El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado este jueves ante el tribunal del caso Kitchen que la cúpula de la Policía con el Partido Popular “desmanteló” paulatinamente su grupo de investigadores de la caja B de la formación política. En 2013, cuando comenzó esa investigación, eran 11 policías y hasta 2014 salieron más de ocho de ellos. 

“Fue una estrategia buscada”, ha añadido. Morocho ha dicho que se les ofrecían puestos de trabajo mejor remunerados. Llegaron otros policías, en menor número que las salidas (“Quno o dos”), pero sin experiencia, ha afirmado el inspector jefe. 

Morocho ha revelado otro dato desconocido. Cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), en plena investigación de la caja B –para sobrecargarle de trabajo, según él– el director adjunto operativo Eugenio Pino le ofreció un puesto en Guatemala, en una delegación de la ONU. 

Un subordinado de Eugenio Pino le advirtió de que no podría acudir a los juicios de corrupción del PP a ratificar sus informes si aceptaba el destino. “¿Pero usted sabe quién soy yo?”, ha contado Morocho que le replicó, en referencia a que su labor de instructor de los casos Gürtel y caja B, entonces sin juzgar. Morocho ha explicado que hubo informes de análisis de comisiones rogatorias de Caja B, satisfechas desde países en el extranjero, “se quedaron sin hacer”.

Esta segunda jornada de declaración de Morocho ha sido el turno para las preguntas de las defensas. Los abogados han querido desacreditar las acusaciones de sabotaje del policía. El abogado del ministro del Interior ha sacado a coalición la concesión de una medalla blanca al mérito en la época. Se trata de una mención honorífica sin asignación económica. 

Los abogados han intentado poner en cuestión la eficacia investigadora de Morocho por no registrar el domicilio de Bárcenas o intervenir los teléfonos de él y su mujer, Rosalía Iglesias. Con esta estrategia, las defensas tratan de justificar la necesidad de la operación Kitchen de espionaje a ambos por parte de los acusados en el sentido de que buscaba policialmente lo que dejó de hacer Morocho.

“No había elementos para tomar esa medida tan invasiva de los derechos fundamentales. Había que volcarse en el análisis de la información de Suiza y ampliar la Argentina, Estados Unidos y Uruguay”, ha respondido el investigador. 

El abogado de Eugenio Pino ha preguntado a Morocho por qué no activó el protocolo antiacoso de la Policía. El inspector jefe ha respondido que no recuerda si entonces ese protocolo insistía pero que, en cualquier caso, él tenía “un objetivo prioritario que era el avance de la investigación”. “Nadie me iba a desvirtuar de ese camino (…) lo asumí [el acoso de los mandos] como una carga más”, ha añadido. 

Morocho ha insistido en que fue informando de todo al juez Pablo Ruz y que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la situación que estaba viviendo. 

Sospecha de espionaje de sus compañeros

El inspector jefe ha asegurado durante su declaración que sospechaba que su despacho y el vehículo policial tenían micrófonos ocultos. “Se investigó también mi conducta personal”, ha afirmado. La sospechas de espionaje eran compartidas por el juez Pablo Ruz quien, según Morocho, evitaba el ordenador de su despacho para trabajar en un portátil. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, ha añadido el policía.

El abogado de José Luis Olivera le ha preguntado en qué se basa para pensar que había micrófonos en su despacho. “Un día encontramos en el despacho una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía”, ha respondido.

Dentro de las presiones que recibía, Morocho ha explicado que uno de sus jefes, Manuel Vázquez, 'Fiti', le advirtio de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “conocía” su nombre. El inspector jefe Morocho, investigador de los casos de caja B y Gürtel, está destinado en una comisaría de distrito en Madrid en la actualidad.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha comparecido como testigo en el juicio del caso Kitchen en una declaración que continuará el jueves. Esta primera parte de su testimonio ha dejado dos vectores nítidos: el espionaje a Luis Bárcenas fue una operación “sin control judicial” que no tenía como fin contribuir a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja B del PP, sino que iba “contra” del trabajo del propio Morocho y sus agentes; y, por otra parte, el relato de varios años de presiones de la cúpula policial en tiempos de Mariano Rajoy para sabotear su trabajo sobre la corrupción de la formación política.

En este segundo apartado, Morocho ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre de Mariano Rajoy como perceptor de sobresueldos pagados por el partido, sin declarar a Hacienda, y procedentes del dinero negro aportado por los empresarios, tal y como constaba en los papeles de Bárcenas.

Morocho solo supo en mayo de 2015, casi dos años después de que arrancara la operación Kitchen, que la Dirección Adjunta Operativa, sin atribuciones para ello, había realizado investigaciones a Bárcenas y a su entorno que se le habían ocultado. En ese mes de 2015 se le hizo una cesión de información a través de las bases de datos policiales que la Fiscalía Anticorrupción considera que fue una manera de tratar de blanquear el espionaje parapolicial. 

Esa cesión de información tardía supuso para el inspector jefe Morocho la constatación de algo que ya sospechaba, la existencia de una “operación policial sobre Bárcenas” que se había realizado “contra” él y sus policías, auténticos investigadores de las causas de corrupción del PP.

Morocho ha confirmado que nunca supo de la existencia de un topo en el entorno de la familia Bárcenas, en alusión al chófer Sergio Ríos. Tampoco que se hubiera descubierto dinero de Bárcenas en Cracovia y Antillas Holandesas. Estas maniobras de los autores de la operación Kitchen son presentadas por sus defensas como un intento de demostrar que no fue un espionaje ilegal, sino su contribución a la investigación al extesorero. A ellas se sumó el expresidente del Gobierno, que se alineó con las tesis de las defensas durante su declaración como testigo, y que hoy ha quedado desmentido por el investigador de la caja B.

El policía Morocho ha confirmado también la existencia de una segunda operación Kitchen en prisión cuando ha contestado al fiscal que nunca supo de las averiguaciones hechas por la dirección de la prisión de Soto del Real y los miembros de la brigada política del PP sobre los vínculos de Bárcenas con otro preso que debía destruir unas grabaciones presuntamente de Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas. 

Morocho ha acudido al juicio con intención de reiterar las acusaciones de acoso y sabotaje a sus trabajos por parte de sus superiores, pero la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha interrumpido en varias ocasiones para pedirle que se ciña a las preguntas que le formulan las partes. A diferencia de otras jornadas, la declaración del testigo Morocho ha reunido en el banquillo a todos los acusados, que no tienen obligación de acudir a cada sesión.

Toda la “cadena de mando”

El policía investigador del caso de la caja B ha relatado en el juicio del caso Kitchen cómo sus superiores en la Policía durante la época de Mariano Rajoy en el Gobierno sabotearon su trabajo. La “escala de mando” de Morocho le transmitió, según ha contado, que los papeles de Bárcenas eran “una ideación de Bárcenas, que no tenía verosimilitud”.

El inspector jefe ha añadido que sus superiores, que no están en el banquillo de los acusados, le trasladaban que los papeles de Bárcenas eran “cosas de él, pero no de la formación política para la que trabajaba”.

Manuel Morocho ha asegurado ante el tribunal de Kitchen que sus mandos le presionaron para que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en el informe principal. En este sentido, el policía ha explicado que su escala de mando se reunía antes de citarle a él y que alguno de ellos tomaba la palabra en esa reunión. En este caso se trató del máximo responsable de la comisaría general de Policía Judicial, José García Losada, quien le trasladó la inconveniencia de incluir el nombre del entonces presidente del Gobierno. 

El inspector jefe Morocho ha nombrado uno por uno a todos los protagonistas de esas presiones: inspector jefe Miguel Ángel Cuevas, inspector jefe Jose Manuel Álvarez Luna, el jefe de la Brigada, José Luis Gudiña, el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, y los comisarios generales de Policía Judicial José García Losada y José Antonio Sánchez Aparicio. Ninguno de ellos se sientan en el banquillo por haber participado en la operación Kitchen. 

De ellos ha declarado como testigo, Manuel Vázquez, 'El Fiti', quien atribuyó esa supuesta coacción a desencuentros profesionales y al carácter de Morocho. De entre los acusados, Morocho ha señalado a José Luis Olivera, quien fuera jefe de la UDEF y que después de dejar el cargo le seguía reclamando información sobre investigados en la pieza de la caja B del PP. 

“Ellos me plantaban una serie de objeciones ceñidas a la construcción de la prueba del indicio, a la propia naturaleza de los papeles: si era una contabilidad extracontable o no, concatenación de la contratación de para procesos electorales, la no aparición de una persona de cargo público en los mismos… ya se ponía tela de juicio de pagos caja b y la reforma de la sede de la formación política”, ha declarado Morocho.

El jefe de la UDEF entonces, Manuel Vázquez, llegó a advertirle de que había cometido “un error” por incluir entre los donantes del Partido Popular a Ignacio López del Hierro, empresario casado entonces con la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Uno de sus jefes, José Manuel Álvarez Luna, le explicó que él era “amigo de Villarejo”.

Como ya hiciera en fase de instrucción, Manuel Morocho ha contado las penurias que vivió en la Policía al ser instructor de los casos Gürtel y caja B. Su antiguo jefe en la UDEF, José Luis Olivera, le ofreció un puesto en Lisboa muy bien remunerado. Cuando lo rechazó le dijo que podía escoger la embajada que prefiriera –es ahí donde se perciben los sueldos más altos en la Policía– algo que también rechazó, ha continuado Morocho, por su “compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y con la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir así principios democráticos y corresponsabilizarme del mandato que tenía por el magistrado, que era ser el responsable de la unidad de auxilio judicial” en la causa de Gürtel.

“Buscaban quitarme de en medio”

Las presiones de sus jefes policiales buscaban causar en él y sus agentes del grupo “desasosiego” y que orientara sus conclusiones con “cosas” que él “no veía”, ha explicado. Uno de sus jefes directos “iba diciendo por los pasillos que yo era la bestia del Partido Popular”, ha relatado. “Me acusaban de dar titulares a la prensa. Yo no estoy para dar titulares, no lo hago. Había mucho interés en la prensa por la naturaleza de lo que investigábamos”, ha continuado.

Morocho ha explicado cómo algunos informes policiales pasaban meses en manos de sus jefes antes de que pudiera entregárselos al juez. Ocurrió con uno que implicaba a Ana Mato, la entonces ministra de Sanidad, en los regalos de la trama Gürtel. Estuvo más de un año en la mesa de sus jefes.

Manuel Morocho ha recuperado el episodio de cómo el Gobierno utilizó a la Unidad de Asuntos Internos para acusar al inspector jefe y sus subordinados de haber filtrado un informe de Gürtel que tenían decenas de abogados y que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. “Fue un elemento de castigo, de presión, que nadie pudo parar”, ha dicho. Entonces, el jefe de Asuntos Internos era uno de los acusados en Kitchen, el comisario Marcelino Martín Blas.

El siguiente paso fue intentar “quitarle de en medio” poniéndole la carga de un segundo destino al tiempo que tenía que seguir investigando la caja B. Estuvo un año y medio destinado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tuvo encargos como analizar la incompatibilidad de los negocios del comisario Villarejo. Cuando entregó sus conclusiones, el DAO Eugenio Pino no le aceptó el documento.

El catálogo de personajes del juicio Kitchen guarda un lugar destacado a Silverio Nieto, el sacerdote amigo de Jorge Fernández Díaz que hizo de correa de transmisión de las advertencias que se lanzaron algunos de los principales acusados antes de empezar a desfilar por el juzgado como imputados. Nieto, que fue marino, jueza, policía y luego cura, ha decidido restarse importancia y atribuir su conocimiento y participación de los hechos a su labor de pastoreo de almas, algunas tan zozobrantes en aquellos días como la del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

En realidad, Nieto ejercía una influencia sobre Fernández Díaz que antiguos miembros de ese departamento envidiaban. El pastor de almas, además, no es ajeno a los ambientes policiales. No solo porque fuera policía en el tardofranquismo y la transición. Como él mismo ha reconocido en su declaración como testigo, es amigo de uno los protagonistas de ese ecosistema, el comisario Enrique García Castaño, El Gordo.

El comisario García Castaño es incapaz de defenderse por las secuelas de un grave accidente cardiovascular y ha quedado fuera del banquillo. Pero antes de eso, confesó en el Congreso su participación en muchos de los episodios clave de la historia de la democracia, a un lado y otro de la ley. Cuando el Gordo fue preso un temblor sacudió la Policía. Los agentes de Asuntos Internos lo encontraron ese día en compañía del padre Silverio.

En enero de 2020, el antiguo número dos del Ministerio anticipaba su imputación. El comisario García Castaño había confesado actuaciones ilegales en Kitchen y había dicho en el juzgado que fueron órdenes del director adjunto operativo, Eugenio Pino, y del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este sabe a quién tiene que dirigirse para lanzar un mensaje al Gordo. Escribe al cura Silverio y le advierte de que las actas sobre los mensajes del ministro que guarda en su poder provocarán su imputación y probablemente la de Rajoy. Nieto reenvía el mensaje a García Castaño y al propio ministro.

Lo hizo, según ha dicho este martes, porque los autores y receptores del mensaje “lo estaban pasando muy mal humanamente”. “Y yo me preocupaba”, ha añadido. “La vinculación [entre los protagonistas] estaba en todos los medios, la posible imputación de Francisco Martínez... y me pareció que podía ser interesante que él supiera lo que iba a hacer [Martínez]. Si no se lo mandé al señor Rajoy es porque no tenía el teléfono”, ha dicho el padre Silverio.

En el tono más desafiante al fiscal de cuantos se han producido hasta ahora, Nieto ha advertido: “Esto era importante para ustedes. Para mí no lo era”. Durante su testimonio se intuía que el fiscal César de Rivas no quedaba convencido. “Es un mensaje más aunque usted pueda pensar otra cosa”, ha soltado el cura. Menos aún convencidos quedaron sus compañeros Miguel Serrano e Ignacio Stampa cuando tomaron declaración a Nieto en fase de instrucción a finales de 2020.

Silverio Nieto tampoco convenció a los portavoces de la comisión de investigación del Congreso. El de Ciudadanos en aquel momento, Edmundo Val, le espetó que si él hubiera recibido ese mensaje, en lugar de reenviárselo a sus amigos García Castaño y Fernández Díaz, se hubiera plantado “en cinco minutos” ante un juez por los indicios de delito que alberga.

Nieto tuvo influencia en el Ministerio del Interior desde el mismo momento en que fue nombrado al frente Jorge Fernández Díaz. El primer secretario de Estado que tuvo, Ignacio Ulloa, fue designado por la influencia del cura Nieto, según fuentes conocedoras de aquel nombramiento. Se da la circunstancia de que el padre Nieto conocía al que fue su sucesor, Francisco Martínez, desde los tiempos de este en la elitista universidad de Comillas.

Amigo del Gordo

El cura ha contado en la Audiencia Nacional que conoció a Fernández Díaz por el interés del político en conocer a los líderes de otras religiones asentadas en España cuyos líderes mundiales visitaban el país. El sacerdote integraba la comisión asesora de las Minorías Religiosa: protestantes, judíos, budistas, musulmanes... Un ámbito de trabajo habitual para los servicios de Información en España. Y ahí, el número uno era el Gordo, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, encargada, entre otros cometidos, de la captación de fuentes en terreno antiterrorista.

Durante su testimonio en el juicio, Silverio Nieto ha negado estar al tanto de cuestiones policiales. “Vuelvo a decirle que en el año 83 dejé la Policía”, ha contestado, quejoso, a uno de los abogados. El 4 de octubre de 2017, ya relevados de sus cargos Fernández Díaz y Martínez, el pastor de almas escribe a este último: “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, escribe. Han pasado tres días del referéndum del 1 de octubre. El pastor de almas tiene un plan para combatir policialmente el soberanismo.

El coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue director del Gabinete Técnico y de Coordinación del Ministerio del Interior con cuatro ministros de distinto signo, incluido Jorge Fernández Díaz. Su puesto le otorgaba responsabilidades de “cajero” sobre los fondos reservados y, en tal sentido, ha declarado este martes como testigo en el juicio del caso Kitchen. Pérez de los Cobos ha explicado la “orden comunicada” que regula desde 1995 el manejo de los fondos reservados. En lo referente a los ministros del Interior, su testimonio ha dejado en evidencia la afirmación de Mariano Rajoy, que el pasado jueves aseguró que nunca tuvo relación alguna con este apartado durante su etapa al frente del Ministerio, a principios de la década de los 2000.

Pérez de los Cobos ha asegurado que la Ley y la orden derivada de la misma establecen que el ministro del Interior tiene que comparecer ante la comisión de secretos oficiales del Parlamento, “en principio cada seis meses” –un plazo que rara vez se cumple–, para dar cuenta del uso de los fondos reservados. Las comparecencias del ministro eran preparadas por el director del Gabinete de Coordinación, al menos en tiempos de Pérez de los Cobos, que no coincidió con Rajoy en el Ministerio. El coronel ha explicado que él preparaba a los ministros los borradores de sus intervenciones parlamentarias con los datos que manejaba sobre el uso de fondos reservados.

En su capítulo de olvidos, Rajoy tampoco recordó el jueves relación alguna con los fondos reservados cuando fue ministro del Interior. “A veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la funcionalidad de un ministro o secretario de Estado. No es tener confidentes ni saber en qué se gasta el dinero porque no tiene sentido. Es disparatado. Jamás supe nada de confidentes ni operaciones, ni fondos reservados y estuve un tiempo en el Ministerio del Interior”, afirmó el expresidente del Gobierno.

La declaración este martes de Pérez de los Cobos ha sido ilustrativa del funcionamiento de los fondos reservados y de las lagunas que deja la Ley que se aprobó en 1995 para enfrentar el desvío de ese dinero público con motivo del terrorismo de Estado de los GAL. Pérez de los Cobos ha explicado que “el gasto se genera antes del pago” por parte del Ministerio del Interior a las Direcciones Adjuntas Operativas de Policía y Guardia Civil.

El control estipulado para el Ministerio se limita a confirmar que se han rellenado todos los apartados que establece la orden comunicada y que la suma de los gastos de todos los conceptos coincide con la cantidad que se solicita por cada cuerpo policial a la Secretaría de Estado de Seguridad.

El DAO y “un espacio de tranquilidad”

Este sistema deposita la gran responsabilidad del control efectivo del uso de los fondos reservados en los directores adjuntos operativos de Policía y Guardia Civil. En el caso de Kitchen, el exDAO de la Policía Eugenio Pino se sienta en el banquillo con una petición de Anticorrupción de 15 años de cárcel por, entre otros delitos, malversación de fondos públicos. El chófer de los Bárcenas recibió más de 53.000 euros de los fondos reservados como pago por ejercer de topo en una operación presuntamente ilegal.

“Hay un elemento de control sobre los elementos en el nivel que estipula la norma y luego, si me permite, un espacio de tranquilidad, en cuanto a que ese control está acreditado por la persona que dirige esas unidades”, ha dicho Pérez de los Cobos. En el caso de la Policía, y de la Kitchen, “esa persona que dirige las unidades” era el director adjunto operativo Pino, artífice de la brigada política de la Policía y mando directo de todas las campañas contra el independentismo, Podemos o la operación Kitchen.

Por contra, el testimonio de Pérez de los Cobos ha resultado positivo para el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en el sentido de que éste tenía como obligación unicamente estampar su firma, junto a la del coronel de la Guardia Civil, en el documento que daba fe de que el dinero se había gastado, sin que se le otorgase la capacidad de indagar en que los conceptos en los que se había empleado y que aparecían brevemente reseñados eran ciertos o se habían inventado.

Pérez de los Cobos ha dicho que no recordaba haber visto en tales conceptos los nombres “Gürtel”, “Bárcenas”, “Kitchen” o “cocinero”, aunque ha añadido que cada mes se libraban fondos para entre cien y doscientas operaciones de Policía y Guardia Civil. El coronel ha añadido que en su trabajo de comprobar ingresos y justificantes no detectó ningúna irregularidad durante su paso por el Ministerio del Interior.

El coronel, a preguntas del abogado de Fernández Díaz, ha asegurado que solo habló de fondos reservados con el ministro cuando llegó al departamento y le tuvo que explicar el funcionamiento que indicaba la ley, y que lo mismo había hecho con el resto de ministros con los que trabajó. Solo volvió a hablar de los fondos reservados con él para preparar las comisiones en el Congreso. Fernández Díaz nunca le abordó por los fondos reservados en ninguna ocasión más, ha respondido.

A preguntas de la Fiscalía, Pérez de los Cobos ha explicado el funcionamiento de los fondos reservados en Interior gracias a que los fiscales del caso lograron que se desclasificara la orden que rige su manejo. Cada tres meses, Interior hace una petición a Hacienda del dinero que va a necesitar. A continuación, Hacienda hace un ingreso en la cuenta del Banco de España a nombre del Ministerio del Interior.

A la “caja” que es el Ministerio hay que añadir otras dos “cajas” subordinadas, la direcciónes adjuntas operativas de la Policía y la Guardia Civil. Pérez de los Cobos ha explicado que a principio de mes él telefoneaba a dos subordinados de los DAO en cada Cuerpo que le trasladaban la cantidad consumida el mes anterior. El secretario de Estado firmaba una autorización, junto a la del propio Pérez de los Cobos, y un funcionario pasaba a recoger el dinero del Banco de España.

Del Banco de España a la Policía en “pocos minutos”

Los responsables de Policía y Guardia Civil estaban avisados por Pérez de los Cobos para personarse en el Ministerio “pocos minutos” después de que llegara el dinero del Banco de España y llevarse a sus cuerpos las respectivas asignaciones. El secretario general de la DAO, en el caso de Policía, aportaba un documento con el justificante de los gastos el mes anterior, según establece la orden comunicada: unidad, nombre de la operación... En Interior, Pérez de los Cobos revisaba los documentos y comprobaba que las cantidades cuadraban.

El coronel ha explicado que se trata de “un control en cascada”. Esto es, un jefe de unidad que maneja fondos reservados tiene que comprobar que sus policías han utilizado correctamente los fondos reservados. Luego, el DAO constata esa justificación y al Ministerio del Interior solo le resta sumar y confirmar las cantidades. No entra a indagar en quiénes son los confidentes o qué operaciones llevan a cabo los Cuerpos. No hay más control.

El hombre de los maletines en la Policía durante la operación Kitchen, Miguel Ángel Bayo, llegó a decir en la instrrucción de Kitchen que se trataba de “una cuestión de fe”. Este jueves, ha prestado declaración sin hacer mayores aportaciones. Pero en este sentido, quien le antecedió, Felipe Lacasa, ha aludido a un concepto similar. Una parte le ha preguntado si el DAO Pino le pedía cuenta de los gastos de su unidad. “No se metía. Ahí nos movíamos en la confianza mutua”, ha respondido Lacasa.

La afirmación no ha salvado a Pino, que según este testigo, ordenaba no solo pagar a unidades de la Policía sino también a agentes concretos. Esel caso de José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo, en el banquillo de los acusados, y responsables en distintos periodos de las entregas de 2.000 euros mensuales al chófer de los Bárcenas. “Pino pasaba y decía: al señor tal y al señor cuál, págale lo que te justifique”, ha relatado Lacasa. Sobre los justificantes que cada uno le entregaba, el testigo ha dicho que “el señor Villarejo era muy puntilloso”, en referencia a la entrega que hacía de tickets y recibís.

Pérez de los Cobos ha rebatido que se tratara de “un acto de fe”. Simplemente era cumplir lo que decía la “orden comunicada” que emanó de la Ley de 1995. “Eso sí, a lo que obliga la orden comunicada es que cada órgano gesto tengaa que llevar una caja y preocuparse por elaborar unos documentos en los que desglose todos aquellos gastos de su unidad y sus unidades subordinadas”, ha dicho. Otra vez, el máximo responsable de esa Unidad, de la DAO, era Eugenio Pino.

Los miembros de la cúpula del Gobierno y del Partido Popular en tiempos de Mariano Rajoy han logrado hacer de sus comparecencias como testigos en el caso Kitchen un cómodo trámite. Su escasa voluntad de colaborar se ha beneficiado de la jibarización del caso por parte del instructor, Manuel García Castellón, que adelgazó la trama hasta dejarla en una idea de Jorge Fernández Díaz ejecutada por un grupo de policías. En consecuencia, ninguna acusación pesa en este juicio sobre Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, cuyos testimonios se han movido entre el desconocimiento y la desmemoria.

El periodista Alfonso Pérez Medina tituló su libro sobre dos décadas de corrupción con tres fórmulas estereotipadas a las que recurrían constantemente los acusados en grandes procedimientos como Gürtel, Púnica o 3%: “No lo sé. No me consta. No recuerdo”. Es el paraguas que han utilizado un expresidente del Gobierno y una antigua jefa del servicio secreto para que los márgenes de protección que estableció García Castellón no se desbordaran durante sus declaraciones. 

Los dos fiscales anticorrupción que impulsaron el caso Villarejo calificaron la actuación de García Castellón como “cordón o inaceptable línea roja” de protección alrededor de quienes han declarado las dos últimas jornadas como testigos. Este martes, su compañero César de Rivas, que representa a Anticorrupción en el juicio, ha saltado como un resorte para cortar una pregunta a Sáenz de Santamaría porque entendía que desbordaba el procedimiento. Es la segunda vez que lo hace. 

Una enfermedad hizo que la oposición renunciara a citar a Soraya Sáenz de Santamaría a la comisión de investigación del Congreso, así que esta era la primera ocasión que tenía de declarar sobre la operación Kitchen. Cuando esta se produjo, la abogada del Estado era vicepresidenta del Gobierno y responsable del Centro Nacional de inteligencia (CNI). 

Sáenz de Santamaría despachó con un monosílabo –“no”– a las primeras preguntas, formuladas por el abogado de Podemos. Luego creció en palabras para decir que se enteró de la operación Kitchen por la prensa, aunque no llegó a pronunciarlo. Solo dijo “sí” cuando le plantearon esta posibilidad. 

La exvicepresidenta contaba para su comparecencia con una carta que no manejan el resto de testigos: la actividad del CNI está clasificada como secreta. La exvicepresidenta no necesitó recurrir a ese comodín. El letrado le preguntaba si algo le constaba. Y ella decía, por sistema, que no. 

Por no constarle, ni supo que en el CNI había “animadversión” a Villarejo. Los hechos dejan en evidencia sus palabras. Esa “animadversión”, justificada o no, está detrás de la caída en desgracia del comisario, como coinciden todos los conocedores del conflicto larvado entre el policía y el servicio secreto. El propio denunciante de Villarejo dijo en un periódico que era colaborador del CNI. 

Además, esa “animadversión” se concretó en uno de los errores cometidos por el director general del CNI entonces, el general Félix Sanz Roldán, subordinado de Sáenz de Santamaría. El general respondió a las bravuconadas del comisario con una querella por injurias y calumnias. En el juicio, Sanz Roldán dijo que había acudido a Londres a “convencer” a Corinna Larsen con que recondujera su animosidad contra su anterior pareja, el rey Juan Carlos I, por “amistad” con el monarca, como una actividad privada. Y cuando se le preguntó por los detalles dijo que no podía darlos porque la actividad del CNI está protegida por el secreto. Todo ello con la asistencia letrada de un abogado del Estado y, por tanto, con cargo a los fondos públicos. Villarejo resultó absuelto. 

La sombra del conocimiento o participación del CNI en el espionaje a Luis Bárcenas, fuera de sus competencias, se cierne sobre el sumario de Kitchen. Su presencia aflora también en el último tramo de la causa. El escrito de defensa de Francisco Martínez, el primero en señalar en sus anotaciones del móvil la participación del CNI, revela un dato desconocido hasta ahora: el Centro colocó cámaras en el chalé de Bárcenas en la estación de Baqueira. Se desconoce con qué autorización judicial. 

En el escrito de Martínez se solicitaba la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Las imágenes, añade, fueron remitidas a Interior el viernes, 2 de agosto de 2013, en pleno apogeo de la operación Kitchen.

Los líderes del PP y la primera línea del Gobierno de Rajoy han trasladado durante el juicio que tres noticias que sacudieron la política española en 2013 apenas interesaron en el partido ni en el Ejecutivo. A saber, la publicación de los papeles de Bárcenas –prueba a la postre de que el partido se financió durante más de dos décadas con dinero negro de empresarios–, la fortuna que su tesorero escondía en Suiza, y la existencia de una operación en el Ministerio del Interior para sabotear el caso de la caja B.

Soraya Sáenz de Santamaría respondió con cierto desdén al abogado Gorka Valle, de Podemos, cuando este le preguntó por si su papel de portavoz del Gobierno le hizo indagar en el asunto de la operación Kitchen. “No”, fue la respuesta de la testigo. Javier Arenas, exsecretario general del PP, miembro de la Ejecutiva del partido cuando se desarrolló el operativo, fue consultado por Gloria Pascual, abogada del PSOE, por la reacción de la dirección de la formación política a las noticias de los ‘papeles’ del tesorero y su botín escondido. “En el partido no observe ninguna inquietud”, dijo Arenas en su declaración en Kitchen como testigo. 

Los miembros de la cúpula del PP y de aquel Gobierno han tenido una senda marcada cuando les ha tocado declarar. El primero en comparecer fue Mariano Rajoy, el jefe de todos ellos. Rajoy no contradijo hechos conocidos y relevantes, sino que se llevó la contraria a sí mismo. Los mensajes con el tesorero que recordó en el juicio de Gürtel, cuando todavía era presidente, se le han olvidado. 

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP de la época, dijo que no recordaba haber hablado en su vida por teléfono con Villarejo. Lo dijo pese a la grabación en la que le encarga “parar” la publicación de los papeles de Bárcenas. 

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría no ha aportado un solo dato durante su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen pese a ser responsable político del servicio de Inteligencia del Estado mientras se produjo la operación parapolicial contra el extesorero del PP.

Sáenz de Santamaría ha negado tener conocimiento de que el Centro Nacional de Inteligencia participara en el operativo, ni tampoco en la investigación al comisario José Manuel Villarejo, ni siquiera que tuviera “animadversión” al policía, contra el que el director del CNI se querelló por medio de la Abogacía del Estado y del que resultó un juicio en el que el agente jubilado resultó absuelto.

Su ignorancia de todo alcanzó a su labor como portavoz del Gobierno. Sáenz de Santamaría, con obligación de decir verdad, ha dicho que no se preocupó por las noticias de la operación Kitchen para poder dar una respuesta desde su puesto de portavoz del Ejecutivo, en manos entonces del Partido Popular. Ha respondido que no hizo “indagación” alguna al respecto cuando le ha preguntado la representación de Podemos.

El rastro del CNI está presente en toda la operación Kitchen. El CNI llegó a colocar cámaras en el chalet de Bárcenas en Baqueira, según reconoce en su escrito de defensa el número dos de Interior, Francisco Martínez. La responsable política del Centro ha negado todo, en la línea de su jefe de entonces, Mariano Rajoy. “Lo que haya dicho el señor Rajoy en esta sala bien dicho está”, ha afirmado Sáenz de Santamaría.

Arenas: “Al PP no le inquietaban los papeles de Bárcenas”

Por su parte, el dirigente del Partido Popular Javier Arenas ha asegurado ante el tribunal de Kitchen que él no percibió “inquietud” en la cúpula del partido por la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’, la prueba de más de 20 años de financiación irregular de la formación política que a la postre tumbaría el Gobierno de Mariano Rajoy. Esa ausencia de inquietud se extiende al hecho de la aparición de la fortuna de 48 millones de su tesorero, Luis Bárcenas, en Suiza. 

Arenas ha declarado como testigo por videoconferencia. Ha asegurado que su relación de amistad con Bárcenas acabó con motivo de los dos acontecimientos mencionados que, sin embargo, en su entorno político no causaron zozobra.

La última reunión de ambos se produjo en diciembre de 2012 en un restaurante en Sevilla. Poco después aparecería la fortuna de Bárcenas y sus papeles publicados, por lo que Arenas puso fin a la relación. De ese encuentro hay una grabación, según el extesorero, que a Arenas “nunca” le preocupó, no ha escuchado y desconoce que realmente exista.

Arenas ha reconocido que durante los hechos pertenecía a la Ejecutiva del PP y era candidato del partido a presidir la Junta de Andalucía. Sin embargo se ha desentendido de cualquier mediación de Bárcenas cuando se enfrentó al partido. 

Javier Arenas no sabe de ninguna petición de Bárcenas de contactar con él como consta en un mensaje que el extesorero envió a Rajoy mencionando que quería hablar “con Javier”. “Como le dije a Matarí…”, escribió Bárcenas, en referencia al diputado por Almería que era mano derecha de Arenas. 

El exsecretario general del PP ha reconocido que participó en una reunión en Moncloa con Rosalía Iglesias y Luis Bárcenas, en presencia de Mariano Rajoy. Arenas ha dicho que fue un encuentro de carácter “humano” en la que la mujer de Bárcenas apenas habló porque “es una persona muy educada”. Arenas ha negado que hablaran de los contenciosos del extesorero con el partido. 

Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero del PP, ha asegurado en el juicio de Kitchen que su padre le informó de la existencia de la grabación a Mariano Rajoy destruyendo una hoja de la caja B del PP. La conversación, según el testigo, fue antes de que su padre entrara en la cárcel el 27 de junio de 2013.

El cantante ejerce la acusación particular, al igual que sus padres. Ha añadido que nunca escuchó la grabación. “Del detalle no me acuerdo bien”, ha dicho Guillermo Bárcenas. Pero sí ha comentado que era una conversación sobre “el remanente” de la financiación irregular del PP.

El asalto del falso cura a la casa de los Bárcenas ha quedado fuera del juicio por tratarse de hechos juzgados –el asaltante fue condenado y murió mientras cumplía condena– pero la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha permitido algunas preguntas por su posible relación con uno de los acusados, Sergio Ríos, el chófer de la familia y topo de la brigada política.

Guillermo Bárcenas ha puesto en duda la versión de Ríos de que llegó a la casa familiar durante el asalto porque le avisó un portero y él se encontraba muy cerca, comiendo con su mujer que trabajaba a pocos metros. Guillermo Bárcenas ha dicho que le causó sorpresa que el chófer llegara “a los cinco minutos” y que inmediatamente después se presentaran en el domicilio “quince policías”.

En un momento de la declaración, Bárcenas ha llamado “sicario” a Enrique Olivares, el falso cura, dando a entender que no actuó por su cuenta. Cuando el chófer llegó e inmovilizó a Olivares, Guillermo Bárcenas estaba forcejeando con el asaltante después de librarse de las bridas que le había puesto.

El expresidente del PP Mariano Rajoy solo tenía “una relación profesional” con Luis Bárcenas, el tesorero del partido, que no le ocupaba “demasiado tiempo” porque él de los asuntos económicos no se encargaba. Cuando supo que Bárcenas escondía 47 millones en Suiza su opinión “cambió”. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, solo vio “ocho o nueve veces” a José Manuel Villarejo. “Siempre” a iniciativa del comisario. “Un café de cinco minutos” en el centro de Madrid y reuniones en su despacho. “No teníamos amistad ni me iba a tomar una copa con él, ni nada por el estilo”.

Así describieron Rajoy y Cospedal sus respectivas relaciones con Luis Bárcenas y el comisario Villarejo durante la comparecencia como testigos en el juicio de Kitchen del pasado jueves. Regresar al contexto político y judicial en el que se dieron algunos episodios de esos contactos cambia por completo el escenario que quisieron dibujar Rajoy y Cospedal. También se debe viajar al 26 de julio de 2017, cuando Rajoy compareció como testigo en el juicio del caso Gürtel, siendo presidente del Gobierno, y recordó y reconoció los mensajes que el pasado jueves olvidó durante su declaración.

Rajoy intentó evitar personalmente que Bárcenas expusiera al PP a la mayor crisis que ha tenido en su historia, con las consecuencias que tendría para él que trascendiera que había cobrado 355.000 euros de dinero negro. Está acreditado que Rajoy interactuó con Bárcenas después de cambiar su opinión sobre él, aunque no lo recordara durante su declaración. Cospedal recurrió al comisario en ese mismo periodo de 2013. Y ya lo había hecho antes, en 2009, cuando estalló el caso Gürtel y le anticipó que le encargaría “trabajos puntuales”. Pero esta parte tampoco ella la recordó el jueves ante el tribunal.

Este es un repaso cronológico por los olvidos y falsedades en las que incurrieron Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados.

26 de febrero de 2012. “Hacemos lo que podemos”

A finales de febrero de 2012, Bárcenas estaba intranquilo. El PP había logrado respirar por fin cuando el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, en quien recayó la instrucción de Gürtel por el aforamiento de varios imputados, archivó la causa contra el tesorero y otros. En marzo, la suerte de Bárcenas cambiaría y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvería a concederle la condición de investigado. El 23 de febrero, el tesorero escribe a Rajoy y este le responde tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”, contestó a la pregunta sobre ese mensaje que le hizo el abogado de Podemos. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le pregunta el letrado Jaime Montero. “No”, contesta Rajoy.

La escena torna en más sorprendente al recuperar la declaración de Rajoy en el juicio de Gürtel de 2017. Entonces fue el abogado del Partido Socialista de Madrid quien le preguntó por los mensajes. “Hacemos lo que podemos significa que hacemos lo que podemos”, respondió Rajoy. “Hasta ahí llego”, replicó el abogado. Y Rajoy, displicente, apuntilló: “Eso es opinable”. Luego, el testigo insistiría en que nunca hizo nada para interferir en la investigación de la caja B del PP.

Rajoy declaró entonces desde el estrado en uno de los episodios más relevantes de su periodo como presidente del Gobierno y que ahora no recuerda. La sentencia que derivó de aquel juicio motivó una moción de censura y su salida de la Moncloa.

18 de enero de 2013. “Luis, sé fuerte”

Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España una comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian el 18 de enero. Esa mañana, El Mundo publicó que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”.

Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda. Pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

5 de marzo de 2013. “Mariano, os estáis equivocando”

En el juicio de Kitchen, Rajoy pasó de negar rotunda y escuetamente cualquier relación o conocimiento del espionaje ilegal al tesorero a presentar importantes lagunas de memoria en otra cuestión que ocurría paralelamente, sus contactos con el tesorero. Las acusaciones populares creen que son dos actuaciones complementarias: ambas buscaban evitar que las pruebas de la caja B le estallaran al PP y sus dirigentes.

A principios de marzo ya habían ocurrido varios acontecimientos que tenían en vilo al Partido Popular. El 31 de enero, El País publicó las anotaciones manuscritas del tesorero del PP con la contabilidad en B de dos décadas. En las primeras semanas, Bárcenas aguanta y niega su veracidad. Pero en marzo, la investigación judicial acorrala a Bárcenas, que ya se siente abandonado por el partido.

“Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles, supuestamente, de Álvaro [Lapuerta] y míos están judicializados penalmente en Plaza de Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras”, escribió Bárcenas el 5 de marzo de 2013. Y Rajoy dijo en el juicio el jueves: “No lo recuerdo, pero bueno, yo no sé si mando este señor o no. Reconocerlo... puedo reconocerlo o no porque no lo he mandado yo”.

6 de marzo de 2013. La llamada perdida de Rajoy

Al día siguiente del mensaje de Bárcenas, a las 9:52 de la mañana, el entonces presidente del Gobierno telefonea al extesorero, que tiene el móvil apagado. Luis Bárcenas escribe a Rajoy: “Tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado, pero no me has cogido”. La abogada del PSOE, Gloria Pascual, le requirió al respecto y pidió que se mostrara el mensaje. La respuesta de Rajoy fue: “¿Esto me lo ha mandado el señor Bárcenas? No tengo la más remota idea”. “Efectivamente, no lo recuerda”, soltó la letrada con ironía y se volvió a llevar una reprimenda de la jueza Teresa Palacios.  

14 de marzo de 2013

Mariano Rajoy tampoco recuerda cómo acabó definitivamente su relación con el responsable de las finanzas del partido que, a la postre, provocaría su salida del Gobierno en la primera moción de censura triunfante de la democracia. A las 20:06 horas del 14 de marzo de 2013, Bárcenas dictó su propia sentencia: “Tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido”. Pese a la trascendencia de la advertencia, Rajoy se permitió decir en el juicio de Kitchen: “Este es un mensaje de hacer más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena”.

La secretaria general, su marido y el comisario

Rajoy no recordó los mensajes incorporados a la causa y Cospedal negó grabaciones en las que ella misma aparece hablando por teléfono con Villarejo. De las que reconoció dio una versión que se enfrenta a la definición, por ejemplo, de la palabra “trabajo” que ofrece la Real Academia de la Lengua y que en ninguna de sus acepciones es sinónimo de “pregunta”. Cospedal declaró, con obligación de decir verdad, que ella no realizó “encargos” de trabajos a Villarejo: solo le formuló “preguntas”.

21 de julio de 2009. Villarejo y Cospedal se conocen

El empresario Ignacio López del Hierro ha explicado en el juicio de Kitchen que conoce al comisario Villarejo “desde hace más de 30 años” y que fue él quien le presentó a quien era en 2009 su esposa, María Dolores de Cospedal. Ella dijo el jueves que el empresario tenía interés en conocerla y que ella aceptó. Le vendría bien, según su versión, para preguntarle por las filtraciones del sumario de Gürtel que afectaban a su amiga Rita Barberá porque el policía “conocía a todos los periodistas”. Además, ella estaba preocupada por el espionaje que el PP estaba sufriendo “de alguien vinculado al Ministerio del Interior”.

La simple escucha de aquel encuentro, recogido por la grabadora de Villarejo, ofrece una versión distinta. Empezando por el final, el comisario se despide de Cospedal y de Ignacio López del Hierro después de que este último, mientras ella asiente, le proponga hacer “trabajos puntuales”. Cospedal aseguró el jueves que Villarejo era un policía que estaba en excedencia y que tenía empresas. Es falso. En 2009 se habían cumplido 16 años del regreso de Villarejo de la década que estuvo fuera del Cuerpo. “Yo le hice encargos. Solo preguntas. Son dos cosas distintas”, afirmó.

El policía estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado en ese momento y el PP vivía una de sus peores crisis con el estallido del caso Gürtel. Villarejo era, y sigue siendo, amigo íntimo del jefe de la UDEF entonces, José Luis Olivera. Y junto a él comenta en una grabación que, si no llega a ser por ellos, el caso habría alcanzado a la cúpula del partido.

6 de diciembre de 2012. “Cospe me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”

Uno de los testimonios más relevantes hasta la fecha del juicio de la operación Kitchen ha sido el de su investigador principal, el inspector jefe Gonzalo Fraga, de la Unidad de Asuntos Internos. En un pasaje de sus más de 12 horas de declaración, Fraga se refirió a las agendas incautadas al comisario Villarejo. Les dio total credibilidad y dejó esta frase: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”.

En esas agendas se recoge uno de los episodios más graves de impunidad que atribuir al juez Manuel García Castellón, artífice de la exculpación de María Dolores de Cospedal. Hasta en ocho referencias comprendidas entre el 6 de diciembre de 2012 y el 6 de septiembre de 2014, Villarejo hace anotaciones sobre pagos ordenados por la secretaria general del Partido Popular al comisario y el método en el que, al menos parte de ellos, debe ser empleado para los mismos, a través de una empresa pública llamada Enresa.

El jueves, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, preguntó a Cospedal por el asunto hasta donde le permitió la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. “¿Le solicitó Villarejo pagos?”, formuló la abogada. “No”, contestó Cospedal. “No tenía por qué”, añadió. Si no tenía relaciones comerciales con el policía, continuó la letrada, “¿cómo interpreta que se dirija a José Luis Ortiz –jefe de gabinete de Cospedal– reclamando un pago pendiente?”, continúa Pascual. En ese momento, terció la jueza: “No conteste”.

En las agendas, Villarejo recogió el 6 de diciembre de 2012: “Cospe. Apoyo a tope en todo. Me enviaron a Jose L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. El 21 de junio de 2013: “Orti. Toque para hablar. Aviso de pago pendiente (...). Queda en comentarlo con la Cospe”. El 6 de noviembre de 2013: “Cospe. Muy preocupada con los 5 pagos de 200. Me pide por favor que le mantenga informada”. El 12 de junio de 2014: “Enresa. Fco. Gil (contacto de Cospe). Opción para abonar el pago pendiente”.

En aquel momento, el presidente de Enresa era Francisco Gil-Ortega, quien había sido vicepresidente del Parlamento de Castilla-La Mancha y alcalde de Ciudad Real. La inacción de la Justicia no ha permitido profundizar en los presuntos pagos y si estos respondían a los trabajos de Villarejo en la Operación Cataluña, a la Kitchen o a cualquier otra maniobra de la cloaca de Villarejo para el Partido Popular.

20 de enero de 2013. “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

María Dolores de Cospedal aseguró ante el tribunal de Kitchen que ella no ha hablado nunca por teléfono con el comisario. Lo dijo pese a que en 2022 fue portada del diario El País su conversación telefónica con Cospedal en pleno estallido del caso de la caja B. El comisario grabó a la secretaria general del PP mientras hablaban de los rumores de las anotaciones manuscritas de Bárcenas sobre la contabilidad extraoficial del partido entonces en el Gobierno. Fue el 20 de enero de 2013, once días antes de que la publicación de los 'papeles de Bárcenas' pusieran del revés la política española.

En la grabación, Cospedal, quien asegura que nunca hizo encargos a Villarejo, le dice al comisario de las cloacas: “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”.

Cospedal también dijo en su declaración que en las “ocho o nueve” veces que vio a Villarejo los encuentros siempre fueron a propuesta del comisario. En una declaración posterior, también el jueves, su jefe de gabinete entonces, José Luis Ortiz, dijo que en alguna ocasión fue su jefa quien mandó llamar al policía.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respondió el pasado jueves en el juicio de Kitchen a las preguntas sobre los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas en 2012 y 2013, durante la instrucción del caso Gürtel y tras el estallido de la caja B del PP. Lo hizo de dos formas: dijo que no recordaba algunos mensajes e incluso negó haber enviado uno de ellos, pese a estar acreditado en la causa judicial. Sus respuestas son distintas, incluso opuestas, a las que ofreció en 2017, también en la Audiencia Nacional, durante el primer gran juicio del caso Gürtel, la trama de mordidas y comisiones alrededor del Partido Popular en las comunidades autonómas de Madrid y Valencia

26 de julio de 2017. Rajoy se enfrenta a uno de los episodios más relevantes de su mandato como presidente del Gobierno. Declara como testigo en el caso de corrupción que a la postre motivará su salida del Palacio de La Moncloa. Responde desde el estrado por estar en ejercicio del cargo, según había acordado previamente el tribunal. El abogado de una de las acusaciones le pregunta por los mensajes que se intercambió con el extesorero de su partido. Rajoy reconoce los mensajes que envió, los comenta y concluye que no significa que él interviniera en ningún procedimiento judicial a favor del antiguo cargo del PP.

El 23 de febrero de 2012, el extesorero del PP escribió a Rajoy y este le respondió tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”. El pasado jueves, en el juicio por la operación parapolicial para sabotear el caso de la caja B, Rajoy afirmó: “No tengo ni idea de lo que es eso”. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le preguntó el letrado Jaime Montero, de Podemos. “No”, contestó Rajoy.

En julio de 2017, Rajoy había dado una versión contraria. Admitió haber mandado el mensaje y ofreció su versión sobre él. “No tiene ningún significado ninguno”, dijo en primer lugar. Y luego añadió: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos (...) Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”.

En el juicio de Gürtel, el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, preguntó a Rajoy también por el mensaje de “Luis, sé fuerte”. Fue enviado el 18 de enero de 2013. Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian aquel 18 de enero. Esa mañana, El Mundo ha publicado que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda, pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

Cuando fue preguntado por ese mensaje en el juicio de Gürtel, en 2017, Rajoy respondió: “Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Uno no siempre acierta en la vida. Uno manda muchos mensajes en la vida, pero no hice absolutamente nada. Hasta tal punto que no le llamé”.

En 2021, durante el juicio de la caja B del PP, una pieza separada de Gürtel, Rajoy ya no recordaba “ninguno de los mensajes” con Bárcenas, a excepción de aquel en el que escribió “Luis, sé fuerte”. Inauguró el guion del pasado jueves. Los juicios de esta semana y el de 2021, los de la desmemoria, se diferencian del de Gürtel, en 2017, en que entonces Rajoy era presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy abrió este jueves un frente más en el intento por limpiar su legado. A la recurrente insistencia por negar que presidió un partido que se financió con dinero negro de los empresarios, y que él mismo recibió parte de esos fondos, suma ahora la defensa de la actuación del Ministerio del Interior durante su primer gobierno. El expresidente negó la guerra sucia del caso Kitchen y, alineado con los acusados, defendió “una operación policial legal” que buscaba el dinero que pudiera tener escondido Luis Bárcenas y descubrir la identidad de sus testaferros. La tesis contraria, según la cual una operación parapolicial trató de sabotear el caso judicial de la caja B, sienta en el banquillo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de prisión.

Habían preguntado ya a Rajoy las acusaciones populares de PSOE y Podemos cuando el abogado de Villarejo interrogó al expresidente por si se interesó por una operación “de inteligencia sobre las cuentas en el extranjero” de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Rajoy respondió que no, pero añadió que quería decir algo más al respecto. “Lo conocí luego. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero era una operación policial. Estoy convencido de que esa operación se adecuó a la legalidad”, afirmó el testigo.

Las defensas del caso Kitchen esgrimen esta versión porque, entre otros motivos, no pueden negar los seguimientos a la familia de Bárcenas ni los pagos con fondos reservados al chófer de la familia para que actuara de topo. La prueba de todo ello es abrumadora. Casi dos años después de arrancar el dispositivo, uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, al que los demás llamaban 'Cospedín' por su relación profesional con la entonces secretaria general del PP, introdujo una serie de datos en las bases policiales para que pareciera que estaban compartiendo sus trabajos con los verdaderos investigadores de la caja B. No sirvió y 'Cospedín' y el resto han acabado en el banquillo.

Nada más aportó Rajoy. Con esta frase, además de negar un operativo tan grave cuando aún no llevaba dos años en el poder, Rajoy salió al rescate de su amigo Fernández Díaz. La tesis que se juzga es que el ministro del Interior fue el máximo responsable político de aquella operación Kitchen. El juez instructor dibujó “una línea roja de protección” alrededor de la cúpula política del partido, según escribieron los fiscales del caso. Pero su tesis triunfó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Rajoy no respondería por la operación Kitchen –tampoco Cospedal– y el trámite de su declaración como testigo sería la única consecuencia para él.

Rajoy afirmó que su percepción de Bárcenas cambió cuando supo que tenía 47 millones escondidos en Suiza. La de los investigadores del caso Gürtel también. La primera prueba del botín en el extranjero fue una comisión rogatoria sobre la existencia de una cuenta en el Dresdner Bank con 22 millones que llegó a España el 16 de enero de 2013. El 14 de junio siguiente, ya con los papeles de Bárcenas publicados, se recibió otra información judicial suiza con el hallazgo de 25 millones de euros en el Lombard Odier.

El primer rastro de la operación Kitchen, o del operativo legal para Rajoy, es del 13 de julio de 2013. Habían pasado siete meses desde que empezara a aflorar la fortuna del tesorero, pero según Rajoy, en el verano se activó una operación secreta y legal para encontrar más dinero y testaferros. Una operación que se inició 48 horas antes de que Bárcenas declarara, a petición propia, después de pasar 18 días en prisión y de que El Mundo publicara una confesión realizada con anterioridad sobre la financiación irregular del PP.

Según Rajoy, no fue el temor a que el PP implosionase por aquellas revelaciones lo que motivó las maniobras de policías ajenos a la investigación del caso Gürtel y la caja B. En la versión del expresidente coincidió que unos policías comenzaron a investigar el caso de la caja B de espaldas al juez porque era su “obligación”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”

Y si no existió una operación ilegal, continuaría el razonamiento del expresidente, él no pudo participar en ella, ni siquiera confluir en su interés por que la caja B del PP no aflorara. Y con ella las anotaciones sobre pagos a “M. Rajoy” incluidas. Por eso, sus contactos con el tesorero en aquellos meses eran tan insignificantes que los ha olvidado. Solo recuerda uno y porque ha aparecido publicado “casi todos los días” en estos últimos quince años, según explico al tribunal. Es aquel que escribió en SMS a Bárcenas cuando de la confesión del tesorero pendía su futuro: “Luis, sé fuerte”. A la postre, la primera sentencia del caso Gürtel incluyó una alusión a la caja B que desvelaría Bárcenas y eso motivó una moción de censura que terminaría desalojando del poder al autor del mensaje de texto.

Rajoy también dijo que no recordaba otro mensaje de Bárcenas en el que éste le pedía “hablar con Javier [Arenas]” el 5 de marzo de 2013, con los papeles de la caja B ya publicados y la amenaza de prisión para el tesorero en pie. “No lo recuerdo. No sé si me lo mandó o no. Reconocerlo no puedo porque no lo he mandado yo”, plantó Rajoy. “¿Recuerda que Bárcenas le dijese que tenía que hablar con Javier?”, le insistió la abogada del PSOE. “No”, zanjó Bárcenas.

El 26 de abril de 2012, Rajoy había escrito otro SMS a Bárcenas: “Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos”. La acusación de Podemos le preguntó por este mensaje y Rajoy respondió: “No tengo ni idea de lo que es eso”. Otro SMS que le escribió el tesorero decía: “Tú sabrás a lo que estás jugando”. Respuesta del expresidente: “Es un mensaje de hace más de 13 años. Ni me suena”.

La pregunta del abogado de Villarejo a Rajoy por si se interesó por una “operación de inteligencia” sobre Rosalía Iglesias está precedida de la afirmación del comisario en 2021 en el Congreso acerca de que él informaba a Rajoy de los avances de Kitchen a través de un número de teléfono que le habían facilitado. El juez García Castellón citó a Villarejo, que le entregó el número. Comenzaron unas pesquisas que no se agotaron por el cierre de la instrucción decretado por el magistrado el 29 de julio de 2021.

Rajoy no llegó a estar imputado. Ni siquiera declaró como testigo. Los indicios contra Cospedal no tenían relevancia penal, concluyó García Castellón. Y la responsabilidad de la Kitchen recayó en Fernández Díaz y en su secretario de Estado. A este último también le lanzó un diminuto salvavidas Rajoy este jueves. La defensa de Fernández Díaz le preguntó por las responsabilidades de un ministro del Interior sobre los fondos reservados, habida cuenta de que Rajoy también fue responsable de la cartera en 2001.

“A veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la funcionalidad de un ministro o secretario de Estado. No es tener confidentes ni saber en qué se gasta el dinero porque no tiene sentido. Es disparatado. Jamás supe nada de confidentes ni operaciones, ni fondos reservados y estuve un tiempo en el Ministerio del Interior”, dijo Rajoy. En su exposición de motivos, la ley que regula los fondos reservados, 11/1195, destaca en su exposición de motivos “la especial obligación de los ministros que tengan a su disposición gastos reservados de informar periódicamente a la comisión parlamentaria”.

Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz escuchaban a Rajoy desde los bancos para los acusados. “El secretario de Estado firmaba las grandes partidas (...) A partir de ahí no hacía absolutamente nada. Es absurdo pretender que el secretario de Estado se dedique a eso”, afirmó. Tanto Fernández Díaz como Martínez están acusados de malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

La desmemoria ha inundado la declaración de María Dolores de Cospedal ante el tribunal que juzga la Operación Kitchen, igual que lo hizo minutos antes en la testifical de Mariano Rajoy. Hasta tal punto que las grabaciones que obran en la causa no son recordadas por la exsecretaria general del PP, quien llegó a estar imputada. Cospedal ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación del comisario, incorporada a la causa, en la que ella dice, en relación con los papeles de Bárcenas: “Por eso te estoy llamando. Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.

La citada conversación se produjo en el verano de 2013. Cospedal ha dicho que tampoco recuerda haber prometido a Villarejo que hablaría en 2017 con el ministro de Economía y con el fiscal general, cuando ella era ministra de Defensa, para intentar solucionar los problemas judiciales y con el Sepblac (Servición de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España), que ya entonces se cernían sobre el comisario. Esa grabación está incorporada igualmente a la causa, si bien ni el juez García Castellón, ni su sucesor, Antonio Piña, decidieron valorarla como le había pedido Asuntos Internos.

La ceremonia de la confusión en la declaración de Cospedal ha arrancado ya al principio de su declaración. Cospedal ha dicho que cuando conoció al comisario este era un policía “en excedencia con empresas y recién condecorado por el ministro [socialista] del Interior”. Se refiere a una medalla roja que no puede ser concedida a policías en excedencia. Además, había vuelto de su excedencia a la Policía en 1993, un total de 16 años antes del encuentro en el que ambos se conocen en el despacho de Cospedal en la sede nacional del PP en la calle Génova.

Niega “encargos” a Villarejo: “Le hice preguntas, son cosas distintas”

La ex secretaria general del PP ha negado que hiciera “encargos” al comisario José Manuel Villarejo. “Le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”, ha afirmado a preguntas de la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ejerce la acusación popular.

No obstante, la exdirigente del PP sí ha reconocido que mantuvo “ocho o nueve” reuniones con el policía. Habitualmente, esos encuentros tenían lugar en su despacho porque lo veía en su condición de secretaria general, salvo una vez que se encontraron “cinco minutos” en una cafetería en una zona céntrica. “No tenía amistad con esta persona, ni me tomaba copas, ni nada por el estilo”, ha aseverado.

Durante su declaración ha argumentado que se citó con Villarejo porque “tenía magníficas relaciones con la prensa” y podía ayudarle a saber cómo se estaban produciendo filtraciones relacionadas con un sumario que afectada a Rita Barberá. “Me dijo que intentaría enterarse”, ha sostenido Cospedal.

Además, la exdirigente del PP también ha afirmado que en esa época en el PP tenían la sospecha de que el PP estaban siendo espiados o seguidos por parte de alguien que tenía que ver con el Ministerio del Interior y que “eso salió en una conversación”. Por otro lado, Cospedal ha afirmado que cuando empezó a tener contacto con él en 2009, Villarejo no estaba en activo en la Policía, si bien su excedencia acabó en 1993.

Tanto Cospedal como su exmarido, el empresario Ignacio López de Hierro, llegaron a estar investigados en el proceso de instrucción pero la causa fue sobreseída provisionalmente para ambos. Al principio de la vista oral, el PSOE, que ejerce la acusación particular, pidió suspender el juicio para volver a imputar a Cospedal, una cuestión que fue rechazada por el tribunal.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado este jueves, ante el tribunal de Kitchen, cualquier relación con una operación ilegal de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con la intención de sustraer las pruebas que guardara sobre la financiación ilegal del partido. Rajoy ha ido más allá y ha negado que aquella maniobra parapolicial, con cargo a los fondos reservados, fuera una operación ilegal por la que su ministro del Interior se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel. El antiguo jefe del Ejecutivo, que comparecía como testigo, con obligación de decir verdad, ha dicho también que no recordaba uno solo de los mensajes que se intercambió con Bárcenas en aquella época, en pleno estallido del caso de la caja B del PP.

Rajoy se ha excusado en que los mensajes de Bárcenas no los enviaba él y que, por tanto, no los recordaba. Solo ha admitido saber de uno de ellos, aquel el que él mismo le pedía ser “fuerte” ante las imputaciones que pesaban sobre el guardián del secreto de la caja B del partido que Rajoy presidía. “De ese me he acordado porque a lo largo de 15 años se ha publicado casi todos los días, así que supongo que sí”, ha dicho sobre la existencia del mensaje.

Cuando Rajoy excusaba su desmemoria en el hecho de que era Bárcenas quien enviaba los mensajes, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, le ha exhibido una llamada perdida que él hizo al tesorero el 6 de marzo de 2013, antes de que entrara en prisión. La presidenta del tribunal ha declarado improcedente la pregunta, como ha ocurrido en numerosas ocasiones durante el interrogatorio, y Rajoy no ha llegado a contestar.

Cuando se le ha preguntado por el SMS en el que Rajoy trasladó a Bárcenas “hacemos lo que podemos”, el testigo ha contestado: “No tengo ni idea”. Los mensajes se produjeron dos meses después de que se descubriera la cuenta de Bárcenas con 48 millones de euros en Suiza. Sin embargo, Rajoy había declarado un poco antes que su “relación” con el tesorero cambió cuando se produjo ese descubrimiento.

La acusación popular del PSOE ha abierto el interrogatorio a Rajoy por constituir la parte que pidió su comparecencia en el juicio. Rajoy ha comenzado respondiendo a varias preguntas con un escueto “no”, como cuando se le requirió por su posible conocimiento de la operación Kitchen. Al ser preguntado sobre los apelativos como 'El Asturiano' o 'El Barbas' que utilizaban Villarejo y otros miembros de la brigada política para referirse a él, a su conocimiento de la operación y las peticiones que querían trasladarle, Rajoy ha dicho: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”

Más adelante, Rajoy se ha explayado al respecto: “No hubo ninguna operación política. Luego conocimos que había una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Ni el ministro ni el presidente del gobierno están en las operaciones policiales. Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad”.

Rajoy se ha enfrentado a todas las evidencias obtenidas durante la instrucción y el juicio de que la operación Kitchen no tenía nada que ver con la investigación contra Bárcenas en la Audiencia Nacional. Respecto al uso de fondos reservados, Rajoy ha apelado a sus dos años como ministro del Interior para asegurar, en contra de lo que dice la Ley, que el titular de la cartera no tiene ninguna responsabilidad sobre los fondos reservados. También ha dicho que el secretario de Estado de Seguridad no conoce el detalle de su uso. Francisco Martínez, que ocupó ese cargo durante el mandato de Rajoy, también se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción no ha formulado una sola pregunta a Rajoy. César Rivas ha llegado incluso a interceder por los intereses del testigo al interrumpir una pregunta de la abogada del PSOE por considerarla improcedente.

Mariano Rajoy también ha negado ordenar al abogado Javier Iglesias hacer tres ofertas diferentes a Bárcenas, antes de ingresar en prisión y ya dentro, para que no tirara de la manta en el caso de la caja B. En contra de lo declarado en el pasado por Iglesias, que dice que conoce a Rajoy, pero niega esos ofrecimientos, el expresidente del PP y del Gobierno ha dicho que vió a Iglesias en Génova “dos o tres veces” porque era el abogado del extesorero del partido Álvaro Lapuerta. Durante la instrucción, el juez Manuel García Castellón nunca citó a Rajoy a declarar, ni siquiera como testigo.

Cospedal no recuerda que mandó parar “la libretita” de Bárcenas

La desmemoria ha inundado igualmente la declaración de María Dolores de Cospedal, que ha comparecido a continuación. Hasta tal punto que las grabaciones que obran en la causa no son recordadas por la exsecretaria general del PP, quien llegó a estar imputada. Cospedal ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación del comisario, incorporada a la causa, en la que ella dice, en relación con los papeles de Bárcenas: “Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.

La citada conversación se produjo en el verano de 2013. Cospedal ha dicho que tampoco recuerda haber prometido a Villarejo que hablaría en 2017, cuatro años después, con el ministro de Economía y con el fiscal general, cuando ella era ministra de Defensa, para intentar solucionar los problemas judiciales y con el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España), que ya entonces se cernían sobre el comisario. Esa grabación está incorporada igualmente a la causa, si bien ni el juez García Castellón, ni su sucesor, Antonio Piña, decidieron valorarla como le había pedido Asuntos Internos.

La ceremonia de la confusión en la declaración de Cospedal ha arrancado ya al principio. Cospedal ha dicho que cuando conoció al comisario este era un policía “en excedencia con empresas y recién condecorado por el ministro [socialista] del Interior”. Se refiere a una medalla roja que no puede ser concedida a policías en excedencia. Además, Villarejo había vuelto de su excedencia a la Policía en 1993, un total de 16 años antes del encuentro en el que ambos se conocen en el despacho de Cospedal en la sede nacional del PP en la calle Génova.

De la grabación que no ha podido escapar Cospedal ha sido de la que recoge esa primera entrevista con Villarejo en 2009. Ha reconocido que se lo presentó su marido porque el comisario quería conocerla y que ella accedió. “Si una persona pedía verme, y era una persona normal y corriente, que no tuviera ningún problema de ninguna parte... yo recibía a mucha gente y era una persona [Villarejo] que, según decía él, tenía unas magníficas relaciones con toda la prensa. Y yo creo que todos los periodistas hablaban con él”, se le ha ocurrido a Cospedal.

La ex secretaria general del PP ha desarrollado su interés por Villarejo: “Estábamos siendo observados, espiados, seguidos por alguien que tenía que ver con el Ministerio del interior”. En aquella época, Cospedal consiguió organizar un gran revuelo con la tesis del espionaje por parte del Gobierno socialista de la sede del PP, una acusación de la que nunca hubo evidencias. El otro interés por Villarejo eran las filtraciones a la prensa que afectaban a su “amiga” Rita Barberá. Ha llegado a decir que era su “obligación” recibir al comisario, preocupada como estaba por las “filtraciones” sobre el PP.

Cospedal ha incurrido en otras contradicciones. Ha reconocido una de ellas. En fase de instrucción hablo de cuatro reuniones con Villarejo que han pasado a ser “ocho o nueve”. En ninguna de ellas, ha asegurado, le realizó encargos, pese a que en la de 2009 en su despacho, se oye a su marido y a ella proponerle “trabajos puntuales”.  “Le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”, ha afirmado.

Esa relación casi anecdótica con el comisario que ha querido presentar Cospedal se ha visto torpedeada por la declaración horas después de quien era su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, que también estuvo imputado en la causa. Ortiz ha dicho que él organizaba las reuniones entre Cospedal y Villarejo y ha introducido un matiz importante. Frente a la insistencia que Cospedal defiende que mostraba el policía, Ortiz ha dicho que “alguna vez” fue la secretaria general del PP quien solicitó el encuentro.

Mención aparte merece la relación de Cospedal con uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo. Cospedal ha dicho que le conoce porque fue jefe de seguridad de la Presidencia de Castilla-La Mancha entre 2013 y 2015. Esta afirmación es comprometedora en varios aspectos. En primer lugar, porque ese no era el puesto por el que se contrató a Gómez Gordo. Según consta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Gómez Gordo ejerció como “Director General de Documentación y Análisis”.

Por otra parte, que Gómez Gordo estuviera a las órdenes directas de Cospedal en 2013 significa que comenzó a participar en la Operación Kitchen mientras trabajaba como funcionario de la administración de Castilla-La Mancha. Posteriormente regresó a la Policía y fue condecorado con una medalla pensionada.

La declaración de Cospedal ha estado marcada por una condición anómala, la de testigo que estuvo imputada. Por ello, la presidenta del tribunal la ha advertido de que podía volver otro día con abogado –incomprensiblemente no se le había informado de ello– y que, si se quedaba, ella intercedería ante las preguntas que buscaran incriminarla. Cospedal ha decidido continuar sin abogado. De su doble condición este jueves es responsable Manuel García Castellón, quien imputó dos meses a Cospedal, para luego archivar la causa contra ella pese a las evidencias que se han puesto de manifiesto hoy, cinco años después, durante su declaración.

Zoido: “No tuve conocimiento de la operación”

La sesión de este jueves también ha contado con la comparecencia como testigo de Juan Ignacio Zoido, quien sucedió a Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior en 2016. A preguntas de la abogada del PSOE, Zoido ha negado haber tenido conocimiento de la existencia de actividades parapoliciales de espionaje al extesorero del PP con la intención de sustraer las pruebas que guardara sobre la financiación ilegal del partido. “No tuve ninguna noticia de que hubiese esa operación con esa denominación o con otra o que se estuviesen utilizando esas prácticas dentro del Ministerio del Interior”, ha afirmado.

Después, a preguntas de la acusación popular de Podemos, Zoido ha admitido que no realizó auditoría alguna sobre el uso de fondos reservados para financiar esa operación. “No tenía obligación de hacer una auditoría del anterior ministro”, ha explicado Zoido, que ha mantenido que el sistema de fondos reservados está “muy definido” y que su control depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

La investigación permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas se utilizaron para sabotear la investigación de la financiación irregular del PP. A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (ocho inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves uno de sus momentos álgidos con la declaración ante el tribunal de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. La imagen simboliza una investigación frustrada. Ambos declaran como testigos después de que el juez Manuel García Castellón impidiera a los primeros fiscales Anticorrupción del caso ahondar en los indicios contra la secretaria general del PP y tampoco hacer las mínimas comprobaciones respecto a los que afloraron sobre el presidente del Gobierno.

Abrirá la jornada Mariano Rajoy. El expresidente del PP y del Ejecutivo nunca declaró en fase de instrucción. Luego vendrá el turno de Cospedal, quien podrá estar acompañada de un abogado porque el tribunal valora que el archivo de la causa contra ella es provisional y puede revertirse.

En el caso de la antigua secretaria general del PP, la breve imputación que dictó contra ella García Castellón tiene un efecto retardado y otra vez favorable para Cospedal. Pese a comparecer como testigo, Cospedal podrá negarse a contestar cualquier pregunta cuya respuesta pudiera incriminarla. Se trata de una garantía consecuencia de haber sido imputada por un corto espacio de tiempo por García Castellón. Si aparecen en el juicio indicios contra la secretaria general que permitan volverla a imputar no podrá ser, en ningún caso, fruto de las preguntas que le hagan las acusaciones.

Las restricciones a las preguntas a Mariano Rajoy no serán tan exigentes, si bien la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ya ha impedido que se formulen a otros testigos cuestiones que puedan derivar en la incriminación del compareciente. Se trata de la tercera vez que Rajoy declara como testigo en un juicio de la Audiencia Nacional. Lo hizo siendo presidente del Gobierno, con el privilegio de sentarse en estrados; con posterioridad repitió en la vista por la pieza separada de la caja B, por videoconferencia y ya habiendo dejado el Gobierno; y repetirá mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

El testimonio más valioso para las acusaciones durante el juicio ha sido, hasta ahora, el del inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, responsable policial de la investigación. Uno de los atestados firmados por el policía estaba destinado, a petición del juez, a clarificar a quiénes pertenecían los alias que pronunciaban Villarejo y sus compinches en las grabaciones incautadas. Fraga dijo que 'El Asturiano' y 'El Barbas' eran utilizados para referirse a Mariano Rajoy Brey. “No ofrece dudas”, zanjó el policía.

Villarejo y otros investigados aludían al expresidente del Gobierno como conocedor de la operación y se referían a él como objeto de sus peticiones y quejas. El comisario Villarejo ofreció en la comisión de investigación del Congreso el número de teléfono móvil al que asegura que escribía para tener a Rajoy informado personalmente de la operación para sabotear el caso de la caja B del PP que investigaba la Audiencia Nacional.

A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó ese número de teléfono. Dio tiempo para averiguar que la línea telefónica, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso, el 29 de julio de 2021, con diligencias aún por practicar. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

La incógnita sobre la grabación

Rajoy también fue protagonista de la declaración durante seis horas de Luis Bárcenas como perjudicado de la operación Kitchen. Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó.

Según el relato de Bárcenas, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró y lo introdujo en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. Nadie más que él ha escuchado esa grabación, señaló. Bárcenas defiende que la brigada política robó una copia del taller de su mujer mientras él estaba en la cárcel.

El segundo obstáculo al que se enfrentan las acusaciones en sus interrogatorios de este jueves con los hechos que no son objeto de la causa, hayan sido ya juzgados o no. La presidenta del tribunal ha permitido preguntas sobre ellos si servían para esclarecer algo relacionado con la operación de espionaje a Bárcenas. De continuar con este proceder, nadie podrá preguntar directamente al expresidente si él es el “M. Rajoy” que aparece como perceptor de dinero negro de los empresarios en los 'papeles de Bárcenas', por ejemplo.

En el caso de la grabación, las preguntas estaban justificadas porque el extesorero la incluye entre el material que los comisarios le sustrajeron. Resta saber si la presidenta permitirá preguntar por su existencia a Rajoy. El fiscal ya advirtió que, con independencia de que existiera, los acusados responden por haber montado una operación ilegal para, entre otro material, robar la grabación que ellos creían que escondía Bárcenas. En el juicio de la caja B, también como testigo, Rajoy negó que la reunión que recogería ese audio se produjera. “Es metafísicamente imposible”, dijo entonces.

Los indicios contra Cospedal, fuera del juicio

La declaración este miércoles del exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, anticipa una declaración descafeinada de la antigua número dos del PP. La magistrada Palacios cortó reiteradamente a la acusación popular que ejerce el PSOE porque las preguntas se tenían que ceñir a aclarar los hechos que se investigan. Y esos hechos los delimitó ya el instructor, García Castellón. En la causa que se juzga el sospechoso de ser el máximo responsable de la operación Kitchen es Jorge Fernández Díaz. Nadie por encima de él en aquel Gobierno. Tampoco en el partido. Por este motivo, Rajoy y Cospedal solo son citados ante su posible contribución a esclarecer la responsabilidad de los diez acusados.

Así las cosas, López del Hierro se limitó a negar lo que Villarejo anotaba de sus contactos con él. Dijo que sus encuentros eran “coloquiales”, que tenían la oficina cerca y que nunca hablaban de trabajo. Solo reconoció conocer al comisario “desde los años noventa” y que fue él quien le presentó a su entonces esposa.

“Villarejo tenía interés y a mi mujer le pareció bien y les presenté. Hablaron de lo que Villarejo quería decirle y mi mujer expuso las preocupaciones que tenía en ese momento. Recuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de ella”, ha dicho López del Hierro. Se refería a la grabación de 2009 en que, en pleno estallido del caso Gürtel, él y Cospedal le piden hacer “trabajos puntuales”, pese a que Villarejo era un comisario en activo destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Después, dijo, no le constaban más encuentros entre Cospedal y el policía, pese a las evidencias reunidas por la investigación.

Los hallazgos de grabaciones y anotaciones al comisario permitieron acumular indicios contra Cospedal por su relación directa con Villarejo. Esas anotaciones incluían presuntos pagos al comisario realizados por el jefe de gabinete de la secretaria general del Partido Popular, José Luis Ortiz, quien también declarará este jueves. Ortiz estuvo imputado, como Cospedal, y podrá estar igualmente asistido por un abogado.

Ocho meses después de que Anticorrupción solicitara la imputación de Cospedal, el juez García Castellón se atrevió a citarla, solo después de evitar durante más de 78 minutos preguntar a Francisco Martínez, el número dos de Interior, por el papel de la secretaria general, algo a lo que se había comprometido a hacer el magistrado instructor en un auto y que no cumplió.

Pero la imputación de Cospedal duró poco, apenas dos meses. En el auto de cierre de la instrucción, García Castellón aludió al “derecho de reunión” que amparaba las reuniones y conversaciones a escondidas entre la secretaria general del PP y el comisario en activo. Durante el interrogatorio como imputada fue el propio juez quien introdujo en una de sus preguntas el “carácter social” de los encuentros entre ambos.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió y dejó una frase que retumbará durante toda la sesión del jueves en el juicio: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección [la cúpula del PP], como si se hubiera establecido un cordón o una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”. La Sala de lo Penal rechazaría el recurso de la Fiscalía.

En 2022 hubo una nueva oportunidad para reabrir la causa. Fue con la publicación del audio de la conversación entre Cospedal y Villarejo en el que la primera le pide al comisario que “pare” la publicación de los 'papeles de Bárcenas', la prueba de la contabilidad en B del Partido Popular. García Castellón se volvió a negar y Anticorrupción, ya con uno de los fiscales fuera del caso, Ignacio Stampa, no recurrió por orden del jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón.

El comisario Manuel Vázquez, miembro de la “escala de mando” que el inspector jefe Manuel Morocho señaló como responsable del acoso y las presiones que sufrió mientras investigaba los casos Gürtel y caja B del PP, ha negado este martes ante el tribunal de Kitchen cualquier actuación para presionar a su subordinado. Vázquez ha especulado con que lo que podía sentir el investigador era “autopresión” por culpa de las críticas públicas al trabajo que suelen recibir los policías y otros funcionarios públicos.

“Estábamos en un momento, si me permite, muy similar al de ahora, donde ahí una serie de procedimientos judiciales en curso, unidades investigadoras, no lo podemos negar, abrimos los periódicos y articulistas, un político... ponen verde al juez, a la unidad investigadora... Este tipo de escenarios pasa siempre. Sentimos presión de no cometer errores. Yo creo que esa presión la sentía el señor Morocho, la sentía yo y la sentía la gente que estaba allí”, ha declarado Vázquez. Cuando la abogada del Estado le ha repreguntado si Morocho podía referirse entonces a la presión mediática, Vázquez ha hablado de “autopresión”.

En la declaración de Morocho durante la instrucción del caso Kitchen, en junio de 2021, el inspector jefe explicó al juez: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”. Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Manuel Vázquez, testigo hoy en Kitchen y conocido en la Policía como 'El Fiti', era, pues, uno de los señalados. La declaración de Morocho se ha pospuesto porque se prevé larga y el calendario del juicio ya se ha visto desbordado por la extensión de declaraciones precedentes. El testimonio del policía que verdaderamente investigó la caja B del PP promete tumbar la coartada de los acusados en Kitchen, según la cual ellos solo pretendían contribuir al esclarecimiento de la financiación irregular del PP, y no sabotearla. Morocho ya dijo en instrucción que él nunca supo de las vigilancias y seguimientos, ni de la existencia del topo en la familia Bárcenas, mientras se produjeron.

Esta tarde, ante el tribunal de Kitchen, el jefe de Morocho ha dicho: “Ignoro que sufriera presión porque nunca me lo comentó”. El comisario Vázquez ha vuelto a especular sobre los motivos que han llevado a Manuel Morocho a denunciar las presiones en los juicios de caja B, en la instrucción de Kitchen y ante la comisión de investigación del Congreso.

Vázquez ha dicho que las quejas podían proceder de que a veces se le conminaba a que no repitiera “cosas” en sus informes y ha admitido que le dijera que se había “equivocado” en sus conclusiones sobre el PP. “Pasó más de una vez con él y con otros grupos”, ha dicho Vázquez en alusión a posibles errores en los informes de sus subordinados.

En este sentido ha ahondado en la mención a Rajoy en el informe de la caja B viniendo a reconocer un conflicto. Ha comenzado defendiendo que no se podía negar que M. Rajoy fuera Mariano Rajoy. “Es como si aparece K. Mbappe en la contabilidad del Real Madrid”, ha dicho. Pero a continuación ha expuesto las dudas que a él le producía señalar al entonces presidente del Gobierno porque en los 'papeles de Bárcenas' aparecía mencionado de distintas formas. “Tuvimos un debate ahí, yo creía que había que avanzar en la investigación un poco, pero luego el juez tomo declaración a Bárcenas...”, ha relatado sobre cómo después de la controversia con Morocho se afianzaron los indicios que aparecían en los papeles del ex tesorero.

Manuel Vázquez ha recordado que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira archivó la causa contra el tesorero, que luego se reabrió, y que el juez Ruz, con el apoyo de la Fiscalía, se negó a interrogar al presidente, como propusieron las acusaciones. “No se tapó nada ni se dejó de mandar nada”, ha añadido. Al final ha alabado el trabajo de Morocho y ha intentado excusar los choques en que tanto el inspector jefe como sus subordinados eran “personas de carácter”.

El comisario Vázquez no está señalado como miembro de la brigada política si bien su deseo de ser destinado como jefe superior de Galicia, su tierra natal y donde se terminaría jubilando, coincide con algunas decisiones controvertidas, como la de enviar el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) al Tribunal de Cuentas pese a reconocer que no era obra de la UDEF, su unidad, y cuando su contenido ya había sido despreciado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Vázquez también se comunicó con magistrados del alto tribunal por si necesitaban alguna aclaración del informe PISA, tal y como desveló El Español. Finalmente fue recompensado con el destino que quería.

Además, durante su mando, la UDEF fue utilizada de continuo por el Ministerio del Interior para blanquear los trabajos parapoliciales que realizaba la brigada política y el comisario Villarejo, ya fuera en Cataluña o en el caso Ausbanc.

Por otra parte, Vázquez ha continuado con la senda abierta la pasada semana por el también comisario jubilado Enrique Barón, al frente de Información cuando se produjo la operacion Kitchen. Ambos, utilizaron sus testimonios para evitar cualquier responsabiidad en ese operativo, pero al tiempo han salido al rescate de sus compañeros acusados. Barón no supon nada de los seguimientos que 70 subordinados hicieron de la familia Bárcenas y lo enmarcó en que todos ellos estaban en tareas de formación para negar que se detrajeran de otros operativos. De esta forma, él no se pudo enterar y, de paso, se debilita la acusación por malversación de fondos públicos.

Manuel Vázquez ha tenido hoy que reconocer que mientras se produjo el espionaje a la familia Bárcenas él no fue en ningún momento informado de ello, pese a que la UDEF era la unidad que investigaba Gürtel y caja B. Los acusados defienden que ellos intentaban contribuir a una investigación cuyos responsables nunca supieron lo que hacían, tal y como ha confirmado Vázquez esta tarde. El comisario ha dicho que en la UDEF tampoco supieron nada del topo infiltrado en la familia Bárcenas.

Sin embargo, el comisario ha intentado matizar su rotundidad asegurando que una vez un superior le comentó algo acerca de “una operación de inteligencia” de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) sobre la familia Bárcenas.

Vázquez niega evidencias sobre el 'policía de Cospedal'

En esta línea de protección a sus compañeros, Vázquez ha llegado a afirmar que uno de los acusados, Andrés Gómez Gordo, regresó al Cuerpo porque él lo requirió, al tener conocimiento de que su deseo era integrar la UDEF. Se da la circunstancia de que Gómez Gordo desempeñaba un puesto 'fantasma' en la Presidencia de Castilla-La Mancha cuando, en realidad, ejercía de 'hombre para todo' de Cospedal, incluido jefe de su escolta. Y que lo dejó todo en Toledo, de inmediato, cuando fue requerido para conseguir que el chófer de los Bárcenas colaborara con la brigada política. Gómez Gordo y él habían trabajado juntos para Francisco Granados en la Comunidad de Madrid.

De esta forma, Manuel Vázquez ha intentado confundir sobre los sólidos indicios que hay en la instrucción sobre los motivos del reingreso en la Policía de Andrés Gómez Gordo, a quien, después de estar cuatro años fuera del Cuerpo, se le concedió una medalla pensionada mientras gestionaba los pagos al confidente Sergio Ríos Esgueva, el chófer.

Otro notario que no comprobó los mensajes del ministro

Durante la jornada ha declarado también Alberto Vela Navarro, uno de los dos notarios a los que acudió Francisco Martínez para que diera fe de los mensajes que le había enviado el ministro Jorge Fernández Díaz y que denotaban su conocimiento de la operación Kitchen. Al igual que el otro notario que ya declaró en el juicio, Vela Navarro ha reconocido que su trabajo no es “pericial” y que se limitó a constatar que los mensajes enviados por alguien identificado en el teléfono de Martínez como Jorge Fernández Díaz recogían el texto indicado. También comprobó que el teléfono que le mostraba Martínez era el suyo llamando desde su despacho y aguardando a que sonara.

El mensaje en el que Fernández Díaz informa a Martínez de la existencia del topo en la familia Bárcenas es el primer rastro cronológico de la operación Kitchen, el 13 de julio de 2013, cuando se habían encendido todas las alarmas en el Partido Popular por el anuncio de que Bárcenas declararía voluntariamente ante el juez dos días después y podría relatar toda la operativa de la caja B del PP.

El notario Vela Navarro ha reconocido que los notarios se limitan a constatar “los detalles que intersan al requiriente” y que la “fé pública” no puede llegar a hacer indagaciones cómo la titularidad auténtica de los mensajes. Martínez entregó en marzo de 2020 esas actas notariales a la Policía cuando esta acudió a registrar su domicilio. Los agentes no encontraron los mensajes originales porque el número dos de Interior los había borrado.

Luis Bárcenas dedicó este lunes los pasajes más relevantes de sus seis horas de declaración en señalar al elefante en la 'cocina' de Kitchen, Mariano Rajoy. La tesis que juzga el tribunal imputa al ministro del Interior de aquel Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz, la máxima responsabilidad del operativo para robar pruebas incriminatorias del PP. Pero a la sospecha de que Fernández Díaz no podía estar en la cúpula de una maniobra así, ni dejar informar de ella a su amigo el presidente, se suma ahora la acusación de Bárcenas. Según el extesorero, Rajoy aparece en una grabación tratando el asunto de la caja B del PP. Con su acusación, Bárcenas convierte a Rajoy en el máximo interesado en que la operación Kitchen lograra su objetivo. 

El extesorero del PP se sentó este lunes por primera vez ante un tribunal de la Audiencia Nacional como víctima y no en calidad de acusado. Su testimonio no tuvo el peso que el de las víctimas en otros casos: Bárcenas estaba en la cárcel cuando su familia fue espiada y le robaron la documentación. Además, nada podía aportar de lo que se tramó en las cúpulas del Ministerio del Interior y la Policía. 

Pero el caso Kitchen no existiría sin el caso de la caja B. Y de este, Bárcenas tiene mucho que decir. La operación parapolicial pretendía hacerse con las pruebas de la financiación irregular del PP que podría haber escondido Bárcenas al entrar en prisión en el verano de 2013. Entre esas pruebas habría una grabación de 2010 en la que Bárcenas y Rajoy abordarían el asunto de la caja B. 

Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó. Según su relato, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró e introdujo el papel en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. 

Esta es la segunda ocasión en la que Rajoy aparece mencionado en el juicio de Kitchen. La declaración más importante hasta la fecha ha sido la del inspector jefe al frente de la investigación. Gonzalo Fraga explicó que el juez pidió a Asuntos Internos identificar a la persona que se escondería tras los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas', utilizados por Villarejo y los otros miembros de la brigada política en los audios incautados. La identificación de Mariano Rajoy “no ofrece dudas”, declaró el inspector jefe Fraga. Los protagonistas de Kitchen hablaban de enviar mensajes al presidente del Gobierno y del PP y daban por hecho su conocimiento del operativo. 

Aún quedan semanas para las declaraciones de los acusados. Uno de ellos, José Manuel Villarejo, motivó el tímido intento del juez García Castellón por ahondar en la presencia de Rajoy en la operación Kitchen. Ante la comisión del Congreso, Villarejo captó la atención asegurando que informaba puntualmente a Rajoy de los avances del operativo. A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó un número de teléfono con el que habría contactado en varias ocasiones con Rajoy. 

Dio tiempo para averiguar que el teléfono, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

Este lunes, Bárcenas se tuvo que defender de la andanada de las defensas cuestionando la existencia de la grabación. Pero hubo otra época en que la existencia del audio no era una tesis que procediera del extesorero. Los comisarios que protagonizaron la operación Kitchen estaban convencidos de su existencia, tal y como demuestran las grabaciones del caso Villarejo. Este lunes, Luis Bárcenas les dio la razón. Y no solo eso. Para el ex tesorero, la brigada política buscó la grabación, la encontró y la puso fuera del alcance del juez Pablo Ruz, que investigaba la caja B del PP. Este lunes Bárcenas confirmó que nadie más que él ha escuchado el supuesto audio. 

En el juicio, las acusaciones y defensas se las ingeniaron para sortear la censura del tribunal e introducir en sus preguntas la cuestión de la existencia de las pruebas presuntamente robadas. Aunque, como se encargó de recordar el fiscal, si los policías llegaron a robar o no esas supuestas pruebas, incluida la grabación de Rajoy, no es algo de lo que tengan que responder los acusados. Si se demuestra que cometieron delitos durante su búsqueda serán condenados igualmente. 

Los abogados más beligerantes con el tema fueron los de Fernández Díaz y Francisco Martínez. El primero cuestionó que Bárcenas guardara el pendrive con la grabación de Rajoy en el local de restauración de muebles de su esposa y que al salir de prisión tardara dos meses en ir a comprobar que seguía allí. El letrado de Martínez insistió en la declaración de 2021 en que Bárcenas cambió de versión y negó haber grabado a Rajoy. El tesorero contestó que aún tenía esperanzas de un acuerdo con el PP que garantizase que su mujer no iba a entrar en prisión y que su estrategia de defensa en papeles de Bárcenas pasaba por no admitir esa grabación.

Contra la declaración de Rajoy

La declaración de Bárcenas este lunes choca frontalmente con el testimonio de Mariano Rajoy en el caso de la caja B. Allí, el expresidente dijo que en 40 años de militancia nunca había escuchado a alguien del PP hablar de la “caja B”. “Es metafísicamente imposible”, añadió, en referencia a que Bárcenas le hubiera entregado la última página de la contabilidad del dinero negro. Mariano Rajoy siempre ha negado que el “M. Rajoy” de los papeles de Bárcenas tenga alguna credibilidad y, por tanto, rechaza haber cobrado sobresueldos. 

De la declaración de Bárcenas este lunes llamó la atención un silencio. En ningún momento pronunció el nombre de su máxima enemiga en el partido, María Dolores de Cospedal. La secretaria general en tiempos de la Kitchen llegó a estar imputada por el cúmulo de indicios en su contra que aparecen en las agendas de Villarejo, las grabaciones del comisario y el teléfono de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Pero el cierre abrupto de la instrucción por parte del juez Manuel García Castellón incluyó el archivo de la causa para Cospedal. 

Solo de pasada, Bárcenas señaló a la dirección del PP en la época para situarla en la cúpula de la operación Kitchen. El tesorero situó el inicio del operativo en la decisión del partido de destruir los discos duros que había dejado en la sede de Génova “dos días después” de su declaración ante el juez Ruz confesando la financiación irregular del partido. Está previsto que tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal declararán como testigos antes de que acabe la semana. 

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio del caso Kitchen que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. A preguntas del fiscal, Bárcenas ha declarado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario que tendría Isidro Sánchez, que así se llamaba el recluso.

Bárcenas ha reconocido como suya una nota incautada a Sánchez en la cárcel. “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso…”, decía la nota que se ha exhibido este lunes. Luis Bárcenas ha dicho que se trata de su letra, pero que alguien la ha modificado.

El fiscal no le ha preguntado por qué la persona a la que se dirige se llama Alex y no Isidro, nombre de su compañero recluso. A preguntas de la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, Bárcenas ha explicado que “le llamaban Alex”. Sánchez habría cobrado 4.000 o 4.500 euros, según el extesorero. El dinero se lo había entregado el chófer de la familia, el acusado Sergio Ríos.

Más adelante, a preguntas de su abogada, Bárcenas ha precisado que se trataba de tres audios. En uno de ellos aparecía él dando explicaciones sobre “la contabilidad extracontable del partido y como funcionaba”, en referencia a la caja B; en otra una conversación breve con Mariano Rajoy; y otra, algo más extensa, con el que era su “buen amigo”, el señor Arenas.

En el turno para la acusación popular de Podemos, Bárcenas ha ahondado en el contenido de esos audios. En el que aparece Rajoy, Bárcenas acude a ver al presidente del PP en su despacho después de haberse reunido con Arenas. En el encuentro le entrega “una fotocopia” sobre el saldo existente en la caja B del partido y solicita instrucciones. Rajoy, según ha contado, se “extraña mucho” de que la financiación irregular esté por escrito y el tesorero le explica que su antecesor, Álvaro Lapuerta, y él necesitaban anotar las entradas y salidas en alguna parte. En el audio se escucharía cómo Rajoy se gira en su silla y destruye los papeles en una trituradora, según ha contado Bárcenas.

Luis Bárcenas ha dicho que esas grabaciones estaban en un pendrive, junto a la documentación sacada de Génova, en el local de restauración de su mujer, y que también se alojaban “en la nube”, de donde ordenó a otro preso que las destruyera. Bárcenas ha dado por hecho que el pendrive es parte del material que le habría robado la brigada política.

Las defensas han tratado de poner en duda la solidez del testimonio de Bárcenas en todo lo relacionado con estas grabaciones poniendo de manifiesto las contradicciones de los diferentes interrogatorios a los que se ha visto sometido desde 2013. Este lunes, el extesorero ha afirmado que esos supuestos audios no los ha escuchado nadie más que él, aunque durante la fase de instrucción sí dijo que los habían escuchado otras personas.

Entre ellos, la periodista Marisa Gallero, que en enero de 2016 publicó en el El Mundo un artículo titulado 'Bárcenas acusa: Tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre'. Según Bárcenas, ese pendrive con las grabaciones es parte del material que le sustrajo la brigada política mientras estaba en prisión en el marco de la Operación Kitchen. “¿No le comenta [a la periodista] que le han robado ese audio?”, le ha preguntado el abogado del exministro. “No me suena el artículo, no sé”, ha respondido Bárcenas.

“¿Con qué nos quedamos?”, ha llegado a preguntar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. Bárcenas ha respondido que estaba en momentos distintos, que no es lo mismo ser testigo que investigado y que esas respuestas eran parte de su estrategia de defensa. 

La defensa del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, también ha cuestionado los cambios de versión de Bárcenas sobre la mera existencia de las grabaciones, dado que en declaraciones de los años 2018 y 2019 negó que él hubiera grabado a nadie. Bárcenas ha explicado que en ese momento estaba en “situación de entendimiento” con el PP y ha reconocido que la relación con el partido se rompió “definitivamente” en 2021, tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias.

A la pregunta de si el recluso cumplió con las instrucciones de destrucción de los archivos “en la nube”, Bárcenas ha dicho que no lo sabe porque nunca más le vio, pero que cuando salió de la cárcel el material que debía borrar ya no estaba. El extesorero ha recordado que Sánchez fue detenido a la mañana siguiente de salir de permiso, que no pudo completarlo y que fue devuelto directamente a Soto del Real desde los juzgados de Plaza de Castilla. Bárcenas ha atribuido a Instituciones Penitenciarias la decisión de alejar a Sánchez de él dentro de la cárcel y ha contado cómo un tiempo después fue trasladado a otra prisión.

Isidro Sánchez declaró el pasado jueves que la nota no le fue incautada a él, que cobró 5.000 euros a través de una tercera persona y que le denunció por quedarse con el dinero de Bárcenas. Sánchez dijo que no le dio tiempo a cumplir con el encargo por la extraña detención por una requisitoria de la que nunca más se supo.

Implica en la Kitchen a la cúpula del PP

Bárcenas ha implicado al Partido Popular, concretamente a su dirección, en la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción llegó a acusar al juez Manuel García Castellón de dibujar “una línea roja” en la instrucción con la que hizo imposible ahondar en esa línea de la investigación. El ex tesorero ha relacionado con la operación Kitchen que “dos días después” de declarar él en la Audiencia Nacional sobre la existencia de la caja B, el PP decidió destruir sus ordenadores. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, llegó a estar imputada, pero García Castellón archivo la causa contra ella en el auto que sirvió para cerrar la instrucción.

También ha recuperado otro episodio, del que ya habló en el juicio de la caja B, las visitas de Javier Iglesias, un abogado al que la brigada política considera su nexo con Mariano Rajoy, pese a que uno y otro niegan que apenas se conozcan. Iglesias se reunió con Bárcenas antes de entrar en prisión y fue a visitarle también cuando estaba allí de forma provisional. En total fueron tres encuentros y el abogado hablaba, según Bárcenas, “en nombre de quienes entonces dirigían el Partido Popular”.

En febrero de 2013, también antes de que el extesorero entre en la cárcel, Iglesias le había pedido que cambiara “los conceptos y cantidades” de los papeles sobre la financiación irregular, que ya había publicado El País, o su mujer entraría en prisión. Se trataba, según ansiaba el PP, de “crear la incertidumbre de cuáles son falsos o ciertos o si todos son una falsificación”, ha dicho Bárcenas. “[Javier Iglesias] me ofrece pagarme 500.000 euros” que aportarían “empresarios afines” al partido y solucionar así el contencioso del despido que mantenía con el PP. Bárcenas se negó.

En Semana Santa, Bárcenas envió su último mensaje a Rajoy, con un tono muy duro. Fue el Miércoles Santo. Al día siguiente, por la mañana, Javier Iglesias contacta con él para decirle: “Se te ha ido un poco el tema. Tenemos que vernos”. Es la prueba de que el abogado Iglesias, 'El Largo', es un interlocutor directo con Rajoy, según ha defendido Bárcenas.

Al ingresar en la cárcel, Iglesias acudió a visitarle y le amenazó con que si tiraba de la manta su esposa, Rosalía Iglesias, también entraría en prisión, ha relatado a preguntas de la abogada del PSOE. El encuentro tuvo todas las facilidades con las que no contaba el abogado de Bárcenas para reunirse con él. Se celebró en una sala habilitada para ello. Esta circunstancia y el hecho de que hablara en nombre de Rajoy demuestra, según Bárcenas, que al abogado lo enviaba el PP y la “implicación” del Ministerio del Interior, de la que depende Instituciones Penitenciarias.

Durante el interrogatorio del fiscal, el extesorero del PP ha afirmado que Ignacio Peláez exfiscal que defendía a varios investigados del caso Gürtel, lo visitó un día en la cárcel en 2013 y le dijo que había la posibilidad de desmontar el caso. “Me dijo que las grabaciones de Peñas [el exconcejal del PP que denunció el caso] están manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar y eso cambiaría el discurrir del procedimiento que estaba pendiente de enjuiciamiento”.

Según Bárcenas, Peláez, ya fallecido, le dijo que uno de esos policías era José Manuel Villarejo y que le pidió una cantidad de “no menos de seis millones ni más de 12”. “Yo le dije que si era así, si el procedimiento estaba viciado que contase conmigo para la parte alícuota que correspondiere porque tenía el máximo interés en este tema”, ha detallado. No obstante, la operación no salió adelante. 

Turno para las víctimas de la operación Kitchen. Este lunes declaran en el juicio el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su esposa, Rosalía Iglesias, objetivos principales del operativo diseñado presuntamente en el Ministerio del Interior para arrebatarles pruebas de la financiación irregular de la formación que presidía Mariano Rajoy. Una pregunta coronará la declaración de Bárcenas: ¿Existe la grabación realizada por él al expresidente del Gobierno hablando de la caja B del PP?

Bárcenas ha ofrecido versiones contradictorias sobre el audio. La periodista Marisa Gallero publicó en enero de 2016 un libro con el título Bárcenas: la caja fuerte. En él se afirmaba que el extesorero del PP había grabado a Rajoy, una vez había estallado el caso Gürtel, en una reunión en la que el primero entregaba a su jefe 4.900 euros de sobresueldo y una copia con las anotaciones de la caja B que el presidente del partido habría destruido en su presencia. 

Luis Bárcenas mantuvo esa versión hasta que el 29 de mayo de 2018, en el periódico El Mundo, negó que existiera la grabación. El contexto es importante. Bárcenas estaba a punto de ingresar en prisión por su condena del caso Gürtel, pero mantenía la esperanza de que su mujer, Rosalía Iglesias, nunca llegara a pisar la cárcel. Creía que estaba en la mano del partido en el Gobierno, el PP. Tres días después triunfó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Rosalía Iglesias pasó tres años en la cárcel.

Con posterioridad, Bárcenas regresó a la versión inicial. Tanto a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, como al juez García Castellón, les trasladó que las grabaciones existían, que fueron borradas de la nube porque el PP se prestó a negociar con él, pero que guardó otra copia, en un pendrive. Se trataría de la grabación sustraída por la brigada política en el marco de la operación Kitchen.

En el juicio del caso de la caja B, en 2020, Bárcenas aseguró que la grabación recoge cómo él entrega los apuntes de la caja B a Rajoy y este, “espantado”, le reprocha que conste ese material. Según aquel relato de Bárcenas, Rajoy cogió los papeles, se giró en su silla y los destruyó en la máquina que para tal efecto tenía detrás. Sobre esa grabación y la de Arenas, Bárcenas añadió en el juicio la tesis del robo de la copia en el estudio de su mujer: “El señor Gómez Gordo [próximo a Cospedal y acusado en Kitchen], que se los llevó, debería aportarlos”.

La Kitchen en prisión

Esas supuestas grabaciones son uno de los misterios del caso Kitchen que la instrucción, prematuramente cerrada por el juez Manuel García Castellón, no pudo aclarar. En la última jornada del juicio afloró el pasado jueves de nuevo el asunto con el testimonio de un preso de Soto del Real al que Bárcenas habría ordenado esconderlas para, quizá, luego destruirlas. Sin embargo, las contradicciones de Isidro Sánchez, el antiguo recluso, no ayudaron a descifrar el enigma. 

Sánchez es de nacionalidad colombiana y presume de tener conocimientos informáticos. En el juicio explicó que el chófer de los Bárcenas entregó 5.000 euros a un amigo suyo en libertad para que cuando él saliera de permiso alojara en la ‘nube’, concretamente en el espacio del que dispondría una cuenta de correo electrónico previamente creada, un material relacionado con el anterior trabajo de Bárcenas, esto es, el de tesorero del PP. En fase de instrucción, Sánchez había contado otra cosa: que el encargo era únicamente para borrar el rastro de Rosalía Iglesias en noticias negativas de Youtube, un trabajo adicional, según afirmó el pasado jueves. 

El presunto espionaje en la cárcel a Bárcenas reúne algunos de los episodios más intrigantes de todo el caso Kitchen. Los funcionarios de Soto del Real dieron cuenta de la incautación a Isidro Sánchez de una nota donde supuestamente Bárcenas había escrito: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso…”. 

El entorno de Bárcenas no reconoce la letra del tesorero en esa nota, Sánchez ha declarado dos veces que a él no le incautaron nada, el director de la prisión reconoció el hallazgo en el juicio y, para rematar, el informático colombiano se llama Isidro, no Álex. Una nota interna de la prisión añade que Isidro Sánchez presumía de tener un socio ruso en el exterior también con altas habilidades informáticas. 

¿Tuvo en su poder Isidro Sánchez la supuesta grabación de Rajoy y la destruyó? Todos los testimonios confluyen en que la respuesta es no. Sánchez ha declarado que fue detenido después de pasar la primera noche del permiso penitenciario durante el cual iba a hacer el trabajo. Unos policías se presentaron en el hotel donde se alojaba porque tenía una requisitoria pendiente por otros delitos distintos a su condena. Se lo llevaron a Plaza Castilla y de ahí a la cárcel de vuelta. No pudo salir más en un año y medio. 

Fuentes jurídicas aseguran que la requisitoria no condujo a ningún enjuiciamiento posterior de Sánchez. Un policía ha declarado en el juicio que la reclamación saltó en el sistema cuando el hotel informó de los alojados esa noche, entre ellos el colombiano. Pero él añade que esa mañana firmó en dependencias de la Guardia Civil y que si hubiera tenido algo pendiente no habría salido libre del cuartel. 

Por otra parte, Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, declaró ante el juez de instrucción que sus agentes siguieron a Sánchez desde que puso un pie en la calle, a la salida de Soto del Real, porque él había sido avisado del permiso. En las agendas de Villarejo, Sánchez aparece como “colaborador” entre una maraña de anotaciones con el nombre de otros presos compañeros de Bárcenas. Todos estos interrogantes provocan una confusión tras la que se oculta la supuesta grabación de Mariano Rajoy confesando la caja B. Una grabación de la que hablaban también en las grabaciones El Gordo y Villarejo, pero que nadie ha escuchado. 

Declaración del agente 81.067

Durante la sesión del lunes está prevista también la declaración de Manuel Morocho, uno de los testimonios más adversos para la mayoría de los acusados. En fase de instrucción Morocho relató las presiones y chantajes que sufrió para que el caso de la caja B, que él investigaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, no afectara a la cúpula del PP. Esa declaración sostiene, por ejemplo, la imputación de José Luis Olivera. 

Pero la importancia para la causa de la declaración de Morocho radica en que el policía certificará que todos los seguimientos y maniobras sobre la familia de Luis Bárcenas no estaban destinados a localizar el dinero del extesorero u otras pruebas contra él en el caso Gürtel, sino que perseguía únicamente limitar los efectos que la investigación de Ruz en la Audiencia Nacional tuviera contra el PP, poniendo fuera de su alcance pruebas del dinero negro en la formación política. 

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La jueza de Alcalá de Henares (Madrid) que investiga a la alcaldesa del municipio, Judith Piquet (PP), por la filtración de una nota interna de la Policía Municipal con la que intentar sostener la acusación sin pruebas que hizo la presidenta madrileña en enero de 2024 acerca de que los migrantes internos en un centro de la localidad estaban cometiendo “agresiones sexuales” ratifica la prórroga de la investigación por seis meses más. La jueza defiende que existen “indicios criminales” y que no procede el sobreseimiento solicitado por las defensas. 

En un auto fechado el 10 de abril, la magistrada argumenta que todavía faltan por practicar diferentes pruebas acordadas en julio de 2025. Entre ellas, el cotejo de transcripciones de grabaciones y mensajes de WhatsApp entre varios implicados , así como el interrogatorio de testigos, entre los que se encontraba el del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, que compareció este miércoles ante la jueza. 

La jueza destaca que la instrucción no se ha podido finalizar en el plazo ordinario de doce meses debido a, entre otras circunstancias, a las “continuas peticiones de suspensión y aplazamientos de diligencias” solicitadas por las defensas. 

Los investigados habían solicitado la nulidad de la prórroga, el cierre de la instrucción o el sobreseimiento del caso. Argumentaron que la decisión carecía de motivación, que ya se habían practicado las diligencias necesarias y que mantener la causa abierta suponía una “investigación prospectiva” que vulneraba sus derechos constitucionales.

Pero la jueza defiende que la investigación no es prospectiva ni arbitraria, y que existen “indicios criminales” derivados de las diligencias practicadas, por lo que no procede el sobreseimiento y la investigación debe continuar.