El juez Peinado insiste en llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular tras anularse su primer intento

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, insiste en que la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno acabe ante un jurado popular si llega a juicio tras el último revés de la Audiencia Provincial. En un auto fechado este 20 de marzo, el magistrado acuerda investigar y tramitar de manera conjunta todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados a través de esta vía con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”. Les atribuye delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

El magistrado cita a la esposa de Sánchez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Carlos Barrabés el próximo 1 de abril, en plena Semana Santa, para comunicarles que corresponde continuar el procedimiento contra ellos por esta vía. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no se espera que acudan personalmente al juzgado.

Peinado responde con este auto a la resolución de la Audiencia Provincial del pasado enero que anuló sus intentos previos de enviar el caso al Tribunal del Jurado por falta de motivación y argumentación para justificar el cambio de procedimiento. Los jueces de la instancia superior le reprocharon que “únicamente” mencionara a las personas contra las que se dirige, pero no hiciera un relato que comprenda los indicios que les atribuye. Y concluían, por tanto, que se había vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

En una nueva resolución, el magistrado apunta los indicios recabados durante la instrucción para tratar de justificar nuevamente que el caso debe ir a juicio mediante la Ley del Tribunal del Jurado. Así, acusa a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para impulsar su carrera profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.

Entre otros aspectos, el juez pone el foco en el hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Señala, por ejemplo, que el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, fue citado en Moncloa para proponerle la creación de la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en esa universidad, algo que el juez considera “anómalo”. Peinado llegó a mantener imputado a Goyache durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa.

El juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. El juez alude a la “intervención reiterada” de la trabajadora de la Moncloa “en favor de la actividad profesional y académica” de la esposa de Sánchez. Como indicios, Peinado alude a los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas como Google, Indra, Reale o Deloitte.