Duro discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la apertura de la Asamblea Plenaria del episcopado, la última antes de la visita del papa León XIV. En sus palabras, Argüello arremetió contra el Gobierno, al acusarle de “intervenir” la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios. Y es que, para el arzobispo de Valladolid, el Ejecutivo socialista “tiene una mirada selectiva sobre las víctimas” de la pederastia, y “un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil”.

“El Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas 'confesionales' en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales. Tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas”, denunció el presidente de la CEE, quien lamentó la voluntad del Gobierno “de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción”, así como “asegurar el control sobre los medios de comunicación”.

Aunque Argüello renovó su “compromiso de colaboración respetuosa y crítica con el Gobierno y los gobiernos”, lamentó que pese a haber negociado “en estos meses de inmigración, de vivienda, de educación”, el “interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)”. “Es justo reconocer la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa”, concedió. Un viaje que tendrá lugar los día 6 a 12 de junio.

Antes del mismo, los obispos necesitan solucionar un conflicto enquistado, el del Valle. “Quiero, desde aquí, invitar al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro”, apuntó al final de su discurso Argüello, en una apelación al acuerdo inédita, pues la Conferencia Episcopal se había mantenido, hasta ahora, al margen, dejando la negociación primero al cardenal de Madrid, José Cobo, quien asumió el acuerdo alcanzado entre el ministro Bolaños y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, tal y como adelantó en primicia elDiario.es hace ya un año.

Un acuerdo que conllevó la salida del prior Cantera y el aval eclesial a la resignificación de Cuelgamuros. Poco después, los monjes se bajaban del acuerdo y planteaban un recurso judicial, que está a la espera de ser admitido, rechazado, o retirado, con el consiguiente enfado del Ejecutivo, que llegó a plantearse regresar al 'punto de partida' (antes del acuerdo con el Vaticano), y expulsar a los monjes. Algo que nadie (ahora, sabemos, tampoco el presidente de los obispos) quiere que suceda. Según pudo saber elDiario.es, la retirada del recurso presentado por la Abadía ante el acuerdo Vaticano-Gobierno (respaldado por el arzobispo de Madrid), evitaría la salida de los monjes y mantendría sacralizado el complejo.

“¿Por qué han llegado a un acuerdo sobre la reparación integral de víctimas de abusos?”, se preguntó Argüello, destacando el trabajo llevado a cabo, desde hace años, por la CEE y CONFER, y anunciando un posible “decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer” (¿incluirá esto a Zornoza?). Tras admitir que la pederastia clerical “es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido”, Argüello defendió el acuerdo para abrir la vía del Defensor del Pueblo.

Con todo, “nos preocupa la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica”. Argüello fue especialmente crítico con las palabras de Bolaños, que citó textualmente (‘El Gobierno decide y la Iglesia paga’), y recalcó que la Iglesia “ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto”.

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El próximo 4 de julio, Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de su independencia. Con este motivo, el vicepresidente (y católico converso), J. D. Vance, invitó al Papa León a regresar a su país. Sin embargo, Robert Prevost tomó una decisión fundamental para entender la ‘guerra total’ que Donald Trump ha declarado al primer pontífice estadounidense: en lugar de acudir al acto en la Casa Blanca, León XIV anunció un viaje a Lampedusa, para poner énfasis, como ya hiciera Francisco, en la realidad de la migración. Algo que repetirá, por cierto, cuando viaje a Canarias el próximo mes de junio, y en lo que, como en tantas otras cosas, el actual Papa choca con la Administración republicana.

León dijo que no a Trump. En esa ocasión, y cuando el líder MAGA invitó formalmente a la Santa Sede a formar parte de la mal llamada ‘Junta de Paz’ para la llamada reconstrucción de Gaza, Prevost también se negó, desatando las iras del republicano, poco acostumbrado a que le den con la puerta en las narices. Y dos veces.

Pero, sin lugar a dudas, el momento que marcó el comienzo de una tensión diplomática entre EEUU y el Vaticano sucedió cuando Donald Trump anunció un ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, y en caso de no cumplirlo anunció que destruiría esa “civilización”.

Ese martes, a la salida de Castel Gandolfo, el Papa se detuvo ante los periodistas y declaró: “Hoy, como todos sabemos, se ha producido también esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable”. Y a partir de ahí se desataron las hostilidades, con León ‘rugiendo’ en contra de la violencia y las guerras injustas, y con Trump llamando “débil” al pontífice, invitándole a que se ocupara de ejercer como Papa “y no como político” y asumiendo que le debía poco menos que la elección papal.

No se quedó callado Prevost, como tal vez la prudencia vaticana le pedía. En declaraciones a los periodistas durante el vuelo que lo llevaba a Argelia, el Papa aclaró: “No tengo miedo a la Administración Trump”, recordando que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”, y que él iba a seguir haciéndolo, “alto y claro”. Dicho y hecho. “El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos”, añadió León XIV en el viaje que está realizando al corazón de África, sin citar a Trump. No hacía falta.

El presidente de EEUU, lejos de torcer el brazo, continuó el pulso, subrayando que no tenía por qué disculparse con el Papa, reivindicando su derecho a no estar de acuerdo con él y criticando con dureza a aliados como Giorgia Meloni, que le había afeado sus ataques al pontífice. Mientras tanto, en la ultraderecha patria, pocos en el ‘católico’ Vox se han atrevido a criticar al líder republicano, poniéndose de perfil ante una polémica que parece, por primera vez, volvérsele en contra al presidente de los Estados Unidos. Incluso, dentro de su propio espacio.

Y es que, con todo, el mayor problema para Trump no es tanto su fijación con el Papa (Estados Unidos no es un país de mayoría católica –aunque el Papa tiene un grado de aceptación del 84%– sino evangélica), sino su obsesión por presentarse como una suerte de ‘reencarnación’ de Jesucristo. Así lo presentaron, en plena Semana Santa, su asesora espiritual, Paula White: “Señor presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado. Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado y arrestado, y falsamente acusado. (...) El tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro”, sostuvo la telepredicadora, quien sujeta la cabeza de Trump en la fotografía viral de decenas de pastores bendiciendo al presidente en el despacho Oval.

Esta misma semana, y tras su primera trifulca con Prevost, Trump colgó una imagen, elaborada con IA, en la que se le presentaba como Jesucristo sanando a los enfermos. Posteriormente, sin dar explicaciones, la imagen fue retirada por la Casa Blanca, y el presidente trató de argumentar que pensaba que había sido retratado como un médico, “y nosotros ayudamos mucho a la Cruz Roja”. Al día siguiente, en su red social, publicó otra imagen, en la que Cristo lo abrazaba.

“Trump ha medido mal, y no ha entendido que, para un evangélico, representarse como Cristo, los santos o la Virgen es poco menos que una blasfemia”, sostiene, en conversación con elDiario.es, un obispo español. “Trump se siente poco menos que un Mesías enviado para una misión divina, para la que es legítimo matar a civiles inocentes y cambiar el orden internacional, y eso es inaceptable para cualquier cristiano que lea el Evangelio”

Oficialmente, a preguntas de elDiario.es, la Conferencia Episcopal se remite a las declaraciones que efectuó su presidente, Luis Argüello, en un debate junto a Cayetana Álvarez de Toledo, en las que lamentaba las “actitudes totalitarias” de Trump, llegando a tildarle de “anticristo”.

Massimo Faggioli: "(El de Trump) es una forma de liderazgo político que solo funciona en Estados Unidos cuando está vinculada a la religión, y han optado por la forma más extrema: ver a Trump como una especie de mesías, un salvador de la nación y la civilización"

Por su parte, Massimo Faggioli, historiador del catolicismo y profesor del Trinity College de Dublín, sostiene la relevancia del ‘factor católico’ en EEUU. Para Faggioli, el de Trump “es una forma de liderazgo político que solo funciona en Estados Unidos cuando está vinculada a la religión, y han optado por la forma más extrema: ver a Trump como una especie de mesías, un salvador de la nación y la civilización. Pero no comprenden que el Vaticano siempre ha visto con recelo a cualquiera que se presente en estos términos. En su primer mandato, este aspecto era menos visible. En el segundo, es mucho más evidente: se está construyendo una narrativa religiosa en torno a Trump, lo cual, para los católicos, resulta problemático”.

“El catolicismo se ha convertido verdaderamente en un elemento central, mucho más que los evangélicos y protestantes, quienes en gran medida permanecen como meros espectadores”, subraya el experto, quien añade que “lo paradójico, además de históricamente singular, es que haya un Papa estadounidense llamado a afrontar esta crisis de la civilización. Esto plantea muchas preguntas y demuestra cómo este pontificado está llamado a navegar por aguas que nadie había previsto tan turbulentas, y tan pronto”.

Fernando Vidal, sociólogo: "Al ser León XIV un Papa estadounidense, se produce una legitimidad absoluta para sus palabras, que tienen un alcance enorme en la conciencia estadounidense”

Para el sociólogo de Comillas Fernando Vidal, el ‘daño’ que Prevost puede hacer a Trump tiene mucho que ver con el hecho de ser un Papa estadounidense. “La cultura estadounidense es muy cerrada, muy ‘provinciana’ y desconsidera de una forma radical cualquier voz que no venga de la propia interioridad de Estados Unidos. Cualquier Papa que hubiera sido de China, Australia, Japón, Europa, África o Latinoamérica (como fue el caso de Bergoglio), hubiera sido deslegitimado como una voz externa a Estados Unidos, que no entiende Estados Unidos, que siente envidia de Estados Unidos, que está en contra de que Estados Unidos sea más fuerte”.

Sin embargo, “en este caso, al ser León XIV un Papa estadounidense, se produce una legitimidad absoluta para sus palabras, que tienen un alcance enorme en la conciencia estadounidense”. A esto hay que sumar, opina el experto, el “carácter prudente, contenido y educado” de Prevost, “la mayor impugnación posible para un Donald Trump que es todo lo contrario, un enemigo del mundo”.

¿Y los ultracatólicos españoles?

¿Afectará esto, también, a la visión que se tiene de Trump en la ultraderecha española? Fernando Vidal teme que no. Por varias razones: “Por una parte, la revolución ultraderechista en todos los países, y también en España, pretende el monopolio de lo cristiano, y ha acabado por convertirse en una fuerza anti-eclesial y anti-católica”. De hecho, sostiene el sociólogo, “la radicalización de Donald Trump, junto con la conspiración permanente de Netanyahu contra la Iglesia Católica y el apoyo que expresamente han recibido tanto del presidente de Estados Unidos como de Rusia y como de Israel, convierten a Vox en una fuerza antipatriótica en España y, desde luego, profundamente anti-eclesial”.

Eso se manifiesta en “el nulo respeto a sus pastores” (recordemos cómo Abascal llamaba a Francisco ‘ciudadano Bergoglio’ o, cómo más recientemente, acusaba a los obispos de llegar a acuerdos con el Gobierno para “tapar” los escándalos de pederastia) y en las “intimidaciones continuas”, que en los casos más extremos llegaron al escrache a los obispos tras el acuerdo para la resignificación de Cuelgamuros. Y es que, para la ultraderecha ‘católica’ española, Trump sí es más papista que el Papa.

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“Ley de imprescriptibilidad ya”. Leonor Paqué, periodista y víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, ha recorrido en los últimos años más de 20.000 kilómetros entrevistando a supervivientes como ella para el documental 'Hermana Leonor'. Y sabe bien lo que sucede en muchos casos. El miedo, la ira, la frustración, el bloqueo a la realidad. “Personas que se recriminan dolorosamente haber bloqueado en sus mentes durante décadas, las agresiones sufridas”, explica. Por esto, y por muchas otras cosas, asociaciones de víctimas se concentrarán este jueves, a las 11 de la mañana, ante la sede nacional del PP (Génova 13) para exigir al principal partido de la oposición “que apoye la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia”, un barco del que, tal y como denuncia el activista Miguel Hurtado, “el PP se ha bajado”.

“Las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos”, subraya Paqué. Por su parte, Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, apunta a que el momento es ahora, antes de la llegada de León XIV a nuestro país. “Antes de la visita del Papa el Congreso va a aprobar una ampliación de los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Hay 310 votos a favor, o había, porque el PP ha dado un giro de 180 grados y ya no apoya la imprescriptibilidad, a pesar de que votaron a favor de la medida en el parlamento europeo en junio 2025”, señala. “Mañana les vamos a pedir que rectifiquen”.

La concentración también apuntará a que la próxima semana se convoca en la comisión de justicia del Congreso la ponencia de la ley de imprescriptibilidad promovida por el Parlament de Catalunya. El PP ha presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual, pero las víctimas alertan que la ley que se apruebe “puede ser descafeinada porque el PP no apoya la imprescriptibilidad”, como sí hacen todos los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC, Bildu). “Todos los partidos de derecha (Vox, PP, PNV), excepto Junts, se oponen. Es imprescindible que el PP actúe de forma coherente y responsable, votando y defendiendo la misma postura tanto en el Parlamento europeo en Bruselas como en el Congreso en Madrid”, sostiene Hurtado.

“Las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos al PP que se comporte como un partido serio y responsable, votando y defendiendo lo mismo en Madrid y en Bruselas”, reclama Hurtado, quien pide “un gran pacto de estado entre el PSOE y el PP, para luchar contra la violencia sexual en la infancia, tanto en la Iglesia como en otros ámbitos de la sociedad”.

“La reciente negativa del Vaticano a enjuiciar canónicamente al exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza demuestra la urgente necesidad de aprobar una ley de imprescriptibilidad ambiciosa, homologable a otros estados europeos, para que los delitos de pederastia clerical los pueda juzgar la justicia civil y no la Iglesia internamente”, culmina Hurtado. “¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!”.

Todo ello mientras que desde este 15 de abril, las víctimas de la pederastia clerical que así lo deseen podrán acceder al formulario de 'Solicitud para el Reconocimiento y Reparación de las víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica', desde ya disponible, y activo, en la web del Ministerio de Justicia. Una nueva fórmula, en la que la decisión final de la indemnización correrá a cargo del Estado. Con importantes novedades.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, las víctimas podrán optar, y así lo recoge el formulario, por una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y, también, y por vez primera, el documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Una medida que se ha conseguido, gracias en gran medida a la presión de ANIR y Justice Initiative, y que debería permitir que, incluso, casos con sentencia firme (como el de la víctima del 'caso Gaztelueta'), presentasen el formulario pidiendo única y exclusivamente dicho documento. “Porque tiene derecho a él”, señala a elDiario.es Juan Cuatrecasas.

¿Qué significa este reconocimiento? A efectos civiles, muchas cosas, especialmente en lo tocante a pensiones por invalidez o jubilación. “¿Qué se aprueba a través de la LOPIDI o de cualquier otro organismo una medida para que las víctimas no hayan podido cotizar porque han estado excluidas del mercado laboral puedan tener un reconocimiento para jubilarse? Acreditando ese documento no deberían hacer falta dar más pasos”, apunta Cuatrecasas. “Cualquier medida que se apruebe a partir de ahora que implemente derecho, con este documento puedes tener acceso”, aseveran las asociaciones de víctimas.

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Un día después del escándalo, y al rebufo de los apoyos recibidos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (a los 'católicos' de Vox no se les espera), el presidente de la Conferencia Episcopal española, Luis Argüello, ha salido en defensa del Papa León XIV frente al “ataque burdo” de Donald Trump, a quien con cierta sorna calificó de “anticristo”.

Trump acusó al Papa de ser “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le insta a “dejar de complacer a la izquierda radical”. “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, añadió Trump. “No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia”, respondió León XIV.

En declaraciones a los medios tras un debate con la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, organizado por la Fundación Pablo VI, Argüello subrayó su “comunión y apoyo al Papa” saliendo al paso de “ataques tan burdos” como el del presidente de los Estados Unidos. “En nombre de la Iglesia en España, de cada una de sus diócesis, de las realidades de todo tipo de la Iglesia en España, doy nuestro apoyo al Papa en su búsqueda de caminos de diálogo, de justicia, que hagan posible la paz”, según recoge Europa Press.

Cuestionado por la imagen en la que Trump se presentaba como Jesucristo, Argüello se preguntó: “¿Cristo o Anticristo?”, lamentando que “hoy a veces el Cesar parece querer presentarse como Dios, con actitudes totalitarias”.

Antes de Argüello, lo cierto es que solo tres obispos españoles habían salido a la esfera pública para apoyar al pontífice, de visita en Argelia estos días. El de Sant Feliú, el dominico Xabier Gómez; el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo; y el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien se mostró muy crítico contra Trump en su espacio 'Sexto Continente' de Radio María. “Las palabras profundísimas del Papa han molestado a la fiera como el agua bendita a la niña del exorcista”, subrayó el prelado, ubicado ideológicamente a la derecha política, pero muy contundente contra el apoyo del líder MAGA tanto al genocidio de Gaza como a los ataques contra Irán.

“Hemos tocado el trigémino al hombre que se cree el más poderoso del mundo”, constata Munilla, quien lamenta cómo “la droga del poder, de pretender ser el dueño del mundo es muy seductora”, y denuncia el “delirio de omnipotencia” de Trump.

Junto a ello, Munilla confía en que esta polémica “decante definitivamente los corazones de muchos católicos que han estado coqueteando con las ideologías y defendiendo que lo que hace Trump es un bien al mundo”, algo que seguramente no hará la ultraderecha 'católica' española, encerrada en un enigmático silencio desde ayer. “Yo confío en que este ataque a cara descubierta decante los corazones de muchos católicos en el tema de dejarse de tonterías”, señaló.

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El cierre en falso del ‘caso Zornoza’ por parte del dicasterio de Doctrina de la Fe ha causado una profunda decepción, tanto entre las víctimas como en buena parte de los implicados en la investigación inicial, que declaró “verosímiles” las acusaciones de abusos contra Rafael Zornoza, el ex obispo de Cádiz y Ceuta cuando era rector del Seminario de Getafe.

Un ‘tecnicismo jurídico’ –echar mano del anterior Código de Derecho Canónico, en el que se apuntaba a los 16 años como edad de la mayoría de edad ‘eclesiástica’– y las dudas sobre la edad que tendría la víctima en el momento en que comenzaron a producirse los hechos han servido al organismo vaticano para archivar el caso, y para declararse incompetente.

Todo ello pese a que la víctima asegura haber sido abusado desde que tenía 14 años, y que en el proceso llevado a cabo por el Tribunal de la Rota de Madrid hubo un testigo que aseguró haber visto al obispo salir de la cama del denunciante.

¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hacen tanto desde el interior de la Iglesia como en el entorno de la víctima, profundamente disgustada ante una resolución que todavía no le ha sido notificada. Una vez Doctrina de la Fe se ha declarado incompetente, se abren varias vías para evitar que el ex obispo defenestrado por León XIV acabe sus días sin el más mínimo castigo por unos abusos que en la resolución del Vaticano no se niegan: Roma se limita a declararse incompetente por prescripción.

La más sencilla, y por la que seguramente optará la víctima, será la de ponerse en manos del mecanismo abierto por el Ministerio de Justicia para aquellos casos prescritos en el ámbito civil. El nuevo protocolo, que entrará en vigor este 15 de abril, permitirá a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia reclamar una indemnización, más allá de las posibilidades abiertas por el plan PRIVA de la Conferencia Episcopal. En este caso, el Defensor del Pueblo podría instar a los obispos a una reparación económica para la víctima, aunque no podría actuar contra Zornoza.

Para ello, y una vez Doctrina de la Fe se declaró incompetente, la pelota está en el tejado de León XIV. Canonistas consultados por elDiario.es apuntan al menos a dos posibilidades de Prevost para que el primer escándalo que salpica a un obispo español por abusos a menores no quede como una muestra más del encubrimiento que, lamentablemente, ha sido moneda de curso común en la Iglesia de nuestro país.

En primer lugar, el Papa podría ordenar a la misma Doctrina de la Fe la reapertura del caso. No hay que olvidar que León XIV es soberano supremo del Estado vaticano, y que la normativa le permitiría reabrir un caso, como ya se hiciera en el caso de los abusos producidos en el ‘caso Gaztelueta’ (el colegio del Opus Dei cuyo profesor fue condenado en firme por pederastia, aunque ni la Iglesia ni la Obra procedieron a una reparación moral o una petición de perdón) o, más recientemente, en lo referido a los abusos presuntamente cometidos por el ex jesuita Marko Rupnik.

Aunque los casos haya prescrito, la legislación vaticana prevé su reapertura, si se dan las circunstancias, o así lo decide la máxima autoridad, esto es, el Papa.

En segundo lugar, si se confirma que Doctrina de la Fe no es competente, el Papa podría optar por traspasar el caso al dicasterio de los Obispos, que se encarga de administrar todo lo referente a los prelados, en ejercicio o eméritos. Aquí sí podría darse un proceso, con otras ramificaciones jurídicas, que concluyera con la inhabilitación (total o parcial) de Zornoza. Las sanciones podrían ir desde la prohibición de presidir misas en público o confesar, a dejar de ser considerado obispo. O, en los casos más graves, la ‘reducción’ al estado laical.

Sea como fuere, y más después de la resolución vaticana (que todavía no ha sido comunicada oficialmente a la víctima), lo más probable es que el denunciante se decante por confiar en los organismos públicos, y presente su denuncia ante el Ministerio de Justicia o el Defensor del Pueblo. Aunque ello suponga que Zornoza no fuera condenado por la Iglesia.

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“No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia”. León XIV respondió, del modo en que lo hacen los papas, a los ataques del presidente Donald Trump, quien acusó a Prevost de “ser débil con el crimen y terrible en política exterior”, y le exigió dejar de ser “un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Trump le acusó de ser “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le insta a “dejar de complacer a la izquierda radical”. “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, apunta Trump.

En unas breves declaraciones a los periodistas que le acompañan en el vuelo que esta mañana le ha llevado hasta Argelia, donde comienza una gira por el continente africano, León XIV ha sido claro: “No considero mi papel como el de un político, no soy un político, no quiero entrar en un debate con él”, refiriéndose al presidente.

“No creo que se deba abusar del mensaje del Evangelio como algunos están haciendo. Sigo hablando alto y claro contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas”, sostuvo Prevost, quien añadió que “hoy en día hay demasiada gente que sufre, se ha asesinado a demasiados inocentes y creo que alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor”.

“Siempre lanzo el mismo mensaje mismo: la paz. Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos acabar con las guerras y promover la paz y la reconciliación”, finalizó el pontífice, quien volvió a repetir que “no somos políticos, no miramos la política exterior con la misma perspectiva. Pero creemos en el mensaje del Evangelio como constructores de paz. La Iglesia tiene la obligación moral de ir en contra de la guerra”.

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El exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza, no será juzgado en el Vaticano por abusos a menores. Tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es, la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha archivado el caso al no haber podido determinar la edad de la víctima en el momento del presunto abuso cometido por el prelado.

Algo especialmente relevante en este caso, pues los presuntos abusos sucedieron mientras estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1983, por el que únicamente se consideraría delito en el caso de abusos a menores de 16 años. Aunque la víctima asegura que sus abusos comenzaron cuando tenía 14, este extremo no ha podido ser autentificado por los juristas vaticanos. 

Un “defecto formal” al que se ha agarrado la sección disciplinar de Doctrina de la Fe para no proseguir con el caso. Sin embargo, tal y como adelanta RD, varios canonistas han mostrado su perplejidad, pues cuando se aprobó en el 2001 la ley especial Sacramentorum Sanctitatis Tutela para tratar los delitos más graves, se dijo explícitamente que dicha normativa sustituía a la ley propia anterior de la Congregación, Crimen Sollicitationis, por lo que antes del 2001 se aplicaba esta última y no el Código de Derecho Canónico. 

¿Qué diferencia habría? El documento ‘Crimen sollicitationis’, publicado por el cardenal Ottaviani en 1962 como reforma de la anterior de 1922, establecía que los delitos sexuales reservados a la Santa Sede no prescribían ni había límites de edad si trataba de relaciones sexuales con varones (crimen pessimum). El Código señalaba como límite de edad los 16 años y la prescripción a los cinco años. 

Sea como fuere, lo cierto es que, con este matiz legal, el prelado no será objeto de sanciones. No se entrará, pues, a valorar la veracidad de los hechos (los obispos españoles sí admitieron su “verosimilitud”), sino que se ha buscado una argucia legal. Muy alejada de la transparencia tan cacareada por la Santa Sede.

En la carta que motivó la investigación, la víctimaba acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

Zornoza sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu. El exobispo, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira”.

“No puedo bajar la guardia. Hay partes que siguen siendo oscuras y que me ponen en alerta como víctima que lleva décadas luchando por un sitio en la sociedad, por el simple derecho a que se nos reconozca y se nos otorgue, de una vez por todas, nuestro estatus de víctima”. Como A. uno de los supervivientes de la pederastia clerical ya compensado por el plan PRIVA y que tiene intención de apelar ante el Defensor del Pueblo cuando a partir del 15 de abril se ponga en marcha el protocolo firmado la pasada semana entre obispos y Gobierno, muchas víctimas recelan, no sin razón, de la letra pequeña del acuerdo.

Un acuerdo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicará en persona a las asociaciones de víctimas, quienes a su vez le plantearán las dudas de un nuevo sistema que, pese a estar firmado, “continúa dependiendo de la ‘buena voluntad’ de los obispos”, explica A.

Y es que, tal y como sostiene esta víctima, “tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo deben ser valientes, dar la cara y aclarar cada uno de nuestros miedos”, que no son pocos. “No podemos permitirnos más sombras ni medias verdades: para opacidad, indiferencia, falta de claridad y revictimización ya hemos tenido suficiente con la Conferencia Episcopal y la actitud de su presidente, el señor Argüello. Merecemos una transparencia y un respeto que estén a la altura del dolor que hemos cargado durante toda una vida”, constata.

Conocedor de esta realidad, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha convocado a las principales asociaciones de víctimas para explicarles los términos del acuerdo, escuchar sus reivindicaciones y colocarles en el lugar donde nunca debieron dejar de estar: el centro.

Desde Justice Initiative y la Asociación Infancia Robada, por su parte, consideran el encuentro con Bolaños la “antesala” de la puesta en funcionamiento de un protocolo “basado en un compromiso ineludible de las partes firmantes en reconocer y reparar a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica”.

En conversación con elDiario.es, sus representantes dan especial relevancia al consenso logrado, que les lleva a calificar el acuerdo y posterior protocolo como “hitos históricos”.

Aun así, y aunque muestran su “confianza plena” tanto en el Defensor del Pueblo como en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Libertades Religiosas. Estas asociaciones muestran sus dudas por la ausencia de baremos. “No hay posible indemnización contemplando solo criterios. Los baremos son inexcusables”, apuntan, incidiendo en la importancia del compromiso en la indemnización, el reconocimiento y la reparación integral que, esperan, “puedan tener prolongación en otros ámbitos de la sociedad” más allá de la Iglesia.

En lo que sí coinciden todas las víctimas es en valorar la independencia de la decisión final que, en el caso de desacuerdo entre las partes, tendrá el Defensor del Pueblo. También, en lo “histórico” de que las víctimas tengan voz en la mesa, y en el reconocimiento explícito de que la reparación debe cubrir no solo el acto en sí, sino el daño a la dignidad, el sufrimiento emocional y la “pérdida de oportunidades” educativas o laborales.

“El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”

Entre los puntos oscuros del protocolo, varias víctimas lamentan que sólo se abra la ventana de un año (prorrogable a otro). Y, sobre todo, no terminan de fiarse de que la Iglesia cumpla con lo pactado, y se considere obligada a “pagar de más” si el Defensor así lo dictamina, frente a la valoración del plan PRIVA. “El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”, cuestiona A., quien recuerda el ejemplo irlandés.

¿Y qué pasó en Irlanda? En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco.  Esto no sucederá en España, pues no existe en el protocolo la creación de un fondo de garantía estatal. “Corremos el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor”.

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Ha tardado años en ponerse a la tarea de recordar, de ponerse en la piel de otros que durante décadas sufrieron la represión por ser pobres o hijos de perdedores de la Guerra Civil a manos de colegios de la Iglesia católica. En ‘La mala memoria’ (El Mono Libre), Jesús Pozo traza una historia de poder, adoctrinamiento e injusticia, poniendo voz a los testimonios de personas silenciadas durante años.

Como Amelia, Nati o Ana, condenadas por el “pecado” de ser pobres. O Pino, o Juana, castigadas por ser “hijas de rojos”. O “el niño sin identificar, cuyos restos estaban al fondo de otra fosa en Víznar (Granada), con un tiro en la cabeza, junto a su lapicero y su goma de borrar”, al que este veterano periodista dedica su investigación. Con un prólogo (imprescindible) de Nieves Concostrina y un epílogo (no menos conseguido) de Carlos Santos.

¿Por qué este libro?

Surge porque la editora quería rescatar testimonios de víctimas del franquismo y de los colegios de la Iglesia, y yo quería contarlo aunque, lo confieso, mi experiencia personal no era esa. Yo pertenecí a esa ‘élite’ que pudo estudiar en las jesuitinas y La Salle, sin pertenecer a la clase baja, al menos hasta que a mi padre lo arruinaron. Yo no sufrí como ellos, sobre todo como ellas, aunque sí sabía algunas cosas que pasaban.

¿Es posible hacer memoria de la Iglesia de aquellos años?

Es posible y necesario. Porque las niñas de las que hablamos en el libro no eran niñas malas, eran niñas pobres o humildes. Y, sobre todo, eran niñas de los perdedores. En este sentido, este libro es un acordeón. Va de los ejemplos a los temas clave, desde la clase de Religión al negocio de la Semana Santa, las cofradías y las universidades.

Afirmas que la Iglesia y el Estado, durante el Franquismo, mantuvieron una unidad de acción…

La Iglesia es la ideóloga del Franquismo. No olvidemos el papel de los cardenales Segura y Gomá o de Herrera Oria. Ante ellos, reivindico la reacción de los ‘curas rojos’, que no es que fueran comunistas, es que seguían siendo fieles y honestos con sus creencias. Esto pasa en la Iglesia y en la política. Por eso es tan importante que haya conservadores que no sean fanáticos. En la izquierda pasa lo mismo.

Y, sin embargo, parece que, parafraseando el título de tu libro, en España tenemos muy mala memoria.

La educación la han controlado ellos. No se nos ha enseñado el período de Alfonso XIII o la República, el Golpe de Estado ni la Guerra Civil. Y vemos a muy pocos, pero haciendo mucho ruido, que vuelven a cantar el 'Cara al Sol'. Hacen mucho ruido, pero son menos.

El libro es una defensa de la Institución Libre de Enseñanza, a la que los ganadores de la Guerra defenestraron por otro modelo. Por eso es necesario reivindicar esa memoria. Porque hoy, incluso desde la izquierda, hay gente que lleva a sus hijos a colegios de la Iglesia, concertados, porque quiere un nivel de estatus, para que sus hijos pertenezcan a esa élite privada. Tal vez porque no les hemos contado bien que esos mismos colegios son fruto del nacionalcatolicismo y de la unión estrecha entre la Iglesia y el Estado, y además suponen un inmenso negocio.

Porque no recordamos que no sólo la educación estuvo en manos de la Iglesia, también la información. Porque en todos los barrios de las ciudades hay una iglesia, y en ella unos confesionarios, con su confesor, que se entera de todo. Que lo sabía todo y que podía contar todo. La Iglesia católica es la mayor red de espionaje del mundo. Lo sabe todo y sabe exaltar el sufrimiento y el misterio. La Iglesia fue la gran beneficiada de la Transición. Y, en cambio, sigue sin salir a defender a la mujer.

Lo estamos viendo con el escándalo de la Semana Santa de Sagunt.

Ese es otro problema de fondo, el escandaloso papel en desigualdad que se le da a la mujer en la Iglesia y las justificaciones que se dan para atacar otras religiones. No quitamos los capirotes en la Semana Santa, vamos a quitarle el velo a las monjas, y salen diciendo que por qué no se los quitamos a las mujeres musulmanas.

¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado?

Sí. Por eso, en el título, el ‘mala’ es polisémico. Es malo que vuelvan esos tiempos y ha sido mala la memoria que hemos recibido. La Transición, por ejemplo, la hicieron los ganadores de la guerra. Se hizo una amnistía para solucionar la vida de los torturadores. Como dice mi amiga Esther López Barceló, la amnistía de la Transición fue el crimen perfecto porque los franquistas y fascistas quedaron impunes. Hoy seguimos sin exhumar las fosas de una manera decente y la Ley de Memoria Democrática se está cumpliendo a trancas y barrancas y con muchos palos en las ruedas.

A todo esto, en pocos meses León XIV visitará España…

Yo, en eso, quiero diferenciar ámbitos. Como jefe de un Estado, hay que recibirlo. Eso sí: cuando esté con su gente, con los católicos, los políticos deberían ausentarse. O dejar claro que no asisten como tales, sino como fieles. ¿Por qué, aún hoy, el alcalde, como alcalde de todos, tiene que ir detrás de un Cristo en una procesión? Me preocupa que se intente hacer de esta visita un acto propagandístico. Al menos, por lo que parece, este papa es más discreto.

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

“Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años”. Quien habla es el exobispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido el pasado 25 de noviembre y jubilado meses antes, después de que se destapara un caso de abusos en su diócesis, y se conociera que el prelado (cuya tumba podría visitar León XIV en su próximo viaje a España) había ocultado los hechos. Quien lo escucha, y lo graba, es Ciro Molina, víctima de la pederastia clerical, y que ha llevado la grabación a Fiscalía para intentar retomar un caso que fue cerrado tras el fallecimiento del prelado.

La grabación, a la que han tenido acceso El País, La Ser y Religión Digital, data del 19 de julio de 2024, y demuestra cómo, pese a saber de la denuncia hace años, el obispo decidió mirar hacia otro lado. Él mismo lo admite ante la víctima, aunque no pide perdón, sino que la justifica en la ‘provocación’ de los menores, y en la homosexualidad del clero. “El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales”, aduce Álvarez. Molina le responde. “Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual. El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología”.

El superviviente, que sufrió violencia sexual siendo niño por parte del entonces párroco de Tejina, Carmelo Hernández, ha pedido formalmente a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que abra diligencias de investigación, que escuche la grabación en la que el difunto obispo se refiere a los hechos denunciados y que le brinde asesoramiento y amparo.

El escrito supone un salto cualitativo. Ciro no solo recuerda los abusos sufridos en su temprana edad y las denuncias canónicas presentadas, sino que aporta como elemento central una grabación de la reunión que mantuvo con monseñor Álvarez. En la misma, el prelado llega a señalar la responsabilidad de obispos anteriores.

En su petición, Ciro pide a la Fiscalía que escuche el audio, abra diligencias de investigación, valore los hechos, le asesore y defienda en el marco del proceso. La Fiscalía ya ha acusado recibo del escrito, lo que abre la puerta a una posible investigación penal sobre unos hechos que, aunque en principio podrían estar prescritos, adquieren relevancia en el contexto de la revisión general del tratamiento judicial de los abusos sexuales a menores y de las responsabilidades institucionales derivadas.

Paralelamente a la labor de denuncia pública, Ciro decidió llevar su caso a Roma, remitiendo la documentación y la grabación a la comisión pontificia Tutela Minorum, organismo vaticano encargado de la protección de menores y del seguimiento de los abusos del clero, del que el denunciante espera respuesta.

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La Iglesia católica avala éticamente los trasplantes de órganos de animales a humanos para salvar a pacientes en listas de espera, según el documento “Perspectivas sobre el xenotrasplante” hecho público hoy por la Academia para la Vida, y presentado en rueda de prensa en el Vaticano. Además, avala la investigación científica llevada a cabo en personas con muerte cerebral.

En texto, de 90 páginas, revisa los antiguos postulados católicos sobre la materia, que databan de 2001, para ofrecer nuevas respuestas ante los recientes avances en ingeniería genética, especialmente los relacionados con los ensayos clínicos con órganos provenientes del cerdo. Así, el documento vaticano declara que “la teología católica no presenta impedimentos, de carácter religioso o ritual, para el uso de ningún animal como fuente de órganos, tejidos o células para trasplante en seres humanos”.

“El sacrificio de animales –añade el texto– solo se justifica si es necesario para lograr un beneficio importante para los seres humanos, como es el caso del xenotrasplante en humanos, incluso cuando esto implica experimentos con animales y/o su modificación genética”.

Con todo, la institución dependiente de la Santa Sede subraya la responsabilidad de la humanidad en el cuidado de la creación, exigiendo que la modificación del genoma animal evite el sufrimiento innecesario y respete la biodiversidad.“ La intervención humana en la naturaleza debe ser intencional, proporcionada y sostenible”, destaca la Academia Pontificia para la Vida.

En el documento, el Vaticano examina las variables éticas sobre la creación de híbridos entre especies, asegurando que la identidad genética y biológica fundamental del paciente receptor no se vea alterada de ninguna manera por el procedimiento.

La reflexión teológica subraya que el uso de cerdos genéticamente modificados se justifica por el imperativo de salvar vidas y no amenaza la identidad biológica o espiritual del receptor, pero requiere el cumplimiento de condiciones éticas, como garantizar que los costos de estos ensayos experimentales no comprometan la equidad en la asignación de recursos sanitarios.

El dictamen de la Academia para la Vida reconoce también la “legitimidad” de la investigación científica llevada a cabo en personas con muerte cerebral, una etapa en la que, desde una perspectiva católica, “no existe objeción alguna a la realización de estudios en individuos fallecidos como paso previo a los ensayos clínicos”. Sin embargo, sí ve necesaria una mayor reflexión ética y cultural sobre este modelo.

El estudio, encargado a un grupo de trabajo internacional, advierte de la necesidad de un “consentimiento informado” riguroso, haciendo hincapié en que el paciente debe ser consciente del riesgo de transmisión de infecciones animales y del seguimiento médico obligatorio de por vida después de la cirugía.

Junto a ello, el documento analiza otros temas, desde la clonación al control de las barreras inmunológicas, pasando por los riesgos de infección, hasta la responsabilidad antropológica de la humanidad hacia la creación.

“Concluimos este documento con la sincera esperanza de que el esfuerzo dedicado a este estudio por quienes participaron en él –científicos, médicos, juristas, teólogos y bioeticistas– represente una contribución concreta al debate sobre el importante tema del xenotrasplante”, finaliza la Academia Pontificia para la Vida.

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La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador que permitirá las indemnizaciones a las víctimas de abusos, un rechazo que provocó que no estuviera suscrito antes del encuentro del Papa con los Reyes de España. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del evento, el secretario de Estado, Pietro Parolin, aseguró “desconocer” que el acuerdo no se había rubricado, durante un encuentro mantenido en Roma con la delegación española. Varios obispos fueron informados de esta situación, tal y como ha podido confirmar este periódico.

La cuestión de los abusos, y la respuesta de la Iglesia a las víctimas, ha sido uno de los caballos de batalla de las relaciones Iglesia-Estado en los últimos meses, y fuente también de “incomprensiones” entre parte de la Iglesia española y la diplomacia de la Santa Sede. De hecho, y pese a que la Conferencia Episcopal Española (CEE) niega haber sido “forzada” por el Vaticano a llegar a un acuerdo para que las víctimas tuvieran voz, y voto, en la resolución de sus indemnizaciones, lo cierto es que, tal y como adelantó elDiario.es, la presión de Secretaría de Estado hizo posible que, el pasado 8 de enero, los obispos firmaran junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, un acuerdo que dotaría al Defensor del Pueblo de un mecanismo que, en caso de desacuerdo, podría arbitrar baremos de indemnizaciones que habrían de ser aceptadas por todas las partes.

En aquel momento, y tras la firma, Bolaños agradeció “al Vaticano su impulso imprescindible”, destacando el papel del cardenal Parolin, quien “ha impulsado la existencia de este acuerdo”. “Quiero agradecer a los dos papas y al cardenal Parolin su esfuerzo y trabajo (…). En los momentos de dificultad máxima, el Vaticano ha tomado partido”, añadió el ministro. Al día siguiente, 9 de enero, y tras una reunión con Secretaría de Estado, el cardenal Cobo anunciaba que León XIV visitaría España del 6 al 12 de junio.

De hecho, se esperaba que el itinerario definitivo de la visita papal, que ha de detallar la Santa Sede, hubiera sido publicado antes del encuentro de los Reyes con el Papa del pasado viernes, lo que no se produjo. La propia CEE organizó un briefing el pasado martes con medios de todo el mundo, donde se filtró la visita de León XIV a Montserrat, que no estaba anunciada en principio, así como otros detalles. El descontento de la Santa Sede podría llevar a que no se publicara el íter definitivo hasta después de Semana Santa.

Pese a los desacuerdos, todas las partes coinciden en que apenas restan “flecos” para la firma del convenio. El principal no es meramente el económico, sino la posibilidad de que las víctimas que ya han acudido al proceso de indemnización auspiciado por la Iglesia (el Plan PRIVA), y no estuvieran satisfechas, pudieran recurrir al modelo liderado por el Defensor del Pueblo, en una suerte de 'segunda instancia' jurídica para los casos no prescritos, algo a lo que, por el momento, se oponen los obispos.

Esta petición, una 'línea roja' para las asociaciones de víctimas, es lo que por el momento bloquea un acuerdo para cuya firma definitiva aún no hay fecha. Y, al menos oficialmente, no hay previstas reuniones esta semana, lo que impediría que el sistema pudiera implementarse antes de mediados de abril. La próxima semana es Semana Santa, y la siguiente, la de Pascua, es tradicionalmente una semana de 'vacaciones' para la Iglesia. Conscientes de ellos, las asociaciones de víctimas, reunidas este fin de semana online, acordaron, por unanimidad, ejercer presiones para tratar de arrancar de Iglesia y Gobierno el compromiso de una firma que no se dilate.

Las víctimas han asegurado a elDiario.es que “habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana”. De hecho, si esto no se produce, las asociaciones de víctimas han anunciado concentraciones de protesta ante las sedes de la Conferencia Episcopal española y la Nunciatura Apostólica. Algunas asociaciones, incluso, han instado al Papa a suspender su visita a España, al tiempo que exigen al Gobierno que apruebe sin demora el acuerdo, o que lo implemente “unilateralmente”.

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Este viernes, los Reyes fueron recibidos por León XIV, en una visita que tiene lugar tres meses antes del viaje del Papa a España. Felipe VI y Letizia acudieron acompañados, además de por la embajadora, Isabel Celáa, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien posteriormente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Bolaños llegó a Roma sin el esperado protocolo a tres bandas (Iglesia-Gobierno-Defensor del Pueblo) para la reparación integral de las víctimas de abusos, que diera continuidad al histórico acuerdo firmado el 8 de enero, un día antes de que se anunciara, por parte de la Iglesia española, el viaje del Papa. Todo, pese a que días antes se había filtrado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

¿Qué ocurrió? Básicamente, que los obispos se negaron a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical. Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas.

Este miércoles, tras dos reuniones, se supo que, aunque todas las partes aseguraban que el acuerdo se encontraba “muy avanzado”, de momento, no habría firma. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, cierto 'malestar' en el Ejecutivo ante las filtraciones a varios medios, dando por hecho la firma del acuerdo.

La segunda (y tal vez, la que explica el “retraso”, que no “desacuerdo”, en la firma), el empeño de los obispos en que el ministro Bolaños no fuera este viernes a Roma blandiendo un acuerdo, cuando aún se está a la espera de la confirmación definitiva del itinerario del viaje del Papa. Un tema no menor, pues el Vaticano ya ha mostrado su malestar con los errores de comunicación de la CEE, que ha llegado a filtrar buena parte del programa antes de que lo hiciera la Santa Sede, como es preceptivo.

No volver a indemnizar a las víctimas

La tercera, en la que las partes no logran ponerse de acuerdo, es la rotunda negativa de los obispos a incluir una petición, innegociable, por parte de las víctimas de abusos. ¿Cuál? Abrir la puerta para que aquellas víctimas que habían aceptado el dictamen del Plan PRIVA, pero no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida –hasta la fecha, la única vía de indemnización para los supervivientes– pudieran reclamar, en segunda instancia, ante la nueva herramienta, dirigida por el Defensor del Pueblo.

Para los obispos, resulta fundamental no dar la sensación de que el plan PRIVA se convierte únicamente en una primera instancia, dejando toda la responsabilidad final al dictamen del Defensor del Pueblo, como por otro lado refleja el acuerdo firmado el 8 de enero.

La última diferencia, esta no insalvable (de hecho, se había avanzado casi hasta el acuerdo), estaría en los baremos a utilizar, mucho más beneficiosos para las víctimas que los que actualmente maneja la Iglesia desde el plan PRIVA, y si éstos serían de obligado cumplimiento en el caso del procedimiento seguido por la Conferencia Episcopal. Tampoco hay diferencias en la exigencia de los supervivientes de tener voz y voto en el proceso, ni mucho menos en que las indemnizaciones no tributen a Hacienda. Y es que el dinero no es problema para una CEE que este año recibió 429 millones de euros a través de la ‘X’ en la Renta. Las previsiones más optimistas estiman que “en ningún caso” se superarían los diez millones de euros en indemnizaciones, habida cuenta de que el convenio afecta solo a los casos prescritos civilmente, y que una vez aprobado tendrá una duración de un año (ampliable a otro).

Las víctimas, hartas

Tras conocerse la falta de acuerdo, varias asociaciones de víctimas mostraron su profundo malestar ante la actitud de los obispos. “Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “esta próxima semana firmen el convenio, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”.

Por su parte, la Asociación Nacional Infancia Robada y la ONG Justice Initiative España pide al Vaticano “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”. En cuanto al Gobierno, y “dado que los plazos para el acuerdo [estaban estimados en un mes, desde el 8 de enero] y han sido rebasados, quizá debería actuar de forma unilateral”.

Una de las víctimas que pasó por el plan PRIVA, y aceptó la indemnización pese a considerarla “claramente insuficiente”, cree que es “imprescindible” que el convenio permita recurrir las reparaciones recibidas, si los baremos del Defensor del Pueblo son superiores, o si se estima que no se ha actuado con equidad. “Ahora mismo, las indemnizaciones son ‘lentejas’. O aceptas lo que te da la Iglesia, o te quedas sin nada. Algunos no tuvimos más remedio que aceptarlas, pero si ahora se abre otro camino, quiero tener el derecho de adherirme a él”, relata para elDiario.es.

Y es que, a la hora de firmar la conformidad con la propuesta del plan PRIVA, la víctima se encuentra con citas como la siguiente: “Con el pago de la citada cantidad con el concepto señalado, las partes dan por cerrado el proceso, se dan por saldadas y liquidadas, y reconocen no tener nada más que reclamarse entre ellas”.

“Esa redacción blinda a la Iglesia: convierte la reparación en un cierre total que impide reclamar en el futuro, incluso cuando la víctima no está conforme o cuando no ha existido una motivación desglosada y verificable”, señala este superviviente, que lamenta cómo “muchas víctimas llegan a PRIVA en situaciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad extrema. En ese contexto, ‘aceptar y firmar’ no siempre es una decisión libre, sino una necesidad”.

“Si el sistema aprovecha esa asimetría para imponer un cierre absoluto, el riesgo de mala fe y de revictimización institucional es evidente”, denuncia, mostrando su firmeza, y advirtiendo: “Si el convenio final nos excluye y nos deja como víctimas de segunda para ahorrarle costes a la Iglesia, estamos decididos a llevarlo por la vía jurídica e impugnar el acuerdo por vulnerar el principio de igualdad”.

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El Vaticano ocultó, durante décadas, miles de casos de pederastia clerical en los cinco continentes. Una dinámica que se mantuvo y que, pese a los cambios implementados por Benedicto XVI (cuya implicación en la ocultación, e incluso su protagonismo en algún caso, parece clara) y por Francisco, permanece en la actualidad en todo el mundo. En algunas ocasiones, como durante la Alemania de los años 30, instó a destruir toda la documentación para evitar que cayera en manos de los nazis y se utilizara para atacar a la Iglesia.

Esta es una de las principales revelaciones de una investigación internacional elaborada por cinco medios: El País (España), Boston Globe (EEUU), Correctiv (Alemania), Observador (Portugal) y Casa Macondo (Colombia), que han logrado bucear en los archivos del dicasterio de Doctrina de la Fe. O, al menos, en aquellos donde resulta muy difícil entrar. De hecho, tal y como relata El País, algunas fuentes señalan que existe un archivo aún más secreto que custodia los casos más graves y delicados. Muchos de ellos, como se recalca, sin número de registro de entrada. ¿Cuántos? Es imposible saberlo.

Y eso que, oficialmente, hasta 2001, no había obligación de remitir a Roma los casos, que llegaban a miles, coincidiendo con la investigación Spotlight. Antes, los que llegaban venían ocultos bajo otros asuntos, como dispensas sacerdotales, sin afrontar el problema.

Un problema del que, según la investigación, León XIV tuvo conocimiento en agosto de 2025, cuando Correctiv envió al Papa una serie de preguntas, junto a los documentos hallados. Según el relato, el pontífice las remitió a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, quien las envió a su vez al Dicasterio de Comunicación, que no contestó. El pasado 27 de enero, las preguntas le fueron entregadas de nuevo al Papa, esta vez en persona, cuando salía de Castel Gandolfo. Aún no ha respondido.

“Con todo, la llegada del nuevo Pontífice ofrece la oportunidad de un cambio de actitud del Vaticano, para dar el paso hacia una auténtica transparencia sobre todo lo que sabe y qué hay en sus archivos”, explica la investigación, que recalca que “León XIV ha mostrado en su trayectoria sensibilidad con las víctimas de la pederastia y ha apoyado el trabajo de los periodistas”. Todo ello bajo una premisa, que aloja una aparente contradicción: “En varios países, en aras de la verdad, la Iglesia ha asumido auditorías internas, pero el Vaticano no, cuando es el mayor centro de información del escándalo”.

Los documentos más antiguos que ahora se desvelan son de los años treinta en Alemania. Ante el riesgo de que los expedientes de curas pederastas cayeran en manos de los nazis, enemigos de la Iglesia católica, la orden fue clara: “Quemad todo”. Otros papeles, como los del ‘caso Ratzinger’, que relata un posible encubrimiento del futuro Benedicto XVI, sí eran conocidos, aunque no en toda su profundidad. Un caso, por cierto, que sigue abierto en Alemania, y que señala cómo hasta quien iba a convertirse en Papa tramitaba los casos al margen del protocolo, lo que provocó que un cura pederasta siguiera en su cargo, y abusando de menores, durante años.

Los casos planteados sí ofrecen una visión de conjunta, con una conclusión: durante décadas, en distintos lugares del mundo, se siguió ocultando, con el permiso (tácito o expreso) de las autoridades eclesiásticas, a muchos pederastas. “El Vaticano tiene el que es probablemente el mayor archivo de pederastas impunes del mundo. Esta investigación arroja luz sobre ello”, señalan los documentos.

La investigación concluye instando a la Santa Sede a “abrir los archivos, o revelar su contenido, o emprender un estudio propio y ofrecer datos”, lo que se interpretaría como “un gesto decisivo para mostrar la voluntad real de León XIV de que se conozca toda la verdad sobre el escándalo”, como él mismo ha resaltado en má de una ocasión. La última durante su encuentro, este lunes, ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Su pasado le avala: gracias a su trabajo, logró acabarse con el Sodalicio. El mismo lunes, antes de hablar ante Tutela Minorum, recibía al periodista Gareth Gore.

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El Papa León XIV visitará el santuario de Montserrat en la mañana del 10 de junio. O, al menos, eso confirmó este mediodía el coordinador del equipo de Comunicación del viaje del Papa a España, Rafael Rubio, durante un masivo (y confuso) encuentro con más de un centenar de periodistas en la sede de la Conferencia Episcopal. Una confirmación que más bien supuso una filtración, pues como el mismo Rubio admitió la Santa Sede “todavía no ha confirmado” el itinerario oficial del primer viaje del Papa a España en 15 años. “Asumo mi error, pensaba que ya estaba confirmado”, dijo después, visiblemente azorado.

“Vamos a rebajar un poco las expectativas”, apuntó Rubio al comprobar cómo la sala de prensa de la CEE estaba repleta. Periodistas de medio mundo esperaban recibir todos los detalles del viaje de León XIV a nuestro país, algo que no podía producirse, pues hasta que la Santa Sede no publique el itinerario del viaje, todo está sujeto a cambios. Se espera que el anuncio oficial se dé esta semana, antes de que el Papa reciba a los reyes este viernes.

De hecho, y tras varias filtraciones conocidas en los últimos días, el Vaticano había trasladado su malestar, pidiendo expresamente que no se dieran más datos de los esenciales. Ya hubo algún problema cuando sí se hizo oficial el viaje (no el itinerario), y la Conferencia Episcopal adelantó que León XIV hablaría en el Congreso de los Diputados el próximo 8 de junio, sin que mediara invitación formal por parte de la Cámara Baja.

Y es que, en principio, lo único que está confirmado de manera oficial es que León XIV vendrá a España del 6 al 12 de junio. En la comparecencia se dieron algunos detalles más. El primero, que el Papa llegará a Madrid por la mañana, y que se irá a Barcelona el 9 por la mañana. En la ciudad Condal, permanecerá hasta el 11 por la mañana, y en Las Palmas y Tenerife se hallará del 11 de junio al mediodía al 12 por la tarde.

“Habrá una misa el domingo, día del Corpus, y hace poco nos dijeron que el Papa no celebraría la misa del Corpus el jueves en Roma”, apuntó. Aunque no lo dijo, todo parece indicar que esa misa se celebrará en el entorno de Cibeles, pues habrá “al menos dos eucaristías masivas, en la calle”. Una, en Madrid. Otra en Tenerife, “en el Puerto de Santa Cruz”.

Al tiempo, habrá vigilias y encuentros tanto en Madrid como en Barcelona o Las Palmas, en lugares cerrados, “estadios de fútbol o de otro deporte, pero siempre cubiertos”. Al coordinador se le escapó que en Barcelona hay dos actos confirmados, “uno en la Sagrada Familia, y otro en Montserrat”. Hasta la fecha, no había confirmación oficial de Montserrat. Ahora, sí. Lo que no se ha descartado oficialmente es que el Papa pueda hacer una visita a El Hierro.

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Nuevo fallo de la Justicia europea en favor de los derechos laborales de personas que trabajan en organizaciones pertenecientes a confesiones religiosas. En esta ocasión, el Tribunal de Justicia de la UE ha emitido una sentencia condenando el despido a una trabajadora de una asociación de la Iglesia católica alemana que asesora a mujeres embarazadas, por el simple hecho de haber abandonado la Iglesia.

Dicha asociación (Katholische Schwangerschaftsberatung) exige a sus empleados que respeten las directrices católicas en su ámbito de trabajo. Esto es: que el asesoramiento a las mujeres embarazadas tenga como objetivo proteger la vida del no nacido, no la confesión religiosa de sus trabajadores. De hecho, la organización emplea a personas no católicas para la misma función.

“Si bien los órganos jurisdiccionales nacionales deben, en principio, abstenerse de apreciar la legitimidad de la propia ética de la iglesia o de la organización de que se trate, corresponde a esos órganos jurisdiccionales, y no a la iglesia o a la organización en cuestión, determinar si un requisito profesional es, por la naturaleza de las actividades de que se trate o por el contexto en que estas se desarrollen, esencial, legítimo y justificado respecto de esa ética”, señala el Tribunal en una nota de prensa, en la que no considera justificado el despido aduciendo “un incumplimiento grave de las obligaciones de lealtad”.

Y es que, en Alemania, ser católico (o protestante) incluye el abono del ‘impuesto eclesiástico’, al contrario que en España, donde la decisión de marcar o no la ‘X’ en la casilla de la Iglesia es una decisión voluntaria del contribuyente, pertenezca o no a la Iglesia. Esto supone, en opinión del tribunal, un agravio comparativo con otros empleados no católicos y que, por ello, no pagan dicho impuesto.

La ex empleada impugnó su despido y, ahora, el Tribunal Supremo de lo Laboral, estima que el despido constituye “una diferencia de trato directamente basada en la religión”, que no casa con las normas de la UE sobre igualdad de trato. Y es que los requisitos confesionales “no son esenciales, legítimos y justificados respecto de la ética de la citada organización”.

Al tiempo, como se demuestra en la sentencia, la empleada, pese a dejar la Iglesia, “no se distanció ni se desvió de los preceptos y de los valores fundamentales de la Iglesia Católica”. Esto es: no incumplió las normas de trabajo. El fallo, con todo, no obliga a la readmisión de la mujer, que ha de decidir el Tribunal Superior de lo Laboral de Alemania.

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Un “trabajo riguroso”. Así definió León XIV el libro 'Opus Dei' del periodista inglés Gareth Gore, a quien recibió esta mañana por espacio de 40 minutos, en los que Gore pudo informar al Papa de muchos de los escándalos que azotan a la prelatura personal, desde las acusaciones de trata de mujeres en Argentina y otros rincones, a la reforma (pendiente) de los estatutos de la prelatura.

El periodista llegó a pedir a Prevost que incoara investigaciones sobre estos y otros asuntos e, incluso, que la Iglesia se replanteara una ‘descanonización’ de su fundador, Escrivá de Balaguer, o la “clausura” del mismo Opus Dei si las acusaciones lograran demostrarse.

Como es habitual en este tipo de encuentros, la Santa Sede se limitó a confirmar la existencia del encuentro a través de su publicación en el Bolletino, pero evitó dar información alguna del contenido de la reunión, aduciendo que se trata de un evento privado del pontífice.

“Es posible que (Prevost) realmente quiera hacer lo correcto, que quiera escuchar la verdad”, concluyó Gore, en declaraciones a elDiario.es, después del encuentro que, recuerda, fue solicitado por el pontífice a través del periodista peruano Pedro Salinos, uno de los investigadores que sacaron a la luz (junto a Paola Ugaz) el escándalo del Sodalicio.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio apostólico (donde Prevost se ha mudado este fin de semana, después de 10 meses de obras), el investigador proporcionó al Papa toda clase de informaciones acerca de sus investigaciones sobre el Opus Dei. “Esta transparencia es importante: no solo ofrece esperanza a las numerosas víctimas del Opus Dei de que estas acusaciones están siendo escuchadas, sino que además crea un registro público de lo que el Papa y el Vaticano en general saben ahora sobre el tema”, señala Gore, quien añade: “A partir de ahora, nadie podrá decir ‘Bueno, no lo sabíamos’”.

Durante la conversación, según Gore, no se dejó un solo punto sin tocar. Así, habló del funcionamiento de la Obra, denunciando “cómo el grupo abusa de la legitimidad que le otorga la Iglesia para atraer a víctimas inocentes”, especialmente menores. “Compartí testimonios y documentos que respaldaban todo esto y me ofrecí a poner en contacto al Vaticano con personas que han sufrido dicha manipulación y dispuestas a testificar sobre estas acusaciones”, insistió el escritor, quien también explicó a Prevost “cómo el Opus Dei abusa de la fe de sus miembros para obtener dinero, favores y obediencia”. “Argumenté que el grupo debería considerarse una secta abusiva sin ningún respeto por sus víctimas ni por la Iglesia en general”, añadió, poniendo ejemplos de casos que llegaron, incluso, al suicidio.

Gore también relató al Papa el caso de Argentina, donde la prelatura está siendo investigada por trata de mujeres: “Le aclaré que no se trataba de un caso aislado: acusaciones similares habían surgido en muchos otros países, como Irlanda, Francia, México y España”.

“Asimismo, hablé de los esfuerzos del Opus Dei por encubrir sus abusos: cómo intentó amenazarnos e intimidarnos a mí y a mi editor para que no publicara mi libro; cómo lanzó una campaña de desinformación para desacreditarme y menospreciarme como periodista en lugar de responder por las acusaciones en su contra”, añadió Gore, denunciando la práctica de ‘lawfare’ para intimidar a sus colaboradores y benefactores. Unas denuncias que el Opus Dei contestó en su día en un extenso documento.

“Terminé la reunión implorando al Papa León que tomara medidas contra este el Opus Dei”, finaliza Gore, quien instó al Papa a “iniciar de inmediato una investigación independiente sobre los abusos del Opus Dei”, dirigida por expertos tanto clérigos como laicos, que abarcara las denuncias de abuso espiritual, psicológico, emocional, físico y económico. “Le dije que debería estar dispuesto a clausurar la organización si las pruebas lo justificaban. También le insté a reabrir la beatificación y canonización del fundador del grupo, Josemaría Escrivá, debido a la información que ha surgido desde entonces que indica posibles irregularidades en el proceso”, concluye Gore, quien finaliza augurando que “el mandato del Papa León XIV estará marcado en gran medida por lo que haga próximamente para hacer frente” a la Obra.

“Nos preocupa profundamente la tendencia a elevar el aborto a la categoría de 'derecho', incluso con rango constitucional o en cartas de derechos fundamentales. El aborto nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana”. La Conferencia Episcopal ha lanzado un duro mensaje contra la intención del Gobierno de ‘blindar’ el derecho al aborto en la Constitución, y lo ha hecho en su mensaje para la Jornada por la Vida, que se celebra el 25 de marzo bajo el lema, 'La vida, un don inviolable'.

El escrito episcopal, que sigue la línea marcada por sectores de la ultraderecha española (Hazte Oír) o mundial (Javier Milei), y sigue la senda de la desobediencia civil auspiciada, entre otros, por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestiona el anteproyecto de reforma constitucional anunciado por el Ejecutivo para incorporar de forma expresa el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución, y llama a una “alianza social” en favor de la natalidad para que “ninguna mujer” tenga que interrumpir su embarazo.

Al tiempo, muchos de sus miembros defienden las algaradas de grupos neoconservadores, acosando a las mujeres frente a las clínicas de interrupción del embarazo, algo prohibido por la ley, pero tolerado en muchas ciudades de nuestro país, como Madrid, donde el aborto no puede, en la práctica, llevarse a cabo en hospitales públicos. Mientras, Ayuso desobedece a la Justicia y continúa con su pelea para no elaborar un listado de médicos objetores de conciencia.

"El aborto no es una conquista, sino un fracaso personal y social. Soñamos con el día en que las futuras generaciones miren hacia atrás y les cueste creer que se sacrificaran millones de vidas en nombre de la libertad"

“El aborto no es una conquista, sino un fracaso personal y social. Soñamos con el día en que las futuras generaciones miren hacia atrás y les cueste creer que se sacrificaran millones de vidas en nombre de la libertad”, recalca la Conferencia Episcopal en su mensaje, en el que insiste en que “el aborto es objetivamente inmoral, pues supone poner fin a la vida de un individuo” de la especie humana, “negando la igualdad radical de derechos que debe fundamentar cualquier humanismo verdadero”.

Más aún: los obispos vuelven a resucitar campañas como la que, hace décadas, comparaba la protección de un embrión a la de la cría de un lince, lamentando que la legislación española permite “castigar con una multa de 15.000 euros y hasta dos años de cárcel si se destruye un huevo de águila pero da todo el derecho a matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo”.

Junto a ello, la Iglesia española vincula la “maternidad frustrada” con “barreras estructurales” como “la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y la debilidad de las políticas públicas de apoyo a la familia”. Frente a ello, señalan los obispos, “queremos promover una alianza social para la esperanza a favor de la natalidad, que sirva, por una parte, para construir juntos las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes puedan plantearse formar una familia abierta a la vida y, por otra, para que ninguna mujer tenga que recurrir al aborto por sentirse sola o sin recursos”.

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