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Ley del aborto

ENCUESTA: Casi el 70% de los españoles están en contra de eliminar el supuesto de malformación

Cerca de 7 de cada 10 ciudadanos con derecho a voto creen que no se debería quitar la posibilidad de interrumpir el embarazo en el caso de anomalías graves en el feto 

La ley que propone el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, va más atrás de la de 1985 y ha generado críticas incluso dentro del PP

"Los médicos tenemos la obligacion de informar a los padres para que decidan lo mejor para ese hijo que viene, para sus hermanos y para ellos mismos", sostiene la experta en Diagnóstico Prenatal Pilar Martínez Ten

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Casi el 70% de los españoles está en contra de eliminar el supuesto de malformación. Gráfico: Belén Picazo

Casi el 70% de los españoles está en contra de eliminar el supuesto de malformación. Gráfico: Belén Picazo

El 68,7% de los españoles están en contra de impedir que las mujeres aborten en el caso de que el feto presente malformaciones, según la encuesta de enero realizada por CELESTE-TEL Investigaciones Sociológicas para eldiario.es. El estudio –1.100 entrevistas realizadas apenas 15 días después del anuncio de la aprobación del anteproyecto de ley del aborto– refleja la opinión de los ciudadanos sobre la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de eliminar el supuesto de la malformación de los casos en los que la interrupción voluntaria del embarazo está permitida.

El porcentaje de españoles que están a favor de prohibir los abortos por anomalía fetal, lo que propone el anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es del 27,1%. Un guarismo inferior al de personas que manifiestan su intención de votar al Partido Popular en las próximas elecciones, el 32,1%, según la misma encuesta.

Y si entre los votantes del PP las opiniones son divergentes, más sonoros son los desencuentros en el seno mismo de la organización, en la que numerosos dirigentes se han mostrado contrarios a este cambio en concreto, e incluso han pedido libertad de voto durante la tramitación parlamentaria de este anteproyecto que acaba con la ley de plazos e incluso retrocede más allá de la ley de 1985, en la que estaba recogido el supuesto de enfermedades graves del feto.

"La ley debe favorecer a quienes, por motivos de grave malformación o riesgo para la salud de la madre, se vean en la obligación de tomar esa difícil decisión", aseguró la alcaldesa de Zamora y miembro de la directiva nacional del PP, Rosa Valdeón, una de las primeras populares en pronunciarse.

En la misma línea, el secretario general de NNGG, Javier Dorado, consideró que la noticia de una malformación fetal es un "drama para la pareja" y apuntó que "el Estado no debe complicar más las cosas". La organización juvenil desacreditó a su número dos, a pesar de que la presidenta, Beatriz Jurado, afirmó meses antes que ella no tendría un hijo si tuviera una malformación.  

También es "convicción personal" lo que muestra el impulsor del texto, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha asegurado que él sí tendría un hijo aunque tuviera "malformaciones graves". Frente a esa declaración, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Antonio Hernando, se apresuró a matizar que la ley mejorará en el trámite parlamentario y defendió que el aborto en los casos de anomalía fetal "está cubierto por lo que es el daño psicológico a la mujer".

Un porcentaje pequeño de casos

El porcentaje de abortos que se realizan bajo este supuesto de enfermedad del feto es en realidad pequeño. Según los datos del Ministerio de Sanidad de 2012 (los últimos disponibles), representaron apenas el 3,05% del total. De las 112.390 intervenciones (5.969 menos que en 2011), 3.124 se realizaron por "riesgo de graves anomalías en el feto" (2,78%); y 303, por "anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable".

El supuesto que establecía la ley de 1985 y que se mantenía en la reforma del Gobierno socialista de 2010 desaparece en el anteproyecto que impulsa el Gobierno. Con la nueva ley, las madres sólo podrían interrumpir su embarazo hasta la semana 22 con un informe firmado por dos profesionales que certifiquen que continuar con él supone un grave riesgo para su salud física o psíquica. Pasado ese plazo, únicamente están recogidos los casos en los que el feto tenga una anomalía incurable o incompatible con la vida. En ese caso, además del informe que acredite ese problema médico, hará falta otro que certifique el peligro que conlleva para la madre seguir con el embarazo.

Estas complicaciones en los procedimientos han generado críticas incluso entre los dirigentes populares. "Hay situaciones dramáticas para muchas parejas que tienen que afrontar una situación extrema cuando un médico les dice que el feto tiene malformación. Someterles a un proceso en el que hay que pedir dos opiniones de médicos, creo que es especialmente complicado y dramático para una pareja. Hay que perfeccionarlo y hacer menos doloroso ese proceso para las parejas que afrontan una noticia tan dura y complicada", explicó en una entrevista.

La especialista en Diagnóstico Prenatal Pilar Martínez Ten coincide en este argumento. "Se trata de embarazos deseados, así que dar este tipo de noticias es extremadamente duro. Más allá del desconcierto inicial, cuando una mujer sabe que el feto tiene una enfermedad gravísima, el embarazo se convierte en un calvario, y cada día que pasa lo vuelve más insoportable", explica. "En este sentido la ley actual funciona muy bien, porque da una respuesta rápida a las mujeres, que se sienten más contenidas y tienen la certeza de que esa pesadilla que están viviendo acabará pronto".

"Una ley vacía de contenido"

Legalmente, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que el Gobierno presentó el 20 de diciembre, "nos aleja de Europa y de la regulación de este derecho en el resto de Estados miembros", analiza Marta del Pozo Pérez, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.

Del Pozo apunta que las restricciones en el acceso a la interrupción del embarazo y la complejidad del proceso al que se piensa someter a las mujeres pueden provocar en España situaciones de absoluto desamparo legal que a países como Polonia les han valido condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Se trataba de un claro ejemplo de cómo de facto se puede vaciar de contenido una ley. Lo complicas tanto que al final es imposible acceder a ello", explica Del Pozo. 

El argumento que utiliza el Gobierno para quitar el supuesto de malformación es que no existan "fetos de primera y de segunda", porque hay que preservar al nasciturus. Del Pozo cree que esto es simple falacia jurídica. "El nasciturus es un bien jurídico, y su protección debe estar en relación con la madre. Que prevalezca un bien jurídico sobre los derechos fundamentales de una persona es inadmisible en Derecho". 

"El diagnóstico prenatal en España es muy bueno, y los médicos tenemos la obligacion de informar a los padres para que decidan lo mejor para ese hijo que viene, para sus hermanos y para ellos mismos", sostiene Martínez Ten. Y también es nuestra responsabilidad asesorar a las mujeres sobre qué posibilidades tienen a partir de esa noticia que les damos, que en muchos casos será sencillamente salir fuera de España para poder abortar".

Para Del Pozo, el resultado de la encuesta demuestra que la motivación del Gobierno de cambiar la ley es únicamente política. "No había una demanda social ni un argumento jurídico que avalara que la legislación actual no funciona bien. El argumento simplemente es que figuraba en su programa electoral".

"Creo que este país ha cambiado, y ya no estamos en el 85. ¿Por qué se han metido en este lío si nadie lo había pedido? ¿Por qué se meten en nuestras vidas? Estos son los comentarios que oigo a diario en la consulta".

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