Diez semanas después de que trascendiera la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la afirmación sigue pesando sobre los más 11 millones de españoles que depositaron hace dos décadas su confianza en el político socialista para dirigir el país: “líder” de una trama de tráfico de influencias. El último auto del juez José Luis Calama, dictado el pasado jueves, no mueve un ápice la acusación: “La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”.

Esta última resolución judicial, dictada al límite de que arranque el mes inhábil en los juzgados, dista de ser una buena noticia para Zapatero. El juez accede a la petición de la UDEF de la Policía para acceder a más de sesenta cuentas bancarias de Zapatero, su familia, su secretaria, Julio Martínez –socio y colaborador– y de un buen número de sociedades por las que habría pasado el flujo de fondos de origen ilícito con el fin de hacer perder su auténtico rastro.

La consecuencia primera es que la práctica de la diligencia se alargará durante meses en un caso que ya prometía prolongarse años desde que arrancó. Pero además, el escrito judicial va perfilando las acusaciones y señalando a los protagonistas de la presunta trama corrupta. De la panoplia de indicios que describían los primeros informes de la UDEF sobresalían por sospechosos aquellos relacionados con los ingresos de las sociedades de Zapatero y, sobre todo, de sus hijas. Ahora, esos indicios se van concretando.

De Whathefav, la pequeña empresa de marketing de sus hijas, el juez señala ahora que “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez”, justo por detrás del propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

En realidad el magistrado sigue dando por acreditado, de forma indiciaria, lo que atribuye la UDEF a las hijas del expresidente. En un informe de mayo, la Policía describía a Whathefav como un instrumento para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Se trataría, añaden los policías, de una empresa pantalla cuyo verdadero fin sería recibir los fondos “directamente de los clientes de la red organizada”, así como de los generados por la propia red“. ”Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos“, escriben los policías.

La otra sombra de sospecha reside en esos clientes que menciona la Policía, empresarios de los que se desconoce la actividad que les relacionaba con la empresa de las hijas y del expresidente y que, sin embargo, aportan abundantes fondos a sus cuentas bancarias. Al frente de todos ellos, tres empresas: Plus Ultra, Análisis Inteligente y Softgestor.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra [a través de Análisis Relevante], Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio.

El contacto con Plus Ultra, Julio Martínez, dio un giro al caso el pasado 20 de julio al anunciar que colaboraría con la justicia en su declaración del día siguiente. En un escrito no exento de confusión atribuía a Zapatero toda la responsabilidad de la trama, pero al tiempo se refería a trabajos de “asesoría” y no mencionaba el tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea y otras mediaciones. Tampoco aclaraba si Zapatero se llevó el 50% del 1 que él pactó con Plus Ultra por el rescate de la aerolínea.

A las pocas horas, los ya dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra hacían lo propio con otro escrito en el que ya recogían una mención expresa a que pagaron con el convencimiento de que Zapatero intercedería por el rescate y que, incluso, este les trasladó personalmente que haría gestiones, sin llegar nunca a saber si lo hizo realmente. Tanto Julio Martínez Sola como Roberto Roselli declararán el próximo mes de septiembre.

El último auto del juez destaca por situar en el lugar que antes se intuía a Inteligencia Prospectiva, una sociedad que según la ONIF no tenía actividad y que, sin embargo, era el principal pagador de las hijas de Zapatero, junto a Análisis Relevante, por trabajos desconocidos. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. En ese periodo, la sociedad mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas pese a la ausencia de negocio. Por tanto, más del 21% de esos flujos de dinero fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente.

En la declaración ante el juez, Zapatero dijo que Alba y Laura Rodríguez podrán dar explicaciones de sus trabajos y sobre la realidad de estos, si es que fuera así, en unas declaraciones que se esperan para septiembre. En una reciente entrevista en TVE, el expresidente añadió: “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”.

El peso de las joyas

Y mientras se acerca el decisivo mes de septiembre para la causa judicial cada día desgasta más a Zapatero el asunto de las joyas encontradas en una caja fuerte durante el registro de su oficina. A la valoración inicial de entre 30 y 50.000 euros que hizo su entorno se superpuso el peritaje de una prestigiosa joyería, a la que el juzgado encargó la tasación: 1,3 millones de euros.

Zapatero pidió tiempo para recuperar la memoria de esas joyas, hablando con colaboradores y haciendo averiguaciones sobre su propio pasado, pero diez semanas después siguen sin conocerse ni su origen ni el valor que les concede el expresidente. Consciente de la polémica alrededor de las joyas, Zapatero dijo la semana pasada en Televisión Española que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte someterá “a contradicción” el valor que se les ha otorgado.

Un policía nacional fue detenido el pasado 21 de julio por insultar e increpar a Reyes Maroto y a miembros de su equipo en un bar de Madrid, tras la victoria de la selección española. Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento próximo a la sede del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M), en el barrio de Simancas, donde la candidata al Ayuntamiento había acudido a celebrar su elección esa misma tarde en las primarias internas para la Alcaldía, al tiempo que disfrutaba del partido de España contra Argentina junto a otros militantes. Al término del encuentro, algunos compañeros del PSOE de Madrid se fotografiaron con una bandera española, lo que fue recibido por un grupo de clientes con gritos de “rojos de mierda” y “soltad esa bandera”. Entre los agresores se encontraba el policía nacional detenido, informan a elDiario.es fuentes presenciales en el altercado.

Uno de los colaboradores de Maroto recibió una patada de uno de los agitadores, a lo que siguió un pequeño tumulto y la llamada de los socialistas a la Policía. Al llegar los indicativos policiales, el presunto agresor salió corriendo, pero fue interceptado por los agentes. Finalmente, fueron detenidas cinco personas, entre ellas el agente del Cuerpo Nacional de Policía.

Los cinco arrestados fueron trasladados a dependencias policiales a prestar declaración y quedaron en libertad. La ausencia de denuncia contra los detenidos que no agredieron al colaborador de Maroto ha motivado el archivo de las actuaciones para ellos, incluido el agente, indican fuentes policiales. El militante agredido por la patada presentó denuncia y está a la espera de que sea llamado a declarar, precisan fuentes socialistas.

El perfil de Reyes Maroto, exministra y también portavoz socialista en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivó que se hiciera cargo de la investigación la Brigada Provincial de Información. El policía detenido es objeto de un expediente disciplinario, añaden las fuentes consultadas.

Increpada también en un bar

Las fuentes del equipo de Maroto explican que durante el partido, Maroto fue increpada por los clientes de una mesa al levantarse a por bebidas e ir al baño, pero los dueños del bar, el personal y otros clientes recriminaron su actitud a los alborotadores y el incidente no fue a mayores.

Todo se complicó al término del encuentro y pese al ambiente festivo que se vivía en el bar por la victoria española. En la terraza se había colocado una televisión y allí, en el exterior del bar, varios de los compañeros del PSOE de Madrid se fotografiaron con una bandera de España, momento en el que comenzaron los insultos más gruesos, se produjo el lanzamiento de una patada y el consiguiente tumulto. Enseguida, una militante socialista llamó a la Policía. Los alborotadores gritaban “rojos de mierda” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Las fuentes presentes en el altercado destacan la juventud de los agresores, incluido el policía nacional, y su posible estado de embriaguez. Reyes Maroto agradece al resto de clientes y a los dueños y personal del bar la atención que les dieron en todo momento y su interés por evitar cualquier incidente, explica uno de sus colaboradores.

Vuelve el agente 81.067, inspector jefe Manuel Morocho. El policía que investigó los casos Gürtel y caja B de PP, y que ha denunciado en el Congreso, en un juzgado de instrucción y ante dos tribunales de la Audiencia Nacional la campaña de acoso que vivió por parte de los mandos policiales para entorpecer sus pesquisas va a prestar declaración sobre las maniobras que presenció contra Podemos durante su paso, obligado, por el nido de la brigada política que se organizó en la Dirección de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La última declaración pública de Morocho, ante el tribunal de Kitchen el 29 de abril pasado, dejó una pista que Podemos ha seguido como acusación popular en esa causa. El inspector jefe aludió al intento de sus superiores de que participara en 2016 en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) durante su relato. Los abogados de la formación política pidieron al juez Santiago Pedraz, que instruye otra de las patas de la guerra sucia del PP, dirigida contra Podemos, que Morocho declare en el marco de la misma todo lo que sabe de las maniobras contra el partido.

Como pidió Podemos, Morocho no declarará ante el juez, sino que será la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, que ha investigado toda la causa Villarejo, quien le tomará declaración. Una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso elDiario.es dice que se trata de “esclarecer la autoría del informe PISA, fecha de creación, modo de obtención de la documentación personal empleada en su elaboración (singularmente de la factura del señor Iglesias obrante en página 3, al menos en algunas de las versiones del documento)...”.

Tras las presiones para que no incluya el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe de la Caja B y continuos retrasos en la supervisión de sus informes antes de enviarlos al juzgado, la Dirección de la Policía emprende otra estrategia con Morocho. El policía ha rechazado los destinos 'dorados' que le han ofrecido en el extranjero y el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, decide cargarle de otros trabajos para que no pueda avanzar en los que afectan al PP. Y así le destina en atribución temporal de funciones a la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tendrá que combinar su trabajo allí con la investigación de la caja B a las órdenes directas del juez Ruz.

En el juicio de Kitchen, durante el turno de preguntas a Morocho, el abogado de Podemos le preguntó por su destino en la Dirección Adjunta Operativa. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.

Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.

Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho dio un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reaccionó y reorientó el interrogatorio rápidamente. Preguntó por el informe PISA y el inspector jefe aseguró que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pidió que analizase el contenido del dosier.

Investigación a la 'pata' mediática de la guerra sucia

A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.

Ahora, el juez Pedraz quiere que Asuntos Internos pida a Morocho la “identificación de los periodistas y/o medios a los que resultó filtrado [el informe PISA]; para lo que habrá que darse traslado a la referida Unidad de Asuntos Internos de la querella y auto de admisión, documentación aportada por UDEF sobre la denominada operación Venus, así como la declaración prestada en sede judicial por la testigo N. C. P. [antigua trabajadora del canal donde tenía un programa Iglesias]”.

De este modo, al menos parcialmente, Podemos logra que Pedraz encargue la investigación policial a una unidad especializada, lo que en otros casos que instruye este y otros jueces hace que la instrucción cuente con propuestas de los investigadores que, en muchas ocasiones, la Fiscalía y el juez utilizan como guía para las pesquisas.

Cabe recordar que la causa de la guerra sucia a Podemos sufre continuos varapalos por las negativas de Pedraz a expandir la investigación o imputar a determinados policías y que solo las propuestas de Podemos, muchas veces acordadas por la Sala de lo Penal, han impulsado el caso, ante la pasividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pedraz vuelve a dejar fuera a Urbán

En este sentido, en un auto del pasado martes, Pedraz vuelve a desestimar la petición de Miguel Urbán de ser parte personada en la causa de la guerra sucia en relación con el montaje que sufrió acerca de una falsa venta de droga por su parte de 40 kilos de cocaína. En el escrito, Pedraz insiste en desvincular la operación Cardenal de la guerra sucia contra Podemos pese a que se produjo en el primer semestre de 2016, cuando arreciaban las maniobras contra la formación por si llegaba al Gobierno de la mano de una coalición progresista.

“La Fiscalía archivó, previa práctica diligencias, sin que conste dato alguno más. Es más, la propia Sala en auto de 8 de mayo ha desestimado la ampliación de la querella por la denominada operación Cardenal”, alega el juez en su auto. De este modo el fundador de Podemos, y eurodiputado en el momento del montaje, no podrá acusar por la falsa acusación policial. De paso, el comisario que impulsó el montaje, José Luis Olivera, se vuelve a salvar de la imputación, una vez más, por una decisión de Pedraz. El juez adopta la decisión de acuerdo con el fiscal Vicente González Mota.

El juez José Luis Calama ya sitúa a los hermanos Amaro Chacón entre los grandes pagadores a José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno a cambio de las “influencias ilícitas” que habría ejercido el ex presidente. Calama equipara Inteligencia Prospectiva, la sociedad instrumental de los Amaro Chacón, al nivel de Plus Ultra y Softgestor en el nivel de encargos e ingresos para Zapatero, en un auto en el que actualiza el estado de las pesquisas y autoriza a la UDEF a acceder a más de sesenta cuentas bancarias del antiguo mandatario, su familia, entorno y sociedades vinculadas al caso de la aerolínea española y su rescate.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio. En otro punto del auto, el juez llama a las tres sociedades mencionadas “fuentes de financiación encubierta”.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”. Esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”, advertía ya en mayo el juez Calama.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recogía el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

El auto de este miércoles de Calama recoge otra novedad. Son los pagos que recibió Zapatero de numerosas empresas por “supuestos servicios profesionales, como conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolitico...”. Zapatero nunca ha negado esos trabajos de consultoría y asegura que están declarados a Hacienda. Pero el juez incluye en su auto a cada una de las empresas y cuánto ganó el expresidente con ellas.

Así, en el auto del juez aparece Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552), Gate Center (352.980), Mimo Advisor (104.410), Focus Social Resarch (200.000), Chinalink (159.034), Talking Heads America (31.766), Kreab Worldwide (105.000), Bright Digital Solutions (53.000). Yuewee International Trade (49.758) y Zayed Award (47.210). A todas ellas hay que sumar los 490.780 euros recibidos de la sociedad Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, entre 2020 y 2025.

De estos pagos, el juez se detiene esta vez en el de Focus Social Research, de 200.000 euros), “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”. El magistrado, sin entrar a valorar, añade que una cuenta del Banco Santander “funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”. Zapatero atribuye ese rápido movimiento a la venta de una vivienda con la que pudo cancelar la hipoteca de la otra.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que acceda a más de sesenta cuentas bancarias de diferentes entidades y a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y sociedades que son investigadas en el marco del caso Plus Ultra, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Calama responde así a la petición realizada por la UDEF en un informe del pasado junio en el que se hace referencia a “flujos de fondos de interés” para la investigación y que implicarían “a los principales beneficiarios de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez” a los que identifica “José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav [la sociedad de sus hijas]”.

El informe policial introduce novedades respecto a los atestados anteriores. Aparecen en el nuevo oficio nombres de otras sociedades que habrían servido también para canalizar pagos a Zapatero y que hasta ahora eran desconocidas. Recoge el auto del juez: “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.

Y continúa: “Los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez”.

El juez recuerda que la investigación sitúa a Zapatero en el “núcleo” de la trama “orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, y que sus servicios se retribuían mediante contratos de asesoría simulados que se canalizaban a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, el empresario también investigado, que actuaba “como persona de confianza” del expresidente y era “interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.

Con base en lo que recoge la UDEF en su atestado, el juez detalla las cantidades recibidas por Zapatero que son objeto de investigación. Además de los 490.780 euros que le llegaron desde Análisis Relevante -empresa de Julio Martínez- entre 2020 y 2025, se ha encontrado “un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades”.

Así, detalla pagos de algunas empresas que ya se incluyeron en el primer auto del juez: 851.180 euros llegaron de la consultora Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 105.000 euros de Kreab Worldwide. Añade recientes, como los 200.000 euros de Focus Social Research. Y suma nuevos pagos de empresas como los 159.034 euros de Chinalink; los 104.410 euros de Mimo Advisors; los 53.000 euros de Bright Digital Solutions; los 49.758 euros de Yuewee International Trade; y los 47.120 euros del Zayed Award. El juez y la UDEF destacan los pagos destaca el de Focus Social Research, “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”.

Por otro lado, recuerda que una cuenta del Banco Santander del expresidente “funcionaba como receptora de fondos”, y que estos eran “redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero”: “desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”.

Las cantidades de Whathefav

El auto indica por otro lado, para apuntalar que es necesario acceder a determinadas cuentas bancarias, que Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez” tras el propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

A esos ingresos en la empresa de las hijas, suma 171.727 euros que percibe de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. Y da un dato más, desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

Sobre Gertrudis Alcazar, la UDEF y el juez consideran necesario acceder a sus cuentas bancarias porque “aunque no se han detectado ingresos desde el entramado” hacia ella, su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Recuerda el juez que la secretaria adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, “mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica”.

'Julito' y su entramado societario

Sobre el entramado societario de 'Julito' Martínez, los investigadores recuerdan que está integrado por al menos 27 sociedades, si bien todas presentan “indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas”. Y a pesar de esto, recuerda, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades.

A partir de 2022 sí figura Martínez como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no han podido determinar, si bien el análisis de movimientos bancarios “revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad”.

Entre las sociedades del entramado, destacan ASP Rentas SL porque registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros. Esa sociedad es identificada como “vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian”.

Por otro lado, de otras de las sociedades, Zenitram Partners, indican que presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”. De otra, Zenzap, comentan que no tiene actividad mercantil, ni trabajadores ni depósito de cuentas desde 2019, y a pesar de ello registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores.

Mérida Capital, por su parte, presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros. Y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados.

Nez Asesores registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo. Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos.

En cuanto a Affita y Affita Capital, el juez destaca que reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles. Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra, y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar a declarar como investigado el próximo 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa que se sigue contra una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Dos generales de la Guardia Civil han declarado ante la UCO y el juez sobre presuntas presiones de Marcos en los casos que afectaban al PSOE.

En una providencia, el magistrado acuerda esa diligencia a petición de la acusación popular unificada, que dirige el Partido Popular, y también la declaración como testigo para el mismo día del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca.

En la misma resolución, el instructor acuerda librar oficio a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz para que remitan al juzgado diversa documentación relacionada con el expediente relativo a la denuncia presentada contra Leire Díaz por maniobras contra la causa que ha terminado en la condena por inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes que dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dos de los asuntos que valoró el Promotor de la Acción Disciplinaria relativos a quejas contra el juez Juan Carlos Peinado. Una de ellas es relativa a su instrucción del caso abierto contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En concreto, deja en manos de ese órgano jurisdiccional que valore si pudo incurrir en una falta leve de desconsideración. Algo que, como mucho, puede quedar en una advertencia y una multa al magistrado.

En concreto, uno de esos dos asuntos es el que se abrió después de que la Comisión Permanente acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto de medidas cautelares dictado por Peinado contra Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez. El órgano de gobierno de los jueces considera que se debe valorar si las expresiones del juez en las que se sugería que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en una eventual fuga de la esposa de Sánchez pudieran ser constitutivas de una falta de desconsideración. Peinado acordó retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España, algo que revocó la Audiencia Provincial de Madrid.

La decisión de remitir ese extremo al TSJM se ha adoptado con el voto de los vocales progresistas y con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló -los conservadores han anunciado voto particular discrepante-. Y todo a pesar de que el Promotor de la Acción Disciplinaria proponía el archivo por considerar que solo podría entrar a analizar esas manifestaciones si le fueran remitidas por el tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso.

Frente a esto, la Comisión Permanente ha señalado que ya hay precedentes jurisprudenciales en el Supremo que permiten sancionar el uso de esas expresiones sin ese requisito de procebilidad. En concreto, en el seno de la Comisión se ha expuesto que ya se confirmó una sanción de suspensión de funciones impuesta a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Cataluña.

Por contra, en el voto particular formulado por los vocales conservadores sostiene que esas expresiones utilizadas por el juez sirven para explicar los motivos por los que él considera que procede su decisión de adoptar medidas cautelares. Recalcan que es una decisión estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos y, por tanto, no es competencia del CGPJ.

El segundo asunto sobre el que deberá decidir el TSJM es la posible falta leve por un retraso injustificado que nace de una denuncia presentada por un particular, el periodista Nacho Abad. Se quejaba de que Peinado había alargado sin motivo la instrucción de un caso por calumnias desde junio de 2024 hasta enero de 2026. Una vez más, el Promotor de la Acción Disciplinaria propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la Comisión Permanente estima que puede darse una falta leve de retraso y acuerda su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Otra vez se ha impuesto la postura progresista con el voto de calidad de Perelló.

En el voto discrepante de los conservadores, al que ha tenido acceso este medio, se indica que la jurisprudencia señala que no puede exigírsele al juez que padece una importante carga de trabajo que consulte los cientos de expedientes telemáticos para comprobar su estado cuando no se está ante una privación de libertad. Añade que la paralización ocasional de un procedimiento, no es representativa para derivar una conducta negligente. Y que debería haberse demostrado de manera inequívoca que la argumentación obedecía a una motivación espuria y que los planteamientos del magistrado no tenían la más mínima cobertura legal desde un punto de vista penal.

Las quejas de Bolaños

Las otras cuatro diligencias informativas abiertas contra Peinado han quedado archivadas siguiendo el criterio de Acción Disciplinaria. La más relevante era la que se abrió después de las quejas presentadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra el juez Peinado al que acusaba de actuar de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se incluía como “anómala” la petición del magistrado de un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa o de una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Fuentes del Consejo consultadas por elDiario.es señalan que ese asunto concreto ha decaído gracias al voto en contra del vocal Carlos Hugo Preciado -nombrado a propuesta de Sumar- al que se ha sumado el de los conservadores. La presidenta del CGPJ no ha manifestado el voto porque ya habían ganado la votación los conservadores con Preciado.

La Comisión Permanente considera que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo, y añade que aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

El voto discrepante de dos vocales progresistas indican que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

En cuanto a la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a un medio del contenido de una providencia que no había sido dictada, queda también en archivo. El Promotor concluyó que no ha resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

En este asunto, el voto particular concurrente de Carlos Hugo Preciado indica que si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la Diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto no es competente el CGPJ.

Por su parte, las vocales Argelia Queralt y Bernardo Fernández subrayan en su voto particular que si bien no estaba acreditado que el magistrado fuera la fuente de la filtración, eso no basta para cerrar el expediente sin haber agotado previamente las comprobaciones objetivas disponibles. Era necesario, para ellos, determinar con precisión quiénes conocían la decisión, desde qué momento y por qué vías pudo comunicarse. Añaden que no identificar al responsable tras una investigación limitada no equivale a haber demostrado que nada disciplinariamente relevante ocurrió.

Las quejas de Más Madrid

También se archiva la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investiga un delito de malversación. El Promotor señala en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga.

La Comisión Permanente ha tenido en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-, así como los precedentes jurisprudenciales que señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que produce la nulidad de las diligencias de investigación acordadas tras el vencimiento, pero que no supone automáticamente una infracción sancionable.

En el voto particular de Carlos Hugo Preciado contra esta decisión se explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la administración de justicia. Añade que esto debe ser conocido por la jurisdicción penal.

En cambio, Fernández y Queralt rechazaron igualmente el archivo de esas diligencias concretas porque ni el elevado rendimiento del juzgado ni una referencia genérica a la falta de dación de cuenta permitían descartar toda responsabilidad sin reconstruir rigurosamente la secuencia de fechas y determinar a quién resultaba imputable la demora.

Por último, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de la propuesta de archivo de una diligencia informativa con origen en la denuncia de una particular que prestó declaración en condición de investigada y que sostenía que el magistrado no le permitió declarar por videoconferencia, trató con desconsideración a los letrados intervinientes y acordó medidas cautelares desproporcionadas.

Sobre este asunto, el Promotor de la Acción Disciplinaria señala que determinar si la toma de declaración debe hacerse de forma presencial o por videoconferencia es una decisión que los jueces adoptan en el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que, con independencia de que sea o no acertada, queda fuera del ámbito disciplinario. La misma situación se produce con la disconformidad frente a la adopción de medidas cautelares, una decisión jurisdiccional que las partes pueden recurrir ante el órgano superior.

El juicio del caso Kitchen ha finalizado este martes, casi cuatro meses después de que arrancara, el 6 de abril. Antes de que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, haya declarado que el caso queda “visto para dictar sentencia”, ha sido el turno de última palabra, que solo aprovecharon José Manuel Villarejo, el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, y el comisario Andrés Gómez Gordo.

Villarejo ha afirmado: “Con mi perspectiva ya de los 75 años que cumplo la semana que viene me pregunto cómo se me ocurrió pisar callos tan importantes para terminar como he terminado”. Además, el comisario quiso restar importancia a dos de los elementos que sostienen la acusación: las agendas y las grabaciones que se le incautaron.

“Las anotaciones de mi diario eran de uso diario, porque eran tantas las cosas... pero que ahora mismo no sabría decir por qué apunté tantas cosas”, ha dicho el policía jubilado. “De los audios eran mis funciones como agente de inteligencia, no había ninguna intención, jamás hasta que fui detenido... estaban en mi caja fuerte. Lamento el daño que he podido hacer los que se han visto incursos en ellos, no dejas de ser comentarios en ambientes distendidos”, ha añadido.

Los ocho acusados que seguían en el banquillo han tenido que levantarse y pasar por el micrófono uno por uno. Menos los citados y Eugenio Pino, que también renunció a la última palabra pero telemáticamente a causa de un problema de salud. Ni Jorge Fernández Díaz, ni Francisco Martínez, entre los restantes, han querido añadir una palabra a los alegatos finales de sus abogados, trasladados en las últimas sesiones del juicio.

Por su parte, Gómez Gordo ha negado tener “ninguna participación en la ideación o planificación de esta operación” y ha añadido: “Llevo cinco años suspenso de empleo y sueldo y cualquier condena supone una condena de por vida”, ha añadido, sobre la expulsión del Cuerpo que una sentencia firme supondría. Se da la ccircunstanciade que Gómez Gordo ya está condenado en primera instancia a tres años de cárcel por el caso Ciudad de la Justicia.

En último lugar, Sergio Ríos Esgueva ha apelado a que cualquiera se ponga en su situación de colaborar con los policías que le contactaron y que se identificaron como tales. “Que se pongan en mi situación, cualquier ciudadano normal... se identifican agentes de la autoridad, se percibe todo el dispositivo policial, qué habríamos hecho ninguno de nosotros. Siempre pensé que había que actuar con la legalidad. Nunca tuve conocimiento de ilegalidad”, ha añadido.

El juicio del caso Kitchen ha analizado una presunta operación parapolicial, dirigida desde el Ministerio del Interior, con el fin de robar información comprometedora para el PP a Luis Bárcenas y su familia cuando el primero entró en la cárcel en 2013 y el caso de la caja B estaba en su máximo apogeo. Anticorrupción pide 19 años de cárcel para Villarejo y 15 para el exministro Fernández Díaz, el secretario de Estado Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo, 'Cospedín'. Han sido absueltos durante la vista, con acuerdo de las partes, los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.

La acusación popular de HazteOir solicita trece años de prisión para Begoña Díaz por un delito de tráfico de influencias y dos de malversación de patrimonio público en relación con sus trabajos para la Universidad Complutense de Madrid, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por la creación de una cátedra extraordinaria, distinta del máster que venía impartiendo la mujer del presidente del Gobierno, la organización ultracatólica considera que ha cometido un delito de tráfico de influencias que debe ser castigado con dos años de cárcel. Asegura la acusación que Gómez “ideó la cátedra con total independencia de la Universidad Complutense” y luego se ayudó de Juan Carlos Barrabés, al que la Audiencia Provincial ha sacado del procedimiento del tribunal del jurado y su acusación seguirá por el trámite del procedimiento abreviado.

“Se nombró a Begoña Gómez directora de la Cátedra no siendo profesora o personal d e adminitración de servicios con vinculación permanente a la UCM”, dice HazteOir, pese a los años que llevaba la mujer del presidente trabajando en el máster de la Universidad. “Materialmente, [la cátedra] no fue una estructura académica sino un instrumento de captación de financiación y de mediios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada”, concluye HazteOir, sin precisar cuál fue el beneficio que obtuvo Gómez.

La asociación ultra recurre a la reunión entre el rector de la Complutense y Gómez para concluir que fue “aprovechada por Begoña Gómez de manera voluntaria, libre y consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, instituciónal o académicamente por debajo de él, y fue asimismo consciente de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión [Moncloa] y de su relación matrimonial con el presidente del Gobierno”.

En relación con la supuesta desviación de los trabajos que debía hacer para ella su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, HazteOir considera que ha cometido un delito de malversación de fondos públicos y que debe ser castigada con tres años de cárcel. La asistente envió correos electrónicos de parte de Gómez.

HazteOir considera que la retribución de Álvarez “está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en ningún caso para pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma”.

A estos hay que sumar otro delito de malversación por el supuesto “uso y desvío hacia la esfera privada del software” de la Complutense, “desarrollado con fondos públicos de la Cátedra, mediante la utilización de marcas, dominio y sociedad mercantil”, añade. Este delito debe ser castigado, según los ultras, con ocho años de cárcel. En un principio, estos hechos estuvieron calificados como apropiación indebida, pero la Audiencia Provincial corrigió al respecto al juez Juan Carlos Peinado.

Gómez, con la ayuda de Álvarez, “se hizo con y puso bajo su poder de control y disposición, con ánimo de lucro, el programa informático generado en el seno de la Cátedra TSC. El activo le había sido confiado, en su condición de directora y después codirectora de la Cátedra, para una finalidad universitaria y debía quedar integrado en el patrimonio de la UCM. ”Sin embargo, no efectuó su entrega institucional ni formalizó a favor de la Universidad la cesión de los derechos de propiedad intelectual, de la marca o del dominio, sino que lo hizo accesible a terceros a traves de un dominio registrado a su nombre, empleo maras registradas personalmente, constituyó una sociedad mercantil de denominación coincidente y proyectó el activo hacia su esfera privada“, continúa.

Para Cristina Álvarez, HazteOir solo pide que se la castigue por cooperadora necesaria del delito de malversación del software con seis años de cárcel y un delito de inhabilitación absoluta por quince años. Para Gómez, la suma de los periodos de inhabilitación absoluta que solicita HazteOir es de 24 años y diez sin beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

HazteOir propone que declaren decenas de testigos en el juicio, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el delincuente Víctor de Aldama.

Un hijo de la alcaldesa de Marbella, Alexander John Broberg, batalla en la Audiencia Nacional por no perder la casa donde vive como consecuencia del decomiso dictado por el tribunal en un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales. Se trata de la misma sentencia que condena a su hermanastro Joakim a nueve años de cárcel y considera probado que el padre de ambos y marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, participó en una operativa de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís y marihuana.

En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal de Alexander John Broberg Muñoz solicita estar personado en el procedimiento y tener acceso a las actuaciones. El hijo de Ángeles Muñoz alega ser “gravemente perjudicado” por la sentencia del tribunal especializado porque en la finca está el “domicilio familiar” que comparte con su pareja.

Alexander John es propietario y administrador único de Leslie Company INC y dicha compañía es la propietaria de la finca. La propiedad ha sido decomisada, vía sentencia, “hasta la cantidad de 230.000 euros, al tiempo que se declara la nulidad de la transmisión de acciones de dicha sociedad realizada en diciembre de 2019 en favor” del propio Alexander John que hizo su padre, Lars Broberg, según el escrito de su representación legal.

El fallo condenó a 21 de los 24 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel, todos ellos pertenecientes o relacionados con una sucursal de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol. Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, fue condenado a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales. El pasado miércoles, Joakim fue puesto en libertad, en contra del criterio de Antidroga, que pedía que todos los condenados aguardaran la sentencia del Tribunal Supremo en la cárcel, informan fuentes jurídicas. Solo dos de los condenados han ingresado en la cárcel por decisión del tribunal.

La casa de Alexander John está relacionada con una de las operaciones de blanqueo de capitales de la droga recogidas en la sentencia. Lesley Company Inc. es una sociedad panameña que Lars Broberg, el marido de Muñoz creó hace décadas en Panamá, cuando ya estaba casado con la actual alcaldesa de Marbella y ella emergía en política. La sociedad de Lars Broberg declaró que el beneficiario de la finca en cuestión era su hijo Joakim.

El 8 de octubre de 2010, Lesley Company hipotecó la propiedad, recibiendo un préstamo de una sociedad radicada en Liechtenstein. Joakim canceló la hipoteca siete años después, el 26 de julio de 2017, en un acto en el que él mismo representó a la sociedad panameña y a la de Liechtenstein, según documentos hallados en los registros de la operación policial. 

El condenado por narcotráfico canceló así la hipoteca en un único pago mientras su organización de narcotráfico trabajaba a pleno rendimiento. Según destacaron los investigadores durante el juicio, no hay constancia de dónde procedió el dinero para cancelar de una vez la hipoteca.

“Tales circunstancias, unido a lugar de residencia de las entidades (Panamá y Liechtenstein), a que el préstamo tenía unas condiciones que distaban de las ordinarias, y que Joakim Broberg no ha acreditado de donde provine el supuesto dinero para hacer frente al mismo, nos conduce a una operación de blanqueo de 230.000 euros”, resolvió el tribunal.

Posteriormente, en 2019 hubo una transmisión de acciones mediante un cambio de administrador de Lesley Company, que pasa de Joakim a Alexander John Broberg por decisión de Lars Broberg, el marido de Ángeles Muñoz y padre de ambos. Se trata de la transmisión de un bien a título gratuito, tal y como reconoció en el juicio Alexander y que ha constituido previamente una operación de blanqueo por valor de 230.000 euros, según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La fiscal: “No le ha dado la gana personarse pese al decomiso”

Durante su declaración en el juicio como testigo, Alexander Broberg aseguró que lleva viviendo en la casa desde 2017 y que en 2019 es su propietario como consecuencia de una “donación” de la sociedad. “Se cambiaron de nombre las acciones, la Sala tiene la documentación original. No hubo ningún pago”, afirmó el hijo de Ángeles Muñoz. Sin embargo, la fiscal Antidroga solicitó “la nulidad de la transmisión de acciones que se realizó en 2019 a favor de Alexander Broberg”.

En el escrito que acaba de presentar Alexander John dice que está en peligro la casa donde recibe junto a su pareja y que él es, en consecuencia, “gravemente perjudicado” por el fallo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, durante el juicio, la fiscal María Dolores López Salcedo criticó la actitud pasiva del hijo de la alcaldesa: “No le ha dado la gana de personarse pese a que conocía el decomiso”.

Este punto de la sentencia muestra cómo la operación de narcotráfico y blanqueo circundó a la alcaldesa de Marbella durante años. Su marido, Lars Broberg, nunca fue juzgado porque su procesamiento se suspendió por motivos de salud, tres años antes de que falleciera. Pero su nombre fue sacado a colación en el juicio por la Fiscalía Antidroga y la Unida contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía por el interés que tenían en recuperar el dinero de esa operación de blanqueo en la que consta participó el marido de la alcaldesa y su hijastro. Y del que luego se ha beneficiado su propio hijo, John Alexander.

Ángeles Muñoz, que cortó toda relación con Joakim Broberg tras la muerte de su padre, no puede desembarazarse del condenado por narcotráfico ni de las consecuencias de la sentencia. Recientemente, un juzgado de Marbella ha resuelto que la alcaldesa tendrá que acudir a su sede a dirimir la herencia de su marido, implicado en el blanqueo del narcotráfico, después de que hayan pasado tres años sin que hiciera un solo trámite para que los hijastros recibieran su parte.

La magistrada Marta Hernández Lafuente, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, ha rechazado los recursos presentados por la acusación popular del PSOE contra su decisión de archivar el caso de corrupción contra la número 3 de Ayuso en el PP de Madrid, Ana Millán. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, Hernández Lafuernte despacha el recurso de los socialistas sin detenerse a contradecir los argumentos presentados por la acusación popular y ciñéndose a que “las alegaciones efectuadas por la recurrente no desvirtúan la legalidad de la resolución impugnada”.

El recurso de los socialistas era de reforma, ante la propia magistrada, y de apelación, ante la Audiencia Provincial en caso de que esta lo rechazara, así que ahora el caso queda en manos de los jueces de la segunda instancia.

Marta Hernández Lafuente es la última de los siete instructores que ha tenido el caso de corrupción de Ana Millán y archivó el caso en marzo al considerar que “no ha quedado acreditada la existencia de indicios racionales de comisión” de los cuatro delitos que le atribuyeron la Fiscalía, los anteriores jueces del caso, las acusaciones populares y la Unidad Central Operativa (UCO). Hernández Lafuente no solo archivó el caso sino que, en una afirmación del todo inusual, recordó que los “perjudicados”–Millán y el empresario Francisco Roselló– podían ejercer ahora “acciones civiles”.

Las acusaciones populares recurrieron –Más Madrid también ejerce esta figura– la decisión de archivo de la jueza, que estuvo apoyada por la Fiscalía después de que el Ministerio Público que había liderado las acusaciones contra la ex alcaldesa de Arroyomolinos durante años cambiara radicamente de opinión.

En el año 2008, recuperaba el recurso del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostillaba.

Ahora, la magistrada vuelve sobre sus argumentos para archivar el caso: “En virtud de las razones ya expuestas en el auto recurrido y que por economía procesal no se vuelven a reproducir, y de conformidad con la argumentación contenida en el informe del Ministerio Fiscal es por lo que procede mantener la resolucion de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones”.

Hernández Lafuente insiste igualmente en su decisión de archivar sin llamar a declarar al marido de Ana Millán, responsable de los ingresos en metálico de origen desconocido que encontró la UCO, otro de los actores impulsores de la investigación. Tampoco considera necesario llamar a declarar a la testigo que presenciaba los contactos entre Ana Millán y el empresario investigado.

El juez José Luis Calama ha citado para lo días 7 y 8 de septiembre, a las 9 de la mañana, al presidente de Plus Ultra y al CEO de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, para que declaren después de haber entregado al magistrado un escrito de oferta de colaboración en el que señalaban a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de la trama para el rescate de la aerolínea. Por otra parte, el juez Calama ha rechazado la nulidad de las actuaciones que solicitaba la defensa del ex presidente del Gobierno.

El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitió la semana pasada un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno en el que reconoce que ni él ni el entonces director financiero, Roberto Roselli, llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero –añade– lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

En el mismo sentido, el escrito de Martínez Sola recogía que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Según el relato de Martínez Sola, él mantuvo una llamada en 2020 con Zapatero “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Martínez Martínez también presentó su propio escrito, el mismo día que Martínez Sola y Roselli, y en él también implica a Zapatero en todo el proceso de rescate de Plus Ultra. Julio Martínez fue citado para el pasado miércoles y durante su declaración no ofreció más detalles acerca de las gestiones que habría realizado Zapatero ni acerca de cuánto habriá cobrado por el rescate.

Rechazo al incidente de nulidad

En cuanto al incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, el magistrado Calama explica que las resoluciones que impugna el abogado fueron notificadas “formalmente”, por lo que no cabe incidente de nulidad. Esta vía “no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras notificadas y recurribles”, ha afirmado. Un ejemplo, añade, es la entrada y registro en la oficina del expresidente, “a quien le fue notificado personalmente con carácter previo a su ejecución”.

Otras de las actuaciones no pudieron anunciarse con antelación pero la ley establece, recoge Calama, un plazo de 20 días para tener “acceso real y suficiente al contenido de la actuación”. “La consecuencia de formular el incidente fuera de ese plazo es su inadmisión”, añade.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, ha presentado un escrito en el que denuncia que el juez Juan Carlos Peinado retrasa la entrega del pasaporte a la investigada, negándose a cumplir la orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló las medidas cautelares impuesta por el instructor contra los tres imputados. “Supone, de facto, mantener una restricción sobre un derecho fundamental (libertad de circulación) sin título cautelar vigente que lo ampare, lo cual, realizado a sabiendas, reviste extrema gravedad”, recoge el escrito, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.

El abogado José María de Pablo expone que el juez Peinado ha dictado una providencia –resolución sin razonamiento– por la que retrasa la entrega del pasaporte y que lo hace “extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, invadiendo competencias que el legislador ha atribuido de forma exclusiva al Letrado de Administración de Justicia”, el anterior secretario judicial encargado de las cuestiones de procedimiento en el juzgado.

La defensa de Álvarez explica que una vez la instancia superior a Peinado ha anulado las medidas cautelares impuestas, como la retirada del pasaporte, la devolución del mismo debe ser inmediata, sin necesidad de que el juez haga uso de su potestad jurisdiccional. Sin embargo, Peinado dictó una providencia solo para adelantar que tomaría una decisión al respecto. “El alzamiento de la medida cautelar ya ha sido acordado por resolución judicial, por lo que la decisión jurisdiccional está adoptada y agotada”, añade.

La actuación dilatoria del juez en este sentido contrasta con las medidas que adopta para que Begoña Gómez y Cristina Álvarez se sienten cuanto antes ante un Tribunal del Jurado. El pasado 20 de julio, el magistrado concedió cinco días a las partes para presentar sus escritos de acusación y defensa una vez la Audiencia Provincial avaló que ambas sean juzgadas por nueve ciudadanos por malversación y tráfico de influencias.

El abogado de Cristina Álvarez solicita a Peinado que anule su providencia y ordene al Letrado de la Administración de Justicia para que, “en el ejercicio de sus competencias, proceda a la entrega inmediata del pasaporte”.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este jueves que “nadie va a poder decir” que ejerció “influencia” en el rescate de Plus Ultra y ha sentenciado: “Tengo la convicción absoluta en mi inocencia”. Esas han sido sus primeras palabras en una entrevista en Mañaneros 360, de TVE, y más de un mes después de haber comparecido en la Audiencia Nacional como imputado ante el juez José Luis Calama.

A lo largo de la entrevista ha recalcado en numerosas ocasiones que “jamás” ejerció influencia ni habló con funcionarios de “la SEPI, con cargo público o con miembros del Gobierno” para ese rescate público de 53 millones y ha enfatizado que no es solo que no influyera sino que “no habló con nadie” por lo que el conjunto de las acusaciones “queda muy en entredicho”. Además, ha negado que desviara fondos que podría haber percibido por esa influencia a través de la empresa de sus hijas.

Al hilo, como ya hiciera frente al juez Calama ha negado que diera directrices para crear una sociedad offshore en Dubái para cobrar la supuesta comisión ilegal que habría recibido por el rescate de la aerolínea y ha indicado que sostener eso es como decir que dio instrucciones “para ir a la luna”. “Es una invención absoluta. Un error. No voy a juzgar el trabajo de la policía y del juez, pero los hechos son los que son y quien acusa debe probar”, ha añadido.

Sobre su relación con la consultora Análisis Relevante, Zapatero ha dicho que se constituyó antes de la pandemia por Julio Martínez y otros socios y que él aceptó “ser consultor”. “Me parece totalmente normal percibir mis retribuciones como consultor, como he tenido relaciones con alguna empresa en tarea de consultor”. Así, ha negado ser quien marcara las decisiones en la misma y ha enfatizado, como ya hiciera ante el juez, que él realizaba trabajos de asesoría para esa empresa de su amigo Julio Martínez Martínez. No obstante, ha concedido que “es evidente que los clientes sabían que el consultor” era él. “Pero todo mi trabajo fue de asesoría y consultoría. Y ni tuve intención ni participé en la sociedad ni firmé contrato con clientes”, ha añadido.

Consultado por el estado de su relación con Julio Martínez, quien le ha señalado en la Audiencia Nacional, Zapatero ha dicho que se trata de “una amistad de hace años” y que enmarca ese movimiento de colaboración con la justicia del empresario en “una estrategia de defensa” por lo que, ha incidido, no se siente traicionado. “No va conmigo ni con mi código de conducta renegar de la amistad dilatada con él”, ha añadido para sumar que “él es un investigado y cada uno tiene su estrategia de defensa”.

Respecto a que la empresa de sus hijas sea un vehículo para canalizar fondos de origen ilícito, Zapatero ha dicho que, para empezar, se deben “revisar” las cifras de ganancias que se atribuye a Whathefav. “Mis hijas y Whathefav van a presentar todos sus trabajos y todas sus tareas”, ha dicho. El presentador le ha requerido por si ha utilizado a sus hijas como “testaferro”. “Es una pregunta increíble. Lo que faltaba es que yo hubiera implicado a mis hijas...”, ha añadido.

Joyas “sin uso ni destino”

En el registro de la oficina del expresidente se hallaron además, en una caja fuerte, una serie de joyas sobre las que Zapatero hasta la fecha no había dado explicaciones. Un peritaje preliminar realizado para el juzgado por la joyería Ansorena tasó las piezas en 1,3 millones y el magistrado acordó imputar al expresidente los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.

Respecto a ese hallazgo, Zapatero ha dicho: “Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, de hace muchos años, tengo que ser muy prudente. Ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni en el valor que se les ha atribuido, que será sometido a contradicción”. “No he entrado en una joyería en mi vida”, ha llegado a decir el expresidente.

A la pregunta del entrevistador, Javier Ruiz, sobre el incumplimiento del Código de Buen Conducta que su propio Gobierno aprobó en 2005, Zapatero ha dicho que eso “será interpretable, como todo”. En cualquier caso, Zapatero ha reconocido que no las hubiera aceptado después de lo que ha ocurrido. “Como tantas cosas en la vida, cuando la historia sucede, y repasas, seguramente hubiera tomado otra decisión”, ha añadido.

También ha sido requerido por una carta que enviaron los dueños de Plus Ultra a un directivo del Banco de Santander con el objetivo de lograr un crédito puente previo a aspirar al rescate público. Zapatero lo ha enmarcado en la normalidad de favores que le han pedido después de ser presidente y que siguen haciéndole –“ahora, todavía me llegan, en esta situación”–. “Yo llamé a ese directivo del Banco de Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas”, ha añadido. La vía de financiación del banco, según la instrucción, no salió adelante.

Sobre la entrevista con José Luis Escrivá en un momento en el que se valoraba el rescate por parte de la autoridad competente y la inferencia de los investigadores de que pudo encuadrarse en esos trabajos del expresidente en favor de la aerolínea, Zapatero ha dicho que esa “es otra de las locuras que han funcionado por ahí”. “Lo ha aclarado el señor Escrivá. Me llama para conocerme. No he hablado de Plus Ultra con nadie durante el proceso de rescate”, ha asegurado el expresidente.

El auto del juez

Zapatero consta como investigado en la Audiencia Nacional dado que el juez considera que lideraba y “dirigía una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”. El magistrado José Luis Calama sospecha que esa red articuló “un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real”, para canalizar los beneficios obtenidos con ese tráfico de influencias.

Si bien los investigadores sitúan al expresidente en el vértice de la organización, en el auto por el que se informó a Zapatero de su imputación se indicaba que se ayudó de “personas de confianza” como su amigo Julio Martínez Martínez, un empresario y comisionista que poseía una red de empresas, entre ellas Análisis Relevante, a través de la que se realizaban pagos tanto al exjefe del Ejecutivo socialista por supuestos trabajos de consultoría como a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav.

Uno de los asuntos concretos en los que el juez considera que el expresidente pudo haber ejercido algún tipo de influencia de manera irregular ese el rescate público por valor de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. En su declaración ante el juez del pasado 17 de junio, Rodríguez Zapatero negó la mayor: “No tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie, del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable”. Además, defendió sus trabajos como consultor internacional y dio carta de validez a los informes que elaboraba para la sociedad de su amigo.

Un mes después, en una estrategia de defensa muy medida, Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra investigados Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, enviaron al juez sendos escritos en los que mostraban su disposición a colaborar con la justicia y afirmaban que Zapatero sí tuvo un papel protagónico en ese rescate público de la aerolínea. De hecho, el amigo de Zapatero indicaba que el expresidente era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate y que él por sí mismo “no tenía posibilidad alguna de obtener nada (...) mucho menos financiación pública o privada” y, por tanto, “su misión consistía en mediar entre cliente y consultor -Zapatero-”.

Recordaba, además, que con independencia de que los contratos de consultoría fueran entre su empresa Análisis Relevante SL y Plus Ultra, la realidad era que “los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo (de 2020) venía dando el señor Rodríguez Zapatero”. Y añadía que a ese pago recurrente se sumó un contrato firmado entre la aerolínea y una de sus mercantiles -Idella Consulenza- el 19 de enero de 2021 por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida en el rescate a esa sociedad en caso de que saliera adelante. Algo que, sostiene, ocurrió pero con abonos prorrateados a través de varias de sus empresas.

Los escritos de los directivos de Plus Ultra no hicieron más que echar más leña al fuego. Detallaron que ese contrato del 1% para cobrar la por esa influencia finalmente se canalizó a través de tres sociedades de Julio Martínez Martínez: “249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica, y 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL”. El resto, hasta completar la comisión del 1% (530.000 euros) se completó, indicaron, con vuelos en clase business, hasta un total de 46.

En la declaración ante el juez de este pasado martes, Julio Martínez ratificó su escrito, se reconoció en al figura de un “correveidile” del expresidente pero no aportó datos clave, como qué influencia pudo ejercer Zapatero sobre qué personas concretas para lograr ese rescate o cómo fue el reparto real y exacto de las comisiones ilegales. Fuentes de la investigación, no obstante, calificaron el resultado de satisfactorio porque puede ser el inicio de una colaboración con la investigación más amplia.

La defensa de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este miércoles su absolución en el juicio del caso Kitchen porque entiende que durante la vista, que empezó hace tres meses, “no se ha acreditado” ninguno de los tres delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior. Jesús Mandri, el letrado de Fernández Díaz, ha defendido que Kitchen fue “una operación de inteligencia, no parapolicial” y que, de ella, no fue informado el ministro del Interior, como tampoco lo era de otras muchas porque su cargo no consistía en estar encima de los dispositivos policiales.

“Interior es una de las carteras más complicadas del Gobierno, con más de 200.000 funcionarios a su cargo, con una agenda parlamentaria e internacional intensa y, por eso, nunca se le informa [al ministro] de las operaciones policiales ni del uso de los fondos reservados”, ha expuesto Mandri, que ha intervenido durante cerca de dos horas.

Fernández Díaz está acusado de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad, por las maniobras contra Bárcenas y su familia orquestadas presuntamente desde el Ministerio del Interior para sustraer la documentación que el ex tesorero del PP pudiera esconder en 2013 de la financiación irregular del PP y de los pagos con dinero negro a sus principales dirigentes, incluido el entonces presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

La prueba principal contra Fernández Díaz son los mensajes que aportó ante dos notarios su número dos, Francisco Martínez, cuando se vió en peligro de ser imputado y al comprobar que el ministro se desvinculaba en público de cualquier conocimiento de Kitchen. En esos mensajes, Fernández Díaz aparece informando al secretario de Estado de la existencia del confidente en el entorno de la familia Bárcenas, el chófer, de su identidad o de los avances de la operación.

La principal línea de defensa durante el juicio ha sido desacreditar esos mensajes, que Martínez borró antes de que fuera incautado su teléfono. “Esos mensajes nunca existieron y si existieron nunca fueron enviados o reenviados por Jorge Fernández Díaz”, ha dicho este miércoles su abogado. El letrado ha desacreditado el testimonio de los peritos y ha deslizado, incluso, que uno de ellos mintió en el juicio.

Los peritos no comprobaron si ese teléfono que aparecía en la agenda del terminal de Martínez a nombre de “Jorge Fernández Díaz” pertenecía en realidad al ministro. Sin embargo, el fiscal defendió en su alegato final que está acreditado que era un teléfono del Ministerio del Interior en la época y que después el número ha seguido siendo utilizado por el entonces titular de la cartera.

Mandri ha destacado que no hay grabación alguna ni anotación en la agenda de Villarejo sobre encuentros entre ambos. En este sentido ha impugnado que se tome como prueba un encuentro entre el policía y el ministro de 2012 en el que se fragua la Operación Cataluña porque, ha dicho, nada tiene que ver con la causa y no ha sido sometida a ninguna comprobación de veracidad. Fernández Díaz ha cambiado de versión varias ocasiones sobre si conocía a Villarejo después de que revelaciones periodísticas hayan demostrado que mentía.

En las agendas de Villarejo sí hay múltiples referencias al ministro del Interior y su conocimiento de la operación Kitchen. El investigador principal del caso, el inspector jefe Gonzalo Fraga, dijo en el juicio que las anotaciones que Villarejo allí hacían no eran un montaje –“Villarejo no se engana a sí mismo”– pero el abogado del acusado ha defendido que “no son prueba de absolutamente nada”.

Respecto al carácter de “inteligencia” de la operación Kitchen, Mandri ha dicho que así consta en los epítetos que le dedicaba Villarejo en una carpeta que se le incautó, a la que el abogado sí ha dado credibilidad. Y que la operación, en línea con la tesis de la defensa del resto de investigados, buscaba encontrar dinero aún oculto por Bárcenas y sus testaferros, pese a que el investigador de la caja B ha negado que fuera informado jamás del operativo.

Asimismo, el abogado ha defendido que Fernández Díaz no tenía ningún interés personal en encontrar la supuesta información comprometedora para el PP porque él no aparece en los papeles de Bárcenas ni como receptor de dinero negro. “No le afectaba la información del señor Bárcenas”, ha asegurado el letrado.

El número dos, de acuerdo con Fernández Díaz

Durante todo el juicio las defensas han exhibido un concierto en la línea de defensa. Ha llamado especialmente la atención la cordialidad entre Fernández Díaz y Francisco Martínez, quienes mantuvieron un agrio enfrentamiento durante la instrucción, visualizado en el careo que organizó el juez instructor. En su alegato final, el abogado de Martínez ha coincidido con el del ex ministro en que la Kitchen fue “una operación real policial, lícita y legal, de inteligencia, para buscar dinero, patrimonio, de Bárcenas y su familia”.

Colina ha defendido la actuación policial como “una operación de Estado”. “Si no se hubiera investigado se habría cometido verdaderamente el delito”, ha afirmado, en relación a la supuesta búsqueda del dinero escondido por Bárcenas y sus presuntos testaferros.

“Nos hemos tirado casi tres meses de juicio, han declarado aquí un montón de personas y ningún testigo, ningún perito ha venido aquí a contarnos que existe la 'Operación Kitchen' tal y como las han concebido las acusaciones. Ninguno”, ha asegurado Colina.

El empresario y comisionista Julio Martínez no ha aportado novedades respecto al escrito que presentó la víspera en la Audiencia Nacional señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como conocedor e instigador de supuestas maniobras para el rescate de Plus que, en cualquier caso, describe como labores “de asesoría”. Durante más de tres horas de declaración, Martínez no ha aclarado ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate de Plus Ultra ni cuánto habría cobrado por ello, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Martínez ha respondido durante cerca de hora y media a las preguntas del juez José Luis Calama y ha repartido la otra hora y media entre la fiscal, Elena Lorente, y su abogada, María Dolores Márquez de Prado. Las fuentes consultadas califican de “decepcionante” el contenido de la declaración respecto de las expectativas del ofrecimiento de colaboración con la Justicia que la defensa de Martínez hizo en su escrito conocido este lunes. La falta de concreción del investigado habría provocado la irritación incluso de la fiscal Lorente, según las mismas fuentes.

El caso Plus Ultra había entrado este lunes en una nueva fase con el anticipo de colaboración con la justicia que hicieron dos figuras clave para la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta ahora amigo y fiel colaborador de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y último corruptor confeso.

En la previa de la declaración de Martínez Martínez, 'Julito', el empresario y comisionista, envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de qué hizo concretamente Zapatero por la aerolínea y cuánto cobró por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del presidente y del director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Martínez atribuía en el escrito al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Martínez ha reiterado hoy que él no tenía ni tiene contactos para lograr el rescate.

Por otro lado, Martínez ha confirmado al juez este martes que se le pagaba una iguala de 3.000 euros mensuales a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, hasta finales de 2025 por trabajos de marketing, que básicamente era poner bonitos los informes elaborados para Análisis Relevante. Y ha aclarado que se pagaba esa cantidad mensual incluso cuando no había nada que hacer.

Otras fuentes presentes en la declaración han explicado que el compañero de 'running' de Zapatero se ha descrito asimismo como una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le ha llegado a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario ha confirmado que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' ha incidido en que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primer a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

En este sentido, ha quitado relevancia a la comida que mantuvieron con un experto en finanzas para concretar la creación de una sociedad offshore en Dubái. La UDEF infería en su atestado que podría buscarse cobrar la comisión de Plus Ultra a través de ese vehículo para no dejar rastro en España. Pero 'Julito' ha señalado que era un tema muy complejo y que el encuentro fue más por cortesía que otra cosa. Finalmente la comisión, ha sostenido, se cobró por medio de sus propias empresas.

Más allá de estos detalles, ha concretado que los informes que Zapatero hacía para Análisis Relevante eran reales pero de escaso o nulo valor añadido, que se basaban en fuentes abiertas y que eran enviados de manera gratuita a potenciales clientes. Y sobre el término utilizado de 'finance boutique', que aparece en los atestados, ha señalado que era una manera de llamar al negocio pero sin relevancia.

Martínez Martínez ha apuntado que él, gracias a las presentaciones de Zapatero en Venezuela, logró el contacto de Delcy Rodríguez, actual presidenta del país, y ya ofreció el mismo de manera independiente trabajos reales a la aerolínea para resolver asuntos de Plus Ultra como el aplazamiento de la deuda con PDVSA por el petróleo o gestiones para posibilitar vuelos.

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez. La jueza Raquel Robles archivó la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los policías sospechosos de entregar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso los datos de dos periodistas de El País a los que previamente habían identificado en la calle. Los socialistas apelan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado en la que se le reprochaba no haber conservado los correos electrónicos que habrían probado su versión de los hechos. Lo hacen después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y Rodríguez declararan en el juzgado que habían borrado la conversación de whatsapp en la que el primero entregaba al segundo la foto de los periodistas, difundida después junto a sus nombres por el jefe de gabinete de Ayuso.

Esa versión de Rodríguez y González Amador en el Supremo descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.

El escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge: “No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”. Los socialistas recurren directamente en apelación ante la Audiencia Provincial, que ya obligó a la jueza Robles a abrir la causa después de que la magistrada rechazara su admisión a trámite.

Miguel Ángel Rodríguez declaró ante la jueza que había sido González Amador quien le pasó la foto de los dos periodistas mientras hacían su trabajo en las inmediaciones del domicilio que comparte el empresario y comisionista con la presidenta madrileña. Justo antes le había dicho a los periodistas que la foto se la envió un vecino. Ante la magistrada rectificó y aseguró que el vecino hizo la foto y se la entregó al novio de Ayuso y este se la dio a él. Luego, González Amador ratificó esta versión ante la jueza.

Para el PSOE, “el señor González Amador aportó tras su declaración una documentación confusa e inconsistente, con pantallazos de unas supuestas conversaciones en fecha ignorada, con imágenes que no se ven y entre interlocutores desconocidos (...)”. “Ninguno de estos mensajes ha sido cotejado ni se ha verificado su realidad, las personas intervinientes o sus fechas”, añade el escrito de la acusación popular.

Los socialistas recuerdan a la Audiencia Provincial que los dos periodistas perjudicados por la difusión de sus datos y otro compañero corroboraron “explícitamente” la versión de que los datos procedían de los policías que les habían requerido la documentación e identificado en plena calle. Un documento policial incorporado a la causa reconociendo la identificación se sumaría a la tesis de la acusación, recoge el propio escrito.

El escrito del PSOE asegura que la jueza Robles “ha anticipado el cierre de la instrucción” antes de aclarar nada y que lo ha hecho a través de “una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado”, Miguel Ángel Rodríguez.

El caso Plus Ultra entró este lunes en una nueva fase con el anticipo de colaboración con la justicia que hicieron dos figuras clave para la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta este lunes amigo y fiel colaborador de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y último corruptor confeso. En la previa de la declaración de Martínez Martínez, 'Julito', el empresario y comisionista, envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de qué hizo concretamente Zapatero por la aerolínea y cuánto cobró por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del presidente y del director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

La declaración de Julio Martínez Martínez navega entre el anuncio de la colaboración y la necesidad de no aumentar los indicios que pesan contra él. Este martes no lo tendrá tan fácil. 'Julito' deberá responder a las preguntas que le hagan la fiscal y el juez sobre los detalles del presunto tráfico de influencias y el blanqueo de capitales que cometió presuntamente junto a Zapatero. Pero de momento, los dos 'julios' de la causa aseveran que el expresidente era la persona que en realidad se ofreció para impulsar y asegurar que esa financiación pública de 53 millones llegaba a la compañía. Eso sí, sin concretar qué gestiones concretas hizo o con qué funcionarios pudo hablar para desatrancar ese rescate.

Esto contrasta radicalmente con lo que sostuvo José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 16 de junio a preguntas del magistrado José Luis Calama. Entonces dijo que no había ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público en plena pandemia. Añadió que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra, aunque sí reconoció que en 2024 conoció a quien era por entonces vicepresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola.

En el escrito de 'Julito', su defensa recalca que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate. Y aclaraba que él por sí mismo “no tenía posibilidad alguna de obtener nada (...) mucho menos financiación pública o privada” y, por tanto, “su misión consistía en mediar entre cliente y consultor -Zapatero-”.

Recuerda que con independencia de que los contratos de consultoría fueran entre su empresa Análisis Relevante SL y Plus Ultra, la realidad era que “los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo (de 2020) venía dando el señor Rodríguez Zapatero”. Y añadía que a ese pago recurrente se sumó un contrato firmado entre la aerolínea y una de sus mercantiles -Idella Consulenza- el 19 de enero de 2021 por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida en el rescate a esa sociedad en caso de que saliera adelante.

Ese montante, que podría ascender a medio millón de euros, se acordó que fuera en diferido a lo largo del tiempo y hasta 2026, y a través de diferentes mercantiles relacionadas con el comisionista, por culpa de la “presión mediática sobre la financiación pública”. “En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado”, explicaba Julio Martínez en el escrito.

Por otro lado, Julio Martínez señalaba que la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la investigación de la trama que supuestamente se dedicaba al tráfico de influencias, se creó para que Rodríguez Zapatero fuera su “principal consultor” y emitiera “informes de estrategia”, extendiera “relaciones internacionales” e “impartiera conferencias según fueran requiriendo los clientes”.

Zapatero reconoció que había realizado informes verbales para Análisis Relevante por los que había cobrado y declarado a Hacienda. Martínez eleva en su escrito la relación del expresidente con la consultora: “El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. Martínez también explicaba que tras la creación de Análisis Relevante se acordó una iguala de 3.000 euros mensuales para que la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, maquetara los informes de Análisis Relevante.

El paso al frente de los directivos de Plus Ultra

Si las revelaciones de 'Julito' Martínez ya hacen presagiar una declaración que puede ser aciaga para el expresidente del Gobierno, los escritos de las defensas del presidente y del director financiero de Plus Ultra -idénticos en lo mollar- parecen enterrar toda esperanza para el líder socialista. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli explican la vía por la que contactaron con Zapatero -Manuel Fajardo- y detallan que se formalizó un contrato para cobrar la “mordida” que finalmente se canalizó a través de tres sociedades de Julio Martínez Martínez: “249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica, y 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL”.

Esta suma no llegaba a los 530.000 euros apalabrados y acordados, y el enlace de Zapatero quería recibir el líquido completo, pero “aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en 46 billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes”. “Materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%”, insistía.

Así, esas cantidades cobradas a través de tres sociedades encajan como anillo al dedo con lo que sostiene el propio 'Julito': había que canalizar el pago a través de diferentes mercantiles debido a la presión mediática en torno al rescate de la aerolínea.

El actual presidente de Plus Ultra reconoce, además, que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

El presidente de Plus Ultra explica que adoptaron esa decisión de la vía de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Precisamente, Martínez Sola defendió en el mes de febrero en su intervención en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que “no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma, no hubo trato de favor, ni injerencias indebidas, ni ayudas ilícitas” en el rescate de 53 millones de euros que la aerolínea recibió del Gobierno en 2021. “Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada”, afirmó.

El contacto con Zapatero: un número oculto

Sobre cómo se inició esa intermediación de Zapatero, Martínez Sola relata que él mantuvo una llamada en 2020 con él “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Roselli mantuvo con posterioridad una conversación telefónica con el enlace de Zapatero. 'Julito' sí le explicitó que “por llevar a cabo el plan de viabilidad se les iban a cobrar unos honorarios a través de una 'finance boutique'”. “Los honorarios, como veremos y a pesar de la ausencia de trabajos (simplemente se hicieron unos escasos informes de cobertura), se cobraron igualmente”, recoge el escrito, que indica que en ese momento tanto Martínez Sola como Roselli “tuvieron plena conciencia de que Julio Martínez Martínez y Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (...) lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener” ambos.

El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el que apunta que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Martínez Sola explica al juez José Luis Calama que finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato de la sociedad Idella , si bien Plus Ultra “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explica.

El actual presidente de la aerolínea, reconoce que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

Relata que adoptaron esa decisión de la vía de de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Si ese contrato con Idella Consulenza se firma en enero de 2021, el 26 de febrero de 2021 el 'enlace' de Zapatero -Julio Martínez Martínez- informó a los directivos de que Plus Ultra “había conseguido la propuesta favorable para la concesión de las ayudas de la SEPI y de que la aprobación se produciría previsiblemente en el Consejo de Ministros del 9 de marzo.

Según el relato de Martínez Sola, él mantuvo una llamada en 2020 con Zapatero “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”. Destaca que no fue hasta 2024 cuando le conoció presencialmente en el Hotel Santo Mauro en compañía de su amigo y presunto testaferro.

El escrito de Martínez Sola explica que Roselli, el que era el director financiero de la compañía y que también está imputado en la causa, mantuvo con posterioridad una conversación telefónica con el enlace de Zapatero y que éste sí le explicitó que“ por llevar a cabo el plan de viabilidad se les iban a cobrar unos honorarios a través de una 'finance boutique'”.

“Los honorarios, como veremos y a pesar de la ausencia de trabajos (simplemente se hicieron unos escasos informes de cobertura), se cobraron igualmente”, recoge el escrito, que indica que en ese momento tanto Martínez Sola como Roselli “tuvieron plena conciencia de que Julio Martínez Martínez y Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (...) lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener” ambos.

Martínez Sola señala que el primer asunto que iba a facilitar Zapatero era realizar unos contactos con el Banco Santander, concretamente con su vicepresidente Juan Manuel Cendoya para solicitar una revisión de la negativa de la entidad a la concesión de un crédito ICO a la aerolínea. Durante las semanas posteriores “se fue definiendo la estrategia -con Julio Martínez Martínez- para acceder al rescate y los pasos que debían seguirse” y ya el 30 de julio de 2020 se firmó entre la sociedad del presunto testaferro de Zapatero, Análisis Relevante, y Plus Ultra “un contrato denominado de asesoramiento durante 12 meses por importe de 5.000 euros mensuales (60.000 euros) más IVA (72.600 euros)”.

El desglose de la comisión

Tras ese contrato llegó el de enero de 2021 de la comisión del 1%. Y ya el 9 de marzo el Consejo de Ministros autorizó finalmente el apoyo financiero público a Plus Ultra por importe de 53 millones de euros. El escrito desgrana que esa presunta comisión se desglosó en tres pagos concretos a empresas controladas por Julio Martínez: “249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica, y 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL. Suma que a pesar de que el enlace de Zapatero quería recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos, ”aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en 46 billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes“. ”Materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%“, insiste.

El directivo de Plus Ultra explica que las 40 facturas emitidas por Análisis Relevante (unas 40 facturas) con el concepto 'Honorarios Mensuales. Elaboración de Informe' eran “encubridoras” porque o no existían informes o, los 6 ó 7 que se hicieron, “eran irrelevantes”. Califica igualmente de “inciertos” los conceptos utilizados en las facturas de Voli Analítica e Iot Domotic.

Martínez Sola añade a esto que “hubo otros pagos a Julio Martínez Martínez puesto que éste desarrolló intensas labores para Plus Ultra en Venezuela”, como el aplazamiento de cinco años de una deuda de 8 millones de dólares con la petrolera estatal PDVSA por el combustible empleado para los vuelos.

Sobre la investigación abierta por el presunto blanqueo de capitales y que se encuentra en el origen de la causa, Martínez Sola indica que el exdirectivo Rodolfo Reyes “mantuvo el control efectivo de la compañía hasta su salida del accionariado en octubre de 2025” y que en su periodo es cuando se produjeron las instrucciones relativas al repago de préstamos recibidos en 2020 y 2021. “En enero de 2026 Plus Ultra despidió a Rodolfo Reyes formalmente a consecuencia de las irregularidades detectadas en la sucursal de Venezuela”, añade.

“Plus Ultra ha cometido errores, no se discute. Pero ello no significa que nos encontremos ante una sociedad pantalla o no dedicada a actividad empresarial plenamente lícita. Plus Ultra es una compañía aérea con una actividad operativa real, estructura laboral consolidada y presencia efectiva en el mercado. Su evolución económica, el volumen de empleo sostenido, pagos recurrentes de nóminas y aportaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública evidencian una organización empresarial activa, con capacidad de prestación continuada de servicios y con positivo impacto económico verificable en la sociedad española”, explica.

Concluye que, aunque no pretende eludir su responsabilidad, “Plus Ultra se ha visto involucrada en una presunta red de blanqueo de capitales y en una operativa de tráfico de influencias como consecuencia de una situación desesperada de obtención de liquidez fruto de una pésima coyuntura económica”, como fue la pandemia.

La compañía aérea Plus Ultra ha enviado este lunes un escrito al juez José Luis Calama un escrito anunciando una “investigación interna” sobre su rescate, un asunto por el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Este texto se ha conocido apenas unos minutos después de que saliera a la luz otro escrito, presentado por el empresario Julio Martínez Martínez, en el que asegura que fue el exmandatario socialista “quien marcaba los pasos a seguir” para lograr el mencionado rescate.

En el texto, Plus Ultra sostiene que por mandato de su Consejo de Administración, su representante letrada en la causa muestra “su intención de prestar la máxima colaboración en la averiguación de los hechos objeto” de la presente,“ en cuanto se relacionen con personas físicas que se hallaban vinculadas con ella en el momento de los hechos”. “También para la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control, que hubiera podido hacerlos posibles”, zanjan.

Justo antes, el empresario Julio Martínez atribuía en un escrito al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI.

Por otro lado, explica que la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la investigación de la trama que supuestamente se dedicaba al tráfico de influencias, se creó para que el “principal consultor” emitiera informes de estrategia, y que la empresa de las hijas del expresidente cobraban una iguala de 3.000 euros mensuales por maquetaciones. Relata que si bien Zapatero no estaba en el accionariado “era quien lideraba y decidía las cuestiones de estrategia y de captación de clientes”.