El abogado Jacobo Teijelo, investigado por pertenecer al grupo de Leire Díez dedicado supuestamente a atacar a jueces, fiscales y guardias civiles, ha negado que ordenara o participara en cualquier actividad ilegal y ha explicado que su contrato con el PSOE responde a la necesidad del partido de un análisis prospectivo de las causas judiciales que le afectaban. El abogado ha aludido, ante el juez Santiago Pedraz, a la “prospectiva sentimental de las causas”, una técnica inaugurada en Estados Unidos y que se sirve de las resoluciones dictadas por los magistrados en el pasado para predecir por dónde pueden discurrir sus decisiones en el futuro.

Teijelo ha situado el inicio de su relacion con el PSOE en el otoño de 2024, a partir de dos hechos concretos: la información acerca de que Vox se había reunido con altos mandos de la Guardia Civil –él ya defendía a un oficial imputado en el caso Hidrocarburos– y a un auto del juez Leopoldo Puente que permitía, según ha dicho, investigar a José Luis Ábalos, pese a estar aforado. El letrado Teijelo se ha detenido en la figura de Puente y en el hecho de que fuera el ponente de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía.

La comparecencia de Teijelo como investigado ha estado repleta de interrumpciones. Las primeras han surgido cuando el juez Pedraz ha interrumpido al abogado durante su referéncia a Leopoldo Puente y le ha dicho que esa explición no era motivo de su interrogatorio.

La UCO estableció en un informe que el PSOE había pagado a este letrado al menos tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros al PSOE entre enero y marzo de 2025. Otras dos facturas eran objeto de debate. La UCO las cifraba en 53.000 euros y corresponderían a abonos de abril y mayo de 2025. La Guardia Civil añadía que “no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE” de las citadas facturas.

Los socialistas remitieron un escrito al juez en el que adjuntaban el burofax que enviaron al letrado en el que le comunicaban que ponían fin a la relación de prestación de servicios suscrita y en el que le informaban de que no abonarían las cantidades “por no constar a la organización la naturaleza, contenido ni beneficiario” de los trabajos legales. 

Este jueves, ante Pedraz, el abogado Teijelo ha dicho que comenzó a ejercer por aquellas fechas la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que la gerente del partido le rechazó esas facturas porque el número tres del partido, que le había contratado, ya no ocupaba el cargo. Y ha subrayado, según las fuentes presentes en la declaración que nunca pagó nada a Leire Díez ni a nadie del dinero que recibió de la formación socialista. También ha dicho que nunca recibió fondo alguno de Díez y que ella se le acercó como una ciudadana más, para hacerle algunas consultas, y que nunca se presentó como “enviada del PSOE”.

Según el sumario del caso, Teijelo habría participado supuestamente en el desarrollo de la línea que buscaba atacar causas de hidrocarburos para así intentar lograr nulidades en el caso Koldo. Consta en la causa una conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández de enero de 2025 en la que se apunta que esa vía se debía seguir “por orden del One”. Teijelo participó en la reunión con un empresario huido y otras personas en la que Leire Díez asegura que quiere ver “muerto” al teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

A este respecto, Teijelo ha asegurado que conversaciones incorporadas a la causa fueron obtenidas de forma ilegal y, por tanto, serían nulas. A este respecto ha dicho que fue grabado por un periodista y otra persona vinculada al CNI.

Las visitas a la Fiscalía, dentro de la normalidad

En la providencia de citación de Teijelo, Pedraz explicaba que tomaba la decisión de citarle después de haber recibido contestación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las reuniones que se mantuvieron con investigados –hubo dos encuentros de Leire Díez y Teijelo con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe–. Teijelo ha dicho este jueves que no recordaba que Leire le hubiera acompañado y que, si lo hizo, en ningún caso fue en calidad de abogada porque en la sede de la Fiscalía General hay que identificarse como letrado para hablar.

En cualquier caso, Teijelo ha ironizado con el hecho de que llame la atención de que un abogado tenga reuniones con fiscales, algo que ha dicho, “ocurre todos los dias”. “Si en un lugar reciben a todo el mundo es en la Fiscalía General”, ha asegurado. Para referirse al trato habitual entre defensas y fiscales ha aludido al caso del abogado de Alberto González Amador y su intercambio de correos con el fiscal de Delitos Económicos que llevaba el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En repetidas ocasiones, Teijelo se ha negado a hablar de conversaciónes abogado-cliente recurriendo al secreto profesional. Y eso afectaba, según ha dicho, al PSOE, a personas del partido, y a la propia Leire, con la que ha reconocido no llegó a firmar acuerdo alguno.

Otro de los enfrentamientos con Pedraz se ha extendido a la fiscal. Teijelo ha pedido saber de qué delitos se le acusa. El juez no ha sabido responder y la fiscal, Elena Lorente, ha dicho que no es el momento procesal para detallarlo. En ese momento, Teijelo ha esgrimido el auto de un juzgado de Madrid en el que se archiva la causa contra él por su supuesta participación en la misma trama que ahora se investiga en la Audiencia Nacional. Teijelo ha advertido a Pedraz que le están “confundiendo” con esta causa.

Al término de la declaración, Teijelo se ha dirigido a los medios y ha advertido de que con su imputación “se está cuestionando el secreto profesional y el derecho de todas las personas a que nadie escuche lo que habla con su abogado”. “No son solo los abogados los que están siendo perseguidos y especialmente los abogados que desempeñan defensa del Partido Socialista, sino que se está persiguiendo el derecho de la gente a que le defienda un abogado”, ha añadido.

Begoña Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para entregar su pasaporte. La entrega de esa documentación forma parte de la batería de medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a petición de las acusaciones ultras que sustentan la causa.  

La mujer del presidente del Gobierno ha accedido a la sede judicial en coche por el garaje después de que lo autorizara la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco, para así prevenir incidentes que pudieran poner en riesgo su integridad física. Su equipo de seguridad presentó un informe en el que subraya que “existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones, insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas”. 

Peinado acordó el pasado sábado enviar a juicio a Begoña Gómez, así como imponerle otras medidas cautelares, como la prohibición de salir de España o la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. La decisión del magistrado soliviantó al Gobierno y al PSOE, donde mantienen que la iniciativa de Peinado “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo. 

La entrega del pasaporte se ha producido apenas unas horas después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para dar explicaciones sobre el aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. “Para mí no es fácil hablar de ellos. Porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho Sánchez sobre su hermano, que fue juzgado recientemente; y su pareja.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

En su auto, el Peinado justificó que el hecho de que Begoña Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Apuntaba, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Tras trascender el auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El pasado lunes, la Comisión Permanente del CGPJ instó a la autoridad disciplinaria del órgano a investigar si Peinado incurrió en una infracción por hacer esta afirmación en su auto.

El 11 de diciembre de 2025 el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó la detención de tres personas en el marco de una causa que giraba en torno a la aerolínea Plus Ultra. Una de ellas era el empresario Julio Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador de una consultora denominada Análisis Relevante para que también había trabajado el exmandatario.

Ahora, gracias al chat que mantenían el expresidente y su secretaria Gertrudis Alcázar, y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha trascendido que cinco días después de que se produjera esa detención y tras la declaración de Julio Martínez ante el juez tras ese arresto -quedó en libertad con retirada de pasaporte-, el expresidente pidió a su empleada que le buscara “de cuándo es la primera factura de AR”. “24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel”, le respondió Gertrudis Alcázar tan solo un minuto después.

Al día siguiente, bien temprano, el expresidente volvía a escribir a su secretaria -a la que la UDEF asigna un papel relevante en esa presunta trama que se investiga y que se dedicaría al tráfico de influencias-. “Buenos días. Mira a ver cuantos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”, le inquirió. Una hora después tenía la respuesta: “8 de 2020 a 2025 de los cuales 3 han sido procesos electorales”.

Zapatero estaba recopilando datos que tenían relación con sus trabajos de consultor y que pudieran tener relación con Julio Martínez. De hecho se interesó por saber el porcentaje de IRPF que se le aplicaba. Gertrudis tenía todo en la cabeza y les respondió: “En las facturas el 15%, el final en el irpf está en torno al 40%”. Puesto que el expresidente no tenía claro si era la cifra adecuada, preguntó si ese era “el máximo”, a lo que le contestó que sí, “42,93% (23,04% estatal + 19,89% autonómico)”.

En esos días, el expresidente también canceló varios encuentros y comidas programadas, aunque del literal de los mensajes no queda claro que el motivo fuera la investigación abierta a su amigo y las detenciones realizadas. Una de esas citas era con la líder de Podemos, Ione Belarra. Además, arrancó contactos con periodistas que le solicitaban información sobre su relación con el detenido. “Confirma el inmobiliario. Confirma que no hice absolutamente ninguna gestión ante nadie. Y que tengo una larga amistad con Julio Martínez”, explicaba a Gertrudis.

Ya el 19 de diciembre de 2025, Zapatero se preparaba para tener toda la información que le pudiera afectar por la trama en la que acabó, meses después, siendo imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama: “Buenos dias. Vamos preparando: Viajes desde 2020 , con detalle actividad de los facturados. Porcentaje ingresos de AR (Análisis Relevante) en los últimos diez años”. Ante las dudas de Gertrudis, Zapatero indicaba que quería lista de “todos” los viajes y “más especificados con agenda los de AR” . Gertrudis le preparó un excel con todo lo que le requería.

El minuto a minuto de ese chat, que incluye hasta datos tan personales como las medicinas que toma el expresidente Zapatero, si salía a correr o el estado de salud de familiares y conocidos, refleja también una aparente primera reacción a la detención de su amigo. Era 15 de diciembre y ante la reflexión de Gertrudis que le dijo estar “preocupada no por los datos sino por la intencionalidad como se cuentan y por las lobas”, él le respondió que “todo eso va a ser inevitable”: “Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida”.

Tiempo después, ya en febrero de 2026, Zapatero pedía “hacer un expurgue de reuniones, actos, charlas almuerzos, zooms” que tuvieran cierto interés “para nuestro tema” desde 2020. También solicitaba “preparar una relación selectiva de conferencias o paneles internacionales”. “Los 20 más representativos empezando por Harvard y Oxford”, añadía.

Zapatero declaró ante Calama el pasado 17 de junio en calidad de investigado y, tras más de dos horas de un interrogatorio que fue capitalizado por el magistrado, el expresidente salió de la cita sin medidas cautelares a pesar de que la Fiscalía había pedido que se le retirara el pasaporte. Con todo, y según el auto de Calama de ese mismo día, el expresidente no logró convencerle con sus explicaciones y sostuvo, por tanto, que los indicios siguen intactos.

Entre los miles de chats que han visto la luz este miércoles, fruto de una conversación constante con su secretaria para que agendara reuniones, consta también una cita con el ministro de Justicia Félix Bolaños y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán previsiblemente el 24 de abril de 2025. Cerdán acabó siendo imputado en el caso de obra pública que inicialmente investigaba el Supremo y entró en prisión provisional a finales de junio. Ya el 19 de mayo de 2025 también se fija otra reunión en la que participarían tanto Zapatero como el diputado socialista leonés Javier Alfonso Cendón y Santos Cerdán.

Desde el PSOE han lamentado que se hayan filtrado numerosos mensajes privados de Zapatero sobre temas ajenos a la investigación judicial, así como citas de su agenda. “Es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia”, han señalado fuentes del partido. El Gobierno, en el mismo sentido, ha mostrado su “preocupación” por la frecuencia con que se dan filtraciones de este tipo en las causas judiciales: “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, añaden.

El comisario Andrés Gómez Gordo, suspendido de sus funciones por el procesamiento en el caso Kitchen, ha cerrado este miércoles su declaración con una frase que resume su carrera como policía: “Intentar medrar no es delito”. El agente no ha aludido a que para progresar haya tenido necesariamente que delinquir, pero se da la circunstancia de que se sienta en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, malversación y dos delitos contra la intimidad.

Gómez Gordo, además, tiene antecedentes por haber utilizado su posición de funcionario público, en concreto de policía, para propulsarse a otros destinos y ya instalado en ellos delinquir: está condenado por la Audiencia de Madrid a tres años y medio por prevaricación en concurso con malversación por el caso Ciudad de la Justicia, proyecto fallido del PP madrileño para el que fue elegido jefe de seguridad a razón de 6.000 euros mensuales y 100.000 de indemnización. En Kitchen es defendido por el despacho de abogados que representa a Víctor de Aldama y Julio Iglesias.

La afirmación “intentar medrar no es delito” fue pronunciada por Andrés Gómez Gordo cuando su abogada le preguntó por los intercambios de mensajes con el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, impropios de un jefe de Vigilancias de la UDEF, con un número dos de Interior. Gómez Gordo negó que la información que intercambió con el secretario de Estado sobre la operación Kitchen demostraran su implicación en el operativo ilegal y que respondían a esa intención de “medrar” con el político.

Los miembros de la brigada política del PP fueron recompensados con destinos 'dorados' y medallas pensionadas. El caso de Gómez Gordo es paradigmático. Estuvo cuatro años fuera de la Policía, trabajando para María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. No habían pasado seis meses de su reincorporación a la Policía en 2015 cuando fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito –destinada a quien ha puesto su vida en peligro– y que lleva un aumento de por vida del 10% en la mensualidad. Él ha dicho hoy que con esa condecoración le recompensaban toda su trayectoria en la Policía.

La versión del acusado es que el chófer de los Bárcenas –que también ha declarado este miércoles– se puso en contacto con él porque se conocían de la anterior etapa de Gómez Gordo medrando fuera de la Policía, concretamente a las órdenes del procesado por corrupción Francisco Granados cuando este era consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A Sergio Ríos, el chófer, le habían intentado captar “de forma brusca” Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y el conductor pensó en consultar a su antiguo amigo Andrés Gómez Gordo.

La versión de la acusación es que la magnitud del confidente, que tenía en sus manos recuperar el material que incriminaba a Mariano Rajoy y la cúpula del PP en el caso de la caja B, provocó el inmediato regreso de Gómez Gordo de Toledo a Madrid, con la bendición de su jefa allí, María Dolores de Cospedal. Él, sin embargo, ha contado que estaba harto de viajar con la presidenta autonómica y que habló con sus colegas en la policía para que le buscaran un puesto. Dio la casualidad que la jefatura de vigilancias de la UDEF estaba libre. Luego iría en “atribución especial de funciones” durante tres meses a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el nido de la brigada política del PP.

Gómez Gordo tuvo que encargarse de conseguir la cooperación del chófer de los Bárcenas, siempre por orden de sus superiores, y en lo que creyó siempre que era una operación legal contra “el delincuente número uno” en ese momento, Luis Bárcenas. “A mí el señor Ignacio López del Hierro jamás me dijo nada”. Esta es la vez que más cerca ha estado de mencionar el nombre de María Dolores de Cospedal, contra quien no se dirige la investigación gracias al empeño del juez instructor Manuel García Castellón por despreciar los indicios contra ella.

Villarejo, que llamaba 'Andy' a Gómez Gordo, escribió en sus agendas que este iba a aprovechar el verano para “copiar lo que le quitaron a LB (Luis Bárcenas)” y que se alojaba en un despacho de la DAO. Este miércoles, Gómez Gordo ha dicho que Villarejo escribiría eso porque “a lo mejor estaba cabreado” por la “guerra de comisarios” que se vivía entonces. El jefe de Asuntos Internos que ha investigado Kitchen dio total credibilidad a las agendas del comisario durante su declaración en el juicio: “Villarejo no se engañaba a sí mismo”.

Gómez Gordo fue protagonista del intento de 'blanquear' la operación Kitchen como una investigación para intentar descubrir dinero y testaferros ocultos de Bárcenas. Se trata de la tesis mayoritaria en las defensas para, ante las evidencias de seguimientos y robo de documentación, alegar que se trataba de una operación legal que, sin embargo, no conocían el juez ni los policías que de verdad investigaban a Bárcenas. El modo fue incluir en una base de datos los seguimientos para simular que los compartían con los auténticos investigadores.

“Lo único que he hecho es presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota a Gati [base de datos] porque me lo han ordenado, y hacer los pagos [de fondos reservados al chófer] porque me lo han ordenado. Me dediqué a cumplir las órdenes, ni siquiera fui a la DAO por decisión mía”, ha declarado Gómez Gordo.

Un arcón de Rosalía con doble fondo

Tras él ha sido el turno de Sergio Ríos Esgueva, el chófer de los Bárcenas que actuó como topo de la brigada política y al que Villarejo apodó 'El Cocinero' o 'Coci'. Policía suspendido en la actualidad, Sergio Ríos ha negado todos los hechos delictivos que se le atribuyen: no facilitó la clave del local de Rosalía Iglesias a la brigada política, tampoco le entregó tres dispositivos móviles en el Vips de Velázquez para ser clonados, ni robó papeles de la mujer de Luis Bárcenas para los comisarios acusados.

Ha explicado que él pensaba que estaba colaborando “con la Policía” y que Villarejo le dijo que él era “responsable de un grupo de inteligencia de la Dirección” del Cuerpo. También ha rechazado que además de los 2.000 euros mensuales como confidente fijo hubiera sido recompensado con el ingreso en la Policía a los 42 años y que el mérito fue solo de él. Villarejo comentó la idea de que ingresara en el Cuerpo al número dos de Interior para tenerle atado y que no desvelara la operación en el futuro. “Acaba de entrar una compañera de 53 años y otro de 51”, ha dicho Ríos ante el tribunal como argumento.

El chófer de la familia Bárcenas ha asegurado también que cuando llevaba a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, sufrieron seguimientos que, por su experiencia, no correspondían a policías ni a periodistas. La afirmación se ha producido durante las preguntas del fiscal Anticorrupción, pero por una aclaración que ha solicitado la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, quien ha apelado a su experiencia en seguridad para que diese su opinión sobre quiénes podían seguirles. “Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, que manifestó que tenía enemigos, más dentro del partido”.

Ríos Esgueva ha desvelado una característica del supuesto escondite de las grabaciones de Bárcenas a Rajoy que buscaba el operativo Kitchen que no había surgido hasta ahora en el juicio. El arcón –“cajonera”, le ha llamado él– tenía dentro dos cajones que al moverlos abrían un doble fondo, según le contó la propia Rosalía. Bárcenas dijo en su declaración que ahí guardó una copia de los audios con Rajoy, pero que al salir de la cárcel ya no estaban. El comisario García Castaño afirmó en fase de instrucción que cuando allanó el local dentro del arcón no había nada.

“*medrar: intr. Dicho de una persona: Mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc., especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias” (rae.es)

El juicio del caso Kitchen retoma su actividad tras dos semanas de paréntesis con la declaración de varios mandos de la brigada política que el PP utilizó para sabotear presuntamente el caso de la caja B y también para atacar a independentistas catalanes y Podemos. Entre ellos destaca Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal, quien regresó a la Policía para controlar la colaboración del topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer de la familia, que también declarará este mismo miércoles o en sesiones posteriores.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Andrés Gómez Gordo. Para entender su entidad en la trama sirve que es la misma condena que solicita el Ministerio Público para el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Gómez Gordo es el paradigma de la corrupción policial en democracia. Dos veces ha dejado la Policía para trabajar al servicio del PP, aunque cuando estuvo en servicio activo también se plegó a los intereses del partido, según se juzga en Kitchen.

Andrés Gómez Gordo trabajó para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. En ese periodo conoció al conductor del consejero, un tal Sergio Ríos, exmilitar y guardia de seguridad. De aquel periodo, el comisario Andrés Gómez Gordo se llevó una condena de tres años y medio de cárcel, impuesta por la Audiencia Nacional, en el caso Ciudad de la Justicia.

Su segunda excedencia en la Policía también está en el origen de su otro problema judicial, el caso Kitchen. Cospedal se llevó a Gómez Gordo a la Presidencia de Castilla-La Mancha y lo nombró director de Documentación. Esa denominación era una maniobra de distracción sobre las auténticas funciones del policía, espía para Cospedal y jefe visible de su escolta. Todavía queda la duda de si él informó de la posibilidad de captar al chófer de los Bárcenas o si la cúpula policial recurrió a él cuando Sergio Ríos rechazó colaborar con el primer comisario que se acercó a él, Enrique García Castaño.

Las pruebas contra Andrés Gómez Gordo son contundentes. Durante la instrucción y el juicio ha quedado acreditado que trató directamente con el topo y que le hizo entrega de partidas procedentes de los fondos reservados. Lo cierto es que Andrés Gómez Gordo dejó su trabajo en Toledo para regresar a la Policía. El comisario Eugenio Pino lo ubicó como jefe de vigilancias de la UDEF, aunque compaginaba su destino con la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Al poco de regresar al Cuerpo fue condecorado con una medalla pensionada.

Además, Gómez Gordo aparece también en los estertores de la operación Kitchen en un episodio destacado. Fue el policía encargado de intentar 'blanquear' el operativo. Ingresó datos sobre los seguimientos a la familia Bárcenas en una base de datos policial para poder argumentar que compartieron el operativo con los verdaderos investigadores de los casos Gürtel y caja B. Ocurrió en 2015, dos años después del episodio central de la operación Kitchen.

La Fiscalía Anticorrupción cree que se trata de una maniobra de distracción en la línea de defensa de todos los acusados: si hay seguimientos acreditados a la familia Bárcenas, si los pagos al chófer con fondos reservados están demostrados, es porque hubo un operativo, pero fue legal. Se trataba, defienden todos ellos, de descubrir el dinero supuestamente escondido por Bárcenas y sus testaferros. La versión de la acusación es que eso es solo una excusa: los policías, por orden de Interior, buscaban los discos duros con las supuestas grabaciones de Rajoy hablando de la caja B. Solo querían ponerlas a salvo del juez Pablo Ruz, como confesó el propio García Castaño en fase de instrucción.

Gómez Gordo desvinculó a su antigua jefa, María Dolores de Cospedal, de cualquier conocimiento de la Operación Kitchen. También al exmarido de esta, el empresario Ignacio López del Hierro. Gómez Gordo es defendido por el prestigioso y caro despacho de José Antonio Choclán, defensor de Víctor de Aldama o Julio Iglesias, entre otros. El mismo despacho defiende a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad que ha amagado en varias ocasiones con elevar las responsabilidades de la operación Kitchen pero finalmente ha guardado silencio.

El chófer y topo Sergio Ríos

Después de Gómez Gordo llegará el turno para Sergio Ríos, el chófer recomendado a Bárcenas por el jefe de seguridad del PP para que se pusiera al servicio de la familia. Ríos se convirtió en indispensable cuando el extesorero fue enviado a prisión provisional en junio de 2013. Pero no solo para la familia, también para la brigada política del PP. Cobró en dos años más de 50.000 euros de los fondos reservados y se garantizó el ingreso en la Policía a los 42 años, tal y como propone Villarejo en un audio incorporado a la causa.

Sergio Ríos está hoy suspendido de empleo y sueldo e intenta defender que él creía que colaboraba con una investigación judicial. Robó tres dispositivos móviles a la familia para que los clonara la brigada política, sustrajo notas de Rosalía Iglesias e informó de todos los movimientos de la mujer de Bárcenas. Anticorrupción pide para él 12 años y 5 meses de cárcel.

A continuación declararán José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, que ejercieron en diferentes periodos de mano derecha de Eugenio Pino, el jefe de la brigada política del PP. Ambos están implicados en todas las maniobras de la guerra sucia del PP si bien su participación en la operación Kitchen es tangencial.

Cerrará el turno de declaraciones José Luis Olivera, el comisario que participó en la operación Cataluña e impulsó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Está previsto que el juicio acabe el 30 de julio con los informes finales de las partes y el visto para sentencia.

Un comandante que actúa como secretario del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que, durante la investigación interna por filtraciónes periodísticas, dos jefes del teniente coronel Antonio Balas negaron sentirse presionados por la apertura de las informaciones reservadas.

Ante el juez Santiago Pedraz, el comandante ha puesto de manifiesto que los generales habrían cambiado el sentido de su declaración cuando les interrogó posteriormente el teniente coronel Balas, antiguo subordinado suyo que dirige la investigación del caso Leire. Durante esta última, cuando la UCO irrumpió en la sede de la Guardia Civil, ambos aseguraron haber sido presionados por sus superiores en los casos que afectan al PSOE y al Gobierno, ha añadido el testigo.

Una de las tesis de Balas y sus subordinados de la UCO es que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, abrió tres investigaciones internas influida por Leire Díez, con quien habría mantenido al menos dos reuniones. González explicó en el Senado que esas tres informaciones reservadas –paso previo a un posible expediente– se abrieron por la publicación en medios de tres informaciones en las que se revelaban los correos del presidente del Gobierno y su mujer, aparecían Whatsapp de Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno con José Luis Ábalos y, en tercer lugar, por la portada de un periódico en la que se llamaba al DAO, teniente general Llamas, “peón de Marlaska”.

Solo una de las tres informaciones reservadas implicó la toma de declaración al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y al general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. Ambos, según el secretario del DAO, no dijeron sentirse presionados durante ese testimonio a nivel administrativo, pero luego, ante Balas, como policía judicial, afirmaron que sí sintieron esa presión, ha dicho el comandante, según fuentes presentes en su declaración. Tanto López Malo como Yuste prestarán declaración como testigos el próximo viernes ante el juez de la Audiencia Nacional.

Este martes también ha declarado el general jefe del Servicio de Información que elaboró la primera nota en la que se advertía a la escala de mando que había una conspiración del grupo de Leire Díez para desacreditar a la UCO. Ha declarado que el SIGC obtuvo esa información de una fuente que no ha querido identificar y que también incluyeron el contenido del vídeo que se publicaría después en el que Leire dice que quiere ver a Balas “muerto”.

La sentencia de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos dibuja un horizonte de reinserción extremadamente complicado debido a su edad, 66 años. La Ley Orgánica General Penitenciaria establece que para los primeros permisos de salida, con un máximo de siete días fuera de prisión, el condenado debe haber cumplido una cuarta parte de la condena, en este caso 5 años de los 20 máximos. De este modo, Ábalos no pondría un pie en la calle hasta noviembre de 2030, con 71 años.

Para salir en libertad condicional el reo debe estar clasificado en tercer grado y haber cumplido tres cuartas partes de la condena, o dos terceras partes si concurren requisitos adicionales, como una evolución favorable o trabajos en la cárcel. Eso sitúa a Ábalos saliendo de prisión con 79 años cumplidos, en el cálculo más favorable de ambos. Para ello debe haber cumplido con la responsabilidad civil que se le haya impuesto y tener una progresión satisfactoria en prisión.

Ábalos todavía está siendo investigado en la Audiencia Nacional por otra causa de corrupción. Sin embargo, sería complicado que, en el caso de ser condenado por segunda vez, no se aplique la acumulación de condenas y los 20 años de máximo cumplimiento sigan vigentes para cualquier cálculo que afecte a los permisos o la libertad condicional, indican fuentes penitenciarias. 

Solo hay un mecanismo dentro del Reglamento Penitenciario, y que por tanto corresponde aplicar a la Administración, que le permitiría salir a la calle antes, el artículo 100.2. Como el resto de decisiones en esta materia es supervisado por un juez. Para su aplicación, la Administración Penitenciaria debe concluir que el recluso necesita de “un grado específico de tratamiento que de otra forma no puede ser ejecutado”. 

Ábalos será clasificado, con toda seguridad, en segundo grado, como ocurre con la mayoría de los condenados que no han sido conflictivos en su periodo de prisión provisional. El 100.2 permite combinar aspectos de los diferentes grados, también el más ventajoso, el tercero, y le supondría, por ejemplo, poder salir a trabajar a diario. La única condición para examinarlo sería que ya esté clasificado. En cualquier caso, las aplicaciones del 100.2 son muy excepcionales y han correspondido a presos con largas condenas que ya han cumplido bastantes años en prisión.

El artículo ha sido objeto de varias polémicas. La última, su aplicación por el Gobierno vasco a antiguos miembros de ETA con crímenes de sangre. Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, antigua jefa de la banda, había cumplido 22 años en la cárcel, entre Francia y España, cuando se le aplicó. Gregorio Vicario Setién, ‘Santi’, está condenado a 236 años de cárcel por, entre otros delitos, dos asesinatos. Recibió recientemente el 100.2, una jueza lo revirtió y la Sala de lo Penal terminó dando la razón al preso. Llevaba 25 años en la cárcel. 

El exministro de Transportes cumplirá su condena en una prisión próxima a donde tenía establecido su domicilio o resida su familia. La prisión donde está ingresado de forma preventiva, Soto del Real, se suele destinar a quienes, como él hasta el día de hoy, no habían sido aún condenados. Al no haber sido juzgado por la Audiencia Nacional será el magistrado de Vigilancia Penitenciaria que tenga asignada la prisión a la que sea enviado quien revise las decisiones de Instituciones Penitenciarias sobre Ábalos. 

Algunos de los de delitos que ha cometido José Luis Ábalos, como cohecho o tráfico de influencias, le permitirá acogerse al Programa de Intervención de Delitos Económicos (PIDECO) que puso en marcha la actual administración penitenciaria y que ya han cumplimentado otros presos conocidos como Iñaki Urdangarin, Francisco Correa o Luis Bárcenas. No conlleva ningún beneficio automático, pero es valorado por Instituciones Penitenciarias dentro de los programas específicos de reinserción. 

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La sentencia del Tribunal Supremo considera probados casi todos los aspectos de la acusación que ejerció la Fiscalía Anticorrupción sobre esta trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes, sobre todo durante la pandemia. Los tres, dice el Supremo, vieron una “oportunidad” en que Ábalos fuera ministro y constituyeron una “organización” para “obtener un común beneficio económico”.

Hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas salidos de Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados. La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.

También considera probado que Ábalos recibió diversas dádivas a cambio: 10.000 euros al mes por gastos además de la contratación de dos mujeres de su entorno en empresas públicas y el pago de un piso a una de ellas. Finalmente consideran delictivo el alquiler de un piso a cambio de “gestiones relacionadas” con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Al empresario Víctor de Aldama los siete magistrados de la Sala de lo Penal le imponen cuatro años y medio, por lo que reducen la petición que solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación siguiendo así el camino que les marcó tanto el PP como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que consideraban que, dada su colaboración con el esclarecimiento de los hechos, era merecedor de ampliar la reducción de la pena.

Los jueces de la Sala de lo Penal atribuyen delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación al exministro de Transportes. En su caso la condena supera los 24 años de cárcel pero el cumplimiento efectivo entre rejas, explica el Tribunal Supremo en su resolución, no podrá pasar de los 15 años y 8 meses. Koldo García, de la misma manera, pasará un máximo de 15 años en la cárcel aunque su condena sea de casi dos décadas.

Jessica Rodríguez, “un plan de actuación” de Ábalos

Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la sentencia da por probado que Ábalos, “aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que ella fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”. 

En esta ocasión, Ábalos se ayudó de Koldo García “como solía”, según recoge el fallo. En primer lugar, García le habría encontrado el trabajo y después se habría encargado de “eludiera o sorteara” los controles y no tuviera que acudir a su puesto. 

La sentencia deja claro que Koldo García implicó en los hechos a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entonces, pero que ella es “no juzgada en esta causa”. “Se decidió que la empresa contratante sería la sociedad estatal de Ingeniería y Consultoría (INECO)”, dependiente de Adif. Cuando acabó el contrato con Ineco, Koldo García volvió a recurrir a Pardo de Vera para que fuera contratada en otra empresa pública, Tragsa. 

Hay otra persona que participó en la corruptela y que no es juzgada en el Supremo, según se encarga de señalar el tribunal. En este caso se refiere a Joseba García, hermano de Koldo, al el grupo utilizó para que Jessica Rodríguez pudiera decir que trabajaba directamente a las órdenes de este en Ineco.

Jessica Rodríguez recibió 34.450 euros brutos como salario y ADIF nunca mostró “reserva alguna o se mostrará disconformidad con relación al desarrollo del contrato”. A los tres días de acabar el contrato con Ineco, Jessica Rodríguez fue contratada en Tragsa. Para ello, Pardo de Vera dio instrucciones a otro cargo del Ministerio que tampoco fue juzgado en el Supremo. 

Cuando los responsables de Tragsa pidieron explicaciones por la falta de asistencia al trabajo de Jessica Rodríguez fue el ministro en persona quien indicó a Pardo de Vera que su amiga no fuera molestada, como así ocurrió, según relata el fallo. De Tragsa, Rodríguez cobró 9.500,4 euros netos. 

La sentencia se detiene en explicar que el Ministerio de Transportes hizo pública una nota de prensa para “tranquilizar” a los acreedores de Air Europa en plena pandemia y que eso ocurrió por las gestiones de Víctor de Aldama, que cobraba más de 12.000 euros al mes de la compañía. La nota se redactó e hizo pública “con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos”.

Ábalos disfrutó nueve días de un chalet en Marbella con su familia “en pago a las gestiones realizadas en relacion con el rescate de Air Europa”, añade el fallo.

El chalet de La Alcaidesa, cohecho pero no tráfico de influencias

La sentencia absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias por las gestiones realizadas para que Villafuel, una empresa de Claudio Rivas, obtuviera una licencia de hidrocarburos. En el trámite habrían participado Carmen Pano –quien asegura que llevó dinero en efectivo a Ferraz– y su hija Leonor, antigua novia de Aldama, así como el empresario juzgado.

El Supremo se refiere aquí al tráfico de influencias, en una jurisprudencia de máxima actualidad por casos como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Explica que no trataron de influir a los funcionarios que debían conceder la licencia porque Koldo García consiguió una reunión en Industria y el trámite debía hacerse ante Energía. 

Sin embargo, los jueces consideran acreditado que Ábalos disfrutó durante nueve meses del chalet en La Línea de la Concepción como pago a sus gestiones para que Villafuel obtuviera la licencia y, en consecuencia, es condenado por cohecho activo. 

Todo comenzó cuando parecía que se iba a conceder la licencia pero al fracasar, Rivas cortó la luz y el agua del chalet. Ábalos ordenó que le robaran el suministro a los vecinos para asegurar el agua y la luz hasta que se repusiera. José Luis Aldama, que estaba en el centro de la gestión con Ábalos, es condenado por cohecho activo. 

El origen de la trama, según la sentencia

La sentencia del Tribunal Supremo hace una breve introducción de la trayectoria de los acusados. De Koldo García dice que llegó a conductor de Ábalos porque así se lo recomendó el entonces secretario de Política Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán. “Más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo García ofrecería también a José Luis Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo secretario de Organización del partido”, cuenta el fallo. 

El Supremo no llega tan lejos como el primer instructor del caso Cerdán, Leopoldo Puente, que instauró la tesis de que la decisión de colocar a Koldo García al lado de Ábalos fue un plan reconstituido por Santos Cerdán para articular la trama de corrupción, pero avisa que existe una “organizción criminal” en la que participan terceros que no han sido juzgados en el Supremo.

Enseguida se fraguó una relación de confianza entre Koldo García y Ábalos y este le nombró uno de los cinco asesores de confianza que podía contratar y además le situó en el consejo rector de Puertos delEstado y después en el de Renfe. “Convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales”, recogen el fallo. 

“Fue la mano derecha de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio, hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras administraciones públicas se sobreentendía que Koldo Garcia era el fiel transmisor de sus decisiones. También, Koldo García manejó las distintas fuentes de dinero en efectivo de José Luis Ábalos que, en ocasiones, se confundían con las propias”, añade el fallo. 

El fallo dice que tras los dos viajes a México en los que participó Aldama dentro de la delegación española encabezada por el ministro de Transportes, “pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico”. 

“Con tal ánimo de enriquecimiento –prosigue–, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España, y también en el Partido Socialista, este podría favorecer , a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas”.

La condena que pedía la Fiscalía

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo tras 14 jornadas y después de que pasaran por el plenario decenas de testigos. Ábalos y su mano derecha se enfrentaban a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía y la acusación popular que lideraba el PP defendieron que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. La tesis era que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros.

Luzón sostuvo en el juicio que para esas adjudicaciones irregulares fue determinante el pago recurrente por parte de Aldama de una suerte de sueldo mensual de 10.000 euros en efectivo que abonó a Koldo García para que lo repartiera con su jefe. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 fueron el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Tanto el exministro como su asesor negaron en el plenario haber recibido ese tipo de pago por parte de Aldama.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado ha tomado la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

La carrera empresarial de Alberto González Amador ha cambiado radicalmente desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus sociedades llegaron a multiplicar por siete la facturación al Grupo Quirón a partir del inicio de la relación sentimental entre el empresario y la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización de parte del servicio sanitario que lleva a cabo el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, con alrededor de 1.000 millones de facturación anual salidos de las arcas públicas. 

Un escrito de la Agencia Tributaria remitido al juzgado que investiga a González Amador ha permitido aflorar el negocio del novio de la presidenta con Quirón Prevención desde que son pareja. elDiario.es reveló hace dos años que en 2021, cuando comenzó la relación, los ingresos de González Amador procedentes de Quirón se multiplicaron por cuatro respecto del ejercicio anterior. Ahora, gracias al escrito de Hacienda, trasciende que los ingresos del empresario y comisionista no dejaron de crecer en los dos años posteriores, 2022 y 2023. En total, desde que arrancó la relación, González Amador ha multiplicado por siete sus ingresos del gigante de la sanidad privada. 

La pandemia resultó una oportunidad de negocio para el empresario. En 2020 obtuvo los dos millones de euros en la comisión que está bajo el foco de la investigación. Esa operación lleva aparejada un presunto soborno a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, pero también consejero entonces de otra empresa con la que habría orquestado el ‘pelotazo’ de las mascarillas para su amigo y del que luego se habría llevado una parte. 

En cifras de negocio total, la principal empresa de González Amador, llamada Maxwell Cremona SL, pasó de facturar 357.773,87 euros en 2019 a más de 2,33 millones en 2020. Fue el resultado de la comisión de las mascarillas y no de la que había sido su principal fuente de ingresos hasta entonces y que lo siguió siendo en los años posteriores.

En mayo de 2021, una revista del corazón retrató el viaje a Ibiza de la presidenta con su nueva pareja sentimental, al que presentaba como un “técnico sanitario”. Fue en ese ejercicio cuando Quirón Prevención, que llevaba contratando la consultoría de González Amador desde 2017, decidió regarle de encargos. Hasta acabar 2021 con 1.078.412 euros de ingresos procedentes de Quirón, cuatro veces más que el año anterior y el triple de lo que facturó la empresa de González Amador en 2019.

Esos trabajos para Quirón siguieron en ascenso. En 2022, González Amador rozó los 2 millones de euros de facturación al gigante sanitario (1.956.449). En 2023, la cifra de ingresos fue de 1.401.634, cuatro veces más de lo que facturaba a Quirón previo a la pandemia y antes de compartir su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El informe de Hacienda no recoge las cifras de los ejercicios 2024 ni 2025.

En total, Hacienda ha cifrado ahora en 4,43 millones de euros las cantidades cobradas por la pareja de Ayuso del grupo sanitario en el periodo 2021-2023. De 2020 hasta 2023, la cifra asciende a 4.711.768,83 euros.

En la tarde de este jueves, Miguel Ángel Rodríguez intentó desacreditar las informaciones basadas en el escrito de la Agencia Tributaria. El jefe de gabinete de Ayuso publicó en X: “El último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van pa’lante”. Después, en declaraciones a El País, Rodríguez añadió que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”

Las revelaciones sobre la relación comercial del novio de la presidenta y Quirón responden a que la Agencia Tributaria ha tenido que informar al magistrado del caso sobre González Amador de que tiene abiertas unas inspecciones a Quirón y a su matriz. Consciente de que hay una causa judicial que se solaparía con su trabajo de inspección, la Agencia Tributaria necesita de una orden judicial para detener la parte coincidente.

Así lo establece la La Ley General Tributaria, que prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. 

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El escrito de Hacienda se limita a trasladar al juzgado unos datos básicos de su inspección para que el juez Antonio Viejo pueda decidir. Así, la Agencia Tributaria asegura que su departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz de Quirón en España, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo. 

Además, Hacienda confirma que la división que preside Fernando Camino y a la que factura González Amador, Quirón Prevención, tiene abiertas inspecciones por el Impuesto sobre Sociedades entre los ejercicios 2020 y 2023, del IVA entre 2021 y 2023 y de retenciones e ingresos a cuenta en este mismo periodo, como avanzó elDiario.es a finales de mayo. 

En el mismo sentido informó al juzgado de la inspección que llevaba a Gloria Carrasco, que avanzó este medio el pasado 26 de febrero. De igual forma, este periódico desveló este jueves que la Agencia Tributaria ha hecho lo propio con Fernando Camino, marido de Gloria Carrasco y presidente de Quirón Prevención.

Negocios y una comisión entre viejos amigos

Quirón Prevención, Fernando Camino, Gloria Carrasco y Alberto González Amador son algunos de los protagonistas de la investigación judicial que complica el futuro de la pareja de Ayuso. El empresario y comisionista será juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos al haber dejado de pagar 350.951 euros a Hacienda en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

El año de la pandemia, 2020, fue el del despegue empresarial de González Amador, previo al empuje que le dio Quirón Prevención a partir de 2021, cuando ya era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero ese despegue le ha valido ya a González Amador una petición de casi cuatro años de cárcel al empresario por intentar engañar a Hacienda con una trama de facturas falsas. No quería que Hacienda participara, como debía, de su gran éxito: la comisión de casi 2 millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas para la compraventa de más de 42 millones de euros en material sanitario. 

Es en este punto donde emerge la figura de Fernando Camino. La investigación ha determinado que el presidente de Quirón Prevención y González Amador tienen relaciones comerciales desde al menos 2014. En 2020 habrían ideado el siguiente plan: Camino era, además de presidente de Quirón Prevención, consejero de una empresa gallega llamada Mape. De otro lado, González Amador había conseguido que la sociedad catalana FCS le asegurara un porcentaje del 4,5% de las ventas que consiguiera. Y allí estaba su amigo Camino, quien logró que Mape comprara a FCS 42 millones de euros en material sanitario para la pandemia. Resultado: Alberto González Amador ingresó más de 1,9 millones de euros, el negocio de su vida.

La Fiscalía, las acusaciones populares y los dos jueces que ha tenido el caso sospechan que Camino no hizo aquello a cambio de nada. Tras cobrar la comisión, González Amador compró a la mujer de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza SL. La empresa había facturado apenas 30.000 euros el ejercicio anterior. Contaba con tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. No tenía empleados. El novio de Ayuso pagó, sin embargo, medio millón de euros por la sociedad. La acusación concluye que es el porcentaje pactado con Fernando Camino por facilitar su pelotazo de las mascarillas desde Mape. 

Los informes de la Agencia Tributaria no han sido los únicos documentos incorporados recientemente a la pieza separada por el presunto “soborno” de González Amador al presidente de Quirón y consejero entonces de Mape. La anterior jueza del caso, que se jubiló el pasado verano, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que actuara como policía judicial del caso. La complejidad que había alcanzado y su alcance nacional así lo aconsejaban. Ha tenido que pasar casi un año para que los guardias civiles se hayan podido poner a trabajar. Ha ocurrido cuando el nuevo juez ha autorizado que accedan, únicamente, a las cuentas bancarias de los dos investigados, González Amador y Gloria Carrasco. 

La UCO llevaba desde diciembre de 2025 esperando la autorización del juez, tal y como desveló elDiario.es. El 19 de ese mes entregaron un oficio al magistrado Antonio Viejo con sus primeras valoraciones de la documentación incluida en la causa. Con ellas justificaban las peticiones a Viejo para empezar a investigar. Los guardias civiles, tal y como les apuntó la anterior jueza, ya advierten en su informe que sobre los hechos planea la comisión de un delito de blanqueo de capitales, que sumar al de corrupción en los negocios y administración desleal.

Entre esas valoraciones, la UCO aprecia que la sociedad que compró González Amador, Círculo de Belleza SL –y que rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL– “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón Prevención. González Amador había dejado de facturar a la empresa sanitaria solo con Maxwell Cremona, su principal empresa, para incorporar a la empresa que había comprado a la mujer del directivo de Quirón. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó durante un mes y medio la información de la causa contra el empresario y comisionista Alberto González Amador y concluyó, de forma provisional, que una de sus empresas “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que facturaba a Quirón Prevención, división de la empresa de la sanidad privada que recibe fondos de la Comunidad de Madrid que alcanzan los mil millones de euros anuales.

La Guardia Civil alude a en un atestado a Masterman & Whitaker, la empresa que rebautizó González Amador tras comprársela a la mujer de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención del que depende la práctica totalidad de la facturación de la principal sociedad de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona. “Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría”, dice el informe.

Además, cuando la empresa cae en manos de González Amador dispara su facturación a Quirón Prevención. En 2021, el año en el que consta la primera noticia de la relación del comisionista con la presidenta madrileña, ya alcanza los 327.300 euros, multiplicando por diez los ingresos respecto de cuando la compró. Ese incremento espectacular de facturación se debe en exclusiva a los trabajos que el encarga Quirón Prevención, que dirige el marido de la antigua dueña de la empresa.

Coincidiendo con lo que ya analizó Hacienda, los medios de Círculo de Belleza –luego Masterman– “estarían totalmente amortizados”, remarca la UCO. Esos medios consistían en tres instrumentos de depilación y un ordenador portátil. No tenía empleados y el último ejercicio facturó menos de 30.000 euros. Aun así, González Amador pagó a la mujer de su amigo medio millón de euros.

El informe de la UCO está fechado el 19 de diciembre, momento en el que, como adelantó elDiario.es, solicitó al juez Antonio Viejo una serie de diligencias a practicar dentro de la pieza separada que se investiga por corrupción en los negocios y administración desleal.

La Guardia Civil investiga blanqueo de capitales

Tal y como apunto la anterior jueza, que implicó a la UCO en la investigación, la Guardia Civil ya plantea en su informe inicial que la pareja de la presidenta madrileña también haya cometido blanqueo de capitales. La orden que recibieron los guardias civiles, en este sentido, es “determinar si el producto de dichas activiades presuntamente delictivas [una comisión de mascarillas] se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.

La investigación, según revela la UCO, acumula ya cuatro tomos. Solo han declarado como investigados hasta ahora González Amador y Gloria Carrasco. Los tiempos del actual juez prometen que uno de los principales implicados en la trama, Fernando Camino, no declare hasta dentro de meses.

Esta pieza indaga en la compra por González Amador de una empresa sin apenas valor por la que pagó medio millón de euros. La dueña era Gloria Carrasco, esposa del directivo del presidente de Qurión Prevención, Fernando Camino, que es el principal contratista de la pareja de Ayuso desde al menos 2017. Los investigadores creen que el medio millón encubría el pago de una parte de la comisión por una compraventa de mascarillas en la que Fernando Camino habría ocultado su participación.

La operación es, según la Fiscalía, un presunto “soborno” a Camino. Este era también consejero de una empresa gallega denominada Mape y desde su sillón habría maniobrado para que la empresa comprara 42 millones de euros de material sanitario en pandemia a una empresa catalana, FCS. Esta sociedad había pactado previamente una importante comisión con González Amador. El novio de Ayuso y el directivo de Quiron se habrían concertado y después repartido la comisión, que rozó en total los 2 millones de euros.

Antes de que González Amador comprara esa empresa sin apenas valor, Círculo de Belleza, tanto Fernando Camino como el hermano de Gloria Carrasco vendieron sus acciones en fechas previas a la farmacéutica. La UCO considera en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, que es “significativo las importantes diferencias entre los precios abonados por las participaciones de la mercantil Círculo de Belleza en un corto periodo de tiempo” antes de la venta por medio millón de euros. Esto es, las acciones se vendieron por un precio muy pequeño en comparación con la venta posterior de la empresa.

La Guardia Civil recoge los datos recabados por Hacienda en la investigación que dio origen al procedimiento judicial por fraude fiscal contra González Amador, una pieza principal distinta de esta que está pendiente de juicio. Así, reproducen que el hermano de Carrasco y su marido –el directivo de Quirón– vendieron a la otra socia, Gloria, el 40% que le quedaba por tener de la empresa. Cada participación fue adquirida a 60,60 euros el 11 de septiembre de 2020. El 4 de diciembre de ese año, tres meses después, González Amador compra el 100% de Círculo de Belleza a 1.514,65 euros por cada participación, cuarenta veces más caras.

González Amador compró Círculo de Belleza a través de su sociedad principal, Maxwell Cremona SL, y le puso de nombre Masterman & Whitaker. El 16 de diciembre de 2021, Alberto González Amador adqurió Masterman a su sociedad Maxwell y pagó 10 euros por participación, muy lejos de los 15.14,65 euros que pagó a la mujer de Fernando Camino un año antes.

Un “soborno” por una comisión de mascarillas

Además, la Unidad Central Operativa dice que “parece lógico” que, al menos, parte de los fondos utilizados para comprar Círculo de Belleza SL, “tendrían su origen precisamente” en la comisión de dos millones de euros que consiguió la pareja de Ayuso gracias a la actuación encubierta de Fernando Camino.

En diciembre pasado, la UCO ya se quejaba al juez de que no había tenido acceso a toda la documentación del caso. El pasado 11 de junio, hace una semana, elDiario.es publicó que por fin el juez autorizaba a la Guardia Civil a acceder a las cuentas de González Amador y Gloria Carrasco, pero que le denegaba, por el momento, acceder a la información sobre sus sociedades y datos tributarios, cuya petición argumentan los investigadores en el informe que hoy revela este medio.

La Guardia Civil entró en el caso de la pareja de Ayuso por orden de la anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, que se jubiló en verano. El actual titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, se incorporó en octubre, envió la documenación a la UCO en noviembre y ha accedido a las peticiones que recibió de la Guardia Ciivl en diciembre hace una semana. En el auto tumba dos de las tres solicitudes de los agentes.

La Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los inicios de la pandemia. 

Según un informe al que ha tenido acceso elDiario.es, la Agencia Tributaria inició en junio de 2025 una comprobación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2020 de este empresario. Al constatar que esos hechos ya están siendo investigados por un juzgado de Madrid, lo pone en conocimiento del magistrado Antonio Viejo para que paralice ese procedimiento inspector. 

Los hechos investigados se centran en la compraventa de participaciones de Círculo de Belleza SL, una empresa sin empleados. En septiembre de 2020, apenas un mes después de que la pareja de Ayuso cobrase el segundo plazo de la comisión de 2 millones, el directivo de Quirón Prevención le vendió a su mujer, Gloria Carrasco, el 20% de esa sociedad. Lo mismo hizo el hermano de la mujer, quien también le vendió su 20%. Poco después, esta farmacéutica de León vendió a la pareja de Ayuso el 100% de la sociedad por 499.836 euros. 

Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal a la que se enfrenta González Amador en el mismo juzgado que ya le ha enviado al banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos.

La anterior jueza del caso y el actual instructor, la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Fernando Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que ese desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

El caso Zapatero dio este miércoles una vuelta de tuerca tras la declaración del expresidente socialista, que no logró cambiar las sospechas del juez sobre los indicios de delito. Según el instructor, esos indicios siguen intactos después de que José Luis Rodríguez Zapatero tuviera la primera oportunidad de aclarar si el relato contenido en el auto de imputación se basaba en meras conjeturas.

El juez José Luis Calama respondió en dos direcciones después de escuchar casi dos horas al exdirigente: por un lado, evitó convertir el acto en un espectáculo, lo que habría ocurrido en caso de imponer medidas cautelares a alguien que tiene imposible fugarse y, por otro, dejó claro que Zapatero no dio una sola explicación razonable que descarte las sospechas previas de que cobró a cambio de mediar en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias.  

Las tablas perjudican al expresidente. Los informes de la UDEF presentan inferencias de tal magnitud que conducen a la imputación de varios delitos a Zapatero, quien trasladó a través de su entorno que el contenido de los mismos le provocaba indignación. En la Audiencia Nacional tuvo la oportunidad de presentar documentación y ofrecer explicaciones precisas que diluyeran la fe de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama en las tesis policiales. Pero no lo hizo, según concluye el juez instructor en el auto donde descarta imponerle medidas cautelares y, al tiempo, deja claro que no ha creído sus explicaciones. 

Hay dos asuntos capitales de los que Zapatero se marchó de la Audiencia Nacional sin dar explicaciones suficientes, según refieren fuentes de la investigación: qué trabajos hizo que justifiquen el medio millón de euros que le pagó Análisis Relevante –la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez– y el papel de sus hijas en la supuesta trama investigada, que cobraron 800.000 euros de empresas vinculadas a sus negocios.

Los dos aspectos resultan clave porque la Audiencia Nacional cree que Zapatero cobraba de Análisis Relevante por unos informes inexistentes que, en ocasiones, se presentaban incluso como “verbales”. De esta forma, él y su pagador, Julio Martínez Martínez, habrían disimulado el verdadero motivo de los desembolsos, la intercesión del expresidente en el rescate de Plus Ultra por medio del tráfico de influencias, así como en otras operaciones de compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores. 

Plus Ultra, que opera la línea Madrid-Caracas, tenía contratado a Julio Martínez Martínez como una especie de conseguidor para resolver sus problemas en Venezuela. La aerolínea le pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros entre 2020 y 2024. En ese mismo período de tiempo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. 

Ante el juez, Zapatero defendió que no ejerció ninguna influencia para favorecer que la aerolínea lograra el rescate de 53 millones de euros en plena pandemia. Respecto a los pagos que recibió de Análisis Relevante, dijo que eran a cambio de trabajos de asesoría y que cobraba por ellos a final del año de forma conjunta, si bien no aportó documentación u otro tipo de pruebas que sustentara su relato. También ha entregado un escrito con su “consentimiento expreso” a comprobar que no tiene activos fuera de España.

El segundo aspecto que quedó sin dilucidar y que aboca a una próxima investigación a las hijas de Zapatero –el PP, como acusación popular, ya ha pedido que se las investigue– son precisamente los 239.755 euros que la empresa de ambas recibió de Análisis Relevante. Y también el más de medio millón de euros que su agencia recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Tanto esta última sociedad como Inteligencia Prospectiva son dos empresas fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Las fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es trasladan la sensación de que Zapatero llegó a desentenderse durante el interrogatorio de cualquier explicación que tuviera que ver con la facturación de las empresas de sus hijas. Sostienen que el expresidente se habría dedicado, en este tema, a “soltar lastre” y que sean las hermanas quienes ofrezcan explicaciones si son llamadas a declarar. 

Las conclusiones provisionales de los investigadores pasan porque Zapatero no realizó servicios reales a la consultora de su amigo y que, por tanto, resulta difícil que pueda explicar la “confusión” entre los pagos por sus supuestos trabajos y los que hacía la agencia de sus hijas, indican las fuentes consultadas por este medio. 

Las mismas fuentes consideran “muy significativo” que Zapatero no haya dado explicaciones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina —ha pedido al juez unos días para poder precisar el origen de las mismas— y cuyo valor supera los 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por la Policía. Aluden a que, aunque puede faltar documentación, hay preguntas como quién se las entregó, cómo y dónde cuyas respuestas no necesitaban mayor preparación. Zapatero ha trasladado su intención de que en el plazo de una semana o diez días haya podido recabar todas las explicaciones al origen supuestamente lícito de esas joyas. 

El juez se desmarca de Anticorrupción 

El auto de este miércoles evita la asunción de la tesis policial que consideraba a Zapatero el jefe de una organización concertada para delinquir. En todo caso, la resolución sobre las medidas cautelares debe ser necesariamente más concreta que la que motiva una imputación. De hecho, resume los principales indicios que ya figuraban en el primer auto y no se detiene, siquiera, en precisar por qué delitos se investiga en este momento a Zapatero. 

En este sentido, el texto advierte de que la investigación todavía puede crecer de forma que consolide los indicios contra el expresidente, pero también en el sentido contrario, demostrando su inocencia. No obstante, subraya que la información encontrada en los móviles incautados el pasado noviembre cuando estalló el caso, sumados al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. 

A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado reitera que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

A diferencia de lo que ocurrió con la imputación, el juez Calama optó por discrepar este miércoles de la Fiscalía. La representante de Anticorrupción, Elena Lorente, solicitó la retirada de los pasaportes, también el diplomático, de Zapatero y la obligación de que compareciera cada quince días en un juzgado.

Pero en su auto el juez se esmeró en rechazar esa petición, a la que se sumó el PP, que dirige la acusación popular. El magistrado alegó que la vigencia de los indicios contra Zapatero no justifican unas medidas que tienen como finalidad no hacer un juicio preventivo del investigado, sino garantizar que no se va a fugar ni a destruir pruebas. En cambio, el Ministerio Público defendió estas medidas como “justificadas” y “coherentes” durante la vista celebraba, según trasladan fuentes fiscales.

El juez José Luis Calama tiene una conclusión provisional de la declaración como investigado este miércoles de José Luis Rodríguez Zapatero: el expresidente no ha disipado las sospechas contra él que le valen la imputación formal por cuatro delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Así lo afirma el magistrado en el auto en el que descarta que se le impongan medidas cautelares. Esos indicios, viene a decir el magistrado, son independientes de las exigencias que recoge la ley para la adopción de medidas cautelares que impidan el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas.

En el capítulo de indicios contra Zapatero, el auto aporta importantes novedades de en qué situación aprecia el magistrado que está la causa. Calama considera que hay indicios de que el dinero del rescate de Plus Ultra pudo pasar en parte por las cuentas del expresidente del Gobierno después de que él negara haber influido en su concesión.

También advierte de que la información encontrada en los móviles incautados en noviembre, sumado al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado dice que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

El párrafo del auto del juez dice literalmente lo siguiente de los indicios contra el expresidente: “Destacan el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros autorizados en esta causa con fecha 09.11.2025 [fase de la operación en la que fue detenido Julio Martínez; la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos; el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos; y el hallazgo en su oficina de piezas de joyería cuyo valor supera 1.300.000 euros, sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

Por otra parte, el magistrado reconoce el “carácter embrionario” de la investigación y admite que “puede evolucionar en el sentido de consolidar” los indicios ya recabados contra Zapatero o, por contra, para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia“.

Entre los indicios que pesan sobre la figura de Zapatero, el juez indica que consta el análisis preliminar del contenido del dispositivo del empresario Rodolfo Reyes que fue puesto a disposición de la policía española en marzo de 2026 por la Homeland Security Investigations (HSI) norteamericana. Y ahora, incluye un matiz al respecto en el auto porque ya sí habla que el contenido de ese teléfono móvil fue “puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos”.

El juez defiende su decisión de no adoptar medidas cautelares contra Zapatero en que el riesgo de que se fugue o destruya pruebas sea “actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social”.

La representante de Anticorrupción, tras escuchas a Zapatero responder solo a su defensa y, durante más tiempo, al juez, decidió solicitar la retirada del pasaporte y la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado. Esta petición fue apoyada por el PP, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular. En el seno de esta hubo discrepancias, ya que algunas de ellas, como HazteOir solicitaron al juez que enviara a Zapatero a prisión provisional.

Discrepancia entre el juez y la Fiscalía

El juez rebate a la Fiscalía Anticorrupción por primera vez desde que se hizo cargo del procedimiento al rechazar las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitaba. 

“El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, razona el juez. 

Calama añade que tampoco aprecia “riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar”.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza”. Estas han sido las primeras palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles, nada más salir de la Audiencia Nacional, donde ha declarado como imputado ante el juez José Luis Calama.

Finalmente Zapatero ha enviado un comunicado en lugar de hacer declaraciones a la prensa como estaba inicialmente previsto, pero según ha dicho en el texto, su intención es seguir dando explicaciones los próximos días. Su reflexión ha llegado tras declarar ante el juez Calama durante más de tres horas.

El expresidente ha comenzando el comunicado dando las gracias a la prensa “por la espera, y también a la ciudadanía”. “He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”, ha añadido.

Zapatero reconoce que se le acusa de “muy graves delitos” que afirma no haber cometido. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, ha destcado.

También ha dicho que durante su intervención ante el juez ha presentado al tribunal “una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta”. “Porque no tengo absolutamente nada fuera de España”, ha zanjado.

El juez instructor considera a Zapatero como líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

La declaración en la Audiencia Nacional

Zapatero llegaba poco antes de las 9.00 horas a la Audiencia Nacional y, ante un dispositivo mediático sin precedentes, entraba por la puerta principal, la que usan los magistrados y fiscales, y no por la entrada habitual de público. El expresidente ha acortado el 'paseíllo' ante los medios al que, por lo general, se ven sometidos quienes acuden a declarar. Zapatero se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno en democracia que comparece como imputado en una causa de presunta corrupción.

Ante el juez, Zapatero ha indicado que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en aras de que lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas conocedoras del contenido de su declaración.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la imposición de medidas cautelares para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. El magistrado concluye que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas que justifiquen retirarle el pasaporte u obligarle a comparecer ante el juzgado dado que es una persona de notoriedad pública, pero advierte de que su declaración no ha servido para anular los indicios contra él.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez la retirada del pasaporte, así como la comparecencia ante el juzgado cada 15 días y que no saliese de España sin autorización. Las acusaciones populares se han dividido. El PP, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular, había solicitado lo mismo que la Fiscalía, que retire el pasaporte a Zapatero y le haga comparecer cada 15 días en los juzgados. El resto, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, querían prisión provisional para el exdirigente socialista.

El auto aporta importantes novedades de en qué situación está la causa. El magistrado considera que hay indicios de que el dinero del rescate de Plus Ultra pudo pasar en parte por las cuentas del expresidente del Gobierno. También advierte de que la información encontrada en los móviles incautados en noviembre, sumado al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero.

A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado dice que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

Zapatero niega haber influido en el rescate

Durante el interrogatorio del magistrado José Luis Calama, que se ha alargado durante tres horas, Zapatero ha afirmado que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en aras de que lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas conocedoras del contenido de su declaración. El expresidente ha precisado que no contactó con funcionario alguno o autoridades por ese rescate.

Como estaba previsto, Zapatero no ha respondido a las cuestiones referidas al hallazgo de joyas en una caja fuerte de su despacho tasadas en 1,3 millones de euros. En este sentido, el expresidente ha dicho que está reuniendo información y que en el plazo de una semana o diez días pedirá declarar al respecto. Su entorno ha explicado que su origen es una parte procedente de una herencia de Sonsoles Espinosa, y otra parte “regalos de viajes”.

Zapatero está investigado por su supuesto papel de liderazgo de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este miércoles a preguntas del magistrado José Luis Calama que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su declaración. Zapatero, el primer expresidente del Gobierno en acudir a la Audiencia Nacional en calidad de investigado, ha precisado que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra, aunque ha matizado que sí conoció en 2024 a quien era por entonces vicepresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola.

Fuentes próximas al que fuera líder de los socialistas trasladan a este periódico que se ha mostrado tranquilo durante toda la declaración y que ha acabado satisfecho con su intervención. Y eso a pesar de que se le imputa ser líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Al término de su declaración se ha producido una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte al expresidente del Gobierno y la comparecencia en un juzgado cada quince días además de la prohibición de salir de España sin autorización. Ahora, el juez Calama deberá adoptar una decisión. El Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular, se ha sumado a la petición de Anticorrupción, y ha trasladado al juez que otras asociaciones ultras que integran la acción popular solicitaban el ingreso en prisión del expresidente. El juez ha rechazado adoptar medida cautelar ninguna.

Como estaba previsto, Zapatero se ha negado a contestar a pregunta alguna sobre el hallazgo de joyas en una caja fuerte de su despacho por valor de 1,3 millones de euros. En este sentido, el expresidente ha dicho que está reuniendo información y que en el plazo de una semana o diez días pedirá declarar al respecto.

Ha sido el juez José Luis Calama quien ha llevado el peso del interrogatorio. Zapatero ha estado en la sala cerca de tres horas, de las que hay que descontar media hora de receso y lo que ha durado la vistilla, más corta. En esas dos horas aproximadas de declaración casi todas las preguntas han corrido a cargo del magistrado Calama, quien ha puesto especial énfasis en el asunto de la supuesta sociedad en Dubai. A su abogado, Zapatero ha respondido durante unos quince minutos.

Respecto a los pagos que recibió de Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez –a quien había contratado Plus Ultra–, Zapatero ha dicho que eran a cambio de trabajos de asesoría y que cobraba por ellos a final del año de forma conjunta. También ha mantenido que de la maquetación de esos informes se encargaba Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas. Según ha explicitado, su relación contractual con Análisis Relevante se sustentaba bajo un contrato de carácter “verbal”. El sumario recoge que esa sociedad abonó a Zapatero un total de 490.780 euros entre los años 2020 y 2025.

Uno de los hechos que la Policía, Fiscalía y juez consideran un indicio del tráfico de influencias fue una reunión con el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien dependían unos certificados para ayudas a la aerolínea. Esa reunión se produjo más de dos semanas después de que el Ministerio actualizara la situación de Plus Ultra. Este miércoles, Zapatero ha dicho que el encuentro con Escrivá no fue una comida sino un desayuno y que no se abordó en ningún momento la situación de la aerolínea, confirman las mismas fuentes.

Zapatero ha negado los indicios que se presentan contra él por un supuesto blanqueo de capitales en relación con la creación de una sociedad en Dubai. Ante el juez, ha dicho que nunca ha tenido una sociedad, ni fuera de España ni en territorio nacional, aseguran las fuentes consultadas.

El auto de imputación asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái para cobrar una supuesta comisión de medio millón de euros por el citado rescate. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez se basan en que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Y en que, al día siguiente, el primero de ellos le facilitó datos a Martínez para la creación de la offshore aludiendo a lo “conversado ayer”. El juez le he preguntado por esa comida y el expresidente ha asegurado que no la recordaba.

Por otro lado, ha enamarcado dentro de la normalidad su relación con la empresa Inteligencia Prospectiva de los hermanos Amaro Chacón. Ha indicado que la relación venía de lejos porque conocía a su padre y que en un momento dado comenzó a realizar también para ellos trabajos de consultoría sobre geopolítica y también conferencias, escritos y diálogos. Según el sumario esa sociedad actuaba como un punto de entrada de fondos extranjeros que luego se redistribuían hacia la red la presuntamente liderada por el expresidente a través de contratos ficticios de asesoría. Constan pagos a la empresa de las hijas de Zapatero por valor de 561.440 euros. A Análisis Relevante le abonó 368.000 euros.

El expresidente ha negado, además, conocer nada respecto al contenido del móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes -quien fuera socio mayoritario de Plus Ultra en 2020- en el que se recogían mensajes que apuntaban a que los directivos de la aerolínea acudieron a la vía Zapatero para lograr el rescate público.

Las dificultades para investigar las maniobras contra la oposición por parte de altos mandos policiales durante la época del Partido Popular vuelven a escenificarse en una decisión del juez Santiago Pedraz. El magistrado que instruye desde hace dos años una causa por la guerra sucia contra Podemos ha decidido expulsar de la misma a Miguel Urbán, uno de los fundadores del partido y víctima del montaje más grosero de aquella brigada política, que el juez considera una actuación policial justificada.

elDiario.es desveló que la Fiscalía Antidroga, unidades especializadas de la Policía y la Oficina Antifraude investigaron entre finales de 2015 y mediados de 2016 a Miguel Urbán cuando este era eurodiputado. El comisario José Luis Olivera, puntal de aquella cloaca, consiguió que un individuo declarara ante la Policía y la Fiscalía Antidroga que había visto a Urbán entrar en un bar de Malasaña con una bolsa donde cabrían 40 kilos de droga, subir al piso superior, propiedad del dueño del pub, y bajar después de haber consumado la venta, celebrándola a voces, admitiendo que la cocaína procedía de Venezuela y que el dinero era para Podemos. Urbán, según ese testimonio, habría volcado cocaína sobre la barra para invitar a quien quisiera. El soplón también declaró que el político trapicheaba habitualmente por las esquinas del barrio.

El antiguo eurodiputado de Podemos intentó personarse en la causa por la guerra sucia a Podemos, pero Pedraz lo rechazó. Posteriormente, presentó una querella en la Audiencia Nacional, que tampoco prosperó. Y solo un recurso ante la Sala de lo Penal obligó a Pedraz a investigar mínimamente los hechos. Pero un nuevo auto de la segunda instancia, que rechaza ampliar la querella a José Luis Olivera, acaba de dar pie a Pedraz para retirar la condición de perjudicado a Urbán y expulsarle de la causa.

El juez Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a cuatro mandos policiales que participaron en el montaje. Todos coincidieron en no recordar casi nada de lo que ocurrió y en defender que, con la información que suministró el confidente, había motivos de sobra para investigar al europarlamentario.

Por su parte, el confidente, Hugo Chiquero, prestó declaración como testigo el pasado 8 de mayo. Se trató, según fuentes presentes en el acto, de un testimonio incoherente, que recurrió al olvido en todo momento, hasta lograr que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, mostrara incomodidad por la representación que llevaba a cabo, por videoconferencia, el compareciente. Sin embargo, el fiscal González Mota despacha en una frase que de la declaración de Hugo Chiquero “no se acredita su participación en los hechos investigados” y se opone a llamarle como investigado.

De acuerdo con el fiscal, el juez Pedraz dictó un auto el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que zanja: “No hay base alguna para dudar de la declaración de D. Hugo Chiquero, pues teniendo en cuenta que los hechos se remontan a más de 10 años y manifieste que no los recuerda no supone que haya faltado a la verdad”. El juez propone a las acusaciones que si no le creen lo denuncien por falso testimonio en otro juzgado.

Podemos ya ha mostrado su discrepancia con esta valoración del juez. En un recurso ante la Sala de lo Penal, sus abogados califican la declaración de Chiquero como de “una amnesia completamente increíble, siendo incapaz de reconocer su propia firma o los detalles de una denuncia que él mismo calificó en su día como 'un favor a España'”. “Por no recordar, ni siquiera es capaz de recordar si su declaración estuvo condicionada o no por la Policía, o si recibió presiones para dirigirla en un sentido determinado”, añade el recurso de Podemos.

En el mismo auto en el que Pedraz se niega a imputar a Chiquero, el juez despacha la personación del perjudicado por el invento del confidente. Dice el magistrado que, a la vista del último auto de la Sala de lo Penal, “no cabe otra solución que dejar sin efecto la personación de D. Miguel Urbán Crespo”.

El juez se refiere a un auto de la Sala, dictado el pasado 8 de mayo, en el que los jueces de la instancia superior rechazan ampliar la querella por la guerra sucia contra Podemos al comisario que impulsó el montaje a Urbán, José Luis Olivera. Podemos cree que Pedraz obvia la afirmación de los magistrados sobre la “evidente conexidad” entre el presunto montaje contra Urbán y el objetivo de la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. La Sala escribió que, si aparecen “elementos convergentes o conexos, deben ser traídos al procedimiento que ahora nos ocupa, a fin de llevar a cabo una investigación adecuada de los mismos”, añade el recurso.

En este sentido, la Sala recordaba que el juez había dejado una puerta abierta a que la investigación prospere por una determinada vía. Se trata de una nota confeccionada presuntamente por el comisario Villarejo que su colega Olivera incorporó a la investigación contra Urbán. Esa nota, sobre supuesto blanqueo en Podemos a través de pequeñas cantidades (“pitufeo”), incluía datos bancarios reservados que no podían estar en poder de los policías sin autorización judicial. La nota ha sido solicitada al Juzgado de Instrucción número 6, el del caso Villarejo, para su incorporación al caso de la guerra sucia a Podemos. Y, pese a ello, Pedraz expulsa ya al presunto perjudicado, Miguel Urbán, de la causa.

El recurso de Podemos concluye: “Resulta procesalmente inasumible que el instructor, apenas dos meses después de que la Sala de lo Penal ordenara la incorporación de estos hechos y reconociera la condición de perjudicado del señor Urbán, proceda a la expulsión del procedimiento”. El partido distingue entre la decisión de la Sala de dar la razón a Pedraz en no imputar, por ahora, a Olivera y la decisión de dar carpetazo y no investigar el montaje de la droga.

Rechaza que declare 'Johnny'

En la misma resolución, el juez Pedraz rechaza la petición de la representación legal de Urbán para que declare como testigo el dueño del pub Nueva Visión, conocido en el barrio desde hace décadas como Johnny, a quien el soplón Chiquero también incluyó en la falsa transacción de droga. Pese a los intentos denodados de Olivera para que la causa contra Urbán condujera a las cuentas de Podemos, el fiscal jefe Antidroga de la época se vio obligada a cerrarla en junio de 2016 por la absoluta falta de indicios de delito.

El momento en el que se produjo el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos no es casual. Se enmarcó en un semestre donde arreciaron los informes policiales con falsedades que reproducían determinados medios de la derecha para desacreditar al partido de Pablo Iglesias en pleno auge electoral. Los 69 diputados obtenidos en diciembre de 2015 anticipaban un posible Gobierno de coalición en los comicios de junio de 2016 que desalojara a Mariano Rajoy de la Moncloa. En ese semestre, la cloaca policial del PP elaboró el montaje de la falsa cuenta de Iglesias en Granadinas o el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA).

En la causa de la guerra sucia a Podemos está imputado el secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y una representación de los miembros de la brigada política que participaron también en el caso Kitchen o la operación Cataluña. Recientemente, Pedraz imputó a un exjefe de la UDEF por el viaje que protagonizó a Nueva York en abril de 2016 para recabar un testimonio contra Podemos a través de un documento de dudosa fiabilidad.

La vista previa al juicio a Begoña Gómez que se ha celebrado en la tarde de este lunes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dejado la escena de un abogado, el de la mujer del presidente del Gobierno, denunciando la politización del procedimiento judicial y clamando que el único fin de la existencia de esa causa es “erosionar” al Ejecutivo de Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Después de rebatir una por una las acusaciones que intentan sostener los cuatro delitos de los que se acusa a Gómez, el letrado Antonio Camacho ha rematado: “Se está haciendo política, pero se está haciendo política en el sitio equivocado. Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal. Quien quiera hacer política que no utilice la ecuación de un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo. La política no se hace en los juzgados y nadie debería permitir la instrumentalización de un procedimiento penal”.

En esa politización del procedimiento ha abundado Camacho cuando ha advertido de que en su intervención se iba a escuchar mucho el término “presidente del Gobierno” y que iba a ser así porque ha sido el propio Peinado quien viene aludiendo a él reiteradamente en sus escritos, pese a no estar investigado. El abogado ha llegado a calificar de “verdaderamente absurda” la inferencia del juez según la cual, solo por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, cualquier actuación de Begoña Gómez influye “en todo el mundo”.

Tras la intervención de Camacho y el resto de las partes, el juez Peinado debe decidir en los próximos días si impone medidas cautelares a Begoña Gómez y a los otros dos imputados, su asistente Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha visto acceder al juzgado con dificultad, apoyado en un bastón. Para Gómez, las acusaciones populares han solicitado la retirada del pasaporte, comparecencias quincenales en el juzgado y que se le impida hacer uso de la marca Transforma TSC para fines patrimoniales.

Cristina Álvarez se enfrenta a una petición de los ultracatólicos de HazteOir de la retirada del pasaporte y las comparecencias cada quince días mientras que para Barrabés no han solicitado ninguna medida cautelar. La Fiscalía y las defensas se han opuesto a la imposición de cualquier medida. Gómez se enfrenta a una petición de la acusación popular de 24 años de cárcel, 22 en el caso de Cristina Álvarez y seis en el de Barrabés.

El abogado Antonio Camacho ha recuperado esta tarde las figuras de otros asistentes de mujeres de presidentes del Gobierno que no motivaron una investigación judicial, pese a las evidencias de que organizaron la boda de la hija de Aznar o aparecieron retratados llevando las bolsas de la compra de la esposa de Rajoy.

En este punto, Camacho se ha dirigido a HazteOir y el resto de acusaciones de extrema derecha que integran la acusación popular: “Instaría a las acusaciones a que ese ardor guerrero que han demostrado personándose en esta causa, supongo que por el buen hacer de la administración de Justicia, lo llevaran a todos estos supuestos [en alusión a los asistentes de otras mujeres de presidentes]”.

Enfrentamiento de Camacho con Peinado

Camacho ha protagonizado un enfrentamiento con Peinado, provocado por las excentricidades que el juez ha mostrado ya en declaraciones anteriores, como cuando pidió que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Este lunes, el magistrado ha interrumpido la intervención del letrado para exigirle que le mirara al hablar. Camacho, que ha intentado hasta ahora evitar el enfrentamiento directo con el juez, ha replicado: “No hay ninguna norma procesal que diga hacia dónde tengo que dirigir mi vista mientras estoy interviniendo. Por lo tanto, le pido que si no hay norma procesal, me dirijo a las acusaciones, señoría. Y no existe ninguna norma procesal que me imponga a dirigirme a usted visualmente. No existe. Le rogaría que deje de interrumpirme”.

A Peinado se ha dirigido el letrado también para concluir: “Es difícil que alguien pueda sostener que es procedente la apertura del acto de juicio oral cuando no hay ni un solo indicio de ninguno de los delitos, por los cuales la acusación formula tal acusación”.

Pero si la Audiencia Provincial no lo impide y el procedimiento sigue adelante, el letrado se ha preguntado por el juicio que espera a su clienta ante tribunal del jurado y si esto “no viola el derecho al juez imparcial”. Se refería Camacho a que las informaciones sobre el caso de Begoña Gómez han multiplicado por cuatro las que se ofrecieron sobre la muerte del Papa Francisco y que eso, irremediablemente, ha condicionado la opinión que puedan tener los miembros de ese eventual tribunal.

Quinta comparecencia ante Peinado

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. 

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. Ha sido la quinta comparecencia de la mujer del presidente ante el juez.

En la vista preliminar, las defensas aspiraban a poder contar con testimonios que avalaran sus tesis. Peinado se negó. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Durante la vista, el abogado de Begoña Gómez ha calificado de “esencial” el testimonio del codirector de la cátedra, José Miguel Ruano, cuya comparecencia fue denegada por el juez. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que ha lamentado que se le haya privado de un testimonio esencial para su estrategia de defensa, viene defendiendo que es la única persona, junto a su clienta, que dirigía la Cátedra y, por tanto, podía explicar el funcionamiento real del software y desmontar las acusaciones de apropiación indebida.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez tendrá que determinar en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés, así como si les impone alguna medida cautelar. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un correo que acredita que el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán dio instrucciones expresas para que el PSOE sufragara la logística de las maniobras presuntamente urdidas por Leire Díez. En el mensaje, fechado el 25 de abril de 2024 y remitido a una agencia de viajes para cerrar la compra de un vuelo para la exmilitante socialista, una empleada de Ferraz indica que el pago debía hacerse porque era una “orden directa” de Santos Cerdán.

El nuevo atestado de la UCO de la Guardia Civil en el caso Leire, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye un listado detallado de los viajes que el PSOE abonó a Leire Díez y recoge, además correos cruzados entre la secretaria del partido Covadonga San Pedro y la agencia de viajes con la que la formación contrataba los viajes.

Esos correos parten de una pregunta de la empleada de la agencia que indica que bloquea la compra de un billete de avión para Leire Díez porque entiende que deben solicitar autorización a Gerencia dado que no le consta que esa persona esté autorizada por el partido. “No tengo los datos de que Leire Diez esté autorizada. ¿Me puedes decir área y motivo del viaje?”, le solicita la trabajadora de la agencia. “Es una orden directa del Secretario de Organización. No sé más... Por favor emite en cuanto tengas la autorización. Gracias”, le responde ese mismo día la empleada del PSOE.

La UCO indica en su atestado de 11 de junio que ese correo fue hallado gracias al requerimiento judicial a la agencia de viajes VB Group, con la que el PSOE mantenía un convenio para la gestión de viajes. A su juicio, esto confirma que la existencia de los viajes realizados por la exmilitante en el marco de sus presuntos trabajos para reunirse con funcionarios, fiscales e investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Indica que el correo de la secretaria “resulta de especial interés por ratificar que sería Santos (Cerdán) quién habría autorizado que Leire (Díez) hiciese uso de los recursos del partido para viajar”.

El atestado también revela que entre la documentación de Santos Cerdán que todavía permanecía en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo, cuando se produjo el requerimiento de los agentes, se encontraba un documento realizado por Leire Díez sobre las actividades de la trama. La UCO sostiene que el hecho de que este documento se encontrase en poder de Cerdán “pone de manifiesto la dación de cuentas” efectuada por la exmilitante y que el que fuera ‘número tres’ del PSOE recibía “novedades” al respecto.

Se trata de una copia impresa del archivo “2024-11-19 Incumplimientos.docx”, en el que Leire Díez hace alusión a algunas de las “líneas de actuación” desarrolladas. Así, figuran nombres como los del comisario José Villarejo, el ex secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular Francisco Martínez o la instructora del caso contra el hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma. También aparecen referencias al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y al miembro de esta Fiscalía José Grinda.

Las “excepcionales” investigaciones internas en Guardia Civil

El informe dedica un apartado a las presuntas presiones a miembros de la UCO por parte de Leire Díez y a través de la directora general de la Guardia Civil. Los propios agentes de la UCO destacan la “excepcionalidad” de que se les abrieran informaciones reservadas para investigar el origen de informaciones en prensa. 

Para ello alegan que en todo el año, y hasta diciembre de 2024, no se había abierto una sola información reservada –un procedimiento recogido en el reglamento que puede anticipar la apertura de un expediente– y que en 2025 ocurrió lo mismo, al menos hasta que se abrió la correspondiente a la UCO. Lo infieren del hecho de que las dos informaciones lleven por número 1/2024 y 1/2025. El informe no aclara si se refiere a que no se había abierto ese ninguna información reservada antes en su unidad o en un ámbito más amplio. 

La información reservada en octubre de 2025 está relacionada con una información de portada del diario El Mundo en el que se llama al teniente general Llamas, director operativo del Cuerpo, “peón de Marlaska”. Los agentes que redactan el presente informe de la UCO destacan que ninguna de las fuentes que utiliza la periodista para denigrar al DAO aluden a que se ubican en la Unidad Central Operativa. En el artículo se utilizan expresiones como “fuentes de toda solvencia”, “conocedoras del conflicto” o “es un secreto a voces”.

Dos pagos a Teijelo que el PSOE “no aportó”

Por otro lado, el atestado también analiza los pagos del partido al abogado Jacobo Teijelo, quien habría participado supuestamente en el desarrollo de la línea que buscaba atacar causas de hidrocarburos para así intentar lograr nulidades en el caso Koldo. La UCO recuerda que habría emitido al menos tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros al PSOE entre enero y marzo de 2025.

Los investigadores apuntan que en el requerimiento posterior dirigido al propio letrado, este añadió a esas tres facturas otras dos. Y la UCO subraya que esas dos nuevas “no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE”. Por ambas, la formación habría abonado entre abril y mayo de 2025 un total de 53.000 euros, por lo que el montante final sería de 178.000 euros.