato público adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte una empresa de Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados del caso. Peinado necesitó una segunda providencia para aclarar que esa parte del proceso, llegado desde la Fiscalía Europea, se dirige solo contra Barrabés y no contra Begoña Gómez, que no tuvo ningún tipo de participación en el proceso según se desprende de la documentación.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de la Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés— quedará ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Peinado. 

En los casi dos años y medio que ha durado la investigación, este tribunal ha avalado parte de sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de tres investigados o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas de Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, le advirtieron ya entonces los magistrados. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular.

De Barrabés a su asistente en Moncloa

Las diligencias arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en un bulo y diversas informaciones de prensa sobre Begoña Gómez. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional. Desde sus másters y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde seis años antes de que su marido fuera siquiera alto cargo del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta relación con el rescate de Air Europa a través de Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de Gómez.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos másters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El caso ha llegado a las puertas del tribunal del jurado –a la espera de lo que tenga que decir la Audiencia Provincial– con tres líneas de investigación abiertas. Una se centra en el empresario Juan Carlos Barrabés y las “cartas de apoyo” de Begoña Gómez. Misivas vendidas por Manos Limpias en su denuncia inicial como una presión ejercida por la esposa del presidente del Gobierno para que Barrabés consiguiera jugosos contratos públicos y que resultaron ser idénticas a las firmadas por 32 personas más, entre otras la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

Peinado considera que Begoña Gómez usó su empadronamiento en La Moncloa para potenciar su actividad profesional y pone como ejemplo su labor en la Complutense, que llevaba en marcha desde 2012 y por la que cobró 40.000 euros a lo largo de una década, a razón de 4.000 euros por año. También entiende que, como parte de este plan, Begoña Gómez usó a su amiga y asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para asuntos privados como las gestiones de su trabajo en la UCM. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa. En paralelo, Peinado también acusa a Begoña Gómez de apropiarse de manera ilegal de un software que diversas empresas crearon para su cátedra extraordinaria.