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"Es precipitado hacer un balance sobre este repunte de muertas por violencia machista"

Ángeles Carmona asegura que los recortes "no están afectando a la protección a las víctimas", aunque admite que las denuncias siguen bajando

La recién nombrada presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ apuesta por una mayor especialización de los juzgados y operadores jurídicos

"El número de suspensiones del régimen de visitas a los menores es muy bajo", reconoce

Respecto a las prostitutas asesinadas, reafirma que sólo si ha existido una relación de afectividad debe considerarse violencia de género

Mapa de la violencia machista

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La recién nombrada presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona./ EFE

La recién nombrada presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona. / Efe

Para Ángeles Carmona (Madrid, 1965), secretaria judicial desde hace 21 años, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recién nombrada presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del mismo órgano, trabajar con víctimas de violencia machista le produce una sensación "de servicio público".

En un juzgado de lo Penal en Tarragona comenzó a ver muy de cerca los casos de violencia de género, cuando aún pocos lo llamaban así. Hace ocho años solicitó formar parte de los recién creados Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y desde el número 3 de Sevilla ha estado cinco años desarrollando desde la práctica la Ley Integral de Violencia de Género, que cumple este año una década, y que califica de herramienta "fundamental para luchar contra esta lacra".

Desde 2012, Carmona es jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía, un cargo que, asegura, le ha permitido "tener una visión más global", que ahora amplía a nivel nacional desde el Observatorio. Cree que es "precipitado" hablar de un repunte de asesinatos machistas con 17 mujeres muertas en lo que va de año y afirma que los recortes "no están afectando a la protección de las víctimas".

Se marca como objetivo continuar e incidir en la especialización de todos los operadores jurídicos y, ante los que insisten en subrayar que las denuncias falsas en violencia machista son numerosas, pone sobre la mesa los datos que demuestran lo contrario y afirma rotunda desde la experiencia: "En los juzgados detectamos enseguida cuándo alguien está simulando un delito".

En lo que va de año ya hay 17 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, hay cuatro casos más en investigación; las asociaciones de mujeres han vuelto a manifestarse cada 25 de mes, después de muchos años, para reclamar mayores medidas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Estamos bajando la guardia?

Es cierto que es el peor comienzo del año desde 2008, pero es precipitado para hacer un balance serio con este repunte hasta que no acabe el año. No se sabe por qué hay cierta concentración de asesinatos en varias épocas. De todas maneras, con que haya una sola mujer fallecida justifica que sigamos haciendo estudios, aunando esfuerzos, sigamos coordinándonos y viendo qué más podemos hacer.

Desde hace dos años los datos del Observatorio reflejan un descenso en el número de denuncias. ¿Hacen falta más campañas e información?

Las denuncias siguen bajando y hay que seguir sensibilizando. Difundir que hay salida y que la única manera es la denuncia. Hay muchos operadores a disposición de las víctimas, pero es imprescindible la denuncia para poner en marcha todo el circuito. No podemos proteger a quien siente que no tiene por qué ser protegido. Pero no sólo tenemos que poner el acento en la mujer víctima sino en toda la sociedad, tanto en la familia como en los vecinos o allegados. Todos deben denunciar. Debemos romper ese silencio cómplice.

No podemos proteger a quien siente que no tiene por qué ser protegido. Todos deben denunciar. Debemos romper ese silencio cómplice.


Pero aún ocurre que cuando la mujer acude a denunciar no encuentra el suficiente apoyo, acompañamiento o sensibilización, lo que muchas veces le hace desistir de continuar con el proceso.

Es imprescindible que la mujer esté totalmente acompañada desde el principio. Una mujer víctima de violencia de género sufre un shock psicológico de tal calibre que ella sola es incapaz de continuar con el proceso judicial. Por eso es tan importante la especialización, el hecho de que la mujer esté siempre atendida no sólo por un juzgado especializado, sino también por asistentes sociales especializados, médicos forenses especializados y abogados especializados. Es fundamental.

Diez años después de la puesta en marcha de la ley integral, esa especialización aún no está completa y todavía hay muchos juzgados que carecen de las unidades de valoración integral de género previstas en la norma.

Estas unidades funcionan cuando hay juzgados especializados, pero hay muchos partidos judiciales que no los tienen. Hay muchos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que son los que instruyen las causas, pero sin embargo hay pocos Juzgados de lo Penal especializados, y son los que dictan el 90% de las sentencias. De ahí que sea necesario la comarcalización [agrupación de varios partidos judiciales] para facilitar esa especialización.

La comarcalización de juzgados es una propuesta que lleva años encima de la mesa y que nunca se ha llevado a cabo.

Pues es un reto que me marco desde el Observatorio, porque no necesita mucha inversión económica, simplemente una racionalización del trabajo. Es cierto que desde algunos sectores se dice que lo que se consigue es separar la justicia de la víctima, pero en realidad el juzgado nunca estará a más de 10 kilómetros de la víctima y, haciendo un reparto más racional de efectivos, se podría hacer, podría mejorar la atención a la mujer, que siempre es mejor que sea atendida en un juzgado especializado. No sólo por el juez, sino por el resto de operadores.

El tratamiento que debe realizarse a una mujer víctima de violencia en cuanto entra en una dependencia judicial o policial debe ser exquisito. Es una mujer que va a declarar sobre un ámbito muy privado de su vida y hay que tener una especial sensibilidad y cuidado. Y para ello hace falta mucha formación.

¿Qué opina de la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén que absolvió al maltratador de quebrantamiento de condena por el eximente de estado de necesidad?

Yo no puedo pronunciarme sobre lo que me parece esa sentencia porque precisamente uno de los cometidos del CGPJ es velar por la independencia judicial; y ni como vocal del consejo ni como presidenta del Observatorio puedo dar mi opinión sobre una sentencia. Lo que sí es cierto es que esa sentencia no está obligando a nadie a vivir con su agresor, como he leído en algunos sitios. El estado de necesidad está contemplado como eximente en nuestro Código Penal y puede ser una excusa absolutoria.

¿Cómo están afectando los recortes presupuestarios en la lucha contra la violencia machista?

No han afectado a los recursos económicos o de protección. La mujer tiene que saber que tiene un cuartel de la Guardia Civil o una comisaría de Policía especializada para asistirla. Respecto a la asistencia económica, la Renta Activa de Inserción Social se ha incrementado este año. Los recortes habrán afectado a situaciones muy circunstanciales, no en protección a la víctima.

Varias comunidades autónomas están cerrando Puntos de Encuentro Familiar, que para muchas víctimas de violencia de género es un servicio fundamental de protección.

Esos recursos están transferidos a las comunidades autónomas y en cada una tienen una política diferente. Pero es cierto que los Puntos de Encuentro son muy importantes, porque el menor es el que más sufre en la violencia de género, que los convierte en seres absolutamente vulnerables. El niño aprende esas conductas violentas y, lo que es peor, la niña aprende a ser víctima porque ve ese comportamiento en su madre y lo reproduce.

Según los últimos datos del Observatorio, de las 10.057 órdenes de protección que se dictaron se suspendió el régimen de visitas en 147 casos y en otros cinco, la patria potestad. ¿No le parece un número muy bajo?

Es cierto que es un número muy bajo. En las órdenes de protección existe la posibilidad de suspensión de régimen de visitas y la patria potestad, pero también es una decisión jurisdiccional y por eso insistimos tanto en la formación.

¿Cree entonces que es necesario que los jueces tengan más en cuenta estas medidas?

Es necesario estar muy formado para saber cómo mejor proteger a las víctimas de forma integral. Lo que es un hito en nuestro sistema judicial es la visibilización de las muertes de menores. El año pasado murieron seis a consecuencia de la violencia de género, no a causa de violencia doméstica, y es así independientemente de que fallezca la madre o no. En Andalucía hubo un caso muy desgraciado de una menor que murió en un régimen de visitas y la instrucción la ha realizado un Juzgado de Violencia sobre la Mujer aunque la madre no falleciera, pues se encontraba de viaje en Barcelona.

¿Qué opina de los que dicen que existe un número elevado de denuncias falsas respecto a los delitos de violencia de género?

En el último estudio, de 2010, que se hizo al respecto en el Observatorio, el número de denuncias falsas era de 0,6% del total y la Fiscalía General del Estado tiene una estadística aún más baja, un 0,06%. Seguiremos estudiando las estadísticas para ver cómo es la evolución. Pero yo insisto mucho en que no hay que hacer alarma social con este tema porque se trata de unos datos absolutamente residuales.

En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer detectamos automáticamente los casos de simulación de delito, que son, insisto, muy residuales. El número de denuncias falsas es incluso muy bajo en relación con otros delitos. No es de recibo hacer la afirmación de que las sentencias absolutorias se deben a que la denuncia era falsa. En este tema hay que ser muy serios.

¿Qué le parece que el Ministerio de Educación haya decidido incluir de nuevo las materias sobre igualdad, después de haber eliminado Educación para la Ciudadanía?

Hay datos muy preocupantes en los adolescentes, como los estereotipos que se siguen reproduciendo, considerar que los celos son una prueba de amor, que compartir las claves de las redes sociales o del teléfono también lo es. Y lo peligroso es que los adolescentes no reconocen esas conductas de riesgo. No perciben como conducta de riesgo que él quiera aislarte de tus amigas, que quiera controlar tu forma de vestir.

Estamos dando pasos atrás y en la educación todos debemos estar a una, Gobierno, escuela, familia, medios de comunicación... porque la única esperanza es que la gente joven siga creyendo en la igualdad, siga creyendo en desterrar la violencia de género y el machismo, que es la causa de la violencia.

¿El asesinato de una prostituta no es violencia de género, como recientemente ha dicho el Gobierno? 

La ley orgánica y todos los tipos penales aplicables se refieren a relaciones de parejas o exparejas. Si entre el hombre y la mujer tratada se demuestra que hay una relación sentimental, por supuesto que es violencia de género.

En nuestra jurisprudencia hemos dado muchos pasos en ampliar lo que es esa relación de afectividad. Al principio el Tribunal Supremo dijo que para demostrar esa relación de afectividad debía ser al menos de un mes de duración, pero después esta jurisprudencia ha sido superada y con menos tiempo puede darse una relación afectiva tan fuerte como para crear esas conductas de dominación y subyugación. Si esa relación ha existido, por supuesto que es violencia de género.

Algunas asociaciones de mujeres señalan que su cargo como presidenta del Observatorio es incompatible con el que desempeña como jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

La nueva ley orgánica por la que se rige ahora el Poder Judicial establece que los vocales que no formamos parte de la Comisión Permanente podemos compatibilizar nuestras actividades profesionales con las que desempeñemos en el Consejo. Además, en mi caso mi trabajo como jefa de la Unidad de Coordinación Territorial es un cargo técnico que no tiene funciones ejecutivas, ni mucho menos judiciales, ya que soy secretaria judicial.

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