El 2 de marzo de 1974 fue ejecutado en la cárcel Modelo de Barcelona Salvador Puig Antich, la última persona asesinada en España mediante el siniestro método del garrote vil. El caso de este joven anarquista se convirtió en un ejemplo del funcionamiento del aparato represor del franquismo, que no encontró otra manera de perpetuarse en el poder que recurriendo al uso de la violencia. Un proceso que está de plena actualidad por la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo y la solicitud a la justicia española de la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 imputados por la justicia argentina.

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, dijo Salvador Allende, pero el problema es que normalmente nos la cuentan los vencedores y hay que hilar con mucha paciencia para alejarnos de la versión oficial de los hechos y tejer un relato alternativo de la realidad: la historia, en este caso, de las víctimas, de los que vivieron la represión de la dictadura más larga que ha sufrido Europa Occidental y que situó a España a la cabeza mundial en desaparecidos, junto con Camboya.

A ello se ha dedicado Gutmaro Gómez Bravo, profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que ha escrito “Puig Antich. La transición inacaba”, un libro cuyo objetivo es, en palabras del autor, «comprender el funcionamiento de los aparatos de seguridad del franquismo siguiendo una causa judicial; en definitiva, acceder al interior de un sistema represivo que supuso la principal fuente de continuidad y estabilidad» de la dictadura.

El libro se basa en un minucioso análisis del sumario del caso, algo novedoso, pues la mayor parte de lo escrito hasta ahora se ha basado en material periodístico de la época, censurado y controlado por la dictadura. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza, es si el autor ha podido acceder fácilmente a estas fuentes documentales: “No”, nos dice al autor, “las judiciales me las facilitó la familia, pero las policiales siguen estando reservadas. Las más abundantes son las políticas, pero por eso mismo las menos importantes. Las diplomáticas, importantes por la dimensión internacional que alcanzó el caso, son accesibles en su mayoría. Las de la embajada norteamericana han sido recientemente desclasificadas y son vitales para entender el contexto”.

¿Por qué se convirtió el caso de Puig Antich en un caso tan paradigmático?

El momento fue crucial. Se cruzó con todos los puntos decisivos que iban a jalonar el final del franquismo. Pero no fue en ningún modo fruto del azar o la mala suerte. Su caso ejemplifica como pocos la tensión interior del franquismo por encontrar una vía de continuidad y su imposibilidad por mantenerse sin el uso de la fuerza. El recurso a la pena de muerte, y a otros métodos expeditivos y ejemplares, fue la respuesta más clara tanto en 1974 como en 1975 y, al parecer, llevaba camino de serlo también en 1976....

En el libro podemos leer cómo se vulneró sistemáticamente su derecho a la defensa. ¿Se puede tomar su caso como un ejemplo del funcionamiento de la justicia durante el franquismo?

Es lo que he intentado mostrar, ya que a través del sumario se puede reconstruir el funcionamiento de ese mundo desde su lógica interna: justicia militar, policía política, justicia civil... Una maquinaría perfectamente engrasada al final del régimen, que no es exactamente igual a sus comienzos, que ha evolucionado y ha sufrido mutaciones a lo largo de casi cuatro décadas, pero que mantiene intactos sus objetivos fundacionales. El caso se cruza con algunos de los personajes que mayor protagonismo tuvieron en el diseño del sistema represivo franquista, como el propio Arias Navarro, jurídico militar y director general de Seguridad, antes de ser Ministro de Interior y Presidente del Gobierno.

¿Por qué ensañamiento con las víctimas y esa violencia extrema en nombre del orden social?

En mi opinión, es una dimensión que solo se puede entender a través de un fenómeno como la guerra civil, la fractura moral es de tales dimensiones que se ha hablado de crisis civilizatoria. Solo así se puede entender ese grado de persecución pero, lo cierto es que desde sus inicios el régimen se institucionaliza a través de un enorme peso de la violencia, que precisa de un aparato gigantesco y favoreció la implicación de una importante parte de la población en él. La legitimación fue la defensa del orden social, del orden público, que sirvió de proyección al militarismo. Sólo así adquirieron “normalidad” y continuidad las medidas excepcionales represivas de la guerra que se instalaron con total “normalidad” en la posguerra. Un ejemplo, el sistema penal y penitenciario, que a pesar de sufrir modificaciones importantes, se mantiene hasta 1977.

En tu libro señalas que la causa contra Puig Antich no fue defendida por ningún grupo de oposición emergente, pero sin embargo, al final vemos cómo la Embajada de Estados Unidos, califica los disturbios ocurridos tras su muerte como “los peores en años”, ¿qué ocurrió para que se diese este giro?

Esto se puede entender muy gráficamente a través de dos figuras: el Puig Antich militante anarquista, que no provoca la protesta de ningún grupo de la oposición antifranquista, y el Puig Antich asesinado, reivindicado como mártir desde el día siguiente de su ejecución por todo el espectro antifranquista. El mito en torno a su figura, al que contribuyó el cine, olvida la primera, tácticamente incómoda para unos grupos que estaban preparando su salida de la clandestinidad, y tiende a apoyarse en la segunda, víctima de la barbarie franquista, sirve especialmente para el propósito democrático ante la opinión pública. A pesar de eso, es indudable que la reacción estudiantil posterior a las ejecuciones fue seria y prolongada, al igual que los ataques a los intereses españoles en el extranjero. Diplomáticamente, la mayor medida de presión fue el bloqueo de la negociación de entrada en el mercado común europeo, que al año siguiente, sería finalmente descartada.

¿Por qué crees que en España nunca ha prosperado ningún recurso de revisión de una sentencia de un consejo de guerra por crímenes políticos?

Falta voluntad política para cambiar el procedimiento de revisión de las sentencias. Toda vez que no se ha llevado a cabo, la justicia se ampara en que solo aplica la ley, y curiosamente siempre encuentra motivos formales y técnicos para no hacerlo. Lo que está de fondo en tela de juicio, es la participación del poder judicial en el propio sistema legal franquista. Creo que no es directamente un problema de repartir culpas, porque el grueso de la represión la dirigió la justicia militar, y el ejército ha aceptado la revisión de su papel pasado, en general. Sin embargo, el poder judicial, la justicia civil, el mundo jurídico, parece no aceptar su importante implicación en la legitimación de la dictadura, que quedó revestida siempre de “orden institucional”. Eso es fundamental para reconocer que todas esas sentencias eran injustas y arbitrarias. Es el punto de partida

Hace unas semanas hemos conocido que la sección argentina de Interpol a solicitado al Gobierno la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 imputados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo, entre los que figuran José Utrera Molina y Carlos Rey, relacionados con la ejecución de Puig Antich, aunque ya estamos viendo como nuestro Gobierno está obstaculizando el procedimiento. ¿Se perderá otra oportunidad para que se haga justicia?

Me temo que sí. A nadie se le escapa ahora la importancia de la justicia universal, y del valor que esta tiene. Si los acuerdos políticos siguen obstaculizando su desarrollo en España, la memoria seguirá judicializada, y el tema de la reparación de las víctimas seguirá pendiente. A veces pienso si eso no es lo que interesa a determinados sectores....

¿Tiene alguien la llave para desmontar todo ese sistema de legalidad ficticia de que se dotó la dictadura?

El propio poder judicial. Y si este no lo hace, el político, la voluntad política, las mayorías. Ya lo hemos visto en otras latitudes: comisión de la verdad, anulación de las sentencias y apertura de archivos.

La imagen de la transición que nos vendió la Historia oficial siempre ha sido modélica, pero cada vez estamos pudiendo comprobar con mayor certeza que no fue así y que después de finalizar la dictadura hubo un gran continuismo en las estructuras de poder político y económico, en el judicial... ¿qué tendríamos que hacer para poner fin a esa “transición inacabada”?

Sobre todo lo que he mencionado anteriormente, archivos, porque la historiografía profesional, española y extranjera, hace tiempo que ha refutado esa santa transición, no por no ser modélica politológicamente, sino por deformada. La violencia y la incertidumbre planearon mucho más tiempo que la estabilidad y la ausencia de conflictividad. Trazar una secuencia demasiado plácida de la transición no hace más que restarle valor y las nuevas generaciones ni son tontas, ni tienen miedo al pasado.

¿Por qué es tan importe que se empiecen a revisar las sentencias?

Porque de este modo, las posiciones de víctima y criminal que fijara el franquismo en sus comienzos, se invertirán definitivamente y la transición podrá darse por terminada.

“Puig Antich. La transición inacabada” se presenta este viernes en Toledo en el Centro Cívico Padilla (C/ Garcilaso de la Vega, 2) a las 18:30 h. y el sábado en el Centro Cívico de Alcázar de San Juan (Plaza de España) a las 19:00 horas.

Siento alegría al conocer la noticia de que la congoleña Caddy Adzuba va a recibir este año el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Esta periodista lleva 10 años denunciando la violencia sexual contra la mujer en la República Democrática del Congo.

Se estima que más de medio millón de mujeres han sido violadas en la R.D. Congo en los últimos 20 años, en un conflicto, en una barbarie, que dura ya 20 años. El cuerpo de la mujer usado una vez más como campo de batalla.

El actual conflicto del Congo ha dejado desde su inicio en 1996 más de seis millones de muertos y tres millones de desplazados, aunque la República Democrática del Congo está sumida en una guerra continua desde los años 60, en una masacre alimentada por los países ricos y los mercados internacionales, muy interesados en explotar en beneficio propio los yacimientos de casiterita, coltán y oro que abundan en el país.

Las mujeres y las niñas no están libres de violencia en ningún sitio. Millones de mujeres de todo el mundo son víctimas de la violencia por una única razón: ser mujeres. Pero en situaciones de pobreza y exclusión y en los conflictos armados la exposición a la violencia sexual y psicológica es mayor. La violencia sexual es una táctica de guerra que deja en las vidas de las mujeres y en sus cuerpos efectos devastadores.

Se revuelven las tripas al comparar la situación de violencia que sufren millones de mujeres en todo el mundo con las declaraciones machistas que tenemos que escuchar muchas veces en los medios de comunicación, que minimizan, ridiculizan e incluso hacen bromas con este tipo de violencia. Hace falta educación, mucha educación para luchar contra esta lacra social. Educación desde la familia y desde la escuela, y para todos y todas: Este no es un problema sólo de las mujeres.

Pero las mujeres no sólo son víctimas, muchas veces se convierten en altavoces de causas, constructoras de paz, lideresas que se rebelan contra el orden establecido. Es el caso de Caddy Adzuba, que a sus 33 años ya sabe lo que es pagar el precio de defender los derechos humanos: vive bajo la protección especial de la ONU tras haber sufrido dos intentos de asesinato y amenazas de muerte de grupos militares.

Un premio siempre es un reconocimiento a una labor, pero desgraciadamente no va mucho más allá en la lucha directa contra un problema. Esperemos que este sirva al menos para dar a conocer mejor la problemática de la violencia contra las mujeres en los conflictos armados y para apuntalar la lucha contra ella.

Puedes firmar la petición que ha impulsado Caddy Adzuba para que se cumpla la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que insta a la protección de las mujeres y niñas en los conflictos.

La epidemia de ébola que ha viajado de África Occidental a nuestras pantallas a finales de julio está siendo una muestra más de las numerosas inequidades que existen en el acceso al derecho a la salud.

Desde 1976 se contabilizan al menos 24 brotes de esta enfermedad, pero ninguno ha atraído tanto la atención como este, sobre todo desde que se conoció el contagio del misionero toledano Miguel Pajares y de dos ciudadanos estadounidenses.

Creo que cualquier esfuerzo por salvar una vida está suficientemente justificado, por lo tanto no pongo en duda la pertinencia de repatriar al religioso español para tratar de salvarlo, aunque lamentablemente el intento no ha tenido el resultado esperado. Pero todo el revuelo que se ha producido en estos días me ha hecho pensar en cómo no todos los enfermos, no todos los muertos valen lo mismo.

Se calcula que el ébola tiene una mortalidad del 60% y hace ya casi 40 años que se produjo el primer brote, pero no existe un tratamiento de eficacia probada ni una vacuna para una enfermedad que hasta ahora sólo ha afectado a los más pobres. Los cuatro países por donde se ha extendido la enfermedad hasta el momento en este brote son países con un Índice de Desarrollo Humano bajo, estando dos, Guinea-Conakry y Sierra Leona, entre los diez más pobres del mundo.

Quienes detentan el poder lo mercantilizan todo, incluida la salud, que pasa de ser un derecho a un negocio, con la carga de enfermedad y mortalidad que esto provoca. Para el ébola sólo existe un tratamiento que está en fase experimental y cuya eficacia no está demostrada, como por ejemplo tampoco existe vacuna contra la malaria, una enfermedad que mata cada año a más de medio millón de personas. Conclusión: Las enfermedades de los pobres no son rentables, aunque por si en algún momento lo son, también entran en el juego de la bolsa, donde sube la cotización a medida que aumenta el número de muertos.

Reforzar la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo ya supondría una mejora en el corto plazo, pero es necesario seguir alzando la voz para que cambien unas reglas mundiales injustas, que expulsan a miles de personas hacia los rincones de la marginalidad y que provocan muerte y sufrimiento en grandes dosis. Cooperar sí, pero luchar a la vez para que cambien, por ejemplo, las reglas comerciales o por unas relaciones internacionales basadas en la solidaridad y la justicia.

Cada sufrimiento ajeno, cada muerte, nos debe doler y el dolor nos debe llevar a la acción para que lo que ha pasado no vuelva a suceder. Da igual que la persona haya nacido al lado de nuestra casa o a miles de kilómetros. Y eso Hemingway ya lo expresó de manera clara y con una extraordinaria belleza en “Por quién doblan las campanas”:

“Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti”.

Fernando del Amo Gómez es economista y se define como “servidor público orgulloso y vocacional”. Fernando es además Coordinador regional de ATTAC (Asociación para la Tributación de las Transacciones financieras y la Acción Ciudadana) en Castilla-La Mancha, desde su nacimiento en marzo de 2011. eldiarioclm.es ha hablado con él sobre esta crisis-estafa que estamos viviendo y las alternativas a este sistema depredador de los seres humanos.

Fernando, ¿a qué crees que se debe el declive, el deterioro en la vida de los partidos políticos españoles?

Primero tiene que ver con la crisis, porque casi todos los escándalos de corrupción son de 2008 ó 2009, cuando se supone que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Están saliendo ahora por la lentitud de la justicia y por las trabas que ellos mismos ponen para que no salgan a la luz. Esto cala en la gente.

También es posible que estemos en un cambio de régimen: hay mucha gente que no ha vivido la dictadura y esa excusa de que por lo menos tenemos democracia ya no vale para mucha gente.

¿Piensas que el ser humano puede ser apolítico?

Es imposible ser apolítico. La política es lo que rige tu vida: si tienes empleo, si no tienes empleo, si tienes una educación de calidad o no… Todo eso es política y no se debe confundir con la actitud de determinados políticos que se aferran al poder a costa de lo que sea.

¿Puede llevar esa desafección de la política a que se vayan aceptando recortes en nuestros derechos que supongan menos democracia? Por ejemplo, eso de que los parlamentarios regionales no cobren.

Nos tendríamos que preguntar quién se va a poder dedicar a la política si los políticos no cobran, ¿los jubilados y los que viven de las rentas y sólo tienen interés en medrar y hacer carrera? Aunque también cabe preguntarse si convertir la política en una profesión no conlleva un riesgo de que la gente se aferre a su silla. Yo creo que lo realmente importante no es que un diputado de Castilla-La Mancha cobre o no, sino lo que hace, que esté con la gente. Además, no tiene mucho sentido hablar de ahorro cuando luego el gobierno de nuestra región es líder en la contratación de asesores.

Hay cosas peores de las que no se habla: Que se haya acabado con el Consejo Económico y Social de la región, que era prácticamente el único organismo que hacía estudios de la situación social de Castilla-La Mancha, o el Defensor del Pueblo, otra institución que se han cargado miserablemente. Esto dice mucho de lo que quiere el gobierno: que no lo controlen.

¿Cómo se posiciona ATTAC ante los pasos atrás que se están dando en materia de educación por parte de los gobiernos del PP?

Lo que se pretende con la educación es crear gente que no tenga capacidad de pensar. Nuestra presidenta de honor de Francia, Susan George, en el Informe Lugano, se plantea que no estamos sólo en una crisis sino que estamos en un cambio de modelo. Se está abandonando el modelo que surgió de la Revolución Francesa del hombre como ciudadano con derechos y vamos a pasar a un modelo económico neoliberal: el hombre como un consumidor sin capacidad de razonamiento, sin capacidad crítica. En esa línea nos encontramos con esta la Ley Pert, que pretende convertir la educación actual al pasado.

¿Qué está pasando con el agua en Cuenca?

El que conoce Cuenca sabe que está en una ladera rodeada por dos ríos, por lo que no necesita una gran infraestructura para el consumo y para la dotación del agua, así que esto lo gestionaba directamente el ayuntamiento y los ciudadanos tenían un agua barata y de calidad. Pero el Ayuntamiento de Cuenca encargó a Price Waterhouse que hiciera un estudio sobre la viabilidad del consistorio y, entre otras medidas, esta consultora propuso que se creara una empresa municipal que asumiera la prestación del servicio del agua y la deuda del ayuntamiento. Lo primero que ha pasado es que el recibo del agua ha subido en Cuenca y los ciudadanos ya se están temiendo que como va a ser imposible que la empresa genere el beneficio suficiente para mantener el servicio además de hacerse cargo de la deuda municipal, el resultado va a ser su venta al sector privado, que conllevará una peor prestación del servicio y la calidad del agua.

El PSOE, en la Alcaldía, dijo que no privatizaría el agua…

El PSOE de Cuenca sigue sin reconocer que esto es una privatización, pero en primer lugar es una mercantilización, porque ya no es una gestión directa del ayuntamiento, sino que ahora la lleva una sociedad municipal que en cualquier momento puede dejar de serlo. En Alcázar de San Juan, la empresa que lleva el agua, Aguas de Alcázar, era municipal y ahora el ayuntamiento la ha vendido al sector privado.

¿Por qué crees que no nos movilizamos más ante estas pérdidas en derechos básicos?

En España nunca habíamos vivido tan bien como hemos vivido en los últimos años, así que la gente ha tardado en creerse lo que estaba pasando. Luego, nos hemos creído aquello de que esto iba a ser algo pasajero y bueno, ahora después de 6 ó 7 años parece que se vislumbra la luz al final del túnel, pero ya no la vamos a poder pagar.

Otra de las razones es el miedo, fomentado por los mensajes lanzados continuamente desde los medios de comunicación. También hace falta mucha cultura política. La democracia española nunca ha sido una democracia basada en la participación de la gente, esa cultura de participar, de interesarse por las cosas, no ha ido nunca con nosotros.

¿Qué país tendremos cuando salgamos de la crisis?

En primer lugar no tengo muy claro cuándo se va a salir ni qué significa salir de la crisis. Yo por lo menos espero que hayamos aprendido algo, que no haya otra burbuja inmobiliaria, que no veamos como algo raro que la gente viva de alquiler, que no recurramos al crédito para cosas que no necesitamos, que no todo sea ganar dinero, sino también disfrutar del tiempo, que no creamos que simplemente creciendo vamos a vivir mejor, porque la solución no está solo en crecer económicamente, sino en repartir y en vivir mejor con menos.

¿Es esto una crisis o una estafa?

Esto es una estafa. Jamás se había creado tanta riqueza en el mundo, no sólo riqueza financiera ficticia, sino riqueza real. Somos 7.000 millones de persona, se producen alimentos para mantener a 10.000 millones, sin embargo casi 1.000 millones de personas pasan hambre. Esa es la lógica del capitalismo.

¿Puede existir capitalismo con rostro humano?

No. El capitalismo ha vivido diferentes etapas históricas y no siempre ha sido el mismo. En la actualidad prima el capitalismo financiero, donde ya no es tan importante la producción como el intercambio y sobre todo el movimiento financiero. Algunos dicen que es posible un capitalismo distinto, que tenga que ver con toda esta idea de sostenibilidad, de capitalismo verde, pero el capitalismo se basa en la obtención del máximo beneficio con el mínimo coste y a costa de la gente y de los recursos naturales.

¿Cómo podríamos volver a una economía más real, menos ficticia?

Lo primero que hay que hacer es aumentar el control sobre los grandes grupos financieros. ATTAC nació con la idea de crear un impuesto a las transacciones financieras que dificulte los movimientos de divisas, como una de las primeras medidas para volver a una economía real. También hay que reducir el tamaño. No podemos seguir usando dos tierras y pico para nuestro ritmo de vida, porque sólo tenemos una, hay que consumir menos y aprender a que consumiendo menos se puede vivir mejor. También tendríamos que dar más importancia a las relaciones humanas, empezar a dar más valor a cosas que ahora no la tienen.

¿Qué se está moviendo en nuestra región relacionado con la economía social, la banca ética, etc.?

Existen muchas experiencias. Por ejemplo, hay movimientos de comunidades de consumo en Albacete, en Talavera también hay experiencias interesantes, hay una experiencia interesante de financiación solidaria donde también participa ATTAC, aquí en Toledo a través de la Asamblea de Parados se pusieron huertos comunitarios que funcionan bien, en Cuenca también hay un trabajo interesante de Ecologistas en Acción.

Háblanos de la renta básica, una de las propuestas estrella de ATTAC en este momento.

La renta básica tiene un doble sentido. A corto plazo, acabar con la pobreza extrema, garantizando que todo el mundo tenga un nivel de ingreso suficiente, algo completamente posible. Si se ha podido dedicar miles de millones a salvar a la banca, ¿por qué no podemos dedicarlo a evitar que la gente tenga que comer basura? Pero la renta básica es también una herramienta de transformación a largo plazo, de cambio, ya que si todo el mundo tiene unos ingresos garantizados la relación entre el capital y el trabajo cambia completamente, pues ya no tendríamos que trabajar sólo para subsistir, lo que supondría un cambio social importante.

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Cambios continuos en el equipo de dirección, acusaciones de manipulación y ninguneo por parte de los trabajadores e incluso una sentencia judicial en contra por una información “que no se ajustaba a la verdad” caracterizan el paisaje de la televisión pública castellano-manchega.

Las idas y venidas en el equipo directivo de la televisión pública son continuas. Según el Comité de Empresa de RTVCM, los trabajadores no conocen el organigrama del medio aunque lo han solicitado en repetidas ocasiones a Ignacio Villa, director de una televisión cuya redacción de informativos está, según los trabajadores, “totalmente desestructurada” desde que el supuestamente todavía director de Informativos, José Eduardo Medina, se marchó de vacaciones hace más de un mes y la actual directora adjunta, Victoria Vigón, asumiera sus funciones.

Los cambios en el organigrama de RTVCM han llegado al Consejo de Administración de la televisión pública, donde los representantes socialistas han pedido al director que confirme la veracidad o no de la salida del director financiero del Ente, Ramón Villaverde, y le han mostrado su “extrañeza” ante la evidencia de que los directivos de CMT y RCM que, nombrados por el propio Villa, apenas duran unos meses en sus cargos.

El vertido de Hiendelaencina y una sentencia sin ejecutar

Los consejeros del PSOE han preguntado también a Ignacio Villa si va a ejecutar la sentencia que obliga a CMT a rectificar informaciones sobre el vertido de gasoil que afectó al municipio guadalajareño de Hiendelaencina, y han expresado su “preocupación” ante el hecho de que los informativos de la televisión merezcan reproches judiciales.

Y es que RTVCM ha sido obligada por una sentencia judicial a rectificar las informaciones aparecidas tras el vertido en el municipio de Guadalajara. Según recoge el propio fallo, la televisión autonómica de Castilla-La Mancha dedicó una parte sustancial del informativo de las 14.00 horas del día 14 de noviembre pasado a estos hechos, “desplazando un equipo de reporteros, y tanto por estos como por la presentadora del programa se hicieron afirmaciones inexactas y que no se ajustaban a la verdad”. Además, el fallo agrega que se divulgó información “sin contrastar”, cuya emisión “causó un grave perjuicio” al alcalde.

Hace pocos días, el alcalde de Hiendelaencia, Mariano Escribano, ha solicitado al Juzgado de Sigüenza que obligue a RTVCM a rectificar la información, pues la televisión ha incumplido el plazo de tres días para emitir la rectificación que señaló este tribunal en sentencia dictada el pasado 20 de diciembre. Pese a que la televisión autonómica ha presentado recurso, éste no interfiere la ejecución de la sentencia.

Insultos a los trabajadores

La situación se está enrareciendo tanto que los trabajadores denuncian el “calvario” al que se ven sometidos, siendo blanco, en los últimos meses, “de insultos, amenazas y otras agresiones verbales” por parte de vecinos y ciudadanos descontentos con la Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha. Para ellos, es imprescindible diferenciar entre el trabajador de a pie y los que planifican cada día esta “manipulación irresponsable”.

Un Consejo de Informativos que vele por la pluralidad y la objetividad

Ayer mismo los seis representantes del PSOE en el Consejo de Administración de RTVCM se hicieron eco de una reivindicación histórica de los trabajadores y pidieron a los consejeros del PP y al director general del Ente Público, Ignacio Villa, que apoyen la proposición de Ley presentada por el grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que, entre otras cosas, se pide la creación de un Consejo de Informativos que vele por la independencia de los profesionales y la pluralidad y objetividad en las informaciones de la Radio Televisión públicas de la región.

El paro ha bajado en Castilla-La Mancha en 10.400 personas en un año y la tasa de paro de nuestra región se sitúa en el 29,16%, descendiendo levemente con respecto al 30,02% de hace un año, pero un análisis reposado de las cifras de la Encuesta de Población Activa del INE, “sin triunfalismos”, como dijo ayer la Presidenta regional, María Dolores de Cospedal, no llevan precisamente al optimismo.

A poco de llegar el PP al poder, en Castilla-La Mancha había 230.800 parados (datos de la EPA del tercer trimestre de 2011), es decir, 55.300 parados menos que en la actualidad. En esas mismas fechas la tasa de paro se situaba en el 23,01%, más baja que el 29,16% que, por cierto, también se sitúa por encima de la media nacional: 26,03%. Por último, el número de personas con empleo en esas fechas era de 772.000, 77.100 más que en la actualidad.

La portavoz de Agricultura y Medio Ambiente del PP, Carolina Hernández, señalaba poco después de conocerse los datos de la EPA, que son “especialmente buenos” para Castilla-La Mancha y “no hacen sino ratificar lo acertado de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de María Dolores Cospedal”. Pero también hay otros factores, que ayudan.

Por ejemplo, la población en Castilla-La Mancha ha descendido en un año en 21.900 personas, situándose en la actualidad en 2.001.800. Hace cuatro años vivían en nuestra comunidad 33.100 personas más. Si hablamos de población joven, entre los 16 y los 34 años, el descenso ha sido de 25.200 personas en un año. Es decir, la población, además de descender, envejece.

Esto afecta a la población activa, es decir, la que está en búsqueda de empleo, que se sitúa en 981.000 personas y desciende 6.700 personas en un año.

La precariedad también aumenta: el número de contratos indefinidos en Castilla-La Mancha se sitúa en 417.600, la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2009.

CCOO: Un panorama laboral y social muy preocupante

La secretaria de Empleo de CCOO CLM, Lola Santillana, ha señalado que “el paro se cronifica y se extiende la pobreza”. “En esta situación, CCOO reclama una renta mínima garantizada que dé cobertura a quienes lo necesiten, que son cada vez más, y sistemas públicos de servicios esenciales que palien las desigualdades sociales”.

El Banco de España decidió el martes vender la Caja Rural de Mota del Cuervo (Cuenca) a Globalcaja por 1.275.000 euros utilizando la vía más urgente que le permitía la ley 9/2012 de reestructuración de entidades de crédito. Esta venta se produce tras el rechazo de la asamblea de la caja conquense a fusionarse con Globalcaja.

El Consejo Rector de Caja Rural de Mota del Cuervo había dimitido el pasado 29 de diciembre al rechazar la asamblea de la caja su propuesta de integración en Globalcaja, la unión de las cajas rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. El rechazo a la propuesta de acuerdo con Globalcaja fue mayoritario: 579 socios votaron en contra de ella, 99 a favor y 6 en blanco. La Asamblea se reafirmaba así en su decisión de defender su autonomía y solicitaba al Banco de España alternativas y soluciones locales.

Según el Banco de España, sus servicios de inspección detectaron una situación de “inviabilidad” en la última inspección realizada a la entidad, en el pasado mes de diciembre. La inspección del Banco de España constató un incumplimiento significativo de los coeficientes de recursos propios y de capital principal y un deterioro patrimonial que suponía un riesgo apreciable de que la entidad no pudiera hacer frente a sus obligaciones en un futuro próximo. Una situación que, a juicio del supervisor bancario, no era “razonablemente previsible” que la entidad fuera capaz de revertir.

Falta de información y transparencia

Desde la Plataforma en Defensa de las Cajas Rurales Locales de Castilla-La Mancha, Ángel Luis Castellano, califica la decisión del Banco de España de “atentado contra la soberanía democrática” de la asamblea de la caja y llama la atención sobre la rapidez con que se ha producido el proceso, antes de que el próximo 26 de enero se eligiese al nuevo Consejo Rector de la caja.

Castellano ha confirmado a eldiario.es Castilla-La Mancha que seguirán exigiendo aclaraciones y responsabilidades de por qué se ha llegado a esta situación, “cuando el balance de la Caja Rural de Mota del Cuervo a 31 de diciembre de 2012 estaba en situación similar o mejor que el resto de cajas rurales de toda España”. Desde la plataforma se preguntan también por qué el nivel de morosidad, que fue una de las causas que motivó la inspección, ha aumentado exponencialmente en un año.

Los miembros de la plataforma se quejan también de falta de información y transparencia en un proceso en el que les resulta incomprensible por qué el Banco de España ha optado por la opción más drástica, “cuando también podía haber optado por una actuación más temprana para solucionar el problema o una reestructuración, aportando capital público al igual que ha sucedido con otras entidades financieras en España. ”El problema es que es incómodo para el modelo de sistema financiero que se está implantando a nivel estatal el que haya por ahí cajas de este calibre“

Ángel Luis Castellano ha afirmado también que aunque ya no sean socios de la caja, la plataforma seguirá luchando para revertir esta situación y exigiendo responsabilidades “desde al propio órgano interventor, a las empresas que han venido realizando auditorías, al consejo Rector y al asesor jurídico de la caja, que es diputado nacional del PP”.

Desde la plataforma, que se define como “plural política e ideológicamente”, han recordado la importancia de una caja rural como la de Mota del Cuervo, que “forma parte y nace de una cooperativa de crédito agrícola que al final se convierte en una entidad de crédito pero que ha jugado un papel fundamental para el desarrollo económico, social y cultural del municipio”.

Con información de Lourdes Cifuentes.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho público a finales de diciembre el anuncio de licitación para la concesión de uso privativo de dos parcelas en el barrio de El Quiñón de Seseña (Toledo) para la construcción y gestión de un centro docente, es decir, la cesión de dos parcelas municipales para la construcción y gestión de un colegio concertado.

Está previsto que el centro tenga 9 unidades de segundo ciclo de Educación Infantil, 18 de Educación Primaria y 12 de Educación Secundaria Obligatoria, con lo que el centro acogería a algo más de 1.000 alumnos. En la actualidad, ningún centro de Seseña, una población de algo más de 20.000 habitantes, cuenta con tal número de alumnos.

Según ha podido saber eldiarioclm.es, la dimensión del nuevo centro, que se ubicaría en el barrio donde se sitúa el polémico residencial Francisco Hernando, sería similar a la de los colegios Infantes y Maristas en Toledo y San José y Señora del Prado en Ciudad Real. En el resto de provincias castellanomanchegas no hay centros concertados tan grandes.

La construcción de este nuevo centro parece ser una nueva muestra de la apuesta del Gobierno de María Dolores de Cospedal por la educación privada, en un contexto en que los presupuestos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte han bajado de 1.624 millones en 2012 a 1.460 en 2014.

Los presupuestos de Castilla-La Mancha 2014 contemplan un recorte de 3,4 millones de euros en transporte escolar, que llegará así a menos alumnos y de 7 millones en gastos para el funcionamiento de los centros, muchos de los cuales pasan por auténticas dificultades para poder poner la calefacción o hacer fotocopias. Resulta cuando menos llamativo, que el gobierno del PP, que dice apoyar “la educación sin apellidos”, suba la partida destinada a los conciertos educativos, que se incrementan en 5,45 millones de euros. Mientras, la partida destinada a inversiones, es decir, a construcción y equipamiento de centros educativos, ha bajado un 37% desde 2012, pasando de 44,8 millones a 17,6 millones.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Seseña, Luis Domínguez, ha criticado la construcción de este centro, preguntándose “a qué empresa en este país se le entrega el suelo para poner en marcha un negocio y se le garantiza la clientela”. No hay que olvidar, que la concesión del concierto a la empresa adjudicataria es por 50 años. Desde el PSOE también han recordado las dificultades que pueden tener las familias de Seseña, una localidad con un 32% de pago para costear la educación de sus hijos en un centro de este tipo.

Un caso, el del colegio de El Quiñón, que recuerda bastante a la estrategia que está siguiendo el PP en la Comunidad de Madrid, basada en el deterioro de la pública y la cesión de terrenos para fomentar la enseñanza concertada, que ni es universal, ni es gratuita. Además, en el caso de Madrid estas licitaciones las están ganando muchas veces empresas vinculadas a congregaciones religiosas, que, por ejemplo, segregan a los alumnos por sexo en sus centros.

¿Estará el PP exportando el modelo madrileño a Castilla-La Mancha?

Castilla-La Mancha ocupa el último lugar de España en cuanto al número de personas con estudios de tercer grado, es decir, universitarios. Lo dice el INE, que en su último Censo de Población y Vivienda, hecho público hace unas semanas y que recoge datos de 2011, señala que el porcentaje de personas con estudios universitarios en nuestra región es del 11,8%.

No podemos negar que ha habido una evolución, como en el resto de comunidades autónomas, pues en 2001, el porcentaje era del 7,9%, pero diez años después seguimos a la cola.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha librado en los últimos compases de 2013 una batalla con la Junta de Comunidades para conseguir la financiación que consideraban necesaria y que según el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, tenían prometida. Según señala la universidad en un comunicado, al final se ha conseguido aumentar de 103 millones de euros a 105,69, aunque la cifra queda lejos de los 120 millones que según el rector se necesitaban para garantizar el funcionamiento de la universidad este año. Según el comunicado, la Junta se compromete a garantizar esta financiación en el año 2015.

El acuerdo está ahí, aunque no es descabellado poner en duda el apoyo de este gobierno a la institución que garantiza el servicio público de la enseñanza superior en nuestra comunidad si nos fijamos en algunas cifras de la campaña #uclmimprescindible, impulsada por la propia universidad:

Pero el problema no es sólo de financiación de la universidad. Muchos estudiantes están teniendo ya problemas para pagar sus matrículas, otros reciben ayuda para pagarlas pero no la obtienen para la residencia, con lo que tampoco tienen fácil poder estudiar, todo ello producto de la modificación de las condiciones del Ministerio de Educación y Cultura para optar a las becas para poder cursar estudios universitarios.

Familias casi asfixiadas para poder pagar unas tasas cada vez más elevadas para que sus hijos vayan a la universidad, reducción de las becas, universidades con la financiación limitada... El panorama no pinta nada bien para que se pueda garantizar el acceso de la población al derecho a la educación y para que en nuestra comunidad se pueda seguir formando a profesionales cualificados que aporten valor añadido a una sociedad que lo necesita.

La existencia de una información libre y de calidad es un pilar fundamental de cualquier democracia y los medios públicos deberían jugar un papel fundamental a la hora de transmitir esa información a la ciudadanía para que pueda participar en el juego democrático.

Pero los medios públicos, especialmente las televisiones, están siendo objeto de los mismos ataques que están sufriendo otros servicios sociales básicos, como la educación y la sanidad. Tenemos los recientes ejemplos de RTVV y de Telemadrid, que podría también desaparecer si finalmente se declara nulo el ERE realizado por el Gobierno de Ignacio González.

Aunque antes de cerrarlos hay que exprimirles todo su jugo como instrumentos de propaganda del gobierno de turno. Es lo que viene denunciando desde hace tiempo el Comité de Empresa de la radiotelevisión pública de Castilla - La Mancha, RTVCM.

Uno de los últimos ejemplos lo tuvimos con la información relativa a la cobertura de la sentencia que absolvía a Luis Bárcenas de la demanda interpuesta por la Presidenta de Castilla - La Mancha, María Dolores de Cospedal. Los trabajadores denunciaron que la noticia no se hizo pública en el informativo del mediodía, a pesar de que la información se conoció antes de las 14:00 h. Ya en el informativo de la noche, se tituló “El juez reconoce las injurias del preso Bárcenas” y en “La Tertulia del Mirador” el titular fue “El juez da la razón a Cospedal”. Como señalan los trabajadores de la radiotelevisión pública, estos titulares contrastan bastante con los ofrecidos por otros medios de comunicación, muchos de ellos, afines al PP.

Según el Comité de Empresa de RTVCM las informaciones a las que nos estamos refiriendo no fueron elaboradas por periodistas de la redacción de informativos, sino por los sub-directores adjuntos, cargos de libre designación, entre los que por cierto se han producido también bastantes cambios desde que cambió la dirección general del ente público. Según datos de los trabajadores, en dos años se han producido más de veinte nombramientos, ceses y recolocaciones en la dirección y presentación de los informativos, a los que hay que sumar la decena de coordinadores de departamento y delegados de los centros territoriales, que han sido cesados, sustituidos o despedidos.

Acusaciones de manipulación, partidismo y sensacionalismo, como las que se produjeron cuando se ilustró la información de un asesinato machista con imágenes de una picadora de carne, hacen pensar que objetividad, veracidad e imparcialidad parecen ser términos olvidados por la dirección de la televisión castellano - manchega.

Da la impresión de que María Dolores de Cospedal se está construyendo una televisión a medida en nuestra comunidad y que tiene intención de hacerlo también, por qué no, en la televisión estatal. Como muestra esta información aparecida en www.prnoticias.com, donde se da cuenta del posible interés de la Secretaria General del PP por sustituir a Julio Somoano, hombre de Soraya Sáez de Santamaría, al frente de la dirección de informativos de RTVE, por “blando” y porque “ha dejado que la redacción se haga con el mando de los informativos”.