La incautación de tres valiosos juegos de joyas a José Luis Rodríguez Zapatero, valorados en más de un millón de euros, ha cuestionado la conducta del expresidente del Gobierno tanto o más que la trama de tráfico de influencias que centra la investigación. Sin embargo, la negativa del juez José Luis Calama a atribuirle por ello un delito de malversación, como pretendía la Fiscalía Anticorrupción, adentra la pieza judicial de las joyas en un terreno de incertidumbre. El expresidente sigue imputado en esa pieza separada por un delito fiscal, que puede haber prescrito, y otro de contrabando, acusación centrada únicamente en la sospecha de que Zapatero hubiera podido introducir en España las joyas sin declarar. 

El juez Calama abrió la pieza separada de las joyas el pasado junio, tras conocer la tasación de la joyería Ansorena: 1,3 millones de euros. La UDEF había encontrado las alhajas en una caja fuerte del despacho profesional de Zapatero en la operación de mayo, momento en el que trascendió su imputación por tráfico de influencias y otros delitos. Dentro de esa pieza principal, las joyas resultaban un indicio más de posible enriquecimiento ilícito. Pero con la apertura de la pieza separada de las joyas Zapatero pasaba a estar imputado por dos delitos más. 

La acusación por delito fiscal se fundamentaba en que Zapatero no había declarado el enriquecimiento por las joyas a la Hacienda pública. Se considera delito siempre que el fraude fiscal supere los 120.000 euros por ejercicio. Pero el Código Penal también recoge que este prescribe a los cinco años. Zapatero asegura que las joyas son un regalo del rey saudí Abdullah Bin Adulaziz Al-Saud, ya fallecido, que el monarca le hizo durante una visita oficial a España en 2007, cuando el político socialista era presidente del Gobierno. Habrían transcurrido casi 19 años desde entonces, con lo que sería imposible atribuirle un delito fiscal. 

El instructor de la causa desconfía de la explicación de Zapatero. Así lo hizo ver en una resolución de la semana pasada en la que rechazaba cursar una comisión rogatoria internacional a Arabia Saudí, como le había pedido el expresidente, para que el país árabe acreditara el origen de las joyas. La ausencia de estuches originales, documentación sobre la procedencia y otros elementos que identifican habitualmente los bienes de valor hacen pensar al magistrado que no se trata de “un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado”.

A la desconfianza del juez en la versión de Zapatero hay que sumar la ausencia, cinco meses después del hallazgo, de indicio alguno que permita ubicar la procedencia de las joyas. Debe ser la investigación la que acredite un origen irregular y no el investigado el que demuestre que todo se realizó conforme a la legalidad. 

En este contexto adquiere relevancia la petición que el juez hizo a la Policía el pasado martes para que intente acreditar quién es el autor del punzón con el que se grabó una T, un número 18 y una K más pequeña que aparecen en las joyas. El descubrimiento podría conducir al autor del obsequio y quizá conocer si fue el pago al expresidente por alguna intermediación ilegal. O no llegar tan lejos, pero sí descubrir que las joyas se confeccionaron después de mayo de 2021. En ese caso, el expresidente las habría incorporado a su patrimonio sin declararlas al fisco en un periodo aún no prescrito y esto permitiría mantener la acusación por delito fiscal. 

La explicación de Zapatero de que fue el rey saudí quien trajo las joyas a España y se las entregó en el Palacio de La Moncloa rebate la acusación de contrabando, según la cual habría sido el expresidente quien las introdujo en el país. No hay indicio alguno de que fuera así, pero tampoco de lo contrario, al desconfiar el juez del relato del expresidente. De nuevo, la responsabilidad de demostrar que Zapatero recibió las joyas en el extranjero es de la investigación y no del acusado. 

Una ley, un código y tres sentencias que no valen para Zapatero

Ante este panorama, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente optó por ampliar el número de delitos que el hallazgo de las joyas supondría para Zapatero. Así, en un escrito de hace dos semanas, el Ministerio Público solicitó al juez que imputara al expresidente también por malversación. Lorente citaba el Código de Buen Gobierno aprobado por el propio Ejecutivo de Zapatero en el que se instaba a las autoridades a rechazar regalos que sobrepasaran los “usos habituales, sociales y de cortesía” o que, en el caso de aceptarlos, los incorporaran al Patrimonio del Estado. 

La fiscal también aludía a la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ya prohibió directamente aceptar esos regalos y que, en su defecto, obligaba a entregarlos a Patrimonio. Lorente apelaba así a un código ético de 2005, sin implicaciones legales, vigente cuando Zapatero habría recibido el regalo. Y, por otra parte, a una ley que no puede afectar a los hechos investigados porque, de ser cierta la versión de Zapatero –única hasta ahora– el texto legal se aprobó cinco años después y no podría aplicarse con efecto retroactivo. 

Para sostener su acusación por malversación, la Fiscalía Anticorrupción recurría a tres sentencias del Tribunal Supremo cuya jurisprudencia el juzgado de la Audiencia Nacional ha descartado que pueda aplicarse al caso del expresidente y sus joyas. En los casos que cita Anticorrupción, resuelve Calama, existe “una norma o negocio jurídico preexistente” que obliga a que la Administración sea el destinatario último de los fondos, lo que no ocurre con las alhajas del expresidente. 

Uno de los casos expuestos por Anticorrupción en su escrito alude a un Ayuntamiento que recibió de una congregación religiosa el superávit generado en la gestión de un hospital municipal. La finalidad de ese dinero no se determinó “ex post”, alega Calama, sino que cuando se trasladaron originalmente los fondos a los religiosos ya estaba determinada su “incorporación al patrimonio municipal y su destino a fines asistenciales públicos”. 

Anticorrupción está estudiando si recurre la decisión del juez de rechazar la malversación ante la instancia superior, la Sala de lo Penal. En cualquier caso, fuentes del Ministerio Público inciden en que la resolución del juez no vincula a las partes en su calificación de los hechos. Esto es, la Fiscalía o cualquiera de las otras acusaciones pueden seguir considerando que Zapatero cometió malversación de fondos públicos al no entregar las joyas a Patrimonio. Y llegar así hasta el momento en que el juez dicte el auto en el que propone juzgar a los investigados y describe los hechos. Será entonces cuando las acusaciones, solo en base a esos hechos, presenten sus calificaciones, o lo que es lo mismo, pidan que se juzgue a los imputados por unos u otros delitos.

Esto supondría que, pese a la opinión del juez Calama, Zapatero podría ser juzgado por malversación. Con una excepción, que el juez archive antes la pieza separada sobre las joyas porque no encuentre indicios de este delito ni de ningún otro. En ese caso, no puede haber calificación de las partes de unos hechos que han dejado de investigarse. 

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción insiste en que es la primera que no cree la versión de Zapatero sobre el regalo del rey saudí y que lo que corresponde en este momento es determinar los hechos (origen de las joyas, quién las entregó y por qué) y luego acusar de acuerdo a esos hallazgos, si es que llegan a darse.

En el mismo sentido, fuentes próximas al caso exponen los problemas judiciales a los que se ha expuesto Zapatero por ofrecer una versión del origen de las joyas con la que acallar el escándalo que suponían su hallazgo. Es su explicación, inciden las mismas fuentes, la que permitió a la Fiscalía extender su acusación a la malversación. 

El rechazo del juez a acusar por malversación adquiere trascendencia también por las penas con las que se castiga este delito, el más grave de cuantos podrían recaer contra Zapatero por las joyas. La pena puede alcanzar los ocho años de cárcel si el valor apropiado supera los 50.000 euros, como es el caso. En el caso de contrabando, la pena mayor a la que se enfrentaría sería de cinco años, al igual que con el fraude fiscal, siempre en el peor de los supuestos. 

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estallaron este jueves una operación en la que se realizaron varios registros y requerimientos en el marco de una pieza separada del caso Koldo en la que se investiga cómo se pudieron canalizar las mordidas que fueron cobradas presuntamente por la trama por el amaño de adjudicaciones de obra pública. En definitiva, cómo se blanqueó o lavó ese dinero proveniente de un ilícito. Fuentes de la investigación confirman a elDiario.es que esta nueva pieza nace de las revelaciones hechas ante el juzgado por el empresario Víctor de Aldama.

Además de esos registros, se produjeron seis detenciones -por la tarde todos quedaron en libertad- entre las que estaban Andrea de la Torre, la pareja actual de José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, un hombre vinculado en el pasado al PSOE y que ya aparecía en informes previos. A pesar de que la causa sigue bajo secreto por orden del magistrado Ismael Moreno, algo que no se prolongará por mucho tiempo, han ido trascendiendo detalles de lo que se indaga en este caso concreto, y fuentes tanto jurídicas como del entorno del exministro coinciden en señalar que lo que se busca es seguir el rastro del dinero.

Y siguiéndolo han ido a parar al madrileño barrio de Vallecas. Allí, Andrea de la Torre tiene en propiedad un local comercial que fue reconvertido en vivienda -en el argot inmobiliario podría hablarse de 'loft'-. ¿Y por qué se fija la UCO en esa vivienda? Porque fue pagado por una sociedad vinculada a Cristian Corvillo. Con esa premisa la triangulación del dinero encajaba para la UCO: Una persona que es pareja del exministro recibe un préstamo de un tercero de aproximadamente 130.000 euros para resolver una hipoteca de un local que es de su propiedad.

Fuentes consultadas por este periódico ofrecen una versión de la operación que podría explicar ese cambio de prestamista (de banco a empresa). Indican que, si bien en su día Andrea tuvo una hipoteca que abonaba religiosamente al BBVA y que contaba con el aval de Ábalos, cuando el político comenzó con sus problemas judiciales la entidad quiso apartarse del 'apestado' exministro y le sacó de ese aval. Ante ese obstáculo, la entidad necesitaba que De la Torre se buscara nuevo avalista, y ahí entró la solución de Corvillo. Éste habría puesto el dinero para cancelar el préstamo hipotecario y Andrea ha ido aportando a Corvillo, más bien a esa mercantil vinculada a él, mensualidades con lo que obtiene de alquilar ese mismo local. Lo alquila porque, después de entrar Ábalos en la cárcel, ella se mudó a la vivienda que tiene el exministro en Valencia (vive gratis y evita que la casa sea okupada, dicen otras fuentes).

Más allá de ese detalle de la investigación, fuentes jurídicas aclaran que los delitos que se investigan en esta nueva pieza son los de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo. Y que para profundizar en cómo se canalizaban fondos se requirió información a Adif y a otros organismos, y se pidió también documentación a constructoras como Azvi. Sobre la figura de Corvillo destacan que está en la investigación porque interviene en operaciones extrañas y tiene relación con distintas empresas contratistas. De hecho este jueves fueron registradas esas empresas.

Cabe recordar que el juez Moreno acordó abrir esta pieza separada a partir de un informe de la UCO sobre el presunto amaño de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos y el posterior blanqueo de capitales de esas mordidas. Los investigadores se personaron este jueves en la sede de Adif, empresa pública dependiente de Transportes, con un requerimiento de información que, según fuentes de la compañía, ha sido satisfecho sin necesidad de que se produjera un registro.

Los contratos requeridos por la UCO en Adif corresponden a licitaciones de 2018, recién llegado José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Las adjudicaciones tuvieron lugar ya en 2019 y los trabajos concluyeron entre 2021 y 2022. En aquella época la presidenta de Adif era Isabel Pardo de Vera, quien ya estaba imputada por la concesión de obra pública por haber participado presuntamente en los amaños de Koldo García y Ábalos.

Al mismo tiempo, los agentes se han presentado tanto en el domicilio de Ábalos en Valencia como en la sede de la constructora Azvi, adjudicataria de obras de Transportes, para requerir documentación que le ha sido entregada por sus responsables, según fuentes de la empresa. El comisionista Víctor de Aldama señaló a la compañía como pagadora de “mordidas” a cambio de contratos.

Los responsables no están imputados pero Anticorrupción da veracidad a las acusaciones del empresario condenado. Aldama también atribuyó a Azvi un pago de 18.000 euros realizado en octubre de 2019 a una sociedad vinculada a él y que, según su versión, habría estado relacionado con la mediación en una adjudicación pública. La constructora contrató a Koldo García como consultor tras su salida del Ministerio de Transportes con la destitución de Ábalos por 6.000 euros fijos al mes más una comisión por obtención de contratos.

Los hermanos Corvillo

Las detenciones de ayer se extendieron por Córdoba, Madrid y Sevilla, además de la practicada en Valencia. En Córdoba fue arrestado Cristian Corvillo, quien ya había aparecido en el pasado vinculado a la presunta ocultación de patrimonio por Víctor de Aldama, el empresario corruptor de la trama del caso Koldo que ha evitado la cárcel por su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, según defendió esta ante el Tribunal Supremo.

Aldama estaba vinculado a Córdoba. De hecho estuvo cerca de comprar el Córdoba CF en 2011 y, según los investigadores, en 2024 intentó llevarse dinero a Portugal para evitar pagar impuestos. Es aquí donde la Guardia Civil hace en un informe de 2024 referencia a los “hermanos Corvillo”, a los que relacionaba con un chalet en La Moraleja que en su momento compró De Aldama con una sociedad vinculada a su esposa. Los agentes sospechan que De Aldama estaba intentando ceder la titularidad del chalet a los “hermanos Corvillo”, Rubén y Cristian, ambos de la localidad Peñarroya-Pueblonuevo. El otro hermano Corvillo, Rubén, también figura entre los detenidos hoy. Los otros tres detenidos son empresarios.

Además, el 12 de mayo del 2022, Corvillo Energy, una empresa propiedad de Rubén Corvillo, compró participaciones de una sociedad de Aldama, llamada MTM 180 Capital. Ésta fue la empresa que presuntamente usó Aldama para firmar contratos con Soluciones de Gestión, la compañía que firmó la mayor parte de los contratos de compra de mascarillas con el Ministerio de Transportes o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. En total, Soluciones de Gestión facturó 3,3 millones de euros “procedentes de las adjudicaciones investigadas”.

Los hermanos Corvillo también conocían a Koldo García y José Luis Ábalos. Cristian aparece en las investigaciones como vinculado a la adquisición del chalé de la Línea de la Concepción del que disfrutó Ábalos y su familia durante una temporada como contraprestación por gestiones para conceder a una empresa una licencia de hidrocarburos, que finalmente no tuvo lugar. Mensajes entre Aldama y Corvillo muestran cómo este último habría participado en la selección del chalé y en el supuesto encubrimiento de su destino final.

Los hermanos Corvillo declararon el pasado septiembre como testigos del caso Hidrocarburos, que investiga el juez Santiago Pedraz. Se trata de un fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, entre otros.

Cristian Corvillo fue, hasta que José Luis Ábalos cayó como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, uno de los destacados 'sanchistas' en la provincia de Córdoba. En el timeline de su cuenta en X aparecen imágenes con el presidente del Gobierno cuando volvía a intentar dar la batalla tras ser cesado como secretario general del PSOE. Corvillo de hecho llegó a ser designado como candidato del PSOE a la alcaldía de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, en el año 2015, pero la dirección provincial terminó por anular aquella lista.

La UCO ha llevado a cabo un registro a fondo de la vivienda de Cristian Corvillo en Córdoba. El detenido ha asistido a la actuación policial en pijama. Los guardias civiles han buscado en vehículos y posibles escondites la existencia de documentación y dinero en efectivo, informa Alfonso Alba. Pasadas las tres de la tarde, Corvillo ha abandonado su vivienda de la Carrera del Caballo en calidad de detenido por agentes de la UCO. Corvillo ha estado más de siete horas en el chalet de la calle Celia Cruz junto a los guardias civiles, que han peinado toda la vivienda. Los agentes se llevaron varias pruebas para el caso en el interior de cajas de cartón.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha decidido citar a la presunta jefa de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, para que declare como testigo de un supuesto plan para atentar contra la jueza Beatriz Biedma, quien llevó la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez.

Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Leire Díez, donde se investiga una presunta trama orquestada por la exmilitante socialista y por quien fuera secretario de Organización Santos Cerdán para entorpecer causas e investigaciones que afectaban al PSOE, ha fijado la declaración en plena campaña electoral, a tan solo cinco dias de las elecciones del 29 de noviembre, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fuentes jurídicas indican que, a pesar de la fecha tan próxima a las elecciones, se ha decidido seguir adelante con su citación porque es una declaración que esperan que no aporte nada de relevancia o novedoso a la causa dado que ya declaró ante la Guardia Civil.

En un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogía las declaraciones en sede policial de hasta cuatro testigos en relación con esas actividades que la trama investigada pudo llevar a cabo para entorpecer la investigación abierta en Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno. Uno de esos testigos, Cintia Rocho, apodada 'La Celsa', explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma.

Según recoge el atestado, Cintia Rocho recordó de esa conversación telefónica que el exjuez le indicó que Biedma “era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”. Añadió que le llamó la atención que agregara que “a palos aprende el burro”. 'La Celsa' había contactado con el exjuez a través de los comentarios de un canal de YouTube en el que Sáenz de Tejada acostumbraba a hablar de la supuesta mafia judicial que a su juicio campaba a sus anchas en esa provincia extremeña. Esa conversación se habría producido en algún momento posterior al 23 de diciembre de 2024, cuando el hermano del presidente del Gobierno se encontraba ya investigado en el caso por el que fue finalmente condenado.

Tras esa conversación, y al ser preguntada por los agentes de la UCO, 'La Celsa' dijo que esas manifestaciones de Sáenz de Tejada se situarían “en el ámbito de una actuación de carácter físico, evidenciando la intención de causar un daño físico a la magistrada”. Este entrecomillado, no obstante, no es de la propia Cintia Rocho sino una interpretación que realiza la UCO en su informe. Según el atestado, la respuesta de 'La Celsa' ante esa proposición fue de rechazo: “Si bien en un primer momento no estaba dispuesta a ello, mucho menos después de esa llamada, ya que entendió que querían causarle daño físico”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos por haberse quedado con unas joyas que debía haber entregado a Patrimonio del Estado y que, según el expresidente del Gobierno, recibió en 2007.

De este modo, Calama rechaza la tesis de Anticorrupción, que en un escrito aseguro que los bienes recibidos por la autoridad deben integrarse en el patrimonio público. La fiscal del caso aprovechaba la explicación de Zapatero de que las joyas más valiosas del ajuar que se le incautó en mayo procedían de un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, cuando era presidente del Gobierno y el monarca visitó España en visita oficial.

Sin embargo, para Calama, la interpretación del fiscal es una construcción interpretativa elaborada 'ex post', esto es, utilizando una normativa legal que no estaba vigente entonces. En aquel momento, razona el juez, ninguna disposición legal imponía que los regalos recibidos por altos cargos quedasen automáticamente incorporados al patrimonio de la Administración.

En este sentido, Calama indica en su auto que no fue hasta la publicación de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno cuando se estableció expresamente que los altos cargos no podrán aceptar regalos que excedan de los usos sociales o de cortesía y que aquellos obsequios de relevancia institucional deben incorporarse al patrimonio de la Administración correspondiente.

Frente a ello, dice Calama, no puede atribuirse eficacia integradora del tipo penal al Código de Buen Gobierno aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de febrero de 2005. Ese Código Ético no tenía ningún efecto legal. Dicho instrumento, según el juez, “poseía una evidente naturaleza ética y de autorregulación institucional, pero carecía de valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de bienes o para ampliar los elementos objetivos del delito de malversación. Admitir lo contrario supondría convertir pautas de conducta o principios de buen gobierno en auténticas fuentes de incriminación penal, conclusión incompatible con las exigencias derivadas del principio de legalidad”.

El juez examina la doctrina del Tribunal Supremo en relación con el delito de malversación de caudales públicos y explica que, en todos los casos, los bienes presuntamente malversados, aun no habiéndose incorporado a las arcas públicas poseían ya naturaleza pública porque existía un título jurídico previo que determinaba su adscripción necesaria a la Administración.

Precisamente por existir esa previa vocación pública de los bienes, lo que la jurisprudencia citada trata de evitar “es que el autor pueda sustraerse a la aplicación del delito de malversación impidiendo voluntariamente la formalización contable de fondos que ya pertenecen o están destinados a pertenecer a la Administración”. “Ahora bien, de ello no se desprende que la mera recepción de un bien por razón del cargo determine su incorporación automática al patrimonio público”, añade.

En ese sentido, el juez indica que en los supuestos examinados por el TS existía una obligación previa y jurídicamente exigible de incorporación al patrimonio público. Sin embargo, en el caso ahora analizado argumenta que se pretende deducir esa consecuencia de una construcción interpretativa elaborada ex post, ya que al tiempo de los hechos ninguna disposición legal imponía que los regalos recibidos por altos cargos quedasen automáticamente incorporados al patrimonio de la Administración.

Mientras en todos los precedentes invocados la Administración ostentaba un título jurídico previo sobre los bienes o una expectativa de adquisición expresamente reconocida por el ordenamiento, en el caso de las joyas incautadas, dicha expectativa, dice el instructor, únicamente podría construirse a partir de una normativa posterior a los hechos o de un código de conducta desprovisto de eficacia normativa suficiente para integrar elementos del tipo penal.

La consecuencia de acoger la tesis del Ministerio Fiscal sería, según Calama, sancionar una conducta mediante una interpretación imprevisible y expansiva del tipo penal, extendiendo la noción de patrimonio público a un supuesto no contemplado por el legislador en el momento de los hechos y, respecto del cual, el ciudadano no podía conocer razonablemente que la apropiación del bien pudiera integrar un delito de malversación.

“En definitiva, aun admitiendo que la apropiación de las joyas pudiera suscitar reproches de naturaleza ética o política, no cabe afirmar que constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por la mera circunstancia de haber sido recibidos en consideración al cargo, al no existir al tiempo de los hechos una norma legal que determinara su incorporación automática al patrimonio estatal. Por ello, falta uno de los elementos esenciales del tipo objetivo de la malversación, lo que impide la subsunción de los hechos en dicho precepto, y, por tanto, la imputación solicitada”, concluye.

En otro auto, el magistrado acuerda paralizar los procedimientos inspectores de la Agencia Tributaria respecto de Rodríguez Zapatero, su mujer sus hijas, así como del investigado Julio Martínez y varias sociedades vinculadas a ellos. Hacienda había preguntado al juez, de acuerdo al procedimiento, porque la vía penal suele superponerse a la investigación de la Administración tributaria.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes a 14 miembros de la “cúpula” del grupo neonazi Núcleo Nacional en distintos puntos de España. Se trata de una operación coordinada por un juzgado de Gijón, que se inició a raíz de unos disturbios en la ciudad asturiana, y que se ha extendido por otras localidades, informan a elDiario.es fuentes próximas a las pesquisas. Los detenidos están acusados de delito de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirman que el Juzgado de Instrucción 4 de Gijón, en sustitución del número 1 que se encuentra vacante, ha autorizado las entradas y registros y detenciones en distintas ciudades. La magistrada ha levantado el secreto de las actuaciones tras las detenciones, aunque la operación sigue abierta.

Los agentes encargados de la investigación pertenecen a la Comisaría General de Información y reciben apoyo de brigadas de Información provinciales. Los arrestos se han producido en Madrid, Asturias, Guadalajara, Pontevedra, Burgos, Alicante y Valladolid, ciudad donde la organización tiene su sede central. Los agentes practican registros en esta y otros locales.

Uno de los detenidos es parte de la cúpula del grupo: Enrique Lemus, un histórico de la ultraderecha neonazi, y quien inscribió recientemente en el registro de partidos Noviembre Nacional (NN), el nombre elegido por Núcleo Nacional para una supuesta andadura democrática. Esta mañana, dos furgones de la policía registraban su casa de la calle Recondo de Valladolid, informa Laura Cornejo.

La cúpula del grupo ultra

Los detenidos que están determinados en la investigación como posibles miembros de la cúpula de Núcleo Nacional serán trasladados a Gijón para declarar como investigados ante la magistrada. La previsión es que eso ocurra este domingo. Los otros tres pasarán a disposición de los juzgados de guardia del partido judicial donde han sido detenidos.

La investigación judicial por parte del juzgado de Gijón partió de unas diligencias de Fiscalía de menores de principios del año 2026, tras “unos altercados en las inmediaciones del colegio jesuita La Imaculada de Gijón”, informan las citadas fuentes. La formación ultra se concentró el pasado febrero frente a la fachada de ese centro educativo. En el lateral de ese edificio hay un monumento dedicado a los 'Héroes del Simancas' que el Gobierno de Asturias quiere retirar por ser contrario a la Ley de Memoria Democrática.

Integrantes de Núcleo Nacional se concentraron para mostrar su rechazo a la retirada del monumento mientras proferían consignas neonazis y soflamas como “¡Arriba España!”, el gran grito de exaltación del franquismo. Tras esa concentración, el Ejecutivo asturiano pidió públicamente que el Ministerio del Interior adoptara las medidas necesarias para disolver la formación ultra.

El grupo neonazi anunció este verano su salto a la política a través del partido Noviembre Nacional. El partido había sido registrado en febrero por el veterano ultraderechista Enrique Lemus. Lemus, históricamente vinculado al grupo Democracia Nacional, es ahora uno de los rostros visibles de Núcleo Nacional.

En abril del año pasado, la Guardia Civil abrió una investigación a este grupúsculo que llama a la “lucha conjunta” en la calle contra la “invasión” extranjera y que participó en concentraciones ante la sede federal del PSOE. En algunas de esas concentraciones se produjeron disturbios violentos y cargas policiales.

Desconvocada la manifestación

Tras las detenciones, Núcleo Nacional ha desconvocado la manifestación que tenía prevista para este sábado 7 de noviembre desde la Plaza de España de Madrid hasta la sede del PSOE en la cercana calle Ferraz. “Frente a la represión desplegada por el Estado y su dispositivo policial, Núcleo Nacional informa que queda desconvocada la manifestación prevista para este fin de semana. Seguiremos informando por nuestros canales oficiales”, ha asegurado en sus redes sociales.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha identificado gracias al análisis de vídeos a dos altos mandos policiales marroquíes que estuvieron presentes en la frontera con Ceuta al momento en el que se produjo la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio. Se trata del prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamend El Oualidi, y del supervisor general de Castillejos, Abdel Fattah El Sayed El Radi. Ambos ostentan la dirección y supervisión de las actuaciones de los miembros de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos en la región.

En un oficio entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional, la Policía Nacional explica que esas identificaciones se obtienen de vídeos publicados por medios marroquíes y recalca que ambos son localizados en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Fnideq (Marruecos), próximo a la frontera terrestre con España del Tarajal (Ceuta). Explica que fueron identificados en la zona donde “desarrollan su actividad como altos cargos de la administración pública encargados de la coordinación y dirección de los planes de seguridad, el control fronterizo y el orden público.

Sobre el primero, Mohamed El Oualidi, el oficio remitido a la Audiencia Nacional resalta que es un destacado alto cargo de la seguridad pública en Marruecos, conocido principalmente por su extensa labor en la DGSN y por su rol como jefe de policía de la Prefectura de Tetuán. Indica que fue identificado “en numerosos videos publicados (hasta 20) en relación con los días del asalto masivo de inmigrantes en las inmediaciones de la frontera de Fnideq.

El segundo, Abdel Fattah Sayed el Radi, también aparece en numerosos videos en las inmediaciones de la frontera con Ceuta durante la entrada masiva, pero acompañando a Mohammed El Oualidi. Añaden que cuenta con una larga trayectoria como miembro de la seguridad marroquí que le ha llevado a liderar operaciones clave en el norte del país. Antes de asumir la jefatura de seguridad en Mdiq-Fnideq en 2017, estuvo al frente del dispositivo policial en Larache.

La Policía recuerda que este segundo mando policial fue señalado “como agente dinamizador en el informe emitido por el CENIF sobre el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta del 30 y 31 de Julio de 2026”.

Este oficio de la Comisaría General de Información de la Policía ha sido entregado a la magistrada María Tardón respondiendo a la encomienda recibida de “identificar a personas, grupos u organizaciones que pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización que culminó con la entrada masiva de inmigrantes irregulares en la Ciudad Autónoma de Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio de 2026.

El informe concluye que dados los puestos de responsabilidad que en el ámbito del orden público ostentan Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, seguirán analizando el material disponible “con el fin de conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los videos y su estructura de mando”.

Los seis detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo han quedado en libertad esta tarde, según confirman fuentes próximas a la investigación. El magistrado Ismael Moreno había instruido acerca de que fueran arrestado a efectos de estar presentes en los registros y para ofrecerles declarar ante la Guardia Civil pero que quedaran en libertad después a la espera de que él los cite a declarar en calidad de investigados. Los seis arrestados se han negado a declarar ante los agentes.

El juez Moreno ha abierto una pieza separada a partir de un informe de la UCO sobre el presunto amaño de adjudicaciónes en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos y el posterior blanqueo de capitales de esas mordidas. La apertura de la pieza se produce a partir de la presentación al juez, por parte de la UCO, de un atestado con los indicios contra los investigados.

Los investigadores se han personado este jueves en la sede de Adif, empresa pública dependiente de Transportes, con un requerimiento de información que, según fuentes de la compañía, ha sido satisfecho sin necesidad de que se produjera un registro. Los contratos requeridos por la UCO este jueves a la empresa pública corr en la sede de Adif corresponden a licitaciones de 2018, recién llegado José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Llas adjudicaciones tuvieron lugar ya en 2019 y los trabajos concluyeron entre 2021 y 2022. En aquella época la presidenta de Adif era Isabel Pardo de Vera, quien ya estaba imputada por la concesión de obra pública por haber participado presuntamente en los amaños de Koldo García y Ábalos.

Al mismo tiempo, los agentes se han presentado en la sede de la constructora Azvi, adjudicataria de obras de Transportes, para requerir documentación que le ha sido entregada por sus responsables, según fuentes de la empresa. El comisionista Víctor de Aldama señaló a la compañía como pagadora de “mordidas” a cambio de contratos.

Los responsables no están imputados pero Anticorrupción da veracidad a las acusaciones del empresario condenado. Aldama también atribuyó a Azvi un pago de 18.000 euros realizado en octubre de 2019 a una sociedad vinculada a él y que, según su versión, habría estado relacionado con la mediación en una adjudicación pública. La constructora contrató a Koldo García como consultor tras su salida del Ministerio de Transportes con la destitución de Ábalos por 6.000 euros fijos al mes más una comisión por obtención de contratos.

Otros agentes de la UCO se han personado en la casa de Ábalos en Valencia y han procedido a su registro dentro del segundo tramo de la investigación, el presunto blanqueo de las cantidades obtenidas de los amaños de contratos públicos. Allí vive Andrea de la Torre, pareja sentimental del exministro, que ha sido detenida. De la Torre se ha negado a prestar declaración ante los agentes. Fuentes de su defensa explican que De la Torre ha sido puesta en libertad por la tarde, antes de las 18.00 horas, después de que fuera trasladada a Comandancia y tras negarse a declarar ante los agentes.

Los hermanos Corvillo

Las detenciones se extienden por Córdoba, Madrid y Sevilla, además de la practicada en Valencia. En Córdoba ha sido arrestado Cristian Corvillo, quien ya había aparecido en el pasado vinculado a la presunta ocultación de patrimonio por Víctor de Aldama, el empresario corruptor de la trama del caso Koldo que ha evitado la cárcel por su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, según defendió esta ante el Tribunal Supremo.

Aldama estaba vinculado a Córdoba. De hecho estuvo cerca de comprar el Córdoba CF en 2011 y, según los investigadores, en 2024 intentó llevarse dinero a Portugal para evitar pagar impuestos. Es aquí donde la Guardia Civil hace en un informe de 2024 referencia a los “hermanos Corvillo”, a los que relacionaba con un chalet en La Moraleja que en su momento compró De Aldama con una sociedad vinculada a su esposa. Los agentes sospechan que De Aldama estaba intentando ceder la titularidad del chalet a los “hermanos Corvillo”, Rubén y Cristian, ambos de la localidad Peñarroya-Pueblonuevo. El otro hermano Corvillo, Rubén, también figura entre los detenidos hoy. Los otros tres detenidos son empresarios.

Además, el 12 de mayo del 2022, Corvillo Energy, una empresa propiedad de Rubén Corvillo, compró participaciones de una sociedad de Aldama, llamada MTM 180 Capital. Ésta fue la empresa que presuntamente usó Aldama para firmar contratos con Soluciones de Gestión, la compañía que firmó la mayor parte de los contratos de compra de mascarillas con el Ministerio de Transportes o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. En total, Soluciones de Gestión facturó 3,3 millones de euros “procedentes de las adjudicaciones investigadas”.

Los hermanos Corvillo también conocían a Koldo García y José Luis Ábalos. Cristian aparece en las investigaciones como vinculado a la adquisición del chalé de la Línea de la Concepción del que disfrutó Ábalos y su familia durante una temporada como contraprestación por gestiones para conceder a una empresa una licencia de hidrocarburos, que finalmente no tuvo lugar. Mensajes entre Aldama y Corvillo muestran cómo este último habría participado en la selección del chalé y en el supuesto encubrimiento de su destino final.

Los hermanos Corvillo declararon el pasado septiembre como testigos del caso Hidrocarburos, que investiga el juez Santiago Pedraz. Se trata de un fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, entre otros.

Cristian Corvillo fue, hasta que José Luis Ábalos cayó como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, uno de los destacados sanchistas en la provincia de Córdoba. En el timeline de su cuenta en X aparecen imágenes con el presidente del Gobierno cuando volvía a intentar dar la batalla tras ser cesado como secretario general del PSOE. Corvillo de hecho llegó a ser designado como candidato del PSOE a la alcaldía de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, en el año 2015, pero la dirección provincial terminó por anular aquella lista.

La UCO ha llevado a cabo un registro a fondo de la vivienda de Cristian Corvillo en Córdoba. El detenido ha asistido a la actuación policial en pijama. Los guardias civiles han buscado en vehículos y posibles escondites la existencia de documentación y dinero en efectivo, informa Alfonso Alba. Pasadas las tres de la tarde, Corvillo ha abandonado su vivienda de la Carrera del Caballo en calidad de detenido por agentes de la UCO. Corvillo ha estado más de siete horas en el chalet de la calle Celia Cruz junto a los guardias civiles, que han peinado toda la vivienda. Los agentes de han llevado varias pruebas para el caso en el interior de cajas de cartón.

En el marco del caso Koldo/Cerdán de la Audiencia Nacional se investigan, entre otros presuntos delitos, las irregularidades en la concesión de obra pública desde el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos. En otra pieza de esta misma causa dedicada a estos manejos permanece investigado el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El operativo se desarrolla desde primera hora de la mañana y en el mismo participa la Fiscalía Anticorrupción.

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación dentro del propio 'caso Koldo'. La pieza principal gira en torno a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Parte de ese caso ya fue juzgado y sentenciado por el Tribunal Supremo dada la condición de aforado de José Luis Ábalos, que renunció a su acta de diputado en enero de este año.

Cuando Ábalos dejó su escaño, este mismo magistrado asumió la parte relativa a la obra pública, en la que se investiga el presunto papel coordinador de Cerdán en una trama que buscaba el amaño de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas.

Moreno también investiga bajo secreto los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En concreto, por la sospecha de que el exministro socialista y Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el partido a la hora de devolver gastos anticipados con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Uno de los individuos que ha protegido a Vito Quiles en actos por distintos puntos de la geografía española ha sido detenido en Rumanía acusado de tráfico de cocaína, confirman a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. Un juez de Rumanía envió al supuesto guardaespaldas a prisión provisional el pasado septiembre tras ser detenido en el marco de una operación conjunta entre la policía del país y la Guardia Civil. I. A. L, las iniciales del investigado, protagonizó una de las imágenes más difundidas de los altercados provocados por Quiles, llevando a hombros al agitador ultra mientras este sostenía una bandera de España y provocaba a los manifestantes antifascistas en Granada el 22 de octubre de 2025.

El aumento de la popularidad de Quiles ha estado acompañado de un incremento en el número de individuos que le rodean en sus actos. Corpulentos y vestidos de negro, estos hombres garantizan que el agitador acuda a provocar a manifestaciones y concentraciones, como ocurrió con la acampada de la Puerta del Sol por la vivienda, sin que nadie pueda acercársele. A la militancia neonazi de algunos de estos guardaespaldas que ha trascendido en los últimos meses se suma ahora el perfil de miembro del crimen organizado que representa I. A. L.

La Fiscalía rumana le acusa de receptar dos kilos de cocaína que un ciudadano español habría transportado hasta el país. I. A. L. fue arrestado cuando negociaba, al día siguiente, la venta de esos dos kilos de droga por 67.000 euros en la localidad de Floresti. Un juez ordenó prisión provisional para el acusado de un delito de tráfico internacional de drogas en su modalidad de alto riesgo y tráfico interno de drogas, según una información de la Fiscalía rumana difundida por los medios locales.

Vito Quiles recorre desde hace meses universidades de todo el país bajo el lema “La España combativa”. Los actos están vacíos de contenidos y buscan provocar disturbios entre manifestantes contrarios, los que apoyan a Vito Quiles y la Policía, que el propio agitador difunde en sus redes sociales. El pasado año en Granada, Quiles acudió a la facultad de Derecho tras avivar la convocatoria por sus redes sociales. Se trataba, decía, de defender “la libertad de los estudiantes frente a los comunistas violentos”. A la convocatoria respondieron varios colectivos antifascistas y la Policía Nacional tuvo que realizar un importante despliegue para evitar enfrentamientos. Quiles no logró entrar en la Universidad

Los defensores de Quiles en Granada entonaron cánticos como “España cristiana y no musulmana” o el “A por ellos” que se popularizó durante el proceso soberanista en Catalunya. En un momento del acto, y siempre rodeado de sus guardaespaldas, uno de ellos aupó a hombros a Vito Quiles, que arengaba a sus seguidores mientras mostraba la bandera de España a los antifascistas. El individuo que llevaba a hombros a Vito Quiles es I. A. L. Él mismo exhibe una captura del vídeo en sus redes sociales.

El acusado era ya investigado por la Policía Judicial de la Guardia Civil en la provincia de Jaén cuando se produjo el acto en la universidad de Granada. En aquel momento se llevaba en secreto la operación Vectus, explotada el pasado mes de septiembre. El operativo, desplegado en Rumanía y España a la vez, permitió la incautación de 83 kilos de marihuana, los dos kilos de cocaína con los que negociaba I. A. L. en Rumania y un arma de fuego. Se investiga una organización de tráfico de drogas a nivel europeo.

En Rumanía también ha sido detenido el español de 47 años que había trasladado la droga hasta allí. En estos momentos está encarcelado provisionalmente en el país de la Unión Europea. El arresto de ambos es fruto de investigaciones iniciadas en 2024 y que han motivado arrestos también en Hungría. La organización objeto del golpe policial sigue siendo investigada por las autoridades de Bucarest, según las fuentes consultadas.

Otro escolta vinculado al narcotráfico y neonazi

En noviembre del pasado año, el periodista Antonio Maestre desveló en La Sexta que uno de los guardaespaldas de Vito Quiles es un neonazi detenido en una operación contra el grupo Suburbios Firm, una escisión del Frente Atlético acusada de traficar con cocaína. En la información se mostraba a este escolta de Vito Quiles mostrando una esvástica en su camiseta y en otra foto acompañando a Vito Quiles en uno de sus actos, si bien habría participado en las concentraciones del agitador en al menos Navarra, Málaga y Tenerife.

Los guardaespaldas de Vito Quiles no han podido hacer frente a los manifestantes antifascistas en varias de las visitas del agitador. Ocurrió en Sabadell cuando Quiles tuvo que salir a la carrera de un centro comercial o en la Puerta del Sol, donde una parte de los acampados plantaron cara al grupo de seguridad del agitador, que tuvo que replegarse. El pasado 26 de octubre se produjeron graves disturbios en Vitoria entre antifascistas y la Ertzaintza después de que Vito Quiles se echara atrás y desconvocara el acto previsto ante la respuesta que le esperaba.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de no enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para esclarecer el origen de las joyas que se le encontraron en una caja fuerte y que el expresidente atribuye a un regalo del rey del país en 2007. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el abogado de Zapatero rebate la tesis de la Fiscalía y el magistrado cuando inciden en que el expresidente no incluyó los tres juegos de joyas en la declaración de obsequios que redactó al dejar el Palacio de La Moncloa. “Este dato, precisamente, en lo que abunda es en el carácter estrictamente personal del obsequio, y en absoluto desdice o desacredita lo relatado por mi representado, ni pueden poner en cuestión su exposición de lo sucedido”, escribe el letrado Víctor Moreno Catena. 

El abogado asegura que el criterio del juez impide que quien hace el regalo decida en calidad de qué lo hace. “La afirmación del auto impediría un tratamiento efectivamente diferenciado de unos y y otros objetos por la libre voluntad de quien realiza el regalo, y que este tratamiento diferente se debe producir por el distinto carácter o naturaleza que este le atribuye a los obsequios, institucionales unos y estrictamente personales otros”, añade el recurso.

El letrado se queja de la vulneración del derecho a la defensa de Zapatero que supone atribuirle un delito fiscal por “la mera tenencia de unas joyas, sin mayores diligencias de comprobación con autoridades fiscales o aduaneras”. “Ese modo de parecer invierte la lógica del procedimiento penal porque no preserva la presunción de inocencia”, continúa.

Moreno Catena critica que la imputación por delitos contra la Hacienda Pública y contrabando se produjo sin practicar una “liquidación provisional” por parte de la Agencia Tributaria. Tampoco consta, añade, qué tributo y ejercicio fiscal es el que acogió el delito fiscal. Por su parte, el contrabando “parte de la sospecha de que el señor Zapatero hubiera introducido esas joyas en territorio español sin prestar declaración aduanera, pero carece de cualquier asidero fáctico”.

La defensa de Zapatero considera incongruente que el juez haya trasladado la oportunidad de “determinar cuándo se produjo la incorporación del elemento patrimonial al patrimonio del interesado”, como elemento esencial de la pieza separada que se le ha abierto, y, por otro lado, se niegue a preguntar a Arabia Saudí a través de una comisión rogatoria internacional. “Es una diligencia de todo punto útil y pertinente”, destaca.

El escrito rebate igualmente la posición de la Fiscalía acerca de que las cartas enviadas por Zapatero a la Casa Real de Arabia Saudí no presentan un sello que acredite su envío. “En su condición de ciudadano particular –alega–, pero también de expresidente del Gobierno de España, Zapatero no ha presentado ante la Embajadora una petición de naturaleza administrativa y de carácter burocrático, sino una petición de índole diferente dirigida a la Corte Real saudí”. Zapatero alega que no ha recibido respuesta expresa aunque que se le ha indicado que el conducto que quiere Arabia Saudí es el de la “cooperación judicial”.

Tampoco sirve, continúa, que se le acuse de no haber dado explicaciones desde su imputación en mayo y el hallazgo de las joyas. “Mi representado ha intentado desde un primer momento obtener por sus propios medios la confirmación del regalo y la razón de que no se haya presentado su escrito hasta el mes de septiembre es, precisamente, poder dar una explicación asentada en prueba documental que, lamentablemente, no ha podido obtener por sí mismo”, añade el abogado.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso contra David Sánchez, es la única responsable de la incorporación al sumario de la dirección del correo electrónico y mensajes de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que acabaron publicados en Okdiario. En el atestado, los agentes aseguran que trasladaron a Biedma que, en aquel momento, el contenido de esa información “no parecía tener relevancia para el objeto de la investigación”, tal y como quedó acreditado más tarde. “Sin embargo, la magistrada requirió todos los correos para determinar, ella, la relevancia de estos, incluidos los referidos”, añade el informe entregado al juez Pedraz en el marco del caso Leire Díez, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Okdiario publicó el 29 de noviembre de 2024 una información con el siguiente titular: “La UCO descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de Presidencia como si tuviera un cargo en Moncloa”. En la misma se reproducían pantallazos de los correos intervenidos a David Sánchez en el curso de la investigación dirigida por Beatriz Biedma en un juzgado de Badajoz. En la información actualizada consta tachada una dirección de correo pero no la de Gómez, que se reproduce completamente, al igual que la de David Sánchez. La dirección de Gómez tuvo que ser inutilizada ante la avalancha de amenazas e insultos que se recibieron en él en las horas siguientes.

La filtración motivó una investigación interna en el seno de la Guardia Civil después de una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director adjunto operativo del Cuerpo, según contó el propio teniente general Llamas en el juzgado. Se trata de una de las tres informaciones reservadas abiertas, con tomas de declaración a la cadena de mando de la UCO, que el juez Santiago Pedraz investiga como una maniobra de presión a la unidad que investiga los casos de corrupción al PSOE por indicación de Leire Díaz. Por esos hechos está imputada la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas.

Para que la jueza pudiera navegar entre los 60.000 correos del caso de tráfico de influencias de David Sánchez, la UCO elaboró unas “instrucciones de visionado” que incluían unos mensajes con los que enseñar a la jueza a cómo 'bucear' por todo el material. Era en esa “guía de navegación” donde aparecían los mensajes sin relevancia para la investigación que acabaron publicados en Okdiario. ¿Por qué la UCO seleccionó esos mensajes? La unidad asegura en su atestado que “el cuadro donde aparecen los correos referidos se generó automáticamente en virtud de unos parámetros introducidos por el analista y que se reflejaban en la propia nota”.

La UCO se puso en contacto con la magistrada, una vez desatada la polémica por las investigaciones internas por filtraciones, y ella “confirmó que había sido quien acordó dar trasladado a las partes de dicho documento [la guía de navegación con las direcciones de Sánchez y su mujer] porque consideraba que esta decisión judicial no vulneraba ningún derecho, sino todo lo contrario, facilitaba el trabajo de análisis a las partes y con ello aseguraba su derecho a una defensa efectiva”.

La investigación interna por la publicación de estos correos se cerró con la recomendación de una amonestación verbal al analista que incluyó las direcciones en la guía de navegación de entre 60.000 correos. Esa amonestación verbal no se llegó a ejecutar.

El caso contra David Sánchez surge de una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa que incluían errores de bulto. Biedma admitió a trámite la querella y decidió que el supuesto tráfico de influencias, materializado en un sueldo de unos 40.000 euros al año de la Diputación de Badajoz para un reputado concertista, debía ser investigado por la unidad especializada de la Guardia Civil a nivel nacional. Manos Limpias es una de las organizaciones de ultraderecha que tuvieron acceso a las direcciones de Sánchez y su mujer gracias a la decisión de Biedma.

La UCO estableció el caso del hermano de Sánchez como una prioridad y propuso a la jueza que ordenara requisar los 60.000 correos. Esto provocó que el director general de la Guardia Civil en ese momento, Leonardo Marcos, reprochara lo que consideraba un ánimo prospectivo en la investigación. Según los mandos de la UCO, el DAO del Cuerpo les trasladó que tenían que ponerse “de perfil” en las investigaciones al PSOE, dejar la iniciativa a los jueces y, en el caso de David Sánchez, poner todos los medios necesarios para que el análisis de todos esos correos se concluye lo antes posible. Según la UCO, el teniente general Llamas dijo: “Nos usan como ariete contra el Gobierno”.

Los agentes de la UCO informaron a la jueza Biedma de las supuestas presiones y estas les trasladó su respaldo. Balas decidió que a partir de ese momento él sería el instructor de las diligencias en sustitución del comandante que las había emprendido con el objeto de proteger a sus subordinados. Biedma ordenó a los investigadores de la UCO que, a partir de ese momento, le informaran a ella en exclusiva de sus avances.

Biedma, protagonista del caso Leire Díez

La investigación sobre un supuesto plan para atentar contra la jueza Biedma ha sido impulsada por el coronel Balas a partir de informaciones de prensa que no han podido ser confirmadas por ahora. Los agentes de la UCO viajaron a Badajoz para tomar declaración a personas que habían hablado en los medios de ese supuesto plan, incluida la supuesta jefa de un clan que luego no ha sido llamada a declarar por el juez Pedraz.

En la misma línea actuó Balas cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil por la documentación de las investigaciones internas contra él y sus agentes, tal y como indicaba el auto del juzgado. Sin embargo, el coronel aprovechó para realizar una diligencia policial sin autorización judicial, dentro de sus facultades, y tomar declaración a los miembros de la cadena de mando de la UCO, cuyo contenido sirvió para imputar con posterioridad a la directora del Cuerpo, la socialista Mercedes González.

Esta misma semana, el juez Santiago Pedraz ha confirmado a Balas al frente del caso Leire Díez pese a que su ascenso a coronel obliga a que abandone su puesto de jefe del Departamento Anticorrupción de la UCO. La decisión de Pedraz se produce pese a que Balas y sus agentes son presuntas víctimas de la principal investigada, Leire Díez.

Agentes de la especialidad de Policía Judicial de la Guardia Civil participan en las gestiones que están realizando los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en el centro de control de Adif ubicado en la estación de Atocha, en Madrid. Esas gestiones incluyen la toma de declaración al operario que dio la orden de retomar la marcha con normalidad antes de que lo hiciera el otro convoy que le precedía, de la compañía Iryo, lo que finalmente motivó que este le embistiera, según informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

El trabajo de la CIAF y la Guardia Civil en Atocha incluye recopilar testimonios de otros operarios y recabar el material audiovisual relacionado con el siniestro. En estos casos, los agentes del instituto armado contribuyen a la labor de los técnicos de la CIAF, que son los encargados de redactar el informe que se presenta al juzgado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado este mediodía como “inexplicable” la decisión de centro de control de Adif en Madrid que ha permitido reanudar la marcha del tren AVE de Renfe cuando había otro, el de Iryo, parado en la vía, que ha derivado en el accidente de este miércoles en Urda (Toledo) en el que han fallecido decenas de personas.

“Se da una orden, para que reanude la marcha, una decisión errónea”, que no se ha rectificado a tiempo, ha recalcado Puente. “La decisión corresponde al centro de control”, de Adif en Atocha, “a través de sus operarios”, que han permitido retomar la marcha del tren AVE “en unas circunstancias inexplicables, estando un tren detenido y con una señalización roja”, ha afirmado Puente en rueda de prensa.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha declarado este miércoles como investigado en el caso Leire Díez. Ante Santiago Pedraz, el ahora abogado Sáenz de Tejada ha negado “rotundamente” haber contactado con la presunta jefa de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, para proponerle atentar contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Sáenz de Tejada ha atribuido su imputación en la Audiencia Nacional a una represalia por sus denuncias de “prevaricación judicial en Badajoz”, a lo que se une el momento de “campaña electoral” y el intento por perjudicar al PSOE. El exjuez está imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez en una de las maniobras de la exmilitante del PSOE, consistente en intentar apartar a Beatriz Biedma del caso de David Sánchez.

La investigación contra Sáenz de Tejada surge de noticias periodísticas que han seguido los agentes de la UCO, “un bulo” de un periodista de un medio madrileño, ha explicado el investigado al salir de su declaración. Rocho declaró en televisión que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le comentó que había que “eliminar” a Biedma.

Este miércoles, el exjuez ha asegurado que nunca ha hablado con Rocho y que si se ha referido a “eliminar” a la jueza en algún otro foro ha sido en el sentido de apartarla de una causa judicial, como ya logró el mismo en el procedimiento que instruía Biedma contra él por violencia de género. Biedma fue apartada por anticipar la condena a Sáenz de Tejada en un escrito.

Sáenz de Tejada compartía un chat con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el expresidente del Badajoz Joaquín Parra en el que supuestamente se habría abordado la corrupción judicial en la ciudad extremeña y las maniobras para apartar a Biedma. Sáenz de Tejada ha dicho este miércoles a los medios, tras declarar durante casi hora y media, que quien creó y tenía auténtico interés en ese chat era Parra, asediado por varias causas judiciales. Recientemente ha sido condenado a 10 años por un fraude de hidrocarburos.

El exjuez ha negado que trasladara sus quejas a la Fiscalía General del Estado por indicación de Leire Díez y que todo lo que habló con ella fue facilitándole información de la supuesta corrupción en Badajoz, como ha hecho con periodistas y políticos locales y nacionales.

Igualmente, Sáenz de Tejada ha insistido en la falsedad de que siguió en su coche a Beatriz Biedma el día de su declaración en la Audiencia Nacional y ha precisado que hay tres testigos y su geolocalización de que se encontraba a 450 kilómetros del lugar de los supuestos hechos.

La jueza que investiga la entrada masiva de migrantes por la frontera de Ceuta que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio ha tomado declaración en calidad de testigos a tres consejeros del Gobierno de Juan José Vivas: el consejero de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina; y el vicepresidente de la Ciudad de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que estos cargos políticos, que tuvieron presencia en la zona afectada y que participaron en la gestión de la crisis han señalado ante la magistrada María Tardón que fueron conscientes de que la entrada no era alocada sino que existía cierto orden y organización, y que percibieron que desde el otro lado de la frontera los gendarmes marroquíes actuaban con pasividad.

Uno de ellos, el vicepresidente, ha relatado que pudo observar la actitud de cinco gendarmes que se encontraban al otro lado del paso fronterizo: uno estaba tumbado en el suelo mirando el móvil, otro estaba rezando, otro ayudaba los que querían cruzar a nado... También ha recordado que los que ya habían logrado pasar tiraban flotadores al otro lado para que fueran utilizados por los siguientes para salvar la distancia por mar.

Los tres consejeros habrían coincidido en señalar que por parte de la Administración del Estado no recibieron ayuda concreta a pesar de las diferentes peticiones de auxilio que solicitaron los días previos a la entrada masiva, aunque sí ha destacado, el primero de ellos, el buen tono que tenía para su situación la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con la que mantuvieron varias conversaciones telefónicas y una reunión presencial. De hecho, han recordado que desde Interior les respondía que ese goteo de entradas era como el de otros veranos y esto a pesar de que si en julio de 2025 los accesos fueron de 113 personas, en 2026 ya llevaban 681.

Por otro lado, también se ha comentado en la declaración la petición que habría realizado el Gobierno de Vivas de aumentar la longitud de la red de boyas para dificultar el acceso de 'nadadores', y el consejero de Presidencia ha explicado que desde Interior rechazaron esa posibilidad porque el entramado de cuerdas que acompaña a ese tipo de barrera acuática podía provocar que personas quedaran atrapadas y murieran ahogadas.

Las fuentes presentes en las declaraciones han destacado, asimismo, que la consejera de Sanidad ha referido una conversación que mantuvo en la frontera el mismo 30 de julio con el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano. Éste le dijo que si se daba cuenta de la colaboración de las autoridades marroquíes, y ella se molestó con ese comentario porque estaba en shock por la entrada masiva.

Esta consejera también se ha referido a la gestión de los cadáveres rescatados en Ceuta, un total de 90. Ha explicado que hubo problemas con el Instituto de Medicina Legal porque sólo podía albergar a siete cadáveres y que tuvieron que improvisar cámaras frigoríficas para mantener al resto. Además, ha afeado que el país aluita rechazara cadáveres ya identificados.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas que le fueron incautadas en el registro de su despacho el pasado 19 de mayo. El magistrado resolverá en otra resolución aparte si le imputa un delito de malversación en relación con estas joyas, tal y como reclamó la Fiscalía la semana pasada.

En un auto, Calama explica Zapatero alega que los tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros le fueron entregados por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando ostentaba la condición de presidente del Gobierno. Según la versión del expresidente, aceptó tales efectos por deferencia hacia el soberano extranjero y los conservó desde entonces en el ámbito privado, junto con otras joyas de origen familiar y regalos recibidos de terceros, sin hacer uso de ellos ni conocer su valor material. 

La resolución refleja que el magistrado no cree la versión del expresidente. Así, otorga relevancia al hecho de que las joyas no se encontraran conservadas en sus estuches originales ni fueran acompañadas de certificados de autenticidad, documentación acreditativa de procedencia o cualquier otro elemento identificativo habitualmente asociado a bienes de esta naturaleza y valor.

Y apunta que esa circunstancias “difícilmente se compadecen con la tesis de que se tratara de un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público”. En ese supuesto, dice, cabría esperar la conservación de la documentación y de los elementos accesorios necesarios para su adecuada identificación, inventario y custodia.

El magistrado, de acuerdo con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, señala que no se trata de invertir la carga de la prueba ni de exigir al investigado la acreditación de su versión de los hechos, pero precisa que en el momento actual “lo que se constata es que la hipótesis fáctica sobre la que descansa la diligencia interesada” carece de “un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia”. 

La resolución explica que el investigado afirma haber remitido dos comunicaciones, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí. Zapatero pretendía una confirmación oficial de los hechos ahora alegados. Sin embargo, apunta Calama, no ha aportado acreditación alguna de la efectiva presentación o remisión de tales escritos. “Con todo, aun prescindiendo de esta circunstancia, la versión ofrecida carece en este momento de cualquier elemento objetivo de corroboración externa y no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes en las actuaciones, a la vista de las consideraciones que se exponen seguidamente”, advierte. 

En efecto, continúa el juez, consta la visita oficial a España del Monarca de Arabia Saudí en junio de 2007. Asimismo, aparece documentada la entrega de determinados obsequios institucionales con ocasión de dicha visita que fueron incorporados al patrimonio público, una circunstancia que para el instructor “difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado que, según la versión del investigado, habrían recibido las joyas ahora examinadas”.

En este sentido, para Calama adquiere particular relevancia el hecho de que, en 2005, bajo su Presidencia, se aprobara el Código de Buen Gobierno en el que se establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. “Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida”, destaca el instructor. 

“Sin perjuicio de la valoración pericial que finalmente corresponda a las piezas intervenidas, resulta razonable inferir que unos juegos de joyería integrados por rubíes, esmeraldas y zafiros, atribuidos a un obsequio realizado por un monarca saudí, presentan una relevante entidad patrimonial. A ello se suma que las propias características externas de las joyas permiten advertir, incluso a cualquier observador carente de conocimientos especializados, que se trata de bienes de notable valor económico. Desde esta perspectiva, la afirmación de que permanecieron durante años en su poder 'sin conciencia de su valor material' encuentra difícil acomodo en las características objetivas de los efectos de que se trata”, añade el escrito del instructor. 

Calama: “El propio Zapatero podría acreditarlo”

Según el juez, tampoco puede obviarse que el propio investigado dispone de medios para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma y recuerda que no se ha adoptado medida cautelar que le impida desplazarse personalmente a Arabia Saudí para realizar las gestiones que estime oportunas ante las autoridades o instituciones de dicho Estado.

“La versión que sostiene se fundamenta precisamente en la relación institucional y personal que habría mantenido con la Corte Real saudí con ocasión de su condición de presidente del Gobierno, circunstancia de la que razonablemente cabría inferir una particular facilidad de interlocución con los órganos de protocolo o las instancias competentes de aquel país”, indica Calama.

De este modo, concluye el auto, la emisión del instrumento de cooperación jurídica internacional solicitado no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva, aunque sea periférica, “sino a construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado”.

El teniente coronel de la Guardia Civil Miguel Lobo, citado este lunes a declarar en la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio, ha señalado que fue él quien dio la orden de que la puerta de la frontera de Ceuta con Marruecos se mantuviera abierta en contra de la opinión de la Policía Nacional que abogaba por parar el flujo de migrantes. Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, Lobo ha relatado que logró imponer su criterio en ese choque y que fue decisión suya, sin mediar orden del delegado de Gobierno ni de nadie más.

Ante la magistrada María Tardón, ha explicado que, en realidad, esa puerta de la frontera siempre está abierta y que él se negó a que fuera cerrada ante la avalancha “por el riesgo de tapón”. De hecho, ha recordado que en el paso fronterizo había familias con bebés y gente mayor, y que, de haber seguido el criterio de la Policía Nacional, se podrían haber producido muertes por aplastamiento. Pero la competencia sobre la puerta de acceso era de Guardia Civil y no de Policía.

El teniente coronel ha explicado que su intención con no cerrar la valla era evitar que ante ese obstáculo, los migrantes optaran por lanzarse al mar y morir ahogados, como de hecho ocurrió con más de 70 personas. El mando de la Guardia Civil ha narrado cómo los gendarmes marroquíes “canalizaban” a sus compatriotas a lanzarse a alcanzar la frontra a nado. El guardia civil ha mencionado que quizá el mando de la Policía se negaba a abrir la puerta porque desconocia la situación en la playa, donde se apreciaba cómo llegaban a nado los migrantes, y que por contra, él sí había pasado por allía antes.

Además, ha destacado que pudo apreciar que los militares de Marruecos estaban “de brazos caídos” durante la entrada de migrantes, y que ellos no recibieron aviso previo de que se fuera a producir una entrada masiva coincidiendo con el día del Trono en Marruecos. Con todo, ha reconocido que se percibía que algo podía ocurrir porque las fuerzas marroquíes había desplegado seis barcos en la zona: dos patrulleros, dos interceptores y dos embarcaciones menores. En cualquier caso ha dicho desconocer si esas embarcaciones estaban en aguas o españolas.

En cuanto a si tuvo alguna comunicación con mandos superiores, ha explicado que sí recibió llamadas en el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil dado lo extraordinario de la situación una vez se producía la avalancha. Pero, ha insistido, nadie le informó de una previsión de asalto masivo a la frontera ni siquiera de la convocatoria en redes sociales de las que hablan algunos informes conocidos con posterioridad.

El teniente coronel ha explicado que solo pudo contar con 20 o 30 agentes para contener la llegada de migrantes pese a que hay 700 agentes destinados en Ceuta, una escasa movilización que ha llamado la atención de la Fiscalía, según fuentes presentes en la declaración.

También ha declarado esta mañana el inspector Jefe de la Brigada Provincial de la Seguridad Ciudadana de Policía, encargado del control de masas en la frontera y en la ciudad autónoma. Ha dicho que, cuando se acercó a la playa del Tarajal el día 30 de julio y vio el “río humano” fluyendo hacia España -lo ha calificado de “invasión”-, consideró que debía cerrarse la frontera para evitar el acceso, pero no lo consiguió porque el mando de la Guardia Civil le prohibió cerrar la puerta para evitar que el tapón de gente provocara muertes. A respuesta de las acusaciones populares ha llegado a lamentar que se vivió un problema de autoridad en la frontera entre varias autoridades de Policía y Guardia Civil.

Por otro lado, ha recordado que el incremento de entradas de migrantes por Ceuta había sido exponencial en los días previos, que él tenía por encima a varios mandos que podían haber dado instrucciones pero que no recibió comunicación alguna de su cadena de mando. En este sentido, ha explicado que sus superiores le dijeron que actuara como considerara oportuno y, ante la beligerancia del guardia civil al mando del paso fronterizo, procuró redirigir la avalancha al polígono del Tarajal.

Preguntado por la magistrada María Tardón sobre el posible papel de personal de seguridad de Marruecos en la entrada masiva, ha explicado que él no vio a cuerpos de seguridad de este país en la zona froteriza pero sí que pudo observar que dos adultos “no se movían” en el lado marroquí y que había mucha gente de complexión atlética que parecía que entraba “tranquila”. Además, ha puntualizado que pudo apreciar embarcaciones que parecían de la armada de Marruecos, si bien no ha podido precisar la distancia a la que se encontraban.

Las distintas velocidades a la que avanzan los procedimientos judiciales afecta de forma positiva a los intereses de Fernando Camino Maculet, el alto directivo de Quironsalud sospechoso de haber camuflado el cobro de una comisión por la compraventa de mascarillas junto a Alberto González Amador. Un escrito presentado ante el juzgado por el fiscal del caso revela que la imputación “material” del directivo no se produjo este mes, como se creía, sino en el mismo momento que se abrió la investigación por corrupción en los negocios y administración desleal, hace 30 meses. En todo este tiempo, Camino no ha sido llamado a declarar y solo en junio pasado el magistrado autorizó a la UCO a revisar sus cuentas bancarias.

A la confusión sobre la situación judicial de Fernando Camino ha contribuido el hecho de que la anterior jueza del caso, Inmaculada Iglesias, citara a declarar en un primer momento a González Amador y a Gloria Carrasco, pero no al directivo de Quirón, pese a la solicitud de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid. Las sospechas sobre la participación de Camino en los hechos crecieron tras las comparecencias de ambos, en abril de 2025, pero tampoco eso motivó la citación del miembro del consejo director del gigante de la sanidad privada. 

Alberto González Amador, conocido por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio un salto en su carrera empresarial cuando obtuvo casi 2 millones de euros en 2020 por la comisión de una venta de material sanitario en los inicios de la pandemia del Covid-19. Había pactado con una empresa catalana un porcentaje previo por cualquier operación y entonces llegó la oferta de Mape, sociedad gallega a cuyo consejo de administración pertenecía Fernando Camino. Este directivo lleva dando trabajo desde su puesto en Quirón a las empresas de González Amador desde hace 15 años. La Fiscalía cree que ambos ocultaron un pacto para que Camino facilitara la compra del material por Mape y luego repartirse la comisión de esa operación con González Amador. Con posterioridad este habría disfrazado el pago a Camino comprando por medio millón de euros una empresa de la mujer del directivo de Quirón, pese a que apenas tenía valor. 

El cambio de titular en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid no hizo más que ralentizar el caso del presunto “soborno”. Antonio Viejo tardó seis meses en autorizar la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de acceder a las cuentas de González Amador, Gloria Carrasco y Fernando Camino. En el mismo auto negaba a los investigadores manejar la información societaria y tributaria de los tres. Ahora, la Audiencia Provincial ha corregido a Viejo y ha dado vía libre para que los agentes emprendan una investigación completa e indaguen en todos los ámbitos solicitados. La UCO ha bautizado sus pesquisas como Operación Cirbelia.

El pasado junio, el fiscal Diego Lucas presentó un escrito en el juzgado pronunciándose sobre varias cuestiones que le reclamaba el juez. En ese escrito aclara la confusión durante todo este tiempo: “Fernando Camino Maculet tiene materialmente la condición de investigado en este procedimiento desde el 23 de octubre de 2024”. Ese documento de junio fue adelantado por elDiario.es el pasado miércoles.

El fiscal explica que la imputación “material” de Camino está en el auto por el que la jueza abrió una pieza separada del caso de fraude fiscal contra González Amador. Esa pieza está destinada a investigar el presunto “soborno” a Camino por parte de González Amador a través de la compra de Círculo de Belleza SL, como se llamaba la sociedad de Gloria Carrasco.

“En el fundamento tercero del auto se identifica a Fernando Camino por su nombre –párrafo 7– y su cargo –presidente de Quirón Prevención–, y a lo largo de los seis folios de extensión se razonó con apoyo en varios indicios por qué la situación profesional de Fernando y el cobro de la ilícita comisión de medio millón de euros no pueden separarse del pago de la comisión sin prescindir de las reglas de la lógica y la experiencia”, escribió el fiscal el 18 de junio. 

Por si hubiera alguna duda sobre los indicios contra Camino y su situación de investigado, la UCO “solicitó en diciembre de 2025 recabar toda la información bancaria, tributaria y de Seguridad Social, no solo sobre Alberto González Amador y Gloria Carrasco Fernández, sino también sobre el único nexo entre ambos: Fernando Camino, quien es a la vez amigo, socio y jefe de Alberto, y marido de Gloria”, recupera el fiscal. A continuación, Diego Lucas recuerda que ya en ese momento el juez había autorizado a que la UCO accediera a los datos bancarios de los tres. 

Una vez expuesto todo ello, el fiscal concluye que “procede sin más demora que este investigado sea formalmente llamado al proceso para ser oído”. El juez accedió a la declaración de Camino este mismo octubre, tres meses después de que se lo pidiera el fiscal. La comparecencia está fijada para el 3 de diciembre, casi medio año del escrito de la Fiscalía diciendo que no cabía “más demora”.

Camino y su puesto directivo

La revelación del fiscal sobre la imputación de Camino en 2024 no modificará su situación en la compañía. “Nuestra posición es clara”, explica un portavoz de Quirón. “Estar investigado no es estar condenado se trate de quien se trate. Nuestro propio código ético lo recoge así. Cualquier medida se toma garantizando el derecho de defensa y la presunción de inocencia”. 

Cualquiera puede consultar el código de conducta del gigante sanitario en su página web.“Rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades. Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”. La aplicación del mismo no afectaría únicamente a Fernando Camino. El texto indica que se aplica también a “colaboradores personal externo”, así como a “aquellas personas y/o sociedades que presten sus servicios a través de contratos de prestación de servicio”.

La relación laboral de Alberto González Amador con Quirón no ha estado nunca clara. Cuando elDiario.es desveló la querella de la Fiscalía contra él, el empresario tenía una cuenta de correo electrónico corporativo de la compañía. Por su parte, Gloria Carrasco dijo en su declaración que su marido trabajaba en las oficinas a escasos metros de González Amador. 

Alberto Gonzalez Amador multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón cuando empezó, alrededor de 2021, su relación con Isabel Díaz Ayuso. En los últimos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el empresario han dejado de convivir, sin que haya trascendido si siguen manteniendo algún tipo de relación. 

Ayuso comenzó a vivir con González Amador en julio de 2023, un año después de que él comprara un piso en el distrito de Chamberí para el que adelantó una cantidad casi idéntica a la que Hacienda le acusa de haber defraudado, 350.000 euros. Ambos disfrutaron también de un ático en la planta superior por el que el empresario pagaba 5.000 euros mensuales con derecho a una compra que terminó ejecutando a finales del verano de 2025. El pasado verano de 2026, Alberto González Amador puso en venta las dos propiedades. Ha trascendido que Díaz Ayuso se ha mudado a un piso en Puerta de Hierro. 

La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación por el atentado que casi le cuesta la vida al político español Alejo Vidal-Quadras. El Ministerio Público pide 27 años de cárcel para Mehrez Ayari, 22 por un delito de asesinato en grado de tentativa y otros cinco por pertenencia a organización criminal. El fiscal Vicente González Mota alude al atentado dentro de “una operación encubierta de Irán”.

Otras cinco personas son acusadas por la Fiscalía de cooperadores necesarios en el intento de “homicidio terrorista” y a un sexto se le acusa de “cómplice”. De entre ellos, la petición de pena más alta corresponde a Naraya Gómez (18 años de cárcel) por haber participado en la preparación de todo el plan y en la huida. l otros cuatro colaboradores, la Fiscalía les pide 15 años de cárcel. Todos ellos deben sumar cinco años a su petición de condena por integración en organización terrorista. Un joven español, acusado de “cooperador” se enfrenta a diez años de prisión.

El escrito advierte que la persona que “dio las instrucciones opoertunas para la comisión del asesinato frustrado” está fugado de la justicia. Los investigadores creen que se refugia en Irán, según fuentes policiales.

En el relato de los hechos, el fiscal explica que el hombre que disparó a Vidal-Quadras en la cara el 9 de octubre de 2023 fue detenido en el aeropuerto de El Prat en un vuelo internacional. A Mehrez Ayari le constaba una requisitoria del Juzgado de Instrucción número 2 de Figueres, pero tras pasar a disposición judicial fue puesto en libertad. El 2 de septiembre, un mes antes del atentado, se reunió en Málaga con el huido Sami Bekal, quien había residido en Fuente Vaqueros.

En la provincia malagueña adquirieron una moto para ejecutar el atentado. El joven que se la consiguió está acusado de colaborar en el intento de asesinato. Otro joven de nacionalidad española, Naraya Gómez, también habría participado en la infraestructura del atentado alquilando coches y material de vigilancia.

Una manifestación contra la Ley de Amnistía

González Mota explica que las reuniones para la ejecución del atentado tuvieron lugar en Lanjarón y Pinos Puente, provincias de Granada y Málaga, respectivamente. Tres de los acusados, el huido Bekal, el autor material Meyari y Chahinez Kadid acudieron el 29 de octubre de 2023 a una concentración contra la Ley de Amnistía en la Plaza de Colón para vigilar a Vidal-Quadras, seguirle y localizar su domicilio. El hecho de que el político iba a asistir había aparecido en redes sociales.

Los investigadores encontraron imágenes de los tres individuos portando banderas en la concentración “sin que tuvieran ningún interés en la convocatoria, solo vigilar a la víctima de su criminal acción”, escribe el fiscal.

La mañana del atentado, Ayari y Naraya Gómez acudieron al domicilio de Vidal-Quadras, en el distrito de Salamanca, y le siguieron durante un paseo por el Parque de El Retiro. A la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa, Ayari “disparó un tiro a la altura del pómulo derecho, disparo que no fue letal porque el señor Vidal-Quadras pudo girar la cabezas evitando que el disparo le causara la muerte y siendo urgente intervención de un ciudadano que le atendió taponando la herida, y de los servicios de urgencia que acudieron al lugar, las causas para que los criminales no lograran su objetivo”. Ayari huyó del lugar en moto.

Gómez y Ayari viajaron después en coche a Portugal y en Lisboa tomó un vuelo a Estambul. Al cabo de unos meses fue detenido en Países Bajos, donde se le investiga por intentar asesinar a un disidente iraní. El huido Sami Bekal viajó a Marruecos y de allí voló a Qatar. Allí recogió a una mujer y ambos volaron a Brasil y de allí a Colombia. El rastro de Bekal se pierde en Turquía, a donde llegó el 19 de enero de 2024.

El fiscal recupera otras acciones terroristas de Irán en distintos lugares de Europa para vincularlas con el caso del atentado contra Vidal-Quadras. Destaca el Ministerio Público que un mes después del atentado en Madrid, la agencia de noticias 'Fars', “administrada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que es un brazo leal al líder supremo Ali Jamenei y está afiliada a los Guardianes de la Revolución, se publico un comunidado advirtiendo oficialmente a todos los países que acogen a grupos terroristas que acoger al MEK y a otros grupos tendrá graves consecuencias para ellos”.

“El Gobierno español haría mejor en no ser un actor en un escenario del MEK (...) España debe saber que acoger ala MEK o jugar en su territorio tendrá graves consecuencias para ella”, recogía aquella nota, recuerda el fiscal.

La Fiscalía ha vuelto a pronunciarse sobre los indicios contra Alberto González Amador en la investigación por corrupción en los negocios que mantiene imputados también al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, y a la mujer de este, Gloria Carrasco. El Ministerio Público, en un escrito enviado al juzgado, mantiene que “es muy alta la probabilidad” de que la pareja de Ayuso comprara una empresa de Carrasco por medio millón de euros “para retribuir un favor recibido” de parte de Fernando Camino.

El “favor” que estaría pagando González Amador comprando por ese precio una sociedad que “carecía de actividad” sería “la intermediación” de Camino para que la pareja de Ayuso hiciera el gran negocio de su carrera, casi 2 millones de comisión por la compraventa de material sanitario en la pandemia.

La Fiscalía también valora que el “favor recibido” fuera el notable incremento de facturación que las sociedades de Alberto González Amador tuvieron respecto de Quirón Prevención tras la operación de las mascarillas y haber transferido de forma camuflada a Camino los casi 500.000 euros, una parte de la comisión.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público también se plantea que la compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador estuviera en realidad recompensando “ambas cosas”.

“La realidad negocial, por tanto, es diferente de la realidad formal plasmada en los contratos manuscritos. Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensaba que iba a obtener algo de esa empresa –la cual carecía de actividad–, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido”, escribe el representante del Ministerio Público.

La Fiscalía hace estas consideraciones en un escrito al juzgado en el que se posiciona a favor de la petición de la Agencia Tributaria de no seguir adelante, por ahora, con la inspección fiscal a los investigados, así como a Quirón Prevención y su matriz, Helios Healthcare Spain SL. La existencia de un procedimiento judicial afectaría al resultado de la indagación de Hacienda, según el fiscal.

Razona la Fiscalía: “La determinación por la jurisdicción penal si el precio recibido por la esposa de Fernando Camino por la venta de su empresa Círculo de Belleza SL es en realidad el objeto material de un delito de corrupción entre particulares tiene una relevancia evidente en el procedimiento inspector seguido por la Agencia Tributaria (...) como los son también la sustitución por Alberto González Amador de Maxwell Cremona por Masterman & Whitaer (nombre que dio a Círculo de Belleza) en la facturación de los servicios a Quirón Prevención”.

Por otra parte, la Fiscalía solicita en su escrito, del pasado junio, la declaración como investigado de Fernando Camino, lo que ya acordó el juez a principios de este mes de octubre. El Ministerio Público corrige la percepción de que Camino pasa a estar investigado ahora y asegura que la redacción del auto de la anterior jueza del caso, Inmaculada Iglesias, por el que abrió en 2024 una pieza separada del caso de fraude fiscal de González Amador (para investigar la corrupción en los negocios), ya advertía de la investigación contra el presidente de Quirón Prevención.

La Fiscalía recuerda que la jueza Iglesias –que se jubiló en verano de 2025– dejó encomendada a la UCO de Guardia Civil la investigación de las cuentas y sociedades no solo de González Amador y Gloria Carrasco sino también de Fernando Camino, quien es de la pareja de Ayuso “amigo, socio y jefe”, al tiempo que “marido de Gloria”.

El fiscal recuerda que el juez ya había accedido a que se investigaran los productos bancarios de los tres. Este martes trascendió que la Audiencia Provincial ha corregido al actual juez del caso, Antonio Viejo, y ha accedido a que no solo se investiguen sus cuentas bancarias sino toda su información societaria.

“Procede sin más demora que este investigado formalmente llamado al proceso para ser oído”, escribió en junio el fiscal. El juez Viejo ha citado a declarar como imputado al presidente de Quirón Prevención el próximo 3 de diciembre.

Julio Martínez Martínez, el empresario amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 20 de julio en el que se mostraba dispuesto a colaborar en la causa en la que se indaga en si el expresidente del Gobierno lideró una trama de influencias que maniobró para que, entre otros asuntos, la aerolínea Plus Ultra se hiciera con un rescate público de más de 50 millones. Un día después de que al juez le llegara ese escrito, Martínez Martínez declaró ante él y, ahora cuando se cumplen tres meses de ese capítulo, la transcripción de lo que dijo ante el juez ha sido puesto a disposición de las partes.

A lo largo de las 35 páginas lo que queda claro es que al magistrado Calama no le convencieron para nada las explicaciones de Julio Martínez. Tanto es así que, tras preguntas y repreguntas sobre el origen de determinados cobros en sus cuentas -la mayor parte por negocios relacionados con Venezuela-, el juez le indicó en varias ocasiones que quizá lo mejor sería que enviara “un escrito ampliatorio”. La declaración de Martínez Martínez basculaba entre su defensa de la existencia de un trabajo de intermediación real y la desmemoria y falta de fluidez para aclarar el origen de pagos a empresas chinas.

“Es que no sé cómo explicarlo”, decía sobre por qué cobró 169.000 euros en 2025 de una mercantil china a la que facilitó negocios relacionados con la compra venta de minerales en Venezuela. El juez no entendía qué había hecho él para cobrar, y por eso insistía: “Hago esa gestión de que esos barcos vayan a Venezuela”. Para Calama tanta “logística” y tanta “gestión” no le valían -“son términos muy genéricos”- y volvía repreguntar intentando meter en la ecuación a Zapatero. Pero quien fuera amigo del expresidente no le mezcló en esos negocios y sostuvo que, aunque viajaron juntos en siete u ocho ocasiones a ese país, fue para asuntos distintos y con agendas separadas. “Perdón, el señor Zapatero aquí no hace nada”, le dijo al juez.

Dado que al juez no le valían las explicaciones, llegó a interpelarle: “Mire, se lo voy a decir más claro, si quiere me contesta y, si no, no me contesta, pero no me gusta que me hagan la rueda de hámster”. Julio Martínez trató de subirse al carro del interrogatorio pero no terminaba de entrar porque sus respuestas eran vagas y poco precisas. En un momento dado, confirma que él facilitaba gestiones contactando con autoridades venezolanas, pero no daba nombres porque no se acordaba. Y eso a Calama le molestó: “No estamos hablando de las guerras púnicas, estamos hablando de octubre de 2025”. Finalmente, Julio Martínez dio un nombre: “Vamos a ver, mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Lo que, a juicio del juez, eran respuestas poco claras se extendieron al tema clave de la causa, el rescate millonario de Plus Ultra y el papel que pudieron jugar Zapatero y él para facilitarlo. “Hablan a veces de acompañamiento y cosas así curiosas, pero si la empresa -Plus Ultra- cumplía los requisitos de la orden ministerial que se dictó, tampoco necesitaban, no les necesitaban a ustedes en principio salvo que lo que hicieran ustedes eran gestiones con la SEPI o con otro tipo de funcionarios o autoridad”, llegó a indicarle el magistrado tratando de arrojar luz sobre qué pudo hacer el expresidente en favor de la aerolínea.

Martínez Martínez una vez más sabía que su respuesta no iba a gustar al juez -“lo que le voy a decir no le va a gustar a usted, señoría”- pero aun así explicó que ellos vieron que esa empresa estaba “loca por financiación” y que la compañía se encargó de todas las labores administrativas. Plus Ultra le informaba de los pasos y él a su vez le transmitía a Zapatero: “Yo, obviamente, en mi regularidad informo al presidente Zapatero de lo que ellos están haciendo... Es que no sé cómo explicarlo”.

“No me creo” el trabajo de las hijas, dijo el juez

Calama volvía a la carga indicándole que ellos recibieron “un pastón de Plus Ultra” -la investigación sostiene que cobraron el 1 por ciento del rescate, 530.000 euros- y entendía que no lo harían “por nada”. Acto seguido le soltó a la cara la tesis acusatoria, y es que la aerolínea compraba los contactos de Zapatero con las autoridades y los funcionarios de la SEPI y quizá con alguien de “más arriba”. “Luego se viste el santo en esa serie de informes no sé si simulados o de escasísimo valor (...) para pagar el tráfico de influencias”, añadió. A esto, Julio Martínez respondió la frase clave de su declaración: “Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco”.

Por otro lado, sobre los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero desde su mercantil Análisis Relevante -más de 200.000 euros-, Julio Martínez defendió que ambas hicieron al principio un buen trabajo. “Nosotros firmamos un contrato de iguala de alrededor de 3.000 euros al mes y, al principio, de verdad creo que debo de ser honesto, la verdad, trabajan muy bien”, dijo, para añadir que hicieron labores de seguimiento de informes, organización de webinars, etc. Pero Calama volvió a ser cortante: “Bueno, sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado cuatro de los cinco recursos que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio presentaron contra las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria tras descubrir que habían intentado defraudar con una factura falsa, entre otras irregularidades fiscales.

La inspección fiscal descubrió en su momento que el estudio de arquitectura de Monasterio no realizó labor de asesoría alguna para la operación de venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó Espinosa de los Monteros. Pese a ello, el estudio de Monasterio emitió una “factura falsa” por 169.400 euros, IVA incluido.

Los hechos están relacionados con la venta de un edificio en Madrid, en el número 3 de la calle General Castaños, en el elitista barrio de Justicia en pleno centro de la capital. El edificio era propiedad de familiares de Iván Espinosa de los Monteros, quienes recurrieron a la experiencia de este en la intermediación inmobiliaria para proceder a su venta. 

Espinosa de los Monteros alegó ante Hacienda que había contratado al despacho de arquitectos de su esposa para que realizara un estudio sobre las posibilidades del edificio. Pese a facturarlo e incluirlo en sus declaraciones y las de sus sociedades, el trabajo de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) fue “una simulación”, esto es, jamás se realizó, según comprobó la Agencia Tributaria.

Posteriormente, el Tribunal Económico-Administrativo confirmó las conclusiones de la Agencia Tributaria. Los cinco recursos presentados contra esa decisión administrativa por Espinosa de los Monteros, dos de sus sociedades, Rocío Monasterio y su estudio de arquitectos recayeron cuatro de ellos en la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJM, y un quinto, el que falta por dictar, en la Sección Cuarta. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explica que la Sección Cuarta aguardaba a que sus compañeros de la Quinta se pronunciaran sobre el grueso de la cuestión y que se resolverá en breve. 

Este periódico desveló las trampas del matrimonio halladas por Hacienda en 2023 cuando Espinosa de los Monteros era portavoz parlamentario de Vox y Monasterio candidata a la Alcaldía de Madrid. En julio pasado, los jueces se han pronunciado en cuatro recursos, a los que ha tenido acceso en su integridad elDiario.es. Todos culminan igual: “Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo formulado”.

La Sección Cuarta condena en costas a los recurrentes en sus cuatro autos. Espinosa de los Monteros, su esposa y la representación de sus sociedades tenían un plazo de 30 días para recurrir desde la fecha de la notificación pero no lo han hecho, así que las resoluciones devinieron en firmes el pasado jueves, según la citada fuente del TSJM.

Espinosa de los Monteros no atendió la petición de aclaraciones por parte de este medio cuando publicó en 2023 que Hacienda le había descubierto defraudando. Solo cuando se publicó la información, intentó desacreditarla. El entonces responsable de Vox anunció, como había hecho por noticias anteriores, acciones legales contra elDiario.es. Y como ya había ocurrido, nunca llegó a ejercerlas. 

“La factura deducida es falsa”

El exportavoz parlamentario de Vox acompañó de diversa documentación sus recursos ante el TSJM, pero los jueces concluyeron el pasado 22 de julio lo siguiente: “No se ha aportado prueba alguna ni documento que pueda probar la tan decisiva participación de Rocío Monasterio y Asociados por la que dicha sociedad emite la factura controvertida. Asimismo, el análisis de la factura pone de manifiesto una serie de incongruencias que no hacen sino reafirmar la conclusión de que la factura deducida es falsa”.

La operación inmobiliaria investigada se desarrolló entre 2015 y 2016, cuando Iván Espinosa de los Monteros era secretario general de Vox. En el negocio, Espinosa de los Monteros implicó a dos de sus sociedades, Premium y Citrum, de las que es poseedor de más del 99% de cada una. La primera de ellas declaró unos ingresos por la operación inmobiliaria de 90.000 euros en 2016, y de 160.000 en 2017. Por su parte, Citrum declaró 375.000 euros de ingresos por la misma operación en 2017. En total, 625.000 euros para Espinosa por vender el edificio de sus familiares.

Una segunda inspección fiscal concluyó que el dirigente de Vox había dejado de ingresar una cuota de 268.676,79 euros en concepto de IRPF, al intentar atribuir a dos sociedades suyas un trabajo que en realidad había realizado él. Espinosa de los Monteros debió declarar los 625.000 euros de ingresos por la operación de venta del inmueble en concepto de IRPF y no como trabajos de sus sociedades Premium Capital Management SL y Citrum SL.

El TSJM concluye ahora que Espinosa de los Monteros “utiliza la personalidad jurídica de la sociedad de un modo ilícito, simulando la actividad de intermediación inmobiliaria efectuada en el caso sometido a decisión a la parte vendedora y abusando de la forma jurídica mercantil para eludir o minorar el pago de impuestos”. 

Según los jueces, el político traslada bases imponibles de una persona física —el interesado— con un tipo marginal muy superior al de una persona jurídica que tiene un tipo de gravamen fijo inferior, “con la única finalidad de conseguir una ventaja fiscal ilícita”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Iván Espinosa de los Monteros y ha respondido que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “no tienen especial importancia, pues las increíbles acusaciones contenidas en esas sentencias están siendo enjuiciadas paralelamente en la Audiencia Nacional”. “Confío en que nuestros motivos de oposición sean estimados en la Audiencia Nacional”, ha añadido. Según la versión del antiguo responsable de Vox, “el proceso se bifurcó” y en la Audiencia Nacional se investigan los mismos hechos, asegura, pese a que las resoluciones de las que informa este lunes elDiario.es son firmes.

El resultado de la operación inmobiliaria que esconde el fraude adquirió notoriedad en 2021 cuando el comprador, Mabel Capital, puso a la venta las 11 viviendas que pasaron a integrar el edificio. Mabel Capital es un vehículo de inversión participado, entre otros, por un hijo del exministro del PP Abel Matutes o el tenista Rafa Nadal. Las viviendas se vendieron a razón de 20.000 euros el metro cuadrado, según publicó Expansión, medio que incluyó entre los compradores de un piso a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. Fuentes conocedoras de la operación inmobiliaria con el número 3 de la calle General Castaños aseguran que los familiares de Espinosa de los Monteros obtuvieron 25 millones de euros por el edificio.

Después de que elDiario.es desvelara el fraude de la pareja, Espinosa de los Monteros aseguró que no mantenía ninguna deuda con Hacienda porque hacía dos años, en 2021, que había abonado los “300.000 euros” que le reclamaba la Administración del Estado y que después de la resolución del TSJM ya no recuperará.

Con motivo del desahucio de Maricarmen, Espinosa de los Monteros llamó “jeta” a la mujer y añadió: “Yo que vivo en Madrid, con mis impuestos le voy a pagar el piso delante de El Retiro a Maricarmen. Es flipante”.

Renuncia al 29-N

Iván Espinosa de los Monteros abandonó todos sus cargos en Vox tras los resultados electorales de julio de 2023, los comicios generales en que perdió 19 escaños. Su marcha fue una de las crisis internas más graves de cuantas ha tenido que afrontar Santiago Abascal. Detrás de su marcha se encontraba un choque entre facciones del partido. Algunos analistas situaban a Espinosa de los Monteros al frente de un ala de corte más liberal. El pasado julio, el propio Espinosa de los Monteros anunció que Vox le había expulsado del partido, al que había seguido perteneciendo como militante de base.

Espinosa de los Monteros centra su actividad política ahora en la Fundación Atenea, un ‘think tank’ desde el que también valoró presentarse a las próximas elecciones generales. Este mismo fin de semana, Espinosa de los Monteros descartó esa posibilidad en una entrevista a El Confidencial. “El momento llama a la responsabilidad y la responsabilidad hoy principal es derrocar a Pedro Sánchez y yo no querría bajo ningún concepto contribuir a quebrar el objetivo principal”, afirmó.