Fintech, legaltech, proptech, femtech, insurtech... En los últimos tiempos se multiplican los sectores que añaden el sufijo tech a su nombre como enseña tecnológica, mientras la palabra digitalización se impone en la boca de directivos de grandes y pequeñas empresas. La automatización de procesos está entre las metas de las compañías mientras que el futuro de algunos puestos de trabajo está entre los retos que habrá que afrontar en un futuro no tan lejano.

“Allí donde haya un proceso que se pueda automatizar, se automatizará”, apunta Jorge Soley, profesor dirección financiera de IESE Business School, al hablar sobre la digitalización. “Es un cambio brutal de la sociedad. Algunos ya hablan de la cuarta revolución industrial, que puede tener un impacto mayor que las anteriores”, dice. En estos procesos pone como ejemplo concreto el sector bancario que por sus características y también porque ayuda a mejorar la eficiencia.

No solo la banca también los sectores industriales, apunta Soley, irán automatizando acciones. “Se irán implantando procesos que transmitan los datos a la máxima rapidez y que permitan ver en qué fases se encuentra cada una, que permitan una mayor trazabilidad y que sean más seguros”, explica.

En este proceso de digitalización algunas empresas están naciendo ya con un ADN digital. Así han empezado a surgir términos como fintech para referirse a las startups que realizan servicios financieros como pueden ser los pagos o las transferencias, o el término proptech bajo el que se encuentran las empresas que utilizan la tecnología aplicada al negocio inmobiliario. Las empresas que se agrupan bajo el paraguas de la denominación insurtech hacen lo propio con los seguros mientras que el legaltech se refiere a firmas que aplican la tecnología al sector legal.

“El término tech quiere representar de forma genérica a un conjunto de compañías, normalmente disruptivas en la industria que operan, bien porque tienen una propuesta de valor innovadora o porque hacen un uso de la tecnología novedoso”, apunta Alejandro Ruiz, profesor adjunto de ESCP Europe. “El crecimiento de las tech en algunos casos está siendo muy importante, por ejemplo, en el sector seguros. Según la consultora Everis, la inversión en este tipo de empresas ha crecido 7,5 veces entre 2013 y 2015 llegando a alcanzar los 3.200 millones de euros y no hay duda de que seguirá creciendo”, apunta.

En este sentido, Miguel Ángel Blanco Cedrún, CEO y decano de Spain Business School, señala que la diferencia de estos nuevos sectores y los tradicionales es “fundamentalmente el empleo de la tecnología como base del producto, así como en estructuras más reducidas, que les permiten tener más flexibilidad en sus procesos”. “La automatización de los mismos, así como el uso de herramientas como el CRM, la cualificación de los leads o la realidad virtual permiten ofrecer productos más personalizados, con una conexión las 24 horas todos los días del año”, añade.

Digitalización, PIB y renta básica

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba hace unas semanas que si se aprovechara todo el potencial de las nuevas tecnologías implicaría un incremento de valor añadido bruto de 100.000 millones de euros en 2025, el 10% del PIB. Sin embargo, este escenario parece bastante optimista sobre todo a tenor de los escenarios que pintan los últimos informes sobre este tema.

Un informe de Accenture con el título Economía Digital: una oportunidad para España situaba a nuestro país en el puesto 11 de 14 respecto a los procesos de digitalización de las empresas y señalaba que “la digitalización de la economía española está retrasada frente a los líderes globales”. Un retraso que se traduce en una menor contribución digital al producto interior bruto.

Antes o después, este proceso es imparable y tendrá un efecto en el empleo. La OCDE estima que en España un 10% de los puestos de trabajo podrían ser susceptibles de automatización y que el 25% podría transformarse en un tiempo relativamente corto por la digitalización. Algo que ya hemos percibido con la tienda sin cajeros de Amazon o con el desarrollo del coche autónomo, que puede acabar con el modelo de transportes tal y como lo conocemos.

“Los trabajos rutinarios los van a hacer los robots. Esto va a tener un impacto importante porque habrá una serie de trabajos que van a desaparecer”, señala Soley. “Aquellos trabajos que puedan ser hechos por un algoritmo, no lo hará un trabajador”, apunta.

Este avance imparable ha puesto sobre la mesa el debate sobre la idoneidad o la necesidad de una renta básica en este escenario. La renta básica, un ingreso mensual por el mero hecho de ser ciudadano, ha generado un gran debate a su alrededor y ha entrado en las agendas de organismos como el FMI o el Foro de Davos. Además, ha creado a su alrededor la aparición de otros conceptos que giran entorno a ella pero que no acaban de ser iguales como la renta mínima.

En la meca del emprendimiento, Silicon Valley, ya se están desarrollando algunas iniciativas con el objetivo de ver cómo se afectaría al mercado laboral un pago de este tipo. La aceleradora de startups YCombinator anunció en mayo de 2016 que pondría en práctica una iniciativa de este tipo. En septiembre de este año, dieron más detalles sobre su proyecto donde trabajarán con dos grupos de personas: uno que recibirá 1.000 dólares mensuales y otro que recibirá 50 euros al mes. El objetivo es ver cómo se comportan las personas en un momento en el que reciben unos ingresos sin tener que reportar nada a cambio.

El debate gira alrededor de si aplicar esta renta mínima minimizará el impacto de la robotización, si tendrá un efecto sobre que las mujeres acaben dejando el terreno laboral porque tradicionalmente son las que se dedican a los cuidados o como se financiará está renta. Además, las críticas sobre esta renta también señalan que puede terminar convirtiéndose en una subvención a empresas tecnológicas como Uber o Deliveroo dado que la implantación de un pago de este tipo podría hacer que más gente se convierta en chófer o repartidor aunque los pagos sean exiguos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que planea crear una criptomoneda que quiere llamar petro. El mandatario aseguró que el petro les “va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país” y añadió que para llevar a cabo este desarrollo creará un observatorio nacional de blockchain. Aunque todavía no hay muchos detalles de esta nueva moneda, Maduro aseguró que estará respaldada por el petróleo y el gas del país. Hasta que conozcamos más datos sobre el proyecto, hacemos un repaso sobre qué son las criptomonedas y para qué sirven.

¿Qué es una criptomoneda?

Es una moneda virtual. La más conocida (y una de las más antigua) es el bitcoin que nació en 2009 desarrollada por Satoshi Nakamoto (nombre ficticio de su desarrollador o desarrolladores) . Esta moneda se basa en la tecnología blockchain, o cadena de bloques, que permite que se hagan transacciones de forma descentralizada sin que exista un banco central que gestione la política monetaria o que pueda en un momento dado sostener la cotización. El valor de las criptodivisas se fija en el mercado en función de la oferta y la demanda, pero no hay detrás un organismo como puede ser el BCE o la Reserva Federal.

De hecho, el bitcoin está estos días en el ojo del huracán por su fuerte repunte que le ha llevado a superar los 11.300 dólares, lo que supone que su valor se haya multiplicado casi por doce en lo que va de año (cerró 2016 con una cotización de 968 dólares). Esto ha llevado a que aumenten las voces que alertan de la existencia de una burbuja en el bitcoin. Uno de los últimos ha sido el premio Nobel de Economía, Robert Schiller (que precisamente fue galardonado por sus estudios en este campo) al comparar el comportamiento de el bitcoin con el de burbujas pasadas. Algo que ya habían dicho algunos grandes banqueros de inversión, acusados por otros de querer desestabilizar su valor.

¿Solo existe el bitcoin?

No. En la plataforma coinmarket puede verse la cotización de más de 1.300 monedas de este tipo con nombres tan diferentes como Populos, PinkDog o Vulcano. En total, tienen una capitalización conjunta de casi 343.700 millones de dólares, según la misma plataforma. Aunque el bitcoin es la que mueve más dinero, con un capitalización de 190.000 millones de dólares tras la que se encuentra el ethereum, cuya importancia está creciendo en los últimos tiempos. A diferencia del bitcoin que tiene un límite de 21 millones de unidades que se pueden crear, el etherum no tiene este límite.

¿Quién controla las monedas electrónicas?

Las monedas electrónicas no están controladas por ningún banco central, son una moneda descentralizada, cuyo valor se basa en la oferta y la demanda. Esto puede tener como consecuencia fuertes oscilaciones del valor. Si la gente decide que esta criptomoneda no vale nada y empieza a vender, su valor se puede desplomar en cuestión de minutos. Y al revés si consideran que vale muchísimo. Aquí no vale el bazuca de Draghi, ni el helicóptero de Bernanke.

Entre las críticas que ha recibido este tipo de monedas, sobre todo el bitcoin, es que su utilización ha estado ligada a actividades delictivas y al blanqueo de capitales. La posibilidad de hacer operaciones en un entorno no regulado ha permitido que se dieran este tipo de actividades. La tecnología de bloques permite que cada unidad tenga un código asignado y el sistema de bloques funciona como un libro contable que registra los movimientos que se hagan movimientos, pero que a la vez también permite que los usuarios se mantengan en el anonimato.

Los supervisores bursátiles advirtieron a mediados del mes pasado de los riesgos que supone invertir en criptomonedas. El supervisor bursátil europeo, Esma, señalaba a las ofertas iniciales de monedas o tokens, que se conocen en la jerga del sector por sus siglas ICO, que responden a Initial Coin Offerings. Estas operaciones sirven para la captación de fondos, en vez de emitir bonos las empresas emiten estas criptomonedas o tokens. El organismo advierte de la “volatilidad” de la inversión y de que el inversor puede tardar mucho tiempo en recuperarla, en caso de hacerlo.

¿Qué tiene que ver el observatorio de blockchain que prepara Venezuela con las criptomonedas?

blockchainEsta tecnología de bloques, como ya hemos comentado antes, es la base de estas monedas virtuales. La cadena de bloques recibe esta denominación porque toda la base de datos está distribuida entre diferentes participantes, está protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones de relacionados entre sí matemáticamente. Si hay un cambio en uno de los registros, este aparece en el resto.

Esta tecnología no solo permite el desarrollo de las criptomonedas, sino que tiene aplicaciones en ámbitos tan diferentes como la banca, la salud o la energía. De hecho, es una de las tecnologías en la que más inversión están realizando las grandes corporaciones que ven que gracias a ella podrán realizar transferencias de forma más rápida y segura o trabajar con historiales médicos. A la vista del usuario, la cadena de bloques es algo así como las www de Internet, algo que facilita la vida pero que no es perceptible a la vista.

¿Hay algún otro país en el mundo que tenga una criptomoneda?

Hace unos meses corrió como la pólvora por Internet que Estonia se preparaba para lanzar una criptomoneda con el nombre de estcoin. Un post de Kaspar Korjus, el director del programa e-Residency estonio (una suerte de programa para favorecer la digitalización del país), hizo una propuesta de crear esta criptodivisa y se volvió viral. Pero aunque en muchos lugares se entendió como una propuesta oficial del país, parece que era más bien un escenario hipotético planteado por Korjus, señala el diario económico FT.

Las criptodivisas todavía, y hasta que veamos si se materializa la idea venezolana, proyectos descentralizados y sin la existencia de un país detrás. Entre los retos que hay para el funcionamiento y generalización de estas criptomonedas está la regulación y el pago de impuestos. Por ahora, pueden utilizarse para hacer ciertas transacciones e incluso hay algunas pruebas para comprar en algunos comercios, el problema reside en que si esto no sigue unos patrones puede acabar creando una economía informal ajena a la economía formal.

¿Comprar o alquilar? ¿Cuál de las dos opciones sale más rentable? Partimos de un supuesto concreto: tienes un presupuesto de alrededor de 200.000 euros para comprarte una vivienda en Madrid (el medio para esta ciudad, según Fotocasa) y lo comparamos con otras ciudades. Eso sí, hay que contar con que tengas ahorrado alrededor de un 30% para poder acceder a la entrada y los gastos de formalizar una hipoteca (entre unos 60.000 y unos 80.000 euros). Hacemos las cuentas para ver si te sale más rentable lo que tienes que pagar al mes por una vivienda adquirida o si te compensa quedarte de alquiler. 

La hipoteca media en España es de unos 120.000 euros –los datos del INE de septiembre señalaban 123.000 euros en las nuevas hipotecas firmadas en ese periodo y la media del primer semestre, según el Colegio de Registradores, apuntaba a los 116.000 euros–. Así que haremos los cálculos de lo que te vas a gastar al mes sobre esta hipótesis. El tipo medio de interés al que se están firmando las hipotecas es de 2,83%, según los datos del INE, con un plazo medio al que se están firmando los nuevos préstamos hipotecarios de 24 años.

Los bancos no están financiando el 100% de las viviendas por lo que hay que tener en cuenta que para comprar una vivienda es necesario tener al menos un 30% del valor del piso. La entrada supone alrededor de un 20% del valor del piso y los gastos de gestión e impuestos alrededor de un 10%. En el supuesto que nos encontramos de 200.000 euros y una hipoteca de 120.000 tendrías que tener ahorrados 80.000 euros. 

Con estos datos y usando la calculadora de la Asociación de Hipotecas de España, nos sale que la cuota mensual es de 574 euros al mes. Pero este no es único gasto que hay que tener  en cuenta para saber si nos compensa comprar una casa. A la cuota mensual hay que sumar la comunidad de vecinos, el IBI o el seguro del hogar obligatorio por tener una hipoteca. 

El colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid estima que la cuota mensual media de comunidad para un edificio de 30 viviendas es de 105 euros al mes. Esto sin contar posibles derramas que puedan surgir a lo largo del año por obras en el portal, reformas o averías en la escalera. Por otra parte, la media del pago del IBI en Madrid está en torno a los 400 euros anuales cuando hablamos de un piso. A esto hay que sumar el seguro del hogar, que es obligatorio de contratar cuando se tiene una hipoteca. En este caso, la OCU estima que hay seguros para el hogar con coberturas adecuadas por un precio de alrededor de 200 euros al año. 

Así, para calcular cuanto habría que pagar al mes hay que prorratear estos gastos anuales y sumarle la comunidad de vecinos. Haciendo estas cuentas obtenemos que al mes estos gastos son de 155 euros. Por lo que al sumarlos a la cuota de la hipoteca de 574 estos 155 euros y el resultado sería de 729 euros al mes. 

Así ,con estos cálculos, saldría más rentable alquilar (los mencionados son gastos que asume el propietario) si consiguiéramos un piso más barato que este precio. También hay que tener en cuenta qué pisos pueden comprarse en una ciudad o en otra. Por ejemplo, Madrid o Barcelona son ciudades más caras para adquirir una vivienda que una ciudad de tamaño medio como Badajoz. Lo mismo ocurre con los alquileres. 

Así, mirando el portal idealista para comprar un piso en Madrid vemos que por un presupuesto de 200.000 euros (poniendo como requisito que tenga dos habitaciones) la oferta se concentra en la parte exterior de la ciudad, sobre todo, fuera de la M-30. En la misma imagen se lee que el precio por metro cuadrado es de 1.785 euros.

Si queremos algo dentro de la M-30 con estos requisitos encontramos anuncios como un piso de 40 metros cuadrados por 185.000 euros en Palos de Moguer, un bajo en la calle Bravo Murillo del mismo tamaño o un sótano interior en la calle Eguilaz (en Trafalgar) de 30 metros cuadrados por 159.000 euros. Fuera de la M-30 las características mejoran un poco pero está más lejos del centro de la ciudad. Entre los ejemplos, hay un primero en Usera de tres habitaciones y una superficie de 90 metros cuadrados por 190.000 euros o un bajo exterior de 100 metros cuadrados en Orcasur por 170.000 euros. 

Frente a estas cifras, si miramos ciudades más pequeñas los precios de las viviendas son menores y cuentan con mejores características. Si tomamos como ejemplo Badajoz y utilizamos el mismo presupuesto vemos que existe una mayor oferta de pisos en el centro de la ciudad. De hecho, reduciendo el presupuesto a la mitad y ampliando el número de habitaciones a cuatro, con un golpe de vista vemos en el mapa que hay oferta en el centro de la ciudad y que el precio medio por metro cuadrado que nos marca el portal es de 734 euros. 

Un ejemplo de lo que se puede encontrar es un piso de 133 metros cuadrados con cuatro habitaciones por un precio de 90.000 euros o un séptimo exterior de 82 metros por 80.000 euros. Ambos necesitarían una reforma, pero no integral. 

¿Y los alquileres? 

El índice de precios del alquiler de Fotocasa apunta que Catalunya es la comunidad más cara para alquilar una vivienda de segunda mano, con un precio de 12,27 euros por metro cuadrado al mes. Le sigue Madrid (11,53 euros por metro cuadrado al mes) y País Vasco (10,91  euros por metro cuadrado al mes al mes). En el lado opuesto, Extremadura (4,79 euros por metro cuadrado al mes al mes) y Castilla-La Mancha (4,99 euros por metro cuadrado al mes al mes) son las dos comunidades con los precios de la vivienda en alquiler más asequibles.

Con el supuesto del que hemos partido obteníamos que la renta de la hipoteca sumada a los gastos era de 734 euros al mes. Así que para comparar hay que ver lo que se puede alquilar por ese precio.

Si miramos la oferta en el buscador del portal Fotocasa vemos que en Madrid poniendo como límite 700 euros no hay demasiados pisos, en su mayor parte son muy pequeños situados en bajos o semisótanos. Dentro de la M-30 encontramos, por ejemplo, un estudio en la calle Amparo (Lavapiés) de 35 metros cuadrado en un bajo por un precio de 600 euros al mes o un piso sin amueblar cerca de la Puerta de Toledo por 700 euros. 

Frente a esta oferta, en el caso de Badajoz si hacemos una búsqueda similar de pisos de alquiler vemos que los ejemplos corroboran los datos de la media general. Por ejemplo, un apartamento de dos habitaciones de 55 metros cuadrados y en un tercer piso por 330 euros al mes o un piso de cuatro dormitorios, dos baños y 147 metros cuadrados por 450 euros. 

Así que en Madrid depende mucho de donde queramos vivir si en el centro o en un barrio más a las afueras. Mientras que en Badajoz, al existir una oferta de alquiler más barato podemos optar a más opciones de alquiler si tomamos el supuesto de los 200.000 euros del comienzo. Aunque también hay que tener en cuenta que en esta ciudad hemos visto que hay opciones más baratas para comprar que este presupuesto. 

Otros dos ejemplos: Barcelona y Valencia 

En el caso de Barcelona, los problemas de vivienda han llevado a que se generen protestas por el acceso a la vivienda. En esta ciudad a la oferta se le suman los problemas generados por el alquiler vacacional. Haciendo una búsqueda de pisos para comprar con los mismos supuestos (200.000 euros y dos habitaciones), en un golpe de vista vemos una situación similar a la de Madrid: viviendas pequeñas y sin reformar. Con un precio medio, según esta página de 2.483 euros por metro cuadrado. Ejemplos de esto son un piso de 50 metros en el Raval por 192.000 euros o un piso de 55 metros cuadrados en Gràcia  en un primero exterior por 200.000 euros. 

Frente a esto habría que buscar un piso de alquiler que cumpliera las características marcadas antes, es decir, que no supere los 732 euros. Con una búsqueda en Fotocasa vemos que en la oferta predominan pisos muy pequeños con precios de más de 600 euros. 

En el caso de Valencia, la búsqueda de vivienda para comprar ofrece una mayor oferta con los parámetros de búsqueda que hemos establecido. De hecho, la búsqueda en idealista apunta que el precio medio por metro cuadrado es más bajo son 983 euros por metro cuadrado. Por lo que encontramos una oferta más amplia de pisos que cumplan estos parámetros. Y algo similar ocurre con el alquiler.

Hay que recordar, como hemos dicho al comienzo, que para que estos cálculos puedan ser reales es necesario tener 80.000 euros previos para poder acceder a la financiación. Por lo que también hay que ver qué hacemos con este dinero. En la situación actual de tipos de interés al mínimo, los depósitos ofrecen un interés medio del 0,11%. Así, grosso modo esto podrían ser 88 euros anuales. 

Tras hacer las cuentas es complicado sacar conclusiones, pero se puede ver que en Madrid y Barcelona es difícil la compra con este presupuesto, pero viendo los precios del alquiler tampoco es sencillo. Hay que tener también en cuenta que es necesario tener al menos un 30% del precio para poder acceder a las hipotecas. Frente a esto en ciudades más pequeñas como es el caso de Badajoz existe una oferta más amplia de alquiler a pisos reducidos, ahora bien, también es posible adquirir vivienda a precios más asequibles. Al final, todo depende del acceso al crédito, que, como contábamos, deja a los hogares atrapados entre las subidas del alquiler y las imposibilidad de comprar. 

Los fondos oportunistas entraron con fuerza en el terreno inmobiliario español durante los años 2012 y 2013 cuando en medio de la crisis económica nadie quería saber nada del ladrillo español. Estos fondos buitres aceptaban el riesgo existente comprando grandes paquetes a precio de derribo lo que les permitía optar a mayores rentabilidad comprando no solo de vivienda, también créditos impagados o promociones sin acabar de construir. Con la mejora económica y del mercado inmobiliario, comenzaron a entrar otros operadores en el mercado y pareció que se diluía el papel de estos. Sin embargo, en los últimos cuatro meses han protagonizado varias grandes operaciones con los bancos.

BBVA acaba de llegar a un acuerdo con Cerberus para crear una sociedad para gestionar su ladrillo, en la que el fondo se quedará el 80%, desembolsando 4.000 millones euros. Una operación que se suma al movimiento hecho por Blackstone al quedarse con el 51% del ladrillo de Popular una vez que lo compró Santander, en una operación en la que se calcula que el banco se embolse 5.000 millones. A lo que se suma a la venta por Sabadell a este gigante estadounidense de su cartera de hoteles que agrupaba en la sociedad HI Partners en medio de la crisis catalana por 630 millones de euros. En total, estas tres operaciones suponen casi 10.000 millones de euros.

El cierre de la operación de BBVA con Cerberus llevaba meses coleando y estuvo a punto de fracasar por la inestabilidad política en Catalunya. Casi la mitad de la cartera que se han quedado de BBVA está en Catalunya, un 8% a Madrid y un 5% a Valencia (en valor bruto contable). Porcentajes sobre un negocio total compuesto por unos 78.000 activos inmobiliarios con un valor bruto contable de aproximadamente 13.000 millones de euros, y los activos y empleados necesarios para la gestión de este negocio.

Según fuentes conocedoras de la operación, Cerberus dudó si materializar la compra tras los sucesos del 1-O. El cierre de esta operación puede verse como que los inversores aprecian una vuelta a la tranquilidad en el tema catalán.

BBVA compró Uninn (nombre bajo el que se englobaban la caja de Sabadell, Terrasa y Manlleu) en 2012 y también se hizo con Catalunya Caixa en 2015 cuando esta entidad ya habían sido intervenidas por el Estado a través de su brazo financiero, el FROB. Ambas operaciones llevaron a que la exposición del banco a esta región se elevara. De hecho, un informe de JP Morgan señalaba que era la entidad española con mayor cuota de mercado en esta región.

La llegada de estos fondos a España

Fuentes del sector apuntan que aunque este tipo de fondos fueron los que entraron en un primer momento de la crisis para comprar los activos inmobiliarios, en realidad nunca llegaron a irse aunque el ciclo de madurez del mercado hace que no puedan esperar las mismas rentabilidades de antes. A lo que se suma que la actividad de estos grandes fondos se enfoca a grandes paquetes de activos que no pueden comprar o gestionar otros actores como los family offices o aseguradoras. Además, al haber desarrollado aquí plataformas para gestionar deudas y activos ya tienen una infraestructura para operar.

En un primer momento, estos fondos tuvieron presencia tanto en operaciones con entidades como con Sareb, sociedad conocida como el banco malo, como con los bancos cuando nadie mostraba interés por estos activos. Un ejemplo es que en agosto de 2013, la Sareb vendió una cartera conocida como Bull al fondo H.I.G. Capital que estaba compuesta por 939 viviendas, 750 anexos (plazas de garaje y trasteros) y un local comercial, todo valorado en 100 millones de euros.

En el caso de los bancos, Apollo compró la filial de crédito al consumo de Bankia a finales de 2013 por 1,6 millones de euros y al año siguiente se hizo con la inmobiliaria Altamira de Santander en una operación de unos 700 millones de euros. A estos casos se suman las operaciones realizadas por diferentes administraciones que han vendido vivienda de protección oficial a fondos. Tanto el Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Ana Botella, como la Comunidad de Madrid cuando era presidenta Esperanza Aguirre cerraron operaciones de este tipo.

Más allá de los casos de hace unos años, estos fondos han seguido con su presencia en España en los últimos meses. A pesar del auge de otros actores como las socimis, este tipo de fondos siguen teniendo un papel relevante en el mercado. En agosto de este año, Santander llegó a un acuerdo con Blackstone para que este fondo se quede con el 51% de la cartera inmobiliaria de Popular. Tras la intervenión de la Junta Única de Resolución (JUR) que acabó con la venta de Popular por un euro a Santander, este quería deshacerse rápidamente de la parte más tóxica de los activos inmobiliarios que habían lastrado al banco. Después de haber hecho una ampliación de capital y aumentar las provisiones por ellos, acabó con un acuerdo valorado en unos 5.000 millones de euros.

A este se suma la operación de Sabadell que vendió su cartera de hoteles englobada en la sociedad HI Partners también a Blackstone en una operación valorada por 630 millones de euros. Una operación que se forjó después de que el banco tuviera puesto el cartel de “Se Vende” en estos activos desde la primavera.

El gigante Amazon busca repartidores autónomos en España con una plataforma que denomina Amazon Flex. “Solo necesitas tener coche, un teléfono móvil Android o IOS y unas horas libres”, dice la empresa en una web creada al efecto, donde el futuro repartidor puede registrarse y descargar la app con la que funcionan.

Entre las prestaciones que recogen en esta web, la empresa destaca que es el repartidor puede elegir su propio horario. La cantidad que se pagará es de 28 euros por dos horas de trabajo. En la misma página Amazon dice que se sienten “orgullosos” de presentar esta funcionalidad en España y explican que es un proyecto ya lanzado en Estados Unidos y Reino Unido, que “que ofrece la posibilidad de obtener ingresos adicionales colaborando en la entrega de paquetería”. “Este servicio ayudará a mejorar los ritmos de entrega de nuestros paquetes, y es ya popular entre miles de delivery partners en los países donde opera”, apuntan en la misma web.

Además, la empresa ha incluido anuncios en los portales de búsqueda de trabajo como Infojobs o Infoempleo. Unos anuncios que explican que los requisitos para optar a esta oferta son ser autónomo, disponer de un coche y carnet de conducir vigente, tener un smartphone Android o IOs y registrarte en la oferta y seguir las indicaciones. “Te pagamos una cantidad fija por cada bloque de entregas, hasta 28€ en los bloques de 2 horas” escribe la empresa en el apartado de lo que ofrece.

Una estrategia en la línea de lo que ha venido a calificarse como uberización de la economía, puesto que es el esquema utilizado por esa plataforma para operar. Aunque en España, la normativa relativa al transporte de pasajeros hace que este modelo sea más asimilable a los repartidores de Deliveroo o Glovo, que funcionan como autónomos. La iniciativa de Amazon llega en medio de la polémica y de las resoluciones judiciales sobre las condiciones laborales de estos trabajadores y si realmente se pueden considerar autónomos o no.

Expertos en derecho laboral ya han comentado que estas ofertas podrían ir en contra la relación de laboralidad de estos repartidores. Adrián Todolí, profesor en la Universitat de València, señala que la laboralidad de los repartidores está clara desde 1986. Este experto hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de esa fecha donde se desestimaba un recurso de la empresa Radio Mensajeros por una sentencia en la que fallaba que existía una relación laboral con los trabajadores que prestaban sus servicios como autónomos.

Entre las razones que se esgrimían en la sentencia se hacía referencia a que los trabajadores no intervenían ni en la fijación del precio del servicio, ni su retribución depende de su resultado. Además, apuntaba el texto que la función de estos se limitaba fundamentalmente a aportar su actividad y a percibir la retribución que por ella le correspondía, que devengaba por el hecho de realizar la actividad.

Una opinión que desarrolla el abogado laboralista Fabián Valero, que en un hilo de Twitter explica cuáles son los puntos por los que considera que esta relación entre repartidores y empresa sería de “falsos autónomos”.

La compañía preguntada por esta polémica ha contestado con una declaración en la que apunta que “el programa ofrece a los participantes la oportunidad de descargar la aplicación Amazon Flex, ser evaluados y comenzar a entregar paquetes de Amazon como socios de entrega independientes utilizando la tecnología de Amazon para apoyar sus servicios de entrega”.

La declaración no entra a valorar la relación de laboralidad de los repartidores. “Continuamos utilizando cientos de excelentes socios de transporte en todo el mundo y Amazon Flex complementa esos esfuerzos con la posibilidad de que las personas trabajen de manera flexible ganando 14 euros por hora en España”, añade.

Es el último día para reservar la plaza en un congreso de una universidad francesa y para hacerlo necesitas hacer una transferencia bancaria a esa institución en una cuenta francesa. Con el actual modelo que utiliza la banca perderías tu hueco en el evento porque hasta ahora el sistema que utilizan las entidades establece un plazo 24 horas para realizar transferencias internacionales.

Ahora los bancos quieren cambiar esto y hacer que las transferencias lleguen en unos segundos. El objetivo es que esto sea posible en cualquiera de los 34 países del Área Única de Pagos para el euro, conocida como SEPA por su acrónimo en inglés, donde se incluyen los países del euro más otros como, por ejemplo, Noruega. Es decir que ya sea dentro del propio país como a uno externo con este acuerdo los bancos adheridos podrán hacer que el dinero esté en la cuenta del destinatario en unos segundos. Una velocidad que ahora los bancos ofrecen cuando son traspasos entre cuentas dentro de una misma entidad. Este cambio de paradigma se produce cuando algunas fintech ya amenazan con plantar cara a los bancos como alternativa en el terreno de los pagos.

Los bancos españoles han entrado en este primer periodo de pruebas, aunque en general todavía no han anunciado lanzamientos oficiales para sus clientes. Caixabank ha sido uno de los primeros en realizar una prueba que hizo el pasado viernes 17, con una transferencia a un banco austriaco. Desde el martes 21 está disponible para sus clientes a través de la oficina física y online.

Ese día es cuando se puso en marcha la infraestructura interbancaria que hace que hace posible estas transferencias exprés. Lo hizo Iberpay, que es la Sociedad Española de Sistemas de Pago cuyos accionistas son las propias entidades y está supervisada por el Banco de España, cuya función es gestionar el Sistema Nacional de Compensación Electrónica. Este sistema lo que hace en la práctica es los bancos no vayan liquidando cuentas en cada operación, sino que vayan compensando con el total de operaciones.

El resto de entidades españolas parece que se irán uniendo de forma paulatina. Sabadell está preparado para ser receptor de transferencias con este sistema. Bankia está ya certificada y está también en periodo de pruebas, al igual que Santander. Otros bancos como BBVA están en pruebas pero solo para transferencias dentro del territorio nacional.

Cuánto costará

Fuentes del sector consultadas coinciden en apuntar que este es un servicio del banco para los clientes que requiere una fuerte inversión y que como tal, lo normal es que conlleve el pago de una comisión. Todavía no hay cifras de cuánto costará o si este pago también dependerá de la relación entre el banco y el cliente. En algunas entidades si se tiene domiciliada la nómina o se cumplen determinados requisitos las comisiones son menores.

“Es un servicio voluntario para las entidades europeas que realizan servicios de pago” apunta José Luis Martínez Campuzano en un comunicado de la patronal bancaria. Campuzano apunta que la “dificultad tecnológica que supone la inmediatez y los elevados costes que deben asumir” para poner esto en marcha son razones para ello. “El precio que apliquen los bancos por el nuevo servicio dependerá de cada entidad. Es la política comercial de cada banco, bajo un esquema de elevada competencia en el sector, la que llevará a establecer el precio del nuevo servicio”, dice Campuzano.

Algunas entidades como Evo Banco (inmerso en un recorte de plantilla, oficinas y transformación a la banca digital) envió un comunicado asegurando que este servicio será gratis para los clientes. La entidad dice que esta decisión de no cobrar es para “seguir aumentando el valor que actualmente ofrecemos a todos los clientes”. “El servicio estará disponible para los clientes del banco a lo largo de las próximas semanas, una vez se complete el período de pruebas técnicas que llevará a cabo la Sociedad Española de Sistemas de Pago (Iberpay)”, apunta en el mismo comunicado.

La competencia de las fintech

Este escenario, además de mejorar el servicio para los clientes, hay que verlo en un momento donde las fintech han comenzado a convertirse en competencia para los bancos en el terreno de los pagos. Empresas como Revolut o Transferwise ofrecen mandar el dinero a otros países mediante una aplicación móvil. Cada una con un esquema diferente, pero usando como reclamo que su comisión es más baja que la de las entidades tradicionales.

El sistema de Transferwise es diferente. Lo que hace esta empresa es abrir cuentas en bancos alrededor del mundo, entonces cuando el usuario utiliza sus servicios Transferwise realiza un traspaso desde una de sus cuentas del banco al que quiere dirigir el dinero. Es decir, si yo quiero hacer una transferencia al banco italiano X lo que hago es dar la orden a través de la app y cuando ellos detectan que mi banco ha emitido el dinero, aunque todavía no haya llegado a ellos, realizan un traspaso desde su cuenta del banco X a la cuenta del banco X a la que yo quiero enviar el dinero. Como los traspasos entre cuentas son inmediatos se gana tiempo. El negocio de esta aplicación es ganar dinero con el cobro de una comisión por realizar este servicios.

“Los pagos instantáneos van en línea con lo que espera la gente y esto se convertirá en lo normal en el futuro. Es una catalizador que beneficiará a los consumidores de toda Europa”, dice Kristo Käärmann, cofundador y Consejero Delegado de TransferWise a eldiario.es, que añade que su empresa lo que busca es que sus comisiones sean lo más bajas posibles. Este pago varía en función del emisor y el destinatario. Käärmann señala que está entre el 0,35% y el 0,7% de la cantidad transferida. Por ejemplo, si transfieres 1.000 euros desde España a Reino Unido la comisión que se paga es de 4,98 euros.

En el caso de Revolut ofrece lo que denomina “turbo transferencias” utilizando el sistema de los bancos, pero con un coste menor y en algunos casos más rápidas que las transferencias tradicionales. “Tenemos un paquete premium donde están incluidas las 'turbo transferencias' entre otros servicios”, explica Pablo Viguera, director general de Revolut en España. Esta fintech, que ha solicitado licencia bancaria en Letonia para poder acceder al pasaporte europeo y así poder abrir cuentas propias, utiliza este tipo de transferencias como un reclamo para aumentar su base de clientes. Certificada por la FCA británica (asimilable a la CNMV), nació como una app para realizar cambio de divisas con un menor coste porque las hace al tipo de cambio del mercado y se hacen al instante desde la propia aplicación.

Además, ofrece la posibilidad de realizar retiradas de dinero en cajeros con menores comisiones. Para ello, esta startup tecnológica emite una tarjeta prepago que se puede recargar desde la aplicación. Hasta cierta cantidad el uso de este servicio es gratuito y posteriormente cobran una comisión por servicio o una cuota fija por convertirse en usuario premium. Como todavía no tienen licencia bancaria para abrir cuentas propias operan con Lloyds y Barclays, bancos con los que han comenzado a emitir cuentas.

El número de clientes de este tipo de aplicaciones todavía es reducido comparado con quienes usan los servicios bancarios. Sin embargo, parece que la banca quiere evitar que el posible crecimiento de estos les pille desprevenidos.

Se ha hablado mucho de las consecuencias económicas tras el 1 de Octubre en Catalunya. Más allá de las previsiones económicas que se han utilizado como arma política, comienzan a publicarse los primeros indicadores reales tras el referéndum. Este jueves el INE ha dado a conocer los resultados de la encuesta de Coyuntura Turística Hotelera con datos de octubre. Las primera cifras del turismo muestran un ligero impacto en el sector, pero lejos de las previsiones más agoreras de los lobbies turísticos que preveían caídas de hasta el 30% en la actividad del sector en Catalunya.

Durante el mes de octubre se registraron más de 30 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de toda España, un 1,1% más que en el mismo mes de 2016. De estas, 4,56 millones fueron en los hoteles de Catalunya. Una cifra que supuso una caída de un 2,7 % frente al mismo mes del año pasado cuando ascendieron a 4,68 millones.

Los datos publicados ahora muestran que el sector se ha comportado algo peor que el año pasado, pero lejos de las estimaciones hechas por las patronales turísticas. El lobby turístico Exceltur en su balance del verano apuntaba que las reservas podrían caer en Catalunya un 20% en el último trimestre del año. Además, perfilaba que en el peor escenario de “inseguridad ciudadana” la caída de la actividad turística podría ser de un 30%. Por ahora, parece que las caídas no son tan fuertes como los datos que dieron basándose en los sondeos realizados a las empresas que agrupa la asociación.

Si nos centramos en los datos de viajeros que durmieron en los establecimientos hoteleros de Catalunya la caída fue del 4,4% en octubre, según los datos del INE. Por provincias, el número de turistas solo subió en Tarragona donde crecieron un 6,19% los visitantes que pernoctaron en esta provincia, frente a la caída del 4,4% de la provincia de Barcelona. En el territorio nacional hubo un aumento del 2% hasta rozar los 9,5 millones de visitantes.

Encuesta de Coyuntura Hotelera

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Si diferenciamos entre turismo nacional y extranjero es dentro del primer grupo donde la caída porcentualmente es mayor con una bajada del 5,87% al reducirse en casi 37.000 los visitantes nacionales que dejaron de visitar la comunidad autónoma. Esto se enmarca en una caída general del turismo nacional aunque más moderada porque en la media nacional cayó un 2,2%. Por su parte, los turistas internacionales bajaron en un 3,6% respecto a la cifra de octubre del año pasado mientras que en la media nacional este grupo creció un 2%.

En cifras globales, este octubre hubo 76.656 turistas menos en Catalunya. Por lo que los turistas nacionales supusieron un 48% de los turistas perdidos.

Hay otras comunidades como Andalucía donde también cae el número de turistas nacionales, desde los 805.382 que pernoctaron el año pasado hasta los 778.688 de este octubre. Lo que representa una caída del 3,3%. El turismo nacional ha podido irse a otras comunidades cercanas como Baleares o la Comunidad Valenciana. En el caso del archipiélago el turismo sube un 4,4% y en la comunidad valenciana aumenta un 1,2%.

Los datos de ocupación, que cifran el porcentaje de habitaciones ocupadas respecto al total, muestran una bajada de un punto en Catalunya desde el 59,24% de octubre del año pasado hasta registrar una ocupación del 58,10% en el mismo mes de este ejercicio. Por provincias Barcelona es donde más cae la ocupación dentro de Catalunya de un 68,74% en 2016 hasta un 64,19%, en cambio en Tarragona sube de un 51,64% hasta un 58,12%.

Otra de las preocupaciones del sector es la del los precios. El Gremi de Hoteles aseguraba hace unos días que los hoteles de Barcelona bajaron un 13% la facturación en octubre. La Encuesta de Coyuntura Hotelera no ofrece datos desagregados por provincia en el apartado de índice de precios hoteleros. En Catalunya, el índice de precios hoteleros bajó un 0,48% en el mes de octubre frente al año pasado (del 107,04 en octubre del año pasado hasta el 106,5 de este). Mientras que la media nacional registró una tasa de variación de este índice del 5,64%.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que había declarado nula la cláusula de interés de un préstamo hipotecario por estar referenciada al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). La sala considera que la mera referenciación a un tipo oficial como es el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad. 

Esta decisión se ha comunicado a las partes pero no ha se ha dado a conocer la sentencia íntegra. Este fallo se enmarca en un contexto donde varias sentencias de primera instancia y de algunas audiencias provinciales han ido fallando a favor de los hipotecados considerando nulo el índice de referencia y fallaban a favor de que se sustituyera por el Euríbor como referencia.

El caso sobre el que ha fallado el Supremo es un recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava en la que se declaraba nula la cláusula de interés de una hipoteca por estar referenciada a este índice. En 2006, los demandantes suscribieron una hipoteca con Caja de Ahorros de Vitoria y Álava (posteriomente integrada en Kutxabank) de 250.000 euros a 35 años y un interés del 4,25% que estaba referenciada al IRPH. La hipoteca fue novada en 2009. 

Los clientes interpusieron una demanda contra el banco en la que pedían la nulidad de la cláusula que referenciaba la hipoteca al IRPH Entidades y establecía el IRPH Cajas como sustitutivo “por falta de transparencia y por su carácter abusivo”. También aludía al interés de demora, al considerarlo también “abusivo”. En 2015, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria declaró la nulidad total de esta cláusula, así como la referida al interés de demora, y condenó a la entidad a devolver las cantidades cobradas en concepto de interés remuneratorio calculado sobre la base del IRPH Entidades o Cajas. 

Kutxabank presentó un recurso de apelación contra esta sentencia, en el que alegaba que el establecimiento de este índice como referencia fue “negociado” con el cliente, al igual que el resto de cláusulas. Este fue desestimado por la Audiencia Provincial al considerar que la entidad tenía que haber aportado prueba de esta negociación. Ahora, este recurso de casación ha sido admitido por el Tribunal Supremo. 

Las protestas por el IRPH

En 2008, cuando el Euríbor estaba en máximos históricos, la banca comenzó a comercializar hipotecas indexadas a un índice diferente: el IRPH. Era un reclamo utilizado por la banca en ese momento, al igual que lo fueron las hipotecas multidivisas, para captar clientes en un momento de máxima competencia entre entidades. 

En aquel momento era más barato ligar los préstamos para comprar viviendas a este indicador, que mide el precio al que se prestan los bancos españoles entre sí mientras que el Euríbor lo que hace es estimar el precio de los préstamos interbancarios de la Zona del Euro. Sin embargo, cuando el Euríbor comenzó a bajar en medio de la crisis, los afectados por el IRPH comenzaron a movilizarse. Se estima que puede haber alrededor de un 13% de los hipotecados referenciados a este índice y muchos de los afectados aseguran que no se les explicaron los riesgos que implicaba aceptar estas condiciones. 

La UE pidió a España en 2013 la supresión de este índice por ser susceptible de manipulación. Hasta ese momento, existían cuatro índices de este tipo: IRPH Cajas, IRPH Bancos, IRPH CECA e IRPH Entidades. En 2013, el Gobierno aprobó la desaparición de los tres primeros y mantuvo el de todas las entidades. 

Las grandes telecos siguen su lucha contra el cuarto operador, Más Móvil, pero en vez de hacerlo con sus grandes buques lo hacen con su marcas low cost. Tuenti (de Telefónica) acaba de presentar sus tarifas de fibra de bajo coste y se suma así a la oferta que ya ofrecían Lowi (la marca de bajo coste de Vodafone) y Amena (de Orange). 

Mientras que Telefónica sigue una estrategia de ofrecer “más por más” para evitar entrar en una guerra de precios, la operadora ha aprovechado su marca Tuenti para entrar en la pugna por la fibra de bajo coste. La operadora acaba de anunciar el lanzamiento de dos tarifas con precios más bajos que las Fusión de Movistar.

Así, la Fibra Tuenti LOL costará 36 euros (con el IVA incluido) con lo que se contratará 50 megas de fibra simétricos, 1,5 GB de datos en el móvil y llamadas desde el móvil a cero céntimos por minuto (hay que pagar el establecimiento de llamada). Por diez euros más, la tarifa aumenta la fibra a 300 megas y las llamadas desde el móvil serán ilimitadas. La otra tarifa que ofrece ahora la operador es la Fibra Tuenti Fav que por 40 euros pone a disposición del cliente 50 megas de fibra, 3 gigas de datos móviles y llamadas móviles a cero céntimos por minuto (hay que pagar el establecimiento de llamada). Por 10 euros más, la tarifa aumenta prestaciones hasta los 300 gigas de fibra y llamadas móviles ilimitadas. 

La competencia 

En septiembre, Lowi comunicó una bajada de las tarifas de los paquetes convergentes reduciendo dos euros los precios mensuales. Así, la marca de bajo coste de Vodafone tiene dos tarifas convergentes que ofrecen fibra y móvil. La primera tarifa por 37 euros mensuales incluye fibra de 50 megas, 2 GB de datos móviles y llamadas ilimitadas. La segunda tarifa convergente de esta marca cuesta 45 euros también con fibra de 50 megas, 8 GB de datos móviles y llamadas móviles ilimitadas. 

En el caso de Amena, marca que pertenece a Orange, tiene una tarifa de 40,95 euros. Esta incluye el acceso a internet con fibra de 50 megas, llamadas ilimitadas desde el fijo a fijo, llamadas ilimitadas desde el móvil y 10GB de datos móviles. 

Unas tarifas para luchar contra MásMóvil, el cuarto operador que busca hacerse un hueco en el mercado con precios más ajustados que los de los grandes operadores. Lo hacen sin reducir los márgenes de sus paquetes convergentes de las primeras marcas donde suelen incluir además televisión. 

Si estás pensando en comprar una casa, lo más probable es que vayas a tener que pedir una hipoteca para poder financiarla. La nueva ley hipotecaria que se está tramitando te va a afectar. También lo hará en el caso de que ya tengas firmado tu crédito, aunque con un impacto más limitado. 

Las múltiples sentencias relativas a las hipotecas, incluidos los tirones de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cómo España aplica la ley, hacían necesario homogeneizar la normativa. A esto se sumaba que había que trasponer una directiva europea. Ahora, el Ejecutivo ha desarrollado un proyecto de norma que plantea cambios en el vencimiento anticipado, el reembolso o la forma de comercialización de hipotecas. Sin embargo, algunos expertos ven algunos aspectos no tan positivos como que encarecerá el crédito o que sigue recayendo mucha responsabilidad en el notario. 

¿Si voy a firmar una hipoteca como me afecta? 

El proyecto de ley prevé cambios tanto la fase previa a la firma de la hipoteca como las condiciones cuando se tenga ya el préstamo. Para tratar de que el cliente sepa el riesgo que asume al firmar la hipoteca, el banco no podrá realizar ventas vinculadas, es decir, que obliguen al consumidor a que contrate otros productos para que le den la hipoteca, como tarjetas de crédito, seguros de vida, etc... Lo que sí puede hacer son ventas combinadas. En ese caso la entidad deberá darle dos presupuestos al cliente: una con cuál sería el tipo de interés solo contratando la hipoteca y otro con el tipo de interés contratando la hipoteca más los otros productos. 

Otra de las cosas que cambia la ley es cómo presentar la información para los clientes. “Además de la ficha normalizada, que ahora será europea, se añade: Una ficha con cláusulas especialmente sensibles”. Algunos abogados desconfían de que la firma de este tipo de fichas vaya a hacer que el consumidor entienda más claramente lo que está firmando. 

¿Qué papel tendrá el notario? 

“Durante los siete días previos a la firma del contrato, el hipotecado deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas u opacas”, apuntaba el ministerio de Economía en la nota de presentación del proyecto de ley.

Algunos expertos se muestran escépticos ante esta disposición. Marcelo Tamargo, socio fundador del despacho Espacio Legal, dice que “el notario está para dar fe”. “Con los problemas que ha habido hasta ahora, que todo ha pasado por los notarios, es como si sigues dejando el lobo cuidando las ovejas”, dice. 

Si ya tengo una hipoteca, ¿qué cambia? 

En el caso de tener ya un préstamo en vigor, lo que afectará a los hipotecados es el clausulado relativo qué ocurre si deja de pagar o a su cancelación anticipada. La nueva normativa establece límites a las comisiones por el reembolso anticipado, es decir si se quiere devolver antes la hipoteca, y además aumenta las cuotas que son necesarias para que se active el vencimiento anticipado, el que inicia el proceso de ejecución hipotecaria.

Además, la nueva normativa busca promocionar el cambio de tipo de interés variable a fijo o permitir la conversión de moneda en el caso de que haya contratado una préstamo en otra divisa (tras las últimas sentencias de hipotecas multidivisas).  La nueva regulación “incentiva” la conversión a préstamos de tipo fijo. “Para ello se favorece la novación del préstamo y la subrogación del acreedor estableciendo, en este tipo de casos, una comisión menor que en el caso del reembolso anticipado”, apunta el ministerio de Economía en su nota explicativa. Así, los topes que pone la norma como máximo de comisiones será del 0,25% del capital reembolsado anticipadamente si se produce durante los 3 primeros años de vigencia del contrato. Si se produce en los siguientes años la comisión será del 0% si se produce con posterioridad. 

¿Qué pasa a partir de ahora con el vencimiento anticipado? 

La declaración de vencimiento anticipado dependerá del número de cuotas del préstamo vencidas y no satisfechas y de la fase de la vida del préstamo en la que se produzca el impago. Durante el transcurso de la primera mitad de vida del préstamo, el vencimiento anticipado se producirá tras el impago de mensualidades que conjuntamente superen el 2% del capital concedido o de 9 cuotas mensuales. Durante la segunda mitad de la vida del préstamo, se producirá tras el impago equivalente a mensualidades que superen el 4% del capital concedido o de 12 cuotas mensuales.

Hasta ahora, la normativa establecía que se podía activar el vencimiento anticipado cuando se dejaran de pagar tres cuotas de la hipoteca. El Tribunal Superior de Justicia de la UE ya había tirado de las orejas a España por este aspecto de la normativa. Hay una salvedad en este caso y es que los casos judicializados están excluidos del cambio normativo. 

¿Y si quiero devolver antes de tiempo la hipoteca? 

El nuevo proyecto normativo limita las comisiones que se pueden cobrar en el caso de que se quiera devolver el préstamo antes de la fecha pactada. La nueva norma establece que en el caso de un contrato a tipo fijo se podrá cobrar una comisión máxima del 0,5% del capital reembolsado anticipadamente y durante los primeros 5 año establece que se cobre un máximo 0,25% del capital reembolsado anticipadamente. Si se trata de una hipoteca a tipo variable durante los 10 primeros años se establece una comisión máxima del 4% del capital reembolsado anticipadamente. Si se quiere reembolsar en un periodo posterior, la comisión máxima es del 3%. 

¿Va a ser más caro hipotecarse? 

Algunos expertos ven que este aumento de protección al consumidor hará que sea más caro hipotecarse. “Lo que no hay que pensar es que las familias van a tener menos riesgos y van a pagar lo mismo”, dijo el presidente del think tank de la la CEOE, el Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, en la presentación de un informe sobre los cambios que incluye la nueva normativa. 

¿Esta ley va a acabar con los procesos judiciales? 

Esto no está tan claro. Aunque el hecho de que se firme de puño y letra que se ha entendido todo lo incluido en el contrato puede complicar llevar a los tribunales si en algún caso la información que se ofrece no es transparente. 

La relación entre las plataformas de la economía digital o de la gig economy (economía de los pequeños encargos) y los trabajadores lleva un tiempo en el centro del huracán. Plataformas como Uber, Deliveroo o Glovo defienden que sus trabajadores son autónomos que utilizan su tecnología para prestar sus servicios; sin embargo, algunos trabajadores han comenzado a emprender acciones para tratar de demostrar que esto no es así. En Europa, Reino Unido es el país donde el tema está más avanzado dado que es uno de los lugares donde estas plataformas llevan más tiempo funcionando y ya hay varios casos resueltos. 

El jueves pasado un tribunal británico emitió una sentencia que consideraba que dos conductores de Uber como trabajadores de la empresa en un momento en el que la comisión de transporte de Londres ha decidido no prorrogar la licencia de la compañía. El tribunal de empleo londinense en su fallo reconocía así el derecho de los trabajadores a cobrar un salario mínimo o a tener vacaciones pagadas. Unos días más tarde se conoció que el órgano de arbitraje británico había fallado contra una demanda colectiva de los trabajadores de Deliveroo, la plataforma de reparto de comida a domicilio. 

¿Cuáles son las diferencias entre los dos casos?

El caso de Uber era una demanda individual de dos conductores que pedían que se les reconociera que eran trabajadores de la multinacional y que por tanto, tenían derecho a vacaciones y a salario mínimo. Mientras que la reivindicación de los repartidores ha ido por una vía extrajudicial, se trata del Comité Central de Arbitraje y no de una sentencia judicial. Otra de las diferencias es no se trata de una situación concreta de un trabajador, sino que se trata de una demanda colectiva 

“Es más complicado de demostrar que todos los repartidores tienen una relación laboral”, explica Adrián Todoli, abogado profesor de derecho de la Universidad de Valencia, a eldiario.es, sobre la diferencia de demostrar un caso individual o una situación colectiva. En este sentido, explica, que como la declaración de laboralidad era solicitada por un sindicato es de suponer que la corte arbitral se habrá visto inundada de datos de un muchos mensajeros de Gran Bretaña y el juez puede haber tenido dudas en algunos casos llevando a desestimar la demanda colectiva.

¿Es una sentencia firme la de Uber? 

No, la sentencia de Uber corresponde con un recurso de apelación de la compañía tras una primera sentencia de otro tribunal. Todavía queda la posibilidad de un último recurso ante un tribunal superior. 

¿Pueden los repartidores de Deliveroo ahora ir a juicio?

Sí, a pesar de la decisión negativa del arbitraje en Reino Unido. Los trabajadores podrían optar ahora por la vía judicial, aunque podría ser más complicado al tener ya un veredicto contrario en el arbitraje. 

De hecho, hay un caso de enero de este año en el que los tribunales dieron la razón a una repartidora en sus reivindicaciones laborales frente a la empresa de reparto City Sprint. Este es un caso concreto de las condiciones laborales de una trabajadora y no una demanda colectiva. 

¿Qué efecto puede tener esto en España? 

El funcionamiento de Uber en España y Reino Unido es diferente porque en nuestro país la mayor parte de los conductores que utilizan esta plataforma (u otras similares como Cabify) están contratados por una compañía que tiene una flota de coches y licencias. Con lo cual su relación laboral es con esta empresa y no con la plataforma. En el caso de Deliveroo sí que el funcionamiento se basa en utilizar a autónomos. Los repartidores son autónomos que se conectan a la plataforma y cobran una cantidad por pedido. Por lo que las sentencias que consideran que existe una relación laboral entre los trabajadores y la plataforma podrían tener un efecto aunque técnicamente no sienten jurisprudencia.

“Crea un efecto claro”, apunta Todoli que explica a eldiario.es que si en estos países que son más liberales, con legislaciones menos proteccionistas para los trabajadores, se considera que existe una relación laboral se crea un contexto para que otros países sigan esta estela. En un artículo publicado en su blog, Todoli apunta que la concepción de trabajador de los países que han firmado los acuerdos de la OIT son similares por los que “los argumentos que utiliza el Tribunal de Gran Bretaña pueden ser trasladables a nuestro país en su mayoría”. 

El Tribunal Supremo respalda que los consumidores que contrataron hipotecas multidivisas puedan transformarlas a euros. El alto tribunal ha establecido la nulidad parcial de estas hipoteca, lo que no anula el préstamo pero permite que se transforme a euros desde su firma al considerar abusiva la cláusula multidivisa. Este tipo de préstamos fueron concedidos por la banca cuando los tipos de interés estaban muy altos con el reclamo de que contratar una hipoteca en yenes o en francos suizos abarataba las cuotas. Sin embargo, la cotización de estas divisas acabó haciendo que los consumidores que contrataron estos préstamos pagaran más por sus hipotecas.

“Se anula el clausulado multidivisa y el contrato queda referenciado a euros desde el momento de su firma”, cuenta Ignacio de Azúa, de Lean Abogados. Esto es importante porque se transforman también a euros las cantidades pagadas hasta el momento. El problema que existía para los consumidores con esta hipoteca multidivisa es que habían ido pagando cuotas más altas mensuales, pero no habían amortizado casi principal.

El funcionamiento de la hipoteca multidivisa establecía que si te habían dado una hipoteca de 200.000 euros el importe se transformara a su correspondencia en yenes o francos suizos. A partir de aquí se establecía la cuota mensual, que con la apreciación de la divisa extranjera obligaba a pagar más euros al mes para llegar a cubrirla. La consecuencia era que el cliente pagaba cada vez más, pero casi no amortizaba el préstamo. La sentencia al considerar la nulidad de la cláusula por abusiva establece que todo el préstamo se transforme a euros desde el momento de la firma, por lo que también las cuotas mensuales que el cliente ha ido pagando se contabilizan en euros y el consumidor ve que lo que ha ido pagando reduce la cantidad que le queda por pagar.

El Supremo, aplicando la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), considera que la banca tiene la obligación de dar la información que establecen las normativas de transparencia bancaria y de protección de los consumidores considera que aunque estos préstamos no estén regulados por la normativa europea del mercado de valores (conocida como MIFID).

Además, la sentencia descarta que estas cláusulas fueran objeto de negociación individual y que quedaran por tanto excluidas del ámbito de aplicación de la directiva europea sobre cláusulas abusivas. La sala estima que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios información suficiente para que estos comprendan tanto el contenido formal como el alcance que puede tener para así poder tomar decisiones fundadas y prudentes.

“La falta de transparencia de las cláusulas multidivisa ha generado para los prestatarios un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, no pudieron comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de otros préstamos y se ha agravado su situación económica y jurídica”, apunta la sentencia.

Respecto a los mecanismos que suelen estar incluidos en las hipotecas multidivisas y que permiten cambiar la moneda (habitualmente con el pago de una comisión y perdiendo lo que se hubiera pagado de más por la apreciación de la divisa), la sentencia considera que este mecanismo no elimina los riesgos mencionados ni dispensa al banco de sus obligaciones de transparencia en la información precontractual que facilite a sus potenciales clientes y en la redacción de las cláusulas del préstamo hipotecario.

El caso que ha llegado al Tribunal Supremo es de un cliente de Barclays y socio de la asociación de consumidores Asufin. El caso había sido ganado en primera instancia,pero posteriormente la Audiencia Provincial falló a favor de Barclays (ahora Caixabank). “Estamos muy orgullosos del resultado. En Asufin venimos defendiendo que las cláusulas de la hipoteca multidivisa no superan el control de transparencia y así lo plasmamos en la demanda los socios fundadores que nos encargamos de su redacción”, asegura Patricia Suárez, presidenta de Asufin, en un comunicado.

“Lo que no hay que pensar es que las familias van a tener menos riesgos y van a pagar lo mismo”, ha dicho el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, al referirse a cómo afectará la nueva ley hipotecaria al escenario crediticio. El presidente del think tank de la CEOE considera que era “imperativo” modificar el marco legal algo que ve que se hace con esta nueva normativa en tramitación que traspondrá la última directiva europea y tratará de poner orden tras la avalancha de sentencias judiciales relativas a las hipotecas. Pero Feito cree que “este proyecto tiene que ser mejorado porque hay una serie de limitaciones que no permiten conseguir el equilibrio”. 

En la presentación sobre el informe Algunas consideraciones sobre la nueva ley hipotecaria elaborado por el economista José García Montalvo, Feito se ha referido a los apartados que recoge la nueva normativa que aumentan la protección al consumidor. Concretamente se ha referido al aumento del número de meses de impago de la hipoteca para que se ponga en marcha el vencimiento anticipado y a la limitación de las comisiones en el caso del reembolso anticipado. Una mayor protección al consumidor, que no le saldrá gratis. 

Hasta ahora la normativa establecía el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario cuando se produjera el impago de tres cuotas, es decir, que a partir de no pagar el tercer mes consecutivo el banco podía comenzar la ejecución hipotecaria. La nueva norma establece que en la primera mitad de vida del préstamos, el vencimiento anticipado se producirá tras el impago de mensualidades que conjuntamente superen el 2% del capital concedido o de 9 cuotas mensuales. Durante la segunda mitad de la vida del préstamo, se producirá tras el impago equivalente a mensualidades que superen el 4% del capital concedido o de 12 cuotas mensuales.

“Es malo legislar en caliente” ha dicho Feito refiriéndose a una frase que ha dicho que es utilizada por los políticos y dando a entender que ha sido lo que han hecho en esta ocasión. En este sentido, ha apuntado que no hay que legislar “en alas de vientos populistas”. 

Una reforma necesaria 

Por su parte el economista José García Montalvo, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha asegurado que era necesaria una reforma legislativa que genere un marco de seguridad jurídica tras las últimas sentencias y las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Montalvo ha apuntado que algunos de los aspectos que se recogen ahora en la normativa ya estaban en anteriores legislaciones, pero no se utilizaban. 

“La dación en pago se podía hacer ahora pero otra cosa es que los bancos no lo hicieran”, ha dicho Montalvo, que ha señalado que si se aplica esta opción –que permite devolver la casa y cancelar el crédito restante– las hipotecas tienen que ser más caro. “Estas opciones generan diferentes tipos de riesgo para la entidad financiera que podrá cubrir utilizando derivados, que supondrán un coste adicional”, ha explicado el economista. 

Montalvo en la presentación del informe ha apuntado que con la nueva reforma hipotecaria, el banco tendrá que decirle al cliente cuánto riesgo asume en la hipoteca. De esta forma, un menor riesgo asumido por el cliente supondrá un tipo de interés más alto. 

Un millón de turistas rusos llegaron el año pasado a España y hasta septiembre de este año ya son 961.977, una repunte tras la caída vivida en los últimos años

En 2013, los turistas llegaron a máximos al rozar los 1.600.000 pero la fuerte devaluación del rublo tuvo consecuencias en el turismo

El gasto medio del turista ruso fue de 1.615 euros frente al medio de los turistas extranjeros que se quedó en los 1.028 euros

Los turistas rusos regresan a España. Solo este año serán más de un millón. Y, es que, desde la devaluación del rublo en 2014 los ciudadanos rusos buscaban otros destinos más baratos o decidían no salir de su país, pero España vuelve a ser uno de sus destinos favoritos. Este regreso es crucial para el sector, sobre todo, en plena incertidumbre sobre las consecuencias del Brexit en el flujo de visitantes británicos y con los destinos competidores de España como Turquía y Egipto recuperándose. El turista ruso es uno de los más atractivos ya que gasta más que la media y en muchos casos su preferencia por España va acompañada de inversiones en vivienda.

“El turista ruso es de clase media o media alta, con capacidad de gasto. Buscan el buen clima del sur de Europa. El sol y playa es el producto estrella para ellos”, explica Ramón Serra, profesor y consultor turístico del Campus de Turisme, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. Así, estos visitantes se concentran en zonas de Andalucía, como la Costa del Sol, en Catalunya en la costa Dorada o la Brava y en los archipiélagos canario y balear.

El lobby turístico Exceltur en la presentación de los resultados de la temporada de verano explicó que “dentro de la fortaleza de la demanda extranjera” destacaba la llegada de turistas rusos junto con los países del Este o nórdicos. Unas llegadas que se produjeron en un contexto donde se están recuperando los países destinos de los competidores del Mediterráneo como Turquía o Egipto, que habían visto como el turismo descendía por las incertidumbres políticas y los atentados.

El turismo ruso había tomado una senda ascendente desde las 420.000 llegadas de 2009 hasta lograr su máximo de 1.600.000 en 2013. Entonces la tendencia cambió y se produjo un bajón. Ahora cambia el patrón, un millón de turistas rusos ya llegaron el año pasado a España y este año todo indica que se superarán esta cifras porque hasta septiembre de 2017 ya son 961.977 visitantes.

Aquella caída hay que contextualizarla en 2014, cuando el rublo llegó a acumular caídas de alrededor del 50% frente al dólar en el año. Como telón de fondo estaban las sanciones económicas de la UE y EEUU a Rusia tras el conflicto ucraniano y el desplome del precio del petróleo, que golpeó a la economía rusa donde las exportaciones de petróleo y gas suponen alrededor de un 70%. El Banco Central de Rusia llegó incluso a elevar del 10% al 17% los tipos de interés para tratar de frenar el colapso de la moneda el 14 de diciembre de 2014, después de que ese día la divisa llevara un desplome del 10% frente al dólar. Estas circunstancias acabaron golpeando la economía del país y la de sus habitantes.

Además de la pérdida de poder adquisitivo, Ricard Santomá, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Ramón Llull, hace una lectura en clave nacionalista de la bajada de los turistas rusos. “Cuando el turismo ruso dejó de llegar a España había un tema nacionalista con la crisis de Crimea. Los turistas preferían invertir en su país que dejarse el dinero en el extranjero”, apunta y añade que esto ha pasado ya a un segundo lugar. “El turista ruso vuelve a querer salir y viajar a países extranjeros”, dice.

Turistas rusos en España

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El turismo de compras es otro de los atractivos para ellos. “Vienen con un presupuesto y suelen gastárselo antes de volver”, apunta Serra. Además, el año pasado se celebró el año dual entre Rusia y España con el objetivo de potenciar el turismo entre ambos destinos.

La Encuesta de Gasto Turístico de visitantes extranjeros que elabora el INE mostraba que el gasto medio por persona era de 1.028 euros el año pasado. Frente a esta cifra, el turista ruso se dejaba de media 1.615 euros. En términos de gasto medio diario, el dato general se sitúa en 130 mientras que el ruso asciende a 151 euros. También se alarga la estancia media de los turistas rusos que es de algo más de diez frente a los siete de media general.

“De acuerdo con los datos más recientes de Grupo Expedia, la demanda rusa creció más del 40% respecto al mismo periodo del pasado año (julio, agosto y septiembre). Además de este interés creciente en España, hemos notado, respecto al mismo período en 2016, un aumento en la tarifa media por noche (ADR) de más del 10%”, cuenta Carrie Davidson, directora de Gestión de Mercado de Expedia para España y Portugal.

“El turista ruso también es muy interesante porque puede acabar decidiendo comprar o invertir en el país”, explica Santomá. El turismo ruso ha estado ligado a las inversiones de estos ciudadanos en España, sobre todo, a la compra de vivienda. Los años de mayor número de llegadas de turistas de esta nacionalidad coincidieron con un mayor peso de ciudadanos rusos comprando viviendas, sobre todo, de lujo tras la puesta en marcha de la Ley de Emprendedores donde se facilitaban visados a los intercomunitarios que adquirieran una vivienda de más de 500.000 euros.

Actualmente, aunque está aumentando el turismo ruso, no lo está haciendo el peso que tienen en la compra de vivienda. Los datos del Colegio de Registradores mostraban que los rusos eran la tercera nacionalidad de compradores extranjeros en 2013, representando casi un 9% del total de compraventas de vivienda extranjeras. Ahora, se sitúan en el décimo puesto y suponen un 2,8% del total de compraventas de extranjeros en España.

Los juzgados de cláusulas suelo han registrado 118.419 demandas relativas a estos asuntos desde junio hasta noviembre, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial. De estos casos, los juzgados prevén que haya más de 6.000 vistas antes de fin de año. Esto se traduce en que solo un 5% de los casos se verán antes de que acabe el año, el resto tendrán que esperar al año que viene.

En una nota enviada por el Consejo General del Poder Judicial, explican que estos órganos judiciales han celebrado desde su puesta en marcha en junio casi 5.000 vistas. “En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que estima procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto queda visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración del juicio”, explican en el mismo comunicado sobre el funcionamiento de los casos.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado desde su entrada en funcionamiento es el de Madrid, con 25.464. Este es seguido por Barcelona, con 10.362 y por el de Valencia, donde hay 5.745. Por comunidades autónomas, en el total de Catalunya hay 12.996 demandas y en Andalucía hay 24.184.

Los juzgados se pusieron en marcha en junio de este año especializados en conflictos relacionados con hipotecas ante el previsible aumento de litigios relacionados con cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 21 de diciembre de 2016. Este nuevo sistema de especialización entró en funcionamiento entre críticas como las del Consejo General de la Abogacía Española o asociaciones de consumidores, que consideran que estos juzgados suponen un “sobrecoste” para los ciudadanos. El plan consiste en la especialización 54 juzgados –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear–.

A pesar de que el Gobierno puso en funcionamiento un mecanismo extrajudicial para tratar de mediar en los casos de cláusulas suelo entre bancos y clientes y evitar el colapso de los juzgados, las demandas siguen aumentando en este tipo de tribunales. La gran banca se resiste a considerar que sus cláusulas suelo fueron comercializadas sin suficiente transparencia.

En el caso de Sabadell y Caixabank, casi un 50% de las reclamaciones han tenido respuesta negativa. Por su parte, Popular (ahora dentro del Grupo Santander) ha destinado 200 millones para estos mientras que en su día provisionó 534 millones de euros para hacer frente a estas reclamaciones ante un riesgo potencial de 600 millones de euros. BBVA no ha querido, por el momento dar datos, sobre estos casos.

Los juzgados especializados tratan los conflictos judiciales relativos a las hipotecas. Además de las cláusulas suelo, estos tribunales son competentes en temas como los vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En un edificio de ladrillo visto, que antiguamente fue una central eléctrica, varios trabajadores comienzan su jornada en pequeñas oficinas con paredes de cristal. En la planta inferior un amplio espacio abierto acoge la cafetería, varias salas de reuniones, cabinas para videoconferencias y sofás. Instalaciones con aspecto de empresa tecnológica que están en un edificio situado entre el Palacio Real y Madrid Río. Lo peculiar es que estos casi 1.600 metros cuadrados no son las oficinas de una gran empresa, sino que son compartidas por emprendedores o pequeñas firmas. La firma Spaces  –propiedad de la multinacional International Workplace Group, también dueña de la empresa de oficinas Regus– es una de las últimas grandes compañías que ha llegado a España apostando por el negocio del coworking. 

El sector inmobiliario vuelve a captar el interés de los inversores. No es solo el residencial, son también oficinas, locales comerciales o espacios logísticos que vieron como se desplomaban sus precios durante la crisis y ahora han comenzado a despertar. La última parte de este negocio son las oficinas compartidas. Entre los últimos movimientos está la venta de la empresa de coworking utopic_Us a la inmobiliaria Colonial, la apertura de dos centros Spaces o la llegada de la firma estadounidense WeWork a Madrid.   

El último informe de la firma Cushman & Walkfield apunta que entre enero y septiembre la inversión en oficinas se ha casi quintuplicado respecto al mismo periodo de 2016. En total, se han movido 1.447 millones de euros en Madrid y 816 millones en Barcelona. Estos analistas señalan que desde 2014 son los fondos internacionales institucionales y las socimis los protagonistas de estos movimientos y añaden que el comportamiento a futuro de la inversión “seguirá fuerte”. Todo esto son cifras anteriores a la crisis catalana, que habrá que ver si afecta a este mercado y cómo lo hace.

Fondos internacionales

No es la única operación de este tipo. La estadounidense WeWork también acaba de abrir un espacio en Madrid, concretamente en el Paseo de la Castellana, 43, en un edificio propiedad de Colonial. WeWork nació en 2010 en Nueva York y acumula fuertes inversiones de actores internacionales. La última, llevada a cabo en agosto, supuso una inyección millonaria del banco japonés Softbank. Tras esta última ronda de financiación, la valoración de la empresa se sitúa en los 20.000 millones de dólares, lo que la sitúa en el quinto puesto de las startups más valoradas. Unas cifras que muestran el interés que hay en el sector después de que Blackstone comprara a su rival británico The Office Group por 500 millones de libras. 

Las inmobiliarias patrias también están mostrando interés en los coworkings. Más allá de que Colonial sea el casero del edificio de oficinas de WeWork, la inmobiliaria acaba de comprar la participación que hasta ahora tenía la plataforma de financiación participativa La Bolsa Social en el coworking Utopic_Us . En una operación anunciada esta semana, la plataforma anunció su venta con una rentabilidad del 81%. 

Utopic_Us nació en 2010 con un local de dos plantas y de 1.000 metros cuadrados en el centro de Madrid. Al año siguiente, en septiembre de 2011, abrieron otro nuevo espacio de otros 1.000 metros cuadrados y en julio de 2013 abrieron su tercer espacio. Frente a estas dimensiones, los locales de Spaces no bajan de los 4.000 metros cuadrados, explican desde la compañía. 

Cambio de hábitos 

Más allá de las oficinas tradicionales, los inversores internacionales están entrando en esta nueva tipología de oficinas. Philippe Jiménez, responsable de Spaces en España, cita varios factores por los que se produce este cambio. Entre ellos, la tecnología, el cambio de mentalidad, la preocupación por el medio ambiente o la forma de concebir el espacio de trabajo que tienen las nuevas generaciones como los millenials. “Las personas necesitan un espacio agradable para trabajar, sentirse como en casa y relacionarse con otras personas o con otras empresas”, apunta.

Explica que la empresa tiene actualmente uno de estos grandes espacios en Madrid y otro en Barcelona. La compañía espera cerrar este año con 5 centros en España y un total de 18.400 metros cuadrados. 

Algo con lo que coincide Giulio Limongelli, director de ventas de WeWork para Europa e Israel, que explica a eldiario.es que en 2020, esta generación supondrá el 50% de la fuerza de trabajo a nivel global. “Los valores de esta generación están cambiando los patrones de consumo y el modo en que la gente de todos los lugares geográficos trabaja y vive”, apunta. “La gente joven está más ligada a la idea de ser parte de una comunidad, tanto online como fuera de la red”, dice. 

Al cambio en la concepción de los espacios de trabajo se suman un ahorro de costes, dado que por ellos se paga un precio fijo que incluye los gastos de luz, agua o internet. A esto se suma la posibilidad de generar sinergias con otras empresas que se pueden encontrar en el mismo espacio, junto con los talleres o clases que se organizan en las zonas comunes. 

Cada vez más personas alquilan en vez de comprar, bien por elección o bien por necesidad, sobre todo en los hogares más precarios –que muchas veces coinciden con los más jóvenes–. Las restricciones de acceso al crédito dificultan la adquisición. Si en 2007 un 19,4% de la población vivía de alquiler, este porcentaje se ha elevado hasta el 22,2% en 2016, según datos de Eurostat, aunque todavía lejos del 30% de la media de la Unión Europea.

Dicen las leyes económicas que a mayor demanda, mayor precio. Así, en las grandes ciudades, donde más gente alquila, y en las zonas turísticas, donde entra en juego el alquiler turístico, las rentas se han disparado en los últimos tiempos. Una situación que complica encontrar piso y obliga a destinar mayor porción del sueldo al alquiler. Aunque no es igual buscar una casa en una ciudad o en otra: ni por precio ni por características ni por el esfuerzo económico que supone. 

Emilio tiene 32 años, vive en Sevilla y desde 2010 reside en un piso de alquiler, aunque ha ido cambiando de vivienda. Ahora vive con su pareja y asegura que encontró “un mirlo blanco” cuando consiguió hace dos años un piso de tres habitaciones en el barrio de Triana por un precio “asequible”. Pero buscar fue “una pesadilla”. “Hace unos meses pensé con mi pareja buscar un piso algo más céntrico y al final decidimos abandonar la búsqueda porque todo lo que encontrábamos era horrible”, relata por teléfono. “Si quieres vivir solo, se te va la mitad del sueldo al menos en alquiler, sin contar los gastos, en una cajita de cerillas para uno. Compartiendo quizás en torno al 30% del sueldo se destina al alquiler”, resume. 

El índice de precios de idealista de 2016 muestra una subida media de la renta del alquiler del 15,9% hasta los 8,2 euros por metro cuadrado, mientras que el de Fotocasa señala un repunte algo más limitado, del 6,7%, hasta los 7,5 euros por metro cuadrado. Esta es la media, pero los precios se disparan en algunas comunidades: en Catalunya el precio medio del alquiler se sitúa entre los 11,2 euros por metro cuadrado y los 13,3. El precio medio por metro cuadrado en Madrid tiene un precio de entre 10,8 y 12,9 euros por metro cuadrado, mientras que en Baleares el precio se sitúa entre 9,6 y 10,2 euros. Todos los datos son la media de las comunidades autónomas y no solo de las capitales, donde los precios son mayores que en otras localidades. Las tres comunidades han vivido repuntes de doble dígito respecto al año anterior y muestran la cara más onerosa de los pisos de alquiler. 

Para acabar de entender la foto del alquiler hay que tener en cuenta que en las grandes ciudades hay más gente que es inquilina. Observando los datos del censo y de vivienda de 2011 se ve que en los municipios de más de 500.000 habitantes el porcentaje de población viviendo en alquiler crece hasta el 26,6%, mientras que en las ciudades de entre 50.000 y 10.000 habitantes este porcentaje baja al 21% y en los municipios de alrededor de entre 1.000 y 5.000 habitantes se sitúa alrededor del 17,5%. 

¿Qué te ofrecen por 600 euros? 

El problema no es solo el precio, también las características de los pisos que se alquilan. “Te encuentras pisos que se caen a pedazos y te piden 700 euros de mensualidad, o viviendas en un cuarto piso sin ascensor, sin amueblar y sin aire acondicionado (algo fundamental en una ciudad como Sevilla) por más o menos esa cantidad. Luego hay quien te ofrece una caja de cerillas por no menos de 600 euros”, explica Emilio. “Hace siete años, cuando comencé a buscar la primera vez, era relativamente fácil encontrar pisos que estuvieran en buenas condiciones, en zonas como el casco antiguo o el centro de Triana, por en torno a 550 o 600 euros al mes. Pero eso ha cambiado desde unos años”, cuenta al comentar cómo ha cambiado la búsqueda de alquiler en la capital hispalense.

Algo similar a lo que cuenta Violeta, que tiene 46 años y está buscando piso en Madrid capital para mudarse desde el pueblo de la sierra en el que vive. “Mi experiencia está siendo un poco desesperante, tengo puestas las alertas de idealista para poder ir viendo lo que sale. La sensación general es que todo lo que me llega es de muy baja calidad y muy caro”, cuenta. No obstante, dice que está tranquila porque no tiene urgencia a la hora de encontrar casa. “Si tuviera prisa, tendría que coger algo que no me cuadrara o por características o por precio”, apunta. Ella quiere vivir sola y cerca de alguna zona verde. Pero explica que la situación del mercado parece que empuja a tener que compartir vivienda. 

Barcelona es otra de las ciudades donde el alquiler se ha disparado en los últimos tiempos. A los problemas de una mayor demanda se suma en su caso un fuerte aumento de los pisos destinados al alquiler turístico. Como muestra, Catalunya ha recibido hasta septiembre de este año más de 15,7 millones de turistas frente a los 5 de la Comunidad de Madrid. 

Carlos es un treinteañero que se mudó hace dos años a la capital catalana por cuestiones laborales. En ese momento buscó junto con su pareja un piso céntrico. Pensaron que sería un lugar de transición, para adaptarse a la ciudad hasta que la conocieran. Pero ahora, y viendo cómo ha evolucionado el mercado, piensan quedarse en él hasta que acaben los tres años durante los que tienen posibilidad de prorrogar el contrato. “Los pisos en Barcelona han subido tanto desde que llegamos que cualquier cambio que hagamos probablemente sea a peor”, explica.

“No es la primera vez que alquilamos piso, así que al buscarlo sabíamos que desde que viéramos uno que nos gustara teníamos que entregar papeles y dar la señal inmediatamente”, añade. Y cuenta que con el piso en el que habitan vivieron una situación que no habían experimentado hasta entonces. Tras dar la señal, el propietario decidió hacer un último casting entre los interesados para ver cuál tenía mayor solvencia. 

Ciudades con menores precios 

En el otro lado de la tabla, hay capitales de provincia donde puede resultar más sencillo alquilar, o por lo menos más barato. Clara vive en Albacete y desde hace un año y medio vive con su pareja y su hijo en un piso de alquiler. Aunque en términos absolutos los precios pueden parecer muy bajos si se comparan con Madrid o Barcelona, esta joven treintañera señala que para el nivel de vida de la ciudad los alquileres no son asequibles.

El piso en el que viven lo encontraron gracias a un conocido y por ello, explica, pagan algo menos del precio del mercado. Por un piso de tres habitaciones y un baño con terraza pagan 500 euros. “Lo normal sería unos 600 o 650 euros por un piso de estas características”, dice. 

La Rioja es otra de las comunidades autónomas donde el precio medio está por debajo de la media. Los indicadores de los dos portales inmobiliarios consultados lo sitúan en unos 5 euros por metro cuadrado. Carmen vive de alquiler con su novio desde hace dos años en Logroño, en un barrio nuevo, a una media hora andando del centro. Pagan 400 euros por un piso de dos habitaciones sin amueblar. “Nuestro piso era un poco más barato que otros de la zona porque estaba vacío, solo con la cocina y el baño”, cuenta. Dice que creen, no obstante, que cuando les revisen el precio en febrero probablemente se lo suban. 

Para poner en contexto la escalada del precio de los alquileres, hay que ver que esta se produce en un momento en el que el empleo se recupera pero lo hace apoyándose en contratos temporales y a tiempo parcial. Si observamos la Encuesta Anual de Estructura Salarial (los últimos datos son de 2015) vemos que el salario bruto medio es de 23.106 euros. Si se hace el cálculo de cuánto supone ganar limpio al mes, el cálculo resultante es de 1.550 euros. Con esta media, pagar un piso de 600 euros supone destinar prácticamente la mitad del salario al alquiler, a lo que habría que sumar gastos corrientes de electricidad o gas. 

El salario varía además en función de las comunidades autónomas. Así, mientras que el País Vasco registra los salarios brutos medios más elevados, que alcanzan unas cifras de 27.571,31 euros, hay otras comunidades por debajo de la media como La Rioja, donde es de 21,756 euros o Castilla-La Mancha, donde se sitúa en 20.670 euros. En comunidades como Madrid y Catalunya, con salarios medios brutos más altos, debe tenerse en cuenta que es donde se concentra la mayor parte de las grandes empresas, por lo que los elevados sueldos de los directivos pueden distorsionar las medias salariales. 

El alquiler se configura cada vez más como una forma de acceso a la vivienda, pero habrá que ver cómo evoluciona en un futuro, tanto en precio como en condiciones, y si aumenta el parque de viviendas de alquiler. Por ahora, todavía estamos lejos del 30% que supone de media en la Unión Europea. 

La Bolsa Social, la primera plataforma de inversión participativa dada de alta en la CNMV, ha realizado su primera desinversión. En febrero de 2016, 46 inversores invirtieron 250.000 euros a través de esta plataforma en la empresa de coworking (oficinas compartidas) utopic_Us. Ahora, 20 meses después de formalizar la operación, acaban de anunciar su venta a la inmobiliaria Colonial lo que les ha reportado una rentabilidad del 81%.

En el caso de la venta de Utopic_US, los inversores de la Bolsa Social han recuperado 1,8 veces la cantidad aportada, según apunta la empresa en un comunicado. Esto quiere decir que, por ejemplo, un inversor que hubiera invertido 3.000 euros en esta operación habría obtenido al venderla ahora 5.400 euros.

Uno de los objetivos de la Ley de Fomento de Financiación Empresarial de 2015 era regular la situación de este tipo de plataformas como son las de crowdfunding equity (financiación participativa) y las de crowdlending (préstamos participativos) a través de las que las empresas pueden buscar financiación sin tener que acudir a la banca tradicional. Este tipo de firmas ya se habían desarrollado en otros países, sobre todo del mundo anglosajón, y comenzaba a llegar a España donde se encontraba en una situación alegal.

La Bolsa Social fue la primera de estas plataformas en darse de alta en el registro de la CNMV. Actualmente, hay una veintena de ellas registradas. Esta plataforma tiene como característica diferenciadora frente a otras que invierte en proyectos que tengan un impacto social en el entorno.

La normativa aprobada algo más de dos años regula los límites de inversión por cada particular así como los requisitos que tiene que cumplir una plataforma de este tipo para poder operar en España. Estas inversiones son poco líquidas, ya que el particular que decide entrar a estos proyectos se convierte en socio de los mismos hasta que se vende la participación en la empresa, algo que puede conllevar un beneficio si va bien la compañía, pero también puede suponer pérdidas si la empresa en la que se invierte luego no se puede vender o no consigue los objetivos marcados.

“La rentabilidad de utopic_US ha sido muy buena”, dice en el mismo comunicado José Moncada, consejero delegado la Bolsa Social, que ha añadido que están “muy satisfechos porque se premia la confianza de nuestros inversores”.

Tras una primera incursión en las grandes ciudades centrándose en Madrid y Barcelona, las plataformas de la nueva economía se expanden ahora hacia localidades más pequeñas. El reparto de comida a domicilio, los coches con chófer o las plataformas de vehículo compartido son algunos de los negocios que buscan aumentar su capilaridad. Todo en medio del debate sobre las relaciones laborales que crean estos modelos de lo que se ha venido a denominar economía on demand (bajo demanda) o gig economy (economía de los pequeños encargos). 

Deliveroo ha comenzado a prestar su servicio en ciudades españolas más allá de las dos grandes y ha llegado a localidades como Sevilla, Málaga o Bilbao. UberEats también se prepara para dar el salto a al menos tres localidades, todavía no ha dicho cuáles, en 2018, aunque no tiene previsto hacerlo con su servicio de pasajeros. Cabify, la plataforma de coches con conductor, ya funciona en ciudades como Málaga mientras que la app de reparto a domicilio Glovo lo hace en localidades como Bilbao, Palma o Zaragoza. 

La expansión a otras ciudades españolas llega en un momento en el que se cuestiona el modelo laboral de estas compañías y las condiciones de los que trabajan para ellos. De hecho, los repartidores de esta empresa y a Glovo en Barcelona preparan la creación de una cooperativa para poder controlar su trabajo tras las protestas del pasado verano. 

La máxima de la mayoría de estas empresas es que no tienen ningún tipo de relación laboral con ellos, aseguran que se pueden conectar cuando quieren a las plataformas digitales y compatibilizar esta actividad con otras. Un modelo que permite a estas empresas tener una estructura de costes muy ligera. 

“En parte pueden hacer esta expansión a otras ciudades gracias a la reducción de costes, como pueden dar un servicio más barato, pueden ser elegidos por más usuarios y seguir expandiéndose”, explica Adrián Todoli, profesor de derecho de la Universidad de Valencia. “Da igual que sea una gran ciudad o en una pequeña, las plataformas consideran a estos trabajadores como autónomos, por lo que no tienen derechos laborales”, añade. 

Crecimiento de las plataformas

Estas startups internacionales están aumentando en tamaño y en recursos financieros. La plataforma británica de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció hace unas semanas una ronda de financiación de 385 millones de euros, que se suma a los 475 millones que ya había recaudado hasta diciembre de 2006 cuando completó su ronda E. La forma de buscar inversores de estas tecnológicas se califican como rondas de financiación y van tomando el nombre por las letras del abecedario, empezando por la A. 

Deliveroo ha crecido hasta operar en más de 150 ciudades de 12 países. En España, la compañía empezó en Madrid, Barcelona y Valencia. Tras lo que se unió Zaragoza y desde este verano ofrecen sus servicios en Alicante y A Coruña. En septiembre, comenzó a operar en Sevilla, Málaga y Bilbao, según explican desde la compañía. Respecto a los precios que pagan a sus repartidores, fuentes de la compañía explican que el pago por pedido varía entre los 3,38 euros y los 4,50 euros más IVA dependiendo de la ciudad y el medio de transporte que utilicen. La compañía estima que de media un repartidor que trabaja con Deliveroo consigue ingresos de 10,5 euros a la hora. 

En el caso de UberEats, la rama de Uber que se dedica al reparto de comida a domicilio, este servicio se lanzó en Madrid en enero (tras una prueba piloto en Barcelona) se ha expandido desde el centro de Madrid a algunos barrios fuera de la M-30. El director general de UberEats en España, Manel Pujol, afirmaba hace unas semanas en una rueda de prensa en la que hacía balance de sus primeros meses de funcionamiento que analizarían el mercado español hasta final de año y en 2018 comenzarían a operar en al menos tres nuevas ciudades. 

Un informe de Morgan Stanley de julio de este año señalaba que se prevé que el reparto de comida a domicilio siga creciendo y se convierta, incluso, en una amenaza para los restaurantes físicos. Como resultado de esto, el análisis concluye que un 40% de las ventas de los restaurantes en 2020 será por las ventas de comida a domicilio, lo que hará que la cantidad desde los 30.000 millones de dólares actuales hasta los 220.000 millones de dólares en 2020.

Más allá del reparto de comida a domicilio, hay otras plataformas que están llegando a ciudades más pequeñas como es el caso de Cabify. Esta empresa de coches con conductor está presente en A Coruña, Bilbao, Sevilla, Málaga y Valencia. 

Este sector del transporte de pasajeros en España está regulado por la normativa de transporte que obliga a que los conductores de estas plataformas necesiten una licencia VTC para trabajr. Las reestricciones actuales para obtener estos permisos complican, según algunas compañías, conseguir el volumen de flota necesario para operar. Esta es la razón que ha aducido Uber para no expandir su servicios de coche con chófer, UberX, a otras ciudades más allá de Madrid. 

Otro tipo de plataformas relacionadas con el transporte que están presentes en ciudades más pequeñas son las de alquiler de coche por horas y donde no hay debate sobre los modelos laborales porque solo se alquila el coche. Bluemove, por ejemplo, está presente también en Sevilla además de en Madrid y Barcelona. 

En el caso de las plataformas de alquiler de coches de particulares como SocialCar es más sencillo llegar a ciudades más pequeñas porque como lo que se alquilan son coches de propietarios privados, la empresa no tiene que hacer una inversión en una flota de vehículos. De esta manera, la plataforma está presente en una decena ciudades como Palma, Ibiza u Oviedo. Algo similar ocurre con Drivy presente en una treintena de ciudades. 

Habrá que ver en los próximos meses si el tipo de estilo de vida de las ciudades pequeñas, donde todo está al alcance en apenas unos minutos y donde la masa crítica es menor, da sentido a estos negocios. O si gracias al soporte de los bajos coste y la falta de compromiso con la relación laboral permite a estas compañías seguir transformando la forma de estructurar la economía.

Los bancos reducen sucursales bancarias y aumenta su rentabilidad. El último informe del Banco Central Europeo sobre estructuras bancarias señala que entre 2008 y 2016 el número de sucursales en la zona del Euro se redujo un 20%, lo que “sugiere que la eficiencia general del sistema mejoró en el periodo entre 2008 y 2016”. Este recorte no ha recaído de igual forma en todos los países, casi la mitad se debe a España, según el mismo documento, que señala que otras gran economías como Alemania, Italia, Países Bajos y Francia también contribuyeron “significativamente” a este descenso. En cada aparición pública, Mario Draghi hace el mismo llamamiento a la banca: fusionarse y mejorar la rentabilidad. Y el proceso de consolidación sigue su curso.

La reestructuración del sistema de cajas de ahorros en España durante la crisis tiene mucho que ver con esto. La quiebra de estas acabó con fusiones, adquisiciones por otros bancos y en definitiva, con una reducción del número de sucursales y de empleados. La crisis se ha saldado con un recorte de 81.500 puestos en el sector, según los datos del Banco de España y un descenso del número de oficinas de alrededor del 30%. En diciembre de 2008, el sector contaba con 270.855 empleados en las entidades de depósitos que se han quedado en 189.280 a cierre de diciembre de 2016.

Unos recortes que, por lo que parece, todavía no han tocado fondo. A las nuevas uniones de bancos en curso –como Banco Santander con Popular o la fusión entre Bankia y BMN– se suma el proceso imparable de la digitalización. Todo, en un entorno de tipos de interés al mínimo, lo que complica el negocio bancario tradicional de tomar dinero barato y prestarlo caro.

“Hay margen de recorte porque la banca española presenta unos niveles de rentabilidad inferiores a los que pide el inversor (coste de captar capital)”, explica Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia. “La rentabilidad es reducida por el entorno de bajos tipos, el elevado importe de activos improductivos y por las exigencias regulatorias. Este entorno complicado obliga a la banca a reducir costes, y eso conlleva cierre de oficinas y recorte de empleo”, añade.

Entre los últimos cierres de oficinas y recortes personal anunciados está el caso de EVO Banco. La entidad prevé cerrar 39 de sus sucursales dejando solo cinco abiertas, en una reestructuración que se llevará por delante a entre 260 y 270 trabajadores. Esto se traduce en un 90% de la red y alrededor de un 60% de la plantilla. La entidad asegura que esto se incluye dentro de un “profundo proceso de renovación tecnológica e innovación financiera” en una estrategia de “transformación digital”.

A estos números puestos ya sobre la mesa, se sumarán los que salgan de la integración de Popular en el Grupo Santander y de la fusión de Bankia con BMN. El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, apuntaba en la última presentación de resultados del pasado 26 de octubre que se reunirían “en las próximas semanas” con los sindicatos para hablar sobre la reestructuación de los servicios centrales tras la compra de Banco Popular. Álvarez señaló que esto se centraría por el momento en los servicios centrales, ya que, para la integración de sucursales hay que esperar hasta que se produzca la integración tecnológica prevista para 2019.

Unos primeros contactos que comenzarán el viernes 3 de noviembre cuando los sindicatos han sido convocados para una reunión informativa en la que esperan que se les informe sobre los planes previstos tras la adquisición de Banco Popular. Santander ya anunció el año pasado un recorte de empleo (que se saldó en parte con prejubilaciones) y un cierre de oficinas.

También sigue su curso la fusión Bankia y BMN. La nueva entidad resultante tras la fusión contará con 2.515 oficinas tras la fusión, un 36% más, ya que a las 1.855 sucursales con las que cuenta ahora habrá que sumar las 660 de BMN. Todavía no hay cifras de empleos en peligro porque hasta que no se produzca las autorizaciones pertinentes no pueden comenzar las negociaciones con los sindicatos. Hay que tener en cuenta, que ambas entidades han pasado ya por ajustes de plantillas después de haber sido rescatadas por el Estado.

Otra de las integraciones que vive el sector es la de EspañaDuero –conocida también por su nombre mercantil como Banco CEISS– dentro de Unicaja que se anunció el viernes pasado en un proceso largo al que todavía le queda tiempo para materializarse y donde EspañaDuero mantendrá su nombre comercial. En el comunicado enviado tras este acuerdo, la consejera delegada de EspañaDuero, María Luisa Bombardero, señalaba que “el proceso que ahora se inicia representa una evolución lógica y esperada. Se trata de una evolución que ya está asumida por nuestros clientes y por nuestra plantilla”.

Concentración bancaria

A pesar de la reducción del número de oficinas y los recortes de empleados, España sigue siendo uno de los países de la zona del Euro más bancarizados. Los datos de 2016 muestran que a pesar de la reducción vivida, España está en los países de cabeza en sucursales por habitantes. Nuestro país tiene una sucursal por cada 1.613 habitantes (en 2007, había una por cada 986 habitantes).

Respecto a si esto cambiará en el futuro, Maudos señala que “debe cambiar”. “España es uno de los países de la eurozona con mayor densidad de oficinas (en relación a la población) y el país de la UE29 con oficinas más pequeñas en términos de trabajadores por oficina. En ese contexto, es obvio que sobran oficinas. Informes recientes del FMI, BdE y BCE recomiendan ajustar aún mas la red de oficinas”.

Los datos del BCE muestran que España solo es superado por Chipre donde hay una sucursal por cada 1.568. En el otro lado de la tabla, está Estonia que tiene una por cada 13.000 habitantes. Mientras que Francia tiene una oficina por cada casi 1.800 habitantes y Alemania una por cada 2.600. Otra cosa es el reparto de estas porque el fin de las cajas de ahorro ha acabado con un aumento de pueblos sin oficinas. En la actualidad, el 2,4% de la población no puede acceder físicamente a los servicios financieros de una oficina bancaria en su lugar de residencia.

“El proceso de reconversión de la banca todavía no ha acabado”, explica Agustín Nieto, responsable del sector bancario de UGT, que recuerda el proceso vivido por el sector tras la desaparición de las cajas de ahorro. Respecto a las integraciones de estas entidades, el representante del sector financiero de CCOO, Jon Sierra, asegura que observan “complementariedad” en estas uniones. Sierra señala que en el caso de Bankia y BMN era la “opción menos mala” porque hay menos superposición de oficinas, por lo que la integración de plantillas no debería producirse de manera “dramática”.

En este escenario, hay que sumar que la digitalización del sector y el aumento de las operaciones a través de Internet también tendrá efectos en el número de trabajadores. Un informe de Citi del año pasado cifraba el recorte del empleo que se vivirá en los próximos diez años en el 30% de las actuales plantillas de la banca europea y estadounidense, una caída que se incrementaría hasta el 45% si se toman las cifras precrisis.