“Cuando anunciaron el comienzo de las obras, la gente estaba alegre porque iba a haber dinero. Entonces fuimos a una reunión en Guatemala, y ahí vimos todos los sufrimientos de las personas que tenían sus tierras inundadas, a las que les habían prometido cosas que no habían cumplido”. Así cuenta Virginia Lobos cómo empezó la lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral en el municipio de San Antonio del Mosco (departamento de San Miguel, El Salvador).

Finalizada la guerra, en el año 1992, el Estado salvadoreño preveía un aumento de la demanda de energía y se planteó la necesidad de superar su alta dependencia de combustibles fósiles, pero no disponía de los fondos necesarios para desarrollar proyectos de energía renovable.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) apostó por este tipo de energía por ser la de menor coste, y en 1997 encargó una serie de estudios “de prefactibilidad” como resultado de los cuales en 2001 se decidió que El Chaparral era el sitio ideal para poner en marcha una central, abarcando los municipios de San Antonio del Mosco, Carolina y San Luis de la Reina.

El Salvador se unía, así, a otros países “en un segundo auge de las represas que se inició a finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, enmarcado en los nuevos planes de desarrollo disfrazados bajo un rostro humano (como el Plan Puebla Panamá -actualmente. Proyecto Mesoamérica-, los Tratados de Libre Comercio -en su día con Estados Unidos y ahora con Europa-, etc.), que se concretan en obras como la de El Chaparral”, explica el investigador Antonio Sandá Mera.

Sandá es el autor del informe 'El negocio de la energía eléctrica en Centroamérica y El Salvador. El caso de la central hidroeléctrica El Chaparral', recientemente publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Las mujeres: un colectivo especialmente vulnerable

Aunque el Estado asume la gestión de un recurso reconocido como bien público, se establecen acuerdos y se reforman leyes para, según Sandá, “legitimar la inversión de las corporaciones transnacionales, que, además, cada vez son menos pero abarcan más áreas de trabajo” y, con ello, acumulan más poder de negociación o de presión hacia los gobiernos.

Como se cuenta con detalle en el informe, todo el proceso de El Chaparral ha sido particularmente opaco y ha estado lleno de irregularidades. Permisos que faltan, adjudicaciones a empresas privadas en tiempo récord, estudios incompletos…

“No se hizo el diseño de detalle, y esta ausencia tuvo que ver con que, en 2010 -un año y medio después de que se iniciara la construcción de la presa (en enero de 2009)-, la tormenta Agatha causara daños en su estructura básica, lo que obligó a paralizar la obra y originó un conflicto entre la firma responsable de la obra, Astaldi, y la CEL, que se resolvió con la rescisión del contrato tras el pago por parte del organismo público de 108,5 millones de dólares a la empresa italiana”.

Por el camino quedaban los rastros de otra tormenta: calles destrozadas por el paso de maquinaria pesada; un reguero de presiones y engaños a los vecinos para que aceptaran las condiciones impuestas; familias que ya habían abandonado sus tierras a cambio de un dinero que no daba para empezar de nuevo; zonas deforestadas para poder luego inundarlas, y la amenaza de que el caudal del río siga disminuyendo si se avanza en la construcción de la central.

Algo que viene a agravar aún más la situación de escasez de agua disponible para la gente en El Salvador. “El río ya no parece río, parece una quebrada”, se lamenta Virginia Lobos. Y añade: “Pescamos en el río; usamos esa agua para los huertos, para bañarnos, para lavar, para el ganado; tomamos agua para beber… Y cuando no hay, tenemos que ir más lejos”.

Efectivamente, las mujeres son aquí las encargadas de ir a buscar el agua para consumo doméstico y de recoger leña para cocinar y calentar la casa, muchas veces con la ayuda de sus hijos e hijas. Como en la mayor parte del planeta, son las responsables del funcionamiento del hogar.

Esto las convierte en “un grupo especialmente vulnerable a los impactos de las represas”, que, sin embargo, “no ha sido valorado históricamente como tal”, como denunció en el año 2000 un informe de la Comisión Mundial de Represas, organismo creado en 1998 por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza para examinar estas infraestructuras.

De hecho, Sandá destaca que “se ha estudiado poco la relación entre energía y género”. “Aun así, nosotras queríamos visibilizar este tema en nuestro trabajo, y por eso le dedicamos un apartado específico”, argumenta.

La CMR concluía que, “en las comunidades afectadas, las represas han ensanchado las desigualdades de género”. Y es que, en palabras de Sandá, todo aumento del tiempo y el esfuerzo empleados en atender las necesidades domésticas se traduce, finalmente, en “menos posibilidades de acceso a espacios para trabajar y pensar sus intereses estratégicos como mujeres”.

Por otro modelo de energía

Por si fueran pocos estos efectos negativos del proyecto en el entorno afectado, Sandá insiste en que, además, no resulta rentable. Entre presupuestos que crecen con el tiempo y la indemnización que el Estado pagó a Astaldi, “la inversión ronda ya los 4.495 dólares por kW”, detalla el experto, “más del doble de lo planeado en principio y de la cifra hasta la cual se considera que los proyectos hidroeléctricos son rentables (2.000-3000 US$/kW instalado)”.

Así que la pregunta es lógica: “¿A quién van a vender la energía para poder cubrir ese gasto? Lo más probable es que la exporten al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC); en el mercado nacional el precio sería demasiado bajo como para poder rentabilizar la inversión”, argumenta Sandá.

Como se recoge en el informe, “en muchas casas de la zona no existe electricidad”, y en las que disponen de ella “la pobreza no les permitiría afrontar el gasto derivado del consumo de una cocina eléctrica”. En definitiva, después de ver su vida profundamente alterada, los habitantes del lugar no disfrutarían del nuevo recurso.

Hermenilda, hermana de Virginia, resume la situación así: “Este proyecto viene a contaminar y a destruir. No vemos ningún beneficio”.

En sus recomendaciones “para un nuevo marco de políticas”, la CMR establece la aceptación pública de estas obras como un factor “fundamental para un desarrollo equitativo y sustentable de recursos hídricos y energéticos”.

Una aceptación que, según este organismo, surge de que “se aborden los riesgos” y se reconozcan y salvaguarden “los derechos de todas las partes interesadas, en particular, pueblos indígenas y tribales, mujeres y otros grupos vulnerables, haciendo posible su participación informada en la toma de decisiones”.

Sandá va más allá y apuesta por un cambio de modelo energético que tenga en cuenta la protección de los recursos naturales y que “respete el modelo de desarrollo deseado por la población, especialmente la afectada por los proyectos de generación”. Y trae al debate términos como “ética”, “solidaridad”, “autogestión” y “manejo sostenible de las cuencas” para proponer una alternativa “técnica y económicamente viable”.

Si existen opciones, ¿por qué se sigue apostando por este tipo de centrales hidroeléctricas en El Salvador y en otras partes del mundo? ¿Qué otros intereses están detrás de estas decisiones? Desde luego, no los intereses de las mujeres, de la gente.

A Sara la violaron cuando tenía 19 años. Sucedió en un parque, hace más de dos décadas. “Eran las diez de la noche. Me pillaron dos tíos. Les di el dinero, pero me tiraron al suelo y me desnudaron. Me cortaron con unas navajas y, cuando empecé a gritar y a golpearlos, me dieron con una piedra. Me dañaron las cuerdas vocales al apretarme el cuello para que no gritara y me rompieron la nariz. Estoy viva de milagro”, cuenta, con la respiración entrecortada.

Según el macroinforme realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y presentado recientemente, el más amplio y detallado que existe, al menos un 6% de las mujeres residentes en España de entre 18 y 74 años ha vivido algún suceso de violencia sexual después de los 15 años, esto es, alrededor de un millón. Un 11% declara haberla sufrido en la infancia; y un 1% en los 12 meses anteriores a la encuesta, cerca de 170.000.

Los delitos sexuales más habituales son la agresión, el abuso y el acoso. La primera es el atentado “contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación”. El abuso se da cuando no existe violencia o intimidación y no hay consentimiento “o éste está viciado”, resume la abogada María José Varela, miembro de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente. En ambos puede haber penetración o no. La violación sería una agresión sexual con penetración.

Por último, el acoso sexual se define como la solicitud de “favores sexuales, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual”, que provoca a la víctima “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”.

La culpabilización de la víctima

De la encuesta de la Agencia Europea se desprende que sólo una media del 15% de las mujeres comunican el incidente más grave a la policía. Con las cifras que dábamos al comienzo, habría unas 25.500 denuncias al año. Un dato que coincide con el que maneja Tina Alarcón, directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS).

La experiencia de Alarcón le permite afirmar que a las víctimas “les da vergüenza hablar del tema y muchas veces se sienten culpables, como si de alguna manera lo hubieran provocado, por haber ido a tal sitio, no haberse defendido lo suficiente... Incluso el entorno más cercano ayuda a esta culpabilización, diciéndote aquello de 'te lo estabas buscando”. Para ella, esto está en la base de que muchos casos no se denuncien.

Marta es un buen ejemplo. A los 22 años fue atacada mientras caminaba por un parque a mediodía, en 1996. “Un hombre se lanzó sobre mí y me tiró al suelo. Me di con una piedra y estuve un minuto semiinconsciente. Cuando me recuperé, el tipo tenía las manos dentro de mis bragas. Lo golpeé con el bolso como pude. Lo agarró y salió corriendo. Lo terrible es que había un señor muy cerca y no hizo nada; ni siquiera me ayudó a levantarme. Llegué a cuestionarme, imbécil de mí, si me habían agredido por llevar minifalda”, se recrimina.

Acudió a comisaría a denunciar el robo del bolso. Fue el propio policía que la atendió, cuando la vio llorando y con las medias destrozadas, el que le comunicó que había sido víctima de una agresión sexual. Marta no quiso contarlo en casa “para que no sufrieran” y porque no se llevaba bien con su padre.

“Hasta los consejos que te dan, con las mejores intenciones, tienen que ver con esta vergüenza que sentimos al hablar de ello: 'No salgas por ahí', 'no vayas con desconocidos', 'no bebas mucho', 'no te pongas minifalda'…”, abunda Acracia Infante, de mehanviolado.com, una web que recopila información sobre estas agresiones. Y concluye: “Parece que somos nosotras las que tenemos que protegernos de esa violencia, en lugar de que los hombres aprendan a no violar”.

Así lo vivió Carmen. Cumplidos los 16, comenzó a hacerse pis en la cama. Sólo entonces su familia descubrió que un par de años antes un chico con el que salía ocasionalmente la había violado. “Mis padres no me dejaban irme con él en la moto, así que, cuando lo hice y me forzó, no me atreví a contárselo a nadie”, narra con tristeza. Afortunadamente, hubo un testigo que hizo posible que el chaval fuera castigado.

A esta “cultura de la violación”, como la denomina Infante, “que responsabiliza a las supervivientes de estos sucesos”, ayudan algunas resoluciones judiciales. En este sentido, Varela cita una sentencia que decía que “la víctima con su actitud de hacer autoestop en la autopista a las tres de la mañana había propiciado ese desenlace”.

Sara tuvo que escuchar algo parecido: “Recuerdo que alguien de mi entorno, cuando se enteró de lo que me había ocurrido, me dijo: 'Normal, siempre estás por la calle, alguna vez te tenía que pasar'. Me eché a llorar”.

Avances legislativos en pocas décadas

Lola superó la veintena en 1978. Aquel año la agredieron en un pasillo del metro: “Un tipo se me tiró encima a tocarme los pechos. Me resistí y me rasgó la blusa. Grité. No sé si se asustó o qué, pero se fue. Me impresionó mucho que al bajar al andén, llorando y con la ropa rota, nadie dijo ni hizo nada, y eso que debieron de oírlo todo. Me miraron como si fuera una loca o una extraterrestre”. Lola no denunció lo ocurrido. “Entonces, lo que no era violación no estaba considerado agresión sexual. Aún hoy muchas mujeres creen que esto es así”, argumenta.

“El tipo penal que configuraba la acción punible en el antiguo Código Penal giraba en torno a la acción de 'yacer con la mujer' con fuerza o intimidación, cuando estaba privada de razón o sentido o con menor de 12 años”, aclara Varela, que en 1987 consiguió la primera sentencia del Tribunal Supremo que reconocía que exigir a las mujeres víctimas de una agresión sexual la demostración de resistencia suponía una discriminación por razón de sexo.

Sara lo tiene claro: “Si me volvieran a atacar, me bajaría directamente las bragas para evitar las lesiones”. Ella sí acudió a la policía y asistió a varias ruedas de reconocimiento, pero nunca dio con quienes le introdujeron el pene en la boca a la fuerza. De haberlo hecho, al menos en ese momento podrían haberlos juzgado por violación. No siempre fue así.

Ese “yacer con mujer”, detalla Varela, se interpretaba “exclusivamente como coito vaginal. Las penetraciones bucales o anales eran consideradas abusos deshonestos y tenían una pena mucho menor”. La ley ha cambiado mucho. Primero se equipararon las penetraciones vaginales, anales y bucales, en 1989. Seis años después, las realizadas con un objeto “por alguna de las dos primeras vías”. Y por fin, con la reforma de 2003, se introdujo la violación vaginal o anal con cualquier “miembro corporal”, lo que incluía los dedos, utilizados “sobre todo con niñas”, continúa la abogada.

Además, en el Código Penal de 1995, aún vigente con sus sucesivas reformas, fue en el que se realizó “la reestructuración total de los delitos de violencia sexual, partiendo de dos grandes grupos: las agresiones y los abusos”. En los dos, “las penas son mayores si hay penetración”, matiza esta experta, que obtuvo la primera sentencia en España que condenaba el acoso sexual como delito, en 1998.

Estos avances legales no se tradujeron inmediatamente en un cambio “en la percepción de los jueces”, que en opinión de Varela sí se puede apreciar en la actualidad: “Al menos ahora a la mujer se le cree”. Logro que esta abogada adjudica al trabajo de denuncia que se ha venido haciendo desde los foros feministas y a la labor de la prensa. “En el momento en el que decidimos que los juicios de violación tenían que ser a puertas abiertas y entrasteis los periodistas y explicasteis lo que pasaba, eso fomentó el debate. Y eso llevó al cambio legislativo y al cambio de actitud de los jueces”, recalca.

La violación es sólo “la punta del iceberg”

La violación por parte de desconocidos o de violadores múltiples es la forma de violencia sexual más visible, de la que más se habla en los medios de comunicación, pero “es sólo la punta del iceberg”, en palabras de Sonia Cruz, psicóloga experta en violencia sexual de la Fundación Aspacia,

Tanto en su organización como en CAVAS, la gran mayoría de las demandas de atención que han recibido históricamente han sido por hechos en los que los agresores pertenecían al entorno de la mujer (vecinos, amigos, compañeros de trabajo, educadores, parejas, ligues…), en los que ellas se sienten “especialmente culpables por haber confiado en esa persona, y eso las retrae de denunciar”, matiza Alarcón.

Cruz califica también como “muy complicadas” las situaciones que tienen lugar bajo los efectos del alcohol o las drogas, comunes entre los más jóvenes. “Si un desconocido te viola en un callejón oscuro, no hay ninguna duda, pero muchas chicas no son conscientes de que han sido víctimas de una agresión sexual cuando lo hace un amigo con el que han estado tonteando o estaban tan borrachas que no eran conscientes de nada”, comenta Infante, que recibe numerosas consultas en esta línea a través de la web.

Por su parte, el acoso no siempre se puede demostrar, y normalmente es un proceso progresivo. “A menudo estas víctimas necesitan la ayuda de profesionales para detectar el problema y asumir que no es su culpa y que se trata de un delito. Por eso estos casos nos llegan menos: son más invisibles”, explica Cruz.

En los últimos tiempos, en Aspacia han visto cómo se incrementaban las consultas por abuso, llegando a superar a las de agresión, lo que para Cruz es “un buen indicador, porque significa que algo está cambiando y se están detectando más estas formas de violencia más sutiles”.

La psicóloga destaca que, a pesar de que la agresión sexual –con penetración o no– es la forma de violencia sexual más penada, “eso no significa que sea la más grave”. Y pone como ejemplo el abuso de una menor de 13 años (la edad legal mínima para considerar que ha habido consentimiento) por parte de un conocido, que utiliza la manipulación o el engaño en lugar de la fuerza, “con lo que este hecho, tan terrible y de consecuencias tremendas, tiene una pena menor”.

Falta de información y pocas medidas específicas

Estas organizaciones se quejan de la poca información y de la carencia de medidas específicas con respecto a este tipo de violencia de género. “Desde Aspacia reivindicamos que se contemple la violencia sexual dentro de la ley integral. En este tema estamos como se estaba hace 30 años en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja”, declara Bárbara Tardón, responsable de Incidencia Política y Sensibilización Social de Aspacia.

De hecho, resulta casi imposible conocer los casos ocurridos y los denunciados en España cada año. El Instituto de la Mujer recopilaba cifras de las provincias españolas hasta 2009, cuando dejó de hacerlo ante los cambios en la gestión de los datos. Las distintas categorizaciones impiden comparar estos números con los que recoge el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior o la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado.

A la demanda de dar más visibilidad a un problema que en 2013 la Organización Mundial de la Salud calificó como “de proporciones epidémicas”, las asociaciones añaden la preocupación por los nuevos métodos de acoso –a través de la Red o los teléfonos móviles–, cada vez más comunes sobre todo entre los adolescentes. Para luchar contra todas estas formas de violencia, “que tienen su origen en la estructura patriarcal del sistema en el que vivimos”, como describe Cruz, es necesario “detectar los micromachismos que se dan en las relaciones y trabajar desde la prevención”.

Lola comentó con sus amigas el ataque en el metro y decidió apuntarse a un curso de autodefensa femenina.

Marta llevaba puestos unos auriculares cuando aquel hombre la asaltó. Durante algunos años no fue capaz de volver a utilizarlos y llevó un bote de laca en el bolso para poder defenderse (“el policía me dijo que llevar spray antivioladores era ilegal”, puntualiza), hasta que consiguió perder el miedo a caminar sola por las calles. Muy pocas personas supieron lo que le había pasado.

Sara mantuvo un largo tiempo un rechazo incontrolable a los parques, y hasta el día de hoy reconoce “un miedo atroz a la violencia”. En su momento lo contó en el trabajo, pero muchas de sus amigas no saben que la cicatriz en su brazo y su nariz rota son el resultado de una violación.

Carmen no ha vuelto a hacerse pis en la cama.

Las cuatro son mujeres fuertes, que quieren contar su experiencia para romper el tabú que pesa sobre la violencia sexual. Como ellas, en nuestro país hasta 170.000 mujeres podrían sufrir este año una agresión que, de una u otra manera, marcará sus vidas.

Raquel fue asesinada por su marido el pasado 6 de abril. Tenía 43 años. No constaban denuncias previas. En lo que va de 2014 ya son 21 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Sólo seis habían denunciado. En 2013 murieron 54, y en 2012, 52. Estos son los casos que acabaron de la peor manera, pero son muchas más las mujeres que sufren malos tratos y no saben cómo terminará su situación. Mujeres que viven en peligro.

Las cifras que hemos conocido recientemente gracias al macroestudio sobre violencia de género realizado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) son contundentes: un 20% de las mujeres residentes en España de entre 18 y 74 años declara haber sufrido violencia física después de los 15 años, y un 3% en los 12 meses previos a la entrevista.

Si se considera sólo a los agresores que son o han sido pareja de las mujeres, los porcentajes son un 12% y un 1%, respectivamente. En cuanto a la violencia psicológica, hasta un 33% declara haber vivido al menos un episodio desde esa edad.

Pero el concepto de violencia de género incluye también la violencia sexual en todas sus formas: acoso, abuso o agresión. Este informe europeo es, en este sentido, pionero, ya que recoge un volumen de información sin precedentes. Así, un 6% de las mujeres españolas ha sufrido violencia sexual desde los 15 años; un 1% en el último año.

La realidad detrás de las cifras

A pesar de lo dramático de estos números, lo que resulta más llamativo es que son inferiores a la media europea y en muchos casos menores a los obtenidos en países con mejores índices de igualdad, como Suecia o Dinamarca. “Cuando España asume la presidencia de la Unión Europea, en 2010, el Gobierno de Zapatero tiene como estandarte la lucha contra la violencia de género y decide impulsar el tema en Europa, pero se encuentra con que hay países en los que nunca se han realizado estudios específicos, ya que no se considera un problema”, cuenta Blanca Tapia, portavoz de la FRA. La presidencia española consigue el apoyo del Parlamento y del Consejo para que la FRA realice esta macroencuesta, sin precedentes en el mundo. “Ahora tenemos los datos para que se actúe a nivel político”, remata Tapia.

Para Carmen Vives, profesora de Salud Pública en la Universidad de Alicante, la Ley Integral de Violencia de Género marcó un hito que convirtió a España en referente mundial. Su puesta en marcha se tradujo inmediatamente “en un incremento exponencial del número de denuncias” y de los mecanismos de respuesta ante ellas, con la creación de unidades policiales y juzgados especializados, casas de acogida y todo tipo de ayuda a las víctimas y de prevención.

Ahora, apenas siete años después, el repunte en el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año plantea para muchos la necesidad de mejorarla y aplicarla de manera efectiva. El Gobierno acaba de aprobar ciertas modificaciones, como la de cambiar el cuestionario policial de valoración de riesgo de la víctima. También ha dispuesto que los juzgados de Violencia sobre la Mujer juzguen los quebrantamientos de condena, a pesar de que hace sólo seis meses el PP rechazó esta medida en el Congreso.

Tapia advierte de que hay que matizar los resultados de la encuesta europea para evitar conclusiones erróneas. “Algunas mujeres de países más tradicionales se guardan lo que les pasa, lo viven como algo privado, incluso desde la culpabilidad”. De hecho, la principal razón que argumentan las mujeres en España para no haber denunciado ante la policía el incidente más grave de violencia física y/o sexual –una media de casi el 40%– es que lo afrontaron solas, que las ayudó un amigo o que se trataba de un asunto familiar.

Por el contrario, en los países nórdicos, “las mujeres llevan mucho más tiempo disfrutando de su libertad, trabajando fuera de casa y haciendo lo que les da la gana”, analiza. Esto las deja “más expuestas” a las diferentes formas de violencia machista, pero a la vez son capaces de “identificar muy claramente y contar lo que les pasa sin ninguna sensación de vergüenza”.

Y es que las cifras en este campo son muy delicadas, ya que a menudo esconden una realidad distinta a la que parecen indicar en un primer momento. Vives y su equipo están estudiando la relación entre la crisis económica y el descenso continuado de la mortalidad por malos tratos desde 2008. “Nuestra hipótesis es que parte de esta bajada está relacionada con la disminución de la frecuencia con la que la gente se divorcia, un momento de gran vulnerabilidad de las víctimas”, apunta la profesora. “Debido a las circunstancias económicas, muchas mujeres no se divorcian y, en cambio, aguantan los malos tratos”.

Ante la cantidad de mujeres fallecidas en el primer trimestre de 2014, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, prefiere detenerse en otras cifras que han ido descendiendo con la crisis: las denuncias y las órdenes de protección. El balance presentado hace unos días del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial indica que las denuncias disminuyeron un 2,8% en 2013 respecto a 2012 (de 124.894 a 128.543). Las órdenes bajaron un 5%. Casi el 60% fueron estimadas, una tasa mucho menor que en los primeros años de la ley, cuando se admitía prácticamente la totalidad. El observatorio también recoge un aumento en las renuncias a continuar con el proceso: un 12,25% del total en 2013, lo que supone un incremento del 8,1% desde 2009.

La presidenta del órgano, Ángeles Carmona, aventuró que el descenso de las denuncias podía deberse a la crisis o a un desconocimiento de las mujeres de los recursos que tienen a su disposición. La encuesta de la FRA muestra que el doble de las mujeres (un 12%) que sufren violencia doméstica deciden “aguantar” las agresiones debido a la imposibilidad de hacer frente a los gastos domésticos, frente a las que lo hacen pudiendo vivir “cómodamente o sencillamente llegar a fin de mes” (un 6%).

Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, coincide en señalar la crisis como uno de los factores que obstaculizan la interposición de la denuncia: “El desempleo o la falta de ayudas económicas hacen que las mujeres no tengan una salida si se separan. Nosotras les decimos que valoren su salud mental y su integridad física ante todo, pero muchas te dicen que, si no van a tener ni para comer, lo demás es secundario”, reconoce.

Soleto añade al factor económico la desconfianza en los mecanismos de atención y acompañamiento a las víctimas: “Desde las organizaciones de mujeres hemos denunciado que una parte muy importante de los recortes en materia de igualdad han ido precisamente a estos servicios, tanto en cantidad como en calidad. Incluso en muchas comunidades autónomas han tenido que cerrar centros”, lamenta. Desde 2011, cuando Rajoy llegó al poder, el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género ha bajado casi en un 30%, una cifra similar a la reducción de la inversión específica en prevención.

Ambas creen, además, que en estos datos subyace la percepción de que no hay un buen trato a la víctima en la vía judicial. La primera recuerda sentencias recientes que “no parecen orientadas a resolver el problema” y que desalientan la denuncia. Y la segunda pone encima de la mesa un punto que le llama especialmente la atención: “Las asociaciones luchamos por que se tipificara la violencia habitual en el seno de la familia, y en las estadísticas vemos muchos procesos que se están tipificando como maltrato ocasional, lo cual contrasta absolutamente con los casos que llegan a mi organización”.

Martínez Novo cita estudios que afirman que las mujeres tardan una media de entre cinco y siete años en denunciar, por lo que “resulta extraño que se resuelvan tantas situaciones así. Esto conlleva una minimización de la pena y de las medidas accesorias de alejamiento y protección de la víctima”, reflexiona.

Una nueva generación de machistas

Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), resalta que los jóvenes siguen reproduciendo esquemas sexistas, y aporta algunos de los datos más llamativos del Estudio Andalucía Detecta, del IAM, en el que se observa una fuerte implantación entre las adolescentes de entre 14 y 17 años de las nuevas formas de machismo o “sexismo sutil” –que se encubre bajo la idea del afecto como cuidado–, mayoritario entre las chicas, frente al más tradicional u “hostil” de los chicos. En total, un 65% de chicas y chicos presenta algún tipo de sexismo (más ellos que ellas), confirmando que “ambos tienen asumida la legitimidad del principio de autoridad del hombre sobre la mujer”.

En la misma línea, el estudio del Ministerio de Sanidad presentado en 2013 revela un mayor porcentaje de chicas que dicen haber vivido alguna situación de violencia de género por parte de chicos de su edad en 2013 que en 2010, siempre por encima del porcentaje de varones que admiten haber llevado a cabo conductas de este tipo. Tras la publicación de este informe y de otro sobre el ciberacoso, el Ministerio anunció una batería de medidas dirigidas a combatir estos “nuevos delitos” y a “fomentar la igualdad efectiva en todas las etapas educativas”.

En el balance del Observatorio del CGPJ aparece un aumento del 4,8% de los menores enjuiciados por violencia machista. Un dato más que viene a señalar la importancia que según todas las entrevistadas tiene el trabajo en prevención desde edades tempranas, con campañas específicas en los centros educativos, profesores especializados y un esfuerzo en la transmisión de valores igualitarios en todos los espacios, incluidos los medios de comunicación, que a menudo manejan estereotipos machistas.

Por supuesto, estas expertas insisten en la importancia de denunciar las agresiones, ya que es lo que activa todos los mecanismos de apoyo institucional, mientras exigen un esfuerzo colectivo para dar respuesta a las necesidades de las víctimas que se deciden a dar el paso. “Yo diría que, tras los avances conseguidos, estamos en una segunda fase, en la que hay que dar un nuevo impulso a esta lucha, con una mayor especialización de todos los operadores jurídicos, médicos –que como señala la encuesta europea en multitud de ocasiones son los primeros que conocen los malos tratos– y demás profesionales implicados”, concluye Martínez Novo.

España se ha convertido estos días en el noveno país en ratificar el Convenio de Estambul, que entrará en vigor cuando lo haga un Estado más. La portavoz de la FRA destaca que se trata de “la legislación más amplia y completa que existe para atajar la violencia, que dice exactamente las medidas a tomar en prevención, implicando no sólo a los jóvenes, sino también a los hombres, como parte del problema y de la solución”. En su opinión, el informe europeo no puede sevir para concluir que “la violencia de género está controlada en España”, sino para analizar qué queda por hacer.

De ello dependen la salud y la vida de demasiadas mujeres.

Adolfo García Garaikoetxea mezcla en la conversación su feliz experiencia como padre adoptivo y sus conocimientos como secretario de la Asociación de Familias Adoptivas de Navarra (Afadena) y como coordinador de CORA, la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento, que reúne a una treintena de organizaciones de padres adoptivos y la única asociación de hijos adoptados que existe en nuestro país.

Adolfo y su mujer tienen dos hijas: Valeria, de Rusia, y Yun, de China. Junto con Etiopía, estos son los países en los que más han adoptado tradicionalmente los españoles, sobre todo por la rapidez de la tramitación, el factor que más valoran quienes deciden ser padres por esta vía. Valeria tenía tres años cuando llegó a España, en 2003; Yun tenía dos, y llegó en 2007. En el primer caso el proceso duró dos años. En el segundo, dos y medio.

Estos plazos ya eran mayores que en épocas anteriores, y han seguido creciendo. “Hoy prácticamente no podemos asegurar una espera menor de cuatro años”, resume García Garaikoetxea. Tiempos que se acercan a los entre cinco y siete años que suelen tardar las adopciones nacionales.

“Es humano y totalmente comprensible el sentimiento de ansiedad del que espera”, asume García Garaikoetxea, quien sin embargo recuerda que “la adopción no es una herramienta para solucionar un problema de fertilidad o una voluntad de paternidad, sino que es una medida de protección de la infancia abandonada, de su derecho a tener una familia, y la obligación de las administraciones es proveer esa familia al menor”, como establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989.

Más del 90% de las familias españolas que lo solicitan obtienen el necesario certificado de idoneidad: según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2012 eran cerca de 33.000. Una cifra “realmente excesiva”, según el coordinador de CORA, sobre todo si tenemos en cuenta que tras el boom de 2004, cuando llegaron a España unos 5.000 niños, el número de adopciones no ha hecho más que descender. En 2008 vinieron 3.156; en 2011 fueron 2.573, y en 2012, 1.669. A los que hay que sumar los en torno a 200 menores que cada año son adoptados dentro del territorio.

La adopción nacional: un proceso lento y complicado

A pesar de que en 2008 los plazos de la adopción nacional eran aún mucho más largos que los de la internacional, sobre todo porque en nuestro país hay pocos niños abandonados (la mayoría de los que están en los orfanatos tienen familia y sólo pueden ser dados en acogimiento), David Robledo y su mujer se decidieron por esta opción porque la segunda se les escapaba de presupuesto y les parecía “un esfuerzo mucho mayor”.

Querían un bebé menor de un año, que son la mayor parte de los adoptables en España. Debían cumplir dos requisitos: pasar lo que David define como un “estudio muy detallado” del que sería el entorno material y familiar del niño, y que la media de edad de la pareja no sobrepasara en 41 años la edad del pequeño.

Paralelamente a estos trámites decidieron pedir un acogimiento permanente, que “va mucho más rápido”, y en 2011 recibieron en casa a dos hermanas, de 5 y 3 años. Según la legislación española, el acogimiento paraliza la tramitación de la adopción durante un año, algo que resulta incomprensible para David, que no entiende que le perjudique estar realizando “una labor social”.

Finalmente, en marzo de 2013 les dijeron que antes de final de año tendrían a su hijo. Pero el pasado 5 de enero la mujer de David cumplió 43 años. Con los 39 de David, la pareja superaba la diferencia de edad máxima exigida. Fueron ellos los que avisaron a la Comunidad. Resultado: automáticamente fueron borrados de la lista.

“No supimos ni sabremos nunca por qué no llegamos a tener un niño, cuando estuvieron dando bebés anteriormente a gente que había acudido con nosotros a la reunión preparatoria”, reflexiona David. “Hemos sufrido mucho. Todavía tenemos una cuna para vender”, concluye, visiblemente afectado.

La adopción internacional: una espera cada vez más larga

Si los plazos de la adopción nacional se han mantenido más o menos estables, los de la internacional no han dejado de alargarse. En parte por la ratificación del Convenio de La Haya, que protege mejor el interés y el cuidado del menor, pero que al endurecer los requisitos hace que disminuya el número de adopciones.

A esto hay que añadir las dificultades propias de cada Estado. Bien por razones políticas –como en China y en Rusia, donde “la imagen que quieren dar de potencias mundiales” hace que consideren “una vergüenza nacional mostrar que no son capaces de hacerse cargo de sus niños abandonados”, analiza García Garaikoetxea–; o bien por razones religiosas, como en Malí o en Marruecos, donde ahora es indispensable que los adoptantes sean musulmanes.

El nuevo marco legal de China ha supuesto que las adopciones pasaran de tardar seis meses a más de siete años. Y en la Federación Rusa (que nunca ha ratificado el convenio), los recientes cambios legislativos están impidiendo que se termine de cerrar un acuerdo bilateral. Las tramitaciones allí están paradas.

Por eso, cuando en 2008 Conchi Sánchez y su marido quisieron adoptar un hermano para su hijo biológico, optaron por Vietnam. Con la ayuda de InterAdop, una entidad colaboradora en la adopción internacional (ECAI) consiguieron que su expediente entrara en el país justo antes de que éste ratificara el Convenio. La alegría inicial duró poco: “El Gobierno decidió unificar las tramitaciones nuevas y antiguas y crear nuevas listas”, lo cual paralizó su expediente. Además, a las ECAI debieron regularizarse otra vez. InterAdop lo consiguió en 2011.

“Habían pasado tres años y estábamos igual”, lamenta Conchi. Sus papeles estaban a punto de caducar, así que la Comunidad les propuso intentarlo en otra parte. La excelente experiencia de un conocido los animó a probar en Colombia en 2012. Las pruebas de idoneidad son diferentes para cada país, así que tuvieron que empezar de nuevo.

A finales de 2013 ya estaban en el número 241 de la lista para adoptar niños de entre 5 y 6 años. Sin embargo, en enero los sorprendieron con la noticia de que habían vuelto a bajar en la lista. La razón: la decisión de muchas familias de cambiar el tramo de edad ante las demoras provocadas, al parecer, por un endurecimiento de los requisitos. Les dijeron que tendrían que esperar otros cinco años. “Para mí fue tremendo emocionalmente. Sentí una impotencia terrible. No sabía a quién acudir, no podía hacer nada”, expresa Conchi con tristeza.

Adopción monoparental: más difícil todavía

A estos factores que han complicado la adopción internacional, Adolfo García Garaikoetxea añade uno que ha resultado determinante: el rechazo de muchos países (entre ellos Rusia) a que los homosexuales puedan adoptar –una opción legal España desde la aprobación del matrimonio gay en 2005–, que los ha llevado a no permitir la adopción por parte de personas sin pareja. Es el caso de Eva, que prefiere dar un nombre falso y modificar algunos detalles de su historia para poder contar cómo ha vivido la experiencia.

Hace cuatro años decidió que quería tener un hijo sola, y en julio de 2010, tres meses después de la primera reunión informativa, le mandaron su expediente y “comenzó la aventura”. Ese año, las listas en España estaban cerradas, y había pocas opciones para una familia monoparental: en Bulgaria las ECAI estaban saturadas y daban prioridad a las parejas, en India estaban centrados en la adopción desde Estados Unidos… Así que “ya casi llorando, porque lo veía imposible”, Eva llamó a una ECAI que trabajaba en Honduras. Allí admitían mujeres, había una lista única para parejas y personas solas, y podía elegir un niño menor de 5 años.

Pasaron ocho meses desde que realizó la solicitud hasta que la Comunidad de Madrid comenzó el estudio. Califica la primera entrevista como un infierno. La trabajadora social cuestionó su sexualidad y le preguntó “mil veces” por qué quería ser madre y todos los detalles de su vida cotidiana, de sus relaciones amorosas y de su familia.

Ella nunca había querido ser madre biológica, ya que “con tantos niños sin padres” le parecía mejor adoptar, así que tuvo que mentir y apelar a un problema de salud para justificar por qué no había intentado la inseminación artificial antes de plantearse la adopción. “Para ellos, lo primero que tienes que hacer es intentar quedarte embarazada de una pareja; después, inseminarte, y sólo en último término adoptar. Te dicen que si quieres ayudar te vayas a una ONG. Salí de la entrevista llorando”, rememora.

Tras otra entrevista y una visita domiciliaria, por fin en mayo de 2012 pudo firmar el contrato con la ECAI para iniciar el proceso de adopción. Desde Honduras le pidieron nuevos análisis, fotos de la casa y más papeles, hasta que un año después le dieron el visto bueno a su expediente. Ya ha terminado el curso de formación, y calcula que aún le falta alrededor de año y medio para ser madre.

Ponerse en el lugar del niño

Al igual que las leyes de adopción han ido cambiando, también lo ha hecho la perspectiva de las asociaciones, explica García Garaikoetxea: “Comprender que no por iniciar los trámites adquirimos el derecho de adoptar –porque ese derecho no existe– nos ha hecho dejar de trabajar para acortar los plazos y aceptar que la Administración debe tomarse su tiempo para un acto de tanta responsabilidad como es declararte idóneo”.

Para el coordinador de CORA resulta esencial que tanto administraciones como familias aprendan a prorizar el interés de los niños. La mayoría de las familias quiere un bebé sano, “cuando el perfil de niños adoptables, tanto en España como en el extranjero, es un perfil de necesidades especiales: con patologías, mayores o grupos de hermanos”. Según él, la mecánica debería ser distinta, similar a la que ya opera en Navarra para adopciones nacionales: en el momento del abandono se busca a la familia que mejor puede atender a ese menor determinado, independientemente de la fecha en la que ésta se haya ofrecido.

“Esto exige que padres y madres asuman la posibilidad de una espera más larga en beneficio del niño”, sostiene García Garaikoetxea, que por otro lado pide a las administraciones que no dilaten los procesos artificialmente de forma que, cuando se inicia una tramitación que va a durar cinco o seis años, en realidad “se está adoptando a menores que aún no han sido abandonados”, mientras los que ya han sufrido este problema siguen en los orfanatos y tienen cada vez menos probabilidades de ser elegidos por alguna familia.

David dice que ahora podrían pagar una adopción internacional, pero que están agotados y no se plantean seguir intentándolo. Además, ya son una familia con sus dos hijas en acogida. Conchi cree que su marido está harto de la burocracia y que, cuando en 2015 caduque su idoneidad, no estará dispuesto a empezar de nuevo. Si todo va bien, antes de dos años Eva tendrá a su hijo con ella. En total, calcula que se habrá gastado alrededor de 25.000 euros, y habrá pasado un lustro desde que comenzó todo. Al menos ella lo habrá conseguido.

No posan en portadas de revistas, pero son noticia en sí mismas por luchar por lo que creen sin importar el tiempo que les haya tocado vivir

La historia de mujeres de diferentes generaciones que comparten sus ilusiones, retos y dificultades en un mundo que sigue siendo de hombres

Luz: investigar para que su historia no se repita

Luz Rello tiene 29 años y en 2013 se convirtió en la primera investigadora española en recibir el premio European Young Researchers' Award por su trabajo en el campo de la dislexia, un galardón que reconoce una larga historia de superación personal repleta de encontronazos con el lenguaje.

“Después de varios años suspendiendo y sentada en una mesa especial para niños fracasados, mi tutora detectó mi dislexia. Comencé a hacer ejercicios de reeducación que me ayudaron mucho, pero eran muy poco motivadores. Ahora que la tecnología está totalmente incoporada en la sociedad, ¿qué mejor forma de corregir estos problemas que de forma interactiva?”, explica Rello con ilusión después de graduarse en Lingüística, hacer un máster en Inteligencia Artificial y meterse de lleno en el desarrollo de una aplicación para móviles y tabletas ('Piruletras') que se utiliza como apoyo en las clases de refuerzo para niños y niñas disléxicos.

En un sector tan masculinizado como la informática, Luz percibe como mujer esa sensación de minoría. “Tengo la impresión de que, cuando se nos premia por algo, pensamos que es de casualidad, que es una equivocación. Tenemos que demostrar constantemente lo que ya hemos conseguido y lo que somos capaces de hacer”.

Fátima: lucha en primera persona contra la ablación

La rebeldía de Fátima Djarra parece casi innata. Su batalla empezó cuando, tras sufrir la ablación con cuatro años, comenzó a preguntarse por qué en su país de origen, Guinea Bissau, casi la mitad de las mujeres tenían que pasar por este calvario. Recuerda cómo en Guinea su grito era mudo porque la ablación sigue siendo un tema tabú. Era el “bicho raro”.

Ahora, con 45 años y las heridas cicatrizadas, Fátima forma parte de Médicos del Mundo y trabaja desde España con la comunidad africana para sensibilizar a las familias y animarlas a romper con el peso de la tradición. El camino no ha sido fácil y el riesgo nunca se extingue por completo. “Lo más peligroso es cuando vuelven a sus países de vacaciones, aunque cada vez son más las mujeres que protegen a sus hijas de la ablación”.

En Pamplona, donde vive desde 2008, Djarra es también una de las 60 mujeres que integran la asociación Flor de África, donde, además de reivindicar sus derechos, luchan para visibilizar la cultura africana. Ella tiene claro cuál es la mejor forma de hacerlo: “Hablar en primera persona y que mi experiencia sirva para ayudar a otros”.

Ascención: una deuda pendiente con el pasado

Cumplió 88 años en medio del Atlántico, en un avión que la llevaba a Buenos Aires a encontrarse con la jueza María Servini. Iba a pedirle lo que lleva pidiendo toda la vida: rescatar los restos de su padre, Timoteo, de la fosa común en la que lo enterraron tras fusilarlo en 1939, poco después de que acabara la Guerra Civil. Ascención, la segunda de siete hermanos, tenía apenas 12 años. Y jamás olvidará “el día en el que vinieron a llevárselo”.

Su madre, María, no pudo siquiera ver a su esposo antes de que lo mataran. Se había llevado a sus hijos del pueblo (Sacedón, Guadalajara) huyendo de las represalias y del rechazo de su propia familia, que la castigó por haberse casado “con un rojo”. Viuda y pobre, se dedicó al estraperlo para dar de comer a sus hijos y pronto acabó en la cárcel. Ascención, con 14 años, sacó toda su fuerza de espíritu para sacar adelante a la familia.

Y esa fuerza, esa energía que la ayudó a convertirse en sastre y en criar a sus cuatro hijos, le ha servido también para pelear por saldar sus deudas con el pasado. Hace unos días, una llamada le comunicó que la jueza que lleva la querella argentina contra los crímenes franquistas ha pedido oficialmente la exhumación de los restos de Timoteo Mendieta. Ella, llorando sin parar, reconoció a sus hijos: “Me siento más cerca de mi padre que nunca”. Ahora resta ver cuánto colaborará la Justicia española para que Ascención cumpla su sueño: “Morirme con los huesos de mi padre”. Pero ella, pletórica, va un paso más allá: “Tenemos que sacarlos de la cuneta a todos”.

Pepa: teatro para combatir la exclusión

Nacida en la campiña sevillana, la galardonada directora de teatro Pepa Gamboa ha sabido poner sobre las tablas las dos caras más extremas del mundo gitano, el flamenco y la exclusión social, sin dejar de lado ni el arte ni la dignidad.

Su versión de la lorquiana La casa de Bernarda Alba llevó a las mujeres del poblado chabolista El Vacie al Teatro Español y a los escenarios nacionales e internacionales más prestigiosos, abriéndoles así las puertas del éxito y el mundo laboral. De carácter profundamente innovador, se le considera la renovadora de la escena flamenca con la obra Los zapatos rojos, protagonizada por el bailaor Israel Galván.

Desde José Luis Gómez hasta Paco León, pasando por Ana Fernández o seis niños de zonas marginadas de Sevilla que interpretaron El sueño de una noche de verano ante el quinto Beatle, Paul McCartney, Gamboa sólo exige una cosa a sus actores: que compartan su pasión por el teatro.

María Inés: la agricultura es también cosa de mujeres

“Me enamoré en mi tierra y volví”. Esa es la razón por la que María Inés Casado lleva la mitad de su vida siendo agricultora. Nació en Andújar (Jaén), pero creció en Zaragoza, estudió Dirección de Empresas y trabajaba en un banco. Lo dejó todo para crear una familia en Villanueva de la Reina, un municipio de 3.300 habitantes, con la idea de colaborar en la explotación agrícola de su marido.

Pero una oportunidad laboral para su esposo la llevó asumir el rol imprevisto de agricultora. Aprendió “a regar, a sulfatar, a manejar el tractor”. “Al principio, el tractor me provocaba ataques de ansiedad”, recuerda. Su carácter inquieto y su formación la llevaron a la presidencia de la cooperativa a la que vendía los espárragos, COHORVI. Fue la primera mujer en ese puesto. Mejoró los beneficios de los agricultores y el sistema de gestión hasta el punto de que la cooperativa se integró en otra mayor.

“Cambiamos los estatutos” para que fuera obligatoria la asistencia de los titulares de las fincas. Muchas veces la explotación, por razones fiscales, estaba a nombre de las mujeres, pero la gestión la asumían los hombres. “Aunque sólo vayas a acompañar al marido, ya que estás ahí, escuchas, porque sorda no eres”, explica. Esa decisión cambió muchas cosas. “Creo que muchas mujeres descubrieron que ahí tenían una bolsa de trabajo que no habían visto y empezaron a pensar, si esta puede, yo también”. Su lucha continúa: hoy es la presidenta de ADEMUR, la Asociación de Mujeres Rurales de Jaén.

Graciela: la dignidad de la escoba

Nacida en Aguadas, Colombia, Graciela llegó a España un sábado de 2001 y el lunes ya estaba trabajando como empleada doméstica: “Eran otros tiempos”. En su país era administrativa. Cuando se quedó sin trabajo, decidió aprovechar sus ahorros para viajar. Venía para un año, con la idea de desde aquí llegar a Egipto, su sueño. Pero se fue quedando. “Empiezas a trabajar y vas creando un cordón umbilical, echando raíces”, explica.

“Envías dinero, las cosas se van complicando y dejas de pensar en ti misma –continúa–, y además tienes poca información y nada de tiempo para averiguar si puedes homologar tus estudios o cuáles son tus derechos”. Hasta que un día una paisana la llevó a la asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac), y acabó convirtiéndose en su presidenta. Allí vivió en 2011 la aprobación del decreto que regula el “servicio del hogar familiar” y la entrada en vigor del Convenio sobre el trabajo doméstico de la OIT, que otorga a estos trabajadores los mismos derechos que al resto. “Fue un gran avance, con muchas lagunas a su vez”, sintetiza.

Graciela ya es española. Y tiene suerte, dice: trabaja como interna en el barrio de Canillejas para una mujer de 90 años que le permite gestionar asuntos de la organización. Habla de su lucha “por dignificar el trabajo doméstico” y por conseguir su asimilación al régimen general de la Seguridad Social –“una utopía, tal y como están las cosas”– y cuenta historias de abusos, precariedad “y casi esclavitud” en el ámbito de los cuidados, “asignado por el patriarcado a la mujer” y, por ello, “socialmente muy poco valorado”.

Su buen humor a prueba de crisis y soledades le permite hablar con alegría de una vida en España a la que, sin embargo, pone fecha de caducidad. “Yo tengo el plan de retornar. Toda persona que emigra quiere volver a su casa”.

Mercedes: cuando volar es vocación desde la cuna

Mercedes se ha perdido muchas navidades, cumpleaños y fiestas con su familia. Tiene un hijo de tres años al que puede ver cuando, como él dice, “mamá no está volando”. Es comandante de una compañía aérea en la que ellas son minoría: de los más de 400 pilotos, sólo 15 son mujeres.

Vive pegada a una maleta desde hace más de una década y se nota que es una apasionada de su profesión, que lo suyo es vocación casi desde la cuna, a pesar de que en su entorno nunca hubo ningún piloto. Tras un escarceo fracasado con el mundo de la Farmacia, estudió a caballo entre España y Estados Unidos, donde “las horas de vuelo eran más baratas”. En 2005, después de dos años como auxiliar de vuelo, se convirtió en piloto.

Asegura que nunca se ha sentido discriminada en su profesión por ser mujer. “Me han abroncado y felicitado como a cualquier otro compañero, sin diferencias. Nunca he pensado que lo malo o bueno que me ha ocurrido ha estado determinado por mi sexo”. Trabajar en equipo es para ella “la clave para que todo funcione”. “Si la limpieza, el combustible o el cáterin no llegan, no salimos. Por eso nos cuidamos mucho entre nosotros y también intentamos hacerlo con los pasajeros”. Porque la responsabilidad, reconoce Mercedes, siempre pesa: “Pienso en las familias que están subidas en el avión y me acuerdo de la mía”.

Isabel: el compromiso con las aulas más difíciles

Hace 14 años Isabel Vizcaíno se pasó a la escuela pública. Después de ocho de docencia en la concertada, esta maestra cacereña afincada en Madrid trabaja en lo que ella llama “un mundo fascinante”. Ese planeta del que habla es el colegio Manuel Núñez de Arenas, un centro de difícil desempeño situado en el barrio de Entrevías (Madrid) que tiene un 80% de población gitana en sus pupitres.

“Aquí la lucha es permanente, hay que insistir en que es importante que vengan al cole, que aprendan... porque el entorno familiar en la mayoría de los casos no es el más favorable”. Pero si el esfuerzo es mayor, también lo es la recompensa: “Estos pequeños son los más cariñosos y creativos que he conocido nunca”.

Y esa luz que desprenden sus alumnos es también la que está en el origen de la Asociación PSII, una organización que Isabel preside y que nació hace dos años al calor de los recortes en educación. Su último proyecto está enfocado a rehabilitar el entorno del colegio y ya están en marcha los desayunos saludables, una forma de educar a los niños en una alimentación equilibrada. “Los chicos y chicas de este cole pasan por dificultades muy serias. Hay mucho que hacer, no hace falta irse lejos para ayudar a los que más lo necesitan”.

El 5 de febrero murieron Ibrahim Keita, Armand Debordo Bakayoko, Oumar Ben Sanda, Ousman Kenzo, Yves Martin Bilong, Daouda Dakole... Y así hasta 15 hombres, según las últimas informaciones oficiales. La mayoría eran de Camerún y ninguno superaba los 26 años. Intentaban llegar a Ceuta a nado desde Tánger. La Guardia Civil y unas bolas de goma se lo impidieron. Mientras se aclaran las circunstancias, entre versiones que cambian y vídeos manipulados, queda el dolor.

Una semana después de la tragedia, cientos de personas se manifestaron en varias ciudades del país para protestar por la actuación de las fuerzas del orden y exigir que cesen las muertes en las fronteras. Allí estaban Djeumbe, senegalés de 28 años, y su compatriota Mustafa, de 27. Aunque ahora los dos tienen residencia legal, se conocieron en la Asociación de Sin Papeles de Madrid, que trabaja por la integración de la gente migrante. Tristes e indignados a partes iguales, coinciden en que, si los muertos hubieran sido españoles, la movilización habría sido mucho mayor.

“No solamente todos los subsaharianos, sino toda la población tendría que haber estado allí, porque a todos nos duele si se muere un familiar, y los muertos son familia de alguien, son humanos. Nadie se merece esto”, se lamenta Djeumbe.

“Me duele que suceda esta matanza, que nadie diga nada y que muchos medios de comunicación lo escondan. Tenemos que darle visibilidad a esta tragedia. Un ser humano es un ser humano, da igual de dónde venga”, reivindica Mustafa. Ambos se quejan de que ni los Gobiernos de los países de origen de los inmigrantes muertos ni el Gobierno español digan nada. “Ellos son los primeros que tendrían que lamentar esto”, sentencia Djeumbe. Nadie responde ni llora por los muertos.

El discurso oficial: la 'guerra entre pobres'

Parece inevitable plantearse por qué no se llenan las calles de gente exigiendo responsabilidades por la muerte de 15 personas en circunstancias, como mínimo, confusas. ¿Nos duele menos el dolor de 'los de fuera'? ¿Estamos tan centrados en nuestros propios problemas que los de los demás nos importan menos?

Ramón Muñagorri, abogado y secretario de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, cree que “es indudable que en estos momentos una de las coartadas del sistema es generar una especie de enfrentamiento entre los excluidos de aquí y de allí, argumentando que no podemos ayudar a África cuando tenemos pobreza aquí, diciéndonos que primero van los nuestros y después los otros”.

“En Melilla hay una consigna no escrita en todos los niveles de la Administración y es la de la no tolerancia; y, si se puede hacer la vida más difícil al inmigrante, mejor, para que sepa que aquí no tiene sitio, que aquí no le va a ir bien”, sostiene José Palazón, profesor y miembro de la ONG Prodein en la ciudad, que cuenta que esta idea recorre la ciudad: “Casi todo el mundo aquí vive de la Administración, y está muy mal visto manifestarse a favor de las personas inmigrantes. Prácticamente sólo se hacen manifestaciones en contra”.

Palazón destaca la actitud racista de la policía: “Cuando vamos a llevar comida a los inmigrantes que han entrado, siempre nos dicen con tono despectivo: '¿Es para los negros?'. Y yo contesto: 'Es para los pobres; no me había fijado en si eran blancos o negros”.

Débora Ávila es profesora de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid y participa en Ferrocarril Clandestino, una “red de apoyo mutuo entre gente autóctona y gente migrante”. Junto con Marta Malo iniciaron dentro del grupo un proceso de reflexión colectiva sobre las fronteras internas que nos separan dentro de las ciudades; “los mecanismos, aparte de las fronteras visibles, que están generando que gente que convive en un mismo barrio se encuentre dividida”.

Sostienen que estas fronteras invisibles son en realidad la forma de gobierno del neoliberalismo. A diferencia de lo que propone el Estado de bienestar, basado en cierta idea de redistribución –“aunque nunca llegara a conseguirse”–, esta forma de gobierno –hegemónica desde mucho antes de que estallara la crisis– “se apoya en la diferencia como hecho natural para transformarla en desigualdad, que es lo que se piensa que activa al ser humano, lo motiva a ser emprendedor, a buscar soluciones individuales a sus problemas y a competir con los demás para mejorar”.

“Si uno analiza cualquier política neoliberal –educativa, sanitaria y, por supuesto, de extranjería–, se da cuenta de que las distintas normativas van generando derechos diferentes para distintas categorías de personas”, continúa Ávila. Desde esa perspectiva de gobierno, la idea de la redistribución, “que haya subsidios que compensen la desigualdad”, resulta negativa, “porque adormece el espíritu y rompe el juego natural de la competencia. Por eso los recortes sociales tienen que ver con quitar estas ayudas”.

En este contexto, la crisis es, según la antropóloga, un escenario ideal “para dar otra vuelta de tuerca a unas políticas que llevan pensadas mucho tiempo”: si a la desigualdad se le suma “el discurso de la escasez”, en palabras de Ávila, “obtienes una sociedad en la que las personas de un grupo quieren ser como las que están más arriba y ven a los de abajo como aquellos que les quieren quitar su puesto”.

Una realidad que reconocen Djeumbe y Mustafa, y que el primero resume así: “Al principio me llevaba muy bien con la gente, pero al llegar la crisis muchos empezaron a culparnos de la situación y a mirarnos con otros ojos. Es doloroso e injusto”.

Este tejido social fragmentado que describe la antropóloga, sustentado en el miedo al otro y en la rivalidad en lugar de en el apoyo, sería la razón de fondo para que los problemas de las personas inmigrantes resultaran lejanos a una gran parte de la población. A lo que, en el caso de las muertes de Ceuta, la profesora añade el poso colonial, “que en España está muy presente”, por el cual “no es lo mismo que muera un negro a que muera un blanco”.

La solidaridad a pie de calle

Para Palazón, esta guerra entre pobres, alimentada desde las autoridades y exacerbada en tiempos de crisis, es “lo que se oye”, pero la mayoría de la gente en su vida cotidiana es muy solidaria. Y pone como ejemplo que en Melilla es habitual que alguien le deje las llaves de su casa o del coche a un inmigrante para que lo ayude en tareas domésticas a cambio de un dinero, “cosa que creo que en la península no se hace mucho”, comenta con sorna.

Este miembro de Prodein menciona especialmente lo sucedido en 2005, cuando, como ahora, se vivieron situaciones muy violentas en la frontera: “Los inmigrantes que habían saltado la valla corrían por la ciudad sangrando y llorando, y todo el mundo empezó a meterlos en su casa y en sus coches” para protegerlos. “Es como si hubiera un nivel de tolerancia de la violencia hasta el cual la gente no reacciona, pero a partir del cual reacciona muy bien”, concluye Palazón.

Muñagorri observa también esta dualidad entre la lógica oficial y la actitud de una gran parte de la sociedad. Se muestra optimista cuando recuerda que, según las encuestas, “los ciudadanos españoles siguen pensando que tiene que haber una cooperación con países que están en procesos de desarrollo”. Y va más allá. Cree que esta crisis, “que está agudizando la desigualdad a nivel planetario pero también dentro de los países que antes se llamaban desarrollados”, está teniendo como consecuencia un mayor grado de sensibilidad de la ciudadanía hacia problemas que identifica como comunes.

“Antes la gente pensaba que los problemas estaban fuera, y que pequeñas ayudas eran suficientes para tranquilizar la conciencia. Ahora vemos que la voracidad de este sistema basado en la acumulación de riqueza y en la exclusión no tiene límites; expulsa a la gente de sus tierras allí y de sus casas aquí”, argumenta Muñagorri, que ve en este proceso de asumir “que tenemos que enfrentar juntos problemas que suceden en muchos sitios pero que nos afectan a todos” el germen de “una conciencia ya no sólo asistencial, sino política” y de iniciativas solidarias como las mareas.

En la misma línea, la antropóloga apunta que “los movimientos sociales han sabido aplicar una relectura de la crisis y elaborar un discurso político que señala muy claramente al culpable: los bancos, la corrupción…”. Esta identificación de un enemigo común permite que funcionen ciertas redes de solidaridad: “Como está claro que están desmontando la sanidad, ya no es el inmigrante el que ocupa mi turno y me obliga a esperar”.

Cuando el individualismo se impone

A pesar de estas iniciativas de solidaridad “que de alguna manera alumbran puntos de esperanza”, enfatiza Ávila, la lógica individualista de la competencia está “muy dentro de nosotros”. Lo que explicaría, por ejemplo, el hecho de que habiendo una gran movilización en defensa de la sanidad pública no sea una reivindicación principal la recuperación de la tarjeta sanitaria por parte de los más de 800.000 inmigrantes sin papeles que se han quedado sin atención médica.

“Yo no creo que la gente pase”, opina el secretario de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Ramón Muñagorri, sobre la falta de una reacción mayoritaria ante las muertes en Ceuta o la expulsión de los sin papeles de la asistencia sanitaria. “Para mí lo que hay es una sensación de impotencia, de que es muy difícil combatir un sistema tan depredador, más el hecho de que es complicado estar saliendo a la calle todos los días por cientos de causas que nos están llamando”. Esto, reconoce, podría justificar “ciertas prioridades en la movilización”.

Los movimientos de contrapoder y de defensa de derechos surgidos en los últimos años –propios de “una sociedad madura”, como la define Muñagorri– estarían evitando en España el ascenso de la ultraderecha que están viviendo otros países europeos, a pesar de que esos grupos “de ideología ultra o fascista, amparados en estas políticas antiinmigración, están siempre ahí, muchos en el marco de partidos conservadores”.

“Yo sí creo que el surgimiento del 15M y de las movilizaciones sociales en respuesta a la crisis ha amortiguado un aumento del racismo que temíamos en este contexto, como ha sucedido en Francia, Austria o Suiza”, coincide Ávila, que, sin embargo, avisa: “El problema es que esta manera de gobernar cada vez nos empobrece más, y la competencia es mucho más exacerbada entre los grupos sociales que están más cerca. Hay quien dice que después de una crisis económica vienen 12 años de crisis social. Si efectivamente se prolonga mucho la crisis social, y no hay una respuesta política por parte de los movimientos sociales que cree un clima que pueda desactivar estos discursos, no es impensable un repunte de las posturas xenófobas”.

Antonio Freijo, director de la ONG Karibú, que trabaja en la atención y acogida de los inmigrantes subsaharianos, menciona a los 240 voluntarios que sostienen su asociación para defender “que hay un espíritu de comprensión de la realidad en la población”, pero muestra una gran preocupación por cómo cala en ciertas personas esta retórica que enfrenta a los de dentro con los que vienen de fuera.

Un argumento que este sacerdote considera injusto, ya que “la mayor parte de la inmigración viene en la mejor edad para trabajar y aporta su esfuerzo y su talento al desarrollo de este país como cualquier ciudadano”. Además, lo califica de irreal, porque decirle a un inmigrante africano que nosotros también somos pobres “es insultarlo a la cara”.

Todos estos razonamientos, según Freijo, se basan en la ignorancia, puesto que “nosotros explotamos las riquezas de sus países, así que lo que puedan conseguir aquí no es ningún regalo”. Y propician actitudes poco razonables, como dejar enfermar a una persona –que “en vez de un catarro tendrá más adelante una neumonía, mucho más cara de curar”– en lugar de “exigir una asistencia sanitaria universal e igualitaria”.

El final de la historia

Freijo fue misionero en Burundi hasta que lo expulsaron, en 1987, y demuestra conocer bien la realidad del continente africano cuando enumera los enfrentamientos tribales, hambrunas, genocidios o guerras que se han ido sucediendo allí y que han ido obligando a la población a huir a lo largo de las últimas décadas. También cuando define una característica propia de la inmigración africana: “Es muy individual. Las personas suelen venir solas para buscar una salida para ellas, pero sobre todo para sus familias, que se quedan en su país”.

Es el caso de Djeumbe, que llegó a España en cayuco en 2006, con 21 años, para “buscar una vida digna”. Ha trabajado repartiendo publicidad y en una agencia de figuración. Ahora no tiene empleo, así que no puede mandar dinero a los suyos tan a menudo como le gustaría. “No estoy muy contento, pero no me puedo quejar”, asume con tono triste.

Mustafa, en cambio, disfrutaba de una vida algo más acomodada –“no nos faltaba para comer”– pero tenía un sueño: ser futbolista. Por eso, como muchos otros chavales africanos, con 19 años decidió dejar a su familia y su país y venirse a España cruzando el estrecho en patera. Ha trabajado como jardinero y, cuando ha podido, ha seguido formándose. Destina casi todo lo que gana a ayudar allí a sus tres hermanos en los estudios, en Senegal. Como su compatriota, ahora mismo está sin trabajo. “No suelo ser pesimista pero, tal como está todo, creo que tendré que irme”, reconoce decepcionado.

Y cuenta que hasta en el Servicio Público de Empleo le dicen que si sale algo se lo darán antes a un español que a él, cosa que “no les pasa a los futbolistas famosos que vienen de fuera, que también son inmigrantes”, remata con cierta rabia.

Por lo que sabemos, Ibrahim, Armand, Oumar y el resto de los hombres que perdieron la vida intentando entrar en Ceuta venían también solos a buscar una vida mejor para ellos y para sus familias. Probablemente sus historias sean muy similares a la del Pichi, mote de un chaval que llegó a Melilla desde Malí. Cuenta Palazón que sus circunstancias eran especialmente dramáticas: una de sus hijas había muerto de una enfermedad común porque no tenían dinero para pagar a un médico. Mientras estaba de camino, supo que su otra hija también había fallecido. Quedaban esperándolo su mujer y un niño.

Palazón recuerda la determinación en la cara del Pichi, y que al charlar con él pensó: “A este chaval no lo para nadie”. Se lo encontró años después en Níjar, Almería. Estaba trabajando en un invernadero y, aunque le contó que no ganaba mucho y que vivía mal, estaba contento porque podía mantener a su familia en Malí. A Ibrahim, Armand, Oumar… los pararon unas bolas de goma. Sus muertes merecen una explicación. Y nuestro dolor.

Este 2014 comenzó con una buena noticia para los usuarios del transporte público en Madrid. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, anunciaba hace unos días la congelación de las tarifas de metro y autobús para este año después de casi tres décadas de subidas ininterrumpidas. Una alegría relativa si se tiene en cuenta que, según el último estudio de la OCU, los madrileños son los usuarios que más pagan por el transporte urbano: hasta 54,6 euros al mes para desplazarse sólo dentro de la capital.

Pero el transporte no ha subido en los últimos años sólo en Madrid: el estudio de la OCU señala un aumento de los precios en todo el territorio de un 8,1% en 2013 respecto a 2012, cifra que casi triplica la subida acumulada del IPC, y que rompe así con la tendencia de los dos años anteriores, en los que el aumento de las tarifas se ajustaba a este índice.

Paralelamente a este incremento de precios, el último informe del Observatorio de Movilidad Metropolitana (OMM) muestra un cambio en la tendencia de uso del transporte público. Si entre 2002 y 2007 la demanda aumentó de media un 12,7%, desde 2008 –año en el que se sitúa el comienzo de la crisis– hasta 2011 disminuyó un 3,4%, mientras la población aumentó de media un 3,7%.

Esta pérdida de usuarios y una menor inversión estatal son los principales argumentos de las administraciones implicadas en la gestión del transporte para aumentar la recaudación y ajustar el servicio. Expertos en movilidad y defensores del transporte público opinan, por su parte, que esta disminución de la demanda tiene una relación directa con el aumento del paro –según el informe del OMM, la tasa de paro en las principales áreas metropolitanas se ha doblado en los últimos cuatro años–, por lo que las escaladas de precios y los recortes no hacen más que dificultar el acceso de la población a este servicio.

Madrid: un transporte inasequible

“Hoy en día hay gente que quiere usar el transporte público y no puede pagarlo”, explica David García Aristegui, de la Campaña Madrid en Transporte Público –en la que participan organizaciones vecinales y ecologistas, asambleas del 15-M, partidos y sindicatos–, que comenzó sus movilizaciones el pasado diciembre, reivindicando la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del transporte y la creación de “un abono social, es decir, un transporte gratuito para personas desempleadas, pero también para sus familias”.

Adrián Fernández, especialista en transporte del blog Ecomovilidad.net, sitúa el origen de la mala situación del transporte público en Madrid en el año 2008, cuando se culmina “un megalómano plan de ampliación del metro” desarrollado durante los Gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, con 196 kilómetros construidos en 12 años, “un 160% más respecto a la red anterior”.

La red creció, pero cada vez había menos viajeros, “bien porque habían perdido su trabajo, bien porque las ampliaciones, planificadas a golpe de votos, no habían servido para atender las necesidades de movilidad de la gente”, relata este experto en transporte, por lo que se acumuló un “inmenso déficit de explotación, que en 2011 alcanzó los 1.200 millones de euros”, como consta en el Informe Anual del Consorcio de Transportes.

Para corregir este déficit, la Comunidad realizó varias subidas en el precio del metrobús (el billete de diez viajes para bus y metro), que entre 2009 y 2012 pasó de costar 7,40 euros a 12. Fernández sostiene que estos “tarifazos injustificados” y la falta de otros títulos intermodales han ido expulsando de la red a los usuarios ocasionales –los que realizan menos de 50 viajes al mes–, agravando la pérdida de viajeros hasta alcanzar cifras de 2003.

El siguiente paso fue el comienzo de los recortes, “sin criterios técnicos y sin estudiar previamente el correcto dimensionamiento de la red, como en el caso de los autobuses nocturnos, los llamado metrobúhos”, indica Fernández, que aporta datos: “Los servicios de Metro, EMT e Interurbanos se han reducido en torno a un 13% desde su máximo histórico, en 2011”.

Esto se traduce en “menos vehículos circulando y, por tanto, menor frecuencia de paso; el cierre de líneas de bus y de bocas de metro, y esa temperatura tropical de la que disfrutamos los usuarios del metro de Madrid en cualquier época del año”, remata con sorna García Aristegui, que invita a los usuarios a poner quejas para dejar constancia de estos problemas.

De hecho, Ignacio González anunció recientemente la venta de 73 coches de metro y el asesoramiento para su puesta en marcha en la ciudad de Buenos Aires a cambio de 32,6 millones de euros. Y manifestó que gracias a este tipo de operaciones ha sido posible la congelación de tarifas de Metro y EMT para este 2014. En opinión de García Aristegui, las recientes protestas de la Campaña MTP ante el Consorcio Regional de Transportes han tenido mucho que ver con esa medida, pero recuerda que “los billetes exclusivos de trenes –Cercanías, Media Distancia Convencional, FEVE y Avant de Renfe– han subido este año un 1,9% de media”, y advierte de que seguirán en las calles.

Barcelona: subidas de precio espectaculares

A diferencia de lo ocurrido en Madrid, Barcelona ha empezado el año con el anuncio de una subida de hasta el 8% en las tarifas del transporte público. El título que más se ha encarecido, un 5,10%, ha sido la T-10, la tarjeta de diez viajes que integra metro y bus y que utilizan el 70% de los viajeros. En total, la T-10 ha aumentado de precio un 71% en los últimos 10 años, y cuesta ya 10,30 euros.

“Se ha sobrepasado la línea roja de los 10 euros. Es un desafío a los usuarios, y decimos 'basta”, manifiesta categórico Pau Sotelo, uno de los portavoces de la plataforma Stop Pujades del Transport. Formada por entidades vecinales, asambleas del 15-M y usuarios, y surgida para responder a este nuevo tarifazo, esta plataforma señala como responsable de la situación a Xavier Trias, el alcalde de Barcelona, “de quien depende en gran medida seguir adelante con esta decisión”.

En las últimas semanas se han realizado movilizaciones en Barcelona para exigir la retirada de la subida del precio del transporte público y una mayor transparencia en la cuentas. Poco a poco se han ido sumando nuevos barrios, y el pasado 29 de enero tuvo lugar una huelga de usuarios de media hora que bloqueó todas las líneas de metro de la ciudad.

Como en Madrid, una gran obra estaría en el origen de la necesidad de la Generalitat de aumentar la recaudación por billete. En este caso, la línea 9 de metro, aún incipiente, que unirá en un arco Barcelona y varios municipios adyacentes. “La desviación del precio inicial de la obra junto a la fórmula de pago, vía canon que incorpora los intereses financieros, ha disparado el coste”, explica Albert Obiols, secretario de la asociación Promoció del Transport Públic.

“Un encarecimiento que Ayuntamiento y Generalitat están repercutiendo directamente en el usuario”, mientras, al igual que en Madrid, recortan servicios. Sotelo destaca el 'bus de barri', un autobús pequeño de proximidad que se ha eliminado en domingos y festivos, y cuya circulación se ha reducido un 10% entre semana y un 25% los fines de semana, complicando la movilidad entre barrios “sobre todo a gente mayor”.

En Cataluña, la demanda creciente de transporte público se había mantenido desde el boom que supuso la integración tarifaria en 2001, incluso durante los primeros años de la crisis. Pero con la gran subida de 2012, que triplicaba el IPC, se inició la caída en el número de usuarios del sistema que continúa hasta ahora.

A la vez, las autoridades toman “decisiones que potencian el uso del automóvil”, se queja Obiols, que propone la creación de una “T Ambiental”, un título con un precio asequible que se pueda amortizar con unos 40 viajes al mes, con un doble objetivo: “Atraer a más viajeros, bajar el uso del coche y, con ello, la contaminación en las ciudades”.

Bilbao: medios que compiten entre sí

El caso de Bilbao y alrededores es diferente. “Tenemos una buena red. El problema es que los diferentes medios compiten unos con otros por los usuarios”, afirma Javier Muñoz, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, que en 2008 organizó un equipo integrado por ecologistas, sindicatos y gente de la universidad para elaborar el “Libro blanco sobre el transporte público en Bilbao y su entorno”, con el objetivo de estudiar la situación de la red y elaborar propuestas para mejorar su eficiencia.

“Al analizar los datos observamos cómo a medida que la línea de metro avanzaba por la margen izquierda iba quitando usuarios a Renfe, que también tenía una línea por ahí, y a Bizkaibus”, rememora Sabino Fernández, experto en movilidad y uno de los autores del “Libro blanco”. Esta falta de coordinación entre instituciones y operadores estaba penalizando al propio servicio, “de forma que hay zonas de la ciudad con un transporte redundante, e incluso excesivo, y otras con medios de mala calidad o directamente sin ellos”.

Sabino Fernández y Raúl Méndez, delegado sindical de LAB en Metro Bilbao y coautor del “Libro blanco”, trabajan estos días en la actualización del texto. Como novedad han observado una bajada de usuarios constante en todos los modos, más acusada a partir de 2012, cuando las tarifas aumentaron por encima del IPC. Poco después se les añadió un 1% de IVA, lo que ha hecho crecer la recaudación, pese a la pérdida de viajeros.

Resulta llamativo que el metro, que hasta entonces había ido ganando usuarios a los otros medios, sea el operador que más ha perdido desde 2008, en parte debido a la masificación y en parte por el aumento del precio del viaje con Creditrans –una tarjeta monedero que utiliza el 50% de los usuarios–, que ha subido un 14% desde 2011, pasando de los 0,72 céntimos que costaba el viaje en 2011 a los 0,82 actuales, “lo que ha llevado a mucha gente a utilizar el bus, unos 10 céntimos más barato”, detalla Méndez. También, como en las ciudades de Madrid y Barcelona, han aumentado los desplazamientos a pie o en bicicleta.

Primar la rentabilidad frente al servicio público

Ante la pérdida de usuarios, Renfe ha ido bajando las frecuencias “y muchos operadores están escatimando en mantenimiento e incluso en seguridad, como hizo Veolia en Bilbobus, lo que le obligó a abandonar la concesión en 2012”, repasa este delegado sindical, que cuenta que las reducciones de servicios y de plantillas planteadas el año pasado por las empresas concesionarias de autobuses interurbanos llevaron a los trabajadores a la huelga en octubre.

En definitiva, en palabras de Sabino Fernández, “si el sistema no gana usuarios en general y cada vez da un peor servicio, no se está utilizando convenientemente el dinero de todos”.

Por todo ello, las propuestas recogidas en el “Libro blanco” tienen que ver con la racionalización de las tarifas –billete único para todos los operadores de Bizkaia con precios consensuados en función de origen y destino, independientemente del operador, y los mismos beneficios por edad, renta o desplazamiento–, y de los servicios, mediante una autoridad única que organice la red para “dar un servicio con menos coste y más calidad”, apostilla Fernández.

Raúl Méndez incide en que las autoridades priorizan la rentabilidad, por lo que “se tiende a reforzar el transporte cuando hay eventos especiales, como un partido de fútbol o un concierto, porque aumenta la recaudación, mientras se desatiende a usuarios cautivos, que no tienen otra forma de llegar a su trabajo, porque son pocos”. Desde Madrid, David García Aristegui apoya este argumento, y advierte de que el objetivo último de este enfoque podría ser la privatización del transporte.

“Están liquidando un servicio público por aplicarle criterios de rentabilidad que van más allá del servicio y tienen más que ver con intereses comerciales e incluso con la especulación inmobiliaria”, declara García Aristegui. “Sólo así se explica que se invierta en costosísimas campañas de publicidad o en estaciones fantasma –y cita la línea de metro al Parque Warner, cerrada hace casi dos años– antes que en atender las necesidades de la población, que tiene derecho a un transporte público de calidad, como a la sanidad o a la educación”.

Eva Filgueira, Olmo Calvo y Gabriel Pecot se han propuesto afrontar con sus cámaras un tema polémico. Hasta el 17 de febrero están en plena campaña de microfinanciación para sacar adelante su proyecto: Los que se quedan, un documental sobre los suicidios relacionados con la crisis.

“Queremos hablar de la crisis desde diferentes aspectos que, por desgracia, están caracterizando la situación, para poder tratarla en profundidad. Y si en nuestro primer trabajo denunciábamos la situación de exclusión de las personas sin trabajo, ahora vamos más allá. Centrarnos en los suicidios, y no sólo en los relacionados con los desahucios, ha sido una evolución natural”, cuenta Filgueira, refiriéndose al primer documental del equipo, No Job Land (Marca España).

“Los suicidios son quizás la consecuencia más grave de la crisis, de la que prácticamente no se ha hablado. Es un tema polémico, sensible, pero por eso mismo hay que investigarlo, dedicarle tiempo…, y sabemos que esto sólo será posible con el apoyo de la gente”. Para Pecot se trata de otra cara de la marca España, que algunos prefieren ocultar, aunque reconoce que para muchos expertos es difícil establecer una relación causal entre crisis económica y suicidios.

“Nosotros partimos de un estudio publicado en la revista The Lancet, que destaca un aumento de los suicidios en nuestro país en nichos específicos, concretamente entre las personas en edad laboral”, explica Pecot. Este estudio sobre los efectos de la crisis en la salud pública en Europa, publicado en 2009, concluye que por cada 1% de incremento en la cifra del paro aumentan un 0,79% los suicidios de hombres y mujeres menores de 65 años.

En la misma línea, un estudio publicado en la British Medical Journal en septiembre de 2013 muestra un aumento del 11,7% en los suicidios de jóvenes europeos tras el crack financiero de 2008. Y un informe de la Organización Mundial de la Salud que relaciona crisis económica y salud pública en Europa, presentado un mes después, alerta asimismo de un aumento de los suicidios proporcional al desempleo.

El aumento de los suicidios en España

Los datos del INE de 2012 parecen, en principio, corroborar estas conclusiones. Los suicidios en España han subido un 11,3% con respecto a 2011, llegando a los 3.539 casos, la cifra más alta desde que se recogen estas estadísticas en España, hace más de 100 años.

Sin embargo, la tasa por cada 100.000 habitantes, que permite establecer comparaciones, es el 7,6, casi idéntica a las de 2006-2009, más alta que en 2010 y 2011, e inferior a las de 2004 y 2005, por ejemplo. La tasa más baja fue en 2010, en plena crisis, y la más alta, en el año 2000, mucho antes de que esta empezara.

Aquí se detiene Santiago Durán-Sindreu, uno de los psiquiatras responsables del Plan de Prevención del Suicidio del Hospital Sant Pau y el Centro de Salud Mental de Dreta de l'Eixample, proyecto pionero –sólo existe uno más en marcha, en el Hospital de Sabadell– y que ha obtenido excelentes resultados en nueve años de trabajo: “La tasa se mantiene, con pequeñas variaciones que pueden ser movimientos aleatorios”.

Y señala que incluso las cifras europeas que manejan los estudios sufren un ligero repunte posterior a la crisis, pero “luego hay un efecto acomodaticio, y vuelven a su estado previo”. Este psiquiatra argumenta que la economía sumergida, la tipología de la familia o la religión católica son “factores protectores” que explicarían que la tasa española se mantenga entre las más bajas de Europa.

Durán-Sindreu recuerda que un estudio realizado por especialistas en salud de la Universidad de Baleares mostraba un aumento del 25% en las visitas a centros ambulatorios de salud mental por desórdenes mentales y abuso de alcohol entre 2006 y 2010. “Los trastornos mentales severos se mantienen, pero las depresiones reactivas y los trastornos adaptativos sí pueden aumentar con situación económica social desfavorable”, detalla este psiquiatra, que, sin embargo, considera “atrevido” vincular ambos factores sin una investigación más en profundidad.

Javier Jiménez, presidente de Red AIPIS (Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio), considera que la cifra de suicidios podría ser en realidad mayor, ya que algunos casos pueden quedar registrados como accidentes. “El problema es que, una vez descartado el homicidio, no se investigan los posibles desencadenantes de la muerte, con lo cual no podemos saber cuántos accidentes son suicidios ni los motivos que han llevado a la persona a acabar con su vida”.

“El suicidio es un fenómeno multicausal. Sin conocer las causas, las relaciones entre porcentajes son meramente estadísticas”, reconoce Jiménez. Aun con estas reservas en cuanto a los datos, en su opinión, “sin lugar a dudas, la crisis tiene consecuencias”: puede ser “un desencadenante más del suicidio, aunque no el único”, ni siquiera en los casos relacionados con los desahucios; pero, sobre todo, según él, “influye a través de los recortes en el Estado de bienestar”.

El factor más determinante del suicidio es que la persona haya hecho un intento previo, “y, si no hay una red de atención, un seguimiento psicológico o psiquiátrico 24 horas, o no hay camas en los hospitales para que la persona quede ingresada bajo supervisión médica, es muy probable que vuelva a intentarlo”, alerta este psicólogo clínico, “y lo mismo ocurre con los recortes en la atención a personas con trastornos mentales en general o conductas adictivas en particular”, presentes, según la OMS, en el 90% de los casos de suicidio.

En todo caso, está claro que el suicidio es un problema de salud pública. “En 2007 los suicidios se convierten en la primera causa de muerte no natural, debido, sobre todo, a la bajada en el número de accidentes de tráfico”, recuerda Durán-Sindreu, que destaca que en términos absolutos es la causa de muerte más frecuente en varones de 20 a 35 años y la segunda en los dos sexos en esta franja edad. “En España se suicidan nueve personas al día. ¿Es que estos muertos no le preocupan a nadie?”, se pregunta Jiménez.

En noviembre de 2012, a propuesta de UPyD, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en la necesidad de elaborar un plan estatal de prevención del suicidio, “pero no se ha hecho nada”, se lamenta Jiménez. “Si las medidas de prevención han sido eficaces para los accidentes, ¿por qué no se pone en marcha este plan estatal”?, insiste Durán-Sindreu, que recuerda que ya existen en otros países de la Unión Europea y que en diciembre del pasado año la Generalitat presentó el Código Riesgo Suicidio, “un embrión de plan autonómico”.

Ambos coinciden, como la mayor parte de los expertos hoy en día, en que es esencial que se hable de este asunto. “Hay que romper el tabú que estigmatiza el suicidio y tratarlo como se merece para buscar una solución”, demanda con contundencia Durán-Sindreu.

Hablar o no hablar: el 'efecto Werther'

Durante años se ha mantenido la idea de que informar sobre los casos de suicidio producía un efecto imitación que era deber de los medios evitar. En parte, esta tesis se basa en la famosa ola de suicidios –se dice que hasta 2.000 jóvenes se quitaron la vida– que se desencadenó en la Europa del XVIII tras la publicación de la novela de Goethe Las desventuras del joven Werther.

Por ejemplo, el Libro de estilo de El País, en el punto 1.6, aconseja una especial prudencia al periodista con las informaciones relativas a suicidios, “porque no siempre la apariencia coincide con la realidad, y también porque la psicología ha comprobado que estas noticias incitan a quitarse la vida a personas que ya eran propensas al suicidio y que sienten [...] un estímulo de imitación”. El texto, al que remite el portavoz del periódico consultado por eldiario.es sobre este tema, concluye que “los suicidios deberán publicarse solamente cuando se trate de personas de relevancia o supongan un hecho social de interés general”.

Muy similares son las recomendaciones del Manual de estilo de RTVE, que en su punto 5, 'Cuestiones sensibles', da como pauta evitar las informaciones referidas a suicidios “y, más aún, cuando sus protagonistas sean niños o adolescentes”. Y añade como excepción citarlo “como causa de una muerte especialmente cuando se trate de personalidades relevantes o cuando revelen un hecho social de interés general”.

Este manual detalla, además, los matices que deben acompañar siempre la información sobre estos casos, como evitar explicaciones simplistas y basadas en la especulación, no justificarlos con valores dignos de imitarse y no asociarlos a expresiones como “éxito, salida, opción, solución, etc.”.

El presidente de Red AIPIS y Durán-Sindeu están de acuerdo en que es fundamental un tratamiento correcto de la información. Y en que dar detalles o contar los suicidios de personas famosas con connotaciones románticas o positivas en algún sentido, sin mencionar los problemas mentales que probablemente padecían, puede tener un efecto contagio en personas vulnerables. Los dos se felicitan porque se esté empezando a hablar de ello, “y a asumir que hay que hacer algo, aunque desgraciadamente haya sido por los casos relacionados con los desahucios, dramáticos pero pocos con respecto a la cifra total”, en palabras de Durán-Sindreu.

“Personalmente creo que no hablar de las cosas hace que las situaciones se agraven y no beneficia a nadie. Por supuesto, hay que tratar esta cuestión de la forma adecuada y dar cabida a todas las voces”, resume Pecot, que defiende el deber de reflejar la realidad, por muy dura que sea, como tarea de un “periodismo con honestidad”.

Precisamente esto es lo que destacaba The Daily Telegraph al referirse al primer documental del equipo, No Job Land (Marca España), al que definía como “un conmovedor recordatorio de las dificultades económicas que muchas familias están sufriendo en España”. La repercusión del filme –sobre la acampada de la Asamblea de Parados y Paradas Fontarrón en junio de 2013 en Vallecas– ha superado con creces las expectativas de sus autores, pasando de muro a muro en las redes sociales y con miles de visitas diarias.

“Quizás nuestra aportación sea hacer lo imposible por poder dedicar el tiempo que necesita la gente para ser escuchada, una historia para ser contada”, continúa Pecot, e ir más allá de las imágenes de las protestas, que son “lo que se ve en casi todos los medios dentro y fuera de nuestras fronteras”, como se queja Calvo.

Filgueira añade un argumento más: hay que hablar de los suicidios relacionados con la crisis “por justicia social”, pero también para que “la gente sepa que no está sola”. Y Pecot zanja la cuestión con estas preguntas que su nuevo trabajo intentará responder: “¿Vamos a salir de la crisis (o algunos van a salir) sin haber contado algo tan importante como que la crisis, de un modo u otro, produce víctimas? ¿Qué pasa con los que se quedan?”.

“Me tocará, ya en la vejez, volver a coger las armas”, dice José Luis Carbonell con convicción, y también con un poco de sorna. El fundador y director de la clínica Mediterránea Médica, con sedes en Valencia y en Castellón, lleva más de 30 años defendiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. En su larga vida profesional este ginecólogo ha convivido con tres marcos legales y ha tenido que lidiar con varios procesos judiciales, acusado de realizar abortos ilegales. Y como él, son muchos los profesionales que están dispuestos a saltarse la ley que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

“Las leyes injustas no deben cumplirse”, afirma Diego Fernández, director y uno de los fundadores de la madrileña Clínica Dator, otro de los médicos que se declaran públicamente “insumisos” al anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre. Muchos de ellos acudieron a la embajada francesa a pedir 'asilo sanitario' para huir de una legislación que, de aprobarse tal y como está redactada, en opinión de Fernández “supone el retroceso a una España en la que no existían los derechos civiles”.

Fernández añade un elemento más. Sostiene que la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia genera una falta absoluta de garantías para los profesionales, sobre los cuales recae la responsabilidad del delito. Por eso, defiende, sólo realizarán las intervenciones “aquellos que tengan una conciencia muy fuerte y unas ideas muy claras”.

“Yo pienso seguir haciendo todos los abortos de las mujeres que me lo pidan. No me preocupan las que puedan viajar fuera, sino la mayoría que no va a poder hacerlo porque no tendrá medios económicos. No sé si volveré a realizar abortos clandestinos en las casas o venderé pastillas, ya veré, pero que sepan que por mi parte van a tener una campaña de desobediencia ante esta ley”, sentencia el doctor Carbonell. Fernández, en cambio, no quiere plantearse aún de qué forma llevaría a cabo esa insumisión. “Eso significaría resignarse y admitir que va a salir adelante, y yo voy a pelear con uñas y dientes para que no llegue a aprobarse”, explica.

“Sé que acabaré en la cárcel”

José Luis Carbonell ha sido el principal introductor del aborto farmacológico en España y en América Latina. El método es sencillo y se puede llevar a cabo hasta las nueve semanas de gestación, lo que engloba la inmensa mayoría de los abortos que se realizan. Consiste en la combinación de dos fármacos: la mifepristona o RU-486 y el misoprostol, comercializado en 120 países para el tratamiento de la úlcera de estómago pero que resulta ser “el más potente abortivo que existe”, según ha probado el doctor. En España se vende como Cytotec y, aunque “lo más correcto es combinar ambas pastillas”, es el fármaco que utilizan hoy en día millones de mujeres en los países en los que la interrupción del embarazo está prohibida y que prácticamente ha acabado con las muertes por abortos en condiciones infrasanitarias. Por esa razón, la OMS lo ha incluido en la lista de los 300 medicamentos esenciales para la humanidad.

Tras unos años de relativa tranquilidad con la ley de 2010 en vigor, Carbonell prevé una vuelta a las denuncias y a la inseguridad jurídica. “La propuesta del ministro Gallardón es mucho peor que la del 85”, se queja. La Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada recoge tan sólo dos supuestos –riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer y violación– y prevé un complejo proceso de entrevistas y papeleos para justificar la intervención. El supuesto de malformación fetal desaparece como tal y queda supeditado al daño que genere en la mujer. “Con este marco legal de hecho casi se suprimiría el derecho al aborto, ya que solamente se podría realizar el 1% de las intervenciones que hacemos hoy en día”, destaca Carbonell.

“Es una ley disuasoria”, coincide Fernández, “que va a generar dos realidades sociales: las mujeres que tengan medios económicos van a viajar a extranjero y van a a interrumpir su embarazo en condiciones sanitarias y legales correctas, y las que no estarán abocadas a un aborto clandestino sin ningún tipo de garantía sanitaria”. Al igual que Carbonell, Fernández ha pasado por varios procesos judiciales.

“No hablo como director de la Clínica Dator, porque en ella trabajan muchos otros profesionales que pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero yo ante esta ley estaría por la desobediencia civil”, concluye Fernández. “Sé que acabaré en la cárcel”, remata Carbonell. Pero ninguno de los dos está dispuesto a cumplir “una ley que clasifica a la mujer como un ser inferior, que no tiene capacidad para regirse a sí misma y que debe ser tutelada por unos psiquiatras que deciden por ella si debe abortar o no, lo que supone un retroceso de 40 años”, en palabras del director de Mediterránea Médica.

Mujeres víctimas, médicos culpables y alguna trampa

Marta del Pozo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, corrobora desde el punto de vista jurídico los argumentos de estos médicos. La mujer en principio no será penalizada por someterse a un aborto ilegal, ya que está considerada como una víctima, es decir, “una persona incapaz de tomar una decisión libre, voluntaria y consciente y que, por tanto, no puede ser castigada por esa decisión”. Sin embargo, destaca Del Pozo, podría acabar siendo sancionada en último término puesto que “sería testigo principal del proceso contra el médico que le haya realizado la intervención”. Esta profesora se pregunta si, como contempla la ley para estos casos, se va a perseguir a las mujeres que no vayan a declarar, o se les va a abrir diligencias por falso testimonio en el caso de que no quieran reconocer los hechos.

Pero sin duda quienes más complicado lo tendrán si el anteproyecto del Gobierno se convierte en ley son los ginecólogos y los psiquiatras. “Con el texto tal y como está, aquel médico que no cumpla a rajatabla con los supuestos que marca la futura ley cometerá presuntamente un delito recogido en el Código Penal, y será castigado con una pena de entre uno y tres años de prisión y de entre uno y seis de inhabilitación especial”. Además, al ser un delito público, “es perseguible de oficio y lo puede denunciar cualquier ciudadano, con lo que el profesional queda en una situación de inseguridad jurídica total”.

Del Pozo recalca que, en contra de lo que ha manifestado el Gobierno, esta ley no respeta la doctrina de 1985 del Tribunal Constitucional, “ya que no pondera los derechos fundamentales de la madre y la protección del bien jurídico que es el no nacido, sino que hace prevalecer al segundo por encima de la primera”. Por estas razones, la profesora de Derecho Procesal opina, como los ginecólogos, que se trata de una ley “absolutamente restrictiva, retrógrada, clasista, que nos aleja de Europa y que nos devuelve a los años sesenta y setenta, en los que no había legislación al respecto y morían entre 200 y 400 mujeres al año por someterse a abortos clandestinos…”. En definitiva, “es una ley que pisotea y anula los derechos fundamentales de las mujeres y, por tanto, inconstitucional”.

Los psiquiatras, en el margen de la ley

Entre los psiquiatras el debate no es si cumplir o no la ley, sino si es posible hacerlo. “En la Asociación Española de Neuropsiquiatría no hemos tenido ni una sola comunicación por parte del Ministerio de Justicia ni del de Sanidad sobre cómo podríamos llevar a cabo la tarea que nos encomienda la ley, que es prácticamente sustituir la voluntad de las mujeres, considerarlas como incompetentes o como enfermas mentales, y decidir por ellas si están en condiciones o no de tener un hijo”, afirma Eudoxia Gay, su presidenta.

La psiquiatra considera imposible “predecir fehacientemente que una persona va a sufrir un daño grave y permanente por un evento estresante, como es un embarazo no deseado”, de forma que la ley pondría a estos profesionales “entre la espada y la pared”. Tal y como ha salido del Consejo de Ministros, según Gay obligaría a los psiquiatras a realizar “prácticas sin base en evidencia científica y, por tanto, no éticas”: a mentir, emitiendo un informe para permitir a la mujer interrumpir su embarazo, o bien, ante la duda o el miedo a posibles denuncias, negarle el certificado y obligarla a continuar con la gestación. “Hiciera lo que hiciera, se hallaría en una situación de inseguridad jurídica total”. Tesis que confirma Marta del Pozo, que explica que los psiquiatras podrían ser considerados incluso como “coautores o cómplices” del delito de aborto ilegal.

Si a esta dificultad para conseguir un informe favorable sumamos que, como recuerda Gay, “actualmente en algunas Comunidades una cita para una consulta especializada de Psiquiatría tarda hasta dos meses”, este trámite podría alargar el proceso y “hacer imposible cumplir con los plazos para un aborto legal”. A diferencia de la ley de 2010, que dejaba cierto margen bajo el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, al que esta podía acogerse durante todo el embarazo, este proyecto establece el límite en las 22 semanas, más allá de las cuales sólo será posible abortar en caso de riesgo vital para la madre o una enfermedad del feto incompatible con la vida.

“Es un agravio hacia las mujeres y un cuestionamiento de la ética de los profesionales de la salud mental”, resume Gay. “Alguien debe de pensar que nosotros estamos aquí para extender certificados al gusto de la moral dominante o por caridad hacia las mujeres”.

La alternativa a la insumisión, el compromiso de conciencia

Isabel Serrano es ginecóloga y portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, que agrupa a diversas organizaciones de mujeres, de profesionales –entre ellas ACAI y la Clínica Dator–, de planificación familiar o jurídicas y sindicales. Serrano aporta un nuevo concepto, paralelo a la objeción de conciencia: el “compromiso de conciencia”, esto es “actuar con el conocimiento científico existente en favor del paciente para que no ponga en riesgo su salud”.

“Sabiendo que la OMS establece que hacer abortos en condiciones de ilegalidad produce muchos más riesgos de enfermedad y muerte para las mujeres, nuestra ética profesional y nuestro compromiso de conciencia nos obligaría a los profesionales a hacer todo lo posible para evitar abortos de riesgo”, argumenta. Y sentencia: “Las leyes por supuesto que importan, pero nosotros tenemos un deber sanitario que es evitar sufrimientos y riesgos innecesarios”.

La ginecóloga cuenta que este compromiso de conciencia es un concepto sanitario, no jurídico, habitual en otros países. Marta del Pozo aclara que ahora mismo en España “no está contemplado como tal en el Código Penal como atenuante o eximente”, aunque, de ser alegado por los médicos en los procesos penales por abortos ilegales, “podría, en su caso, ser asumido por la jurisprudencia encajándolo en el correspondiente artículo”. En todo caso, resultaría fundamental que no fueran hechos aislados para que “no se pusiera en peligro a los profesionales, sino, al contrario, se buscara la forma de protegerlos”, matiza Serrano.

Las palabras de José Luis Carbonell resumen el sentir de la mayoría de los implicados en este tema: médicos, psiquiatras, juristas: “Esta ley está en contra de la mayoría de la sociedad, como demuestran las últimas encuestas” y, cuando eso ocurre, “no hay más opción que rebelarse y desobedecer civilmente, por mucha mayoría absoluta que tenga el Gobierno”.

Al mirarlo uno ve a un hombre vestido de mujer. Pero él no se siente ni una cosa ni la otra. Se siente “Serge, una persona de género fluido”. Este ingeniero aerospacial de 39 años nacido en Lieja y criado en un pequeño pueblo en los alrededores de la ciudad belga tendrá que explicar esto ante un juez español en un par de semanas, en el juicio por la demanda que ha presentado a la multinacional en la que trabajaba. Los acusa de despedirlo por ir a trabajar en falda.

Serge se reconoce como transgénero, aunque no siempre lo tuvo tan claro. Cuando era adolescente no le interesaban los coches ni los deportes típicamente masculinos, y no entendía las diferencias en la forma de vestir entre chicos y chicas. “Hace 20 o 25 años, los estereotipos asociados a los géneros eran aún más fuertes que ahora, muy binarios”, explica.

Por aquel entonces, Serge se veía a sí mismo raro, enfermo, y reprimía sus sentimientos: “Antes se pensaba que una persona que tenía un cuerpo biológico de hombre pero que en la cabeza tenía un pensamiento que no era 100% masculino debía hacerse un tratamiento psicológico para identificarse como hombre o como mujer, y se la empujaba a empezar un tratamiento de hormonas y de cirugía. Yo no me identificaba con uno u otro. La gente de mi entorno me definía como una persona transexual, pero yo no me sentía así”.

Hasta que, en el año 2000, cuando acaba la carrera y se traslada a Italia a trabajar, aparece en su vida internet. “A través de la red, vi que en Estados Unidos y en otros sitios había muchas personas que reivindicaban que el género no era algo solamente interno, sino que era también una construcción sociocultural, así que era lógico que no fuera sólo algo binario, que fuera algo más variable”.

Y así, gracias a internet, Serge inicia un largo proceso de reconocimiento de su identidad que culmina unos cinco años después, cuando decide empezar a vestirse “no sólo de modo estereotipadamente masculino”, incluso para ir a trabajar a la Agencia Espacial Europea, en Frascati, cerca de Roma. “Empecé a tener confianza en mí mismo y a experimentar el modo de expresarme sin tener miedo de lo que pudieran pensar los demás”.

Una tercera identidad

Como explica Joana Cabrera Berger, vocal de la junta directiva y responsable de salud de Gamá –colectivo LGTB de Canarias–, la identidad transgénero es una tercera identidad de género con la que se han identificado muchas personas de distintas culturas a lo largo del tiempo bajo diferentes nombres, “como los two spirits entre los inuit, por ejemplo”. Dado que no hay registros en los que se indique esta identidad y estas personas tampoco quedan registradas sanitariamente, ya que no requieren tratamiento médico, es casi imposible determinar una cifra de personas transgénero en España.

Según Cabrera Berger, esta identidad de género aparece en la misma etapa que la de hombre y la de mujer, entre los 2 y los 5 años,“pero, como ocurre con las orientaciones sexuales no mayoritarias, se puede descubrir relativamente temprano o se puede no ser consciente de ella hasta mucho más tarde, dependiendo de la capacidad del entorno en el que uno se mueva para mostrar realidades alternativas a la normatividad hombres-mujeres y de la madurez de cada uno para entender el propio proceso vital y aceptarse tal como es”. Como le sucedió a Serge.

Para esta residente de Medicina Familiar y Comunitaria, el autodescubrimiento de las personas transgénero se va produciendo con el acceso a la información: “No sabes que eres transgénero porque nunca has oído hablar de esa posibilidad. Pero, al acercarnos al discurso transgénero, aquellas personas que lo somos sentimos un click. Algo cambia, porque por fin alguien nos nombra y le da forma a un sentimiento que hasta entonces pensábamos que sólo era una de nuestras muchas rarezas”.

Por eso, Gamá y los pocos grupos que trabajan la identidad transgénero se esfuerzan sobre todo en generar un entorno en el que las personas se sientan entre iguales y puedan compartir inquietudes y experiencias con libertad. Y así, argumenta Joana, “poco a poco, lograr organizarnos para poder estructurar en un futuro un discurso político sólido desde el que ir arañando derechos”.

Madrid, ciudad abierta

Serge pasó casi diez años en Italia y no tuvo ningún problema con su imagen. Al menos explícitamente: “No sufrí discriminación directa, pero tenía la impresión de que nunca iba a poder crecer profesionalmente allí por ser transgénero”. Una buena oportunidad profesional y la atracción que despertaba en él Madrid como una ciudad más abierta hacia el colectivo LGTB lo trajeron a España en 2009.

Trabajó tres años y medio en la misión SMOS, de la Agencia Espacial Europea, con un satélite de observación de la Tierra que mide la salinidad del mar y la humedad del suelo. Su contrato exigía movilidad geográfica y Serge no quería irse. Tenía pareja y se había comprado un piso en Madrid. Así que, antes de que terminara el proyecto, Serge buscó otro empleo.

Se reunió en Bélgica con cuatro altos cargos de la multinacional belga RHEA, que trabaja para la industria aerospacial en Europa, entre ellos, la directora de Operaciones, Nicola Mann, y les explicó su trayectoria y su condición. Le dijeron que no había ningún problema y, en enero de 2013, firmó un contrato por un periodo de prueba de seis meses como técnico de reclutamiento de profesionales altamente cualificados en este sector.

El contrato se realizó en español a través del grupo FES, con domicilio social en Madrid. Aunque su base de operaciones estaba en Bélgica y desde ahí podía moverse a varios países europeos, entre ellos España, Serge debía tributar aquí. Un detalle importante para la historia que viene después.

¿“Incompatibilidad con el director” o discriminación?

En febrero de 2013, la directora de Operaciones le sugirió a Serge que durante la visita del director general de la multinacional, Andre Sincennes, que vivía en Canadá, se vistiera “más formal”. Y Serge así lo hizo. El día en que el señor Sincennes apareció por las oficinas belgas, Serge iba de negro. Con falda. Nicola Mann le pidió que fuera a casa a ponerse unos pantalones porque el director, le explicó, tenía “otra mentalidad”. A Serge nunca le había sucedido algo parecido: “Lo sentí como un ataque a mi intimidad. No quería que me despidieran e hice lo que me decían, pero a cambio de poder entrevistarme con él”.

Con Nicola como testigo y sin mucha disposición al diálogo, Andre Sincennes se reunió con Serge y le explicó que no tenía ningún problema con la diversidad, que de hecho tenía amigos gais, pero que no podía ir a trabajar con falda porque su aspecto no se correspondía con la imagen de la empresa. Serge argumentó que otras empresas importantes habían mejorado su imagen precisamente gracias al apoyo que prestaban a los colectivos homosexuales o transexuales y que la ley española lo protegía, pero el director zanjó la conversación con un contundente: “No me importa. Estas son mis reglas”.

En mayo del mismo año, la jefa de Recursos Humanos y la directora de Operaciones le explicaron que su contrato se extinguía por no haber superado el periodo de prueba “por un problema de compatibilidad y comunicación con el director”.

Serge sabía el motivo real de su despido y decidió demandar a la empresa. “RHEA es parte de un grupo canadiense más grande que se llama ADGA, y el director general estaba contratado por el grupo canadiense para gestionar la multinacional RHEA en Europa, mientras que mi contrato con RHEA era español. Por eso he tenido que demandar a la empresa. Si hubiera podido ir a juicio sólo con esta persona, lo habría hecho. Con los otros empleados no he tenido ningún problema”.

Los periodos de prueba como excusa

La teoría está clara: una empresa puede tener su política propia, pero esta no puede ser nunca anticonstitucional o contraria a los derechos fundamentales, por ejemplo, de libertad de expresión. “Puede determinar un uniforme para los trabajadores, pero no puede meterse en cuestiones subjetivas que tienen que ver con una forma de ver la vida tradicional que se impone”, explica Ximo Cádiz, responsable de diversidad LGTB y ámbito laboral de la FELGTB.

El problema, aclara Cádiz, es que ningún empresario, y menos en época de crisis, va a justificar un despido por el aspecto; “dirá que el trabajador no ha superado el periodo de prueba o que hay que reajustar la plantilla”. Coincide con él el abogado de Serge, Armando Gil Benítez: “En derecho laboral vemos a menudo cómo estos periodos de prueba se utilizan para ocultar las razones reales de un despido, ya que en estos no se necesita ninguna causa para justificar la rescisión del contrato”. Por ello, el responsable de ámbito laboral de la FELGTB destaca lo complicado que resulta demostrar que detrás de ese argumento hay una discriminación.

Para Cádiz, aunque la sociedad española “ha madurado y se ha hecho mucho más flexible” en los últimos años, las leyes aún son insuficientes para dar respuesta a una sociedad diversa, en la que convive gente con diferentes opciones sexuales pero también con distintas religiones y culturas. “Por desgracia, nuestro marco jurídico no es capaz de asumir, y sobre todo de defender, esta diversidad”.

Las organizaciones piden leyes integrales contra la discriminación por identidad de género, como las que ya existen en Navarra y País Vasco y la que podría ser aprobada en cuatro o cinco meses tras su tramitación parlamentaria en Andalucía, que se convertiría así en la primera región de un Estado europeo en despatologizar la transexualidad, acatando las recomendaciones del Parlamento Europeo de diciembre de 2012, que instaban a los países miembros a modificar sus legislaciones en línea con la ley argentina, la primera en todo el mundo en hacerlo.

La inversión de la carga de la prueba

El principal instrumento legal con el que se cuenta en estos casos en la mayoría del territorio español, al igual que en los casos de violencia de género, es la inversión de la carga de la prueba, que España incorporó a su normativa en el último Gobierno de Aznar “deprisa y corriendo” un 30 de diciembre, justo antes de que el país fuera sancionado por no haber adaptado las dos directivas europeas del año 2000 que hablaban expresamente de la no discriminación en el ámbito laboral, expone Cádiz, “pero no hay un desarrollo correcto de ese dispositivo, como el que planteaba la Ley de Igualdad de Trato, que estuvo a punto de aprobarse en el último año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011”.

Como federación llevaron esta ley pendiente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que en principio se mostró abierto a considerar la propuesta, “pero la verdad es que los pasos que está dando en otros ámbitos no son en absoluto esperanzadores”, reconoce Cádiz.

A este dispositivo de inversión de la carga de la prueba se aferra el abogado de Serge, y lo explica así: “Si tú aportas indicios de que la causa del despido es una vulneración de un derecho constitucional; por ejemplo, si yo demuestro que Serge va vestido de mujer y eso se considera un indicio de que aquí hay discriminación, entonces la carga de la prueba se invierte, y es la empresa la que tiene que demostrar que hay otras razones para justificar que no haya superado el periodo de prueba”.

El derecho de Serge a llevar falda

“Para el juez es un caso complicado”, reconoce Gil Benítez. Al principio, el juez quiso que el caso se llevara en Bélgica. Cuando el abogado demostró que el contrato era español y que Serge estaba dado de alta en la Seguridad Social en España, el juez tuvo que admitirlo.

Ahora el problema es conseguir la declaración desde Bélgica de Nicola Mann, fundamental para Serge, ya que fue testigo de la explícita conversación que mantuvo con el director de la compañía. Ella sabe mejor que nadie que Serge no tuvo nunca problemas por su forma de vestir con ningún compañero, ni en las oficinas que visitaba buscando talentos, hasta su encuentro con Andre Sincennes. El juez ha quedado en resolver este punto en la vista oral. El 30 de enero empieza el juicio.

En definitiva, según Ximo Cádiz, “el transgenerismo puede parecer algo estrafalario, pero no es más que una opción de vida que hace una construcción social del género diferente a la que hasta ahora se ha asumido como única. Que Serge acuda a su empleo con una vestimenta que no encaja con el género que se le asigna no deja de ser lo mismo que si alguien decide ir a trabajar con un corte de pelo determinado, con un pendiente…”. Tanto Cádiz como el abogado de Serge recuerdan que hace no tantos años resultaba sorprendente que una mujer usara pantalones, y hoy es algo absolutamente habitual. Y se preguntan: ¿por qué ese mismo derecho no puede tenerlo un hombre?

Al mirarlo, una ve a unhombre vestido de mujer. Pero él no se siente ni una cosa ni laotra. Se siente “Serge, una persona de género fluido”.Aunque este ingeniero aerospacial de 39 años nacido en Lieja ycriado en un pequeño pueblo en los alrededores de la ciudad belga nosiempre lo tuvo tan claro. Cuando era adolescente, a Serge no leinteresaban los coches ni los deportes típicamente masculinos, y noentendía las diferencias en la forma de vestir entre chicos ychicas. “Hace 20 o 25 años, los estereotipos asociados a losgéneros eran aún más fuertes que ahora, muy binarios”,explica.

Por aquel entonces, Serge seveía a sí mismo raro, enfermo, y reprimía sus sentimientos: “Antesse pensaba que una persona que tenía un cuerpo biológico de hombrepero que en la cabeza tenía un pensamiento que no era 100% masculinodebía hacerse un tratamiento psicológico para identificarse comohombre o como mujer, y se la empujaba a empezar un tratamiento dehormonas y de cirugía. Yo no me identificaba con uno u otro. Lagente de mi entorno me definía como una persona transexual, pero yono me sentía así”.

Hasta que, en el año 2000,cuando acaba la carrera y se traslada a Italia a trabajar, aparece ensu vida Internet. “A través de la Red vi que en EE UU y enotros sitios había muchas personas que reivindicaban que el génerono era algo solamente interno, sino que era también una construcciónsociocultural, así que era lógico que no fuera solo algo binario,que fuera algo más variable”.

Y así, gracias a Internet,Serge inicia un largo proceso de reconocimiento de su identidad queculmina unos cinco años después, cuando decide empezar a vestirse“no solo de modo estereotipadamente masculino”, inclusopara ir a trabajar, a la Agencia Espacial Europea, en Frascati, cercade Roma. “Empecé a tener confianza en mí mismo y aexperimentar el modo de expresarme sin tener miedo de lo que pudieranpensar los demás”, rememora.

Una tercera identidad

Como explica Joana CabreraBerger, vocal de la junta directiva y responsable de salud de Gamá–colectivo LGTB de Canarias–, la identidad transgénero es unatercera identidad de género con la que se han identificado muchaspersonas de distintas culturas a lo largo del tiempo bajo diferentesnombres, “como los twospirits entre losinuit, por ejemplo”. Dado que no hay registros en los que seindique esta identidad y estas personas tampoco quedan registradassanitariamente, ya que no requieren tratamiento médico, es casiimposible determinar una cifra de personas transgénero en España.

Según Cabrera Berger, estaidentidad de género aparece en la misma etapa que la de hombre y lade mujer, entre los 2 y los 5 años, “pero, como ocurre con lasorientaciones sexuales no mayoritarias, se puede descubrirrelativamente temprano o se puede no ser consciente de ella hastamucho mas tarde, dependiendo de la capacidad del entorno en el queuno se mueva para mostrar realidades alternativas a la normatividadhombres-mujeres y de la madurez de cada uno para entender el propioproceso vital y aceptarse tal como es”.

Como le sucedió a Serge,para esta residente de Medicina Familiar y Comunitaria elautodescubrimiento de las personas transgénero se va produciendo conel acceso a la información: “No sabes que eres transgéneroporque nunca has oído hablar de esa posibilidad. Pero al acercarnosal discurso transgénero, aquellas personas que lo somos sentimos unclack.Algo cambia, porque por fin alguien nos nombra y le da forma a unsentimiento que hasta entonces pensábamos que solo era una denuestras muchas rarezas”.

Por eso, Gamá y los pocosgrupos que trabajan la identidad transgénero se esfuerzan sobre todoen generar un entorno en el que las personas se sientan entre igualesy puedan compartir inquietudes y experiencias con libertad. Y así,argumenta Joana, “poco a poco, lograr organizarnos para poderestructurar en un futuro un discurso político sólido desde el queir arañando derechos”.

Madrid, ciudad abierta

Serge pasó casi diez añosen Italia y no tuvo ningún problema con su imagen. Al menosexplícitamente: “No sufrí discriminación directa, pero teníala impresión de que nunca iba a poder crecer profesionalmente allípor ser transgénero”. Una buena oportunidad profesional y laatracción que despertaba en él Madrid como una ciudad más abiertahacia el colectivo LGTB lo trajeron a España en 2009.

Trabajó tres años y medioen la misión SMOS, de la Agencia Espacial Europea, con un satélitede observación de la Tierra que mide la salinidad del mar y lahumedad del suelo. Su contrato exigía movilidad geográfica y Sergeno quería irse. Tenía pareja y se había comprado un piso enMadrid. Así que antes de que terminara el proyecto y de que loecharan por no querer trasladarse a Italia o a Inglaterra, Sergebuscó otro empleo.

Se reunió en Bélgica concuatro altos cargos de la multinacional belga RHEA, que trabaja parala industria aerospacial en Europa, entre ellos la directora deOperaciones, Nicola Mann, y les explicó su trayectoria y sucondición. Le dijeron que no había ningún problema y, en enero de2013, firmó un contrato por un periodo de prueba de seis meses comotécnico de reclutamiento de profesionales altamente cualificados eneste sector.

El contrato se realizó enespañol a través del grupo FES, con domicilio social en Madrid.Aunque su base de operaciones estaba en Bélgica y desde ahí podíamoverse a varios países europeos, entre ellos España, Serge debíatributar aquí. Un detalle importante para la historia que vienedespués.

¿“Incompatibilidad conel director” o discriminación?

En febrero de 2013, ladirectora de Operaciones le sugirió a Serge que durante la próximavisita del director general de la multinacional, Andre Sincennes, quevivía en Canadá, se vistiera “más formal”. Y Serge asílo hizo. El día en que el señor Sincennes apareció por lasoficinas belgas, Serge iba de negro. Con falda. Nicola Mann le pidióque fuera a casa a ponerse unos pantalones porque el director, leexplicó, tenía otra mentalidad. A Serge nunca le había sucedidoalgo parecido: “Lo sentí como un ataque a mi intimidad. Noquería que me despidieran y lo hice, pero a cambio de poderentrevistarme con él”.

Con Nicola como testigo y sinmucha disposición al diálogo, Andre Sincennes se reunió con Sergey le explicó que no tenía ningún problema con la diversidad, quede hecho tenía amigos gays, pero que no podía ir a trabajar confalda porque su aspecto no se correspondía con la imagen de laempresa. Serge argumentó que otras empresas importantes habíanmejorado su imagen precisamente gracias al apoyo que prestaban a loscolectivos homosexuales o transexuales, pero el director zanjó laconversación con un contundente: “No me importa. Estas son misreglas”.

En mayo del mismo año, lajefa de Recursos Humanos y la directora de Operaciones le explicaronque su contrato se extinguía por no haber superado el periodo deprueba “por un problema de compatibilidad y comunicación con eldirector”.

Serge sabía el motivo realde su despido y decidió demandar a la empresa. “RHEA es partede un grupo más grande canadiense que se llama ADGA, y el directorgeneral estaba contratado por el grupo canadiense para gestionar lamultinacional RHEA en Europa, mientras que mi contrato con RHEA eraespañol. Por eso he tenido que demandar a la empresa. Si hubierapodido ir a juicio solo con esta persona, lo habría hecho. Con losotros empleados no he tenido ningún problema”, reconoce.

Los periodos de prueba comoexcusa

La teoría está clara: unaempresa puede tener su política propia, pero esta no puede ser nuncaanticonstitucional o contraria a los derechos fundamentales, porejemplo de libertad de expresión. “Puede determinar un uniformepara los trabajadores, pero no puede meterse en cuestionessubjetivas, que tienen que ver con una forma de ver la vidatradicional que se impone”, explica Ximo Cádiz, responsable dediversidad LGTB y ámbito laboral de la FELGTB.

El problema, aclara Cádiz,es que ningún empresario, y menos en época de crisis, va ajustificar un despido por el aspecto; “dirá que el trabajadorno ha superado el periodo de prueba o que hay que reajustar laplantilla”. Coincide con él el abogado de Serge, Armando GilBenítez: “En derecho laboral vemos a menudo cómo estosperiodos de prueba se utilizan para ocultar las razones reales de undespido, ya que en estos no se necesita ninguna causa para justificarla rescisión del contrato”. Por ello, el responsable de ámbitolaboral de la FELGTB destaca lo complicado que resulta demostrar quedetrás de ese argumento hay una discriminación.

Para Cádiz, aunque lasociedad española “ha madurado y se ha hecho mucho másflexible” en los últimos años, las leyes aún soninsuficientes para dar respuesta a una sociedad diversa, en la queconvive gente con diferentes opciones sexuales pero también condistintas religiones y culturas. “Por desgracia, nuestro marcojurídico no es capaz de asumir, y sobre todo de defender, estadiversidad”, resume.

Las organizaciones pidenleyes integrales, como la que ya existe en Navarra y la que podríaser aprobada en cuatro o cinco meses tras su tramitaciónparlamentaria en Andalucía, que se convertiría así en la primeraregión de un Estado europeo en despatologizar la transexualidad,acatando las recomendaciones del Parlamento Europeo de diciembre de2012, que instaban a los países miembros a modificar suslegislaciones en línea con la argentina, la primera en todo el mundoen hacerlo.

La inversión de la carga dela prueba

El principal instrumentolegal con el que se cuenta en estos casos en la mayoría delterritorio español, al igual que en los casos de violencia degénero, es la inversión de la carga de la prueba, que Españaincorporó a su normativa en el último Gobierno de Aznar “deprisay corriendo”, un 30 de diciembre, justo antes de que el paísfuera sancionado por no haber adaptado las dos directivas europeasdel año 2000 que hablaban expresamente de la no discriminación enel ámbito laboral, cuenta Cádiz, “pero no hay un desarrollocorrecto de ese dispositivo, como el que planteaba la Ley de Igualdadde Trato, que estuvo a punto de aprobarse en el último año deGobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011”.

Como Federación llevaronesta ley pendiente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,que en principio se mostró abierto a considerar la propuesta, “perola verdad es que los pasos que está dando en otros ámbitos no sonen absoluto esperanzadores”, reconoce Cádiz.

A este dispositivo deinversión de la carga de la prueba se aferra el abogado de Serge, ylo explica así: “Si tú aportas indicios de que la causa deldespido es una vulneración de un derecho constitucional, por ejemplosi yo demuestro que Serge va vestido de mujer y eso se considera unindicio de que aquí hay discriminación, entonces la carga de laprueba se invierte, y es la empresa la que tiene que demostrar quehay otras razones para justificar que no haya superado el periodo deprueba”.

El derecho de Serge a llevarfalda

“Para el juez es un casocomplicado”, reconoce Gil Benítez. Al principio, el juez quisoque el caso se llevara en Bélgica. Cuando el abogado demostró queel contrato era español y que Serge estaba dado de alta en laSeguridad Social en España, el juez tuvo que admitirlo. Ahora elproblema es conseguir la declaración desde Bélgica de Nicola Mann,fundamental para Serge, ya que fue testigo de la explícitaconversación que este mantuvo con el director de la compañía. Ellasabe mejor que nadie que Serge no tuvo nunca problemas por su formade vestir con ningún compañero ni en las oficinas que visitababuscando talentos, hasta su encuentro con Andre Sincennes. El juez haquedado en resolver este punto en la vista oral. El 30 de eneroempieza el juicio.

En definitiva, según XimoCádiz, “el transgenerismo puede parecer algo estrafalario, perono deja de ser una opción de vida que hace una construcción socialdel género diferente a la que hasta ahora se ha asumido como única.Que Serge acuda a su empleo con una vestimenta que no encaja con elgénero que se le asigna no deja de ser lo mismo que si alguiendecide trabajar con un corte de pelo determinado, con un pendiente…”.Tanto Cádiz como el abogado de Serge recuerdan que hace no tantosaños resultaba sorprendente que una mujer usara pantalones, y hoy esalgo absolutamente habitual. Y se preguntan: ¿por qué ese mismoderecho no puede tenerlo un hombre?

Al mirarlo, una ve a unhombre vestido de mujer. Pero él no se siente ni una cosa ni laotra. Se siente “Serge, una persona de género fluido”.Aunque este ingeniero aerospacial de 39 años nacido en Lieja ycriado en un pequeño pueblo en los alrededores de la ciudad belga nosiempre lo tuvo tan claro. Cuando era adolescente, a Serge no leinteresaban los coches ni los deportes típicamente masculinos, y noentendía las diferencias en la forma de vestir entre chicos ychicas. “Hace 20 o 25 años, los estereotipos asociados a losgéneros eran aún más fuertes que ahora, muy binarios”,explica.

Por aquel entonces, Serge seveía a sí mismo raro, enfermo, y reprimía sus sentimientos: “Antesse pensaba que una persona que tenía un cuerpo biológico de hombrepero que en la cabeza tenía un pensamiento que no era 100% masculinodebía hacerse un tratamiento psicológico para identificarse comohombre o como mujer, y se la empujaba a empezar un tratamiento dehormonas y de cirugía. Yo no me identificaba con uno u otro. Lagente de mi entorno me definía como una persona transexual, pero yono me sentía así”.

Hasta que, en el año 2000,cuando acaba la carrera y se traslada a Italia a trabajar, aparece ensu vida Internet. “A través de la Red vi que en EE UU y enotros sitios había muchas personas que reivindicaban que el génerono era algo solamente interno, sino que era también una construcciónsociocultural, así que era lógico que no fuera solo algo binario,que fuera algo más variable”.

Y así, gracias a Internet,Serge inicia un largo proceso de reconocimiento de su identidad queculmina unos cinco años después, cuando decide empezar a vestirse“no solo de modo estereotipadamente masculino”, inclusopara ir a trabajar, a la Agencia Espacial Europea, en Frascati, cercade Roma. “Empecé a tener confianza en mí mismo y aexperimentar el modo de expresarme sin tener miedo de lo que pudieranpensar los demás”, rememora.

Una tercera identidad

Como explica Joana CabreraBerger, vocal de la junta directiva y responsable de salud de Gamá–colectivo LGTB de Canarias–, la identidad transgénero es unatercera identidad de género con la que se han identificado muchaspersonas de distintas culturas a lo largo del tiempo bajo diferentesnombres, “como los twospirits entre losinuit, por ejemplo”. Dado que no hay registros en los que seindique esta identidad y estas personas tampoco quedan registradassanitariamente, ya que no requieren tratamiento médico, es casiimposible determinar una cifra de personas transgénero en España.

Según Cabrera Berger, estaidentidad de género aparece en la misma etapa que la de hombre y lade mujer, entre los 2 y los 5 años, “pero, como ocurre con lasorientaciones sexuales no mayoritarias, se puede descubrirrelativamente temprano o se puede no ser consciente de ella hastamucho mas tarde, dependiendo de la capacidad del entorno en el queuno se mueva para mostrar realidades alternativas a la normatividadhombres-mujeres y de la madurez de cada uno para entender el propioproceso vital y aceptarse tal como es”.

Como le sucedió a Serge,para esta residente de Medicina Familiar y Comunitaria elautodescubrimiento de las personas transgénero se va produciendo conel acceso a la información: “No sabes que eres transgéneroporque nunca has oído hablar de esa posibilidad. Pero al acercarnosal discurso transgénero, aquellas personas que lo somos sentimos unclack.Algo cambia, porque por fin alguien nos nombra y le da forma a unsentimiento que hasta entonces pensábamos que solo era una denuestras muchas rarezas”.

Por eso, Gamá y los pocosgrupos que trabajan la identidad transgénero se esfuerzan sobre todoen generar un entorno en el que las personas se sientan entre igualesy puedan compartir inquietudes y experiencias con libertad. Y así,argumenta Joana, “poco a poco, lograr organizarnos para poderestructurar en un futuro un discurso político sólido desde el queir arañando derechos”.

Madrid, ciudad abierta

Serge pasó casi diez añosen Italia y no tuvo ningún problema con su imagen. Al menosexplícitamente: “No sufrí discriminación directa, pero teníala impresión de que nunca iba a poder crecer profesionalmente allípor ser transgénero”. Una buena oportunidad profesional y laatracción que despertaba en él Madrid como una ciudad más abiertahacia el colectivo LGTB lo trajeron a España en 2009.

Trabajó tres años y medioen la misión SMOS, de la Agencia Espacial Europea, con un satélitede observación de la Tierra que mide la salinidad del mar y lahumedad del suelo. Su contrato exigía movilidad geográfica y Sergeno quería irse. Tenía pareja y se había comprado un piso enMadrid. Así que antes de que terminara el proyecto y de que loecharan por no querer trasladarse a Italia o a Inglaterra, Sergebuscó otro empleo.

Se reunió en Bélgica concuatro altos cargos de la multinacional belga RHEA, que trabaja parala industria aerospacial en Europa, entre ellos la directora deOperaciones, Nicola Mann, y les explicó su trayectoria y sucondición. Le dijeron que no había ningún problema y, en enero de2013, firmó un contrato por un periodo de prueba de seis meses comotécnico de reclutamiento de profesionales altamente cualificados eneste sector.

El contrato se realizó enespañol a través del grupo FES, con domicilio social en Madrid.Aunque su base de operaciones estaba en Bélgica y desde ahí podíamoverse a varios países europeos, entre ellos España, Serge debíatributar aquí. Un detalle importante para la historia que vienedespués.

¿“Incompatibilidad conel director” o discriminación?

En febrero de 2013, ladirectora de Operaciones le sugirió a Serge que durante la próximavisita del director general de la multinacional, Andre Sincennes, quevivía en Canadá, se vistiera “más formal”. Y Serge asílo hizo. El día en que el señor Sincennes apareció por lasoficinas belgas, Serge iba de negro. Con falda. Nicola Mann le pidióque fuera a casa a ponerse unos pantalones porque el director, leexplicó, tenía otra mentalidad. A Serge nunca le había sucedidoalgo parecido: “Lo sentí como un ataque a mi intimidad. Noquería que me despidieran y lo hice, pero a cambio de poderentrevistarme con él”.

Con Nicola como testigo y sinmucha disposición al diálogo, Andre Sincennes se reunió con Sergey le explicó que no tenía ningún problema con la diversidad, quede hecho tenía amigos gays, pero que no podía ir a trabajar confalda porque su aspecto no se correspondía con la imagen de laempresa. Serge argumentó que otras empresas importantes habíanmejorado su imagen precisamente gracias al apoyo que prestaban a loscolectivos homosexuales o transexuales, pero el director zanjó laconversación con un contundente: “No me importa. Estas son misreglas”.

En mayo del mismo año, lajefa de Recursos Humanos y la directora de Operaciones le explicaronque su contrato se extinguía por no haber superado el periodo deprueba “por un problema de compatibilidad y comunicación con eldirector”.

Serge sabía el motivo realde su despido y decidió demandar a la empresa. “RHEA es partede un grupo más grande canadiense que se llama ADGA, y el directorgeneral estaba contratado por el grupo canadiense para gestionar lamultinacional RHEA en Europa, mientras que mi contrato con RHEA eraespañol. Por eso he tenido que demandar a la empresa. Si hubierapodido ir a juicio solo con esta persona, lo habría hecho. Con losotros empleados no he tenido ningún problema”, reconoce.

Los periodos de prueba comoexcusa

La teoría está clara: unaempresa puede tener su política propia, pero esta no puede ser nuncaanticonstitucional o contraria a los derechos fundamentales, porejemplo de libertad de expresión. “Puede determinar un uniformepara los trabajadores, pero no puede meterse en cuestionessubjetivas, que tienen que ver con una forma de ver la vidatradicional que se impone”, explica Ximo Cádiz, responsable dediversidad LGTB y ámbito laboral de la FELGTB.

El problema, aclara Cádiz,es que ningún empresario, y menos en época de crisis, va ajustificar un despido por el aspecto; “dirá que el trabajadorno ha superado el periodo de prueba o que hay que reajustar laplantilla”. Coincide con él el abogado de Serge, Armando GilBenítez: “En derecho laboral vemos a menudo cómo estosperiodos de prueba se utilizan para ocultar las razones reales de undespido, ya que en estos no se necesita ninguna causa para justificarla rescisión del contrato”. Por ello, el responsable de ámbitolaboral de la FELGTB destaca lo complicado que resulta demostrar quedetrás de ese argumento hay una discriminación.

Para Cádiz, aunque lasociedad española “ha madurado y se ha hecho mucho másflexible” en los últimos años, las leyes aún soninsuficientes para dar respuesta a una sociedad diversa, en la queconvive gente con diferentes opciones sexuales pero también condistintas religiones y culturas. “Por desgracia, nuestro marcojurídico no es capaz de asumir, y sobre todo de defender, estadiversidad”, resume.

Las organizaciones pidenleyes integrales, como la que ya existe en Navarra y la que podríaser aprobada en cuatro o cinco meses tras su tramitaciónparlamentaria en Andalucía, que se convertiría así en la primeraregión de un Estado europeo en despatologizar la transexualidad,acatando las recomendaciones del Parlamento Europeo de diciembre de2012, que instaban a los países miembros a modificar suslegislaciones en línea con la argentina, la primera en todo el mundoen hacerlo.

La inversión de la carga dela prueba

El principal instrumentolegal con el que se cuenta en estos casos en la mayoría delterritorio español, al igual que en los casos de violencia degénero, es la inversión de la carga de la prueba, que Españaincorporó a su normativa en el último Gobierno de Aznar “deprisay corriendo”, un 30 de diciembre, justo antes de que el paísfuera sancionado por no haber adaptado las dos directivas europeasdel año 2000 que hablaban expresamente de la no discriminación enel ámbito laboral, cuenta Cádiz, “pero no hay un desarrollocorrecto de ese dispositivo, como el que planteaba la Ley de Igualdadde Trato, que estuvo a punto de aprobarse en el último año deGobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011”.

Como Federación llevaronesta ley pendiente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,que en principio se mostró abierto a considerar la propuesta, “perola verdad es que los pasos que está dando en otros ámbitos no sonen absoluto esperanzadores”, reconoce Cádiz.

A este dispositivo deinversión de la carga de la prueba se aferra el abogado de Serge, ylo explica así: “Si tú aportas indicios de que la causa deldespido es una vulneración de un derecho constitucional, por ejemplosi yo demuestro que Serge va vestido de mujer y eso se considera unindicio de que aquí hay discriminación, entonces la carga de laprueba se invierte, y es la empresa la que tiene que demostrar quehay otras razones para justificar que no haya superado el periodo deprueba”.

El derecho de Serge a llevarfalda

“Para el juez es un casocomplicado”, reconoce Gil Benítez. Al principio, el juez quisoque el caso se llevara en Bélgica. Cuando el abogado demostró queel contrato era español y que Serge estaba dado de alta en laSeguridad Social en España, el juez tuvo que admitirlo. Ahora elproblema es conseguir la declaración desde Bélgica de Nicola Mann,fundamental para Serge, ya que fue testigo de la explícitaconversación que este mantuvo con el director de la compañía. Ellasabe mejor que nadie que Serge no tuvo nunca problemas por su formade vestir con ningún compañero ni en las oficinas que visitababuscando talentos, hasta su encuentro con Andre Sincennes. El juez haquedado en resolver este punto en la vista oral. El 30 de eneroempieza el juicio.

En definitiva, según XimoCádiz, “el transgenerismo puede parecer algo estrafalario, perono deja de ser una opción de vida que hace una construcción socialdel género diferente a la que hasta ahora se ha asumido como única.Que Serge acuda a su empleo con una vestimenta que no encaja con elgénero que se le asigna no deja de ser lo mismo que si alguiendecide trabajar con un corte de pelo determinado, con un pendiente…”.Tanto Cádiz como el abogado de Serge recuerdan que hace no tantosaños resultaba sorprendente que una mujer usara pantalones, y hoy esalgo absolutamente habitual. Y se preguntan: ¿por qué ese mismoderecho no puede tenerlo un hombre?

¿Cómo afecta a las mujeres la reforma de la ley aprobada por el Consejo de Ministros?

Esta ley es una verdadera bofetada a los derechos de las mujeres y supone que muchas de las mujeres que van a abortar tendrán que hacerlo de forma clandestina. Esta ley apuesta por el aborto clandestino, lo que significa la desprotección de las mujeres, de su salud y de su vida. El Consejo de Ministros ha respondido a lo que piden la jerarquía eclesiástica y los sectores más patriarcales, fundamentalistas, conservadores y reaccionarios de la sociedad, a los que poco importan los derechos de las mujeres. Es más, sólo piensan en la mujer embarazada como incubadora, por lo que plantean respetar la vida de la mujer en la medida en que es funcional a la vida del feto.

El ministro habla en cambio de que se trata de dos bienes jurídicos protegibles, el 'nascituru' o no nacido y la mujer.

Creo que el nombre de la ley deja claro su carácter profunda y exclusivamente ideológico, en la medida en que lo que dicen que les interesa es el no nacido como algo contrapuesto al derecho de las mujeres a decidir. Para nosotras lo que hay que defender es la vida de las personas. Pero ellos son los primeros que no protegen ni a uno ni a la otra. Nosotras somos las primeras que defendemos que las mujeres que se quedan embarazadas y quieren tener un hijo puedan hacerlo en condiciones de dignidad. Y por esa misma razón también somos las defensoras del derecho al aborto. Esta ley lo único que hace es ponerlo más difícil.

¿Cómo encaja esta reforma en un contexto de crisis económica?

Llevamos tiempo manifestándonos en contra de los recortes que hace el Gobierno en los servicios públicos y que son los que ponen trabas a la maternidad: recortes en la atención a la dependencia, en las escuelas infantiles, el no permitir la prolongación de los permisos de paternidad y maternidad… El Gobierno que aplica una política de recortes brutal a los derechos de las mujeres que quieren ser madres no puede venderse como defensor de la maternidad. Las mujeres no les importan. Y con esta ley lo están demostrando. Es una ley cruel con las mujeres.

¿Qué supone eliminar la decisión libre de la mujer en las 14 primeras semanas de gestación que recoge la ley de 2010?

Con la ley actual hasta las 14 semanas se respeta la decisión de la mujer. No hay problema porque no hay nada que interpretar, pero con este supuesto de riesgo para la salud de la mujer que se introduce ahora se abre la puerta a la interpretación, por lo que existe la posibilidad de que en muchos casos se asegure que no existe tal riesgo o que no se han hecho las pruebas suficientes para determinarlo, lo cual deja a la mujer en una inseguridad jurídica total y la condena a la clandestinidad.

La nueva ley obliga a las menores de 16 y 17 años a ser acompañadas por sus padres o tutores legales. ¿Qué consecuencias puede traer esto para aquellas que tienen problemas para comunicar la decisión a sus padres?

Esto lo único que supone es que avalan el aborto clandestino, porque estas mujeres van a abortar, sólo que lo harán fuera de la ley. De esta forma, la ley deja en una total desprotección a estas menores que tienen serias razones para no informar a sus padres o tutores.

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho que la discapacidad o anomalía del feto “no es en sí misma merecedora de disminución de derechos de protección”.

Sólo se debería suprimir el supuesto fetal en el caso de que se permitiera la libre decisión de las mujeres. Porque sabemos que muchos de estos casos quedarán fuera de la ley, ya que los especialistas que deben elaborar los informes -ya los estamos viendo en muchas Comunidades- muchas veces son contrarios al aborto. Así, hay mujeres se van a encontrar con un dictamen negativo o que tarde mucho y se pase el plazo. Esto significa introducir un dolor terrible para estas mujeres. Es de una crueldad que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.

El ministro ha dicho que esta ley protege también el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. ¿Esto puede significar en la práctica que la interrupción del embarazo no esté garantizada?

Lejos de regular la objeción de conciencia, que era algo muy importante para garantizar que estas intervenciones se realicen en la red sanitaria pública, esta ley hace lo contrario: dar más facilidades para los médicos y personal sanitario para que puedan negarse a hacer un aborto. En realidad, la ley está protegiendo más el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario que el derecho de las mujeres a ser atendidas. Es una nueva forma de condenar y criminalizar el aborto.

Desde una perspectiva global, ¿cuáles creen que serán las principales consecuencias de esta ley?

Efectivamente, incluso con la ley de 2010, al estar considerado el aborto como delito, cualquiera puede interpretar que el motivo que ha llevado a una mujer a abortar no es el que está despenalizado. Por eso se producen denuncias y juicios. Pero esta nueva ley va más allá y va a generar una inseguridad jurídica absoluta para las mujeres y para los profesionales que realizan las intervenciones. Va a suponer que la mayoría de las mujeres van a tener que recurrir a abortar a otros países o a abortos clandestinos, con lo que eso supone de riesgo para su vida y para su salud, como sabemos por los estudios comparativos con otros países. Estamos en el siglo XXI, las mujeres llevamos mucho tiempo peleando por esto y yo creo que hay un respeto social al derecho de las mujeres a decidir. Que venga este señor a tratar de devolvernos a los años setenta es algo que no se explica de ninguna forma, nada más que por ese afán de contentar a los sectores más ultra.

Una de las principales quejas de las asociaciones de mujeres ha sido que para la elaboración de este proyecto no se ha contado con ellas. Sin embargo, Ruiz-Gallardón ha hablado de retomar un consenso acorde con tres sentencias del Tribunal Constitucional desde 1985, roto con la ley de 2010.

No había ninguna demanda social en el sentido de hacer una ley más restrictiva. Solamente de estos sectores ultra, que se movilizan y vociferan mucho, pero son una minoría. Y efectivamente, una de las cuestiones más increíbles de este proceso es que siempre que se hace una modificación de ley se monta un órgano consultivo, se consulta a las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, a los especialistas… y en este caso no se han puesto en contacto con ellos y nadie sabe quién forma parte de esa comisión de expertos que ha elaborado este proyecto. El proceso se ha llevado a cabo con un oscurantismo absoluto. Esto, además de una falta de transparencia absoluta, incumple un principio elemental en el desarrollo de derechos humanos, que es la necesidad de consultar abiertamente y de forma transparente a la sociedad. Lo segundo denunciable es que el Gobierno ha estado utilizando el aborto permanentemente como moneda de cambio, creando cierta alarma social, creando mucha intranquilidad entre las mujeres y entre los profesionales que realizan las interrupciones.

Desde que se planteó la contrarreforma de Gallardón, nosotras hemos solicitado reuniones con todos los grupos políticos para plantearles nuestra preocupación por la situación, nuestra propuesta de en qué sentido podría haber un cambio de ley y la importancia y la gravedad que tendría que saliera adelante esta contrarreforma. En general hubo mucha receptividad por parte del PSOE, el grupo mixto, BNG, Amaiur… Todos los que están en la oposición nos han escuchado, pero el partido de Gobierno no ha tenido el menor interés.

Después de solicitar en repetidas ocasiones una reunión con el ministro, finalmente antes del verano las recibió el subsecretario de Justicia. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo recibió sus propuestas?

Fue absolutamente formal. El ministerio nos han dejado perfectamente claro que su planteamiento está en las antípodas del nuestro, que su preocupación es la defensa de la vida del feto, que efectivamente no tiene nada que ver con la nuestra, que es el derecho de las mujeres a decidir, y que, por lo tanto, no había diálogo posible ni interés por su parte en que lo hubiera.

El ministro no ha dado muchos detalles sobre la educación afectivo-sexual que, dice, se potenciará desde las instituciones.

Se les llena la boca de decir que lo que defienden es el derecho de las mujeres a la maternidad, cuando ellos mismos están aprobando y aplicando políticas que suponen que lo poco que se llegó a implantar de educación afectivo-sexual ahora ya sea inexistente. Y ha desaparecido también la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que algo se podía hablar al respecto. Además, en agosto han retirado la financiación en la Seguridad Social a los anticonceptivos de última generación, los más modernos, y cada vez un mayor número de anticonceptivos se tienen que pagar, con lo cual las mujeres con más dificultades económicas (inmigrantes, jóvenes y muchas otras) tienen complicado acceder a ellos. Es un discurso totalmente cínico, porque en realidad ellos no quieren prevenir el embarazo no deseado ni facilitar el acceso de las mujeres al control sobre su propio cuerpo. Realmente somos las feministas las que queremos trabajar por la prevención de embarazos no deseados, las que defendemos las políticas de anticoncepción, la educación sexual... Y, llegado el caso, defendemos por supuesto el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo no deseado.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy elanteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebidoy los Derechos de la mujer Embarazada, presentado por el ministro deJusticia, Alberto Ruiz Gallardón. Se trata de una ley de supuestosque recoge la posibilidad de interrumpir el embarazo sólo en caso deviolación, dentro de las 12 primeras semanas de gestación, y depeligro para la vida y la salud física o psíquica de la madre, enlas 22 primeras. Hablamos sobre esta controvertida reforma con JustaMontero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid y de Mujeres anteel Congreso, una plataforma nacida en 2009 y compuesta porasociaciones del Estado español que lucha por la despenalizacióndel aborto voluntario y por el derecho de las mujeres a decidir.

¿Cuál es su primera valoración de esteanteproyecto?

La propuesta aprobada hoy por el Consejo de Ministroses una verdadera bofetada a los derechos de las mujeres y supone quela inmensa mayoría de las mujeres que van a abortar tendrán quehacerlo de forma clandestina. Esta ley apuesta por el abortoclandestino, lo que significa la desprotección de las mujeres, de susalud y de su vida. Esta ley responde, y con ello el Consejo deMinistros, a lo que piden los sectores ultra de esta sociedad y lajerarquía eclesiástica, a los que poco importan los derechos de lasmujeres, que sólo piensan en la mujer embarazada como incubadora yque por lo que plantean respetan la vida de la mujer en la medida enque es funcional a la vida del feto. Esto es de una gravedad y de unaindignidad para las mujeres. Nosotras no sólo nos manifestamostotalmente en contra de cualquier modificación en sentido regresivocon respecto a la ley de 2010, sino que además creemos que lospartidos en el Congreso tendrían que llegar a un acuerdo paraampliar la ley en aquellos aspectos que siguen siendo problemáticospara que las mujeres puedan interrumpir un embarazo con libertad ycon dignidad cuando así lo decidan. Que sepa este Gobierno que nosva a tener enfrente hasta conseguir que esta ley no salga adelante ypara demostrar a qué intereses responde este proyecto.

PREGUNTA: El ministro habla de dos bienes jurídicosprotegibles, que sitúa al mismo nivel, el 'nascituru' o no nacido yla mujer. Esto queda claro desde el mismo nombre de la ley. ¿Quéopinas de este planteamiento?

Creo que el nombre de la ley deja claro el carácterprofunda y exclusivamente ideológico de la propuesta del Gobierno.En el contenido de la ley lo único que hace es crear más problemaspara las mujeres que van a abortar, es decir, que no responde a lasnecesidades de las mujeres, y en su título muestra claramente esecarácter ideológico en la medida en que lo que dicen que lesinteresa es el no nacido como algo contrapuesto al derecho de lasmujeres a decidir. Para nosotras lo que hay que defender es la vidade las personas. Ellos son los primeros que no protegen ni a uno ni aotra. Nosotras somos las primeras que defendemos que las mujeres quese quedan embarazadas y quieren tener un hijo lo puedan tener encondiciones de dignidad. Y por esa misma razón también somos lasdefensoras del derecho al aborto. Por eso nos manifestamos en contrade los recortes que están haciendo desde el Gobierno en losservicios públicos y que ponen trabas a la maternidad, recortes enla atención a la dependencia, en las escuelas infantiles, el nopermitir la prolongación de los permisos de paternidad y maternidad…Es decir, este Gobierno, que está aplicando una política derecortes brutal a los derechos también de las mujeres que quierenser madres, no puede decir que son ellos los defensores de lamaternidad. El título de esta ley se hace eco de lo que plantean lossectores más conservadores y la jerarquía católica, contraria alaborto pero también al divorcio, a los métodos anticonceptivos… atodo lo que supone un paso adelante en los derechos de las mujeres.Las mujeres no les importan. Y con esta ley lo están demostrando. Esuna ley cruel con las mujeres.

PREGUNTA: ¿Qué supone para ustedes que se eliminela decisión libre de la mujer en las 14 primeras semanas degestación, como recoge la ley de 2010?

Con la ley del 2010, como hasta las 14 semanas serespeta la decisión de la mujer, no hay problema porque no hay nadaque interpretar, pero con este supuesto de riesgo para la salud de lamujer que se introduce ahora se puede interpretar que en algunoscasos no existe tal riesgo o que no se han hecho las pruebassuficientes para determinarlo, lo cual deja a la mujer en unainseguridad jurídica total y la saca de la ley hacia laclandestinidad.

PREGUNTA: La nueva ley obliga a las menores a seracompañadas por sus progenitores o tutores legales. ¿Quéconsecuencias puede traer este último punto para aquellas menoresque tienen problemas para comunicar su decisión a sus padres, y que,por cierto, son tan sólo un 13% del total de menores que abortan?

Esto lo único que supone es que avalan el abortoclandestino, porque estas mujeres van a abortar, sólo que lo haránfuera de la ley. De esta forma, la ley deja en una totaldesprotección a estas menores que tienen serias razones para noinformar a sus padres o tutores.

PREGUNTA: Finalmente se ha confirmado que lamalformación del feto sale de los supuestos y sólo se contemplasiempre que esa anomalía suponga un daño físico o psíquico“importante y duradero” para la mujer, algo que debendemostrar dos especialistas mediante sendos informes, uno que pruebela anomalía y otro que pruebe el daño, y que no pueden ser el mismomédico que va a realizar o dirigir el aborto. Ruiz-Gallardón hadicho que la discapacidad o anomalía del feto “no es en símisma merecedora de disminución de derechos de protección”.¿Qué te parece que desaparezca este supuesto?

A estas mujeres que quieran interrumpir su embarazopor malformación del feto nuevamente se las lleva al abortoclandestino. Nosotras opinamos que sólo se podría suprimir estesupuesto en el caso de que se permitiera la libre decisión de lasmujeres. Porque sabemos que muchos de estos casos quedarán fuera dela ley, ya que los especialistas que deben elaborar los informes yaestamos viendo en muchas Comunidades que muchas veces son médicoscontrarios del aborto, con lo cual esta vía queda en muchos casoscerrada, porque muchas mujeres se van a encontrar con un dictamennegativo o que tarde mucho y se pase el plazo. El que no quepa estaposibilidad al quitar este supuesto y la libre decisión de lasmujeres significa introducir un dolor terrible para estas mujeres quees de una crueldad que no sé cómo no se les cae la cara devergüenza. Que quede claro que el problema es que al quitar estesupuesto hay muchos casos quei se suprime este supuesto,

PREGUNTA: El ministro ha dicho que esta ley protegetambién el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, quedeben explicitar su posición, para organizar la atención a lasmujeres, pero que pueden apelar a él hasta el último momento. Estopuede significar en la práctica que el derecho de las mujeres ainterrumpir su embarazo no esté garantizado…

Lejos de regular la objeción de conciencia, que eraalgo muy importante para garantizar que estas intervenciones serealicen en la red sanitaria pública, esta ley hace lo contrario:dar más facilidades para los médicos y personal sanitario para quepuedan negarse a hacer el aborto. En realidad, la ley estáprotegiendo más el derecho a la objeción de conciencia del personalsanitario que el derecho de las mujeres a ser atendidas. Es una nuevaforma de condenar y criminalizar el aborto.

PREGUNTA: Desde una perspectiva global, ¿cuálescreen que serán las principales consecuencias de esta ley?

Efectivamente, incluso con la ley de 2010, al estarconsiderado el aborto como delito, cualquiera puede interpretar queel motivo que ha llevado a una mujer a abortar no es el que estádespenalizado. Por eso se producen denuncias y juicios. Pero estanueva ley va más allá y va a generar una inseguridad jurídicaabsoluta para las mujeres y para los profesionales que realizan lasintervenciones. Va a suponer que la mayoría de las mujeres van atener que recurrir a abortar en otros países y que muchas mujeresrecurran al aborto clandestino, con lo que eso supone de riesgo parala vida y para la salud de las mujeres, como sabemos por los estudioscomparativos con otros países. Pero es que estamos en le siglo XXI,las mujeres llevamos mucho tiempo peleando por esto y yo creo que anivel social hay un respeto al derecho de las mujeres a decidir. Quevenga este señor a tratar de devolvernos a los años setenta es algoque no se explica de ninguna forma, nada más que por ese afán decontentar a los sectores más ultra.

PREGUNTA: Una de las principales quejas de lasasociaciones de mujeres ha sido que para la elaboración de esteproyecto no se ha contado con ellas ni con profesionales y expertosen el asunto, y que el ministro sólo atiende a las demandas de lossectores más conservadores de la sociedad y de la Iglesia.Ruiz-Gallardón ha hablado de retomar un consenso, acorde además contres sentencias del Tribunal Constitucional desde 1985, roto con laley de 2010.

Efectivamente, una de las cuestiones más increíblesde este proceso es que siempre que se hace una modificación de leyse monta un órgano consultivo, se consulta a las asociaciones endefensa de los derechos de las mujeres, a los especialistas… y eneste caso no se han puesto en contacto con ellos y nadieabsolutamente conoce quién forma parte de esa comisión de expertosque ha estado elaborando este proyecto. El proceso se ha llevado acabo con un oscurantismo absoluto. Esto en sí mismo indica unproblema, porque denota que efectivamente no hay ningún interés enconocer la opinión de las personas implicadas, ni en que se sepa,incluso, a quiénes están escuchando. Esto es muy preocupante porquemuestra una falta de transparencia absoluta, y además incumple unprincipio elemental en el desarrollo de derechos humanos, que es lanecesidad de consultar abiertamente y de forma transparente a lasociedad. Lo segundo denunciable es que el Gobierno ha estadoutilizando el aborto permanentemente como moneda de cambio, creandocierta alarma social, creando mucha intranquilidad entre las mujeresy entre los profesionales que realizan las interrupciones.

Desde que se planteó la contrarreforma de Gallardón,nosotras hemos solicitado reuniones con todos los grupos políticospara plantearles nuestra preocupación por la situación, nuestrapropuesta de en qué sentido podría haber un cambio de ley y laimportancia y la gravedad que tendría que saliera adelante estacontrarreforma. En general, hubo mucha receptividad por parte delPSOE, el grupo mixto, BNG, Amaiur… Todos los que están en laoposición nos han escuchado, pero el partido de Gobierno no hatenido el menor interés.

PREGUNTA: Después de solicitar en repetidasocasiones una reunión con el ministro, finalmente antes del veranolas recibió el subsecretario de Justicia. ¿Cómo fue esa reunión?¿Cómo recibió sus propuestas?

Fue absolutamente formal. El partido de Gobierno y,en este caso, el Ministerio nos han dejado perfectamente claro que suplanteamiento está en las antípodas del nuestro, que supreocupación es la defensa de la vida del feto, que efectivamente notiene nada que ver con la nuestra, que es el derecho de las mujeres adecidir, y que, por lo tanto, no había diálogo posible ni interésninguno por su parte en que lo hubiera.

PREGUNTA: Por otro lado, el ministro no ha dadomuchos detalles sobre la educación afectivo-sexual que, dice, sepotenciará desde las instituciones.

Su propuesta es de tal hipocresía… Se les llena laboca de decir que lo que defienden es el derecho por excelencia delas mujeres a la maternidad, cuando ellos mismos están aprobando yaplicando políticas que suponen que lo poco que se llegó aimplantar de educación afectivo-sexual ahora ya sea inexistente. Yha desaparecido también la asignatura de Educación para laCiudadanía, en la que algo se podía hablar al respecto. Los pocosresquicios que había para ir implantando en el sistema educativo deforma normalizada la educación afectivo-sexual ahora mismo hanquedado en nada. No existe. Además, en agosto han retirado lafinanciación en la Seguridad Social a los anticonceptivos de últimageneración, los más modernos, y cada vez un mayor número deanticonceptivos se tienen que pagar, con lo cual las mujeres con másdificultades económicas (inmigrantes, jóvenes y muchas otras)tienen serias dificultades para acceder a ellos. También estánhaciendo desaparecer escuelas infantiles o encareciéndolas,dificultando, así, la maternidad. Es decir, que restringen lasmedidas que podrían ayudar a evitar los embarazos no deseados y, conello, los abortos. Es un discurso totalmente cínico, que secontradice permanentemente con lo que en realidad hacen. Porque, enrealidad, ellos no quieren prevenir el embarazo no deseado nifacilitar el acceso de las mujeres al control sobre su propio cuerpo.Es una cuestión ideológica del ministro de Justicia y a tono con laidea represora del Gobierno de prohibir y negar los derechos ylibertades, en este caso el derecho de la mujer a decidir sobre supropio cuerpo. Esto demuestra que realmente somos las feministas lasque queremos trabajar por la prevención de embarazos no deseados,las defendemos las políticas de anticoncepción, la educaciónsexual, etcétera. Aunque, llegado el caso, defendemos por supuestoel derecho de las mujeres a decidir, y que puedan, en el caso de queasí lo deseen, interrumpir un embarazo no deseado.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las demandas de Mujeres anteel Congreso?

Nosotras venimos planteando un cambio en un sentidototalmente contrario al de esta reforma, centrado en ampliar ysolucionar los límites que tiene la actual legislación,fundamentalmente en dos ámbitos. Por un lado, que el aborto no puedeestar tipificado como delito en el Código Penal. Mientras seaconsiderado un delito y no un derecho, el desarrollo legislativo va aestar plagado de trampas y obstáculos para las mujeres. El abortotiene que ser un derecho y tiene que estar reconocido como tal. Lasegunda cuestión clave es garantizar que efectivamente se puedarealizar dentro de la red sanitaria pública. Sin estos dos puntos nose puede hablar de un reconocimiento del derecho de las mujeres adecidir la interrupción del embarazo, ya que no se estaríagarantizando este derecho. Garantías que no se cumplen con la ley de2010. Y lo que nos encontramos es que el cambio que plantea elministro de Justicia no atiende precisamente a esas necesidades, sinoal planteamiento ideológico de los sectores más patriarcales,fundamentalistas, conservadores y reaccionarios de la sociedad, entreellos de la jerarquía católica, a la que sabemos que nunca le hanimportado la libertad, la autonomía y los derechos de las mujeres,sino al contrario. Hay que tener en cuenta que hay muchas mujerescatólicas que están de acuerdo en que las mujeres puedan decidir einterrumpir el embarazo en ciertas condiciones y otros católicos quelo piensan así pero no se pronuncian. Porque además, efectivamente,con dificultades o problemas, hasta ahora las mujeres ibanresolviendo su situación, y no había ninguna demanda social en elsentido de hacer una ley más restrictiva. Solamente de estossectores ultra, que se movilizan y vociferan mucho, pero son unaminoría. En realidad, lo que quieren es un modelo social en el quelas mujeres ocupen el papel tradicional que veníamos ocupando en laépoca del franquismo. Si ellos quieren vivir así, que lo hagan,pero que hagan el favor de dejarnos en paz a los demás.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy elanteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebidoy los Derechos de la mujer Embarazada, presentado por el ministro deJusticia, Alberto Ruiz Gallardón. Se trata de una ley de supuestosque recoge la posibilidad de interrumpir el embarazo sólo en caso deviolación, dentro de las 12 primeras semanas de gestación, y depeligro para la vida y la salud física o psíquica de la madre, enlas 22 primeras. Hablamos sobre esta controvertida reforma con JustaMontero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid y de Mujeres anteel Congreso, una plataforma nacida en 2009 y compuesta porasociaciones del Estado español que lucha por la despenalizacióndel aborto voluntario y por el derecho de las mujeres a decidir.

¿Cuál es su primera valoración de esteanteproyecto?

La propuesta aprobada hoy por el Consejo de Ministroses una verdadera bofetada a los derechos de las mujeres y supone quela inmensa mayoría de las mujeres que van a abortar tendrán quehacerlo de forma clandestina. Esta ley apuesta por el abortoclandestino, lo que significa la desprotección de las mujeres, de susalud y de su vida. Esta ley responde, y con ello el Consejo deMinistros, a lo que piden los sectores ultra de esta sociedad y lajerarquía eclesiástica, a los que poco importan los derechos de lasmujeres, que sólo piensan en la mujer embarazada como incubadora yque por lo que plantean respetan la vida de la mujer en la medida enque es funcional a la vida del feto. Esto es de una gravedad y de unaindignidad para las mujeres. Nosotras no sólo nos manifestamostotalmente en contra de cualquier modificación en sentido regresivocon respecto a la ley de 2010, sino que además creemos que lospartidos en el Congreso tendrían que llegar a un acuerdo paraampliar la ley en aquellos aspectos que siguen siendo problemáticospara que las mujeres puedan interrumpir un embarazo con libertad ycon dignidad cuando así lo decidan. Que sepa este Gobierno que nosva a tener enfrente hasta conseguir que esta ley no salga adelante ypara demostrar a qué intereses responde este proyecto.

PREGUNTA: El ministro habla de dos bienes jurídicosprotegibles, que sitúa al mismo nivel, el 'nascituru' o no nacido yla mujer. Esto queda claro desde el mismo nombre de la ley. ¿Quéopinas de este planteamiento?

Creo que el nombre de la ley deja claro el carácterprofunda y exclusivamente ideológico de la propuesta del Gobierno.En el contenido de la ley lo único que hace es crear más problemaspara las mujeres que van a abortar, es decir, que no responde a lasnecesidades de las mujeres, y en su título muestra claramente esecarácter ideológico en la medida en que lo que dicen que lesinteresa es el no nacido como algo contrapuesto al derecho de lasmujeres a decidir. Para nosotras lo que hay que defender es la vidade las personas. Ellos son los primeros que no protegen ni a uno ni aotra. Nosotras somos las primeras que defendemos que las mujeres quese quedan embarazadas y quieren tener un hijo lo puedan tener encondiciones de dignidad. Y por esa misma razón también somos lasdefensoras del derecho al aborto. Por eso nos manifestamos en contrade los recortes que están haciendo desde el Gobierno en losservicios públicos y que ponen trabas a la maternidad, recortes enla atención a la dependencia, en las escuelas infantiles, el nopermitir la prolongación de los permisos de paternidad y maternidad…Es decir, este Gobierno, que está aplicando una política derecortes brutal a los derechos también de las mujeres que quierenser madres, no puede decir que son ellos los defensores de lamaternidad. El título de esta ley se hace eco de lo que plantean lossectores más conservadores y la jerarquía católica, contraria alaborto pero también al divorcio, a los métodos anticonceptivos… atodo lo que supone un paso adelante en los derechos de las mujeres.Las mujeres no les importan. Y con esta ley lo están demostrando. Esuna ley cruel con las mujeres.

PREGUNTA: ¿Qué supone para ustedes que se eliminela decisión libre de la mujer en las 14 primeras semanas degestación, como recoge la ley de 2010?

Con la ley del 2010, como hasta las 14 semanas serespeta la decisión de la mujer, no hay problema porque no hay nadaque interpretar, pero con este supuesto de riesgo para la salud de lamujer que se introduce ahora se puede interpretar que en algunoscasos no existe tal riesgo o que no se han hecho las pruebassuficientes para determinarlo, lo cual deja a la mujer en unainseguridad jurídica total y la saca de la ley hacia laclandestinidad.

PREGUNTA: La nueva ley obliga a las menores a seracompañadas por sus progenitores o tutores legales. ¿Quéconsecuencias puede traer este último punto para aquellas menoresque tienen problemas para comunicar su decisión a sus padres, y que,por cierto, son tan sólo un 13% del total de menores que abortan?

Esto lo único que supone es que avalan el abortoclandestino, porque estas mujeres van a abortar, sólo que lo haránfuera de la ley. De esta forma, la ley deja en una totaldesprotección a estas menores que tienen serias razones para noinformar a sus padres o tutores.

PREGUNTA: Finalmente se ha confirmado que lamalformación del feto sale de los supuestos y sólo se contemplasiempre que esa anomalía suponga un daño físico o psíquico“importante y duradero” para la mujer, algo que debendemostrar dos especialistas mediante sendos informes, uno que pruebela anomalía y otro que pruebe el daño, y que no pueden ser el mismomédico que va a realizar o dirigir el aborto. Ruiz-Gallardón hadicho que la discapacidad o anomalía del feto “no es en símisma merecedora de disminución de derechos de protección”.¿Qué te parece que desaparezca este supuesto?

A estas mujeres que quieran interrumpir su embarazopor malformación del feto nuevamente se las lleva al abortoclandestino. Nosotras opinamos que sólo se podría suprimir estesupuesto en el caso de que se permitiera la libre decisión de lasmujeres. Porque sabemos que muchos de estos casos quedarán fuera dela ley, ya que los especialistas que deben elaborar los informes yaestamos viendo en muchas Comunidades que muchas veces son médicoscontrarios del aborto, con lo cual esta vía queda en muchos casoscerrada, porque muchas mujeres se van a encontrar con un dictamennegativo o que tarde mucho y se pase el plazo. El que no quepa estaposibilidad al quitar este supuesto y la libre decisión de lasmujeres significa introducir un dolor terrible para estas mujeres quees de una crueldad que no sé cómo no se les cae la cara devergüenza. Que quede claro que el problema es que al quitar estesupuesto hay muchos casos quei se suprime este supuesto,

PREGUNTA: El ministro ha dicho que esta ley protegetambién el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, quedeben explicitar su posición, para organizar la atención a lasmujeres, pero que pueden apelar a él hasta el último momento. Estopuede significar en la práctica que el derecho de las mujeres ainterrumpir su embarazo no esté garantizado…

Lejos de regular la objeción de conciencia, que eraalgo muy importante para garantizar que estas intervenciones serealicen en la red sanitaria pública, esta ley hace lo contrario:dar más facilidades para los médicos y personal sanitario para quepuedan negarse a hacer el aborto. En realidad, la ley estáprotegiendo más el derecho a la objeción de conciencia del personalsanitario que el derecho de las mujeres a ser atendidas. Es una nuevaforma de condenar y criminalizar el aborto.

PREGUNTA: Desde una perspectiva global, ¿cuálescreen que serán las principales consecuencias de esta ley?

Efectivamente, incluso con la ley de 2010, al estarconsiderado el aborto como delito, cualquiera puede interpretar queel motivo que ha llevado a una mujer a abortar no es el que estádespenalizado. Por eso se producen denuncias y juicios. Pero estanueva ley va más allá y va a generar una inseguridad jurídicaabsoluta para las mujeres y para los profesionales que realizan lasintervenciones. Va a suponer que la mayoría de las mujeres van atener que recurrir a abortar en otros países y que muchas mujeresrecurran al aborto clandestino, con lo que eso supone de riesgo parala vida y para la salud de las mujeres, como sabemos por los estudioscomparativos con otros países. Pero es que estamos en le siglo XXI,las mujeres llevamos mucho tiempo peleando por esto y yo creo que anivel social hay un respeto al derecho de las mujeres a decidir. Quevenga este señor a tratar de devolvernos a los años setenta es algoque no se explica de ninguna forma, nada más que por ese afán decontentar a los sectores más ultra.

PREGUNTA: Una de las principales quejas de lasasociaciones de mujeres ha sido que para la elaboración de esteproyecto no se ha contado con ellas ni con profesionales y expertosen el asunto, y que el ministro sólo atiende a las demandas de lossectores más conservadores de la sociedad y de la Iglesia.Ruiz-Gallardón ha hablado de retomar un consenso, acorde además contres sentencias del Tribunal Constitucional desde 1985, roto con laley de 2010.

Efectivamente, una de las cuestiones más increíblesde este proceso es que siempre que se hace una modificación de leyse monta un órgano consultivo, se consulta a las asociaciones endefensa de los derechos de las mujeres, a los especialistas… y eneste caso no se han puesto en contacto con ellos y nadieabsolutamente conoce quién forma parte de esa comisión de expertosque ha estado elaborando este proyecto. El proceso se ha llevado acabo con un oscurantismo absoluto. Esto en sí mismo indica unproblema, porque denota que efectivamente no hay ningún interés enconocer la opinión de las personas implicadas, ni en que se sepa,incluso, a quiénes están escuchando. Esto es muy preocupante porquemuestra una falta de transparencia absoluta, y además incumple unprincipio elemental en el desarrollo de derechos humanos, que es lanecesidad de consultar abiertamente y de forma transparente a lasociedad. Lo segundo denunciable es que el Gobierno ha estadoutilizando el aborto permanentemente como moneda de cambio, creandocierta alarma social, creando mucha intranquilidad entre las mujeresy entre los profesionales que realizan las interrupciones.

Desde que se planteó la contrarreforma de Gallardón,nosotras hemos solicitado reuniones con todos los grupos políticospara plantearles nuestra preocupación por la situación, nuestrapropuesta de en qué sentido podría haber un cambio de ley y laimportancia y la gravedad que tendría que saliera adelante estacontrarreforma. En general, hubo mucha receptividad por parte delPSOE, el grupo mixto, BNG, Amaiur… Todos los que están en laoposición nos han escuchado, pero el partido de Gobierno no hatenido el menor interés.

PREGUNTA: Después de solicitar en repetidasocasiones una reunión con el ministro, finalmente antes del veranolas recibió el subsecretario de Justicia. ¿Cómo fue esa reunión?¿Cómo recibió sus propuestas?

Fue absolutamente formal. El partido de Gobierno y,en este caso, el Ministerio nos han dejado perfectamente claro que suplanteamiento está en las antípodas del nuestro, que supreocupación es la defensa de la vida del feto, que efectivamente notiene nada que ver con la nuestra, que es el derecho de las mujeres adecidir, y que, por lo tanto, no había diálogo posible ni interésninguno por su parte en que lo hubiera.

PREGUNTA: Por otro lado, el ministro no ha dadomuchos detalles sobre la educación afectivo-sexual que, dice, sepotenciará desde las instituciones.

Su propuesta es de tal hipocresía… Se les llena laboca de decir que lo que defienden es el derecho por excelencia delas mujeres a la maternidad, cuando ellos mismos están aprobando yaplicando políticas que suponen que lo poco que se llegó aimplantar de educación afectivo-sexual ahora ya sea inexistente. Yha desaparecido también la asignatura de Educación para laCiudadanía, en la que algo se podía hablar al respecto. Los pocosresquicios que había para ir implantando en el sistema educativo deforma normalizada la educación afectivo-sexual ahora mismo hanquedado en nada. No existe. Además, en agosto han retirado lafinanciación en la Seguridad Social a los anticonceptivos de últimageneración, los más modernos, y cada vez un mayor número deanticonceptivos se tienen que pagar, con lo cual las mujeres con másdificultades económicas (inmigrantes, jóvenes y muchas otras)tienen serias dificultades para acceder a ellos. También estánhaciendo desaparecer escuelas infantiles o encareciéndolas,dificultando, así, la maternidad. Es decir, que restringen lasmedidas que podrían ayudar a evitar los embarazos no deseados y, conello, los abortos. Es un discurso totalmente cínico, que secontradice permanentemente con lo que en realidad hacen. Porque, enrealidad, ellos no quieren prevenir el embarazo no deseado nifacilitar el acceso de las mujeres al control sobre su propio cuerpo.Es una cuestión ideológica del ministro de Justicia y a tono con laidea represora del Gobierno de prohibir y negar los derechos ylibertades, en este caso el derecho de la mujer a decidir sobre supropio cuerpo. Esto demuestra que realmente somos las feministas lasque queremos trabajar por la prevención de embarazos no deseados,las defendemos las políticas de anticoncepción, la educaciónsexual, etcétera. Aunque, llegado el caso, defendemos por supuestoel derecho de las mujeres a decidir, y que puedan, en el caso de queasí lo deseen, interrumpir un embarazo no deseado.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las demandas de Mujeres anteel Congreso?

Nosotras venimos planteando un cambio en un sentidototalmente contrario al de esta reforma, centrado en ampliar ysolucionar los límites que tiene la actual legislación,fundamentalmente en dos ámbitos. Por un lado, que el aborto no puedeestar tipificado como delito en el Código Penal. Mientras seaconsiderado un delito y no un derecho, el desarrollo legislativo va aestar plagado de trampas y obstáculos para las mujeres. El abortotiene que ser un derecho y tiene que estar reconocido como tal. Lasegunda cuestión clave es garantizar que efectivamente se puedarealizar dentro de la red sanitaria pública. Sin estos dos puntos nose puede hablar de un reconocimiento del derecho de las mujeres adecidir la interrupción del embarazo, ya que no se estaríagarantizando este derecho. Garantías que no se cumplen con la ley de2010. Y lo que nos encontramos es que el cambio que plantea elministro de Justicia no atiende precisamente a esas necesidades, sinoal planteamiento ideológico de los sectores más patriarcales,fundamentalistas, conservadores y reaccionarios de la sociedad, entreellos de la jerarquía católica, a la que sabemos que nunca le hanimportado la libertad, la autonomía y los derechos de las mujeres,sino al contrario. Hay que tener en cuenta que hay muchas mujerescatólicas que están de acuerdo en que las mujeres puedan decidir einterrumpir el embarazo en ciertas condiciones y otros católicos quelo piensan así pero no se pronuncian. Porque además, efectivamente,con dificultades o problemas, hasta ahora las mujeres ibanresolviendo su situación, y no había ninguna demanda social en elsentido de hacer una ley más restrictiva. Solamente de estossectores ultra, que se movilizan y vociferan mucho, pero son unaminoría. En realidad, lo que quieren es un modelo social en el quelas mujeres ocupen el papel tradicional que veníamos ocupando en laépoca del franquismo. Si ellos quieren vivir así, que lo hagan,pero que hagan el favor de dejarnos en paz a los demás.

Consuelo no contaba con quedarse embarazada. Tenía 38 años, un trabajo fijo relacionado con sus estudios, un sueldo razonable; pero la relación con su pareja no era buena. “Era una relación muy tóxica y yo sabía que tenía que terminar. Y sonará poco moderno, pero yo tenía muy claro que quería formar una familia, no tener un hijo sola”.

Cuando supo que estaba embarazada, decidió no tenerlo: “A pesar de que parecía mi último tren, y de hecho lo ha sido, para mí ser madre significa hacer feliz y ofrecer lo mejor a tu hijo, y yo sabía que en esa circunstancia eso era absolutamente impensable para mí. Si tú eres una persona desgraciada, difícilmente puedes hacer feliz a nadie ni darle lo que necesita. Y yo no quiero sentir un hijo como una carga, ni que un bebé y yo supongamos una carga para otra persona”.

El caso de María fue algo distinto. Tenía 25 años. Había estudiado una carrera universitaria, trabajaba como becaria, menos de 1.000 euros al mes, y compartía piso con unas amigas. Ella misma lo resume: “No me sobraba el dinero”. Tenía pareja estable, pero él vivía en otra ciudad. Se compró un test de embarazo cuando llevaba unos meses sin la regla. Aunque era algo habitual para ella y estaba tranquila porque usaba protección, prefirió asegurarse. Y dio positivo.

“Me dio como un pinchazo en el corazón, y me eché a llorar. No era capaz de reaccionar. Sólo me sentía fatal y pensaba que tenía un gran problema. Tenía clarísimo que no quería tener ese bebé, pero a la vez me daba pánico enfrentarme a un aborto y pasar por ese trago”, narra con desazón María al recordar aquellos momentos. Sus razones no fueron puramente económicas sino, sobre todo, “vitales”: “Mi vida tenía que recorrer otros caminos, mi carrera profesional... Ahora quiero ser madre, pero aún lo veo muy lejos”.

Tantos perfiles como mujeres

Como María y Consuelo cada año abortan en España alrededor de 115.000 mujeres, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Los diversos estudios realizados por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) muestran que entre ellas hay estudiantes, trabajadoras, paradas; algunas sin estudios, muchas con estudios básicos, con estudios secundarios o universitarios. Mujeres que ya han se han sometido a esta intervención o lo hacen por primera vez; que utilizaron métodos anticonceptivos que fallaron o que no los usaron; que no quieren tener hijos, que quieren pero no en ese momento o que lo desean pero deciden no tenerlo porque el feto tiene alguna patología, incluso aunque en principio sean contrarias al aborto...

Consuelo y María, dos personas distintas, dos situaciones diferentes. “Hay tantos perfiles como mujeres que abortan”, señala Empar Pineda, una de las fundadoras de la Comisión Pro Aborto del movimiento feminista, portavoz de la Clínica Isadora desde sus inicios y miembro de la junta de directiva de ACAI.

Empar trabaja también “tranquilizando a las mujeres que llegan a la clínica angustiadas o agobiadas”. Porque, a pesar de sus diferencias, todas estas mujeres tienen en común pasar por el difícil trance de tomar esta decisión, que siempre es, en palabras de Empar, “dura, seria y responsable, aunque haya quienes lo dudan”.

Abortar fue para María una “experiencia traumática”. Reconoce que se sintió sometida a una fuerte presión social. “Yo creo que si hubiera sido tratada desde el respeto, respetando mi forma de pensar y mis necesidades, si nadie me hubiera juzgado, no tendría por qué haber sido una experiencia tan dura”.

“No es algo que hagas con alegría, por muy claro que lo tengas. Yo lo pasé muy mal”, cuenta Consuelo. María estaba en shock, pero además, relata, llamó a su pareja para que acudiera a acompañarla, y los dos días que tardó en llegar fueron demasiado tiempo para ella: “Sentía mucho rencor hacia él porque, por mucho que me comprendiera, algo que era responsabilidad de los dos pesaba sobre mí y sobre mi cuerpo, mientras él estaba igual. Y eso me daba mucha rabia”.

Cuando Consuelo tomó la decisión, llamó directamente a una clínica privada. En cambio, María, “noqueada y sin saber qué hacer”, buscó la ayuda de amigas y junto a ellas acudió a varios centros públicos. En todos le dijeron lo mismo, que podían ponerla en lista de espera pero que, si no había riesgo para su salud, podían pasar meses hasta que le tocara. Le aconsejaron que, si tenía dinero, fuera directamente a una clínica privada. Y así lo hizo.

Según Empar, este es un problema habitual: “La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación que está en la cartera sanitaria y por la que las mujeres no deberían pagar. Pero no se hace en los centros públicos y desde las instituciones no se ofrece información sobre los conciertos que les permiten ser derivadas a centros privados gratuitamente”. El 98% de las intervenciones se realizan en clínicas privadas y sólo alrededor de un 2% se atienden en la sanidad pública. “Cuando son malformaciones graves o la mujer está en el hospital en consulta, ven que existe esa malformación y queda hospitalizada”, explica Empar.

“La ecografía. Yo cerré los ojos”

Cuando Consuelo decidió abortar, estaba en vigor la ley de 1985, que despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación, dentro de las primeras 12 semanas de gestación; malformación del feto, en las primeras 22; o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, durante todo el embarazo.

Ella se acogió a este último, que requería un informe psicológico. “El psicólogo me hizo unas cuantas preguntas sobre por qué lo hacía y si estaba segura, que era lo que realmente le interesaba. Por lo demás, fue un trámite”. Este “coladero” era una de las más feroces críticas del PP a la ley. Pero no está claro cómo regulará la reforma este aspecto. “Con lo duro que es tomar la decisión y hacerlo, yo pediría al ministro que no nos lo ponga más difícil”, reclama Consuelo.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis explica que la actual norma “puso fin de una vez a una hipocresía absoluta, la de hacer pasar a las mujeres por un informe psicológico para determinar que tomaban esa decisión porque continuar con el embarazo podía tener graves consecuencias para su salud psíquica, sin límite de plazo, lo cual permitía prácticas irregulares, abortos en estadios muy avanzados”.

Consuelo pasó después por una revisión ginecológica, que certificó el embarazo mediante una ecografía. Uno de los momentos más difíciles del proceso: “Yo cerré los ojos. No quería vincularme emocionalmente con nada”. Estaba aún de poco tiempo, así que tuvo que esperar dos semanas más, que recuerda “durísimas” y que pasó muy sola: “Al principio sólo se lo conté a mi pareja, porque no quería tener a la gente pasando por la misma desesperación que yo. Puse al tanto a mis amigas tres o cuatro días antes de la operación”.

UPN (la marca del PP en Navarra) ha propuesto en el Congreso que las mujeres reciban una imagen de la ecografía antes de que se les permita abortar.

“Eso me hacía sentir mucho dolor. Estaba destrozada”

A María le tocó ya la ley actual, de 2010, que plantea la despenalización sin restricciones del aborto en las 14 primeras semanas; la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta la semana 22 en caso de riesgo grave para la salud de la madre o del feto, malformación de éste y, a partir de entonces, “en el caso de anomalías en el feto incompatibles con la vida o por diagnóstico de enfermedad extremadamente grave confirmada por un comité clínico”.

El único requisito en el primer caso es que, tras una primera consulta en la que se le da información sobre las clínicas en las que se presta ese servicio y sobre las ayudas a las que podría acceder si decidiera seguir adelante con su embarazo, la mujer está obligada a meditar su decisión durante tres días, que María describe como una auténtica “tortura”. Y recuerda: “Yo no tenía nada que reflexionar, sólo quería que llegara el día. Cada vez que miraba la ecografía me echaba a llorar. Me sentía egoísta porque todo el rato pensaba que por poder yo podía tenerlo, que podía volver con mis padres, dejar la beca y cambiar el camino. Pero no quería. Eso me hacía sentir mucho dolor. Estaba destrozada”.

Al llegar a la clínica, a Consuelo la recibió en la puerta un grupo de manifestantes contrarios al aborto que la llamaron asesina. Ella no se dio por aludida, porque tenía muy clara su opción, pero le enfada. Estos grupos “pueden hacerle mucho daño a chicas o mujeres con menos solidez emocional. Hay que ser muy mala persona para ir a decirle eso a alguien que está pasando por semejante momento”.

Al igual que María, recuerda el trato en la clínica como cordial, pero frío. María echó de menos más cercanía. Para Consuelo está bien así: “Tú vas histérica, llevas encima una gran carga emocional, pero ellos están acostumbrados a estas intervenciones, y yo prefiero que no me compadezcan; yo lo he decidido y tengo que asumir las consecuencias, ser responsable de mis actos”.

Consuelo acudió a la clínica con su pareja. Tras la intervención, que dura unas dos o tres horas en total –entre las pruebas previas, los como máximo 10 minutos de la operación y el reposo posterior–, tuvo problemas con la anestesia, que ella pidió general “para no tener recuerdos de ese momento”. Pero recuerda su recuperación como muy complicada. Unos días después su novio la dejó.

María acudió con su madre y con su novio: “No me enteré de nada. Salí cansada, pero bien. Después de eso me quedé muy tocada. Cada vez que veía a una mujer embarazada o a una madre, por la calle o en películas, me echaba a llorar, y pensaba que eran las personas más valientes del mundo y que no se les reconocía. Me sentía culpable porque podía haber cambiado mi vida por aquel ser que no llegó a existir. Me costó unos meses quitarme esas ideas de la cabeza”.

“Por culpa de los fallos de la ley, y de la presión social, para mí fue una experiencia traumática, yo creo que si hubiera sido tratada desde el respeto, respetando mi forma de pensar y mis necesidades, si nadie me hubiera juzgado, no tendría por qué haber sido una experiencia tan dura”, asegura María.

Consenso social en torno a la ley

Para Empar, esos tres días de reflexión previos a la intervención no hacen más que añadir angustia a un proceso ya de por sí muy difícil para las mujeres, pero además no consiguen su propósito. Como demuestran los estudios de ACAI, la inmensa mayoría de ellas acuden a la clínica tras una decisión “muy meditada y elaborada, por lo que son muy pocos los casos en los que se replantearán la situación”.

Empar centra en este periodo su crítica a la ley vigente: “Si se considera que la mujer no está suficientemente informada sobre las ayudas de las que podría disponer si es madre, ¿por qué se le tiene que dar esa información cuando ya ha decidido no seguir adelante, y no antes, cuando acude al centro de salud?”.

Por lo demás, esta legislación representa para Empar “un salto muy importante, porque es considerar que la mujer embarazada es suficientemente autónoma para tomar esa decisión”. Algo que puede cambiar, y mucho, con la reformulación de la ley. De hecho, una de las principales críticas de los grupos pro elección es que con el proyecto de Gallardón volverían a ser los médicos o psicólogos los que decidieran si una mujer puede abortar o no.

Mª Ángeles Jaime de Pablo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, coincide en este punto: “En la mayor parte de los países de nuestro entorno se admite que la decisión de interrumpir el embarazo se puede tomar dentro de las 12 primeras semanas. Creo que hay un consenso social sobre cuándo estamos ante un bien jurídico protegible, en equilibrio con el derecho de las personas a decidir libremente sobre su maternidad”. Además, añade, esta ley cuenta con un amplio consenso social, como demuestra el 53% de apoyo por parte de la población que recogen las últimas encuestas.

La reforma de Gallardón y la respuesta de las mujeres

Tanto Empar como Mª Ángeles denuncian que, a diferencia del proceso de elaboración de la anterior ley, en el cual el Ministerio de Igualdad, el de Sanidad y el de Justicia contaron con las asociaciones de mujeres y de profesionales especializados, en este caso Ruiz-Gallardón sólo atiende las demandas de los sectores más conservadores de la sociedad y, particularmente, el de la jerarquía eclesiástica.

Aunque no se conocen los detalles, se sabe que plantea una vuelta a la legislación basada en supuestos, lo cual, en palabras de Mª Ángeles, significaría “una inseguridad jurídica completa para las mujeres, como sucedía con la legislación anterior, que les hacía recurrir a fraudes para ejercer con seguridad su decisión”, así como para los profesionales que practican los abortos en las clínicas autorizadas.

Podría repetirse lo ocurrido en 2007, cuando una asociación ultracatólica denunció a la Clínica Isadora por irregularidades administrativas y la realización de abortos ilegales. Sobreseído año y medio después por falta de pruebas, para muchos este caso fue el empujón definitivo que llevó al Gobierno de Rodríguez Zapatero a elaborar la ley de plazos. “Esta reforma podría devolvernos, además, a tiempos no tan lejanos, cuando muchas mujeres viajaban al extranjero o recurrían al aborto clandestino, con el riesgo que ello implica para su salud”, apuntan.

Empar, que lleva 40 años trabajando por el derecho de las mujeres a decidir, cambiaría la actual ley en un sentido absolutamente contrario al del ministro, para ampliar el aborto libre: “La OMS admite que el feto no puede vivir sin los recursos de la mujer hasta la semana 24, a partir de la cual es viable fuera del útero materno. Para mí ese es el plazo sobre el que habría que legislar”.

Así es en Holanda, país que considera ejemplar, ya que allí está permitida la interrupción del embarazo sin restricciones en ese periodo y, sin embargo, se aborta mucho menos. Esto se debe, en opinión de Empar, a que tienen “una muy buena educación afectivo-sexual”. Y en este sentido, argumenta: “Contrariamente a lo que podría parecer, las feministas somos las más interesadas en que no exista el aborto”. Aunque, defiende, “aquellas mujeres que a pesar de contar con toda la información y con acceso a métodos anticonceptivos se quedaran embarazadas y no quisieran seguir adelante, siempre deberían poder realizarse la intervención gratuitamente en la sanidad pública”.

Absolutamente contrarias a las restricciones que ha planteado Ruiz-Gallardón hasta el momento, Consuelo y María coinciden con las expertas en reivindicar la importancia de una buena educación sexual para evitar embarazos no deseados, un acceso más fácil a los anticonceptivos y que los abortos se realicen gratuitamente a través de la sanidad pública. Y piden algo más: que cualquier ley tenga el suficiente margen y los recursos necesarios para respetar la decisión y las necesidades individuales de cada mujer.

Consuelo es tajante: “Ninguna restricción sirve si una mujer ha sido violada, en ese caso no hay nada más que hablar; o si una mujer ya tiene cinco hijos y no puede hacerse cargo de uno más”.

María lo resume así: “Sólo nosotras sabemos lo que necesitamos en un momento concreto de nuestras vidas, y nadie puede ayudarnos a tomar una decisión como esta. Eso debería respetarse siempre”.

Gonzalo Helbert empezó durante este curso tercero de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, pese a que sabía que su nombre no aparecería en las actas. Acumulaba un retraso de la matrícula del año pasado que no podía pagar. Su padre, fotógrafo, no tiene trabajo. Es su madre, periodista y con un “sueldo medio”, la que debe afrontar todos los gastos familiares, incluida la hipoteca.

“Empecé a ir de oyente a las clases y hablé con los profesores para que me dejaran examinarme y me guardaran las notas hasta que regularizara mi situación”. Alguno le puso pegas, sobre todo a la hora de realizar las prácticas, obligatorias –cuenta Gonzalo–, por si después de contar con él en la planificación de los trabajos grupales y el correspondiente seguimiento individual, cuando por fin pudiera abonar lo que debía, le tocaba otro profesor. “Por lo general, los profesores entienden estas situaciones y te ayudan. La mayoría me dio todas las facilidades para que no perdiera el año”.

Finalmente, aunque tarde, Gonzalo pudo saldar su deuda y matricularse: “He buscado trabajo, pero no he encontrado, así que mi madre ha tenido que hacer un gran esfuerzo, tirando incluso de familiares, para que pudiera seguir con la carrera, al menos por ahora”.

Situaciones límite

Cuando se anunciaron las tasas de las universidades públicas españolas para el curso 2013/2014, tanto rectores como asociaciones de estudiantes alertaron de que el aumento de los precios, que en el caso de Madrid y Cataluña ha llegado a un 66% entre los dos últimos años (el máximo autorizado por el Ministerio de Educación), unido a las trabas cada vez mayores para acceder a las becas (del 5,5 anterior ahora se pide un 6,5 de nota media), iba a acarrear problemas para muchos estudiantes. Ni unos ni otros se equivocaron.

“En estos últimos años se da una nueva casuística: hay estudiantes que de repente no pueden afrontar un pago y se quedan fuera del sistema. A veces te enteras porque un alumno desaparece de las listas y das el paso de hablar con él, y otras es el alumno quien viene a verte. Yo hablo con ellos, les digo que se pongan en contacto con el Vicerrectorado de Estudiantes para que se enteren de las ayudas que hay. Mientras se soluciona la parte administrativa, yo los mantengo en clase y, por supuesto, si han hecho algún examen, les guardo la nota hasta que lo puedan arreglar”, nos cuenta un profesor de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, Alicante, que prefiere no dar su nombre para no perjudicar a los estudiantes que se encuentran en estos casos.

Estos alumnos fantasma no son muchos, pero constituyen la cara más dramática de una situación general de dificultad para asumir los costes actuales de los estudios universitarios.

Más alumnos obligados a abandonar

Con la subida de más del 60% en los grados en este centro, nos cuenta un profesor de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), “se están generalizando situaciones difíciles que antes eran excepcionales y que impiden realizar el trabajo académico con normalidad. Las revisiones de exámenes se han convertido en un melodrama donde de lo único que se habla es de la situación económica de los estudiantes”.

Lo más habitual es que los alumnos pidan que les suban la nota para no perder la beca o para no tener que afrontar una segunda matrícula. Pero este profesor también se ha encontrado con alumnos que desaparecen de las listas por no haber podido pagar a tiempo. “Estas situaciones se abordan de distintas maneras, ninguna de ellas satisfactoria: les ofreces mecanismos para subir las calificaciones, les guardas la nota hasta que solucionen su situación... Yo antes les decía a los alumnos de primero que suspendían y que se lo tomaban muy a pecho que no se preocuparan, que era normal y formaba parte del proceso de aprendizaje. Ahora harían bien en preocuparse”. Y es que cada vez son más los que se ven obligados a abandonar sus estudios.

“Me he tenido que cambiar a Ingeniería Civil”

Así le pasó a Javier Martín, de 19 años, que en su primer año en Ingeniería de Caminos en la Universidad Politécnica de Madrid obtuvo una beca de 3.500 euros que, al no haber superado el 50% de los créditos, debe devolver: “Aprobé tres asignaturas de diez. Más o menos estoy en la media. Al ser una ingeniería, es bastante complicado aprobar más el primer año”.

Su hermano se fue a trabajar al extranjero al acabar la carrera, pero aun así sus padres tienen serias dificultades para financiar la carrera de Javier con los menos de 1.000 euros que ganan entre los dos y que destinan en parte a la hipoteca del piso. “El año pasado la primera matrícula eran 1.600 euros. Este año ha subido a 2.000. Y con las siete segundas matrículas habría tenido que desembolsar unos 3.000 euros por el curso completo. Como no puedo, me he tenido que cambiar a Ingeniería Civil. Ahora empiezo a trabajar de cajero, y voy a pedir las becas que han salido en la Politécnica para el año que viene, porque el Estado ya no me da”.

“Segunda, tercera y cuarta matrícula: una ruina”

Javier es uno de los cerca de 30.000 alumnos que en junio de este año constaban como morosos en las universidades de toda España. “Con los 3.500 euros de la beca del curso pasado estoy financiando más o menos el nuevo. Cuando tenga que devolverlos, ya veré lo que hago”.

Este abandono es, precisamente, lo que pretende evitar el profesor de la Universidad Miguel Hernández, en la que la matrícula ha subido en los últimos años en torno a un 35%: “Nosotros insistimos desde primero a los alumnos en que hagan todo lo posible por no ir a segunda, tercera o cuarta matrícula, porque es la ruina y les puede suponer el colapso. Cuando sucede, hay que evaluar cada caso, pero lo que me preocupa es la gente que paga el primer plazo y a lo mejor en su casa no entra dinero y no puede con el segundo y la sacan del sistema”.

Reconoce que hay que tratar cada caso de forma individualizada para evitar que esta disposición por parte del profesor se convierta “en un coladero”, pero afirma categórico: “Todos los actores de este proceso tenemos que actuar, y a los profesores nos toca intentar hacerlo fácil y no poner más trabas a la persona que está en una situación muy delicada. Yo ayudo hasta donde puedo, y me consta que más colegas lo hacen”. Un apoyo que tiene recompensa: “Hemos visto que así han podido seguir con su carrera y que, cuando han podido pagar, han cogido carrerilla y han seguido estudiando”.

Másteres en vías de extinción

Carlos Fernández Liria es profesor de Filosofía en la UCM y tuvo un alumno fantasma en un curso anterior, un estudiante que quería hacer el máster de Estudios Avanzados de la facultad y que no podía afrontar los casi 4.000 euros a los que había llegado un programa que antes estaba en 1.700, lo que conlleva un aumento del 130%.

Para este docente de la UCM, fue lógico ayudar a este alumno guardándole la nota hasta que pudo pagar porque además, explica, “te obligan a hacer la matrícula completa, cuando nadie puede sacar todos los créditos en primera matrícula, dado que hay 12 que corresponden al trabajo de investigación y que necesariamente se sacan en la segunda, ya que se hace al año siguiente; así que el máster se te pone en 5.000 euros”.

A este elevado precio se añade el hecho de que para dedicarse a la docencia, una de las salidas más habituales de esta carrera, es requisito indispensable cursar el máster de Formación del Profesorado, de la Facultad de Educación, que por su obligatoriedad es mucho más barato, con lo cual el máster de Filosofía no resulta muy atractivo para el alumno. “Estamos perdiendo estudiantes a mansalva”, sostiene Fernández Liria.

En su opinión, resulta especialmente sangrante el hecho de que se haya argumentado que el Plan Bolonia y los cambios en la universidad española estaban justificados por la convergencia con Europa, cuando en países de nuestro entorno, como Alemania (en la mayoría de los Länder) o Grecia, los estudios de grado en la universidad pública son gratuitos, y en Francia no llegan a los 200 euros por curso o 250 en el caso de los másteres.

España, en cambio, se encuentra entre los países del continente en los que resulta más caro estudiar y, a la vez, de entre ellos, uno de los que menos ayudas concede a sus alumnos, según el Observatorio del Sistema Universitario, razón por la que cada año más jóvenes deciden continuar sus estudios fuera.

En definitiva, el máster de Filosofía sobrevive gracias a alumnos latinoamericanos, para quienes sigue teniendo mucho valor un título obtenido en Europa, y estudiantes chinos, que no suelen dominar el idioma, lo cual dificulta mucho el desarrollo de las clases. “En estas condiciones, el máster desaparecerá”, sentencia Fernández Liria. El profesor de Trabajo Social de la misma universidad coincide con él: “Muchos másteres han visto reducirse los alumnos matriculados a la cuarta parte de los que había hace apenas dos años”.

Fondos específicos y más plazos

Sólo en la comunidad andaluza alrededor de 6.500 alumnos no pudieron pagar su matrícula el curso pasado. Una cifra que asciende a 30.000 en el conjunto del país, lo que representa casi un 2% de los universitarios españoles.

En este contexto, muchas universidades españolas han habilitado dotaciones extraordinarias de ayuda y han fraccionado el pago de la matrícula. Por ejemplo, la Universidad Miguel Hernández, con poco más de 13.000 estudiantes, cuenta con 500.000 euros para los alumnos con dificultades y permite abonar el curso hasta en cuatro plazos.

La Universidad Complutense, con cerca de 87.000, tiene un fondo de un millón de euros y ha ampliado de tres a seis los plazos de matriculación. Esto hace que sea muy difícil ahora mismo conocer los datos concretos de morosidad y abandono. Así, en ambas universidades dicen no tener constancia de la existencia de estos alumnos fantasma.

En todo caso, matizan en la Complutense, se trata de algo que queda en el ámbito de la relación entre profesores y alumnos. E insisten en que este año no se puede hablar de alumnos morosos, ya que habrá que esperar hasta febrero, cuando se resolverán las becas, y ver si estos estudiantes pueden solucionar su situación con el fondo destinado a tal fin.

Gonzalo Helbert, que además de estudiante de Historia es presidente de la Delegación Central de la Complutense y uno de los impulsores del Colectivo de Estudiantes de Madrid –“una especie de sindicato universitario y de enseñanzas medias” creado hace mes y medio para defender la enseñanza pública–, recuerda que tanto el fraccionamiento como el fondo de ayuda de la Complutense se pusieron en marcha gracias a la presión estudiantil, tras un encierro de tres semanas en el Rectorado a finales del curso pasado.

“Lo que sí se sabe es que unos 700 alumnos van a tener que devolver la beca por no haber superado el año pasado los créditos exigidos, que este curso han aumentado y son el 90% en humanidades, el 80% en ciencias y un 65% en enseñanzas técnicas –asegura Gonzalo–. Estamos hablando de la exclusión de la universidad, por cuestiones económicas, de una gran parte de la sociedad”.

Universidad ya no para todos

Fernández Liria resume así la situación: “Se ha conseguido ahogar a las universidades públicas con las continuas restricciones económicas hasta el punto de que se han visto obligadas a subir las tasas para poder subsistir, dicen, sin despedir a profesores. Al final, de todas formas habrá despidos, y la universidad pública irá convirtiéndose en una universidad cada vez más pequeña que tendrá que competir con las privadas en inferioridad de condiciones. Y ya no será un derecho de la ciudadanía”.

El titular de la universidad de Elche habla de “una estrategia general de desgaste de lo público”. Y el profesor de Trabajo Social de la Complutense ve “un plan muy pensado y muy eficaz de expulsión de la clase trabajadora de la enseñanza universitaria”.

Gonzalo tiene la prueba muy cerca: su hermana está acabando el instituto y quiere ser profesora de Infantil, estudiar Magisterio en Educación Infantil, pero sabe que no podrá ir a la universidad y se está planteando hacer una FP. “Estamos volviendo a que en una familia de varios hermanos sólo pueda estudiar, si acaso, el hermano mayor, o el más listo”.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) denuncia en un vídeo que la mayor parte de las cerca de 118.000 mujeres que abortan al año quedarían fuera de la ley con la reforma de Gallardón

Los testimonios de tres mujeres describen situaciones que dejarían de estar contempladas en la ley con la modificación que el Consejo de Ministros aprobará probablemente el 20 de diciembre

La presidenta de ACAI pide un compromiso de los partidos de la oposición de derogar, como con la ley de Educación, la reforma que impulsa el Gobierno del PP

Virginia, Alba y Lucía son las protagonistas de 100.000 mujeres invisibles, un vídeo realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que reúne a los centros en los que se realizan el 98% de los abortos en España, presentado este jueves en el Ateneo de Madrid.

El título se refiere a las mujeres que interrumpieron su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación por motivos económicos, sociales o personales; las que lo hicieron debido a patologías graves del feto y las menores de 16 y 17 años que decidieron abortar sin comunicarlo a sus padres o tutores legales. Esto es, la gran mayoría del total de 118.365 mujeres que se realizaron abortos en nuestro país en el año 2011, último del que se tienen datos en el Ministerio de Sanidad. 100.000 mujeres que quedarían fuera de la ley si sale adelante la reforma planteada por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Un proyecto que aprobará el Consejo de Ministros antes de fin de año, muy probablemente el viernes 20.

Virginia decidió abortar porque en el momento en el que se quedó embarazada no tenía pareja estable ni recursos para formar una familia. “El coste emocional de seguir adelante iba a ser mucho mayor” que el de no hacerlo, explica en el vídeo. “No era el mejor momento ni para mí ni para las personas que estaban a mi alrededor”. Representa a esas 101.607 mujeres que interrumpen su embarazo por voluntad propia dentro de las 14 primeras semanas de gestación alegando razones sociales, económicas o personales, y que quedarán en un total desamparo legal con la reforma de Gallardón.

Alba era menor de 17 años cuando se quedó embarazada por un fallo anticonceptivo. Las creencias religiosas de su madre y la incomunicación entre sus progenitores la llevaron a no compartir con ellos su situación. “Mi madre me lo habría impedido. Son mis padres pero son como extraños”, cuenta en el vídeo. Alba es una de las 500 menores que decidieron no comunicar su decisión de interrumpir el embarazo a sus padres o tutores legales. En 2011 fueron 4.700 las menores de 18 años que se sometieron a esta intervención, un 4% del total. A pesar de las amenazas por parte del PP de que la ley de 2010, que permite a estas menores abortar sin consentimiento paterno, supondría un “efecto llamada” para otras chicas en el mismo caso, desde la aprobación de la ley vigente este 4% se ha mantenido invariable, según explicó en el acto de presentación del vídeo Francisca García, presidenta de ACAI.

Lucía y su pareja querían tener un hijo, pero les comunicaron que el feto padecía el síndrome de Turner, los que significaba que podría morir en los primeros meses de vida o, en todo caso, crecer con muchas deficiencias y dificultades. “Con mucho dolor, decidimos no tenerlo”, confiesa en la cinta. De las 3.234 mujeres que abortan por una patología fetal grave, con el anteproyecto de Ruiz-Gallardón (o lo que se sabe de él) sólo podrían hacerlo el 0,09%, ya que este contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo sólo en el caso de patologías incompatibles con la vida.

Los datos muestran una bajada de los abortos

Francisca García ha contado en la presentación que ACAI ha solicitado una reunión con el ministro de Justicia en repetidas ocasiones. Por fin el pasado 2 de diciembre fueron recibidos por el secretario de Estado de Justicia, que no les aclaró ningún punto de la nueva ley y que sólo les dijo que sabiendo sus ideas no estarían contentos con ella. García respondió que “no se trata de una cuestión de ideologías” y que entre unas ideas y otras estaba lo importante, la realidad de esas más de 100.000 mujeres que van a interrumpir su embarazo estén o no amparadas por la ley, llegando a recurrir a viajes al extranjero o, si fuese necesario, a clínicas clandestinas, con el consiguiente riesgo para su salud y su vida, como reconocen las protagonistas del vídeo.

“La reforma de Gallardón sacará de la ley a estas mujeres y a los profesionales que realizamos las intervenciones. Nos dejará en una gran inseguridad jurídica, pero no cambiará la decisión de las mujeres”, afirmó contundente García. Y recordó que cualquiera de nosotras, “incluso las más contrarias al aborto, podemos vernos afectadas por un embarazo no deseado”. Además, recalcó, aunque aún no se conoce el total estatal de 2012, los últimos datos de algunas de las comunidades autónomas más grandes muestran una disminución de los abortos, dato que, de confirmarse, restaría argumentos a la necesidad de reformar la actual ley.

La directora de ACAI aprovechó la presencia en el acto de la vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano y de la diputada del mismo partido Ángeles Álvarez para pedir un acuerdo similar al llevado a cabo por la oposición para derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) en cuanto cambie la correlación de fuerzas en el Parlamento. Valenciano se comprometió con ACAI a buscar este acuerdo cuando se conozca el texto, “para que todas las mujeres sepan que cuando cambie la mayoría parlamentaria volveremos a una ley del aborto digna para las mujeres”.

Cada vez son más las organizaciones que critican la ayuda social basada en la caridad. El argumento es que crea una relación desigual y no implica necesariamente la puesta en cuestión de un sistema que se muestra incapaz de asegurar a la población sus derechos básicos. Frente a la caridad contraponen la solidaridad. Un modelo de cooperación en el cual quien recibe ayuda se convierte en protagonista de la solución a su problema. Y, además, en el que resulta fundamental la denuncia y la movilización contra los recortes que las administraciones llevan a cabo con la excusa de la crisis.

De hecho, son muchos los expertos en salud mental que se han interesado por los efectos positivos que tiene para las personas que necesitan ayuda implicarse y luchar desde estas redes de solidaridad. Durante el último Congreso Catalán de Salud Mental, celebrado el pasado verano en Barcelona, los profesionales se reunieron con activistas para tratar el tema. Los expertos lo denominan el “efecto ayuda”.

Se trata del “beneficio que reporta sentirse útil por haber ayudado a otros, algo conocido por todos los que han ejercido el voluntariado: apoyar y sentirse apoyado es la mejor receta para resistir emocionalmente, y mucho más si la ayuda se inserta en un marco de respuesta política global, como, por ejemplo, a través de una plataforma reivindicativa”, explica Manuel Gómez-Beneyto, catedrático honorario de Psiquiatría de la Universidad de Valencia y excoordinador científico de la Estrategia Nacional de Salud Mental. “Es la única forma de recuperar la dignidad social y la autoestima”.

La Red de Solidaridad Popular

Así le sucedió a Marcos Lavín Ybáñez, vecino de Guarnizo, una localidad cántabra de casi 6.000 habitantes situada a 12 kilómetros de Santander. Marcos tiene 40 años y vive de alquiler con su mujer, que es ama de casa, y su hijo de 13 años. El chaval tiene una minusvalía como resultado de una operación que le realizaron cuando aún no tenía un año. Todos los meses viajan a Barcelona para hacerle una revisión. Y tienen contratado a un abogado que les lleva la denuncia por negligencia médica… “Son muchos gastos”, dice. Marcos llevaba más de diez años fijo en una empresa de cables, como carretillero en el almacén. Pero la compañía empezó a dejar de pagarle parte del sueldo. “Luego vino el ERE, el paro… Cuando se me acabó, pasaron unos meses hasta que empecé a cobrar la ayuda de los 400 euros”.

Marcos habla con tono serio, sin dramatismo, de que necesitaba comida y por eso se acercó a la Red de Solidaridad Popular de Maliaño (una localidad más grande, a unos tres kilómetros de Guarnizo). “Estaba mal, pero enseguida ves que hay más gente igual que tú y te animas. Ayudando a la gente te sientes mejor”.

La Red de Solidaridad Popular nació hace siete meses. Está conformada por organizaciones políticas de izquierdas y movimientos sociales de distinta índole (ecologistas, colectivos de personas migrantes, asociaciones de vecinos o locales). El objetivo común, define Ismael González, su coordinador, es “denunciar los recortes y dar una respuesta a los problemas concretos detrás de las cifras de paro y pobreza: amigos, compañeros y familiares que no llegan a fin de mes o no tienen para mantener una alimentación digna”.

Hay cuatro programas básicos –soberanía alimentaria, apoyo a la educación pública, apoyo a la sanidad pública y orientación jurídica ante la represión– que ponen en marcha distintas iniciativas. Por ejemplo, en Parla y Fuenlabrada se han creado armarios de ropa organizada por sexo y talla. En Fuenlabrada, además, planean montar pronto cooperativas de autoempleo. En Rivas-Vaciamadrid se han organizado mercadillos de libros y material escolar, y la semana que viene empiezan a funcionar clases de apoyo para los vecinos árabes. Actualmente hay 15 proyectos repartidos entre Madrid, Murcia, Valencia, Cantabria, Alicante, Zaragoza, Granada y Badajoz. Pronto echará a andar también la Red de Barcelona.

En total, Ismael calcula que participan activamente en la Red unas 530 personas, muchas de las cuales no se habían implicado hasta ahora y que se acercaron buscando una solución a sus problemas de alimentación, laborales… “Trabajamos con metodologías participativas para que las personas se incorporen a las asambleas y se sumen al trabajo. Nosotros no resolvemos los problemas de nadie, sino que entre todos resolvemos los problemas de todos. 'Yo recibo, yo doy', es la idea”, aclara. “Es un proceso más lento, no es tan visible, pero da muy buenos resultados”.

Marcos es un buen ejemplo. Ahora en la Red de Maliaño participan ocho familias: “Cada uno hace lo que puede. Yo estoy con el banco de alimentos; la gente nos va dejando cosas y todas las semanas hacemos las bolsas para repartir. Cuando se acerca la gente hablamos con ellos y vemos qué necesitan. Y les explicamos que, si aceptan la ayuda, se tienen que sumar, estar dispuestos a echar una mano en lo que haga falta y puedan”.

Tareas sobran. A principios de verano un hombre les cedió unas tierras que no utilizaba. Entre todos las prepararon y plantaron un huerto. De ahí sacan verduras para comer y los excedentes los reparten. “Hemos hecho unos vales de cinco euros. La gente los compra y les damos unas lechugas o lo que haya, y con ese dinero financiamos el proyecto. Y si sobra algo, compramos la comida que nos falte”, cuenta Marcos, entusiasmado con el nuevo proyecto.

Dar también ayuda

De procesos similares de recuperación de la dignidad individual y colectiva es testigo cada día Aurelio Ruiz. Tras una larga vida de trabajo y compromiso social, a sus 61 años está jubilado y ahora dedica gran parte de su tiempo a la Red de Solidaridad de Fuenlabrada, una de las primeras en crearse, a principios de año. Se reúnen en los bajos de la biblioteca del barrio del Arroyo. Funcionan en grupos de trabajo que abarcan temas de alimentación, asesoría jurídica, orientación laboral, desahucios… y, desde hace poco, en colaboración con la 'marea blanca', intentan resolver las necesidades sanitarias de personas a las que han quitado la tarjeta sanitaria, poniéndolas en contacto con médicos dispuestos a atenderlos.

Aurelio ve una evolución vertiginosa en el estado de ánimo de las personas que se acercan a la asamblea buscando ayuda y empiezan a participar: “Al principio la gente llega en una situación penosa, pero cuando se ponen a trabajar y a hablar con otros que están igual se animan enseguida. Es una maravilla. El otro día uno me decía: 'Ya no me acuerdo de si he comido hoy o no, pero quiero estar aquí'. Eso vale más que todo”.

Así lo ha vivido Yesenia Cruz Rodríguez. Nació en San Salvador hace 41 años y se vino hace casi 20 con su marido español. Se instalaron en Xinzo de Limia, en Orense. Tras separarse, en 2004 vino a trabajar a Madrid con sus hermanos Vanessa y Roberto. “Él se dedicaba colocar planchas de pladur, y en la época del boom el banco daba dinero a diestro y siniestro, así que se compró coche y piso, y yo me vine a vivir con él. Sólo queríamos tener una casa familiar para no andar tirados. Quién se iba a imaginar que esto se iba a venir abajo así”, exclama esta salvadoreña-española.

Roberto se quedó sin empleo y en marzo del año pasado llegó la amenaza de desahucio. “Yo ya estaba recogiendo todo en cajas, nerviosa perdida. Era un momento muy difícil: no teníamos adónde ir”, recuerda Yesenia. Su hermano se metió en internet y así dio con la Asamblea de Vivienda de Puente de Vallecas tres días antes del desahucio. Fue a la reunión, explicó su caso y la gente se volcó. “Tuvimos un apoyo increíble. Creo que fue el primer desahucio que paramos”, rememora orgullosa.

Frustrado por no encontrar trabajo, Roberto se volvió a su tierra y Yesenia se quedó en el piso hasta este 31 de octubre, cuando finalmente se ejecutó el desahucio. “Estaba cansada, lo veía todo muy negro y pensé que no valía la pena seguir luchando”, reflexiona sin perder un ápice de la energía que mantiene en todo momento de la conversación. Ahora vive de alquiler con su hija en un piso compartido y, aunque se ha quedado en el paro tras un ERE en la empresa de hostelería con la que trabajaba en el aeropuerto, confía en sí misma y en su futuro: “Por los 900 euros que cobraba seguro que encontraré algo pronto”. Y resume así su experiencia: “Para mí el trabajo en la asamblea ha sido como una inyección de vida. Ya estoy desahuciada, pero sigo yendo a las reuniones y colaboro en lo que puedo”.

“Yesi es la jefa, está en todo”, dice de ella Sara López, de 34 años, compañera en la Asamblea de Vivienda de Puente de Vallecas, que se formó hace dos años dentro de la asamblea del 15M del barrio. “Muchas asambleas de barrio del 15M incorporan este espacio que cubre problemas relacionados con alquileres, con particulares o empresas públicas que no cubre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que trabaja en origen con las deudas hipotecarias”, cuenta Sara. Hace un mes la Asamblea de Vallecas decidió integrarse en la PAH, sobre todo “para pelear por las ocupaciones, ya que la PAH aprobó en su último encuentro estatal el proyecto de obra social, que es la recuperación de edificios que están en manos de la Sareb, el banco malo”.

En Vallecas, de las 20 personas que participan habitualmente, la mayor parte son mujeres de origen latinoamericano, casadas y con hijos, “lo cual incorpora dinámicas muchas veces racistas o clasistas” que hacen aún más importante la labor de acompañamiento por parte de los miembros de aquí. “Pelean como nadie, son unas heroínas”, agrega con admiración Sara.

Como Marcos, Aurelio o la propia Yesenia, Sara define como espectacular la reacción de personas que llegan a veces incluso llorando a una primera asamblea y “salen convencidas de la necesidad de pelear y con la cabeza alta”. Para ella, esto tiene que ver con varios factores.

En primer lugar, con que rápidamente el resto de la asamblea les hace ver que “esto ha sido una estafa masiva, que hay unos culpables y que, por tanto, ellos no son culpables sino víctimas”.

En segundo lugar, con la constatación, a través de la explicación de los casos exitosos de la asamblea, de que el proceso de lucha es eficaz, de forma que la persona que viene por primera vez percibe que “los demás estaban en una situación similar y, poco a poco, después de una lucha larga, han conseguido cosas”. Por último, con esa dinámica de apoyo mutuo con contenido político, “que significa que aquí te tienes que implicar en los procesos de los demás. Esto no es una ONG”, concluye en línea con Ismael, de la RSP.

Crisis y salud mental

A pesar de los evidentes beneficios del trabajo en estas redes solidarias para las personas que acuden a ellas, los problemas de salud mental en muchos casos persisten. “La amenaza de desahucio genera un nivel elevadísimo de angustia, de tristeza, de vergüenza y de desesperanza que se asocia al consumo excesivo de alcohol y a una elevada probabilidad de cometer suicidio, particularmente en las personas más vulnerables”, explica Gómez-Beneyto. Por eso, la PAH suele contar con el apoyo de psiquiatras o psicólogos que están pendientes de los afectados.

El paro es, según Gómez-Beneyto, “además de un problema socioeconómico colectivo e individual, un problema de salud pública de primer orden, por su asociación con los trastornos mentales y con el suicidio. Entre el paro, el endeudamiento, los desahucios y los trastornos mentales existe una relación causal circular progresiva que conduce a la pobreza y a la exclusión social. De esta manera, la brecha socioeconómica entre los más ricos y los más pobres aumenta, y esta desigualdad creciente es en sí misma causa añadida de malestar psicológico”.

Para atender a personas con estos problemas que no tienen acceso a la sanidad pública y no pueden pagar una consulta privada se gestó, en los primeros meses de 2013, la iniciativa Psicología Solidaria, en el Centro Social Autogestionado Tabacalera. Antonio Ceverino es médico especialista en psiquiatría y psicoanalista, y es uno de los alrededor de 30 terapeutas que atienden a otros tantos pacientes en terapia individual o en grupos, sin contar a los profesionales que los apoyan. “Fundamentalmente tratamos a desempleados, inmigrantes que han perdido el derecho a la asistencia sanitaria –a veces también nos apoyamos en YoSíSanidadUniversal para tratar de reincorporarlos al sistema–, ciudadanos empobrecidos, desahuciados…”, detalla Ceverino. Y de los dos sexos: “Si tradicionalmente las mujeres consultaban con más frecuencia por dificultades psicológicas en los servicios de salud mental, en las consultas directamente relacionadas con los efectos del desempleo y la pobreza hay casi más hombres que mujeres”.

Su relato coincide con el retrato del paciente tipo que nos da Gómez-Beneyto: “El paro aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno mental en ambos sexos, pero más en los hombres, en los que desempeñan trabajos manuales, en los casados, en los inmigrantes y en los que carecen de apoyo social, y este riesgo aumenta con la duración del paro. Pero también el empleo precario aumenta el riesgo de depresión, así como la percepción del riesgo de perder el empleo, sobre todo en el caso de adultos mayores de 55 años. Por otra parte, no hay que perder de vista que padecer un trastorno mental aumenta el riesgo de desempleo y su duración”.

Como en la RSP o en la PAH, para quienes acuden a Psicología Solidaria la atención recibida no sale gratis. Aquí la moneda de pago es el tiempo: los pacientes deben dedicar el mismo tiempo recibido en terapia a distintos proyectos sociales que se gestionan desde un banco de tiempo, como ayudar con la página web de Tabacalera, en la biblioteca o en la guardería del centro social.

Para Antonio, el Banco de Tiempo es una parte fundamental del proyecto “porque tiene verdaderos efectos terapéuticos que se añaden a los del tratamiento: esa posibilidad de sentirse útil haciendo algo con otros, salir de la soledad del síntoma, tejer redes”. Una vez más, aquí también se critica la caridad y se defiende la horizontalidad, que implica compartir lo que se sabe, así como la transparencia y la autogestión. “Nuestro proyecto se parece más a las experiencias de trueque e intercambio”, aclara Antonio. Aunque dice que es pronto para sacar conclusiones, asegura que los efectos terapéuticos son bastante rápidos, “quizás porque el proyecto tiene una incidencia importante en la resignificación del malestar del sujeto y le ayuda a recuperar la dignidad y a sacarlo del aislamiento y del sentimiento de indignidad y culpa en el que se encontraba sumido”.

Asimismo, el proyecto de Psicología Solidaria implica también la reivindicación de unos servicios públicos de calidad y la visibilización de estas personas afectadas de lleno por la crisis y los recortes frente al “intento del Gobierno de invisibilizarlos al tratarlos como meros enfermos”. “Nos interesa mucho dejar claro que no se trata de una iniciativa asistencial, o terapéutica, entre otras cosas porque rechazamos la medicalización del sufrimiento de la gente y porque no consideramos que ese sufrimiento deba ser etiquetado como una enfermedad a tratar. En ese sentido, más que un proyecto propiamente sanitario, es una iniciativa social, que utiliza la atención y el apoyo psicológico como una herramienta más para ayudar a ciudadanos castigados por el desempleo y la pobreza”, remata Ceverino.

Marcos, Yesenia, Aurelio, Ismael, Sara, Antonio y Manuel coinciden en que el futuro ideal sería aquel en el que el Estado garantizara los derechos básicos de los ciudadanos y estas organizaciones tuvieran que desaparecer. Sin embargo, las perspectivas para todos son más bien pesimistas. Como denuncia Gómez-Beneyto, “las causas de la crisis son políticas y, por lo tanto, las soluciones también han de ser políticas. No es una crisis económica de la que tengamos que salir apretándonos el cinturón, es un asalto del movimiento neoliberal a los componentes del Estado de bienestar –básicamente educación y sanidad–, en los que ve un nicho de negocio.

El resultado de los recortes y de la privatización es la transferencia de capital público a manos privadas y la instalación de una dinámica de mercado que no hará más que agravar la desigualdad y reducir la capacidad del sistema público para responder a la demanda“. Si las consecuencias de esta crisis que todos estos entrevistados llaman estafa no son ya más graves, es, según el psiquiatra, porque hasta ahora la población ha contado con los ahorros de otros tiempos, las prestaciones sociales y unas sólidas redes familiares. ”Pero esta protección se desgastará a largo plazo, y entonces veremos la verdadera dimensión del problema“.

Lola tiene 39 años. Se incorporó al mercado laboral hace más de dos décadas, mientras estudiaba Ciencias Políticas, carrera que no llegó a terminar. Los primeros años trabajó en formación como autónoma y luego en dos multinacionales, en diferentes tareas, durante largos periodos de tiempo. Cobraba más de 1.000 euros. En 2006 empezaron a sucederse los contratos temporales con sueldos bajos, alternados con periodos más o menos largos de paro.

Hace dos años llegó a una situación límite: “No encontraba trabajo y se me había acabado la prestación. Tenía lo justo para pagar el piso y los gastos, pero apenas me llegaba para comer”. Y tomó la difícil decisión de volver a casa de sus padres. Pero, poco a poco, empezaron los síntomas de una depresión: “Hace unos meses la situación se me hizo muy difícil de manejar. Tenía una tristeza infinita, un cansancio físico terrible, lloraba constantemente, nada me motivaba, no era capaz de concentrarme en nada... Fue mi doctora de cabecera la que me aconsejó empezar a tomar antidepresivos”.

El cuadro médico de Lola no es un caso aislado. Un informe de la Organización Mundial de la Salud presentado la semana pasada en Londres relaciona directamente crisis económica y salud pública tras analizar 53 países. “Con un 52% de desempleo juvenil, el más alto de Europa, España se enfrenta a una emergencia sanitaria”, destacó durante el acto Michael Marmot, director del Instituto de Igualdad Sanitaria del University College de Londres y coordinador del estudio, en el que han trabajado más de 80 especialistas de diferentes disciplinas a lo largo de casi tres años.

Entre los efectos del desempleo y la desigualdad, el informe señala el aumento de los problemas mentales y los disturbios sociales y, a la larga, un empeoramiento sanitario de la población, la transmisión generacional de la pobreza y la falta de oportunidades, un incremento de los delitos y un mayor índice de suicidios, que crecen de forma proporcional al desempleo.

“Estudiamos los determinantes sociales de la salud, que están empeorando con la crisis: la calidad de la vivienda, la situación de los barrios, las políticas sociales y el empleo”, explica Joan Benach, profesor e investigador de salud pública y salud laboral en la Universidad Pompeu Fabra, y uno de los expertos que ha participado en la elaboración del documento. Y resume así la conclusión principal: “No tener empleo es malo para la salud. Los desempleados sufren una cascada de problemas: son más pobres, sufren más estrés y depresiones, tienen más probabilidades de ser alcohólicos, e incluso mueren antes”.

El informe habla de una tasa de mortalidad un 20% más alta entre los parados. Si bien, como recoge el estudio, aclara Benach, lo realmente determinante es la calidad del trabajo, ya que la precariedad laboral puede tener efectos similares, entendida “como vulnerabilidad de los trabajadores, salarios bajos, falta de derechos y de protección social, e incluso el hecho de que, aunque el trabajador tenga derechos, no pueda ejercerlos por miedo al despido”. Es decir, que aquí entrarían la temporalidad, pero también el empleo informal, por horas...

Durante este último tiempo Lola ha trabajado en el servicio doméstico de manera discontinua. “Yo soy de las afortunadas y he estado contratada, pero no nos sirve para nada, porque no tenemos derecho a desempleo. La cotización es para cuando nos jubilemos y, viendo cómo están las pensiones, seguramente no lleguemos a cobrarlas”, dice con un tono entre la rabia y la melancolía. Ahora mismo trabaja por horas en diferentes casas y sin contrato.

Las cifras de una sociedad enferma

El doctor Manuel Martín García, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), detalla en números el impacto de la crisis en la salud: “En los estudios que hemos realizado hemos observado que, desde 2008, en España la mortalidad general ha crecido un 4%; la mortalidad evitable, más de un 2%, y la esperanza de vida ha descendido unas décimas”. En cuanto a los trastornos mentales, los últimos estudios muestran que han aumentado en un 19,4% las depresiones severas; en un 8,4%, los desórdenes ansiosos; y en un 4%, el alcoholismo. “Y eso que aún no tenemos datos de 2012 y 2013, que previsiblemente serán peores”.

Las cifras sobre suicidios en Europa señalan un incremento de un 4,2% en la tasa general; y de un 11,9%, entre la población juvenil, lo cual “resulta especialmente relevante, porque en los últimos 20 años la mortalidad por suicidio había descendido en todos los grupos sociales. Y pronto veremos en España más homicidios, que en Grecia han aumentado hasta en un 27% desde el comienzo de la crisis”, alerta el presidente de la FADSP, en línea con el informe de la OMS.

Lola ha sido testigo de esta extensión de los problemas de salud mental en su propio entorno: “Me costó decidirme a tomar antidepresivos, porque tenía el prejuicio de que te dejaban atontada y no te dejaban ser tú misma, pero entonces descubrí un amplio mundo de amigas y amigos que los habían tomado, los habían podido dejar y seguían vivos”, relata con el humor que le permite el asunto. Y matiza: “Conozco a mucha gente en situaciones complicadas, sobre todo mujeres que rondan los 50 años, con cargas familiares y en paro o a punto de perder su trabajo”.

Con todo, Lola es capaz de ver el lado bueno de este momento: “Al final aprendes a relativizar las cosas y a ver lo positivo desde la nada. Soy capaz de vivir con aún menos de lo que había tenido antes, soy libre para largarme cuando quiera y, sobre todo, vivo más el presente. Además, el hecho de que las enfermedades mentales estén aflorando ayuda a normalizarlas”. Tras casi un año de tratamiento, Lola se está planteando dejar la medicación, pese a que el futuro se presenta igualmente incierto: “No veo muchas perspectivas de que esto cambie, de encontrar un trabajo que me permita poder irme de casa de mis padres”.

“La sanidad pública no está preparada”

Para el presidente de la FADSP, “la situación a largo plazo va a ir, sin duda, a peor”. A las previsiones negativas sobre el paro, que el Fondo Monetario Internacional acaba de calcular en un 26,9% al finalizar este año y en un 26,7% para el año que viene, por encima de lo que anunció en abril, Martín García añade el hecho de que la sanidad pública “no está preparada para atender este aumento de los problemas sanitarios”, debido a los recortes y a las barreras cada vez mayores para acudir a los servicios de salud.

“En los centros de atención primaria hay más pacientes por médico y cada vez son más difíciles de realizar los programas de promoción y prevención por la falta de recursos –precisa–. En los hospitales también se ha reducido el gasto, se ha despedido a muchos médicos y enfermeras y se están amortizando las plazas vacantes de los médicos jubilados, que no se reponen”. A esto hay que sumar el copago farmacéutico “y lo que viene, el Real Decreto 16/2013, en el que se propone una cartera de servicios suplementaria y complementaria, lo que significa que habrá que pagar por servicios que hasta ahora eran gratuitos, como mamografías, reproducción asistida y planificación familiar”.

En opinión de Lola, estos recortes de derechos y servicios tienen un objetivo claro: “Yo creo que el mapa que han trazado los poderes políticos y financieros es el de la precariedad. Estoy segura de que en unos meses habrá más empleo, pero con trabajos mucho peores. Están utilizando la crisis para tener a la gran mayoría de la población en una situación precaria y a una minoría, enriqueciéndose”.

Es más, ella considera que este plan se está desarrollando desde hace ya tiempo, y que hay una parte de responsabilidad en esa mayoría precarizada que no reacciona: “David Harvey dijo que las sociedades hipotecadas están inmovilizadas. Gran parte de la gente está hipotecada y, así, ni política ni sindicalmente se puede hacer nada, porque esas personas van a estar tranquilas con cualquier trabajo, aunque sea de 12 o 14 horas y con horas extra, con tal de poder seguir pagando sus hipotecas”. Y se enciende al afirmar: “Nos están llevando hacia lo gris, hacia una vida sin esas cosas que nos alegran, como salir a la calle, al bar, a museos, a comprar libros... Y yo me niego a eso. Tenemos que exigir lo que es nuestro”.

El informe de la OMS afirma que “la crisis económica no puede ser excusa para la inacción”, sino que, al contrario, tiene que servir de llamamiento para actuar con urgencia. Para revertir esta situación de “emergencia sanitaria”, sugieren algunas recetas como el fomento del empleo con formación y acceso a prácticas, y el aumento de las ayudas sociales a los parados.

Para Michael Marmot, “es urgente promulgar políticas económicas y sociales que den un futuro a los jóvenes”. El coordinador del estudio fue más allá y se atrevió a hacer una recomendación muy concreta a nuestro país: “Me preocupa que las medidas de austeridad impuestas a España, Grecia y Portugal estén aumentando el desempleo entre la población joven. El Gobierno español debe enfrentarse a la troika y decirle que deje de imponer medidas que hacen daño a su población”. El documento llega a la conclusión de que “todos los países europeos, ricos o pobres, pueden tomar medidas para mejorar la salud de su población; es cuestión de prioridades”.

Fue antes de que comenzara la crisis económica que ha justificado los recortes más acusados en la Educación, y antes de que esos recortes sacaran a la calle a una marea de padres, alumnos y profesores en defensa de la escuela pública. Y, por supuesto, antes de que el ministro José Ignacio Wert presentara su Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Hace siete años, en una reunión de padres de varios colegios e institutos de Vallecas, en Madrid, Isidro Pérez se ofreció para hacer una camiseta con el lema “Escuela pública de tod@s, para tod@s” que ayudara a dar visibilidad a sus reclamos. “Elegí el verde porque me gustaba y porque se ve mucho”, cuenta este serigrafista con una sonrisa, consciente de que la ocurrencia de aquel día se ha convertido en el símbolo de la defensa de la educación pública en todos los rincones de España.

Las telas verdes se acumulan en su taller del barrio madrileño de Puerta del Ángel. Y aunque el diseño es suyo, Isidro insiste en hablar de las camisetas como una “creación colectiva” y rememora aquellas tardes del curso 2005-2006, en las que por iniciativa del AMPA del colegio público Palomeras Bajas, donde estudiaban sus dos hijas, se fue gestando la Asamblea de Afectados por el Abandono de la Escuela Pública, con el objetivo de poner en marcha una campaña contra la “política de recortes” del Gobierno de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre.

“Nos reuníamos AMPAS de varios colegios e institutos, profesionales de la educación, asociaciones de vecinos... y en una asamblea, a finales de 2006, a alguien se le ocurrió hacer algún tipo de distintivo. Se pensó en una camiseta”, apunta Gabriel Pérez, también miembro del AMPA. “Yo era del grupo promotor, y llevaba 30 años haciendo camisetas”, explica Isidro encogiéndose un poco de hombros. Y así empezó todo. El estreno de la prenda fue en los Carnavales de Vallecas de 2007. “Son unas fiestas reivindicativas, organizadas por las asociaciones de vecinos del barrio, y la charanga del Palomeras Bajas y los padres de varios colegios decidimos ponérnosla en lugar de disfrazarnos”, relata.

Pero el salto a la fama de la camiseta verde tuvo que esperar hasta mayo de 2011, cuando una profesora acudió con ella a un colegio concertado para realizar las pruebas de Conocimiento y Destrezas Indispensables (CDI) a los alumnos de 6º de Primaria. Estas pruebas, que introdujo en 2005 la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para evaluar a los alumnos de 6º curso de Primaria y 3º de Secundaria, y que la LOMCE incorpora ahora como obligatorias, fueron muy cuestionadas por padres, docentes y hasta directores de centros. “Las CDI no sirven para mejorar; más bien están destinadas a que compitan unos centros contra otros y a elaborar un ranking que beneficia a la escuela privada, que saca mejores notas entre otras cosas porque discrimina alumnado”, se enciende Gabriel Pérez.

La camiseta denunciada

A la profesora no le dijeron nada en el momento, pero al día siguiente el director del centro concertado puso una denuncia ante la Consejería de Educación y fue sancionada. “Dijeron que era una 'camiseta ofensiva'. La gente se enfadó mucho, porque además esto coincidió con la publicación de las instrucciones de Secundaria, que planteaban unos recortes tremendos en la escuela pública”, cuenta Isidro. El caso se difundió rápidamente por las redes sociales, y en dos multitudinarias asambleas celebradas en el verano de 2011 los profesores decidieron llevar puesta la camiseta el primer día de clases para protestar por los recortes. “Aquello fue como un disparo de salida. Hasta se creó un grupo en Facebook, el 'Yo también me pondré la camiseta el primer día de curso'. Se vendieron muchísimas. Fue bestial”, recuerda Federico Martínez, miembro desde hace dos décadas de la FAPA Giner de los Ríos (la federación que aglutina a las AMPAS de Madrid) y responsable de gestionar la venta de camisetas desde el blog y el correo de la federación.

Aquel mes de septiembre de 2011 surgió la ya famosa marea verde. “Según nos bajábamos del tren para ir a la manifestación empezamos a ver riadas de gente toda de verde. Fue muy emocionante”, rememora Isidro. Fue tal el éxito de las camisetas que otras empresas empezaron a vender copias, así que Isidro decidió registrar su diseño: “No me importa que la gente la copie, pero me enfada mucho ver que algunos las venden a 7, 8 o 10 euros. Me entró el miedo de que algún listo se hiciese con el copyright y quisiera enriquecerse con ello, y que encima no nos dejase a los demás hacer las camisetas. La registramos más que nada para tenerla protegida”.

Al principio las vendía la Plataforma de Vallecas por la Educación Pública. Hasta que, en el primer pleno de la Asamblea de Madrid del curso 2011/2012, Esperanza Aguirre acusó a Izquierda Unida de lucrarse con la venta de las camisetas. “La camiseta se estaba convirtiendo en un símbolo y quisieron cargárselo degradándolo”, reflexiona Isidro. “Nosotros las vendemos a cinco euros. Yo cobro la camiseta y mi trabajo, y lo que queda se destina a los fondos para la defensa de la escuela pública”.

Lo que podía haber quedado en anécdota, fue más allá. Salvador Victoria, entonces presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid y hoy consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad, declaró que iba a denunciar ante Hacienda a la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública, a la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas y a la FAPA Giner de los Ríos por hacer negocio con las camisetas. “Fue un palo. Ponían fotos de José Luis Pazos, presidente de la FAPA, de Isidro y de mí diciendo que lo que queríamos era sacar dinero. Además, yo había ido en las listas de Izquierda Unida al Ayuntamiento. Entonces, la plataforma decidió dejar de venderlas, para que no cayera todo el peso sobre nosotros. Y asumimos la venta como FAPA”, explica Federico Martínez. Las tres asociaciones señaladas por el Gobierno de Esperanza Aguirre presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue archivada. Han llevado el asunto al Tribunal de Estrasburgo y están a la espera de la sentencia.

Este jueves las calles volverán a teñirse de verde. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado una jornada de huelga de alumnos, padres, docentes y personal de los centros educativos en toda España contra los recortes y la conocida como ley Wert. En palabras de Gabriel, “la LOMCE viene a plasmar legalmente lo que en Madrid ya se está haciendo desde hace años de modo ilegal. La Comunidad ha superado las ratios establecidas por ley en las clases, por ejemplo, entrega gratuitamente suelo público a colegios privados, permite subvenciones a colegios que segregan niños y niñas, hace la prueba CDI para hacer rankings, reduce las becas... El que vale, vale, y el que no, no va a tener ningún tipo de apoyo. Es un concepto de educación muy clasista, por eso estamos en contra”.

Isidro cree que “es una ley ideologizada: supone aplicar el neoliberalismo a la educación. Tiene unos parámetros totalmente economicistas, y la educación no es economía, es crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. Las pruebas de reválida, que van a llevar a echar fuera del sistema a muchos chicos, implican una pérdida de equidad. Y la elección de los directores por parte de la administración representa una pérdida de democracia”. Isidro, Federico y Gabriel harán huelga y, por la tarde, asistirán a la manifestación con sus camisetas verdes. Para Isidro “es un orgullo muy grande haber contribuido a dar color a la marea. Aunque ojalá se convirtiese en un recuerdo de la lucha con la que llegamos a conseguir una enseñanza pública, laica, de calidad, para todos... Ojalá dentro de poco sólo sea una historia para contar a los nietos”.