Cuatro toneladas de miel a la basura. Es la cantidad que Sebastian Seusing, un antiguo apicultor alemán, tuvo que tirar en 2020 tras encontrar altas concentraciones del herbicida glifosato en su producción. Seusing había tomado todas las precauciones posibles para poder certificar su miel como orgánica, pero le sirvieron de poco. El episodio le llevó a dejar la apicultura y a denunciar al agricultor que sospechaba que había rociado el químico que acabó en su miel.

Seusing no es el único que está sufriendo algo que preocupa a apicultores y científicos por igual: los efectos de la intensificación de la agricultura en Europa van mucho más allá de los campos rociados y ni los rincones supuestamente más controlados escapan de ellos.

En Francia, François Le Dudal perdió el 80% de sus abejas en 2018 y culpa a los pesticidas utilizados por sus vecinos. En España, Rafael Cerdá, apicultor trashumante, ha visto aumentar la tasa de mortalidad de sus abejas drásticamente durante las últimas décadas. Algo que Europa va a intentar solucionar ahora con una nueva regulación recién presentada para reducir un 50% el uso de pesticidas en el continente.

Porque esta intensificación de la producción agrícola no ha sido fruto del azar ni del mercado. Ha estado directamente promocionada por la Unión Europea durante las últimas seis décadas. Con los efectos de la Segunda Guerra Mundial aún ahogando a la población del continente, la entonces Comunidad Económica Europea puso en marcha en 1962 la Política Agrícola Común, la PAC, con el objetivo de asegurar el suministro de alimentos en Europa a un precio asequible y ofrecer seguridad económica a los agricultores para que continuaran cultivando.

“Hablamos de una situación de mucha incertidumbre, mucha hambre. El objetivo era producir mucho y barato”, explica Noa Simon, directora científica de Beelife, una ONG que trabaja por la preservación de las abejas y otros polinizadores. “Eso ha llevado durante más de 50 años a un sistema productivo súper intensivo​​”, continúa. El esquema de subsidios recompensaba más cuanto más se producía. A partir de los años 90, la sobreproducción llevó a primar el número de hectáreas como el principal factor para la recepción de ayudas. Y así se ha mantenido hasta hoy.

El problema no son solo las abejas. El problema son los polinizadores salvajes. Están desapareciendo sin que nadie se dé cuenta

Johann Lütke Schwienhorst, asesor de la fundación ecologista Aurelia Stiftung

El impacto que esta política ha tenido sobre el campo ha sido claro: fincas cada vez más uniformes e industrializadas. “La PAC ha llevado a la simplificación y consolidación del paisaje, a incrementos drásticos en el uso de pesticidas y la frecuencia del laboreo, a la expansión del regadío y a la destrucción de pastos”, aseguraban 2.500 científicos en una carta enviada en noviembre de 2019 al Parlamento Europeo pidiendo medidas urgentes parar reducir el impacto de las prácticas agrícolas intensivas en Europa.

Los datos muestran esta tendencia: las explotaciones agrarias en Europa han pasado de una media de 11,8 hectáreas en 2005 a 16,6 en 2016, más de un 40%. Y aunque las mayoría de explotaciones son familiares, no dejan de desaparecer. Entre 2005 y 2016 se contabilizaban 4,1 millones de explotaciones menos en Europa, cerca del 30%, la mayoría de ellas de menos de 5 hectáreas.

En el caso español, el número de explotaciones se ha reducido un 12,5% entre 2005 y 2016, pero las de más de 100 hectáreas se incrementaron casi un 5%. Esas últimas suponían un 5,4% del total en 2013, pero acaparaban el 55,5% del total de la extensión cultivada, casi 13 millones de hectáreas, unas 250 hectáreas de media, según un informe del Transnational Institute.

Este proceso de expansión e intensificación se ha vivido sobre todo en las parcelas más productivas, que se han dedicado a cultivos de regadío en el Levante, las dos Castillas, Aragón y Andalucía, según un estudio publicado en la Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales.

Otra de las claves del modelo ha sido el uso intensivo de agroquímicos. En la actualidad hay casi 500 ingredientes activos para pesticidas autorizados en la Unión Europea, de los cuales 86 son insecticidas. Y aunque Europa ha conseguido contener el uso de agroquímicos, no ha podido con los insecticidas: sus ventas se incrementaron más de un 64% entre 2013 y 2020.

Esas sustancias afectan especialmente a los polinizadores, elemento clave de la cadena alimentaria. Y no solo de los ecosistemas salvajes. También de los campos que nos dan de comer. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que un 75% de los cultivos dedicados a comida depende, al menos en parte, de los polinizadores.

“El problema no son solo las abejas. El problema son los polinizadores salvajes. Están desapareciendo sin que nadie se dé cuenta”, asegura Johann Lütke Schwienhorst, agricultor de formación, apicultor amateur en Alemania y asesor en la fundación ecologista Aurelia Stiftung.

“El consenso unívoco es que estas actividades [agrícolas] en conjunto han llevado a un declive de las poblaciones de pájaros rurales europeos de más del 55% entre 1980 y 2015, y a un declive de la abundancia de insectos de más del 76% en un estudio de 63 reservas naturales en Alemania entre 1989 y 2016”, aseguraba la carta enviada por los científicos al Parlamento Europeo.

Otro estudio del ​​Instituto para la Política Medioambiental Europea sobre polinizadores coincidía: “La principal amenaza medioambiental para la diversidad y abundancia de polinizadores en Europa está asociada a la agricultura moderna intensiva y la pérdida de pastos naturales extensivos, zonas de barbecho con vegetación herbácea, cultivos de cobertura y de forraje y márgenes de los campos con vegetación floral diversa”.

Una dieta única y contaminada

La clave de una dieta saludable está en la variedad. No solo para la especie humana. Incluso para los polinizadores, alimentarse de una única planta incrementa su susceptibilidad a los insecticidas. Y, sin embargo, tienen una oferta cada vez más monótona en el menú. Así, la PAC no solo ha promovido la concentración de tierra; también ha dado “prioridad a plantas sin floración o con una floración limitada”, explica Lütke Schwienhorst.

Rafael Cerdá lo ha visto con sus propios ojos a lo largo de toda una vida como apicultor. Procedente de una familia que ha producido miel desde el siglo XIX en Ayora (Valencia), mira con desesperación la alta tasa de mortalidad de sus abejas. “La globalización hace que los productos agrícolas se vayan haciendo cada vez más rentables”.

Este apicultor trashumante critica que “se hace que esos cultivos produzcan mucho, que sean rápidos y tardíos para sacar el máximo rendimiento. Entonces las temporadas de floración suelen ser más cortas”, explica. Y cuanto más cortas son las floraciones, más tienen que transhumar las colmenas para poder sacar miel.

Pero no es el único problema. Una tercera parte del suelo arable de Europa está cultivada con cereales, principalmente trigo, cebada y maíz, cultivos que no forman parte de la dieta de la mayoría de los polinizadores, especialmente los melíferos, como las abejas. Cultivos que no van siempre destinados a consumo directo humano: de hecho, según Greenpeace, un 62% de esos cereales se destina a la producción de piensos.

Esta dieta monótona viene muchas veces condimentada de forma venenosa: rociada de pesticidas capaces de poner en jaque a los ponilizadores y afectar a su sistema nervioso y a sus habilidades de interacción social.

Entre ellos, tienen especial mala fama los neonicotinoides, especialmente después de que tres de ellos, el clothianidin, el imidacloprid y el thiamethoxam, fueran prohibidos en 2018. “Es un gran problema que la toxicidad de los pesticidas se evalúe solo en base a la tasa de mortalidad que causan. En la práctica el daño que causan es mucho mayor que simplemente matar insectos”, explica Randolf Menzel, profesor emétiro de neurobiología en la Free University de Berlin. “Pero podemos acabar con estos malos usos. Se paró el DDT. Se paró la cicloheximida. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los neonicotinoides”.

Sin embargo, estos neonicotinoides no se han erradicado del todo. Aún se pueden utilizar con ‘autorizaciones de emergencia’ para su uso en campos sobre todo de remolacha y en la mayoría de los casos se han sustituido por sulfoximina, un pesticida muy similar a los neonicotinoides.

Aun así, aunque se prohíban los compuestos más tóxicos, los polinizadores no están a salvo del efecto cóctel de otros pesticidas menos agresivos. “Antiguamente a lo mejor se fumigaba más fuerte, con productos más lesivos para las abejas. Poco hemos pasado a utilizar productos menos agresivos, que a lo mejor matan menos porcentaje de abeja, o no les afecta tanto, pero les afecta. Y se fumiga más”, explica el apicultor Rafael Cerdá.

Antiguamente a lo mejor se fumigaba más fuerte, con productos más lesivos. Hemos pasado a productos menos agresivos, que a lo mejor matan menos porcentaje de abejas, pero les afectan. Y se fumiga más

Rafael Cerdá, apicultor trashumante

“En la autorización de plaguicidas no se tiene en cuenta el efecto cóctel”, explica Noa Simón, de Bee-Life. “Se autoriza un plaguicida para un cultivo. Pero no se tiene en cuenta el contexto de los cultivos ni qué otros pesticidas pueden estar rociándose cerca”, continúa.

En este contexto, los apicultores a menudo se ven incapaces de demostrar que los pesticidas son los responsables de la mortalidad de sus colmenas. “Cuando las abejas están perfectamente sanas, son capaces de luchar contra virus y agresiones, excepto por la varroa. Sin embargo, cuando están contaminadas con varias moléculas, incluso con una dosis pequeña, el efecto cóctel debilita toda la colonia, que entonces tiene un sistema inmune pobre y es vulnerable a todo tipo de agresión. Pero esto es difícil de demostrar”, explica el apicultor francés François Le Dudal.

Por ello, Le Dudal y varios apicultores de la región de Bretaña han puesto en marcha un sistema de vigilancia independiente que realiza los análisis toxicológicos que muchas veces las autoridades se niegan a hacer. En los últimos años, asegura Le Dudal, han encontrado todo tipo de tóxicos en la miel, la cera o el polen. Seusing, por su parte, acaba de ganar el caso contra su vecino y el agricultor tendrá que pagarle por los daños ocasionados a sus colmenas.

En España, aún estamos lejos de la industrialización agrícola del norte de Europa, afirma Mariano Higes, investigador especializado en patologías de abejas del Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo. El principal enemigo de las colmenas es la varroa –un ácaro que ataca a los insectos–. “El problema de la apicultura no es solamente los neonicotinoides. Son uno de los problemas. Otro los fungicidas, los herbicidas, los acaricidas... Y otro los patógenos, que también van más allá de Varroa destructor”, asegura Mariano Higes.

“El efecto que tienen en conjunto las medidas de la PAC es que siguen prevaleciendo las ayudas directas que fomentan la intensificación. Las otras que podríamos llamar compensatorias o ambientales son minoritarias, así que no compensan del todo los efectos que causan las otras medidas”, explica Elena Concepción, investigadora post-doctoral especializada en biodiversidad del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Alquiler de colmenas para garantizar cultivos

Este cóctel ha resultado tan mortífero que muchos agricultores tienen ahora que recurrir a los apicultores para poder polinizar los campos. El propio Rafael Cerdá a menudo mueve sus abejas no para buscar las mejores flores, sino porque le pagan por llevar sus colmenas en ciertas parcelas durante la época de floración. “Hay un montón de cultivos, de hortalizas y de frutales, en los que nos pagan por llevar las abejas solamente para polinizar”, relata.

Cerdá menciona una larga lista de cultivos a los que lleva sus colmenas. Sandías y calabacines de invernaderos en Almería. Fresas de los invernaderos de Huelva. También en campos abiertos de ciruelas, albaricoques, melocotones o nectarinas. Y, por supuesto, las almendras, que producen entre un 20 y un 25% más si han sido polinizadas por abejas, asegura orgulloso Cerdá.

Es un cóctel que, sin embargo, llama a la catástrofe. Una de desiertos verdes que, de tanto querer producir más comida, cada vez tienen más dificultades para hacerlo.

-----------

Este artículo fue desarrollado con el apoyo de Journalismfund.eu

Decía el filósofo Karl Polanyi que el hombre y la mujer de la modernidad se acostumbraron a aceptar, casi como un hecho natural, que la abundancia material llegara de la mano de la pobreza. Que la opulencia conviva con el hambre. El capitalismo del siglo XXI condena al hambre a países enteros mientras que la otra mitad de la humanidad convive con la epidemia de obesidad y diabetes; al mismo tiempo, se sigue repitiendo, como un mantra, que el modelo agroindustrial es inevitable y que es nuestra única baza contra el hambre.

Medio siglo después de que la Revolución verde entrase en los campos, 821 millones de personas, una de cada nueve, sufren hambre, y esa cifra sigue creciendo, pese a que la tierra podrá alimentar a los 9.100 millones de seres humanos que, según la FAO, poblarán la tierra en 2050, con solo evitar que se desperdicie, como ahora sucede, un tercio de la comida que se produce.

Hoy, al igual que hace 60 años, el loable objetivo de acabar con el hambre sigue siendo el argumento legitimador del modelo agroindustrial, a pesar de que la realidad demuestre que, más bien al contrario, la expansión de la frontera del agronegocio supone la expulsión de los campesinos y la pérdida de soberanía alimentaria para las comunidades locales. Según un estudio de ETC Group de 2017, la red campesina provee un 70 por 100 de los alimentos que se producen en el mundo, a pesar de contar sólo con el 25 por 100 de los recursos. Los campesinos son, también, quienes garantizan la biodiversidad: si la cadena alimentaria industrial se enfoca en apenas una docena de cultivos y cien variedades de ganado, los campesinos crían ocho mil variedades de ganado y han aportado más de 1,9 millones de variedades vegetales a los bancos genéticos del planeta.

En contraste, la lógica de la agricultura industrial ha reducido rápidamente el número de especies que cultivamos y comemos, hasta el punto de que el 90 por 100 de las calorías que se consumen actualmente a nivel mundial proceden de apenas una treintena de variedades.

Pero los monocultivos de una sola variedad dejan campos enteros inermes frente a las plagas; para evitarlas, se hacen cada día más necesarios pesticidas y herbicidas cada vez más potentes, que acaban con los microbios, pero que también tienen efectos perjudiciales en la población humana. Y, si la toxicidad de los alimentos que consumimos es cada vez más preocupante, no lo es menos la pérdida de biodiversidad de las especies, que hace a los seres humanos cada vez más vulnerables y pone en entredicho la soberanía alimentaria. En muchas regiones del mundo, la privatización de las semillas y las patentes es un debate candente y, para las comunidades campesinas, una batalla definitiva contra un sistema económico que las condena a la marginalidad.

Y dentro de esta lógica, la soja, la caña y la palma son, en el siglo XXI, tres monocultivos que han transformado el mundo. Si la caña de azúcar es el más antiguo de esos “monarcas agrícolas” a los que se refería Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, la palma y la soja han tenido una expansión mucho más reciente.

En los tres casos, se trata de monocultivos industriales que no están destinados primariamente al cultivo de alimentos, sino a la producción de biomasa que se destina a usos diversos: desde el sector agroalimentario, que vende productos comestibles antes que alimentos saludables, hasta la industria cosmética, pasando por la elaboración de agrocombustibles. En nuestro libro, apuntamos cuestiones que son transversales a este modelo agroindustrial: los impactos para nuestra salud del consumo de productos ultraprocesados, las certificaciones de sostenibilidad y los riesgos que implican los agrotóxicos.

De lo que estamos hablando es de la existencia de dos modelos de desarrollo en disputa: de un lado, la agricultura campesina y otras iniciativas más recientes que proponen un uso sostenible de la tierra para la producción de alimentos saludables y culturalmente adecuados; tales experiencias pueden agruparse en torno a la idea de soberanía alimentaria. Del otro lado, los monocultivos orientados a la exportación a cambio de divisas, que no producen alimentos para la población local, sino ganancias que acaparan los grandes terratenientes y las multinacionales del sector agroalimentario y biotecnológico que, como veremos, están concentradas en cada vez menos manos.

Esas pocas manos son las que toman las decisiones respecto a qué comemos, en qué condiciones se produce y quiénes son los ganadores y perdedores del modelo. Si quienes más pierden a día de hoy son las comunidades indígenas, negras y campesinas, a las que se les arrebatan sus tierras y, con ello, la posibilidad de mantener sus formas de vida ancestrales, a largo plazo la gran perdedora es la especie humana en su conjunto, pues el modelo del agronegocio basado en el monocultivo se está cobrando un alto costo en forma de pérdida de biodiversidad y contaminación de las fuentes de vida de las que depende nuestra existencia, como el agua dulce y la fertilidad del suelo.

Hace año y medio, los vecinos de Mae Nam Khu, un pequeño distrito tailandés a un par de horas de la capital, Bangkok, empezaron a sentir que el aire se volvía cada vez más pesado. Una de las fábricas de reciclaje de plástico que operaba en la zona había aumentado su actividad repentinamente. “Antes solo funcionaba algunos días a la semana. Ahora está permanentemente en funcionamiento. Todos los días; día y noche. El olor se ha vuelto muy intenso”, explica Somnuck Jongmeewasin, un activista de la zona e investigador sobre asuntos medioambientales.

La fábrica de Mae Nam Khu es una de las beneficiadas directas por la prohibición que China impuso en enero de 2018 a la importación de varios tipos de desechos, incluyendo cualquier tipo de plástico que no fuera 99,5% puro. Las autoridades del gigante asiático, que hasta entonces había importado aproximadamente el 45% del tráfico mundial de desechos de plástico, alegaban los problemas medioambientales que generaba una industria que era utilizada por los países ricos para aliviar sus problemas de gestión de basuras.

La decisión dejaba así millones de toneladas de plástico –se calcula que unos 111 millones de toneladas métricas hasta 2030– en busca de un nuevo vertedero y una crisis medioambiental a la deriva. Los países afectados buscaron nuevos destinos que les permitieran olvidarse de sus residuos por un módico precio, una oportunidad que se abrió en los Estados del sudeste asiático, la mayoría de ingresos bajos o medios con altos niveles de corrupción. “Por desgracia, la región del sudeste asiático es la zona escogida para verter desechos foráneos tras la prohibición de China de 2018”, asegura Lea Guerrero, directora de Greenpeace en Filipinas.

Millones de toneladas procedentes de España

Parte de estos residuos proceden de España, según datos proporcionados por organizaciones medioambientales. Así, según un reciente estudio publicado por la ONG tailandesa Earth (Tierra en inglés), Tailandia importó entre 2014 y 2018 casi 25 millones de toneladas de desechos plásticos procedentes de España, siendo así el sexto país del mundo que más residuos de este tipo enviaba al Estado asiático. En el caso de Malasia, España fue el octavo mayor exportador entre enero y julio de 2018, con 20,6 millones de toneladas enviadas durante ese periodo, según datos del Gobierno malasio recogidos por Greenpeace.

Buena parte de esa basura compuesta de plásticos y de desechos electrónicos, que también son ahora rechazados por China, son exportados a estos países utilizando lagunas legales, explica Guerrero. Así, la exportación de desechos peligrosos está regida por la Convención de Basilea, un convenio internacional que entró en vigor en 1992 y que limita –y en algunos casos prohíbe– el intercambio transfronterizo de este tipo de residuos, especialmente cuando se dirigen a países empobrecidos. Aunque originalmente incluía principalmente desechos que contuvieran metales pesados, como la electrónica o desechos médicos, recientemente, se acordó incluir en la lista de residuos peligrosos los plásticos no reciclables.

Sin embargo, la convención deja abierta la puerta a que se envíen estos desechos aunque estén prohibidos si van a ser destinados a su reciclaje –supuestamente, cumpliendo unos estándares mínimos de seguridad–, algo que muchos países han utilizado para deshacerse de basura que en la práctica no se puede aprovechar, explica Guerrero. “Buena parte de la basura termina en vertederos o se quema en sitios ilegales, creando problemas para las comunidades y el medio ambiente”, afirma la activista.

Decenas de comunidades como Mae Nam Khu ya han empezado a padecer los efectos de este nuevo negocio. Malasia, donde ya había una industria del reciclaje antes de la prohibición de China, ha sido uno de los países más afectados. “Ha habido denuncias por parte de las comunidades por la quema de residuos. No todo puede ser reciclado y la quema contamina el aire”, asegura Heng Kiang, de Greenpeace en Malasia.

En Tailandia, el informe de la organización Earth también ha denunciado los impactos de la expansión de las plantas de reciclaje, la mayoría de ellas con capital chino. “Los inversores chinos estaban muy bien preparados para hacer que el negocio sobreviviera –fuera de las fronteras chinas–” , asegura Penchom Saetang, directora de Earth, quien explica que las nuevas plantas han contaminado las aguas de varias localidades debido a la mala gestión de los residuos. “Este tipo de intercambio internacional es muy peligroso para los países en desarrollo”, continúa Penchom.

La crisis ha sido tal que hace unas semanas el Gobierno de Malasia decidió devolver 3000 toneladas de plástico no reciclable a varios países occidentales, entre ellos España. Indonesia hizo lo mismo días después y ha enviado a Estados Unidos cinco contenedores con papel que supuestamente era para reciclar, pero en el que había otros desechos como plásticos, caucho o pañales.

En Mae Nam Khu, los aldeanos ya han comenzado a sufrir problemas de salud relacionados con las emisiones de la fábrica generadas cuando se funde el plástico. “Algunas personas están desarrollando alergias, otros incluso fiebre”, asegura el investigador Somnuck Jongmeewasin. Varios estudios han atribuido importantes efectos en la salud del tratamiento de estos residuos, especialmente cuando se queman. “Queman por las noches el plástico que no pueden reciclar. Es peligroso. Los plásticos tienen muchos componentes y varios de ellos afectan a la salud”, continúa Somnuck.

Sin embargo, las comunidades no se están quedando de brazos cruzados y varias han iniciado acciones para que se cierren las fábricas. Mae Nam Khu es una de ellas. Sus vecinos han denunciado a la empresa por no tener las licencias pertinentes, cuenta Somnuck. Varias organizaciones medioambientales han lanzado además una campaña para que todos los países de la región firmen una enmienda voluntaria de la Convención de Basilea que prohíba el envío de estos desechos incluso si es para su reciclaje. “Un país solo no puede hacerlo. Necesitamos mecanismos internacionales que eviten que el sudeste asiático se convierta en un vertedero”, concluye Penchom.

En plena temporada alta, las aguas alrededor de Koh Phi Phi (Tailandia) bullen con centenares de barcos que llevan sin descanso a buceadores a los puntos donde los fondos son supuestamente los más suntuosos. Los turistas, la mayoría sólo con máscaras de snorkel, se lanzan al agua y siguen al guía que muestra una realidad más bien inerte. El fondo es prácticamente blanco, señal de que los corales han muerto o están a punto de hacerlo, y apenas hay peces.

El turismo ha sido señalado como una de las principales causas de la desaparición de corales en medio mundo debido a buceadores descuidados, a menudo principiantes, que los tocan y los pisan en sus inmersiones, pero también por la contaminación de las aguas en zonas de alta concentración turística. La situación de estos valiosos animales, que sostienen buena parte de los ecosistemas marinos, es crítica.

Así, la organización World Resources Institute preveía en 2011 que a mitad de siglo más de un 90% de los corales habrán desaparecido, por efecto no sólo del turismo, sino también del incremento de la temperatura de las aguas y por otras actividades como la pesca.

Sin embargo, algunos han empezado a ver en el turismo una posible salvación para estos animales, con apariencia de roca o de planta marina, que dan cobijo y alimento a entre un cuarto y un tercio de las especies marinas. “Hay casos en los que hay buen turismo. Puede hacerse de una manera que sea sostenible y que dé valor a los corales en términos de crear las condiciones en las que las comunidades los cuidarán más”, asegura Mark Spalding, un conservacionista de la Universidad de Siena (Italia).

Así, el turismo relacionado con los corales aporta 36.000 millones de dólares al año en zonas costeras, lo que puede ser un incentivo para recuperarlos. Es lo que ha ocurrido en Indonesia, donde los pescadores dejaron de utilizar explosivos para convertirse en guías turísticos en zonas con turismo relacionado con los corales, asegura Spalding.

En Koh Lanta, a una decena de kilómetros al sur de Koh Phi Phi, han ido un paso más allá y los buceadores no sólo observan los corales; los restauran. No son, sin embargo, científicos o expertos en conservación marina, la mayoría son apasionados del buceo que, de la mano del oceanógrafo malasio Anuar Abdullah, han aprendido sencillas técnicas para propagar los arrecifes.

Objetivo: rehabilitar arrecifes

“Los arrecifes son como los bosques tropicales y su rehabilitación es similar”, asegura Abdullah. E inspirado por esos bosques, el científico malasio desarrolló un sistema “simple” que pudiera ser puesto en práctica por amantes del medio ambiente sin pasar años estudiando en una facultad.

Como cuando se plantan árboles, los buceadores crean un vivero donde las “semillas”, trozos enfermos de coral, crecen hasta ser lo suficientemente grandes para ser trasplantadas. Después se colocan en zonas estratégicas y se deja que la naturaleza haga el resto del trabajo: los corales irán creciendo poco a poco hasta fusionarse y formar los arrecifes. La clave para que todo funcione es, sin embargo, un catalizador que Abdullah desarrolló en 2006 y que permite fijar las “semillas” a la roca para que puedan crecer.

“Es un proceso simple que cualquiera que tenga experiencia buceando puede realizar”, asegura Abdullah. Así, en 2012 el malasio empezó a organizar cursos con su organización 'Ocean Quest' ofreciendo a los buceadores formaciones que van desde un día, y en los que se enseñan los pasos básicos, hasta aprendizajes que duran más tiempo y que permiten obtener el título de “jardinero experto” para la rehabilitación de corales.

Una de esas jardineras es Saffron Kiddy, una buceadora por accidente que en 2006 fundó la escuela Scubafish en Koh Lanta. Con el paso de los años, Kiddy vio cómo, con el incremento del turismo, los corales desaparecían de los fondos marinos. “Esta zona necesita ayuda de forma desesperada. Apenas quedan corales”, asegura Kiddy.

La británica escuchó entonces hablar de las técnicas de Abdullah y decidió apuntarse a uno de sus cursos. “Los buceadores somos buenos aliados porque estamos ahí cada día. Podemos controlar que los corales están en buen estado y protegerlos”, asegura Kiddy. En 2015, Abdullah y Kiddy se aliaron para empezar a rehabilitar los corales cercanos a Koh Lanta. “Los resultados son impresionantes”, asegura Kiddy. “Hemos visto cómo los corales se recuperaban rápidamente”.

La técnica está ahora siendo utilizada en uno de los puntos más sensibles de Tailandia, Maya Bay, la pequeña bahía que Leonardo Dicaprio hizo famosa en su película 'La Playa'. La expectación despertada por la película atrajo a hordas de turistas que forzaron al cierre de la zona el pasado mes de junio para que los ecosistemas pudieran recuperarse. No es el único punto en Tailandia, un país en el que cerca del 80% de los corales están dañados, según el gobierno, y donde otros puntos turísticos se han cerrado.

De momento, Maya Bay estará cerrado durante un tiempo indeterminado y el número de turistas se limitará probablemente en el futuro. Sin embargo, esto podría no ser suficiente en otros puntos más sensibles. “En algunos casos se necesitarán cierres parciales, pero en otros casos tendrán que ser permanentes”, asegura Abdullah.

Conservar los arrecifes no es sólo importante para el turismo; sin los corales, buena parte de los ecosistemas marinos colapsará. Sin embargo, algunos ven luz al final del túnel. “Tenemos esperanza de que con este proyecto podremos salvar los corales en la zona”, asegura Kiddy. “Es fundamental para nuestra propia supervivencia”.

En un país donde es común ver a personas transgénero en lugares de alterne y prostitución o sirviendo en cafés, lo raro es encontrarlas dando mítines y participando en debates políticos. Pauline Ngarmpring es, de hecho, la primera. Y si su recién iniciada carrera política es algo insólito en Tailandia, el país en el que nació y creció, el momento que ha elegido para lanzarse a la arena política no lo es menos: las primeras elecciones parlamentarias que se celebrarán este domingo tras casi cinco años de una represiva dictadura militar.

En los días previos a la cita electoral, los analistas se han centrado en la falta de legitimidad del proceso debido a los extraños mecanismos que el Gobierno militar ha puesto en marcha para poder retener el poder. Sin embargo, la comunidad LGTBI se aferra a la esperanza: por primera vez hay una candidata que se ha desmarcado abiertamente del tradicional binomio masculino-femenino por nacimiento que aún impera en la tradicional sociedad tailandesa. El país empieza a salir de su particular armario político.

Tailandia goza, a menudo, de una imagen de paraíso para gays, lesbianas, transexuales y otras identidades sexuales. Sin embargo, la alejada realidad que enfrentan estos colectivos fue lo que llevó a Pauline* a presentarse a las elecciones. “La sociedad aún discrimina a los LGTB+. Tienen menos oportunidades laborales y sociales y problemas con las familias”, asegura en una conversación con eldiario.es. “Aún tenemos muchas desventajas en nuestra vida por ser LGTB+. Es a lo que yo me he enfrentado toda mi vida y lo que me ha hecho fuerte”.

El problema es histórico y se remonta a la época en la que los países vecinos estaban colonizados y Tailandia tenía una fuerte influencia extranjera, asegura un informe de USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos. “La historia de los comportamientos homosexuales y transgénero en Tailandia ha llevado a una situación compleja y contradictoria con una apariencia externa de aceptación, y una mayor visibilidad de personas transgénero que en otros países, pero con hostilidad y prejuicios hacia los LGTB, así como discriminación institucionalizada, que aún prevalece”, explica el informe.

Según el documento, la sociedad tailandesa ha sido tradicionalmente andrógina en muchos de sus comportamientos y atuendos, pero la influencia occidental a partir del siglo XIX, y sobre todo del XX, llevó a una mezcolanza confusa de identidades sexuales.

“Tardé 45 años en aceptarme”

A ojos de la mayoría, Pauline respondía, antes de iniciar su transición, al modelo hegemónico de masculinidad. En su vida anterior, Pinit, su nombre masculino, era un exitoso hombre de negocios y reportero en el Bangkok Post, uno de los principales diarios del país. Durante su ecléctica vida, Pinit fue boxeador, fundó un club de fans del equipo nacional de fútbol y tuvo dos hijos. “Tardé 45 años en aceptarme a mí misma”, apunta Pauline, mientras se recoloca su melena que sobrepasa por un par de centímetros la altura de los hombros.

Su miedo a no ser aceptada era tal que, a pesar de que Tailandia es uno de los principales destinos en el mundo para llevar a cabo operaciones de reasignación de sexo, ella se fue a Estados Unidos. “Cuando tomé la decisión de hacerlo, no fue un alivio. Estaba aterrada”, esgrime. “En Tailandia todo el mundo me conocía”.

En EEUU, se reinventó como chef de cocina, y durante tres años llevó a cabo su proceso de transición mientras lidiaba con los fogones. La noticia, sin embargo, no tardó en volar hasta Tailandia y la pesadilla volvió. “Mucha gente lanzaba rumores, así que decidí volver para que dejaran de hablar”, asegura.

Su vuelta en 2017 despertó la curiosidad de muchos y varios partidos políticos se acercaron a ella para que se uniera a sus filas. Ninguno la convenció, hasta que un partido pequeño, el Mahachon (Partido del Público), la invitó a una reunión. “En cuatro horas había tomado la decisión”, asegura. El Mahachon se ha posicionado como un partido de clara tendencia LGTB, y al menos una veintena de sus candidatos se identifican como tal. “Ahora tenemos que hacer ver a la gente que no queremos defender solo nuestros intereses, sino los de todo el mundo”, indica la candidata.

De colectivo discriminado a votantes clave

Al igual que su transición, la decisión de Pauline de entrar en política causó sorpresa. “Al principio se reían. Pero a mí no me da miedo que se rían de mí”, afirma con seguridad. “Cuando vieron que era una persona seria, empezaron a apoyarme”, continúa.

Como Pauline, otras personas LGTB están empezando a ser tomadas más en serio por la sociedad tailandesa, asegura Anjana Suvarnananda, fundadora de la Fundación Anjaree, el grupo de defensa de los derechos de los LGTBI más antiguo del país. “Antes eran vistos como gente extraña. Ahora son considerados como un grupo de interés más”, afirma la activista.

Un grupo clave, porque, aunque no se sabe con precisión cuánta población LGTB hay en Tailandia –muchas personas no se reconocen abiertamente como tal–, varias estimaciones la sitúan entre los 2 y los 7 millones, en un país de 69 millones de habitantes. “Es la primera vez que ha habido tanto interés por los asuntos LGTBI en unas elecciones”, asevera Anjana.

Según la activista, aunque han sido los pequeños partidos como el Mahachon o el Partido de los Comunes los que han abierto el debate, los grandes partidos también se han mostrado más receptivos a discutir sobre sus problemas. Incluida la junta militar, quien ha apoyado un proyecto de ley para aprobar las uniones civiles entre personas del mismo sexo que, de momento, no ha entrado en vigor. Sin embargo, el Pheu Thai, el principal partido de la oposición, el Future Forward, un partido nuevo popular entre los jóvenes, o el Demócrata, se han mostrado favorables a aprobar el matrimonio sin distinción de género si llegan al gobierno.

Pauline es consciente de que tiene pocas posibilidades de ser elegida primera ministra en estas elecciones, pero tiene claros sus objetivos. “Si llego a serlo, mi decisión será representar a todos los géneros”, asegura la candidata. “Porque tengo ambos géneros en mi cabeza y cuando tomo una decisión, pienso de las dos maneras. Y ahí puedo romper barreras”.

--

*Nota: en tailandés se utiliza generalmente el nombre de pila para acortar los nombres, no el apellido.

Nada Chaiyajit nunca pensó que, tras haber aprobado todas las asignaturas de Derecho que estaba cursando en una universidad en una provincia de Tailandia, tendría otra batalla por delante para conseguir un papel que reconociera su título. La fotografía con la que lo había solicitado fue el principal problema: Nada aparecía con el pelo largo y suelto y un atuendo femenino, a pesar de que su carnet identidad indicaba que había nacido hombre.

“No tenemos protección legal cuando se refiere al reconocimiento (de nuestra identidad sexual)”, explica la activista transexual a eldiario.es. “Incluso si te operas para cambiarte de sexo, tu identidad y tus documentos oficiales se mantendrán como cuando naciste”.

Los problemas a los que se enfrentó Nada chocan con la imagen de la que goza Tailandia, según la cual es un paraíso para la comunidad LGBTIQ. Una idea extendida gracias a sus fiestas, los reclamos publicitarios para atraer a turistas y a la numerosa presencia de personas transexuales en la industria del entretenimiento. No en vano, Bangkok, la capital de Tailandia, se cuela a menudo entre los mejores destinos para turistas LGBTIQ en encuestas a viajeros o listas en páginas web.

Esta imagen de tolerancia ha vuelto a proyectarse al mundo después de que el Gobierno militar aprobara la semana pasada una ley que podría convertir a Tailandia en el primer país asiático en reconocer las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Pero, como Nada, muchas personas siguen enfrentándose a diario a la discriminación por su identidad de género o su orientación sexual.

“Fuera se puede pensar que Tailandia es un lugar muy abierto en el que puedes expresar tu identidad de género si eres LGBTQI. Pero en realidad, nos resulta muy difícil expresar nuestra identidad porque no tenemos apoyo legal”, dice la también activista transgénero Kath Khangpiboon.

La ley tailandesa solo reconoce como identidades de género la masculina y la femenina, y no permite a personas del mismo sexo formar familias, adoptar o casarse. Según Kath, esta discriminación, unida a las percepciones negativas que hay en la sociedad tailandesa, relega a la comunidad LGBTIQ a roles sociales limitados y socava sus opciones laborales. “Tienen prejuicios hacia los LGBTBIQ y piensan que no son de fiar y que no pueden hacer trabajos complejos”, asegura Kath, quien es también profesora en la prestigiosa Universidad de Thammasat.

Según un informe del Banco Mundial publicado el pasado mes de marzo, en Tailandia “la discriminación prevalece cuando las personas LGTBIQ buscan trabajo, (intentan) acceder a la educación y a los servicios de salud, compran y alquilan propiedades, o buscan protección legal”.

Sin embargo, durante los últimos años, la larga lucha de los activistas LGTBIQ, que se remonta a los años 80, ha dado sus frutos. En 2015, el Gobierno aprobó una ley de igualdad de género por la que se prohibía que cualquier organismo público aprobara leyes, regulaciones o decisiones que discriminaran por motivos de género. Esa ley fue la que permitió a Nada denunciar a su universidad y obtener su título sin necesidad de cambiar su fotografía cuando el comité de género consideró que había sido discriminada por su apariencia.

Kath, quien fue despedida de Thammasat tras publicar una foto en la red social Instagram de un pintalabios con forma de pene, también ganó el pasado mes de marzo la demanda contra su universidad y tuvo que ser restituida. “Está claro que fue por mi identidad de género, porque nunca habían cuestionado la actividad en redes sociales de otros profesores, y el tribunal lo reconoció así”, asegura Kath.

Ambos casos sientan precedentes legales que servirán como modelo para futuras demandas que puedan presentarse. “Tras mi caso, varios alumnos y alumnas más han pedido que se les reconozcan sus títulos con el género con el que se identifican”, defiende Nada.

Críticas a la nueva ley

Tailandia podría dar además otro paso en positivo este nuevo año que entra, si la ley que acaba de aprobar el Gobierno para reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo también es respaldada por la Asamblea Nacional. Se trata de un trámite sencillo, puesto que la Asamblea fue elegida a dedo por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de mayo de 2014.

La ley reconoce algunos derechos básicos a las parejas no heterosexuales, como los derechos de sucesión y algunos derechos económicos conjuntos. Sin embargo, la mayoría de los defensores LGTBIQ ven en esta nueva unión civil una victoria pírrica que les concede nuevos derechos, pero que puede dificultar su camino a la hora de conseguir que se les reconozcan las mismas condiciones que a los matrimonios convencionales, asegura la histórica activista Matcha Phorn-in. “Necesitamos que haya inclusión de los LGTBIQ y no que tengamos una ley separada que cree ciudadanos de segunda clase”, afirma.

Así, el matrimonio está regulado por el Código Civil tailandés, cuya modificación es compleja, por lo que el Gobierno ha optado por un atajo legislativo creando otra ley, explica Anjana Suvarnananda, fundadora de la Fundación Anjaree, el grupo de defensa de los derechos de los LGTBIQ más antiguo del país. “Va a ser la primera ley que va a discriminar de forma explícita a los LGTB. Hasta ahora, en la ley no se nos menciona”, afirma la activista. Uno de los principales objetivos sería atraer a los votantes que apoyan estos derechos en las próximas elecciones, a finales de febrero.

Para Anjana, el principal problema de crear una ley separada es que la aplicación no será automática, puesto las administraciones tendrán que crear reglamentos en vez de poder utilizar los que ya existen para las parejas heterosexuales. “Es posible que tengamos que entrar en largos y costosos procesos judiciales para ver nuestros derechos reconocidos”, asegura. La ley tampoco incluirá el derecho a la adopción, ni siquiera de los hijos biológicos de los miembros de la pareja, o a los ayudas sociales compartidas.

No obstante, los propios activistas habían redactado un modelo de ley al Gobierno que habían remitido al Gobierno para que le sirviera de ejemplo el pasado mes de julio, explica Nada. “La ley que han aprobado es básicamente la propuesta que nosotros les hicimos pero eliminando las partes más importantes”, asevera Nada

A pesar de la oposición de los activistas, Kath reconoce que la comunidad LGBTIQ en general ha recibido la noticia de forma positiva. “Para muchos es el primer paso hacia el reconocimiento total de los derechos de matrimonio”, sostiene. “Pero para nosotras, no está tan claro que se vaya a conseguir en un futuro cercano”.

El nuevo curso escolar acaba de comenzar. Millones de estudiantes han vuelto a las aulas y buena parte de los alumnos y alumnas se quedarán unas horas más al mediodía para recibir allí su comida más importante del día, especialmente en las etapas más tempranas de su educación. Así, un 36,4% de los alumnos/as de Educación Infantil y el 29,4% de los estudiantes de Primaria utilizaron regularmente los servicios de comedor durante el curso 2015/2016 según datos ofrecidos por el Ministerio de Educación.

Sin embargo, el Gobierno ofrece pocos datos más sobre cuál es la realidad en los comedores españoles aparte del número de usuarios/as, los centros con este servicio, los horarios o el tipo de cocina utilizada. Pero los comedores escolares son mucho más: ¿qué tipo de comida se sirve? ¿Qué materias primas se utilizan? ¿Cómo se selecciona a los proveedores? ¿Quién los está gestionando: empresas privadas o la comunidad escolar? ¿Qué criterios prevalecen en la gestión del servicio?

Durante el último año, desde las organizaciones Carro de Combate, Del campo al cole y SEO/BirdLife hemos intentando recopilar datos para trazar esa radiografía que acabamos de publicar en el informe ‘Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora’. Sin embargo, la experiencia ha sido más que frustrante por el gran número de puertas cerradas que nos hemos encontrado en el camino.

La gestión de los comedores escolares en España fue regulada a través de una orden en el año 1992 en la que se contemplaban diversos modelos, desde la subcontratación a empresas a la gestión por las comunidades escolares o por ayuntamientos. Sin embargo, son las comunidades autónomas las encargadas de determinar cuáles de entre esos modelos de gestión pueden aplicarse en sus territorios, ya que las competencias están delegadas.

En España hay así 18 realidades diferentes en cuanto a la gestión de comedores escolares −los servicios en Ceuta y Melilla dependen del Gobierno central− y prácticamente ningún esfuerzo por sistematizar los datos para saber cómo se gestionan. Así, para la elaboración del informe se remitieron peticiones de datos a todos los gobiernos autonómicos a través de diferentes canales −solicitudes de información pública, servicios de prensa y, en algunos casos, contactos dentro del Gobierno. La mayoría respondieron de forma parcial a nuestras preguntas, que incluían desde el presupuesto destinado al servicio, a las partidas destinadas a la compra de materias primas, el tipo de gestión (directa o indirecta), las becas ofertadas o los precios máximos de los menús, entre otros.

La disparidad encontrada entre los datos facilitados ha complicado mucho la tarea de elaborar una radiografía sobre el sector. Un caso paradigmático es el del los presupuestos destinados a este servicio, un dato que muchas comunidades ni siquiera recogen, alegando que el servicio lo pagan los padres, mientras que otras sólo recogen información para ciertos tramos escolares o por años naturales y no cursos escolares.

Las lagunas son en algunos casos totales. Así, la Comunidad Valenciana apenas recoge datos sobre sus comedores escolares −de hecho estos datos ni siquiera se contemplan en las estadísticas generales del Ministerio de Educación−, mientras que algo similar ocurre en Cataluña, donde la gestión de los comedores está descentralizada y depende primariamente de las comarcas, y la Generalitat sólo conoce el número de centros y alumnado, así como las becas concedidas.

Por su parte, las principales empresas del sector, que también fueron consultadas, tampoco nos ofrecieron datos sobre sus políticas sobre presupuestos, proveedores o el perfil nutricional de sus menús. Esto es fundamental porque, aunque los datos son incompletos, una de las principales tendencias que hemos encontrado es a la externalización de los servicios. Así, un 63.6% de los centros utilizan servicios externos de catering, mientras que sólo un sólo un 36,4% tienen cocinas in situ en las nueve comunidades autónomas que aportaron datos para el informe. Además, sólo un 19% de los centros tenía gestión directa, mientras que el 81% era de gestión indirecta, datos en este caso correspondiente a ocho comunidades. En algunos casos, como en Castilla León, Madrid, La Rioja o el País Vasco, la regulación autonómica prohíbe – o lo hace imposible en la práctica – gestionar los comedores desde las propias comunidades escolares. Esto está llevando además a una concentración incipiente en el sector, en el que sólo cuatro firmas, Serunion, Eurest (Compass Group), Aramark y Ausolan, acaparaban el 58% del mercado en 2013 según datos de la página especializada Restauración Colectiva.

Los comedores escolares se ha convertido en un servicio fundamental en una sociedad en la que es cada vez más difícil conciliar la vida profesional con la familiar y en la que muchas familias tienen serios problemas para costear una alimentación de calidad para sus hijos e hijas. Por ello, disponer de datos fiables y exhaustivos sobre este sector es clave para saber si los comedores escolares están cumpliendo con estas funciones tan importantes para el desarrollo de la infancia en nuestro país. Algo que sin duda no está ocurriendo, ya que la elaboración de este informe ha puesto de nuevo de relieve la opacidad tanto del sector privado como público implicado en la gestión de este servicio.

En la mañana del 24 de abril de 2013, el Rana Plaza, un edificio a las afueras de la capital de Bangladesh que albergaba, entre otros, varios talleres textiles, se había levantado con grietas en sus muros. Como cada mañana, miles de empleados habían llegado para ocupar sus puestos de trabajo pero, al ver las grandes brechas de las paredes, muchos se negaron a entrar.

Sin embargo, apremiados por los voluminosos encargos, muchos de los trabajadores de los talleres textiles fueron obligados a ponerse frente a las máquinas de coser. Unas horas después, el edificio colapsó, sepultando a más de 1.100 personas, la mayoría trabajadores de esos talleres que cosían para marcas de medio mundo.

Aquel derrumbe parecía que iba a cambiarlo todo en la industria de la moda. El Rana Plaza fue el desastre más mortífero de la historia de la industria textil y, durante semanas, las historias de supervivientes y de familias de víctimas llenaron las portadas de los principales diarios mundiales y abrieron miles de telediarios. Los consumidores exigían a sus marcas favoritas que mejoraran las condiciones laborales de sus trabajadores y las empresas hacían grandiosas promesas de cambios.

Pero la ilusión duró poco. A las pocas semanas del accidente, las ruinas del Rana Plaza desaparecieron de las portadas y las promesas de cambios se fueron diluyendo poco a poco.

“No hay ningún cambio fundamental, al contrario”

Una de las primeras promesas en generar polémica fue el Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios, al que se adhirieron unas 150 marcas, la mayoría entre ellas, entre las que se incluían H&M, Carrefour, Inditex o Mango.

El acuerdo pretendía establecer las bases para una mayor seguridad en las fábricas con el objetivo de evitar una nueva catástrofe como la del Rana Plaza. Sin embargo, algunas de las principales empresas, como Walmart y Gap, consideraron el acuerdo demasiado exigente y crearon otro esquema, la Alianza por la Seguridad del Trabajador en Bangladesh, que solo funcionaría, sin embargo, para las fábricas que no se rigieran por el acuerdo.

Esos dos acuerdos fueron la principal respuesta de la industria a la catástrofe, asegura Samantha Maher, coordinadora internacional de Acciones Urgentes de la campaña Ropa Limpia, quien califica las medidas de “limitadas”. “No ha habido ningún cambio fundamental en la industria tras lo que ocurrió en el Rana Plaza. Más bien al contrario. El tamaño de la industria está creciendo y nuevos países participan, por lo que se está volviendo cada vez más inestable”, asegura Maher.

Pero el Rana Plaza no puso solo en evidencia la falta de control sobre las infraestructuras en Bangladesh. En sus relatos, las víctimas contaban las duras jornadas y los magros salarios que recibían, una realidad que llevaba décadas siendo expuesta por medios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

Los medios diseccionaron el volátil modelo de negocio de la industria en el que las marcas cambian de proveedores continuamente para mantener la presión sobre las fábricas y bajar así los precios. Mientras, las ONG y los sindicatos se quejaban por la falta de compromiso de las marcas a la hora de ofrecer compensaciones a las víctimas.

Salarios bajos y acoso a los sindicatos

Cinco años después, poco ha cambiado en la industria. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Asia, donde la industria emplea a 43 millones de personas, “los salarios siguen siendo bajos” y casi nunca llegan a los 200 dólares mensuales, a pesar de los incrementos experimentados en algunos de los países.

Según la Organización Internacional del TrabajoAsí, los trabajadores en Bangladesh se beneficiaron de un incremento del 77% en los salarios mínimos poco después del desastre. En Camboya y en Indonesia se aprobaron también incrementos, pero, al igual que en Bangladesh, solo se consiguieron tras violentas protestas.

Pagar ese salario mínimo ni siquiera quiere decir que haya buenas condiciones laborales, recuerda Gema Gómez, directora y fundadora de Slow Fashion Next, una plataforma de divulgación sobre moda sostenible. “Hay quien piensa que un salario legal es un salario justo, pero no es así. Muchas veces no da para lo básico”, afirma Gómez, quien es además coordinadora nacional de la iniciativa Fashion Revolution creada tras el desastre del Rana Plaza para concienciar sobre las condiciones de la industria.

Tras el derrumbe, H&M se convirtió en una de las principales esperanzas de extender el concepto de salario justo cuando prometió implementarlo en todos sus proveedores en 2018. Sin embargo, en su último informe de sostenibilidad, la marca aseguraba que había implementado salarios justos en 227 fábricas, que producían solo un 40% de la ropa que venden. La campaña Ropa Limpia denunció además en un comunicado que H&M estaba intentando “cubrir” el incumplimiento de su promesa y que la empresa no había informado de cuáles son las cantidades que considera salarios justos en cada país.

La situación de los sindicatos tampoco ha mejorado en los países en los que la industria es fuerte. Así, aunque después del Rana Plaza se facilitó el proceso para crear sindicatos en Bangladesh, estos siguen sufriendo el acoso de autoridades y empleadores.

Uno de los últimos incidentes ocurrió a principios de mes, cuando siete líderes sindicales fueron arrestados tras una protesta en una fábrica textil. En Camboya, se aprobó en 2016 una nueva ley sindical que también ha dificultado la defensa de los derechos de los trabajadores por parte de los sindicatos. “Estamos teniendo más problemas para operar. Ahora no podemos utilizar el arbitraje para resolver disputas”, explica Athit Kong, vicepresidente la Coalición Sindical Democrática de Trabajadores del Textil de Camboya (CCAWDU).

Medio ambiente y automatización, los retos del futuro

A pesar de la polémica que suscitó el Rana Plaza y otros escándalos, la llamada Fast Fashion [moda rápida] no ha parado de crecer. En los primeros nueve meses de 2017, las ventas de Inditex crecieron un 10%, hasta 17.963 millones de euros. Las de H&M se incrementaron un 6% en 2016.

Y ha sido precisamente esta rapidez de la industria, casi volatilidad, lo que ha impulsado las ventas. Las tiendas cambian continuamente las prendas que cuelgan en las perchas, alentando al consumidor a hacer compras casi instantáneas. Si no se compra hoy, puede que mañana ya no esté en la estantería. Las revistas de moda, Instagram y los influencers se encargan del resto. En este frenesí, el textil movió en 2016 5.532,7 millones de euros tan solo en España, un 1,5% más que el año anterior.

Sin embargo, tras las estéticas fotos de Instagram se esconde un alto impacto medioambiental. Así, se calcula que la industria textil genera un 5% de las emisiones de efecto invernadero globales, superando al transporte aéreo y marítimo. “Tienen un modelo de negocio que se basa en la venta masiva y con ese modelo, el medio ambiente nunca puede ir de la mano”, asegura Gema Gómez. “Y la industria se está preparando para dar respuesta a una demanda [aún mayor], no para ser más responsables”.

Esta carrera frenética se da también en el lado de la producción y cada vez se abren nuevos centros de producción. En Asia, el país más deseado ha sido Myanmar, aunque muchas empresas se han mudado también a países africanos. “La forma en la que trabajan, cambiando de un proveedor a otro continuamente, ha hecho que toda la industria sea muy inestable”, asegura Samantha Maher, de la campaña Ropa Limpia.

No obstante, algunos de los países en los que los costes laborales se han incrementado han desarrollado estrategias para evitar que las marcas se marchen a otros países. Así, Indonesia aprobó en 2015 una nueva regulación sobre salarios mínimos que está incrementando las diferencias entre provincias y que está haciendo que muchas fábricas se trasladen a las regiones más pobres.

Los trabajadores se enfrentan además a la amenaza de ser sustituidos por máquinas que reduzcan aún más los costes. “Va a ser uno de los grandes problemas en los países donde la industria textil es importante porque no se va a generar empleo”, asegura Gómez.

Y ante este panorama, el consumidor tiene pocas opciones sostenibles. “Los consumidores se lo han empezado a plantear [comprar de forma más responsable]. Pero las alternativas aún no están ahí”, asegura Gema Gómez, quien ha participado en la creación de un Directorio de Moda Sostenible en España.

Sin embargo, para Gómez el futuro será más sostenible. “Quizá no nos estamos dirigiendo a quien deberíamos. A los jóvenes no les resulta nada extraño hablar de sostenibilidad”, asegura. “Aún no sabemos cómo será el consumidor del futuro, pero sin duda se va a plantear estas cuestiones”.

En la mayoría de los diccionarios, la palabra bosque se define como algo similar a un terreno poblado de forma predominante por árboles. El término deforestar también parece obvio: “Despojar un terreno de plantas forestales”, dice la RAE. Definiciones aparentemente sencillas que en la práctica no tienen nada de simple, especialmente cuando se trata de proteger los bosques de los continuos ataques que sufren por la expansión de las actividades humanas.

La palabra 'no-deforestación' es cada vez más frecuente en el discurso de las grandes multinacionales como uno de sus grandes compromisos con el desarrollo sostenible. Así, en 2014, 52 de las mayores empresas del mundo, junto a varios gobiernos, firmaron la Declaración de Nueva York para los Bosques, un documento de cumplimiento no obligatorio por el que las empresas se comprometían a eliminar la deforestación de su cadena de producción en 2020.

El texto fue presentado como una gran esperanza, ya que entre las empresas estaban algunos de los grandes de la industria del aceite de palma, una de los mayores responsables de la deforestación mundial, junto a los sectores de la soja, el papel y la ganadería. “Las mayores comercializadoras mundiales de aceite de palma –Wilmar, Cargill y Golden Agri Resources– han adoptado políticas de deforestación cero que equivalen a aproximadamente al 60% del comercio mundial”, decía la declaración. 

La trampa estaba, sin embargo, en el detalle y, de nuevo, en la definición: ¿Qué significaba exactamente 'no-deforestar'? Una pregunta que lleva a muchas otras: ¿Qué características concretas debe tener una masa de árboles para ser considerada un bosque? ¿Se debe proteger solo los bosques primarios, aquellos que no han sido alterados por el hombre, o también los secundarios, aquellos que no son vírgenes pero que aún tienen propiedades ecológicas valiosas?

“Cada uno tiene su definición de sostenibilidad”

Aunque la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lleva décadas dando en sus evaluaciones una definición concreta de bosque como “extensiones de más de 0,5 hectáreas con árboles de más de 5 metros y copas que cubran más del 10%”, será probablemente la Mesa Redonda por el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el principal sello de la industria del aceite de palma, la que marque las pautas para esta industria.

Estas pautas están siendo revisadas por la organización este año para actualizar los requisitos que exige a productores para utilizar su sello. Y a pesar de que la certificación planea incluir cambios importantes en cuanto a derechos laborales y de las mujeres, la definición de 'no-deforestación' es la que está causando más quebraderos de cabeza.

“Uno de los temas sobre el que es más difícil ponerse de acuerdo es determinar qué es 'no-deforestación', porque hay diferentes perspectivas”, asegura Faizal Parish, director del Global Enviroment Centre y miembro del grupo de trabajo que está reelaborando los estándares que se espera que se aprueben en noviembre.

Una de las principales razones de tan ardiente debate es que, a diferencia de las definiciones de los diccionarios, las certificaciones necesitan criterios detallados y muy concisos sobre qué significa cada término, y un pequeño cambio puede suponer grandes diferencias al aplicarlos sobre el terreno.

“Cada uno tiene su definición de sostenibilidad”,  asegura Petra Meekers, directora de RSC y Desarrollo Sostenible de Musim Mas –uno de los principales productores de aceite de palma– y también integrante del grupo de trabajo. “Tenemos que asegurarnos que creamos un sistema en el que hay equilibrio [entre la parte social y la medioambiental] y no es sencillo”.

No-deforestar no significa dejar de cortar árboles

En sus estándares actuales, la RSPO considera que las nuevas plantaciones están libres de deforestación si “no han reemplazado bosques primarios” y que las antiguas pueden certificarse si la deforestación es previa a 2005. Según esta definición, hubo “muy poca deforestación entre los miembros” del sello en 2016, asegura Parish, pero la expansión del aceite de palma aún puede darse a expensas de bosques secundarios y ser certificada como sostenible.

Asimismo, Greenpeace publicó un informe a finales de 2017 en el que criticaba las políticas de no-deforestación de la industria y aseguraba que “no había ninguna posibilidad” de que las empresas cumplieran los objetivos comprometidos en 2014. La ONG, sin embargo, no aclaraba su definición de 'no-deforestación'.

En el primer borrador publicado por la RSPO se abre además la puerta a que se deforeste incluso bosque primario. “Si se adopta, un riesgo principal es que el requisito de no-deforestación no tendrá que aplicarse globalmente, especialmente en países con alta densidad forestal”, asegura Gemma Tillack, directora de campañas sobre el agronegocio de la Red de Acción de los Bosques Tropicales (RAN).

Así, la propuesta llama a que se plantee una definición más laxa de no-deforestación para los países donde más del 80% del territorio es bosque, especialmente en África, América Latina y las islas del Pacífico. “La estrategia que está adoptando la RSPO es decir que, si ellos no permiten que se certifique aceite de palma en el que haya cierta deforestación, otros actores van a deforestar de todas formas”, continúa Tillack. 

La justificación es principalmente social, asegura Faizal Parish. “En esos países en los que si dices 'no-deforestación' básicamente significa que no habrá ningún desarrollo [económico], hace falta encontrar [una definición] que pueda permitir cierta flexibilidad”, dice Parish.

Esta “flexibilidad” podría aplicarse también a los pequeños productores, que poseen superficies de menos de 50 hectáreas y producen hasta el 40% del aceite de palma mundial. “El camino a la certificación para los pequeños propietarios es muy duro y unos estándares más exigentes lo harán casi imposible ”, asegura otro productor que prefiere mantenerse en el anonimato. “Tenemos que plantear criterios especiales para ellos”.

En los próximos meses, se escribirán dos borradores más basándose en los comentarios recibidos, además de una propuesta concreta sobre 'no-deforestación'. El proceso será clave para que el sello refuerce una credibilidad puesta en entredicho que incluso los mercados se resisten a respaldar: en 2016, los miembros de la RSPO solo vendieron 5,6 millones al precio 'premium' del sello de las más de 11 toneladas que produjeron según los estándares. El resto acabó en estanterías de supermercados y fábricas como aceite normal.

La definición a la que se llegue de deforestación será fundamental en el futuro de una industria cada vez “más demonizada”, asegura Gemma Tillack. “Que se permita que haya deforestación en el aceite de palma certificado 'sostenible' merma sin duda su capacidad para recuperar la credibilidad del mercado”, asegura Tillack. Y quizá, su propia supervivencia ahora que la UE amenaza con crear su propio sello y prohibir el uso de aceite de palma como biocombustible.

Farwiza Farhan se deja la piel para preservar los bosques de orangutanes y elefantes de Indonesia. A miles de kilómetros, en Camerún, un grupo de mujeres recibe el apoyo de Marie Crescence Ngobo para poder ganarse la vida de nuevo. Catalina no puede decir su nombre real, por el miedo a las represalias que supone defender la tierra en algunas zonas de Colombia. A todas les une su lucha contra el aceite de palma.

Todas son mujeres, activistas y con su labor combaten los abusos que esconden las plantaciones industriales de palma aceitera, que arrasa con la biodiversidad de los ecosistemas tropicales y con las economías tradicionales de sus pueblos.

Farwiza, la guardiana de los bosques indonesios

Farwiza Farhan siempre quiso volver al sitio donde se había enamorado del mar. Nacida en Aceh, la provincia más occidental de Indonesia, su familia se mudó debido al conflicto separatista en la región y se instaló en la jungla de hormigón de Jakarta, la capital del país. La guerra terminó en 2005 y ella, como tantos otros, aprovechó la oportunidad para volver cuando terminó sus estudios en Biología Marina en 2011.

Pero la paz para los acehneces trajo la guerra contra los bosques de la región, amenazados por la rápida expansión de las plantaciones de palma de aceite. El más atacado fue el ecosistema Leuser, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta donde viven especies únicas como los orangutanes o los elefantes de Sumatra.

“Yo no sabía nada sobre Leuser antes de empezar a trabajar en su protección pero me di cuenta de lo importante que era preservarlo”, asegura en una conversación con eldiario.es. Entonces, comenzó una lucha que la ha llevado a sentarse en un helicóptero junto a Leonardo DiCaprio, en el documental Before the flood, que el actor dirigió para alertar acerca del cambio climático y cómo lo acelera la palma.

Aunque su lucha está íntimamente ligada a los bosques, pasa menos tiempo en ellos de lo que le gustaría. “No es realmente como lo había imaginado. Paso mucho tiempo entre papeles de leyes y demandas en tribunales”, afirma la bióloga y activista. Ha estado detrás de varios procesos judiciales para preservar los bosques de Sumatra, el último de ellos una demanda contra el gobierno regional de Aceh por su plan de desarrollo que prevé la deforestación de buena parte de Leuser.

“Aunque perdimos, supuso un cambio en las reglas del juego: los habitantes de Aceh se dieron cuenta de que podían pedir que se protegieran sus derechos sin recibir represalias”, explica. En Indonesia, ser una mujer activista no siempre es fácil. “Es a menudo un desafío doble o incluso triple”, afirma Farhan. “Como mujeres, no nos animan a que tengamos sueños”. ¿Y cuál es su sueño? “Que el ecosistema Leuser sea preservado para siempre”.

Marie (Camerún): “Las mujeres son las más afectadas”

Al contrario que en otros lugares del mundo, donde el aceite extraído del fruto palma comenzó a conocerse con la llegada de las grandes explotaciones industriales, en África Occidental no solo ha sido durante siglos la base de las comidas tradicionales, sino que se usaba para elaborar aceites, jabones y otros productos básicos en la vida de las comunidades locales.

En Camerún, aún hoy, en cruces de caminos o en mercados informales, no es raro encontrarse con vendedoras de este sabroso aceite de tono rojizo al alcance de las mujeres para la alimentación de sus familias y la generación de ingresos. Pero, con la expansión cada vez mayor de las tierras dedicadas a la producción industrial de la palma aceitera, son muchas las familias que ya no pueden acceder a su fruto.

Esta situación llevó a la ingeniera Marie Crescence Ngobo a dar un paso al frente y liderar la lucha por la soberanía alimentaria de las principales afectadas por la expansión de las plantaciones de palma en el país: las mujeres.

“Las plantaciones se han instalado en zonas donde ya vivían y trabajaban las mujeres, lo que supone una pérdida total de sus ingresos. No desaparece solo el árbol de la palma, sino también otros recursos que daba el bosque: madera, árboles medicinales, biodiversidad...”, resume Ngobo, coordinadora de la Red de Actores de Desarrollo Sostenible en Camerún (RADD).

Además, al haber menos tierra disponible para la agricultura local, los precios suben en el mercado y se convierte, a su juicio, en “un modelo que multiplica el hambre, las frustraciones y los abusos de todo tipo”.

Estos abusos, explica, van desde la persecución a la que son sometidas cuando producen y venden su propio aceite de palma, a delitos más graves como las agresiones, físicas o sexuales, dentro de las propias plantaciones del monocultivo. En este momento participan en una campaña para pedir a la comunidad internacional que cese esta violencia contra las mujeres.

Ngobo es una firme defensora del trabajo en red. Hace dos años, se unieron a otras organizaciones en la localidad de Mundemba para luchar contra la adquisición masiva de tierras. También ofrece herramientas a las campesinas para devolver el valor y promocionar sus propios productos, y promover así una agricultura local y sostenible que permita a las mujeres volver a generar sus propios ingresos.

Catalina (Colombia): defender la tierra entre amenazas

A diferencia de Camerún, en Colombia el corozo (el fruto de la palma) “no se come”, dice Catalina. Con su activismo, defiende que la tierra sirva para producir alimentos tradicionales de su zona, los Montes de María, y no para exportar palma.

Esta mujer no revela su identidad porque, si bien la violencia paramilitar ha dado una tregua en la región, persisten las amenazas y este es uno de esos lugares de Colombia en los que defender el territorio, o simplemente una idea, puede suponer una sentencia de muerte.

En Maríalabaja, un municipio de la región de Montes de María, las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas guardan en su memoria la historia del terror paramilitar, que perpetró masacres como la de El Salado, en el año 2000, donde al menos 60 personas fueron asesinadas.

Aterrorizada, la gente huyó masivamente, dejando atrás sus tierras y sus casas. Cuando volvieron, todo aquel territorio, donde hasta entonces había convivido el monocultivo de arroz con la agricultura campesina tradicional, era ahora una plantación de palma de aceite. Y entonces comenzó la lucha por la supervivencia de la comunidad negra en Maríalabaja.

“Esta tierra era de abundancia. Todos los días salían camiones llenos de ñame, de yuca, de frijol y frutas a Cartagena, incluso a Medellín. Ahora ya no queda nada, porque la tierra la plantaron con palma y salen plagas, y porque el clima ha cambiado y ya no llueve cuando tiene que llover”, lamenta Catalina.

Para ella, como para muchos de sus vecinos, la palma llevó el desastre a Maríalabaja: acabó con la abundancia de comida y, sobre todo, contaminó el agua de la única represa a la que tienen acceso en el pueblo. “Está contaminada por los agroquímicos. Por eso todas las mujeres tienen infecciones vaginales; hay muchas enfermedades de la piel, principalmente en los niños, y también enfermedades renales”.

Basta bañarse para sentir la picazón. Y la tarea cada vez más difícil de conseguir agua para beber recae, literalmente, sobre las cabezas de las mujeres, que cargan los pesados barreños de agua que recogen de las zonas del embalse donde está menos turbia.

Catalina, con treinta y pocos años y dos hijos, se ha convertido en una de las más reputadas referentes de esta comunidad de campesinos afrodescendientes. Su casa es un punto de encuentro al que llegan vecinos pidiendo ayuda para rellenar formularios para solicitar indemnizaciones, pues este pueblo ha sido reconocido como víctima del conflicto que durante 60 años ha desangrado el país.

Sin embargo, la activista asegura que estas ayudas son “migajas” que “solo llegan a unos cuantos” y “hacen daño” porque dividen a la comunidad e introducen casas de cemento y ladrillo en poblados donde hasta ahora predominaban materiales autóctonos como barro y árboles, más ecológicos y frescos.

Catalina rechaza esta idea de progreso que menosprecia sus formas de vida ancestrales. Y quiere que su tierra vuelva a ser lo que fue antes de la llegada de la palma: la despensa de una región entera.

Para más de la mitad de la población mundial, es algo que nunca falta en su plato. Para las personas más pobres, sobre todo en Asia, es, a menudo, lo único que comen. Y sin embargo, el arroz, ya sea blanco, violeta, marrón o cualquiera de las más de 40.000 variedades diferentes que se cree que existen, apenas ha llamado la atención de los movimientos ecologistas internacionales. Tampoco, a diferencia de otras materias primas, existe aún una certificación que regule su sostenibilidad.

No es porque su impacto medioambiental sea menor al de otras materias primas. Los campos de arroz usan hasta un 40% de toda el agua utilizada para el riego y emiten un 10% de las emisiones globales de metano, gas de efecto invernadero, debido a la descomposición en ausencia de oxígeno que se produce bajo el agua.

Al ser una planta que crece en zonas inundadas, la transmisión de fertilizantes y pesticidas al agua es mayor que en otros cultivos. Es, además, uno de los cereales más expuestos a los efectos del cambio climático, ya que se cultiva en zonas sensibles, como humedales.

A pesar de estos importantes impactos, el sector apenas ha sido motivo de campañas para reducir su huella social y medioambiental, como sí ha ocurrido con el aceite de palma, la soja o el azúcar. “En otras materias primas, hay un activismo muy bien organizado. Pero nunca ha habido este tipo de activismo para el arroz”, apunta Wyn Ellis, coordinador de la Plataforma para un Arroz Sostenible. Se trata de un proyecto secundado por Naciones Unidas y Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI, en sus siglas en inglés).

Una de las principales razones de esta falta de atención por parte de los colectivos ecologistas es el escaso consumo de arroz en los países occidentales, asegura Ellis. “Muy poco arroz se comercia a nivel mundial”, dice el investigador. “La mayor parte es consumido a 50 kilómetros del lugar de producción”.

Eso significa fundamentalmente Asia, donde se produce el 90% del arroz mundial, según la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después de convertirse en la estrella de la llamada 'Revolución Verde' en el continente oriental.

El mismo IRRI surgió de aquella revolución con el objetivo de crear especies mejoradas que incrementaran la productividad de los campos. En 1966, el instituto presentó un prometedor resultado, el llamado IR8, una variedad mejorada de arroz con altos rendimientos que, sin embargo, incrementó también el uso de agua, pesticidas y fertilizantes.

Aunque el IRRI sigue trabajando en mejorar las variedades, las prioridades ahora han cambiado y la sostenibilidad es una de las principales preocupaciones. “Si queremos satisfacer las necesidades de la población en el futuro, necesitamos que los métodos sean más sostenibles”, afirma Ellis, quien explica que buena parte de la producción mundial de arroz se verá desplazada hacia el norte como consecuencia del cambio climático.

Hacia un certificado del arroz sostenible

A través de la Plataforma para un Arroz Sostenible (SRP en inglés), IRRI y la ONU están trabajando en una certificación que, como los sellos de Comercio Justo o de la RSPO, la Mesa Redonda para el aceite de palma, acredite el arroz plantado bajo ciertos criterios sostenibles.

El instituto publicó los estándares base en 2015 y está ahora revisando los 46 criterios de los que se compone, que incluyen desde uso de agua y fertilizantes, a criterios sociales y laborales. El proyecto trabaja además en establecer un sistema de verificación de cumplimiento, a través de auditorías, que permita comprobar sobre el terreno que los principios mínimos se cumplen.

El sello no es solo importante porque su ausencia priva a los consumidores de una alternativa ecológica en las estanterías de los supermercados, sino porque está afectando también en las cadenas de producción de productos más complejos que están trabajando también en mejorar sus estándares, como es el caso del pienso para animales.

“(El arroz) Es uno de los productos que más problemas nos están dando a la hora de crear estándares para piensos”, asegura Michiel Fransen, director de Estándares y Ciencia del Aqua Stewardship Council, que está trabajando en un nuevo sello para los piensos utilizados en acuicultura.

“Los mapas de pobreza y del arroz se solapan”

El cultivo de arroz es sinónimo de pequeño campesino. Según la FAO, el tamaño medio de las parcelas de cultivo de arroz es de tres hectáreas que se localizan, a menudo, en zonas deprimidas. “Si ves los mapas de pobreza y de cultivo de arroz a menudo se solapan”, afirma Ellis.

Por esta razón, los gobiernos de los principales países productores han cuidado siempre con celo a los productores de arroz, limitando las importaciones y garantizando precios. Y también por ello, los esquemas de certificación son mirados con recelo, ya que la experiencia con otras materias primas es que el acceso de los pequeños propietarios a conseguir el sello es casi imposible, debido a su alto coste.

Así, en el caso del aceite de palma, un estudio publicado por WWF en 2012 cifraba el coste medio que supone a los pequeños propietarios acceder a la certificación de la RSPO entre los 1,19 y los 34,66 dólares por hectárea, una cantidad que está fuera del alcance de la mayoría de ellos.

Basándose en esta importancia social del arroz, la certificación del IRRI, asegura Ellis, tiene un enfoque diferente a la mayor parte de sellos y se basa en un 'sistema de escalera' por el que se tienen en cuenta los progresos y no tanto los estándares mínimos. “Queremos establecer un límite de entrada muy bajo que recompense a los pequeños propietarios”, asegura Ellis.

Los estándares son aún recientes y sus impactos reales sobre el terreno están por determinar. Las empresas, sin embargo, ya están empezando a acogerse a la nueva propuesta y Mars ha asegurado que para 2020 todo el arroz que utilice tendrá que proceder de que sigan los estándares de la SRP.

El éxito del sello, no obstante, aún no está asegurado. Sin un activismo claro y con unas zonas de cultivo altamente amenazadas por el cambio climático, la carrera contrarreloj del arroz hacia la sostenibilidad estará llena de baches.

Durante estos días navideños, los excesos son normales. Y entre ellos, con turrones, polvorones y otros dulces de por medio, los excesos son a menudo azucarados. Sin embargo, aunque los turrones y polvorones puedan parecer los mismos que se han comido durante toda la vida, el azúcar que contienen ha cambiado sustancialmente durante los últimos años, o al menos el lugar del que procede.

El mercado del azúcar ha sido tradicionalmente uno de los más protegidos internacionalmente y la mayor parte de los países productores han aplicado durante décadas importantes barreras a la importación. La Unión Europea no fue menos y en 1968 aprobó su política azucarera, al amparo de la Política Agrícola Común (PAC), que establecía unos precios mínimos a los agricultores y unas cuotas de producción a la vez que limitaba las importaciones.

Bajo esta protección, se desarrolló en toda Europa, también en España, la industria remolachera, que satisfacía el 100% de la demanda interna y que, gracias a los subsidios, permitía además exportar a los precios más competitivos del mercado. Los países tropicales productores de caña de azúcar, muchos de ellos en vías de industrialización, denunciaron las políticas europeas y, en 2005, la Organización Mundial del Comercio (OMC) instó a la UE a liberalizar el sector.

Más importaciones desde países terceros

Europa se vio obligada así a iniciar en 2006 un proceso de eliminación progresiva de las cuotas y subsidios, que fueron definitivamente abandonados el pasado 1 de octubre. La reforma supuso una reducción de la producción en Europa y el viejo continente pasó de ser autosuficiente a tener que importar.

En España, donde las cuotas se redujeron proporcionalmente más que en los países del norte, la tendencia fue más evidente y las importaciones se incrementaron en un 40%, según datos del Ministerio de Agricultura. Aunque buena parte procedían de los países vecinos, España empezó a importar cada vez más azúcar de caña tanto cruda, para refinarla, como ya refinada.

Para satisfacer la demanda y, supuestamente, compensar los impactos negativos de su política hasta el momento, Europa impulsó el sistema preferencial 'Everything but Arms' (Todo menos armas) para las importaciones de azúcar. A través de este programa, los países más empobrecidos podían importar cualquier tipo de producto, salvo armas, a la UE sin estar sujetos a tasas, incluido el azúcar.

En los números de aduanas, la política fue un éxito y las importaciones de azúcar desde países con acuerdos preferenciales pasaron a acaparar el 64% del total. Sin embargo, lo que debía ser una política para impulsar el crecimiento económico de esos países ha tenido, sin embargo, efectos perversos en algunos de los lugares de origen del azúcar.

Desplazamiento y trabajo esclavo en Camboya

Camboya fue una de sus principales víctimas. En el país, el desarrollo de la industria azucarera ha supuesto el desplazamiento de miles de familias que han perdido sus tierras. “Iré a donde haga falta para conseguir que nos devuelvan la tierra”, decía convencido en 2013 Teng Kao, el líder de una de las comunidades expropiadas en Srae Ambel, al sur del país. Casi cinco años después, Teng Kao no ha conseguido nada y las plantaciones siguen en el mismo lugar, y, ellos, sin tierras. A pesar de la presión internacional, la UE no ha prohibido las importaciones de azúcar de Camboya.

Los aldeanos no solo perdieron sus tierras, sino que las condiciones laborales que les ofrecen en las plantaciones son muy cercanas a la esclavitud. Los trabajadores cobran así al peso de la caña que cortan y tienen que hacer largas jornadas para conseguir salarios que sobrepasen el umbral de la pobreza.

Sin embargo, las empresas generalmente no ofrecen el trabajo a los aldeanos que han perdido las tierras y los buscan generalmente entre familias pobres de otras provincias, según la ONG local de derechos humanos LICADHO. En algunos casos, las plantaciones se sirven también de trabajo infantil. Así en 2013, el diario local The Phnom Penh Post, documentó la presencia de niños cortando caña de azúcar durante nueve horas diarias en los cañaverales del sur de la capital.

“Es un traje a medida para las multinacionales”

El periodo de reducción de cuotas que se inició en 2006 debía servir, supuestamente, para mejorar la competitividad del sector en Europa y para que la remolacha fuera capaz de rivalizar con la, generalmente, más productiva caña de azúcar. Y así fue. Se cerraron las fábricas con menores rendimientos y el precio que se pagaba a los agricultores por la remolacha se redujo drásticamente, de 48 a 26 euros por tonelada. Pero para la mayoría no era suficiente para cubrir sus gastos, así que Europa aprobó subsidios para asegurarse de que los campesinos no dejaban de cultivar la remolacha.

La fuerte competitividad llevó además a un proceso creciente de concentración del sector por el que las grandes multinacionales han absorbido a las pequeñas, especialmente a aquellas que no se regían por sistemas cooperativos. En España, por ejemplo, la británica Associated British Foods (ABF), una de las mayores empresas del sector a nivel mundial, compró la tradicional Azucarera. “[La reforma] es un traje a medida para las grandes multinacionales”, asegura Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global, una ONG que lleva años estudiando las políticas sobre el azúcar en España.

Europa es optimista y ha previsto que la producción de azúcar en la UE se incremente un 6% entre 2016 y 2026, al mismo tiempo que se reducen las importaciones. Esto tendrá un impacto directo sobre esos países empobrecidos que son parte del acuerdo preferencial y en los que sí ha habido impactos positivos.

Así, según un estudio de LMC International y Overseas Development Institute, cinco países probablemente se verán obligados a abandonar el cultivo de caña: Barbados, Belice, Fiji, Guyana y Jamaica. Otros siete (Laos, Malawi, Mauricio, Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe) podrían sobrevivir, pero con una reducción sustancial de sus ingresos.

En números más concretos, el mismo estudio asegura que la liberalización del mercado del azúcar europeo supondrá arrojar a la pobreza a unas 200.000 personas que dependen de esta industria. Otros seis millones podrían verse en la misma situación si los precios internacionales del azúcar bajan demasiado, algo que el acuerdo preferencial evitaría.

Sin embargo, la propia industria azucarera europea no lo tendrá tan fácil. Aunque seguirá protegida por los altos aranceles que afectan fundamentalmente a los grandes productores y principales competidores, como Brasil y Tailandia, el éxito del sector dependerá de los volátiles precios internacionales del azúcar. Y la alternativa sería, de nuevo, el barato azúcar de caña producido en situaciones análogas a la esclavitud en los países más pobres.

La industria tendrá que hacer además frente a la creciente preocupación de la población por el impacto en la salud del azúcar y a la reducción de su consumo. Esta reducción, sin embargo, a menudo se queda en un intento, ya que tres cuartas partes del azúcar que se consume en Europa se hace de forma indirecta.

“Hay una gran cantidad de azúcar que está invisibilizada en productos procesados”, explica Javier Guzmán, quien asegura que se consume muy por encima de los 25 gramos diarios recomendados por la OMC. “La gente tiene que hacer la suma [aparte de los polvorones y otros dulce navideños] del azúcar que consume a través de estos alimentos”.

Sung Sokun apenas se había quitado el vestido de novia cuando consiguió escabullirse en su noche de bodas para evitar consumar un matrimonio al que había sido forzada. “Intenté explicarle a mi familia que yo no podía amar a un hombre, que me gustaban las mujeres, pero no lo entendieron”, relata Sokun, quien fue repudiada durante años por su atrevimiento. No era la primera vez que sus padres intentaban obligarla a cumplir el rol tradicional de la mujer en Camboya, un país en el que las relaciones homosexuales no están penadas, pero que no siempre son bien vistas socialmente, especialmente en el caso de las lesbianas.

“Las relaciones entre lesbianas son especialmente incomprensibles para la sociedad camboyana, lo que puede llevar a situaciones en las que los miembros de la familia utilizan métodos dramáticos para intentar romper las relaciones del mismo sexo”, asegura un informe publicado en 2010 por el Centro Camboyano por los Derechos Humanos.

Es lo que le ocurrió a Song Sokun. Cuando apenas tenía 17 años conoció a otra joven de la misma ciudad de la que se enamoró perdidamente. “Mis padres se enteraron y querían separarnos, así que nos fugamos”, relata Sokun.

La familia tardó siete años en dar con su paradero en Koh Kong, una ciudad polvorienta en la frontera con Tailandia, y en obligarla a volver. Prepararon entonces una boda exprés con uno de sus vecinos, y para evitar que volviera a escaparse, la encerraron durante las dos semanas previas a la ceremonia en un cuarto en su casa.

“Intenté suicidarme tomando medicamentos y mis padres me llevaron a un médico para ver qué me pasaba. Pensaban que estaba enferma”, relata Sokun.

Las historias de mujeres lesbianas forzadas a casarse o encerradas, e incluso drogadas por sus propias familias para separarlas de sus parejas, son comunes en el país asiático, asegura Chhoeurng Rachana, activista por los derechos LGBT en CamASEAN, una organización que defiende a grupos minoritarios en el país.

“Otros grupos LGBT también tienen problemas con sus familiares, pero son mayores en el caso de las lesbianas, porque son mujeres y, en Camboya, las mujeres tienen más presión que los hombres”, dice Rachana. Durante generaciones, el rol de las mujeres en Camboya ha sido transmitido a través del Chbab Srey (Ley de las mujeres), una especie de poema que enseña a las mujeres a servir a sus maridos y no ser demasiado ruidosas. El poema fue parte del currículo escolar hasta el año 2007 y hoy aún se enseñan algunas partes en el colegio o en las familias.

No obstante, un informe de la UNESCO matiza la discriminación que sufren las mujeres homosexuales y asegura que, aunque los transexuales están más expuestos a discriminación y violencia general en Camboya, las lesbianas sufren “mayores niveles de violencia doméstica en comparación a la población general de mujeres”.

“Las mujeres no pueden abandonar sus hogares porque no son independientes económicamente. Para los hombres es más fácil fugarse y empezar una nueva vida en ciudades grandes como Phnom Penh (la capital)”, asegura Srun Srorn, fundador de Rainbow Community Kampuchea (RoCK), uno de los primeros grupos de defensa de los derechos de la comunidad LGBT en el país. “Así que la mayoría lo oculta, cumple con su papel y se casa con un hombre. Y cuando los maridos lo descubren, reciben palizas”.

Una luz al final del túnel

A sus 62 años, la guerra que ha tenido que librar Soth Yun para que su relación con otra mujer sea reconocida ha sido más dura y larga que la de Sokun. Yun conoció a Houy Eang en 1973, cuando la región en la que vivían había caído bajo el control de los jemeres rojos, una guerrilla comunista que se alzaría con el poder en el país en 1975.

De inspiración maoísta, los jemeres rojos convirtieron el país en un gran campo de trabajos forzados y segregaron a la población por edad y sexo para que fuera más productiva. Y gracias a eso Yun pudo conocer a Eang. “Trabajábamos en el mismo grupo cavando un canal. Ella estaba enferma y la ayudé. Y ella se portó bien conmigo”, cuenta Yun quien recuerda que los demás la miraban con desconfianza por sus maneras leídas como “viriles”.

Yun y Eang consiguieron mantener su relación a pesar de que el sangriento régimen comunista, que llevó a la muerte a unos 1,7 millones de personas durante los apenas cuatro años que estuvo en el poder, castigaba hasta con la muerte cualquier relación no aprobada por las altas instancias. La caída de los comunistas no facilitó las cosas a la pareja que se enfrentaron después a la oposición de sus familias.

“Primero teníamos miedo de los jemeres rojos. Luego de nuestras familias”, dice Yun. Al igual que en el caso de Sokun, la familia de Eang la encerró, aunque ésta consiguió escaparse y fugarse con Yun. Solo la muerte del padre de Eang les permitió vivir juntas en el pueblo del que era originaria Eang, aunque la familia y la mayor parte de los vecinos estuvieron años sin hablarles.

La aceptación social, asegura Yun, llegó poco a poco gracias a la ayuda durante las últimas décadas de varias organizaciones no gubernamentales, como RoCK o CamASEAN, que han empezado a sensibilizar a la población en las localidades donde hay parejas con problemas con sus familias o vecinos.

“La sociedad aún no nos acepta”

En las grandes ciudades la situación se ha normalizado más rápidamente y han aparecido bares orientados al público LGBT, se celebra el Día del Orgullo y hay programas de radios sobre temáticas de género. Sin embargo, casos como los de Sokun, explica Yun, muestran que la situación ha cambiado poco para las nuevas generaciones. “Las cosas han mejorado pero la sociedad aún no nos acepta”, asegura Yun. “Las familias aún quieren que las mujeres se casen con hombres”.

Sin embargo, aunque pocas familias aceptan a personas LGBT desde un primer momento, ahora suelen tardar menos tiempo en reconciliarse. Los padres de Sokun decidieron no forzar más matrimonios después de que se escapara, pero la repudiaron durante años. Sokun acudió entonces a RoCK para intentar recuperar la relación con su familia.

“Ellos les explicaron que yo no tenía ninguna enfermedad y hace un par de años volvieron a hablarme”, asegura. Ahora, Sokun está a punto de casarse con Sreylek, otra mujer pequeña y tímida a la quien conoció en la fábrica textil en la que trabaja. “Al principio me dijo que solo íbamos a ser amigos”, asegura Sokun con una sonrisa. Aunque la ley camboyana define el 'matrimonio' como la unión entre un hombre y una mujer, algunas autoridades locales han empezado a reconocer oficialmente a las parejas LGBT.

Yun y Eang también han recibido un papel del alcalde de su pueblo reconociéndolas como familia, aunque no como matrimonio. Ahora, el objetivo de Yun y de buena parte de los activistas es conseguir que el matrimonio sea legal. “La discriminación también viene en las palabras. Y por eso queremos usar también la palabra matrimonio”, afirma Yun.

En febrero del año pasado, el británico Gareth Crowe eligió Tailandia como destino para sus vacaciones junto a su pareja y la hija de esta. Como tantos otros turistas que llegan al país asiático, en su itinerario no podía faltar un paseo en uno de los majestuosos elefantes que se han convertido en el símbolo de la nación. La experiencia resultó fatal para el británico, que fue lanzado al suelo con virulencia por el paquidermo y murió al acto, mientras que la hija de su pareja, que también estaba paseando sobre los lomos del animal, resultó herida.

Crowe no era la primera víctima mortal de un turista por montar en elefante en el país, pero relanzó el debate sobre los principios éticos de una industria que ha florecido durante las últimas décadas a medida que incrementaba el número de viajeros extranjeros en el país. La industria nació, sin embargo, como una necesidad.

Así, durante siglos, los elefantes habían sido adiestrados en Asia para la tala de árboles o para transportar mercancía a través de las junglas, entonces medios de transporte ideales en las difíciles condiciones tropicales, gracias a sus gruesas patas y a su gran fuerza. Pero las mejoras de las comunicaciones y el descenso de la tala no controlada obligó a muchos de los elefantes a jubilarse. Y muchos vieron en el creciente turismo una lucrativa salida para los paquidermos.

Los elefantes empezaron a diversificar sus habilidades, desde diestros artistas capaces de pintar cuadros a bailarines o acróbatas. Mantuvieron sin embargo la ocupación principal que habían tenido durante siglos y continuaron ayudando a los humanos a cruzar la selva y otros parajes, esta vez con fines puramente recreativos.

Tailandia se convirtió así en el centro mundial de esta industria que no ha parado de crecer durante los últimos años. Según un estudio publicado recientemente por la ONG World Animal Protection, tres cuartas partes de los elefantes destinados a turismo en Asia se concentran en Tailandia y el número de animales se ha incrementado un 30% durante los últimos años, desde 1,688 en 2010 a 2,198 en 2016.

No obstante, detrás de la aparente majestuosidad de los elefantes, varias organizaciones han denunciado las brutales prácticas necesarias para domesticar a estos animales cuando nacen salvajes, conocidas como 'phajaan' o 'rotura del espíritu'. “Muchos de estos elefantes son alejados de sus madres cuando son bebés, obligados a someterse a un duro entrenamiento y a sufrir pobres condiciones de vida durante su vida”, asegura el veterinario Jan Schmidt-Burbach, asesor de WAP, en el comunicado del informe.

Las montañas y parajes cercanos a Chiang Mai son una de las zonas que más propuestas para ver elefantes concentran del país. Muchas siguen permitiendo los paseos a lomos de elefante o los shows donde los paquidermos pintan o realizan acrobacias, pero la polémica sobre las condiciones en las que los elefantes son capturados y custodiados ha llevado a las agencias a ofrecer las llamadas 'experiencias con elefantes' donde los turistas solo pueden alimentar o bañar a los animales.

'Wonderful Ecotours' (Ecotours maravillosos) es una de esas agencias que ofrece paseos andando por la selva, el contacto con los locales y la visita a un pueblo karen, una de las minorías de la región, donde dos hembras elefante y un bebé viven en un pequeño cercado. El tour cumple el principal requisito rechazado por la nueva industria ética: no permite los paseos en elefante.

Además, los animales no están encadenados, otra de las grandes controversias, y pueden salir del cercado bajo el control de sus mahouts (o montadores). “Los elefantes son de la comunidad, nunca han sido salvajes. Antes los utilizaban en la selva, pero ahora los tienen aquí para los turistas”, explica Thong, el guía.

Sin embargo, cuando el bebé se enfada con uno de los turistas por no darle una de las suculentas bananas y le da un pequeño empujón, el animal recibe varios golpes como castigo.

¿Un mal necesario?

Más allá de los abusos más evidentes, activistas y conservacionistas difieren sobre el papel que el turismo debe jugar en la supervivencia de una especie declarada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“[Mantener] el turismo de elefantes en óptimas [condiciones] es la única manera de asegurar la supervivencia del elefante en Tailandia y en el Sudeste Asiático”, asegura Chatchote Thitaram, veterinario y director del Centro de Excelencia en la Investigación sobre los Elefantes y la Vida salvaje, un proyecto asociado a la Universidad de Chiang Mai.

Según Thitaram, los boicots a la industria solo perjudican a la especie, ya que es “imposible” liberar a todos los elefantes “por su variedad e incompatibilidades”, así como por la “falta de espacio y presupuesto”. La organización defiende además el uso de cadenas como la “herramienta más segura” para controlar a los animales cuando hay turistas cerca.

Otros expertos consideran, sin embargo, que se debe trabajar en la restauración de los espacios naturales, cada vez más degradados, y que el turismo debe ser exclusivamente de observación. “Cualquier contacto directo con animales debería ser considerado un abuso”, asegura Panut Hadisiswoyo, conservacionista del Orangutan Information Center, que trabaja por preservar los espacios naturales de especies amenazadas en Indonesia, como el orangután o el elefante de Sumatra.

Según Hadisiswoyo, los animales deben ser visitados solo en santuarios o parajes donde estén en libertad, para evitar no solo el maltrato de los elefantes sino también el contagio de enfermedades. “Los elefantes pueden ser infectados por los humanos, [pero] a los turistas no se les requiere que se vacunen antes de entrar en contacto con ellos”, afirma.

Otro lidian con la resignación al mal menor. Para Rudi Putra, un biólogo y activista medioambiental en Indonesia, el turismo es una de las pocas salidas para asegurar la supervivencia del elefante de Sumatra, una de las subespecies más amenazadas por la expansión de las plantaciones de palma y de la industria papelera. “Aquí hay un conflicto entre humanos y elefantes y está costando la vida a muchos animales”, asegura Putra.

“Envenenan a los elefantes para que no entren en sus plantaciones. La única forma de que dejen de hacerlo es que vean su valor económico”, continúa el activista que están trabajando en la creación de centros de interpretación con elefantes en el distrito de Aceh Tamiang.

Condiciones “muy crueles”

Incluso aquellos que defienden la existencia del turismo de elefantes como herramienta de conservación avisan, sin embargo, de que tiene sus riesgos. El informe de la World Animal Protection denuncia que tres de cada cuatro elefantes en cautividad tiene condiciones “muy crueles”, incluso aquellos que no dan paseos o participan en shows.

Los santuarios son “rayos de esperanza”, asegura la organización, aunque hay quien denuncia que el término se usa con demasiada laxitud para posicionarse como alternativas de turismo ético. “Ahora mismo no hay ningún lugar destinado al turismo de elefantes en el Sudeste Asiático que cumpla todos los requisitos que definen a un verdadero santuario”, asegura Chatchote Thitaram.

Por otra parte, la necesidad de proveer de animales a estos centros ha hecho aumentar el tráfico ilegal de ejemplares salvajes, cuya captura está ahora prohibida en Tailandia. Los cazadores furtivos se han mudado así a la vecina Myanmar, donde los controles son menores, según la organización Traffic, quien denunció en 2014 que al menos 79 paquidermos habían sido capturados ilegalmente y vendidos a centros turísticos de Tailandia en los tres años previos. 

Playas paradisiacas o frondosas junglas. Modernas megalópolis o pequeños pueblos pesqueros. Templos hindúes milenarios o inmensas mezquitas musulmanas. La variedad de paisajes y experiencias que ofrecen los diez países del Sudeste Asiático atrae cada año a un número creciente de turistas.

La región recibió en 2015 a 108 millones de visitantes, frente a los 81 de 2011, según los datos más recientes recogidos por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En casos como el de Tailandia y Camboya, se han consolidado, además, como destinos de moda para los turistas españoles. Muchos de ellos han aprovechado este verano sus vacaciones para recorrerlos. Otros prefieren esperar a que llegue septiembre o el comienzo del otoño y aún planean su itinerario por estos países asiáticos.

Su diversidad puede ser, sin embargo, un rompecabezas para cualquier turista que haya viajado miles de kilómetros, ya que las reglas pueden ser muy diferentes de un país a otro. Desde la rica Singapur, donde el PIB per cápita alcanza los 90.724 dólares y donde prácticamente todo está regulado, a la empobrecida y caótica Camboya, donde cada habitante sobrevive con poco más de 4.000 dólares anuales, lo que convierte cada céntimo adicional en una oportunidad de tener un mes más holgado, pero también de caer en la explotación.

Las críticas al turismo masivo, que se han escuchado este verano en España, apenas se escuchan en este rincón asiático, pero el incremento constante de visitantes también ha tenido importantes impactos negativos en las poblaciones locales y sus ecosistemas. Sin embargo, en la mayor parte de estos países se repiten patrones que pueden reducirse si se tienen en cuenta algunas recomendaciones básicas. 

Cuidado con el turismo de orfanatos

En los países más empobrecidos, los niños son a menudo los primeros perjudicados por un incremento descontrolado del turismo. En países como Camboya, la llegada de los visitantes extranjeros dio alas a una nueva industria, la de los orfanatos, que ha resultado muy lucrativa a costa del propio bienestar de los menores.

“La mayor parte de las instituciones de atención residencial recibe fondos de donaciones del extranjero, apoyado por el fenómeno del turismo de orfanatos o el 'volunturismo', por el que los visitantes pagan dinero para visitar un orfanato o ser voluntarios en él”, asegura Bunly Meas, responsable de comunicación de Unicef en Camboya.

Así, el número de niños en estos centros aumentó de 6.000 en 2005 a más de 26.000 el año pasado, según datos de Unicef. Sin embargo, tres de cada cuatro no eran huérfanos o tenían familiares que podían ocuparse de ellos, advierte la organización. “A pesar de sus buenas intenciones, los que apoyan [este tipo de turismo] en realidad terminan contribuyendo a que se destruyan familias y a que se separe a los niños de su propio entorno familiar”, continúa Meas.

La lucha contra la prostitución infantil

En muchos países del Sudeste Asiático, especialmente los más pobres, el incremento del turismo ha hecho también aumentar los casos de prostitución infantil. Aunque no son solo los turistas los que abusan de los menores, ya que en muchos países asiáticos la virginidad es un bien preciado y caro y los locales pagan importantes sumas de dinero por tener sexo con menores, los hoteles son fundamentales a la hora de evitar la explotación sexual.

Cada vez más establecimientos están tomando medidas al respecto y algunos han firmado el llamado Código (The Code en inglés) por el que se comprometen a formar a sus trabajadores para que aprendan a prevenir cualquier abuso sexual de menores así como para que conciencien a los turistas de los peligros a los que se ven expuestos los menores. La lista por países se puede consultar en Internet.

También es importante avisar a las autoridades si se sospecha que se han cometido abusos contra un menor. Así, la organización Child Safe tiene en marcha líneas en todos los países del Sudeste Asiático en las que se pueden denunciar este tipo de comportamientos.

El ciclo de pobreza de los niños sin techo

Otra de las formas de explotación infantil relacionada con el turismo son los niños sin techo que piden dinero a los viajeros. “Cuando das dinero, comida o regalos a niños vagabundos, les estás alentando a que continúen pidiendo, lo que hace que no vayan a la escuela y que se vean atrapados en un círculo de pobreza”, avisa la campaña Travel ChildSafe.

La iniciativa aconseja buscar organizaciones de formación vocacional o donar a otro tipo de asociaciones que apoyen a los menores y a sus familias si se quiere ayudar a la infancia en estos países. A menudo las recomendaciones son extensibles a todo tipo de personas sin hogar, ya que existen redes bien nutridas de extorsionadores que obligan a migrantes y otras poblaciones vulnerables a mendigar.

¿Quién trabaja en tu hotel?

La industria turística es uno de los muchos sectores que sobrevive en Asia gracias a los trabajadores migrantes. Como ya contó recientemente eldiario.es, a menudo estos migrantes trabajan largas jornadas sin descanso y cobran salarios por debajo del mínimo legal.

“Es muy difícil para un turista conseguir este tipo de información. Pero podría suponer una gran diferencia si, cuando reservas, preguntas al tour-operador o al hotel cómo intentan asegurar condiciones de trabajo justas. Así les haces saber que para ti, como viajero, es importante”, recomendaba Malin Kjellqvist, directora de campañas de la ONG sueca Fair Action e investigadora sobre la situación de las personas migrantes en el sector turístico en Tailandia.

Kjellqvist aconseja además a los turistas que sean responsables con su comportamiento durante su estancia en el hotel. “Cuando se rompe un vaso o se roba algo, a menudo, es el personal de limpieza quien tiene que pagar por ello”, asegura.

Los animales, mejor en libertad

El turismo de animales se ha convertido en una de las principales atracciones en el Sudeste Asiático. Los paseos en elefante son de las actividades más populares, pero otras especies se han visto también atrapadas en esta industria, como los orangutanes, a los que se puede ver pelear en rings de boxeo, o los tigres, con los que se puede posar en templos en Tailandia.

“Cualquier contacto con animales debería ser considerado un abuso hacia ellos”, asegura Panut Hadisiswoyo, fundador del Orangutan Information Center, una organización que trabaja por la preservación de estos grandes primates. Hadisiswoyo alerta de que no solo se puede estar abusando de los animales, sino de que el riesgo de contagio de enfermedades puede ser alto. “Los orangutanes comparten casi el 97% del ADN con los humanos. El contacto debería estar prohibido”, asegura el biólogo.

“Los turistas deberían ir a parajes naturales que estén gestionados de forma apropiada por profesionales”, continúa Hadisiswoyo, quien también recomienda evitar cualquier tipo de show que implique un entrenamiento a largo plazo de los animales. Este tipo de santuarios y zoos incrementa, además, el riesgo de tráfico de especies en peligro de extinción.

Tribus que mueren con el turismo

Según Naciones Unidas, dos tercios de los grupos indígenas del mundo viven en Asia, y buena parte están en el Sudeste Asiático. Esta diversidad cultural atrae cada año a miles de turistas que, irónicamente, ponen en peligro la supervivencia de esas mismas culturas.

Así, en Laos, por ejemplo, son corrientes los falsos pueblos indígenas donde los residentes son actores. En la frontera entre Tailandia y Myanmar, las mujeres paduang, conocidas como 'mujeres jirafa' por los aros que llevan en el cuello, son explotadas para el disfrute de los visitantes. En las montañas vietnamitas de Sapa, el turismo masivo ha modificado las costumbres locales y ha causado impacto medioambiental.

Otros grupos, sin embargo, han conseguido gestionar el turismo de forma responsable y consiguen ingresos sostenibles fundamentales para romper su ciclo de pobreza, en el llamado 'turismo basado en las comunidades'. Para encontrar estas iniciativas y otras de turismo responsable, se puede acudir a alguno de los touroperadores sostenibles en Asia.

Desde que tiene memoria, Pak Dahlan, un campesino de la provincia de Riau, en Indonesia, solo recuerda plantaciones de caucho alrededor de la casa de sus padres donde creció y que hoy se ha convertido en su casa. Sus padres, como el resto de los vecinos, eran unos pequeños propietarios que se ganaban el jornal extrayendo la blanca savia de las heveas que crecían en las pocas hectáreas de terreno que tenían y con la que luego producían las láminas de caucho.

Todo cambió en 2003, cuando Pak Dahlan, ya en su cincuentena, recibió una suculenta oferta: cambiar el caucho por el más productivo aceite de palma. “Veía que mis vecinos tenían aceite de palma y ganaban más dinero que yo con el caucho. Así que decidí cambiarlo”, asegura el campesino. Y no ha sido el único.

Aunque el Hevea brasiliensis, la principal planta que produce caucho, es natural de la cuenca del Amazonas, ha sido en el Sudeste Asiático donde la industria ha encontrado las condiciones idóneas de expansión y en la actualidad el 85% del caucho natural mundial procede de esta región. Sin embargo, mientras que en la época colonial, cuando el caucho se expandió por los territorios británicos de ultramar, las plantaciones se concentraban en las coordenadas más cercanas al Ecuador, durante las últimas décadas, los esbeltos árboles han migrado paulatinamente hacia regiones más templadas. “El aceite de palma está empujando al caucho hacia el norte”, asegura Jefferson M. Fox, investigador del Centro East-West especializado en este árbol.

Y con su migración, han desaparecido también algunos de los bosques tropicales y subtropicales más valiosos de estas regiones que hasta ahora habían quedado a salvo de la expansión de los voraces monocultivos tropicales. Así, entre 2005 y 2010, las plantaciones de este árbol reemplazaron más de 3.000 kilómetros cuadrados de bosques identificados como zonas de alto valor ecológico y áreas protegidas, según un estudio publicado en la revista Global Environmental Change en 2015. “Ha sido bastante sorprendente porque yo esperaba que fuera mayoritariamente por una sustitución de cultivos, no por deforestación de bosques primarios”, continúa Fox, quien es además uno de los coautores del informe.

El cambio comenzó en los años 50 del siglo pasado, cuando China desarrolló una variedad de hevea que podía crecer en temperaturas menos cálidas, para poder satisfacer su demanda en plantaciones al sur del país. Desde entonces, otros países han desarrollado sus propias variedades, resistentes a las condiciones climatológicas de cada región. Sin embargo, a pesar de que las plantaciones sobrevivían, su productividad a menudo caía, incrementando la cantidad de suelo necesaria. “El caucho se está plantando en zonas donde no debería estar”, asegura Fox.

Un factor determinante: el aumento de la demanda

Pero la competencia con otros cultivos no ha sido la única razón por la que el caucho se ha vuelto cada vez más amenazante para los bosques subtropicales. Así el látex que se obtiene de la hevea es utilizado para una multitud de usos, desde la fabricación de guantes y preservativos, a globos o incluso colchones. Pero ha sido nuestra creciente movilización la que ha hecho aumentar dramáticamente la demanda de esta materia prima: entre un 50 y un 70% del caucho natural, según diferentes fuentes, es utilizado para la fabricación de neumáticos.

Las previsiones apuntan además a que la demanda de caucho, fundamentalmente natural, ya que el sintético es menos resistente y versátil, seguirá aumentado durante los próximos años, lo que incrementará la presión sobre las selvas asiáticas.

“Estimamos que entre 4,3 y 8,5 millones adicionales de hectáreas son necesarias para dar respuesta a la demanda proyectada para 2024”, asegura otro estudio también publicado en 2015.

“Parece probable que esto ocurra a expensas de [áreas de ] bosque natural, ya que es la tendencia que hemos visto en décadas recientes en el Sudeste Asiático”, asegura a eldiario.es Eleanor Warren-Thomas, investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de East Anglia y autora del estudio.

Camboya, el paradigma de la voracidad del caucho

En 2010, el parque nacional de Virachey, en la provincia camboyana de Ratanakiri, era considerado una de las pocas zonas vírgenes que quedaban en el país. Situado en la frontera con Laos y Vietnam, el espacio estaba protegido por ley debido a su alto valor ecológico, pero la tala ilegal había hecho mella en las ricas laderas del parque que cada vez se veían más desnudas.

En 2011, fue, sin embargo, el propio gobierno el que aprobó una concesión para plantaciones de caucho dentro de las lindes del espacio protegido, confirmando la apuesta del gobierno por este cultivo a expensas de sus bosques. “Camboya ha sido el país más afectado por la expansión del caucho”, asegura Fox.

Según el World Resources Institute, Camboya fue el país del mundo en el que la tasa de deforestación se incrementó más rápidamente entre 2001 y 2014, y la premura se debió en buena parte a las plantaciones de caucho. Así, según la organización, la deforestación en el país ha ido a la par con las fluctuaciones en el precio del mercado global de caucho. “Sabemos que a largo plazo, un incremento de los precios lleva a una expansión de las plantaciones”, confirma, por su parte, Eleanor Warren-Thomas.

¿Son posibles los cultivos sostenibles de caucho?

Sin embargo, el caucho puede cultivarse potencialmente de forma más sostenible. Así la hevea es un cultivo que se integra bien en la llamada agrosilvicultura, un sistema en el que se integran diversos tipos de especies de plantas junto a animales en una misma área productiva y que son medioambientalmente más sostenibles que los monocultivos. Warren-Thomas pone como ejemplo a Indonesia, el segundo productor mundial de caucho tras Tailandia, donde se cultiva mayoritariamente en este tipo de plantación “que tiene la estructura de un bosque secundario”.

“Los agrobosques de caucho en Indonesia son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y ha habido grandes esfuerzos para que no se convirtieran en monocultivos”, asegura la investigadora.

El caucho también ha sido una importante fuente de ingresos para comunidades pobres en la región, especialmente en Tailandia, Malasia e Indonesia, donde es cultivado mayoritariamente por pequeños agricultores como hacía la familia de Pak Dahlan.

“Hay indicios que muestran que la producción en esta escala conlleva beneficios económicos, social y medioambientales a largo plazo”, asegura la organización Global Witness, que ha denunciado en varios informes los impactos de esta industria, especialmente en Camboya.

Empresas empiezan a luchar contra la deforestación

Como tantas otras industrias, la industria del caucho se enfrenta ahora a la necesidad de mejorar sus prácticas para satisfacer una demanda cada vez más concienciada a nivel social y medioambiental. Así,en 2016, el grupo Michelin, el mayor fabricante de neumáticos del mundo, adoptó una política de deforestación cero, mientras que General Motors se comprometió este año a comprar sólo neumáticos sostenibles.

Pero con una demanda en constante aumento y la competencia de otras industrias que también intentan evitar ser asociadas con deforestación, la sostenibilidad del caucho puede parecer un objetivo utópico. “No sabemos si es posible satisfacer la demanda futura de caucho natural sin deforestación y se necesitan urgentemente estudios para comprender esto”, dice Warren-Thomas. “Si las plantaciones de aceite de palma se restringen a zonas no bosquosas dentro de la RSPO, la demanda para el caucho se desplazará a otra parte”, continúa.

Algunos, sin embargo, se plantean recuperar los árboles de savia blanca. Pak Dahlan echa de menos las antiguas plantaciones de caucho que le daban menos dinero, pero también menos quebraderos de cabeza que el aceite de palma. “Cuando llegó el aceite de palma, empezó a haber incendios también en la región”, asegura. “Si el caucho estuviera mejor pagado, lo habría mantenido”.

Aung Myint Oo llegó hace 15 años a la turística isla de Phuket, en el sur de Tailandia, en busca del trabajo que no podía encontrar en su Birmania natal. En pleno furor por el incremento constante de turistas europeos y americanos, la isla vivía un frenesí urbanístico y encontrar un trabajo como peón de obra era relativamente fácil si se aceptaban las largas horas bajo el sol y el magro salario.

Negociar las condiciones era impensable, porque, como la mayoría de sus colegas de trabajo, Aung Myint Oo no tenía papeles y había llegado al país a través de las redes de tráfico de personas.

Hace algo menos de un año, mientras transportaba una viga de hierro, el metal entró en contacto con un cable suelto y su brazo se derritió con la descarga. El accidente le costó uno de sus brazos, cuyos huesos y carne están ahora fundidos, y el trabajo. Incapaz de seguir poniendo ladrillos de los lujosos resorts de la isla, Aung Myint Oo fue despedido sin compensación. “Yo tuve suerte porque mi jefe pagó el hospital, pero ahora no puedo ganarme la vida y no me han dado nada”, asegura en una entrevista con eldiario.es.

La historia de Aung Myint Oo es solo la primera pieza en los cimientos de toda la industria turística en Tailandia, un sector que, como la mayoría de los que dependen de mano de obra poco cualificada, descansa sobre el trabajo de millones de trabajadores migrantes procedentes de los países vecinos más pobres.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay aproximadamente 3,25 millones de migrantes en el país, procedentes sobre todo de Laos, Camboya y, fundamentalmente, Myanmar (la antigua Birmania).

Sueldos más bajos y jornadas “de 14 a 17 horas”

La presencia de estos vulnerables trabajadores no termina en la construcción del hotel. “El gobierno tailandés tiene una política de dar a los tailandeses los trabajos cualificados, así que los inmigrantes acaban haciendo los trabajos de las 'tres D': peligroso (dangerous en inglés), sucio (dirty) y exigente (demanding)”, explica Malin Kjellqvist, directora de campañas de la ONG sueca Fair Action e investigadora sobre la situación de los migrantes en el sector turístico en Tailandia.

Según Kjellqvist, estos inmigrantes están presentes en toda la cadena del hotel, desde limpiadores a empleados de cocina, jardineros o camareros. Muchos, apunta la investigadora, ni siquiera tienen contratos escritos o no pueden leer los que tienen porque no hablan el idioma local o no conocen el alfabeto.

En una situación tan precaria, los migrantes se ven expuestos a frecuentes violaciones de sus derechos. Así, según un informe publicado por Fair Action en 2015, sus salarios en los hoteles están a menudo por debajo del mínimo legal y las horas que trabajan sobrepasan los tiempos máximos permitidos.

“Trabajan entre 14 y 17 horas diarias durante la temporada alta y a menudo no tienen tiempo para descansos”, continúa Kjellqvist. Además, reseña la investigadora, los inmigrantes sufren discriminación con respecto a sus colegas tailandeses, con salarios más bajos y sin derecho a permisos de maternidad, entre otros. “Este tipo de discriminación está muy arraigada en la sociedad tailandesa”, dice.

Pocas mejoras en el sector hotelero

La situación de los migrantes en Tailandia saltó a la opinión pública internacional después de que un artículo publicado en The Guardian en 2014 revelara la conexión entre las redes de tráfico de personas, el trabajo esclavo y la industria pesquera en el país.

Poco después, el Departamento de Estado de Estados Unidos degradó la clasificación de Tailandia en su informe anual a la de país de “origen, destino y tránsito de tráfico de personas” –posición que ha mejorado en los últimos dos años–, mientras que la Unión Europea imponía una tarjeta amarilla a la industria pesquera del país por pesca ilegal y uso de mano de obra esclava, que aún mantiene.

Ambas medidas suponían el paso previo a la prohibición de importaciones, por lo que el Gobierno lanzó todo un programa de reformas para evitar sanciones. Sin embargo, estas se han centrado sobre todo en la industria pesquera, donde se han incrementado las inspecciones para asegurarse de que no hay abusos laborales, mientras que en otros sectores, como el hotelero, apenas ha habido cambios.

“No hemos visto muchas mejoras durante este tiempo” dice Kjellqvist. “La única mejora es que es más fácil para ellos tener acceso a los permisos de trabajo”, asegura.

“Los inmigrantes en Tailandia tienen muy poca capacidad para negociar sus condiciones”, asegura Andy Hall, activista e investigador especializado en trabajadores migrantes en el país asiático. Hall señala además que, a pesar de las reformas legislativas, muchos migrantes siguen llegando al país a través de brokers y de redes de trata ilegal. “La mayoría de los migrantes que vienen a Tailandia a través de esos canales siguen siendo extorsionados y tienen que pagar mucho dinero”, asegura Hall

La última regulación entró en vigor el pasado 17 de junio, por la que se elevaban sustancialmente las multas por contratar ilegalmente a inmigrantes hasta 800.000 baths (unos 20.000 euros). En las primeras semanas tras aprobar la nueva ley, unos 20.000 birmanos se habían marchado del país, lo que llevó al gobierno a suspender la medida durante seis meses para que los migrantes pudieran legalizar su situación.

El papel de los consumidores

Por los pasillos de los grandes hoteles costeros y los caminos que conectan los bungalós de los resorts tailandeses, se suele escuchar poco tailandés y las conversaciones entre los trabajadores son generalmente en birmano. Algo que para la mayoría de los turistas que ocupan las habitaciones, muchos venidos desde miles de kilómetros de distancia, pasa desapercibido. “Muchos turistas ni siquiera saben que son migrantes. Piensan que son tailandeses”, asegura Kjellqvist. “Pero también hay quienes no quieren pensar en eso porque quieren relajarse”.

El turismo responsable ha crecido poco a poco durante los últimos años, al calor del aumento general en la concienciación de los consumidores, aunque a menudo se ha relacionado con voluntariado o con el ecoturismo.

Según el informe anual del Centro por un Turismo Responsable, durante los últimos años han incrementado los viajes solidarios, las visitas a comunidades rurales o las estancias en bosques tropicales. Naciones Unidas, que ha declarado 2017 el Año del Turismo Sostenible para el Desarrollo, destaca la capacidad del turismo para aliviar la pobreza en países en desarrollo y para crear incentivos para conservar espacios naturales.

Sin embargo, aún se habla poco de las duras condiciones laborales en el sector, que, según la OIT, se caracterizan por la estacionalidad y la baja cualificación. “Los patrones de demanda de los consumidores en hoteles y restaurantes requieren de condiciones de trabajo que a menudo están caracterizadas por horas de trabajo irregulares y no conciliables, como turnos partidos, turnos de fin de semana, turnos de noche o trabajo durante los periodos de vacaciones”, denuncia en un informe. “Estas condiciones laborales añaden estrés a los trabajadores con cargas familiares, especialmente las mujeres”, concluye. 

La opacidad de la industria no ayuda a que los turistas puedan tener prácticas más responsables. “Es muy difícil para un turista conseguir este tipo de información”, dice Kjellqvist. “Pero podría suponer una gran diferencia si, cuando reservas, preguntas al tour-operador o al hotel cómo intentan asegurar condiciones de trabajo justas. Así les haces saber que para ti, como viajero, es importante”, concluye.

Hok Pov nunca pensó que la apetitosa oferta que le ofrecían como empleada del hogar en Malasia podría ser peor que su empleo en una fábrica textil en su país natal, Camboya por el que, en 2010, cobraba apenas 80 dólares mensuales. Con la promesa de un salario casi cuatro veces superior y todos los gastos supuestamente cubiertos, Pov pensó que sería una buena oportunidad para ahorrar.

Los escasos cincos meses que pasó en Malasia fueron, sin embargo, un infierno. La familia que la acogió apenas le daba de comer y no tenía descansos asignados; tenía que trabajar siempre que se lo pidieran, 24 horas al día, siete días a la semana. Dormía en el suelo de la cocina y no podía salir de la casa o llamar a su familia. Su empleadora pagaba además sus enfados con ella y le daba palizas varias veces por semana. Ella fue, a pesar de todo, una afortunada. No sufrió abusos sexuales.

Los países pobres de Asia, especialmente Filipinas e Indonesia, y más recientemente Camboya y Birmania, han sido cunas de empleadas del hogar durante décadas. Muchas de ellas han servido en casas pudientes de Europa, Estados Unidos o, sobre todo, Oriente Medio, pero la mayoría se quedaban en sus propios países o en los vecinos más ricos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hay al menos 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo, de los que, aproximadamente, 23,7 millones trabajan en la región Asia-Pacífico. Un 14% son migrantes y la mayoría de ellas, un 83%, son mujeres. Un informe del organismo internacional publicado este viernes concluye que las prohibiciones a la migración para trabajar en el servicio doméstico que han adoptado diversos países han hecho florecer el mercado negro y han aumentado los riesgos para las empleadas.

“Ahora tienen menos capacidad para negociar”

Trabajando en la invisibilidad de las casas de sus empleadores y muchas veces sin un control estricto de las autoridades, las mujeres migrantes son las más vulnerables. Así, para evitar que otras mujeres sufrieran la misma experiencia que Pov, el Gobierno camboyano prohibió en 2011 la contratación de ciudadanos del país para trabajar como empleados domésticos en Malasia.

Otros países de la región han seguido políticas similares en los últimos años, especialmente Birmania, que congeló la contratación para cualquier país en 2014. Indonesia anunció el año pasado que también prohibiría la práctica, aunque más tarde rectificó la decisión.

Las restricciones han puesto, sin embargo, en mayor riesgo a las empleadas domésticas, tal y como denuncia la OIT. “Se les ha puesto en una situación de ilegalidad así que tienen menos capacidad para negociar sus condiciones”, asegura Rebecca Napier-Moore, responsable del estudio.

La prohibición supone mayores riesgos

Así, las empleadas domésticas usan cada vez más el servicio de agentes (brokers en inglés) que las transportan ilegalmente a los países de destino y no reciben ningún tipo de formación previa, antes común, que podría reducir su vulnerabilidad, como competencias lingüísticas básicas. Se han incrementado además los casos en los que los empleadores retienen a las trabajadoras en contra de su voluntad porque “hay una falta de mano de obra” y no pueden encontrar sustitutas fácilmente, explica Napier-Moore.

Al tener que emigrar ilegalmente, muchas contraen deudas con los agentes o los empleadores, que pagan por ellas y luego les piden que trabajen gratis hasta que consideren que han satisfecho el pago. “Las tasas de reclutamiento son una de las principales causas de las condiciones análogas a la esclavitud en las que viven muchos migrantes”, explica Andy Hall, especialista en migración en Tailandia.

Esto se añade a las duras condiciones que las empleadas domésticas han sufrido tradicionalmente en Asia. Así, según un estudio realizado por Farsight entre empleadas procedentes de Filipinas e Indonesia y residentes en sus propios países de procedencia, pero también en Singapur y Hong Kong, el 71% de las encuestadas habían sido encerradas por sus empleadores, se les habían confiscado sus documentos para que no pudieran escapar, y había sido objeto de abusos y amenazas verbales, físicas e incluso sexuales.

“[A pesar de conocer los riesgos], siguen migrando porque hay una necesidad de dar de comer a sus familias”, continúa la investigadora.

Un sector que mejora lentamente

Isti Komariyah era una mujer menuda cuando abandonó su Indonesia natal con 23 años y 45 kilos de peso para trabajar como empleada doméstica en Malasia. El empleo en un país cercano, con un idioma casi igual y costumbres similares, debía ser sencillo. Sin embargo, en los tres años siguientes, el matrimonio para el que trabajaba apenas le daría de comer y la trataría como una esclava. En junio de 2011, los 26 kilos que le quedaban no pudieron soportar más. Cuando fue trasladada al hospital, ya muerta, su cuerpo estaba lleno de moratones y arañazos, según los medios locales.

La muerte de Isti por los abusos de sus empleadores no era la primera en Malasia. Sin embargo, la indignación social que despertó fue mayor y el matrimonio fue condenado a la pena capital en 2014. Poco antes otra pareja fue condenada a 24 años de cárcel por la muerte de otra empleada camboyana.

En otros países de la región, la justicia también ha empezado a condenar los abusos de los empleadores. Así, en Hong Kong, una mujer fue condenada en 2015 a seis años de cárcel por asaltar y agredir a su trabajadora, también indonesia, así como por retener sus pagos y no darle días de descanso.  

En la legislación también ha habido algunas mejoras, destaca Napier-Moore. De esta manera, Bangladesh sustituyó la prohibición de emigrar por una ley específica que tenía en cuenta la situación de este tipo de trabajadoras. Por otra parte, algunos países como Hong Kong, Filipinas, Tailandia y Vietnam han aprobado protecciones como permisos de maternidad o límites a las jornadas máximas de trabajo.

La mayoría de los países, sin embargo, no ha ratificado la Convención Número 189 que protege a los empleadores domésticos y solo Filipinas la tiene aprobada en toda Asia. No es algo raro, ya que sólo 24 países en el mundo lo han hecho. España no está entre ellos, aunque ha adoptado leyes de protección a los empleados del hogar, según la OIT. 

Solemos llamarlos palitos de cangrejo, pero en su composición es raro que haya poco más que extractos de este crustáceo para darle su característico sabor. El surimi, como también se le conoce, es en realidad una mezcla de restos de pescado que nació en Japón para aprovechar los sobrantes de la industria.

Hoy, suele estar formado por una amalgama de diferentes especies de baja calidad, capturadas exclusivamente para fabricar el surimi, con la que se forma una pasta que se vende en bloques. Esta se mezcla después con almidón, conservantes, potenciadores del sabor, azúcares y colorantes para formar las características barritas blancas y rojas. Su presencia suele etiquetarse en la lista de ingredientes simplemente como 'pescado'.

El opaco origen de esta pasta de pescado, que también se utiliza como pienso para animales, especialmente en granjas de acuicultura, ha dado, sin embargo, rienda suelta a abusos y prácticas ilegales en una industria que lleva años siendo denunciada por organizaciones no gubernamentales y medios internacionales por el uso de mano de obra esclava y por el tráfico de personas.

“El surimi es uno de los mayores problemas en la trazabilidad en la industria pesquera, porque es una mezcla de especies y nadie sabe con certeza de dónde procede”, explica Anchalee Pipattanawattanakul, responsable de océanos de Greenpeace en el Sudeste Asiático, en una conversación con eldiario.es.

El escándalo del surimi saltó con un artículo publicado por The Guardian en junio de 2014, en el que se relacionaba a CP Foods, la mayor empresa de producción de gambas del mundo, originaria de Tailandia, con piensos producidos con surimi capturado en condiciones análogas a la esclavitud.

“Esclavos obligados a trabajar sin salario durante años bajo la amenaza de violencia extrema son utilizados en Asia en la producción de marisco que se vende por grandes supermercados de Estados Unidos, británico y de otros países europeos”, arrancaba el reportaje, que relataba cómo los pescadores eran obligados a trabajar incluso 20 horas diarias o solo recibían un par de comidas básicas al día.

El artículo fue uno de los detonantes, junto a sendos toques de atención por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, de toda una serie de reformas de la industria pesquera de Tailandia, cuarta exportadora mundial según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para regular un sector que estaba fuera de control.

“Nuestras leyes estaban muy obsoletas y muchos barcos ni siquiera estaban obligados a registrarse”, asegura Adisorn Promthep, director general del departamento de pesca del Gobierno tailandés, quien explica que la nueva normativa exige controles sobre todos los barcos pesqueros comerciales.

La industria sostiene que está mejorando también su trazabilidad para eliminar prácticas abusivas de su cadena de producción. “Hemos eliminado muchos proveedores, muchos barcos que no cumplían con nuestros requisitos mínimos”, recalca PakPrink Boonnom, responsable de recursos humanos de CP Foods, en una entrevista con este medio. “Hacemos además auditorías constantemente, incluso a aquellos que no son nuestros proveedores. Es la única forma de mejorar la industria”, añade.

Una industria que no cambia

Cuando el Gobierno tailandés comenzó a incrementar la vigilancia en los barcos pesqueros a partir de 2015, muchos de ellos tomaron la salida más fácil: escapar. Así lo denuncia un informe de Greenpeace publicado a finales del año pasado, en el que la organización ecologista asegura que muchos de los barcos que faenaban en aguas tailandesas y que alimentan mayoritariamente a la industria del surimi, se han adentrado en zonas más lejanas para evitar los controles. Así, muchos de estos barcos habían empezado a operar a finales de 2015 en el Banco Saya de Malha, una zona con una gran biodiversidad marina situada al norte de Madagascar, aunque en aguas internacionales.

“Tailandia se ha centrado fundamentalmente en reformar la gestión en aguas territoriales. Pero la pesca en alta mar no sigue los mismos estándares”, señala Daniel Murphy, investigador independiente especializado en industria pesquera. “Así que [los barcos en alta mar] siguen operando como siempre. Van buscando los huecos y los fallos en el control de los recursos pesqueros”, prosigue el investigador. Y el surimi, explica, es perfecto para este tipo de modelo en el que apenas hay trazabilidad.

Greenpeace no ha sido el único en denunciar los intentos de la industria por evitar los controles. Aunque la calificación de Tailandia en el último informe sobre tráfico de personas elaborado cada año por el Departamento de Estado de Estados Unidos mejoró, en buena parte por las reformas emprendidas por el Gobierno, numerosas organizaciones han alertado de que la industria está lejos de estar libre de abusos.

La última ha sido la Organización Internacional del Trabajo, que publicó el pasado mes de marzo un comunicado en el que criticaba a Tailandia por no respetar la Convención sobre Trabajos Forzosos en la industria pesquera. “Estamos todavía en un periodo de transición. Las empresas y los pescadores están aprendiendo, pero hay conciencia”, asegura Adisorn Promthep.

Aunque la atención internacional se ha centrado en Tailandia, debido a su importancia en el sector, las prácticas abusivas no son, sin embargo, exclusivas de sus barcos. “La industria se está desplazando a Amán, Somalia o Mozambique, países con prácticas pobres en términos de control y vigilancia sobre los barcos extranjeros para proteger sus recursos naturales”, apunta Daniel Murphy. Una industria que, gracias a este juego esquivo, puede seguir ofreciendo un producto tremendamente barato, pero cuyo coste real nadie tiene demasiado claro.

Samart Senasuk nunca quiso trabajar en un barco. “No quería trabajar tan lejos de casa”, asegura este campesino de Isaan, una de las regiones más pobres de Tailandia en el noreste del país. Tras negarse a la propuesta de un conocido, fue a cenar con él y otros amigos. Tras dar unos tragos a su bebida, se le nubló la vista y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en Singapur a punto de ser embarcado en un gran pesquero del que no saldría en los siguientes siete años.

Es probable que parte del pescado que capturó durante aquellos años terminara en algunas de las latas de comida que cada día consumen animales de compañía de todo el mundo, uno de los principales sectores que se sirve de las capturas realizadas por la industria tailandesa, cuarto exportador mundial de pescado según FAO, y que han sido relacionadas con tráfico de personas, trabajo esclavo y pesca ilegal.

Los constantes escándalos llevaron al Gobierno tailandés y a varias de las principales empresas del sector a iniciar una profunda reforma de la industria a mediados de 2015 para mejorar la trazabilidad y evitar los abusos laborales y las prácticas medioambientales no sostenibles en su cadena de producción. Las marcas de comida para animales, sin embargo, se habían quedado atrás en esta carrera.

“Hay muchos problemas de trazabilidad con este tipo de producto porque a menudo no son una única especie, sino que son mezclas de varios tipos de pescado, muchos sobrantes que no se quieren para otros propósitos”, asegura Anchalee Pipattanawattanakul, responsable de océanos de Greenpeace en el Sudeste Asiático.

Pero la industria está despertando. Así, dos de las principales marcas, Nestlé y Mars, han anunciado recientemente que van a adoptar nuevas políticas para limpiar sus cadenas de suministro de pescado teñido de explotación y que van a eliminar una de las prácticas más polémicas en el sector: el transbordo de pescado en alta mar.

“Los transbordos [de una nave madre a barcos más pequeños] en alta mar son una práctica común. Muchos operadores pesqueros los favorecen como una forma rápida para evitar los burocráticos controles de los puertos y maximizar sus beneficios”, asegura la Environmental Justice Foundation en un informe en el que denuncia que estas prácticas están dirigidas fundamentalmente a evitar registrar pescado capturado de forma ilegal.

“Como es difícil controlar los transbordos en el mar, los pescadores ilegales normalmente prefieren transferir sus capturas en el mar antes que en un puerto”, prosigue el informe. “El transbordo en alta mar permite que los barcos estén sin control durante años”, añade Anchalee de Greenpeace.

Desde los años 60, la comunidad internacional ha firmado numerosos acuerdos de gestión pesquera con el objetivo de revertir el preocupante declive de las reservas marinas mundiales, que, en la actualidad, se han convertido en las llamadas Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (RFMO en sus siglas en inglés). Estas organizaciones tienen jurisdicción sobre áreas marítimas concretas o reservas de peces específicos –las más importantes son las relacionadas con los atunes– y establecen regulaciones sobre cuotas de pesca y métodos, entre otros.

Así, mientras algunas RFMO han prohibido algunos tipos de transbordos en alta mar, otras están instaurando programas de control a través de observadores independientes situados en los barcos.“Sigue siendo una práctica con muchos problemas, porque los observadores están solos en alta mar y en un entorno hostil”, asegura Anchalee, de Greenpeace.

La industria está aún dividida sobre cuáles deben ser los estándares mínimos referidos a los transbordos. Así Nestlé, propietaria de Purina, se ha comprometido a prohibir la práctica en su cadena de producción, mientras que Mars, que tiene entre sus marcas a Whiskas y Pedigree, sólo suspenderá a aquellos proveedores que no puedan probar que se han respetado los derechos de los trabajadores y que no se han violado las leyes internacionales de pesca.

“Si no podemos solucionar estas cuestiones de forma satisfactoria rápidamente, terminaremos con el uso de productos en los que ha habido transbordo en nuestras cadenas de producción hasta que estos graves problemas estén arreglados”, aseguró Isabelle Aelvoet, directora global de sostenibilidad de la rama de comida para animales de Mars en un comunicado conjunto con Greenpeace y Nestlé.

En aguas cada vez más lejanas

No sólo los barcos que hacen transbordos han registrado abusos. El barco de Samart Senasuk solía ir a puerto cada dos o tres meses para descargar su mercancía. Lo hacía, sin embargo, en un agujero en medio del Océano Índico: la isla indonesia de Ambon. La agencia de noticias AP reveló el uso de este pequeño enclave en las Molucas, así como de la vecina Benjina, para encubrir el uso de tráfico de personas y de mano de obra esclava en la industria pesquera de región. Gracias a esa investigación Samart fue rescatado hace dos años y pudo volver a su Tailandia natal.

La investigación de AP fue uno de los numerosos toques de atención que llevó a Tailandia a reformar su legislación y a mejorar las inspecciones en los puertos. Sin embargo, las nuevas leyes se han centrado sobre todo en lo que ocurre en las aguas bajo control directo del país, a pesar de que su industria de procesado de pescado recibe suministros desde buena parte del Índico y del Pacífico.

“Tailandia ha puesto más énfasis en regular lo que ocurre en sus aguas, pero no tanto en lo que ocurre en alta mar”, asegura Daniel Murphy, investigador sobre abusos laborales en la industria pesquera en el país asiático.

Las nuevas regulaciones han llevado así a muchos de los operadores a adentrarse cada vez más en alta mar para evitar tener que adaptarse a las nuevas exigencias del sector, según ha denunciado un reciente informe de Greenpeace. “Están intentando evitar el control costero”, explica Murphy. La prohibición de los transbordos supone así un nuevo revés para las empresas que intentan eludir las legislaciones nacionales e internacionales.

Sin embargo, aunque las grandes marcas de comida para animales cumplan sus promesas y eliminen sus prácticas más controvertidas, seguirán muy por detrás en la carrera hacia productos más éticos y sostenibles. Debido a su compleja y larga cadena de producción, el pescado es uno de los sectores que más abusos registra, pero muchos de los otros ingredientes comunes utilizados por esta industria, como el pollo o los aceites vegetales, también han sido vinculados con deforestación o abusos laborales, sin que las marcas hayan publicado políticas concretas al respecto.