La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a tumbar el intento de reapertura por parte de la representación legal de Pedro Sánchez y el PSOE de la causa por la lona que colocó HazteOir frente al Congreso llamando “corrupto” al presidente del Gobierno. Primero fue un juzgado de instrucción el que archivó la causa, decisión que confirmó la instancia superior, la misma que ahora desestima el incidente de nulidad presentado por las acusaciones frente a la propia decisión de la Sección Sexta.

El auto de los magistrados no entra en el fondo del asunto al tratarse de resolver un incidente de nulidad. Los argumentos jurídicos que expone se concretan en que los recurrentes acudieron a la citada fórmula cuando “lo que realmente se ha pretendido es interponer una especie de recurso de súplica para que el tribunal valore si él mismo ha incurrido en algún tipo de error, error que no se observa”, según se recoge el auto de la Sección Sexta al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los jueces de la instancia superior resuelven que el PSOE y Sánchez debían haber acudido a la vía procesal, en lugar de presentar un incidente de nulidad, si consideran que el tribunal incurrió en “falta de motivación” al rechazar las diligencias de investigación propuestas. Los magistrados advierten que los recurrentes, además, han dejado “transcurrir el plazo y el trámite previsto para solventar este tipo de situaciones”.

El PSOE y Sánchez también apelaban a la nulidad porque no se habían practicado las diligencias solicitadas antes de dictar el archivo, tales como tomar declaración a HazteOir, la incorporación de un “reportaje fotográfico” sobre los hechos o valorar la “persistencia de la campaña”. La Sección Sexta responde que el derecho a solicitar cuantas diligencias consideren las partes “no es absoluto” y que no implica que deban ser aceptadas.

La decisión de la Sección Sexta es adoptada con el acuerdo de la Fiscalía que, tal y como destacan los jueces, razonó que si el juzgado había considerado “penalmente irrelevantes los hechos”, la práctica de las diligencias no aportarían nada.

Cuando se decidió el archivo, el juez argumentó que la acción de HazteOir era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. En la misma línea, la Audiencia Provincial consideró que en la lona “no se aprecia la finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. También destacó que, en su opinión, no existía “incitación a la violencia ni discurso de odio”.

La lona que colgó el 19 de mayo de 2025 la asociación ultracatólica, que ejerce la acusación popular en casos relacionados con el Gobierno y la familia del presidente, hacía referencia a las causas judiciales como la de Koldo García o las que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez. Los bomberos retiraron la lona de madrugada por orden de un juez tras la petición de medidas urgentes del PSOE.

El caso contra José Luis Rodríguez Zapatero se mueve entre la parálisis y el desánimo, si se atiende a los intereses del expresidente del Gobierno. El último episodio es la revelación por parte de su defensa de que las joyas más valiosas de su ajuar proceden de un regalo del anterior rey de Arabia Saudí, que, por otra parte, es imposible acreditar desde hace tres meses. La ausencia de una respuesta de la monarquía saudí a la petición de Zapatero para que confirme que se produjo la dádiva fía el futuro de la pieza separada a que el juez acceda a enviar una comisión rogatoria al país y que este se decida a contestar, lo que no siempre ocurre. 

El escrito de Zapatero llega en el plazo de tres días que el juez José Luis Calama había concedido al expresidente para aportar la información que no ofreció en su declaración como investigado de junio y que tampoco había facilitado cuando fue entrevistado en TVE en julio. Por lo visto, Zapatero optó por dejar que el escándalo siguiera su curso de especulaciones y confiar en acallarlo con un documento que Riad no ha enviado. 

Ante el fracaso de sus gestiones con Arabia Saudí, la defensa del expresidente ha optado por solicitar al juez José Luis Calama que libre una comisión rogatoria internacional que recabe la confirmación del origen de las joyas.

El régimen saudí acumuló en el pasado un historial de prácticamente muy escasa colaboración con la justicia de países occidentales, entre ellos España, si bien fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa dinámica ha cambiado en los últimos tiempos y que se está produciendo “reciprocidad” a raíz de demandas de información de Riad que han sido satisfechas desde Madrid.

El expresidente del Gobierno permanece investigado en una pieza separada a raíz del hallazgo de alhajas y bisutería en una caja fuerte de su despacho que han sido valoradas en 1,3 millones de euros por una prestigiosa joyería madrileña. Los delitos que se le imputan en relación con las valiosas piedras son contrabando y delito fiscal. 

Una respuesta afirmativa de la monarquía saudí habría contribuido ya de forma decisiva a que se disolviera esa acusación. Zapatero afirma en el escrito presentado en la Audiencia Nacional que el rey de ese país le entregó en su “vivienda familiar” el regalo durante la visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007. El hecho de que se tratara de un regalo recibido en el Palacio de la Moncloa descartaría el contrabando porque Zapatero no habría introducido nada en España sin declarar. Las obligaciones fiscales, que Zapatero no atendió en su momento al no tributar por una donación tan valiosa, no serían delito atendiendo a la prescripción. 

La imputación del expresidente del Gobierno por tráfico de influencias en relación con el rescate de Plus Ultra implicó un terremoto político que alcanza a cuestiones propias de identidad para la izquierda en España, por tratarse Zapatero de un referente de sus políticas. Pero también una crisis tangible para el actual presidente Pedro Sánchez, que no solo reivindica el legado de Zapatero, sino que ha implicado al anterior presidente socialista en asuntos tan relevantes como la negociación política en Catalunya y la defensa pública de su gestión al frente del actual Ejecutivo. Todavía hoy Pedro Sánchez asegura contar con Zapatero para la próxima campaña electoral. 

El descubrimiento de las joyas no debería constituir el principal problema judicial de Zapatero, según el análisis de algunos juristas. El expresidente puede asegurar que las joyas son suyas, que fueron un regalo, y que sea la Audiencia Nacional quien deba demostrar, en su caso, que no es así y que suponen el pago por actuaciones propias del tráfico de influencias que se le imputa. De no alcanzarse esas conclusiones, las joyas quedarían en el futuro como un indicio de un enriquecimiento ilícito que no prosperó hasta convertirse en prueba. 

Pero el expresidente, consciente de la trascendencia pública que adquirió de inmediato el hallazgo, se comprometió a dar explicaciones en diez días. De ello han pasado casi tres meses. En el plano político, el escrito de Zapatero no contribuye al final de la crisis. Su Gobierno aprobó en 2005 el Código del Buen Gobierno, por el que los cargos públicos no debían aceptar los regalos cuyo valor superase los usos sociales y de cortesía. Los presentes deberían ser entregados a Patrimonio Nacional.

El expresidente reconoce en su escrito que recibió las joyas en 2007, dos años después de la aprobación de la norma, y el hallazgo el pasado mayo confirma que se las quedó. Reitera lo que ya dijo en TVE que las joyas no han tenido “uso ni destino alguno”, que tampoco tiene “conciencia de su valor material”, aunque en cualquier caso discrepa abiertamente del valor de 1,3 millones que estableció la joyería Ansorena. 

Zapatero coincide en que los tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes que le habría regalado el rey Abdullah suponen más del 93% del valor de todo lo requisado por la Policía, que también se incautó de otras piezas de joyería y bisutería que el expresidente atribuye a la herencia familiar tanto suya como de su mujer, Sonsoles Espinosa. 

Sobre el origen de las alhajas puede arrojar luz el informe pericial que el juez ha encargado a los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes, distinta de la que hizo la primera tasación. Estos expertos deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Y con esos datos confrontar con las afirmaciones de Zapatero. 

En la pieza principal, la que atribuye tráfico de influencias a Zapatero, también oscila entre el estancamiento y las malas noticias para el expresidente. Su antiguo socio Julio Martínez le atribuyó en julio estar al frente de todas las mediaciones que él realizaba, sin concretar si eran delito o una labor de lobby. Los ex responsables de Plus Ultra dijeron al juez que ellos estaban convencidos de que Zapatero cobró por mediar en el rescate de la compañía, pero que no tienen pruebas de ello y que tampoco sabían cuánto.

El abogado Juan Antonio Frago Armada, que integró la acusación popular contra el ex fiscal general del Estado, es investigado en un juzgado de Madrid por revelación de secretos, el mismo delito que él atribuyó a Álvaro García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Frago acompañó su participación en la vista de exabruptos en la red social X contra otras partes y testigos. Ahora, Frago debe responder por publicar en X un mensaje denigratorio con datos sobre la salud de la parte contraria en un procedimiento de la Audiencia Nacional.

Por estos hechos, Frago Armada es investigado en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, que en un primer momento no apreció delito en la conducta el abogado. El denunciante recurrió y ahora la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que hay motivos para investigar a Juan Antonio Frago y ha obligado al magistrado instructor a reabrir la causa. Ese mismo mensaje ofensivo, junto a otros, ya le valieron a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Colegio de Abogados que 10 meses después aún no ha cumplido.

Un auto de la Sección 30, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que Frago habría faltado al “deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados” respecto de los datos que conocen como parte personada en un caso, más aún cuando esa información afecta a la salud de terceros. “La ética profesional obliga al letrado a preservar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su función y a abstenerse de utilizarla como instrumento de exposición pública o descrédito profesional”, escriben los magistrados.

Frago es el abogado de la mujer que denunció al agregado de Interior en la Embajada española en India por acoso y agresión sexual. El comisario fue suspendido cuando se conoció su imputación en una causa que sigue instruyéndose en la actualidad. En aquel momento, el comisario pidió la suspensión de su declaración como investigado aportando un informe sobre “un trastorno depresivo ansioso”.

El letrado Frago publicó en X: “Ver que un comisaurio [sic] pide la suspensión de una declaración de investigado por 'aparente depresión' es para que le entre la risa a uno. El que te tendría que defender con su vida que no se atreve a hablar ante un juez. Hora de pasar al patíbulo”. El tuit incluía la foto de una guillotina y fue borrado por Frago después de la denuncia ante el ICAM.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid censuran que el juez no haya tomado declaración siquiera al denunciante antes de archivar las actuaciones. El instructor adoptó tal decisión al considerar que Frago solo aludió en X a “incidencias procesales” que no afectaban al contenido de la investigación judicial y que, por tanto, los hechos no tenían encaje en el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El auto de la Sección 30, del que ha sido ponente Pilar Llop, afirma que el sobreseimiento provisional acordado por el juez instructor “únicamente resulta procedente cuando de manera clara y terminante pueda afirmarse que los hechos denunciados carecen manifiestamente de relevancia penal o cuando resulte imposible obtener base indiciaria alguna sobre su comisión”.

Recuerda la Sala que el artículo 199.2 del Código Penal sanciona al profesional que, “con un incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue secretos de otra persona conocidos precisamente por razón de su actividad profesional”. “No cabe duda –añade– que tiene la condición de secreto el dato íntimo relativo a la salud de una persona y que no es públicamente conocido, pues por secreto ha de entenderse lo concerniente a la esfera de la intimidad, que es solo conocido por su titular o por quien él determine”.

“A efectos penológicos, el deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados comprende los secretos, datos e informaciones conocidos en el ejercicio de la profesión tanto respecto de su propio cliente como respecto de terceros afectados por la actuación procesal”, añaden los magistrados de la Sección 30.

“Un mal ejercicio de la profesión”

El citado mensaje en Twitter y otros contra el comisario investigado ya le valió a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La sanción responde a “un mal ejercicio de la profesión”, o conducta “antideontológica”, en relación con los comentarios “insultantes” que Frago lanzó desde su cuenta de X, según informó en su momento elDiario.es.

Cuando elDiario.es recabó su versión, antes de publicar la sanción, el letrado aseguró que desconocía siquiera la denuncia en el ICAM. Sin embargo, había recurrido la misma para que se suspendiera la inhabilitación y poder participar en el juicio al fiscal general. Frago representó a APIF, la asociación de fiscales que pedía seis años de cárcel para García Ortiz, la pena más alta solicitada por las acusaciones. Frago sigue sin cumplir la sanción. El ICAM compartía estrados con él, ya que también actuaba de acusación popular en el procedimiento contra el ex fiscal general.

Mientras se celebraba el juicio, Frago recurrió en numerosas ocasiones a su cuenta de X. En ella publicó que los abogados del Estado llevaban “muy mal preparado el asunto” o que un periodista de elDiario.es merecía “el despido fulminante” por el contenido de su declaración. Sobre el testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, califico de “domadas” sus intervenciones en la vista y pronosticó que “se haría rico” si se decidiera a ejercer de abogado.

En su intervención final, Juan Antonio Frago llegó a afirmar que en la Fiscalía General del Estado “estaban preparando la jugada de la imputación si no detención del señor Alberto González Amador” cuando El Mundo publicó una información tergiversada sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando con el Ministerio Público. El abogado llegó a comparar el caso del fiscal general del Estado con el de José Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos, y comparó la filtración por la que finalmente fue condenado García Ortiz a una pena de suspensión con una agresión sexual múltiple.

La Fiscalía de Madrid ha solicitado dos años y seis meses de inhabilitación para la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por filtrar una nota policial con la que intentar sostener la acusación por delitos sexuales contra los migrantes de la localidad que había hecho su jefa, Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público pide idéntica condena para Raúl Castillo, director de comunicación de la alcaldesa en el momento de los hechos y quien también habría participado en la filtración, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es.

El relato de la Fiscalía recuerda que la mañana del 17 de enero, el Gobierno de la Comunidad de Madrid celebró su pleno extraordinario en la ciudad complutense. Tras el mismo, Díaz Ayuso aprovechó su comparecencia ante los medios para decir que las mujeres de Alcalá estaban sufriendo “agresiones sexuales que se habrian cometido por migrantes” que residian en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED), y que los extranjeros estaban siendo investigados. “Dichas declaraciones generaron debate político y repercusión en distintos medios de comunicación”, añade el escrito de Fiscalía.

La fiscal del caso da por acreditado que por la tarde, la alcaldesa llamó al jefe de la Policía local “para que le facilitase cuanta información tuviese sobre las agresiones sexuales” a las que se había referido Ayuso, en concreto unas cometidas del 11 de diciembre de 2023. Piquet le dijo al policía que debía aportar la documentacion que tuviera en la Junta Local de Seguridad que se iba a celebrar esa misma tarde.

El agente le entregó personalmente a Judith Piquet el informe y ésta “lo cogió, le hizo una fotografía e instantes despues, cuando se unió a la conversacion el también acusado Raúl Castillo, se lo entregó y le dijo: ”¿ves?, hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa, hay que trasladar esto a Madrid“, según aparece en el escrito de la Fiscalía. Castillo le hizo otra foto al informe y se lo devolvió al jefe de la Policía local.

El 18 de enero de 2024, Alfonso Serrano respondió a sendos tuits de las cuentas de elDiario.es y el PSOE de Madrid con la fotografía del informe Policía y varios comentarios. Durante su declaración como testigo, Serrano aseguró que le había llegado el informe de un extraño, a través de un correo electrónico que había borrado.

La Fiscalía no acusa a Serrano, aunque pide que declare en el juicio como testigo. Por su parte, el PSOE, personado como acusación popular, ha pedido que continúe la instrucción y que el secretario general del PP madrileño declare de nuevo ante la jueza instructora. Los socialistas creen que Serrano debe aclarar las circunstancias de la recepción de ese correo y que, por eso, se debe requerir al Partido Popular, a la Comunidad de Madrid y al Senado (por la condición de parlamentario de Serrano), las cuentas de correo electrónico del político del PP.

El Ministerio Público pide que se imponga a la alcaldesa y su jefe de prensa tambien una pena de 16 meses de multa, a razon de una cuota diaria de 15 euros. La nota de la Policía recogía un testimonio, que fue contradicho por otros, sobre el aspecto del posible autor de una agresión sexual.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha acordado citar como investigadas para el 30 de noviembre a las hijas del expresidente del Gobierno. Asimismo, el magistrado concede tres días a la representación legal de Zapatero para que aporte, si lo desea, la documentación de las joyas que se hallaron en el registro de su despacho.

Calama ha solicitado en un auto un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo, al tiempo que cita como testigos el 19 de noviembre tanto al exdirectode participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo, como a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

El nuevo informe de las joyas deberá responder a ocho extremos que plantea el juez, desde algunos técnicos al “valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada” y el “valor conjunto del lote intervenido”.

La citación de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, se produce a partir de un informe de la UDEF en el que los agentes acusan a ambas de dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias ejercido por su padre. En el atestado policial que solicitaba los registros del pasado mayo, los investigadores policiales consideraban que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacían un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluían que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explicaban que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes. 

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías. 

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos. Los policías se encuentran en proceso de cotejar la ”actividad declarada y la actividad real de la sociedad“. Esto permitirá, adelantaba el atestado, ”determinar el grado de participación“ de las hijas de Zapatero y su ”integración en la red organizada“.

En una entrevista el pasado julio en TVE, Zapatero defendió que sus hijas “han hecho su trabajo” y que “en absoluto” ha utilizado la sociedad Análisis Relevante para desviarles dinero. “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”, ha apostillado. “Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor”, expresó Zapatero.

El inspector jefe de la Policía Nacional Óscar Sánchez Gil, en prisión desde noviembre de 2025 acusado de pertenecer a una organización de narcotraficantes, relató el pasado mes de mayo en la Audiencia Nacional el sistema de falsificación de informes que utilizaría la unidad especializada en la lucha contra el tráfico de drogas que él mismo integró en el pasado. Según el relato de Sánchez Gil, a cuyo vídeo ha tenido acceso elDiario.es, la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) miente por “sistema” a los jueces sobre el origen de sus investigaciones, con el objeto de obtener aval para las mismas. 

Sánchez Gil fue arrestado cuando era jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, pero en el pasado había sido jefe de sección en la Brigada Central de Estupefacientes, perteneciente a la UDYCO. Fue en ese puesto donde presenció presuntamente, durante años, cómo se fabrican las exitosas operaciones de lucha contra el narcotráfico, que conllevaban grandes incautaciones, toneladas en ocasiones, mientras el suministro de cocaína a España y Europa no cesa. 

El inspector jefe fue un colaborador de lujo para la organización a la que servía: en su casa se encontraron 20 millones de euros escondidos, parte de ellos emparedados. Uno de los cargamentos incautados a ese grupo fue objeto de la práctica denunciada por el policía, según su testimonio. Se trata de una incautación de 1.605 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras en 2021, cuando todavía se batallaba en los tribunales por la validez de la información procedente de los servidores de telefonía encriptada, asaltados por servicios policiales extranjeros.

En su declaración del pasado 19 de mayo desde la cárcel, Sánchez Gil defendió que el informe de la agencia colombiana antidroga Diran (Dirección Antinarcóticos), que dio pie a esa incautación en el puerto de Algeciras, es falso y que se ocultó al juez que la pista salía de los datos de una plataforma de teléfonos encriptados, Anom, creada por el FBI como cebo para grandes delincuentes. El informe lo habría elaborado un mando de la UDYCO, remitido a un contacto en la Diran destinado en el pasado en Madrid, quien se lo habría devuelto ya al correo oficial con el sello de la agencia colombiana. 

“¿Y usted, cómo sabe esto?”, le preguntó en un momento del interrogatorio del pasado 19 de mayo su abogado, Emilio Rodríguez Marqueta. “En primer lugar, porque me lo cuenta el propio Alberto [elDiario.es omite el apellido de los agentes en activo, mandos de la UDYCO]”, respondió él.

“Y en segundo lugar [continuó], porque esta es la práctica habitual, sistemática, que realiza la Brigada Central de Estupefacientes cuando quiere ocultar el origen de una información. En los años en los que estuve destinado en la Brigada de Estupefacientes es una práctica que yo vi en muchas ocasiones y que yo mismo, como jefe de grupo, como jefe de sección…”, afirmó el policía hasta que otro letrado que seguía la declaración por videoconferencia le interrumpió alegando que no oía nada. Después, el letrado preguntó si los policías ocultaban estas prácticas a los jueces de los casos. “No. Hasta donde sé yo, no”, respondió el inspector jefe. 

Impunidad para policías y confidentes

Con posterioridad, la justicia europea y española han avalado la utilización de los datos procedentes de Sky FCC, la plataforma que utilizaba la organización a la que pertenece Sánchez Gil, y otros sistemas encriptados, pero con restricciones. Antes de eso, la gestión de esa información por la UDYCO transgredió la legalidad, según Sánchez Gil. El inspector jefe señaló al actual jefe de la Unidad, entonces jefe de la Brigada Central de Estupefacientes. 

Según Sánchez Gil, el comisario les trasladó tres pautas. La primera, que toda investigación abierta a partir de esos datos sería “completamente secreta” y que no se informaría a ninguna autoridad, incluidos los jueces, ni siquiera a los otros policías. Esto es, no se introduciría en las bases de datos policiales dedicadas a evitar duplicidades en las investigaciones. La segunda es que los colaboradores debían entregar sus identidades secretas en Sky FCC y, la tercera, que si estos confidentes o policías corruptos aparecían en la información suministrada por Francia se les garantizaría la impunidad y no serían investigados.  

El inspector jefe, que declaró el 19 de mayo a petición propia, intentó defender que las alusiones a un tal 'Aduana' que aparece en las conversaciones intervenidas no alude a él sino a otros funcionarios corruptos. En su tesis, el policía suministró datos concretos de estas alusiones en un pin de Sky FCC que es el único que la Policía no ha analizado en sus informes al juzgado. 

Menciona el puerto de Algeciras y hace alusiones a los contenedores con cocaína, a los que se refieren como “latas”; a los “cuadrantes”, que permitirían conocer qué funcionarios corruptos están de servicio en cada momento, e incluso a unidades concretas como la de Análisis de Riesgos, Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil. 

Sánchez Gil asegura al juzgado que puede comprobar las alusiones a varios nombres de pila de agentes de la Guardia Civil que pertenecieron al dispositivo especial para la lucha contra la droga en El Estrecho de Gibraltar, OCON-Sur, desarticulado ante las sospechas de que su máximo responsable estaba vinculado a un clan de narcotraficantes. 

El juez que investiga a la organización de Sánchez Gil ordenó a Asuntos Internos que analizara las afirmaciones del mismo acerca de que él no es Aduana, así como si tenían credibilidad las acusaciones sobre una presunta red corrupta en el puerto de Algeciras. Asuntos Internos, según reveló elDiario.es, avaló indiciariamente la credibilidad de esta última afirmación, pero descartó que Aduana fuera alguien diferente al inspector jefe Sánchez Gil. 

Ni el juez De Jorge ni la Fiscalía Antidroga han planteado por ahora ninguna iniciativa para ahondar en la otra gran acusación del policía respecto a la práctica sistemática de falsificación del origen de las informaciones en la unidad especial antidroga. 

La defensa de Sánchez Gil ha presentado un escrito en el que solicita varias diligencias y en el que rebate las afirmaciones de uno de los presuntos mandos implicados en la falsificación del origen de las investigaciones sobre narcotráfico, responsable de la sección de plataformas encriptadas. Según alega la representación de Óscar Sánchez Gil el mando Alberto ofreció ante el juez versiones contradictorias respecto de que el origen de la investigación a la organización del inspector jefe. Por una parte, dijo que la operación partía de las sospechas hacia él y al tiempo expresó que se perseguía a la una trama de narcotráfico y que “Óscar era uno más”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza los últimos recursos del teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva y dos de sus antiguos colaboradores en la causa que se sigue contra ellos por cohecho y revelación de secretos, hechos acaecidos mientras integraban OCON-Sur, el dispositivo especial para la lucha contra el narcotráfico en El Estrecho que fue desmantelado por Interior en 2022. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella, por lo que aboca a los tres agentes a sentarse en un banquillo ante un tribunal del jurado en fecha aún por determinar.

Hace más de un año, en abril de 2025, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide seis años y medio de cárcel para el teniente coronel Oliva, en otro tiempo aupado mediáticamente como azote de las redes del narcotráfico en el sur de España. El Ministerio Público le acusa de haber comprado la voluntad de otro guardia civil, destinado en Asuntos Internos, para que le facilitara toda la información que había sobre él en el citado servicio. Asuntos Internos sospechaba de los vínculos de Oliva con un clan de narcotraficantes de la provincia de Cádiz. Como pago de Oliva al guardia civil filtrador este fue destinado en el dispositivo comandado por David Oliva.

Junto a Oliva y el ex agente de Asuntos Internos se sentará un teniente, colaborador del teniente coronel. Para este teniente, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por los mismos delitos que debe responder el teniente coronel Oliva, cohecho y revelación de secretos, mientras que para el antiguo agente de Asuntos Internos, el Ministerio Público pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.

Oliva y el teniente acusado integraron el dispositivo OCON-Sur desde su puesta en marcha, en 2018. OCON-Sur fue la respuesta del actual Gobierno al crecimiento de la vía del narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, su penetración en distintas capas de la sociedad y la violencia utilizada por los miembros de los clanes, que habían empezado a atacar a los agentes de la autoridad.

En los apenas cuatro años que estuvo desplegado, el dispositivo sumó más de 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga. En octubre de 2018, con una explicación que no convenció al tejido social de la zona, Interior devolvió la lucha antidroga a las comandancias de la Guardia Civil y disolvió el dispositivo especial, compuesto por 150 agentes que habían tenido una dedicación exclusiva y mayores retribuciones.

El motivo de aquella decisión ministerial fue un misterio hasta que trascendió la imputación del teniente coronel Oliva en abril de 2023. El año anterior, el ministro del Interior había sido advertido de la investigación en marcha contra Oliva, por lo que decidió poner fin al dispositivo especial de la Guardia Civil, explican fuentes del instituto armado.

Según la investigación, Oliva había averiguado que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil andaba tras él por su relación con un clan asentado en la playa de Bolonia (Cádiz), así que contactó con uno de los agentes del SAI. Acordó con él que le facilitara toda la información obrante en Asuntos Internos a cambio de llevarlo a trabajar con él a OCON-Sur, en Cádiz, destino al que aspiraba el filtrador por motivos familiares.

El agente de Asuntos Internos entregó a Oliva un pendrive con toda la información y terminó destinado en OCON-Sur. La filtración de información, obtenida del servidor de Asuntos Internos, constituiría un delito de revelación de secretos, mientras que la concesión del puesto en el lugar donde quería el filtrador, otro de cohecho.

La estrategia de defensa de los guardias civil incluyó denunciar un presunto montaje de la Policía Nacional para acusar en falso a Oliva de vínculos con los narcotraficantes. La denuncia de los guardias civiles motivó la imputación de un mando de la Udyco. El TSJ de Madrid rechaza que esa causa abierta contra el policía en un juzgado de Madrid sea motivo para invalidar el procedimiento contra los tres mandos del instituto armado. Los guardias civiles argumentan que el montaje policial respondería al deseo de la Udyco de que desapareciera el exitoso OCON-Sur, dentro de la rivalidad entre Cuerpos

Al tiempo, la defensa de los guardias civiles interpuso numerosos recursos que han retrasado la decisión que implica finalmente que vayan a ser juzgados por un tribunal del jurado, competente en los delitos de cohecho que cometen funcionarios públicos.

“La nulidad carece de justificación”

Los guardias civiles acusados sostienen que toda la investigación está viciada por las supuestas falsedades e ilegalidades cometidas contra ellos por la Udyco de la Policía Nacional, también el trabajo que hizo después el propio Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la propia Guardia Civil y los consiguientes autos judiciales.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior de Madrid resuelven que el informe del SAI “no es tributario” del trabajo de la Udyco y que recoge “hasta trece indicios que fundamentan la oportunidad de la pesquisa”, según se puede leer en el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que ha tenido acceso elDiario.es. “En suma, la investigación llevada a cabo resultó respetuosa de los derechos fundamentales concernidos y la nulidad pretendida carece de justificación”, añade la resolución.

El procedimiento se encuentra ya en el trámite de las cuestiones previas. Los acusados impugnaron la incorporación de distintas pruebas que el TSJM rechaza. “Lo que no cabe es convertir el trámite de cuestiones previas al juicio en una oportunidad sanatoria universal de cualquier acto procesal anterior o una ocasión preventiva de hipotéticas irregularidades futuras. No existe, por tanto, vulneración de derechos fundamentales que propicie la nulidad pretendida”, culmina el auto.

Otro de los guardias civiles denuncia las diligencias de escuchas que se acordaron y la invasión injustificada de sus derechos fundamentales. Esta conclusión supone, a juicio del tribunal, “desconocer el valor convictivo de los indicios, cuya valoración conjunta permitió inferir que el susodicho mantenía una relación muy estrecha con persona vinculada al narcotráfico, a pesar de su condición de guardia civil, que en más de una ocasión intermedió para protegerla y que tenía un patrimonio no acorde con sus ingresos”.

Oliva y varios de sus subordinados en OCON-Sur son mencionados por sospechosos de narcotráfico en conversaciones mantenidas en teléfonos encriptados que fueron intervenidos en la operación contra el inspector jefe Óscar Sánchez Gil, el policía de los 20 millones emparedados. El policía ha denunciado una red de corrupción de funcionarios que no ha sido investigada aún a partir de esas conversaciones. Tal y como reveló este martes elDiario.es, Asuntos Internos de la Policía Nacional ha verificado indiciariamente la existencia de esa red de corrupción policial en la que fue mencionado Oliva.

El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, antiguo responsable de la UDEF en Madrid al que se le incautaron más de 20 millones de euros emparedados, reveló el pasado mayo ante el juez que le investiga la existencia de una red de corrupción desconocida y compuesta por funcionarios para introducir cocaína por el puerto de Algeciras. En un reciente informe, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía “verifica” ante el magistrado la “posible existencia” de esta trama corrupta.

El magistrado ordenó a la Unidad de Asuntos Internos que indagara en algunos extremos de la declaración del inspector jefe encarcelado. En su comparecencia del 19 de mayo, Sánchez Gil había explicado al magistrado que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udyco) dejó sin analizar un teléfono encriptado dentro de la causa que le mantiene a él y otras personas en prisión desde noviembre del pasado año. En ese teléfono se encuentran los indicios de la red de corrupción desconocida hasta ahora. 

Asuntos Internos recoge ahora en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es: “Se ha realizado por parte de esta Unidad un análisis superficial del contenido de las mismas evidencias que ha permitido verificar, efectivamente, la posible existencia de otra trama de posible corrupción de la que tendría conocimiento el usuario del pin T8CKH6”.

Los agentes de Asuntos Internos han analizado las conversaciones de ese pin de Sky FCC, un sistema telefónico de encriptación cuyo servidor fue asaltado por la Gendarmería francesa con una orden judicial y cuyo contenido es considerado por las policías europeas el mayor tesoro hasta la fecha en la lucha contra el narcotráfico.

En las conversaciones de ese usuario de Sky FCC, Asuntos Internos ha encontrado alusiones a “actividades de tráfico de drogas, pagos a intermediarios, referencias en ese contexto a la aduana y funcionarios de Guardia Civil y UAR [en probable alusión a la Unidad de Análisis de Riesgos (de la Aduana de Algeciras)], cifras sobre posibles pagos que planean efectuar….”.

A continuación, los policías de Asuntos Internos advierten al juez de que los datos encontrados en el citado teléfono “no permiten identificar indubitadamente al receptor de los mismos” y que se trata de “referencias” a una trama distinta a la investigación que se sigue contra Sánchez Gil. Fuentes de la Fiscalía Antidroga consultadas por elDiario.es aseguran que aún no han analizado el informe de Asuntos Internos para decidir sobre una posible investigación de los hechos.

Sánchez Gil llegó a hacer las afirmaciones sobre la trama de corrupción a partir de su defensa de que él no es el “Aduana” que identificaba a uno de los usuarios de Sky FCC, el sistema encriptado. El policía argumentó en su declaración: “No aparece nada de un jefe de la UDEF, ni un inspector jefe de Madrid, ni nada que tenga que ver conmigo. Pero sí aparecen cosas como, por ejemplo, mensajes que hablan de cuadrantes, que dicen ‘contenedores’, dicen normalmente la palabra ‘latas’ cuando se refieren a contenedores y que las ‘latas’ tienen que llegar en tal fecha, porque es la fecha que nos han dado los ‘cuadrantes’ de los agentes”.

El relato del policía continuaba así: “Hay mensajes que hablan por ejemplo de pagos, de 100.000, de pagos de 200.000, hablando de 50.000… Hablan de comunicaciones con estos agentes, de manera directa, comunicaciones vía WhatsApp, vía Sky… Se habla de que tienen el control de todo el personal del puerto, de la Unidad de Análisis de Riesgos Aduanas y Guardia Civil, incluso hablan de presiones, que sufren presiones por parte de los agentes que dicen cuándo introducir los contenedores”.

Sánchez Gil, la pieza más preciada del 'narco'

El inspector jefe Óscar Sánchez Gil representaba la figura del colaborador más preciado por una gran organización de narcotraficantes. Su principal misión consistía en introducir en las bases policiales datos como las matrículas de contenedores que entran por los puertos españoles, haciendo creer que los había obtenido en el transcurso de sus investigaciones. 

Cuando otro investigador sospechaba realmente de ese contenedor que iba a llegar con cocaína oculta, introducía sus datos en las bases de cooperación y saltaba una coincidencia que alertaba a Sánchez Gil. De esta forma, la organización a la que pertenecía el inspector jefe había logrado evitar las “caídas” o interceptaciones de droga, hasta conseguir una posición muy ventajosa en el mercado ilegal de tráfico de cocaína. 

Asuntos Internos ha revisado el trabajo de la Udyco y coincide en que, “de forma indubitada”, el apelativo ‘Aduana’ era adjudicado por los miembros de la organización a Sánchez Gil, en contra de lo que defiende el policía. Sin embargo, su exposición ha servido para aflorar la implicación de otros funcionarios públicos en la entrada de droga por Algeciras, unos agentes que no han sido descubiertos aún. 

El 19 de mayo, su abogado le preguntó si había alguna “mención específica”, como por ejemplo alguna mención a un funcionario de Vigilancia Aduanera que pudieran encajar mejor con el sobrenombre de Aduana. En ese punto, Sánchez Gil responde que hay alusiones a la Unidad de Análisis y Riesgos de la Guardia Civil o menciones por su nombre a agentes del desaparecido dispositivo especial OCON-Sur para combatir el narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, integrado por guardias civiles. En concreto, Sánchez Gil mencionó tres de esos nombres en su declaración. 

El otro punto más destacado de su comparecencia, de mayor profundidad si cabe, fue la denuncia de que la unidad especializada antidrogas de la Policía Nacional, a la que perteneció en el pasado, utiliza un sistema para ‘blanquear’ el verdadero origen de sus investigaciones y ocultársela a jueces y fiscales. Consiste en atribuir a una policía extranjera el origen de una información que en realidad procedería de teléfonos encriptados para sortear posibles nulidades de la causa. 

Sánchez Gil mencionó por sus nombres y apellidos a los principales responsables de la Udyco Central en esta práctica, que también incluiría el borrado de los datos que aluden a confidentes si aparecen en Sky FCC u otros sistemas de encriptación. Si aparece un policía implicado, añadió, sus compañeros maniobran para que no se le investigue. 

Con posterioridad a su declaración, uno de los policías señalados, jefe de sección en la Udyco, declaró ante el juez y negó las acusaciones de Sánchez Gil. Fuentes policiales consideran que el inspector jefe encarcelado miente para intentar tumbar la causa contra él, sabedor de que una estrategia habitual de la defensa de los investigados es “atacar” el origen de las operaciones para que la justicia las anule en su totalidad. 

La organización a la que pertenecía Sánchez Gil es de las más poderosas en el campo del narcotráfico. El acusado de ser su responsable en España, Ignacio Torán, permanece en prisión provisional. Y el presunto jefe a escala internacional, Alejandro Salgado, ‘El Tigre’, ha huido de Dubái, donde se refugiaba, y se encuentra en paradero desconocido. 

El 19 de mayo, la trepidante actualidad de los tribunales tenía reservado un nuevo e inesperado giro. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era la primera de un expresidente del Gobierno en democracia e implicaba una apresurada revisión de la figura que lideró el país durante ocho años de la historia reciente de España. Los datos que comenzaban a trascender colocaban a Zapatero como líder de una trama dedicada al cobro de comisiones a cambio de ejercer su influencia. La vía era Análisis Relevante, una consultora propiedad de su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez.

Ahora, cuando se cumplen cuatro meses desde que estallara el caso, y tras las declaraciones de tres investigados que en julio señalaron por escrito a Zapatero como líder de la trama, la acusación por tráfico de influencias contra él queda estancada a la espera del resultado que arrojen las decenas y decenas de diligencias pendientes. Cuatro meses después, el indicio más sólido contra el expresidente sigue siendo el sospechoso origen de las abultadas cantidades que recibió él y su entorno.

Ninguno de los tres aspirantes a colaborar con la justicia ha podido aclarar qué gestión concreta pudo realizar el expresidente Zapatero para que la compañía aérea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros. Ninguno de los tres ha facilitado, tampoco, nombre de funcionario público alguno sobre el que Zapatero pudiera haber ejercido presión o cuánto dinero cobró por ello el expresidente.

El tráfico de influencias es el delito principal que se investiga en esta causa más allá del blanqueo de capitales o del delito contra la Hacienda Pública por el hallazgo casual de unas joyas en la caja fuerte del expresidente. Está recogido en el Código Penal, en sus artículos 428 a 431, y castiga a quien influye en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su posición o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero.

Ni el empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, ni los exdirectivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han podido aclarar al juez sobre quién pudo ejercer influencia Zapatero, ni siquiera qué gestiones pudo realizar para lograr ese rescate. No obstante, sí que señalaron al expresidente como la persona que debía lograrlo. Más allá de lo que dijeron en sus escritos de 20 de julio, cuando el suelo se movió bajo los pies de Zapatero, ninguno los tres imputados han aportado una sola novedad relevante a sus ofertas de colaboración, coinciden distintas fuentes presentes en las declaraciones.

Las acusaciones confían en que su testimonio sea solo un punto de arranque y que en el futuro puedan aportar indicios más sólidos a la tesis contra el expresidente del Gobierno. La figura de Víctor de Aldama, el empresario y comisionista del caso Koldo, es el referente de colaboración que impulsó la Fiscalía Anticorrupción, pero las aportaciones de los imputados junto a Zapatero no han alcanzado las que hizo contra el exministro Ábalos y Koldo García el acusado junto a estos. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que él se autoinculpó en delitos graves mientras que ellos no han sido lo suficientemente claros para fijar su propia responsabilidad en los hechos.

La pregunta es si, con lo que se conoce hasta ahora, es posible procesar a Zapatero por tráfico de influencias. Y la respuesta genérica es que sí. Algunas fuentes entienden que tanto el juez como Anticorrupción consideran que ya le tienen ubicado como la persona que está en el inicio del asunto, la llamada del expresidente con un directivo de la aerolínea y que, de hecho, hubo un resultado, el rescate público, y un beneficio a cambio de la mediación, el 1% de la ayuda recibida, 530.000 euros.

En un estadio muy temprano del procedimiento, las fuentes del caso creen que solo la “probabilidad” de que Zapatero haya cometido tráfico de influencias le puede llevar al banquillo, pero que en un eventual juicio los indicios se deberían transformar en pruebas. En cualquier caso, añaden, hay multitud de diligencias por practicar (análisis de cuentas bancarias, de teléfonos y ordenadores intervenidos...) y eso puede contribuir a la acusación de tráfico de influencias o, al contrario, desvirtuarla.

De un lado existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalaría una eventual condena a Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias en el sentido de una posible condena sin necesidad de que quedara claro que ejerciera presión sobre un funcionario concreto. Es la sentencia del 'Caso Palau', un asunto en el que se juzgó a los máximos responsables del Palau de la Música de Barcelona por desviar 23 millones de euros de la institución.

La resolución, ponencia del magistrado Andrés Palomo y fechada en 2019, explicaba que existía “prueba suficiente para tener acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias” y eso a pesar de que no se concretó sobre qué funcionario se ejerció presión. “Las comisiones a cambio de obra pública adjudicada se pactaban con el tesorero de CDC, partido entonces hegemónico en la Comunidad Autónoma (Cataluña), quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”, explicaba.

Palomo ponía el foco en que “en entornos y territorios con un partido hegemónico en un periodo prolongado” se produce la denominada “colonización de la Administración y politización de su funcionamiento”, algo que a su juicio favorecía el tráfico de influencias. Así, explicaba que en ese tipo de situaciones “se relativiza la concreción del funcionario efectivamente influenciado dado el prevalimiento consustancial a cualquier indicación de un dirigente e incluso la fungibilidad -capacidad de depurar al díscolo- de los funcionarios susceptibles de influenciar” habida cuenta que podrían ocupar sus puestos de forma discrecional.

Las declaraciones

En cualquier caso, aterrizando en las declaraciones del caso Zapatero, el primero en declarar fue Julio Martínez Martínez. Durante más de tres horas de declaración, no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate, tampoco cuánto habría cobrado por ello, según explicaron fuentes presentes en la comparecencia, de la que hasta la fecha no ha habido ni siquiera transcripción.

En la previa a esa declaración, la defensa de 'Julito' –como le conocía coloquialmente el expresidente– envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de cuánto cobró el 'Grupo Zapatero' por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del expresidente y del ex director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr la ayuda pública, y atribuía al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añadiendo que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Pero él se ponía de lado, reiteró en sede judicial que él no tenía ni tiene contactos para haber logrado el rescate.

Además, ante el juez explicó que él era una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le llegó a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario confirmó que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' confirmó además que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primero a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

Las declaraciones de los exdirectivos de Plus Ultra, que se han producido a principios de este mes de septiembre, volvían sobre el mismo eje. Martínez Sola indicó ante Calama que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

El expresidente de la compañía, según las fuentes presentes en el interrogatorio, habría reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

Martínez Sola explicaba en el escrito remitido al juez José Luis Calama que si bien en un inicio se abonó la comisión a través de un pago con la sociedad Idella Consulenza, finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato, pero “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explicaba.

Ante el juez, Martínez Sola confirmó además cómo se iniciaron los contactos con Zapatero: recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, le explicó que necesitaban financiación y quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, y explicó que con Zapatero no se habló de cantidades, pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

En el caso Zapatero hay un encargo (la obtención de un rescate público para Plus Ultra), hay un resultado (la compañía aérea obtiene 53 millones de dinero público) y hay un beneficio (una comisión de 530.000 euros). Pero en el aire sigue la incógnita de si el expresidente presionó a un funcionario en ese proceso prevaliéndose de su ascendencia. Una ascendencia que, fuentes jurídicas, le colocaba en el máximo nivel de influencia.

El teniente coronel de la Guardia Civil que permanece investigado en una causa por trata de seres humanos vinculada a la prostitución ha sido suspendido de sus funciones por un plazo máximo de seis meses, según ha publicado el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. J. L. G. M. acababa de ser destinado a la Jefatura de Fiscal y Fronteras, en la Dirección General del Cuerpo, cuando fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, ninguno de ellos integrantes de la Guardia Civil. Uno de los arrestados fue el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes. Entre los detenidos también estaba una ciudadana búlgara, igualmente dueña de otros prostíbulos y pareja del teniente coronel imputado por blanqueo de capitales. Tanto Crispín como la mujer del mando de la Guardia Civil continúan en prisión provisional.

La causa, que permanece secreta, se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próximas al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja.

Los registros y las detenciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

Los agentes de Asuntos Internos detectaron consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También quedó en libertad con cargos y sin pasaporte.

La suspensión de funciones para el teniente coronel es una medida cautelar que se enmarca en la apertura por parte de la Dirección de la Guardia Civil de un expediente disciplinario por falta muy grave, decisión adoptada a raíz de su imputación. Como marca el Reglamento del instituto armado, el expediente disciplinario se detiene a la espera de una decisión judicial firme, momento en el que se retomará la investigación interna y el instructor de la misma propondrá para una sanción o el archivo. La suspensión cautelar de seis meses ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil.

Una decisión como esta puede ser tomada a partir del procesamiento o la “inculpación” del guardia civil, pero también si la imputación está acompañada de una medida cautelar. En este caso, el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional impuso al teniente coronel la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España tras prestar declaración ante el magistrado Francisco de Jorge. Con la suspensión de funciones, el guardia civil no acude a su puesto de trabajo, pero recibe el 100% de las retribuciones básicas.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado este jueves en la Audiencia Nacional haber presionado a la cadena de mando de la UCO por su trabajo en el caso del hermano de Pedro Sánchez, tal y como describieron los generales de los que dependía la unidad investigadora. Marcos ha dicho que cuando fue nombrado director del instituto armado se encontró “una cultura de la filtración” en el Cuerpo que quiso atajar.

Marcos, actualmente destinado en la Embajada española en Washington, ha declarado en calidad de imputado en la pieza del caso Leire que persigue presuntas presiones a funcionarios públicos que investigaban casos que afectaban al PSOE o a la familia del presidente del Gobierno.

El exdirector de la Guardia Civil ha enmarcado sus comentarios a los generales de una simple exigencia de “rigor” en los informes de la UCO porque, aunque tiene “en general buena imagen del servicio público eso no quita que haya que ser crítico para mejorar su funcionamiento”, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Marcos ha mostrado también su convencimiento de que la Unidad era el origen de filtraciones a los medios de comunicación y ha recuperado el episodio de una entrada y registro en el marco de la causa del hermano de Sánchez en la que un equipo de televisión estaba esperando la llegada de los agentes.

Leonardo Marcos ha dicho que esa información iba de la UCO a la jueza, “de A a B”, ha dicho. La fiscal ha respondido que el Ministerio Público también tenía acceso, a lo que el investigado ha respondido: “Pues añada otra letra”. “Me dijeron que no fueron ellos –ha dicho sobre la UCO– pero yo no me lo creo”.

En este sentido, Marcos ha insistido en “un clima de filtración” en la Guardia Civil en general, y en la UCO en particular, que respondía a un patrón: “Siempre los mismos medios, siempre los mismos periodistas”. Durante su declaración ha surgido una polémica sobre si la causa estaba secreta y las partes, con Manos Limpias de acusación popular, tenían acceso a las materias filtradas. La fiscal del caso se ha planteado solicitar la causa entera al Juzgado de Badajoz para conocer las fechas del secreto.

En concreto, la imputación de Marcos responde a dos reuniones que tuvieron lugar el 12 de julio de 2024. Una por la mañana, con el general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, y con ele entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste. Y una segunda, por la tarde, en la que participaron los mismos asistentes pero con la incorporación del director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas.

Yuste declaró ante la UCO le dijo que el director le había dicho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”.

Por la tarde, Leonardo Marcos les habría manifestado que “se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuaciones en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hiciera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

“Llamativo” que la UCO investigara a David Sánchez y no Policía

El exdirector de la Guardia Civil ha dicho que le pareció “llamativo” y “atípico” que la UCO central se dedicara investigar el caso del hermano de Sánchez, unos presuntos delitos cometidos en Badajoz, demarcación de la Policía Nacional. La decisión de implicar a la UCO fue de la jueza del caso, Beatriz Biedma.

Marcos fue nombrado en junio de 2023 y dimitió, según su versión, en octubre de 2024. En julio, cuando se produjeron las dos reuniones por las que está imputado, ya había comenzado “un proceso de reflexión” personal sobre si debía dejar el cargo.

El ex director ha negado que acusase a los agentes de realizar “una investigación prospectiva” y ha añadido que no conoce al coronel Antonio Balas, ni se ha reunido nunca con ningún investigador del Cuerpo. “Solo me reúno con la cadena de mando”, ha añadido.

Marcos ha desmentido igualmente que él instara a que los investigadores se quedaran sin vacaciones, de ser necesario, para tener listo un informe que aclarara el contenido de los más de 60.000 correos obtenidos por la UCO. Esa incautación fue ordenada por la jueza a instancias de los investigadores, un papel que Marcos ha reconocido que piensa que no les correspondía a los agentes de la UCO.

Para apoyar que él no entra en las vacaciones de sus subordinados ha recurrido a su carrera en la función pública. “Llevo desde el 79 sin ver un cuadrante de vacaciones”, ha dicho, según las fuentes consultadas.

El fiscal de Badajoz niega presiones de Madrid

El fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, ha declarado a continuación en calidad de testigo. Alonso ha explicado que intentó enviar la causa de David Sánchez Madrid por una cuestión de competencia pero que el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General entonces, Diego Villafañe, resolvió que debía investigar Badajoz en un informe en el que hacía algunas consideraciones sobre la “tipicidad” de los presuntos delitos entonces, esto es, sobre los indicios que había o no en el caso.

Alonso Tejuca ha negado recibir presiones de la Fiscalía General en el caso y que no escuchó quejas de la UCO al respecto.

La lectura del material desclasificado por el Gobierno permite concluir que todos los servicios de Información españoles coinciden en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas irregulares a nado fue uno de los motivos de la entrada de migrantes a Ceuta por esa vía los días 30 y 31 de julio pasados. El mismo día en que se conoció el sentido del fallo, el 8 de julio, la Guardia Civil elaboró una nota en la que advertía de su “efecto llamada” y ya proponía cuatro medidas para contener sus efectos.

El Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil elaboró ese día una “nota de despacho”, un informe interno para ser elevado en la cadena de mando. El objeto de la nota era advertir a la Dirección General de la Guardia Civil de las “relevantes consecuencias operativas” que la sentencia iba a tener para el instituto armado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La nota explica brevemente la relevancia del fallo, en el sentido de que a partir del mismo los migrantes buscarán la vía marítima para acceder a territorio español. El fallo del Supremo establecía que al no disponerse en el agua de elementos disuasorios el acceso a nado escapaba de los requisitos que establece la Ley para la devolución ‘en caliente’.

“Esta situación previsiblemente incrementará la presión migratoria sobre ambas ciudades, al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima. Ello puede generar un efecto llamada hacia las entradas a nado, modalidad que ya presente una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana”, recoge la nota desclasificada por el Gobierno.

Los expertos del instituto armado proponían a la Dirección General reforzar su servicio marítimo provincial en Ceuta, al igual que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). En su nota de dos folios incidían en la necesidad de contar con elementos que permitieran anticiparse a una llegada masiva. Para ello proponían “potenciar los sistemas tecnológicos” de vigilancia que, junto a los medios marítimos y terrestres, permitieran avisar cuanto antes a las autoridades marroquíes y “reducir los riesgos para la vida e integridad” de los migrantes.

En cualquier caso, la Guardia Civil ya valoraba el día del fallo que el Gobierno debía impulsar una “modificación legislativa” para que se pudiera aplicar la devolución ‘en caliente’ a los ingresados por vía marítima de igual forma que los que acceden a España de forma irregular por la frontera terrestre.

El 30 de julio, cuando la entrada de inmigrantes en Ceuta a nado ya es masiva, el CNI emite un informe en el que asegura que, desde la sentencia del Supremo ha “incentivado” la entrada a nado “desde comienzos de julio”.

“A lo largo del mes de julio, los nadadores que lograron llegar a tierra o ser recogidos por embarcaciones de salvamento españolas, al ver que no eran devueltos por las autoridades españolas difundían sus logros en redes sociales, amplificando la difusión del cambio provocado por la decisión judicial y generando con ello un efecto llamada exponencial a lo largo de los días 22-27 de julio”, dice textualmente el informe del CNI.

“Se entienden como consecuencia directa de la sentencia”

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) habla de la afluencia de migrantes como “consecuencia directa” del fallo. “Los intentos de acceso se entienden como consecuencia directa de una sentencia del TS español del 29JUN26, publicada el 08JUL26, en la que se establecía que los accesos a nado a territorio nacional no eran susceptibles de generar rechazos en frontera. Esto supone, en la práctica, una decisiva limitación de acción a las FCSE españolas”, recoge el informe emitido a las 13:00 horas del día 30.

La Policía también menciona la sentencia del Alto Tribunal en sus informes. Horas antes de la entrada, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habla de “las posibles consecuencias” de la sentencia de Supremo, sumado a la celebración del Día de Trono en Marruecos (por el precedente que ocurrió en 2018) y la información procedente de redes sociales. A partir de ellos plantea varios escenarios donde varía el riesgo y la probabilidad.

La tesis del “efecto llamada” fue la explicación que los responsables del Ministerio del Interior recibieron de sus homólogos marroquíes cuando les telefonearon en las primeras horas de la crisis.

La investigación judicial que acaba de arrancar en la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta incluirá el análisis de la reacción de las autoridades españolas a la entrada de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El auto de apertura dictado por la jueza María Tardón este lunes advierte de que “habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes”.

En este punto, Tardón incluye el análisis sobre “la articulacion de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

El informe sobre el basa su auto la jueza, del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), incluye en sus anexos las alertas que el organismo lanzó. En total, nueve notas entre el 8 de julio y el 4 de agosto de las que se desconoce su literal íntegro y que, por ahora, permanecerán bajo el secreto adoptado para las actuaciones.

Según reveló elDiario.es, la Guardia Civil ha incluido en el informe que le requirió la magistrada Tardón que ninguno de los comentarios vertidos por otras agencias, fuerzas de seguridad o servicios de Información en los días precedentes a través de los foros de cooperación en la lucha contra la inmigración irregular permitió presagiar la cantidad de personas que accedió finalmente a nado los días 30 y 31 de julio.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a decir el 4 de septiembre, en referencia a los miembros del Gobierno: “Ellos lo sabían. Ellos lo taparon. Tenían los avisos. Lo ignoraron deliberadamente y sin remordimientos”. Y apostilló: “Primer aviso: todo se sabrá. Todo. Segundo: habrá consecuencias políticas y judiciales”.

El futuro de la causa judicial en la Audiencia Nacional es incierto. La responsabilidad penal de los delitos que recoge Tardón en su auto debe recaer sobre personas físicas, ya sean los gendarmes o miembros de los servicios de Información marroquíes que pudieran llegar a ser identificados en las imágenes de redes sociales de los que se sirve la Policía y la jueza. Lo mismo ocurriría de poder determinarse una “autoría intelectual” que estuviera por encima de todos ellos.

En el caso de que encontrara responsabilidad en la falta de previsión por encima de los mandos policiales y esta alcanzara a los miembros del Ejecutivo central la causa pasaría al Tribunal Supremo, ante el que están aforados.

El auto de apertura dictado por la jueza María Tardón asume la tesis policial que da por acreditada la participación de agentes de las Fuerzas de Seguridad del país vecino por omisión, dejando pasar a los migrantes, o por acción, guiándolos y organizando la marcha y el paso de la frontera con España. Como ya hiciera la Policía en su informe “de inteligencia”, Tardón no menciona de forma expresa al Gobierno de Marruecos y, al tiempo, descarta cualquier posible autoría distinta a la de Rabat.

De los cinco niveles de organización de los que habla la Policía, y que Tardón reproduce, la jueza afirma que en el quinto —el más alto, que corresponde a la “dirección”— solo puede estar algo o alguien con “una alta capacidad de influencia” en varios ámbitos e instituciones: “en las redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de Seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso”. Y como hace el Centro Nacional de Información y Fronteras (Cenif), a partir del análisis de imágenes y vídeos de las redes sociales, descarta que cualquier mafia de la inmigración haya adquirido tanto poder.

La magistrada recurre en su auto a afirmaciones del presidente del Gobierno, que no estaban en la denuncia que ha dado origen a la causa, y obvia otras de Pedro Sánchez. Las frases que utiliza la magistrada son las que el jefe del Ejecutivo pronunció en su visita a Ceuta el 31 de julio. “Como bien señaló el presidente, quien definió los hechos como 'un ataque, una violación de la integridad territorial de España' (...) Y ello, mediante un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la 'guerra híbrida' o 'zona gris', con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”, continúa la jueza aludiendo a las palabras del presidente del Gobierno.

Tardón, sin embargo, no escoge otras afirmaciones de Sánchez y otros miembros del Gobierno como que detrás de la decisión de miles de personas para abordar la frontera por vía marítima estaba la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establecía que, ante la ausencia de elementos de disuasión en el mar, los migrantes que entraran a nado no podían ser devueltos de inmediato a Marruecos. La jueza la recoge como uno más de los factores dentro de la campaña de viralización de los mensajes en redes que llamaban a la movilización.

Esta tesis, la del 'efecto llamada' por la sentencia, fue la que manejaban los servicios de Información el día 31. Y es la explicación que tenían preparada los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y que ofrecieron a sus colegas españoles cuando estos les telefonearon en las primeras horas que siguieron al asalto masivo, según trasladaron a elDiario.es fuentes de la seguridad del Estado.

Al igual que hiciera la Policía, Tardón alude al argumento de la sentencia como una suerte de coartada para encubrir el verdadero motivo para organizar la entrada, que no fue otro que desestabilizar el “control de las fronteras exteriores de España”, su “seguridad pública” e incluso el “funcionamiento ordinario de sus instituciones y servicios públicos”, recoge el auto.

Gendarmes marroquíes y agentes de paisano

De los cinco niveles de organización del asalto que describe la Policía, uno tiene especial relevancia para apuntar en la dirección de la autoría intelectual marroquí. Se trata del tercero, “en el que se centran los organizadores del flujo de personas sobre el terreno” y donde la Policía y la magistrada detectan dos tipos de sujetos activos: los gendarmes uniformados y otros “agentes dinamizadores sobre el terreno”, con ropa de calle.

La magistrada también descarta que los agentes que dejaron pasar a los migrantes, o los que los guiaban, actuaran de forma espontánea. Tardón detecta “la extraordinaria capacidad de movilización por fases de un volumen muy grande de personas, así como por el escalonamiento en el acceso de perfiles que entran irregularmente en territorio español en cada una de esas fases [primero los jóvenes marroquíes, luego las familias y en tercer lugar los subsaharianos]; algo difícilmente realizable sin una planificación previa”.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este lunes aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Da este paso tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí es competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

En su informe, el fiscal jefe también solicitaba a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decretara el secreto parcial de la investigación, algo que Tardón también acuerda en un auto fechado este 7 de septiembre. A juicio del fiscal, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende el fiscal que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, consideraba Alonso que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Tardón señala ahora que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”. Y resalta que el informe policial sustenta sus pesquisas “en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes”.

La juez explica que, si bien “no ha sido posible aún determinar el número de personas (...) que entraron en la Ciudad de Ceuta” los días 30 y 31 de julio ni el de las que aún permanecen en ella, se habla de que accedieron entre 75.000 y 85.000 personas, sí pone sobre la mesa que el censo de esa población es de 83.595 habitantes. Y subsubraya que la finalidad migratoria de esa entrada masiva “opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta”. Fundamenta esta tesis en el “hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba (...) permanecer en territorio español”.

Al hilo, explica que las redes sociales tuvieron un papel preeminente en la movilización masiva y apunta a una “utilización y manipulación” de la sentencia del Tribunal Supremo que acotaba los casos en los que se podían llevar a cabo devoluciones en caliente. Entiende que no puede ser considerada “como un elemento narrativo dinamizador de la convocatoria”, pero lamenta que su contenido “se distorsiona y traduce a lenguaje viral como: 'Si entras nadando, no pueden devolverte'”.

Sobre lo que ocurrió durante la movilización masiva, la magistrada explica que se produjeron “oleadas de diferente intensidad y perfil que provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español”. Y recalca que se dio “una violación masiva de la soberanía territorial de España”.

La juez detecta que tras esos días hubo “efectos de desestabilización en el sistema de respuesta de España” que se proyectaron en planos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales o la defensa. Y añade que huno también casos de desinformación y contranarrativa con efectos de perfil internacional o geopolítico así como efectos en la política interna.

La “guerra híbrida”

Por otro lado, tras recoger párrafos del informe policial, explica que se dio “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”, y hace alusión expresa al comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos. Recoge que en las manifestaciones de los inmigrantes entrevistados en medios de comunicación se relata “de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales -marroquíes- no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”.

Así, la juez explica que del examen provisional de los hechos se deduce que pudo existir un delito que compromete la paz o la independencia del Estado y resalta que hubo “una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el presidente del Gobierno” en su visita a Ceuta del 31 de julio cuando definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Considera que el método, un flujo migratorio masivo, constituye “uno de los métodos característicos de la guerra híbrida o zona gris, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”. Y puesto que el origen de ese método está en el extranjero “la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional”.

Además, también coincide con la Fiscalía en que los hechos también encajan en el delito contra ciudadanos extranjeros y en el delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de al menos 83 personas cuyos cadáveres fueron recuperados en aguas españolas. Y añade que también se debe averiguar si los hechos encajan en el delito de organización criminal achacable a las mafias que operan en la zona. Si bien descarta que se esté “ante la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes (...) más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida”. Y esto porque “carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones, ni de movilizar, gestionar para convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas”.

En definitiva, explica que en el presente caso las conductas objeto de investigación “sin duda han atentado contra la forma de Gobierno, ya que han supuesto un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

La representación legal del PSOE ha solicitado que Alfonso Serrano, número 2 de Isabel Díaz Ayuso en el PP madrileño, vuelva a declarar como testigo en el caso de revelación de secretos que se sigue en un juzgado de Alcalá de Henares por la filtración y publicación de una nota policial que la presidenta utilizó para señalar a los migrantes del centro de acogida de la localidad como autores de supuestas agresiones sexuales.

Serrano ya declaró el pasado mes de abril ante la jueza y aseguró que fue un anónimo quien le remitió una nota interna de la Policía municipal que él publicó en X. El secretario general del PP madrileño prestó declaración como testigo en una causa donde la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judit Piquet, ya va camino del banquillo por revelar el contenido de esa nota.

El pasado agosto, la instructora del caso dictó el auto de pase a procedimiento abreviado en el que proponía juzgar a la alcaldesa. “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”, habría expresado Judith Piquet, según el auto.

Serrano se salvó de la imputación después de declarar en el juzgado que a él le llegó la nota por otra vía, un correo electrónico de alguien que no conoce y que, según aseguró, había borrado.

Los socialistas creen que Serrano debe aclarar las circunstancias de la recepción de ese correo y que, por eso, se debe requerir al Partido Popular, a la Comunidad de Madrid y al Senado (por la condición de parlamentario de Serrano), las cuentas de correo electrónico del político del PP.

También solicita que se incauten los whatsapp y los correos electrónicos entre Serrano, la alcaldesa y la concejala de Seguridad de Alcalá. Una vez analizadas todas esas comunicaciones debería ser citado Serrano, añade el escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo que ya adelantó en su escrito presentado en julio, que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han señalado al término de la declaración que Martínez Sola ha reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

El pasado julio, cuando todavía era presidente de la compañía, Martínez Sola remitió un escrito al juez Calama en el que apunta que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito se decía que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros (530.000 euros más IVA).

Martínez Sola explicaba al juez José Luis Calama que finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato de la sociedad Idella, si bien Plus Ultra “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explica.

Martínez Sola reconocía que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añadía.

Relataba en su escrito que adoptaron esa decisión de la vía de de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Este lunes ha vuelto sobre la misma idea en un interrogatorio que por parte del juez no ha sido extenso y para el que la fiscal ha empleado una hora aproximadamente, según las fuentes. La pregunta que rondaba la sala era qué hizo Zapatero para ganarse ese 1%, pero ha quedado sin respuesta, no importaba la gestión concreta, importaba el éxito. La intervención del abogado de Martínez Sola ha dejado claro que su cliente acudía a la Audiencia Nacional exclusivamente a ratificar su escrito, extremo este que ha centrado su primera pregunta.

Sobre cómo se iniciaron los contactos con él, ha explicado que recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, Martínez Sola le explicó que necesitaban financiación y que quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, ha explicado que con Zapatero no se habló de cantidades pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

Sobre el canal para abonar esa presunta 'mordida' ha explicado que finalmente se hizo a través de Análisis Relevante y no por medio de Ideia Consulenza, y ha recalcado que no se ejecutó a través de Dubai.

Al margen de esa presunta influencia para el rescate, Martínez Sola ha reconocido que Julio Martínez Martínez también realizó diversas gestiones para la compañía para solucionar diversos problemas con Venezuela dado que tenía buena relación con el Ejecutivo de ese país. De hecho ha explicado que por medio de 'Julito' llegó a conocer a la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El Ministerio Público, sin embargo, le ha dedicado poco tiempo al rescate y se ha focalizado en asuntos como ciertas discrepancias en los créditos puente que se investigan y por determinados vuelos de la compañía a China para transportar mascarillas. El expresidente ha dejado para Roselli los pormenores sobre las cuentas.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ya ha presentado el informe que la juez María Tardón requirió al Ministerio Público para que le informara de si su juzgado era competente para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. Según una nota de prensa de la Fiscalía, Alonso ha informado a favor de esa competencia, tal y como adelantó este jueves elDiario.es, y solicita a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decrete el secreto parcial de la investigación.

En su informe, Alonso detalla que según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) el asunto compete a la Audiencia Nacional y recuerda que, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada masiva se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

A juicio del Ministerio Público, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, considera que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Alonso fundamenta la competencia de la Audiencia Nacional en el artículo 65 de la LOPJ que atribuye a este tribunal el conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o a los tratados internacionales, corresponda su persecución a los tribunales españoles. Señala, además, que el principio de territorialidad que recoge el artículo 23.1 de la misma norma dice que los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos en territorio español. Y recuerda que lo que se investiga “es la entrada masiva e irregular de personas” que se produjo en Ceuta, territorio nacional.

Añade que el artículo 23.2 permite el ejercicio de la jurisdicción española sobre conductas desarrolladas fuera del territorio nacional cuando existan elementos de conexión suficientes y cuando los efectos jurídicamente relevantes se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español. Y recuerda que la competencia de la Audiencia Nacional también encuentra refuerzo en el artículo 15.2. c) i) de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que la complementa la anterior.

Los dos informes aportados

Fue el pasado 2 de septiembre cuando trascendió que Tardón había enviado al Ministerio Público el informe presentado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre esa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En el mismo se apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Los expertos policiales españoles se basaban en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación, ambas de amplia difusión hasta la fecha, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes, y de otros agentes de paisano que, por su aspecto y actitud, podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia del reino alauí.

Este viernes 4 de septiembre ha trascendido que la juez ha recibido también un segundo informe, esta vez el solicitado a la Guardia Civil. Según ha podido conocer este periódico por fuentes conocedoras del nuevo documento, este recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo.

El informe que ha remitido este viernes la Guardia Civil a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis de Ceuta recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo, avanzan a elDiario.es fuentes conocedoras del documento.

El oficio del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) no menciona al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni a ningún otro organismo en concreto y se refiere a los “foros habituales” de comunicación abiertos permanentemente en materia de inmigración con otras fuerzas de seguridad, agencias y servicios de Información, tanto nacionales como extranjeros.

En el mismo informe, el SIGC recoge que en los días previos a la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue compartida en los citados información referente a la posible afluencia de personas a la frontera que se había captado en redes sociales. Y precisa, a continuación, que esas informaciones “no se correspondían en contenido ni alcance” con los hechos que provocaron después “el colapso de la frontera” . Los agentes de la Guardia Civil hablan un desplazamiento de migrantes al mismo tiempo “con una dimensión sin precedentes”.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió diligencias el 31 de julio y, en el marco de las mismas, se dirigió a la Guardia Civil el 4 de agosto para conocer si recibió “alguna información en los días previos” que “hubiese podido alertar” sobre lo que iba a ocurrir.

La magistrada también solicitaba que se le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas. Además, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Todos esos datos son respondidos en el oficio del instituto armado remitido hoy.

La jueza también pidió a la Policía otro informe, de distinto contenido, que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras le hizo llegar esta semana. Tardón pedía a la Policía aclarar si la afluencia masiva de migrantes se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

En el informe de la Policía, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

Como adelantó este jueves elDiario.es, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de que el tribunal especializado investigue los hechos por las características que revisten y los delitos que pueden conllevar. Con los informes de Policía, Guardia Civil y Fiscalía, la magistrada María Tardón debe decidir si admite a trámite la denuncia del partido Iustitia Europa y abre una causa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.