España es el segundo país del mundo en el que más gente vive en pisos con el 65% de la población habitando en edificios. Solo está por delante Corea del Sur, donde este porcentaje crece hasta el 74%. Esta y muchísima más información la desgrana el 'Especial interactivo' de elDiario.es que trata de explicar por qué en España hemos construido nuestras ciudades en vertical.

En el caso de Cantabria, se puede encontrar la altura media por edificio más alta en Santander, con 4,12 plantas, lo que sitúa a la ciudad en el puesto 14 de lugares con los bloques más altos de España. Cabe decir, que para realizar este análisis elDiario.es ha investigado con las 400 ciudades más grandes de España, y que en el caso de la altura por edificio, se lleva la palma A Coruña con 5,15 plantas.

Asimismo, las ciudades cántabras que siguen a Santander aunque con menos altura en sus bloques son Castro Urdiales con 3,20 plantas, Torrelavega, con 2,99, Camargo con 2,3, y Piélagos con 2,2.

No obstante, en lo que se refiere a mayor densidad de habitantes por kilómetro, también se lleva la palma la capital cántabra con 13.970 h/km, aunque en este caso el segundo puesto de la comunidad se lo lleva Torrelavega con 10.173 h/km. Debido a la dispersión de la población característica de Cantabria, Santander no destaca por ser una de las ciudades con mayor densidad colocándose en el puesto 81 de las 400 analizadas. Destaca el caso de Mislata, en Valencia, donde hay 46.323 habitantes por kilómetro, es decir, más de tres veces más que en la ciudad más densa de Cantabria.

E igual que ocurría con las plantas por edificio, Piélagos vuelve a colocarse en el último puesto de la comunidad en densidad, ya que tiene 3.817 habitantes por kilómetro.

Tal y como reflejan en el mapa, el trazado urbano de la capital cántabra no se puede comprender sin el incendio de 1941 que debastó la ciudad y provocó una reconstrucción progresiva de la misma. Las manos del franquismo fueron las nuevas diseñadoras de una ciudad que se expandió en forma de ensanche de manzanas y bloqueas abiertos. Además, se reservó la zona de El Sardinero para clases acomodadas, y con ello una menor densidad.

En España vivimos apiñados en ciudades, concentrados en una pequeña parte del territorio y la mayor parte edificios en altura. En este informe especial, elDiario.es te invita a descubrir cómo se ha desarrollado el paisaje urbano de las ciudades, zonas turísticas y pueblos españoles. Y en esta pieza puedes explorarlo en detalle en tres dimensiones.

El siguiente mapa muestra todos los edificios construidos en España y registrados en el Catastro hasta la actualidad, a excepción de los ubicados en Euskadi y Navarra. Cada mancha de color que ves en el mapa es una edificación que hemos coloreado en función del número de plantas sobre rasante.

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El dibujo de cada ciudad señala cada una de las formas con las que se ha entendido el desarrollo urbanístico de las ciudades. Desde los ensanches densos y altos de las grandes capitales, los collares de adosados de las urbanizaciones de extrarradio, los centros históricos sinuosos de las ciudades medievales, las zonas de rascacielos de los distritos financieros, los desarrollos de viviendas turísticas en el Mediterráneo y la expansión de las grandes áreas metropolitanas.

Las imágenes provienen de la base de datos del Catastro, que incluye todos los edificios registrados en el organismo a nivel municipal de toda España, a excepción de Navarra y Euskadi, que tienen las competencias transferencias. Si quieres saber cómo lo hemos hecho, consulta los detalles en la metodología.

¿Cómo hemos construido las ciudades españolas? Te mostramos diez ejemplos de los tipos de paisajes urbanos desarrollados a lo largo de todo el territorio.

Toledo

La estampa sinuosa de la ciudad medieval

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Fuente: Catastro

Toledo, una de las urbes españolas más antiguas, es conocida como la ciudad de las “tres culturas” por haber estado poblada durante siglos por musulmanes, judíos y cristianos. Construida sobre una colina y rodeada por un río, el centro de la capital dibuja una postal de calles caóticas y sinuosas.

Barcelona

El urbanismo cuadriculado de Eixample

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Fuente: Catastro

Ildefons Cerdà quiso demostrar que la alta densidad de población era insalubre. No lo consiguió y, con el tiempo, se ha demostrado que otros factores como la clase social también influyen. Con su diseño del Eixample, influenciado por corrientes higienistas para evitar enfermedades, planteó un urbanismo de baja densidad que regenerara el aire. Las manzanas abiertas que conforman la mayor parte de Barcelona terminaron siendo uno de los kilómetros cuadrados más densos de toda Europa.

Murcia

La huerta alrededor de la ciudad

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Fuente: Catastro

Alrededor del centro de Murcia capital se ubican miles de pequeños puntos verdes. Son las construcciones rurales edificadas en parcelas agrícolas que forman la huerta murciana y convierten a la capital en unas de las ciudades más bajas y menos densas de España.

Benidorm

El 'skyline' de rascacielos

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Fuente: Catastro

Benidorm, la Nueva York del Mediterráneo, es prácticamente el único ejemplo de arquitectura española de rascacielos. Planificada durante el boom turístico en España, se desarrolló como infraestructura turística hacia arriba, como una cajetilla de tabaco puesta en vertical. Es un modelo que permite acoger a cientos de miles de turistas ocupando muy poco espacio y aprovechando mejor los recursos.

Boadilla del Monte

Los "collares de perlas" de las urbanizaciones

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Fuente: Catastro

Boadilla del Monte, uno de los municipios más ricos de España, es uno de los mayores ejemplos del paisaje de dispersión urbana o 'urban sprawl'🏡, inspirada en el suburbio estadounidense. Se crean gigantes de baja densidad a base de viviendas unifamiliares de entre una y dos plantas, lo que incrementa el coste de los servicios públicos.

Santander

La ciudad hecha alrededor del puerto

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Fuente: Catastro

El trazado urbano de Santander no se entiende sin el incendio que devastó la ciudad en 1941. La ciudad se reconstruyó y expandió en forma de ensanche de manzanas y bloques abiertos. En la zona más cercana al mar se planificó el barrio de El Sardinero, de baja densidad y destinado a clases acomodadas.

Palma

Cuando la antigua muralla dibuja los límites de la ciudad

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Fuente: Catastro

Palma (Baleares) es una ciudad medieval en la que aún es posible observar el trazado de la antigua muralla, casi en forma de estrella. A su alrededor crece el ensanche, en línea con otras ciudades españolas.

Las Palmas de G.C.

El istmo que une la capital canaria

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Fuente: Catastro

Gracias al crecimiento del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, se fueron desarrollando las viviendas en el istmo de Guanarteme, una franja estrecha de arena que conecta el sur de la Isleta con el resto de la isla de Gran Canaria. Este crecimiento terminó por fusionar el barrio pesquero de La Isleta (a la izquierda) con el resto de la ciudad y consolidar el principal núcleo urbano de la capital canaria.

Empuriabrava

La 'Venecia' del Mediterráneo

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Fuente: Catastro

Empuriabrava es una peculiar zona turística de Girona planificada en la década de los 60 e inspirada en el modelo de marina residencial de lujo, que a su vez imita a la ciudad de Venecia. Tuvo éxito en el mercado alemán.

Cádiz

La ciudad atrapada por el mar

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Fuente: Catastro

Cádiz es una ciudad atrapada en el espacio. Desarrollada a favor de la influencia del puerto durante la Edad Media, la capital gaditana dibuja un paisaje urbano formado por el centro histórico de calles apelotonadas y casas bajas y un ensanche alto y denso construido a partir de los 60. La limitación del espacio la convierte en una de las ciudades más densas y altas de España.

Para comparar las ciudades españolas, hemos hecho un ranking con la altura media, la densidad urbana (sobre la superficie construida) y la distribución de las viviendas por altura de los edificios en cada uno de los municipio de más de 20.000 habitantes. Busca tu ciudad y compara con el resto de tu provincia.

La automoción representa el 10% del PIB español. ¿Seguro? Aunque oscila arriba y abajo según el momento y lugar, la cifra se repite como un mantra antes de anunciar millones de ayudas públicas al sector. Y, sin embargo, no queda claro de dónde sale.

A diferencia del turismo, el Instituto Nacional de Estadística no realiza un estudio detallado del peso del sector del automóvil. Sabemos que el turismo supuso en 2019 un 12,4% del PIB y que el INE le dedica estos cálculos por resultar especialmente complejo, al tocar muchas áreas, y por ser “el mayor sector de la economía”, según confirman fuentes del organismo. Pero, ¿y la automoción? La patronal de los fabricantes de coches, Anfac, publica todos los años un informe anual en el que recoge este dato. En concreto, en el año 2020 Anfac afirmó que la industria del automóvil supone un 8% del PIB y más de un 11% si se tienen en cuenta otros sectores relacionados, como la distribución, los seguros y las financieras. En 2019 dieron cifras muy similares.

El redondeo suele irse al 10% —así lo indica Anfac en la introducción de su informe— y se reproduce en medios de comunicación y discursos gubernamentales. Por ejemplo: durante el anuncio del “plan de impulso a la automoción” en junio de 2020, Pedro Sánchez recalcó que el sector es “estratégico para España” y que “representa hasta una décima parte de nuestro PIB”. El Gobierno aprobó 3.750 millones de euros para mejorar la cadena de valor y renovar el parque de vehículos, con un presupuesto de 1.050 millones en subvenciones para comprar coches. Este periódico también reprodujo la cifra sin hacer sus propios cálculos.

“Mi compañero Javier Asensio y yo llevamos años detrás de esto. Nos llamaba mucho la atención que un solo sector acaparase el 10% de la producción de un país”, cuenta al teléfono el economista Juan Luis Jiménez, profesor asociado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “Nadie sabe cómo lo sacan, nunca hemos encontrado la metodología. Y el Gobierno da por hecho lo que dice Anfac”. Por la cantidad de ayudas públicas que recibe a través de subvenciones a la compra, estos dos economistas querían conocer la realidad del sector.

A Jiménez y Asensio les chirrió del todo el tema cuando observaron su “consagración” en el Boletín Oficial del Estado. En julio se publicó el PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) del vehículo eléctrico, con una inversión pública estimada de 4.295 millones de euros. La introducción afirmaba que “el sector de la automoción representa de forma directa el 11,4% del Valor Añadido Bruto de toda la economía española”.

El Valor Añadido Bruto (VAB) es el valor de los bienes y servicios que se producen en un país, descontando impuestos y consumos intermedios. “Computa todo lo que se produce, pero solo la parte que genera valor añadido”, explica Jiménez. “Una explicación que le daría a un alumno es el pan. Está el que produce el trigo, el que lo amasa y el que lo vende. Cada uno aporta su valor añadido. Si contabilizas toda la cadena de producción sin descontar el valor añadido de la parte anterior, estás duplicando. Piensa en una bola de nieve, que al saltar de una montaña a otra aumenta. ¡Pero ya tenía un tamaño! El valor añadido es solo el aumento de tamaño”. El PIB se obtiene añadiendo los impuestos indirectos al VAB.

En el sector de la automoción, está el que fabrica las ruedas y el que fabrica el coche. Si sumamos la producción de las ruedas y la producción del coche (ambos en miles de euros), estaremos duplicando conceptos... porque las ruedas forman parte del coche. Para conocer el peso de un sector en la economía española se puede acudir a la contabilidad nacional publicada por el INE y sacar el VAB de los subsectores que nos interesen. Eso se suma y se divide entre el VAB total o entre el PIB.

Eso fue lo que hicieron Jiménez y Asensio. Sumaron el valor añadido de los dos subsectores específicos de la automoción —“fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques” y “venta y reparación de vehículos a motor y motocicletas”— y lo dividieron entre el VAB y el PIB total.

¿Resultado? Con los datos más recientes, de 2018, la automoción supone un 2,8% del VAB y un 2,5% del PIB, muy lejos del 10% que pregona la patronal y del 11,4% que recogió el BOE. Sus resultados, revisados por elDiario.es, están publicados en el blog económico Nada es Gratis. “Se trata de un valor bastante estable desde hace diez años, con una ligera tendencia al alza”, anotan. En otros países el peso de la automoción tampoco llega, ni de lejos, al 10% (usando este mismo método). En Alemania, primer productor europeo, es ligeramente superior a España, pero no llega al 3%.

Sumando otros epígrafes la cifra puede aumentar, pero no tanto. Por ejemplo, un reciente informe de Caixabank tuvo en cuenta el epígrafe “fabricación de otro material de transporte”, con un VAB muy inferior a los anteriores.

Fuentes del Ministerio de Industria, uno de los coproponentes de la medida, confirman a este periódico que los datos suele aportarlos el sector y que no tienen estudios propios que los corroboren. Anfac no ha respondido a preguntas específicas sobre su metodología, si bien ha asegurado que son dos economistas y diversos consultores los que los elaboran.

Jiménez sospecha que Anfac infla los datos sumando la producción de la fabricación de vehículos, sus componentes y la distribución y dividiendo eso entre el PIB. Este método supondría duplicar consumos intermedios (contar las ruedas del coche dos veces), “un error, intencionado o no, grave y fácilmente detectable por cualquier estudiante de Economía de Bachillerato”, añade.

¿Y el efecto arrastre?

“Lo que ellos dicen es absolutamente correcto”, afirma María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas. “Si un coche cuesta 20.000 euros, ese es el valor de su producción. Pero a lo mejor, de esos 20.000, 15.000 euros son productos intermedios que ha necesitado para su fabricación. Si los descuentas, te queda el valor añadido: 5.000. Si sumas la producción de los productos intermedios y del producto final, sumas dos veces”.

“Sin embargo”, continúa, “yo complementaría este análisis con el efecto indirecto o arrastre sobre otros sectores. La automoción demanda bienes y servicios de terceros: productos químicos, servicios de publicidad... Se puede hacer mucho más completo considerando el arrastre”.

El 'efecto arrastre' ha sido el punto más criticado al análisis de Jiménez y Asensio. Según explican, este dato se puede sacar usando otras métricas del INE: las tablas input/output, que precisamente recogen la influencia de un sector sobre el resto. La economista sénior de Funcas ha hecho el cálculo. “Sumando el impacto directo y el efecto arrastre, me sale un 6,5% del VAB”, indica. La cifra aumenta, pero sigue lejos de la publicada por el Gobierno en el BOE.

Anfac tampoco ha explicado a este periódico cómo obtiene las cifras de empleo en la automoción. La patronal suele situar en dos millones los puestos de trabajo, sumando directos e indirectos, del sector. El Gobierno recoge esa cifra. La media de afiliados a la seguridad social en los subsectores de “fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, “fabricación de otro material de transporte” y “venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” de los últimos años se sitúa en algo más de medio millón de trabajadores, según cálculos propios realizados por este periódico.

“Como no conocíamos la metodología que usan en los datos originales, los hemos calculado nosotros mismos. Y con eso comprobamos que el peso del sector no llega ni a un tercio de lo que el sector promulga. Es un sector muy importante y no queremos quitarle peso”, concluye Jiménez. “Pero sí que se utilicen los datos reales, porque en base a esos datos se decidirán las políticas económicas”.

Hasta que la compró un banco, Daniel* vivía tranquilo trabajando en una pequeña empresa financiera llamada Aplázame. “Cuando me contactaron pensé que era de créditos rápidos. Pero me informé bien, vi que no engañaban a nadie y me uní al equipo”, cuenta. “Dábamos financiación de la forma más honesta posible, explicando bien qué pasaba si alguien no pagaba. Informábamos a la gente de dónde se metía, combatíamos la letra pequeña”.

En 2018, WiZink —una entidad con numerosas condenas por vender tarjetas revolving, que cobran intereses abusivos—adquirió Aplázame y las cosas empezaron a cambiar. “Algunas aún no cruzaban mi línea roja porque no engañaban al usuario. Pero nos sugerían añadir patrones espinosos que podían hacer caer al cliente en trampas, igual que las tarjetas revolving. La línea fue ver que no siempre se tomaba la mejor decisión para los clientes”.

Cuando sintió que los principios habían cambiado, Daniel pensó que era el momento de marchar. Buscó otro trabajo y saltó a un sector alejado del financiero. “Las empresas de tecnología financiera tienen que pagar más porque la gente se va. En este sector, los trabajadores cada vez son más conscientes del impacto que tienen sus productos y servicios”, añade. “Aunque me pagaran más: si me quedaba, tenía que ser en algo ético”.

La historia de Daniel recuerda, salvando las distancias, a los testimonios del documental The Social Dilemma (El dilema de las redes sociales). Además de señalar la adicción que causan, la cinta muestra el arrepentimiento de trabajadores de la industria —diseñadores, informáticos, jefes de equipo—, ideólogos de funciones como el botón de “Me gusta” o el scroll infinito.

Hay una corriente de arrepentidos en Silicon Valley que pide a las tecnológicas arreglar el “desastre” que han creado. Y hay trabajadores tecnológicos en empresas con prácticas laborales cuestionables, como Amazon, levantando la voz para apoyar a sus compañeros de almacenes y reparto e incluso dimitiendo por el trato que les da la compañía.

En España también hay sectores que estos profesionales miran con recelo. Aunque los principios no siempre ganan al dinero y las empresas, que lo saben, sacan la chequera para atraerlos.

“Esto ha sucedido siempre con la banca”, dice Pablo Ruiz, CEO de la consultora tecnológica Kaleidos. “Bancos y energéticas tiran de talonario para asegurarse el talento reticente. La cantidad de gente potente que trabaja en banca es impresionante. En privado reconocen que no les entusiasma. La empresa se asegura de ser estable y generosa para que tus dudas existenciales se disipen”.

En Kaleidos son exquisitos escogiendo clientes, tanto que crearon un comité ético que analiza ideas dudosas y se preocupa de que estén “alineadas” con sus valores. Antes de eso, aceptaron desarrollar el portal de contenidos de una petrolera. “Pensábamos que no hacía daño a nadie, pero creo que ahora no hubiera salido”, comenta Ruiz. “El proyecto era blanco, pero de una de las empresas más contaminantes de España”.

A María*, una trabajadora con experiencia en tecnología que buscaba trabajo, le llegaron referencias de Lana, otra pequeña tecnológica dirigida a los trabajadores de plataformas tipo Uber, Rappi o Cabify. En países latinoamericanos estos trabajadores no tienen cuenta bancaria, así que las empresas no les pueden pagar. Lana les emite una tarjeta y soluciona el problema. Pero ha añadido la opción de solicitar préstamos con intereses anuales superiores al 400%. María hizo el proceso de selección, pero cuando supo lo de los préstamos pasó del tema y terminó en otro sector.

Trabajar para atraer a gente a las apuestas

“Con la proliferación de las apuestas por internet, llegó un cliente que quería recabar toda la información de las primas que pagaba cada casa. No es lo mismo apostar a que gana el Real Madrid y que me paguen 5 euros en vez de 3. Era un comparador. Lo llamaban 'democratizar' el juego online para 'empoderar' a los apostadores y que tomaran decisiones más informadas”, continúa Ruiz de Kaleidos. “La respuesta fue no. Explicamos que era un segmento con el que teníamos muchas dudas. Que si democratizar significaba atraer a más gente a las apuestas... no lo veíamos”.

El sector del juego parece sensible al dilema. Teresa, una joven especialista en reclutar perfiles técnicos, compartió recientemente en Twitter su experiencia. “En lo que va de mes he rechazado tres ofertas de empresas de juegos de azar que buscaban recruiters tech [reclutadores tecnológicos]. Una llegó a ofrecerme un aumento de salario... ¡del 56%! Parece que el movimiento contra la ludopatía ha calado y no logran contratar a nadie”. Las respuestas estaban llenas de gente asegurando que, para ellos, el juego (apuestas, casinos y juegos de azar) era una clara línea roja.

Enric, un ingeniero de calidad (perfil encargado de asegurar que el producto sale sin fallos) que trabaja en una empresa de salud, explica que los sueldos para trabajar en el juego son más altos que la media. “Mi posición puede estar entre 46.000 y 48.000 euros anuales. Las ofertas para el mismo puesto en empresas de juego superan los 60.000 euros anuales. Llegan de Irlanda y Reino Unido”, cuenta. “Cuando me han escrito para temas de póker o apuestas, nunca he pasado de cierto contacto”.

La demanda de perfiles técnicos es elevada en todo el mundo, de modo que las ofertas de trabajo —para el juego o cualquier otro segmento— son habituales. “Diría que el 40% de las que recibo son de juego. Y es el único en el que digo abiertamente que no no me veo por motivos éticos”, continúa Eric. “Tengo reticencias con los videojuegos, porque sabes que vas a hacer jornadas infinitas, y la banca me genera controversias pero es posible que me lo llegara a plantear. Tenemos la suerte de que si nos quedamos sin trabajo hay movimiento, pero es una burbuja: entiendo que otra gente no se plantee estas reticencias”.

Pentasia, una empresa de cazatalentos para el sector del juego, publica una encuesta anual sobre salarios. La media europea está en 56.000 libras (casi 66.000 euros) al año y los perfiles analizados incluyen datos, legal, atención al cliente, diseño y tecnología, operaciones y finanzas, marketing, producto y ventas. Los cargos ejecutivos llegan a los 130.000 anuales. A falta de mano de obra, los empleadores, dice el informe, “suelen mirar hacia el Este y contrata en Bulgaria, Estonia y Ucrania”. En Gibraltar, además, se concentran los puestos más elevados y el salario medio sube a 90.000 libras anuales.

“Tienes a Bwin, a William Hill y a alguna otra. Se ubican allí por los impuestos”, apunta una persona que lleva muchos años trabajando en una gran casa de apuestas. “Y en las casas necesitamos a gente con conocimientos muy específicos, especialistas en pronósticos y valoración de resultados”.

¿Cuánto hay de postureo?

Para esta persona, los rechazos por motivos éticos no son en absoluto relevantes. “Nos cuesta contratar personal técnico como a cualquier empresa. Pero en mi carrera profesional me habré encontrado a dos o tres personas que hayan dicho que no les interesa el puesto por motivos éticos. Nos ha tocado estar mal vistos, pero pasará de moda”, dice. “¿Rechazan puestos en farmacéuticas que se enriquecen en pandemia? ¿En empresas de alimentación que hacen bollería? Es todo hipocresía. Los desarrolladores juegan en otra liga de mercado laboral, con reglas distintas al resto de mortales. Todo sector tiene su punto amargo, son las empresas las que marcan la diferencia para bien o para mal”.

Fuentes especializadas en reclutar talento técnico apuntan en la misma dirección. “Hay muchos desarrolladores atraídos por el sector del juego porque es un punto de entrada a la industria del videojuego, muy pequeña en España. El gambling (juego de azar) es lo más parecido al gaming (videojuegos) que hay en informática. Hay gente que se marca esa línea roja, desde luego, pero no es un porcentaje significativo”, dice. “Una cosa es el postureo de cierta parte del sector en Twitter y luego la vida real”.

Varios consultados que rechazan el juego explican que si les llega una oferta —a veces en la oferta no aparece el nombre de la empresa, solo a qué se dedica— la ignoran sin más. Mencionan también proyectos de criptomonedas, blockchain o relacionados con el 'trading'.

“Igual la línea roja nace del desconocimiento”, reconoce Marcos, desarrollador senior en una consultora de Valladolid. “Pero día de hoy, si una gran casa de apuestas me ofrece un dineral yo digo que no. No lo quiero llamar privilegio, pero en este sector es fácil encontrar trabajo. Te podría decir que intento ser muy ético y que las empresas de reparto, Uber o Cabify me causan conflicto. Pero es complicado. Google, Facebook, Amazon... tienen comportamientos que te echas a temblar. Y no me gustan, pero tampoco he tenido el placer de rechazarlos”.

*Los nombres de Daniel y María están modificados para proteger su identidad.

Manuel Román, director de ventas del grupo Heineken en España, esperaba un verano mejor. “El año pasado hubo un confinamiento duro y todo fue muy chocante, pero no hubo restricciones a la hostelería. Este año empezó la quinta ola a mediados de julio y algunos países restringieron la movilidad. Los británicos son importantes porque beben mucha cerveza. No hemos recuperado el nivel de 2019, nos quedaremos en un 10% de caída”.

Lo peor de la pandemia ya pasó para las cerveceras, que durante meses perdieron millones de ventas en el canal hostelero y no compensaron con el consumo en el hogar. Es un hecho: la gente no bebe tanta cerveza en casa como en la calle. Pero siendo un sector tan dependiente del turismo, hasta que este no vuelva del todo no estarán al 100%. En conversación con elDiario.es, Román explica cómo ha evolucionado el consumo y qué esperan de cara a la recuperación.

Heineken —propietaria de Cruzcampo, Amstel, El Águila, Desperados, Guiness y Paulaner— volvió a dar beneficios en el primer semestre de 2021: 1.034 millones de euros a nivel global, frente a los 290 millones de pérdidas en el mismo período de 2020. La compañía anunció un recorte de 8.000 empleos en todo el mundo por la bajada de ventas, que en España se tradujo en un ERE de 228 personas. “No fueron salidas dramáticas, sino salidas pactadas de gente de determinada edad”, puntualiza. El grupo acordó prejubilaciones con los sindicatos y espera volver el año que viene a la “tasa de contratación habitual”. Antes del ERE, la plantilla española superaba las 1.600 personas.

Ahora, el sector se enfrenta a ese viejo fantasma llamado inflación. Le afecta por partida doble: por la subida de las materias primas, que redundará en el precio de la cerveza, y por su impacto sobre el consumo. Los efectos que provocan los actuales aumentos de precio de las materias primas ya los hemos visto en otros ámbitos. Los ganaderos presionaron a los supermercados para que subieran tres céntimos el litro de leche y así poder cubrir costes. Lo lograron. El aumento del coste de los materiales de construcción se refleja en los precios de las reformas y, según voces del mercado, si sigue así redundará en la vivienda nueva.

“La inflación nos preocupa. El alza de las materias primas afecta a los aprovisionamientos: nuestros proveedores usan electricidad, que ha subido, y el transporte se ha multiplicado por diez”, dice. ¿Cuánto subirán los botellines y las cañas? El IPC se ha disparado en España al 3,3%, su máximo en casi una década, debido al alza en los precios de la electricidad, si bien las bebidas alcohólicas aún no registran subidas.

“Ahora mismo estamos viendo internamente cómo manejarlo teniendo en cuenta las proyecciones para el año que viene”, indica el director de ventas. “Todos los años hay una subida de tarifas íntimamente ligada al IPC. Veremos cómo pinta a final de año, cómo afecta a nuestras materias primas y, en base a eso, qué subida proponemos. Ese es el precio que se ve en los lineales del supermercado, porque los bares ajustan el precio en función de sus decisiones particulares”.

Eso por un lado. Por otro, Román asume que la inflación repercutirá en el consumo. “La cesta de la compra subirá el año que viene. Subirá el precio de la electricidad. En teoría, el poder adquisitivo del español va a reducirse y esto puede tener un efecto de contracción de la demanda en hostelería. Porque salir a cenar o tomarse unas cañas es... un lujo accesible. Si sube la cesta, la gente se centrará en los bienes básicos y en servicios de los que no pueda prescindir, no en eso”, sostiene.

Cervezas y sodas 'cool'

Hace tiempo que Heineken, como otras grandes marcas, se subió al carro de las cervezas artesanas. En 2018 adquirió el 51% de la madrileña La Cibeles y poco antes de empezar la pandemia lanzó una nueva marca, El Águila, que sin ser artesana pura sí tiene “un componente craft”. Con este lanzamiento, Heineken recuperó una marca que ella misma había eliminado del mercado en 1984, cuando compró la empresa El Águila (cervecería nacida en Madrid en el año 1900) y la reconvirtió en Águila Amstel, primero, y en Amstel a secas después.

“En ese momento la tendencia eran las marcas globales. Hoy eso ha cambiado: se llevan las marcas de aquí, el kilómetro 0 y producto local. Vimos que era el momento idóneo para sacar de la nevera esa marca con reminiscencias del pasado, tanto en su receta como en su imagen”, añade el directivo, sin ocultar que el trabajo de los pequeños cerveceros les ha beneficiado indirectamente porque ha generado “cultura”.

A las grandes cerveceras les llega ahora un nuevo competidor. Se llama hard seltzer, que en español vendría ser “soda dura” o “agua con gas dura”. Es una moda estadounidense para vender alcohol como si fuera un refresco, que genera dudas respecto a su etiquetado porque en ocasiones se atribuye propiedades saludables (y ninguna bebida alcohólica lo es).

“Es un agua saborizada con gas y con una chispa de alcohol. Es lo que busca el consumidor de hoy: pocos carbohidratos, pocas calorías y poco alcohol”, dice Román. Coca-Cola ha lanzado por primera vez una bebida alcohólica (Topo Chico) bajo esta categoría. Heineken también se ha subido con Pura Piraña, muy presente en el mercado mexicano y en proceso de expandirse en España. “Hemos hecho un lanzamiento pequeño, táctico, en pequeñas tiendas de barrio. Estamos probando a ver qué tal. Puede tener su hueco, no lo sé. Pero de momento no está rompiendo”.

Durante meses, las “ayudas directas” fueron una reclamación constante de las empresas. Especialmente de los hosteleros, por los estragos que estaban sufriendo por las restricciones derivadas de la pandemia. Hasta hubo manifestaciones con ataúdes que advertían de la asfixia mortal que afrontaban muchos negocios. El Gobierno aprobó en marzo las ayudas para pymes y autónomos, por valor de 7.000 millones de euros a repartir entre las Comunidades Autónomas. En un inicio, las críticas apuntaron a la tardanza en abrir las convocatorias, pero en las últimas semanas la alerta es otra: miles de fondos no han sido reclamados. “Más de la mitad”, aseguran las organizaciones de autónomos ATA, UATAE y UPTA, con grandes diferencias por Comunidades. 

Los tres colectivos de autónomos han dado las alarmas ante la posibilidad de que gran parte de estos fondos caiga en saco roto. Las asociaciones defienden que, en sus recuentos informales hasta final de verano, con la información facilitada por las Comunidades, “se van a quedar sin ejecutar más de la mitad de los fondos”, concretan en ATA. 

UATAE y UPTA cifraban que en julio estaba sin solicitar el 60% de los fondos. “Desde entonces han aumentado un poco las solicitudes, pero no mucho”, advierte Eduardo Abad, presidente de UPTA. La organización elaboró en verano una tabla, de la que informó la Cadena Ser, que alertaba que algunas comunidades habían recibido solicitudes por menos de un 20% de su presupuesto adjudicado, como Asturias, Cantabria, Catalunya y Murcia. 

elDiario.es ha consultado al Ministerio de Economía sobre cómo avanzan las solicitudes de estas ayudas, que tramitan las Comunidades, pero no ha obtenido respuesta. “Hay algunas Comunidades que nos han anunciado que van a terminar de ejecutarlas en breve y otras van más rezagadas”, se limitaba a responder este miércoles en una entrevista la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La responsable económica del Gobierno ha comunicado, no obstante, un anuncio: su petición a Bruselas de ampliar el plazo para conceder estas ayudas, que se sitúa ahora en el 31 de diciembre. 

Las causas: de los requisitos al retraso en las ayudas

¿Cómo es posible que se hayan quedado miles de millones sin reclamar? Es la pregunta que afrontan en estas semanas los colectivos de autónomos y hosteleros, que reclamaron con ahínco la necesidad de estas ayudas directas. Las razones, apuntan, son variadas. 

La crítica más frecuente apunta a los requisitos para poder acceder a las ayudas, que en opinión de las organizaciones de autónomos son “muy restrictivos”. El factor más denostado es que la ayuda solo se pueda dedicar a saldar deudas contraídas, por ejemplo con proveedores o préstamos, así como a gastos fijos pendientes de pago, como el alquiler, hipotecas, facturas de luz, etc. 

“El decreto beneficia al moroso”, denuncia Lorenzo Amor, de ATA. “Los autónomos hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y muchos han pagado a los proveedores tirando de sus ahorros o de financiación no bancaria, por ejemplo a través del préstamo de un familiar. En estos casos, no se tiene derecho a la ayuda aunque ese autónomo se ha descapitalizado. Se han quedado en una mala situación debido a la pandemia”, señala Eduardo Abad, de UPTA. Para Vicente Pizcueta, portavoz de la federación de ocio nocturno España de Noche, este requisito ha sido una “maniobra” dirigida a empresas que hubiesen pedido un crédito ICO y necesitaran amortizarlo. “Al final todo esto beneficia a los grandes del sistema financiero. Porque no es que hayamos facturado menos, es que hemos tenido que poner de nuestro bolsillo para mantener viva la empresa: alquileres, cotizaciones sociales, recibos de suministros...”.

Sabi Palacios, propietario del famoso Moloko Sound Club del barrio madrileño de Malasaña, solicitó y ha recibido la ayuda, que solo ha podido dedicar a devolver parte de los créditos ICO que pidió. “El dinero que dan es insuficiente. Tuve que pedir dos créditos ICO ante las restricciones que hemos vivido con el ocio nocturno, y solo he podido pagar parte de los créditos. Yo tenía una empresa solvente, durante 23 años, sin deudas ni nada y las ayudas pensaba que eran para empezar de cero respecto a antes de la pandemia”, considera. 

Otro de los motivos del fracaso que anotan desde España de Noche es la obligación de haber dado beneficios en 2019. Aunque la intención del Gobierno era evitar subvencionar a empresas no viables —las que más tarde se denominaron 'empresas zombies'—, que una compañía declarara pérdidas el año anterior a la pandemia no implica necesariamente que lo fuera. “¿Y si he hecho una inversión o una remodelación?”, añade Pizcueta. “Eso le ha pasado a varios tablaos flamencos que conozco. Arreglaron el local, dieron pérdidas y no pudieron pedir ayudas por ser consideradas inviables”.

La tercera barrera importante en los requisitos pasa por excluir a aquellas compañías con deudas con Hacienda y la Seguridad Social. “No entendemos por qué, con la situación de estrangulamiento económico que ha habido, estos fondos no se pueden acoger al pago de la deuda con la Agencia Tributaria y la propia Administración”, señalan en UPTA. 

Cuando se trata de subvenciones, a los pequeños empresarios o se lo pones muy sencillo o se convierte en pesadilla

José Antonio Aparicio — Presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor de Madrid

La falta de recursos de muchas empresas y de información implican otra ‘piedra’, especialmente para las empresas más pequeñas. Las pymes suponen en España más del 95% del tejido productivo y las que tienen menos de 10 trabajadores alcanzan el 86% de total, 1,1 millones de compañías, según los registros de la Seguridad Social. “Nosotras la verdad que no entendemos y lo dejamos en manos de la gestoría”, explican las responsables de un pequeño comercio de ropa de niños en Andalucía. “Nos dijeron que como tributamos por módulos que no podíamos demostrar las pérdidas. Así que nada, que no nos tocaba nada”, responde una de las propietarias de la tienda. Las ayudas también están previstas para quienes aporten a través del régimen de estimación objetiva, según recoge el decreto del Gobierno.

“Van destinadas a pymes, no a grandes empresas. Cuando se trata de subvenciones, a los autónomos o pequeños empresarios o se lo pones muy sencillo o se convierte en una especie de pesadilla”, añade José Antonio Aparicio, presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor de Madrid. “Te piden tropecientos papeles, como nóminas o estar al corriente de las deudas, que en muchos casos se pueden comprobar internamente en la Administración. El hostelero puede acudir a una asesoría, que le va a cobrar unos honorarios, o desiste y no lo pide”.

Que las ayudas se aprobaran en marzo, un año después del comienzo de la pandemia, también ha hecho mella en las peticiones. “La gente no entiende que a estas alturas se esté hablando de por qué no llegan las subvenciones. Ya ha pasado un año y medio de pandemia. El problema de base es que los tiempos en la economía real y en la administración son muy distintos”, sostiene Aparicio. Durante este tiempo, ha habido pymes que ya han cerrado y otras a las que, por el contrario, ha ido muy bien. “Es un sector dispar, pero sí: hay bares, como los que tienen grandes terrazas en parques, que han vendido más que nunca”, añade José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. “Es una minoría, la mayoría hemos tenido limitación de aforos”.

“Nuestra impresión es que la hostelería ha tenido una recuperación tremenda en los últimos meses”, coincide Gonzalo Fuentes, responsable del sector de CCOO. “Con diferencias de territorios”, matiza, “pero en Málaga donde estoy los bares tienen más gente que antes de la pandemia, solo hay que mirar las terrazas”. Fuentes considera que “hay hosteleros que lloraron más de la cuenta” y recuerda que los meses más duros de la pandemia fueron acompañados de medidas fundamentales, como los ERTE, que aliviaron a las compañías de los costes laborales. 

Qué hay de las pérdidas de dinero 'en b'

El elefante en la habitación es una expresión que trata de ilustrar aquellas verdades obvias y evidentes que, sin embargo, tratan de eludirse. La economía sumergida y los pagos en 'b' en muchos negocios es uno de estos elefantes de los que nadie habla en público, pero que se reconocen en privado. “En la hostelería hay mucha economía sumergida y eso se ha visto por ejemplo del lado de los trabajadores en los ERTE. Gente que iba a las colas para pedir alimentos porque decían que el ERTE era de muy poco dinero porque cobraban parte del salario en B. O que ni siquiera tenían derecho porque cobraban todo en negro”, explica Gonzalo Fuentes, de CCOO. 

Las pérdidas en la economía sumergida de los negocios, aquellas que no han podido justificar en los balances de cuentas, también son un factor que ha podido explicar que algunos negocios se quedaran fuera de las ayudas. Aunque, como bien indica su nombre, este dinero permanece en la sombra y no hay datos para medir en qué magnitud ha podido contribuir a que algunos negocios no hayan solicitado los fondos. Desde los colectivos de autónomos y empresas dicen que no representa un obstáculo relevante. 

“Esto de la economía sumergida puede haber afectado, pero no hay datos”, dice Pizcueta. “En las comunidades en las que el sector del ocio nocturno crecía antes de la pandemia, en Madrid, Catalunya o la Comunitat Valenciana, la administración nos mira con recelo. Hacemos autocrítica, pero no creo que este asunto nos haya penalizado especialmente”. Yzuel, de Hostelería de España, también defiende que las cuentas en B son “de un sector minoritario”. 

Soluciones, más allá de ampliar el plazo

¿Quién es el responsable de estos “obstáculos” para acceder a las ayudas? Y, sobre todo, ¿quién los puede solucionar? Los criterios generales para beneficiarse de los fondos están regulados en el decreto que aprobó el Gobierno central, aunque las Comunidades Autónomas han sido las encargadas de detallar la letra pequeña de las convocatorias. Por ejemplo, las autonomías podían ampliar sectores beneficiarios de los recursos y regular excepciones para que empresas con pérdidas en 2019 se acogieran a los fondos. El Gobierno central rebota las culpas a las Comunidades y en los gobiernos regionales hacen lo propio con la Moncloa. 

El presidente Pedro Sánchez, por ejemplo, acudió a un acto en Andalucía y llamó al Gobierno del PP de Juanma Moreno a “ponerse las pilas” para adjudicar los más de 1.000 millones en ayudas que tiene asignados. Sánchez acusó a la Junta de tener los fondos “prácticamente inejecutados”, con la adjudicación solo de 50 millones. En la Junta de Andalucía respondieron que están tramitando ya “más de 200 millones” de ayudas directas, pero atacaron al Ejecutivo central por unos requisitos de acceso para las empresas “imposibles”. 

El presidente de UPTA señala que las enormes diferencias por territorios hacen pensar en que algunos gobiernos regionales han hecho mejor los deberes que otros. Eduardo Abad subraya que Asturias había tramitado solicitudes por menos de un 5% de los fondos en julio, según sus datos, mientras que en Castilla-La Mancha se habían pedido el 70% del presupuesto asignado. En la actualidad, desde la Junta que dirige Emiliano García-Page explican que las solicitudes han llegado a superar los fondos asignados. Se han solicitado “5.920 ayudas” por un total de “236 millones” de euros, cuando el presupuesto es de 206, recuerdan. 

La Comunidad de Madrid ha abonado ya “384,1 millones (el 56,5%) de los 679 millones de euros de los fondos”, explican en el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Las partidas asignadas se corresponden a casi 21.000 expedientes, a los que hay que sumar “15.000 solicitudes restantes” aún en tramitación, indican, “muchas de las cuales a la espera de la información que la Agencia Tributaria tiene que facilitar”. El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se remitió a la vicepresidenta Nadia Calviño para reclamar criterios menos “exigentes” ya que transcurridas varias semanas desde la publicación de su convocatoria comprobaron que el número de solicitudes era “mucho menor del esperado”. Los últimos datos de julio ascienden a 10.660 solicitudes. 

Las organizaciones de autónomos celebran que se amplíen los plazos para pedir las ayudas, pero creen que hay que eliminar los criterios que han excluido de la financiación a negocios con dificultades. Fuentes gubernamentales recuerdan en cualquier caso la necesidad de ser “muy cuidadosos” en el reparto de fondos públicos, ya que se trata de “una ayuda a fondo perdido”, que las empresas no tienen que devolver.

En UATAE llevan semanas pidiendo que, para evitar que los fondos se pierdan, sería necesario rediseñar las ayudas. Su secretaria general, María José Landaburu, ha hecho un llamamiento para que “se relancen con nuevas convocatorias, esta vez orientadas estratégicamente para que la recuperación llegue a todas y todos los autónomos y mejore su competitividad”. Miles de millones de euros que se pueden dedicar en su opinión “a preparar a los autónomos y pymes para los retos de la digitalización, la adaptación energética, la transición ecológica, la economía circular, los planes de igualdad y conciliación o la salud laboral y la mejora de prevención de riesgos laborales”.

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, ha criticado a los sindicatos españoles por pedir aumentos de sueldo “del 167%” y al Gobierno por rescatar aerolíneas en lugar de bajar las tasas aeroportuarias.

“No puedes pedir un aumento cuando la economía va en caída libre”, ha dicho Wilson en un evento con los medios celebrado en Madrid. “En los últimos años, Ryanair ha llegado a acuerdos en todos los países europeos. España es el único país en el que aún no se ha cerrado nada. La pelota no está en nuestro tejado”.

Según han explicado fuentes de la compañía a elDiario.es, Ryanair inició en 2019 un proceso de transición de la legislación irlandesa (mediante la que contrataba hasta entonces a sus empleados) a las legislaciones específicas de cada país. En ese proceso, la aerolínea ha llegado a acuerdos con los trabajadores de “todos los países” salvo España.

Estas mismas fuentes señalan que el acuerdo de convenio colectivo con los representantes de los pilotos, a través del sindicato Sepla, está cerca, pero que les cuesta entenderse con los representantes de trabajadores de servicios a bordo y cabina. Las conversaciones de esta parte las lideran los sindicatos USO y Sictpla. Ryanair asegura haber solicitado un “mediador” al Ministerio de Trabajo para acercar posiciones.

Desde USO aclaran varias cosas. La primera: que están negociando un convenio colectivo, no un simple acuerdo, y que este debe recoger muchas cláusulas. La segunda: que esa subida del 167% de la que habla Ryanair procede de sumar varios conceptos “básicos”, como las guardias, las nocturnidades o las pagas extra.

“Nosotros tenemos un salario mensual estipulado en contrato y nos lo pagan doce mensualidades. Reclamamos que sean catorce o que las dos que faltan se prorrateen”, afirma Lidia Arasanz, secretaria general de la sección sindical. “Cogimos todos los convenios de aviación de España y, aunque a todos nos gustaría tener el de Iberia, entendemos que es una low-cost y no pedimos locuras. No pedimos más que el resto”.

Arasanz añade que la empresa quiere negociar las tablas partiendo de los salarios actuales, rebajados una media del 20% por la pandemia y con vistas a recuperarlos de aquí a 2024. Esta bajada de sueldo se hizo de forma acordada con los pilotos, a través del sindicato Sepla, pero se impuso de forma unilateral a los tripulantes de cabina. Ryanair utilizó los mecanismos legales disponibles (la llamada 'modificación sustancial de las condiciones laborales') para reducir sus sueldos sin necesidad de acuerdo. USO denunció la rebaja ante la Audiencia Nacional y está a la espera de ver qué dice la Justicia. En el último año, Ryanair ha recibido hasta siete condenas por abusos laborales, todas ellas recurridas.

Piden a AENA que baje las tasas

La low-cost se ha reivindicado como solución a la recuperación del turismo en España, para lo cual ha reclamado una bajada de las tasas aeroportuarias establecidas por AENA. La idea que ha transmitido es que, en lugar de rescatar a aerolíneas en bancarrota, el Gobierno debería incentivar a las que funcionan con medidas como esta.

“Es tiempo de estimular la recuperación del tráfico y del turismo y Ryanair es la mejor posicionada”, ha defendido el CEO. “No queremos que España pierda oportunidad en recuperar la capacidad. Queremos una estrategia clara”. Wilson ha explicado que países como Grecia o Suecia han puesto en marcha este tipo de medidas, por lo que España debería seguir sus pasos para mantener su liderazgo en turismo.

El CEO ha mencionado específicamente el rescate de Air Europa, que perdió el año pasado 427,7 millones de euros y prevé pedir más ayudas públicas. “¿Por qué das dinero público a una aerolínea fallida en lugar de hacer los aeropuertos más competitivos? Todos en esta sala hemos tenido nuestro primer trabajo en turismo. Es importante que la gente vuelva al trabajo tan rápido como sea posible”.

Ryanair pide también la liberación de slots en el caso de que se cierre finalmente la compra de Air Europa por parte de Iberia, en aeropuertos como A Coruña, Gran Canaria o Vigo que hoy opera la compañía del grupo Globalia para que puedan pasar a aerolíneas que ofrecen precios más baratos.

La aerolínea ha explicado que prevé recuperar el 100% de su capacidad este invierno.

A Diego le picó la mosca detrás de la oreja en sus paseos, en las salidas al supermercado y en los trayectos de casa a la estación. “Esto ha sido un poco patear la calle. Vi que muchas obras las hacía Licuas. En Tres Cantos casi nunca ponen carteles con el presupuesto y la constructora, pero yo veía al personal y las vallas y siempre se adjudicaban a esta empresa”, cuenta. “Sospechando que recibía demasiados contratos, acudí a la plataforma de contratación del Estado. Y luego leí en prensa que estaba asociada a la financiación ilegal del PP”.

Diego, un vecino del municipio que prefiere no dar su nombre real, se puso manos a la obra. Se juntó con otro vecino habilidoso en el tratamiento de datos y juntos rastrearon no solo la plataforma de contratación —que incluye información de licitaciones a nivel estatal, autonómico y local—, sino también el portal de transparencia municipal, que entre 2015 y 2019 estuvo desactualizado. “Algunas personas reclamaron en Twitter que se actualizara. A principios de 2020 el Ayuntamiento lo hizo, publicando los convenios, contratos menores y concursos públicos. Aun así, hemos detectado anomalías: los contratos se publican en PDF, hay que convertirlos a excel uno a uno, limpiar duplicados...”, relatan.

Tres Cantos es uno de los diez municipios con mayor renta de España y uno de los 47 ayuntamientos madrileños con mayoría absoluta del PP. Maneja un presupuesto anual aproximado de 50 millones de euros y es urbanísticamente reluciente, con el pavimento siempre impecable y los jardines muy cuidados (como ha criticado alguna vez la oposición, “hacen poco mantenimiento y después lo remodelan todo para dar más dinero a las empresas”). El alcalde, Jesús Moreno García, lleva en el cargo desde 2012, cuando entró para sustituir a José Folgado para que este, ya fallecido, presidiera Red Eléctrica. Después ganó las elecciones de 2015 y las de 2019.

Licuas es una compañía de infraestructuras, obra e ingeniería civil. Una de sus áreas de actividad son las concesiones públicas, concretamente y según especifica en su página web, los aparcamientos, los campos de golf y los puertos deportivos. Fue una de las habituales de los sumarios y financiación B del PP: aparece tanto en la sentencia de la Gürtel, como en los papeles de Bárcenas como en investigaciones enmarcadas en el Caso Púnica. La sentencia de la Gürtel consideró probado que Licuas se vio favorecida por adjudicaciones irregulares y que, en compensación, pagó facturas infladas o por servicios no prestados a empresas de la trama. El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el municipio en el que se originó el caso, contó en uno de los juicios que Álvaro Lapuerta (tesorero del PP anterior a Bárcenas) le llamó pidiéndole que echara una mano a Licuas “porque era gente que colaboraba con la casa”.

El presidente de Licuas, Joaquín Molpeceres, fue investigado en el caso Lezo por un supuesto trato de favor de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. La acusación fue archivada. Molpeceres, que se autodefine como empresario deportivo y preside un club de golf en Madrid, también fue investigado por aparecer en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros bajo el nombre de Volpeceres. El empresario negó haber aportado nada y, de nuevo, la pieza fue archivada porque no se encontraron indicios de que las donaciones se hicieran a cambio de adjudicaciones. Ni Licuas ni Molpeceres han respondido a solicitudes de información de elDiario.es.

El meticuloso trabajo de datos de los vecinos, revisado por este periódico y público para el que quiera contrastarlo, confirmó sus conjeturas. El porcentaje de adjudicaciones de obras —tanto en número de contratos como en cuantía— que se lleva Licuas es muy superior al de otras empresas. Pintadas sobre un mapa, son muchísimas las calles reformadas por la misma empresa. Los vecinos dividieron su estudio en dos partes: los contratos “mayores” (en obras, los superiores a 40.000 euros) y los contratos menores, inferiores a 40.000 euros. Los contratos menores son los llamados contratos 'a dedo' porque no exigen concurso.

Licuas se lleva el 34% de la inversión en obras

En el período analizado, de 2015 a 2021, Licuas fue el principal adjudicatario de grandes contratos de obra: se llevó 19 de un total de 67 (algunos de esos 67 aún no habían sido adjudicados en el momento de elaborar la base de datos). El importe ascendió a unos 5 millones de euros, de un total de 14,5 millones invertidos en la categoría, lo que supone el 34% de la inversión. Y eso sin tener en cuenta el gran contrato de “mantenimiento, reparación y reforma de los pavimentos” de toda la ciudad, un contrato que técnicamente es de servicios, no obras, y que supone ocho millones de euros para Licuas en cuatro años, a razón de dos al año. Si se incluyera, Licuas se habría llevado 13 de los 22 millones invertidos en obras en el período, un 61% del total.

Este contrato, cuyo pliego técnico ha sido revisado por elDiario.es, está pensado para la conservación del pavimento que ya hay (por ejemplo, si se hace un boquete o hay que cambiar una loseta), pero incluye también ciertas actuaciones nuevas, como “creación de pasos de peatones”, “nuevas pavimentaciones y acondicionamientos de medianas y parterres”, “sustitución del mobiliario urbano”, etc.

Ya en su momento el PSOE cuestionó que se incluyeran nuevas infraestructuras en un contrato de mantenimiento, porque se imputaría como gasto una inversión. Y el dinero para pagar una cosa y otra debe salir de distintos sitios: el gasto, de los impuestos que pagan los ciudadanos; la inversión, de otro tipo de ingresos (los que te dé la Comunidad, los de ventas patrimoniales, etc.)

“La línea parece muy fina”, sostiene Federico Mas, portavoz de Ganemos en el consistorio. “No se explica tanta perseverancia por parte del Gobierno con la misma empresa. Se bordea la ley y norma para favorecer a Licuas, sin más”.

Mas asegura que la facilidad para contratar a Licuas es algo que desde la oposición “siempre” han vigilado. “Pero la ley de contratos permite estas prácticas. Sale un concurso público y lo suele ganar Licuas. No le puedes prohibir que se presente”. Dentro de las licitaciones, el siguiente adjudicatario fue Inesco S.A, con 2,3 millones y seis contratos. Y el siguiente, Obras Caminos y Asfaltos S.A, con 1,6 millones.

Más de un millón en contratos a dedo

La situación dentro de los contratos menores o 'a dedo' no es muy distinta. En el período de 2015 a 2021, Licuas se llevó más 29 contratos menores que suman más de un millón de euros, de un total de 6,8 millones (el 14%). El siguiente contratista es Urbalux, con 13 contratos y 342.800 euros (el 5%). “La ley establece que en cada contratación menor se pida un presupuesto, no exige ni tres ofertas ni tres presupuestos. Un técnico lo pide y se adjudica directamente. No solo trabajamos con Licuas, también con otras empresas como Urbalux”, dice el concejal de Hacienda, Javier Juárez. “Ante obras menores de 40.000 euros, pedimos ofertas a las empresas que conocemos porque lo que buscamos es agilidad”.

Entre los contratos 'a dedo' llaman la atención algunas remodelaciones de aceras adjudicadas a Licuas (según Juárez, “nuevas necesidades” que no entran dentro del gran contrato de mantenimiento) y distintos contratos para remodelar calles muy cercanas, lo que podría ser considerado fraccionamiento (partir un contrato grande en varios para poder adjudicarlo a dedo). Juárez niega la mayor. “Son emplazamientos distintos aunque estén cerca, es más que normal”, dice a este diario.

“No nos pilla por sorpresa”, añade Silvia Lucena, portavoz del grupo socialista. “Sabemos que a Licuas se le adjudican numerosos contratos, pero entendemos que si salen a concurso y el seguimiento lo hacen los funcionarios, es correcto. El Tribunal de Cuentas nos dio un toque por exceso de contratación menor, aunque estaba dentro de la legalidad. Nosotros creemos que, si quieres hacer buen uso de los recursos económicos públicos debes pedir varios presupuestos y ajustar el gasto. Para eso tienes que ser previsor. ¿Hace falta remodelar calles? Agrúpalas, saca un concurso grande y que apliquen varias empresas, no solo Licuas, tu empresa de referencia”.

“Muy normal no es. También es cierto que hay empresas dentro de la Comunidad de Madrid que parece que se reparten el territorio”, dice una persona que trabajó en el Ayuntamiento y que recuerda el caso de FCC, la otra 'dueña' del municipio y encargada de gestionar todo un plan general. “La oposición puede estar más al loro para intervenir en los pliegos y ver si recogen características muy relacionadas con una empresa concreta. El problema es que supone un trabajo extra y, muchas veces, no se hace”.

El AVE a La Meca, la línea de alta velocidad operada por Renfe en Arabia Saudí, suspendió operaciones durante más de un año por el coronavirus. Estuvo parado del 15 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, cuando el servicio se reanudó. Las consecuencias son económicas, por el dinero que ha dejado de ingresar, tras los problemas del consorcio español que opera la infraestructura, que llegó a amenazar con retirar a su personal ante los impagos acumulados de su cliente, la empresa estatal saudí de ferrocarriles. Pero también hay efectos laborales. La plantilla de Renfe en el proyecto saudí disminuyó en 170 personas y la peor parte se la llevaron las mujeres, que pasaron de ser más de cien a apenas una veintena. La operadora española prescindió del 81% de su plantilla femenina, frente al 25% de despidos que hizo entre la masculina.

Así se desprende de la memoria de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes y publicada durante el mes de agosto. Renfe desglosa la composición de su plantilla por sexo, edad, categoría profesional, área de actividad, tipo de contrato y región: España, dividida en comunidades autónomas, y Arabia Saudí y Texas, que sumaron 277 empleados en 2020 y están agrupadas bajo un mismo epígrafe.

En Texas, donde Renfe forma parte de un consorcio privado para desarrollar la alta velocidad entre Dallas y Houston, solo hay siete empleados: seis hombres y una mujer, según datos facilitados a este periódico. Eso significa que en Arabia Saudí son 270 trabajadores, frente a los 440 (quitando los siete de Texas) que eran en 2019.

La composición por género de la plantilla ya era entonces desigual, con 340 hombres y 107 mujeres. Pero había mejorado desde los inicios del proyecto, cuando la propia Renfe destacó que entre los empleados solo había una mujer: Pilar Cutanda, la directora financiera, que en una entrevista en el blog corporativo habló de las “anécdotas” de vivir en Arabia Saudí, como la obligación de cubrirse todo el cuerpo y las dificultades para conducir sola.

En 2018 contrató a 77 mujeres de forma temporal. En julio de ese año entró en vigor la ley saudí que permitía a las mujeres conducir —hasta entonces, era el único país donde estaba prohibido—, uno de los motivos que habían impulsado la incorporación de la mujer al trabajo en los últimos años. Arabia Saudí ha sido durante décadas uno de los países con menor participación femenina en el mercado laboral, pero entre 2018 y 2020 la tasa aumentó considerablemente, del 20% al 33% según la ONG estadounidense Brookings.

Sin embargo, en el año del coronavirus Renfe despidió o no renovó a 84 hombres (el 25% del total) y a 86 mujeres (el 81%). A preguntas de elDiario.es, desde la empresa solo aclaran que “el descenso del empleo temporal es motivado por la pandemia y disminuye tanto en hombres como en mujeres”. No dan información sobre si el empleo femenino se ha recuperado o no.*

De acuerdo a la memoria anual, Renfe nunca ha tenido a ninguna mujer fija en Arabia Saudí (aunque Cutanda sigue como directora financiera). Según fuentes conocedoras de la plantilla, entre los fijos hay una mayoría de expatriados españoles y alrededor de 15 saudíes. Los empleados temporales son principalmente saudíes y trabajan como maquinistas y personal comercial, en la venta de billetes y la atención al cliente en trenes y estaciones.

Estas mismas fuentes señalan que en el AVE a La Meca no hay mujeres maquinistas. Así, con el servicio cerrado, la compañía prescindió del área comercial y redujo el empleo femenino, dejando la plantilla con la siguiente composición.

En España, Renfe no hizo ni despidos ni ERTE durante la pandemia. Sí tuvo un conflicto con los trabajadores subcontratados en logística y servicios a bordo. El contrato, adjudicado a Ferrovial y de cerca de 400 millones de euros por cinco años, acabó durante el confinamiento. Ferrovial quiso hacer un ERE, pero tras la presión social Renfe prorrogó este contrato y licitó uno nuevo, que se llevó la misma empresa. “Nos subrogamos todos y no hemos tenido despidos”, aclara una de las trabajadoras de esta subcontrata.

“Potenciar la diversidad de género”

Renfe, también en España, es una empresa muy masculina. A cierre de 2020 contaba con 14.416 trabajadores, de los cuales solo el 15,6% son mujeres. La representación es aún más reducida en los grupos de Conducción y Talleres y solo se acerca a la paridad en el departamento de Gestión. La brecha salarial media es del 2,2% pero se dispara hasta el 10% en la categoría de Dirección. Entre los motivos que usa para justificarse está la antigüedad, superior entre hombres, y las pocas mujeres que trabajan en “puestos de mano de obra directa”, mejor remunerados por el tipo de jornada, los desplazamientos y las primas de productividad.

La compañía tiene entre sus objetivos “reducir la edad media de la plantilla” e “incrementar la representación femenina”. En los últimos cuatro años, la plantilla española ha aumentado el número de mujeres trabajadoras y disminuido el de hombres. Ello se debe al elevado número de jubilaciones y “desvinculaciones voluntarias”, un programa de prejubilaciones al que los hombres se apuntan mucho más. Desde 2019 se han “desvinculado voluntariamente” 1.329 hombres y solo 32 mujeres.

Las cuentas del AVE a La Meca

La línea Haramain se vendió en su momento como un emblema de la ingeniería española en el extranjero, pero ha estado desde el principio marcada por los retrasos y los sobrecostes. Se encargaron doce empresas españolas agrupadas en un consorcio junto a otras dos sociedades saudíes: tres públicas (Renfe, Adif e Ineco) y nueve privadas (Talgo, Copasa, OHL, Copsa, Dimetronic, Indra, Consultrans e Imathia e Inabesa, de Abengoa). El rey emérito jugó un papel clave en la adjudicación. La fiscalía suiza sospecha, desde una investigación en 2018, que Juan Carlos I cobró una comisión millonaria por facilitar este contrato.

La demanda de la línea de alta velocidad fue hasta 2019 “sensiblemente inferior a la estimada”, lo que se tradujo en menores ingresos de los esperados. Un informe encargado por el consorcio entonces señaló el “estrecho margen” que la operación de Haramain supone para Renfe. En 2020, los ingresos se redujeron hasta los 30 millones, frente a los 56 millones de 2019. Y el importe que la operadora aún tiene que cobrar por parte del contratista, la empresa estatal Saudi Railways Organization (SRO), asciende a 185 millones de euros.

Según informó el diario Expansión, el consorcio y SRO alcanzaron recientemente un acuerdo para compensar las pérdidas de la explotación de la línea a la operadora pública.

*Después de publicar este artículo, Renfe ha informado a elDiario.es de lo siguiente:

“En enero 2021, a la vista del comienzo de la operación comercial definitiva, Renfe contactó con los antiguos trabajadores/as y quienes mostraron voluntad positiva volvieron a ser contratados. Actualmente Renfe KSA cuenta 449 saudíes, de los que el 30,5% son mujeres (un total de 138).

En relación al personal expatriado, Renfe tiene a 35 expertos españoles en KSA en tareas especializadas del proyecto, de los que 3 son mujeres. Adicionalmente, se ha contratado otros 13 hombres de diversas nacionalidades (India, Pakistán…) en tareas auxiliares“

El precio de la electricidad en España va a ser este jueves el más alto de Europa: se ha disparado hasta los 140 euros/MWh, batiendo por cuarto día consecutivo un récord histórico. Este es el precio del mercado mayorista, el lugar al que acuden cada día las comercializadoras para comprar energía y vendérsela al consumidor.

“El mercado mayorista, en el que juegan las eléctricas, es como la lonja del pescado”, resume Jorge Morales, divulgador y director de Próxima Energía. “Las comercializadoras son las pescaderías. El problema no es quién te vende la energía, sino dónde la compran. Si la lonja está controlada por tres empresas, ya puedes tener un millón de pescaderías que el precio no va a bajar”.

Una gran subida en el mercado mayorista afecta de manera directa a los consumidores con tarifa regulada, mucho más sensible a los vaivenes que la tarifa libre o plana. Los consumidores con tarifa regulada son el 40% de los hogares, mientras que los que optan por las ofertas del mercado libre, en las que predominan las llamadas tarifas planas —la empresa te vende luz a precio fijo todos los días y a todas horas, con independencia de lo que haga el mercado— son la mayoría, el 60%.

Ese 60% de consumidores debería estar tranquilo ante las noticias de los últimos meses, porque su tarifa es fija y permanecerá ajena a los récords de este mes. Sin embargo, eso no significa que hasta ahora hayan pagado poco. Más bien al contrario.

“El precio fijo, como su nombre indica, no tiene vaivenes. Pero quienes hablan de esto no suelen explicar que ese precio está igualado por arriba”, continúa Morales. “Ayer alguien me dijo: 'yo pago 18 céntimos el kWh de siempre y no me ha afectado la subida'. Si llevas cinco años pagando eso llevas perjudicado desde el principio, porque la media del mercado regulado en estos años ha sido de 10 céntimos. Lo correcto ahora mismo es decir que ambos, tanto los del mercado libre como los del regulado, están mal”.

“Nosotros tenemos un comparador de tarifas y tenemos muy claro que la gente paga más en el mercado libre”, añaden desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “Las tarifas libres son caras o carísimas. Las ofertas son muy engañosas: les ponen nombres tipo 'tarifa tranquilidad' o 'tarifa estrella', te ofrecen descuentos en los primeros meses, luego lo suben y en la renovación del primer año llega lo peor. Como no tienen la obligación de publicar las tarifas, aplican las que les da la gana. Quizá alguna oferta es interesante, pero la mayoría son extraordinariamente caras, a precio Filomena todo el año”.

Todo lo anterior explicaría por qué España se encuentra entre los países con la luz más cara de Europa. Como muestra el siguiente gráfico, que recoge los precios pagados por los consumidores (es decir, los precios de pescadería con impuestos incluidos, y no los de lonja) hasta septiembre de 2020, nuestro país se encuentra recurrentemente entre los cinco o seis primeros más caros de la Eurozona.

Por un lado, las tarifas libres son más caras que las reguladas. Por otro, el diseño del mercado mayorista traslada al minorista regulado todos sus vaivenes.

El precio final de la luz en España no es solo más caro que el de nuestros vecinos, sino que está entre los que más han subido en toda Europa en el último año.

La evolución interanual del IPC (el índice de precios al consumo) de julio refleja que la electricidad subió un 26,9% en España frente al 1,6% de Alemania o 3,1% de Francia. Si bien es cierto que los mercados mayoristas se han comportado de manera similar en todo el continente, y que los incrementos en el precio del gas y en los derechos de emisión de CO2 han causado toda esta situación, ¿por qué al llegar al consumidor a los españoles nos afecta más?

“La repercusión del precio de lonja en la pescadería es muy distinta en cada país”, explica Morales. “No todos lo trasladan de la misma manera”.

El sistema de fijación de precios es de carácter marginalista en toda Europa. Cada día se subasta la electricidad necesaria, por franjas horarias, para cubrir la demanda del día siguiente. Primero se empieza vendiendo la electricidad producida con tecnologías más baratas, como las centrales nucleares, eólicas y solares. Si la demanda no se satisface con esas tecnologías, se acude a otras más caras y se paga toda al precio de estas.

Siguiendo el símil de la pescadería, significa que las comercializadoras pagan la panga a precio de atún rojo (o toda la carne a precio de solomillo, como dijo el periodista Aimar Bretos). Según explicó el Banco de España en un reciente informe, este sistema “origina beneficios de magnitud considerable” a las tecnologías que generan electricidad a menor coste.

La diferencia entre España y otros países está en la gestión del mercado mayorista. En Francia, el caso que siempre sale a relucir, la energía nuclear está contratada a precio fijo a EDF (Électricité de France), una empresa de mayoría estatal que tiene el monopolio nuclear. Las comercializadoras pagan por ella siempre lo mismo. Aunque es una situación muy distinta a la española, esta es la principal reclamación de la organización de consumidores Facua al Gobierno: que reforme el sistema de fijación de precios y que “determinadas tecnologías salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno”. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que ese precio fijo no puede plantearse en España porque la UE no lo permitiría.

“En otros países europeos tienen más competencia en los mercados mayoristas y otro tipo de tarifas, indexadas, pero no controladas por el Gobierno”, añade Morales. Por el elevado porcentaje de consumidores con tarifa regulada (recordemos, más volátil porque es dinámica pero habitualmente más barata), España es “un caso raro”. Solo siete países miembros de la UE tienen tarifas dinámicas y solo en Estonia, Suecia y España su cobertura es elevada, según el ya mencionado informe del Banco de España.

Otro factor a tener muy en cuenta, señala la fundadora de la comercializadora de energía renovable Holaluz, Carlota Pi, es la capacidad productiva de España. “Somos una isla eléctrica. Otros países europeos están bien interconectados: aquí, todo lo que se consume se genera dentro de la Península. Si sube la demanda pero la producción es la misma, necesitas acudir a tecnologías más caras. De ahí que la volatilidad sea más alta”.

Los españoles gastan menos en energía... porque consumen menos

A pesar de los altos precios a los que nos enfrentamos, el peso de la energía sobre el gasto total de los hogares no es muy alto en España y se encuentra por debajo de la media de la Unión. Así lo reflejan los datos de las Encuestas de Presupuestos Familiares armonizadas a nivel europeo. De media, los hogares españoles dedican a la energía (teniendo en cuenta gas, otros combustibles y electricidad) un 4% de su presupuesto, frente al 4,6% de Italia o 6,1% de Alemania.

“El consumo de electricidad doméstico es altamente dependiente de la temperatura”, indica Morales. España, como otros países del sur de Europa, disfruta de un clima más templado y amortigua así su gasto final en electricidad y gas. “Y no todos los hogares tienen calefacción de gas. En algunas zonas no llega el gaseoducto y se usa la eléctrica”. Determinados países tienen un nivel de “electrificación” más elevado, y más penetración del coche eléctrico.

“También hay países donde es más común la electrificación del agua caliente”, añade José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, que indica que las malas noticias sobre el precio de la luz están aumentando el interés de los españoles por el autoconsumo. “No todos los países tienen una gasificación tan fuerte como España. En la Unión hay países muy heterogéneos y luego dentro de cada país hay muchas diferencias entre norte y sur”.

Este dato es una media y no solo variará por zona geográfica: también por renta. Los hogares con renta más baja tienden a consumir menos pero a dedicar un porcentaje mayor de su presupuesto a la energía, mientras que los hogares de renta alta consumen más porque les supone menos esfuerzo. Según los últimos indicadores de pobreza energética, correspondientes a 2020, el 7,6% de la población española tiene problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno y el 6,6% tiene retrasos en el pago de facturas de suministros.

En este otro gráfico de Eurostat están los países europeos ordenados por consumo de electricidad per cápita en hogares, no de energía en general. España está en la parte media de la tabla, muy por debajo de Suecia, Finlandia, Francia o Austria.

Es posible que con las últimas subidas del precio de la luz estos indicadores empeoren. Hay informes de entidades privadas que ya apuntan que las familias españolas destinan, de media, el 5% de sus ingresos a pagar suministros. Aunque la demanda de electricidad es elástica en el largo plazo (esto es, que si el precio sube mucho la gente reducirá el consumo para pagar menos), Morales no cree que que la situación actual vaya a provocar una caída de la demanda.

“Si mantienes el precio muy alto mucho tiempo, la gente en lugar de poner la lavadora se baja a la lavandería. Pero no creo que eso vaya a pasar”, concluye.

Lejos de frenarla, la pandemia ha estimulado la compra de inmuebles. “La demanda está viviendo un auge sin precedentes. Desde que salimos de la crisis en 2014 no habíamos visto cifras similares”, dice María Matos, directora de estudios del portal inmobiliario Fotocasa. Los últimos datos de concesión de hipotecas le dan la razón: en junio se firmaron 37.961 en toda España, prácticamente la cifra más alta de los últimos diez años y solo superada por la de enero de 2020, cuando hubo más de 40.200.

Aunque en la época de la burbuja era habitual firmar más de 100.000 hipotecas al mes, tras el pinchazo cayeron a mínimos. El mercado se ha ido recuperando poco a poco desde entonces. Salvando el bache del confinamiento —cuando pararon las visitas a pisos y los trámites administrativos—, en los últimos dos años el número mensual de hipotecas sobre vivienda ha ido en aumento. Esto ha provocado, por otro lado, un ligero repunte del endeudamiento de los hogares.

Los analistas lo achacan a las buenas condiciones de los bancos que, en un contexto de bajos tipos de interés, concentran su oferta en hipotecas a tipo fijo muy baratas. “El sector bancario tiene que competir con las hipotecas variables, que se rigen por el Euríbor. Este está en mínimos y la previsión es que siga así, así que están ofreciendo tipos fijos muy bajos”, continúa Matos. “A quien pida ahora una hipoteca, le puede salir casi gratis”.

Una consecuencia lógica de esta tendencia es que un elevado porcentaje de ellas son a tipo fijo: si hace diez años apenas representaban el 4%, hoy son casi la mitad.

“Es interesante que se consolide el tipo fijo”, añade Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com. “Es una obviedad, un tema un poco manido, pero significa que las entidades bancarias quieren ofrecer ese producto. Las condiciones que hay ahora son muy ventajosas y las vamos a seguir teniendo al menos dos años, pero no es sencillo que se repitan a futuro”. El tipo de interés medio al que se están firmando las hipotecas fijas es 2,81%, lejos de los máximos de la burbuja, cuando llegó a superar el 6%.

¿Quién puede comprar una casa ahora?

Conseguir una hipoteca en buenas condiciones es fácil. Lo que no es tan fácil es conseguir una casa barata. Los precios de la vivienda nueva y usada siguen subiendo en toda España. Según los últimos datos de la sociedad de tasación Tinsa, la vivienda ha subido un 20,7% desde su mínimo en 2015 y un 2,9% desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

Las zonas en las que más ha aumentado este año son las islas y la costa mediterránea, frente a las capitales y grandes ciudades, donde el alza es más moderada (0,4% en 2021). Al ser más caras que sus áreas metropolitanas, muchas capitales de provincia pierden peso sobre el total de compraventas. Por poner dos ejemplos: en Barcelona, solo el 24% de las viviendas que se compraron en el segundo trimestre del año estaban en la ciudad, cuando en 2014 suponían el 36%. En Madrid, el peso ha caído del 58% (2015) al 45%, según los últimos datos del Colegio de Registradores.

El aumento de precio se deja notar en el importe medio de las hipotecas concedidas, que en junio alcanzó los 140.000 euros. Los datos varían mucho por provincias: en Madrid, la hipoteca media es de 206.000 euros. En Barcelona, de 180.000 euros. Y en el otro extremo de la balanza están Cuenca, Cáceres y Ciudad Real, con hipotecas medias inferiores a 78.000 euros.

Pese a las buenas condiciones de financiación, la mayoría de los bancos exigen de entrada el 20% del precio de la vivienda, porcentaje que se eleva al 30% si sumamos los gastos de compraventa. ¿Quién tiene capacidad de acceder a hipotecas? El perfil del comprador varía, según los consultados y los datos recopilados por los registradores de la propiedad.

“No sé qué porcentaje de las hipotecas suponen pero, a raíz de la pandemia, ha aumentado la demanda del comprador de segunda residencia. Nuestros datos nos dicen que el 93% de los que buscan ya tienen una”, continúa Matos, de Fotocasa. “Nunca habíamos tenido tantos ciudadanos interesados en cambiar de casa como ahora. Está ligado al teletrabajo: antes el requisito de la ubicación era el más importante después del precio, pero ahora eso se ha esfumado por completo. La gente quiere luz natural, terrazas y jardines, así que se va a la periferia de las ciudades, donde esas características son más fáciles de encontrar”.

Aumenta la superficie de las viviendas que se compran (de media, 102 metros cuadrados), sube la venta de unifamiliares y cae la venta de vivienda colectiva, aunque en perspectiva los pisos sigan suponiendo el 79% de las compraventas totales.

“Los compradores son personas que disponen de capital previo. También habrá inversores, precisamente por las buenas condiciones de los tipos de interés, que hacen que la inversión en ladrillo sea interesante”, añade Font. “Los jóvenes son quienes más precariedad sufren. E incluso los que tienen un salario correcto no tienen capacidad de ahorro, con lo que difícilmente pueden acceder a la compra”.

En este sentido, la directora de estudios de Fotocasa destaca la iniciativa de Murcia, que se ha convertido en la primera comunidad en España en avalar ese 20% de entrada que piden los bancos para compradores menores de 35 años. La Región anunció en abril que avalaría alrededor de 400 viviendas de hasta 175.000 euros.

Esta medida es una copia del esquema británico Help to Buy, que en España llevan tiempo proponiendo promotores inmobiliarios y bancos. Ana Botín lo propuso en mayo del año pasado y el Gobierno admitió, a través del ministerio de Economía, estar estudiándolo, si bien desde el Ministerio de Transportes afirmaron más tarde estar centrados en su “plan de alquiler asequible”. Parte de este plan depende de la futura Ley de Vivienda, aún encallada por diferencias entre PSOE y Unidas Podemos y que acumula nueve meses de retraso.

Puertollano, Castellón de la Plana y Sagunto son las áreas urbanas españolas con mejor relación entre salarios y coste de vida, según un informe del Banco de España que explora las diferencias de poder adquisitivo en las distintas zonas de nuestro país. El estudio, elaborado por los economistas Víctor Forte-Campos, Enrique Moral-Benito y Javier Quintana, establece un índice del coste de vida (que ya publicamos en elDiario.es) y lo relaciona posteriormente con los salarios medios de cada área urbana.

De este cruce sale el siguiente gráfico y la conclusión de que, por norma general, en las grandes ciudades (Madrid y Barcelona) y las zonas más turísticas los salarios, aunque sean altos, cunden menos. Según explican los autores, la línea del gráfico es “el nivel de precios que cabría esperar de una ciudad con cierto nivel de salarios nominales”, de modo que las ciudades por encima de la línea son las que tienen precios altos para su salario. Las que están por debajo, al revés.

Las ciudades de País Vasco y Navarra no aparecen porque no hay datos administrativos sobre los precios de sus alquileres, necesarios para construir el índice de precios general. Todos los datos corresponden a 2018.

El salario nominal medio de Puertollano es de 1.834 euros mensuales. El salario nominal es el que recibe un trabajador en su cuenta a final de mes. Este salario nominal cundirá más o menos en función de donde se viva y de la inflación, porque no son lo mismo 1.834 euros en Puertollano que en Madrid. Si la ciudad manchega sale tan bien posicionada es porque está entre las más baratas de España, según el citado índice, ocupando el puesto 74 de 75 (la más barata es la conurbación alicantina de Elda-Petrer).

El precio del alquiler en Puertollano está, según datos actuales de Idealista, en 5 euros el metro cuadrado, más de la mitad que la media de España (10,7 euros el metro cuadrado). En venta, un metro cuadrado cuesta 576 euros frente a los 1.826 de media de España. Así, se pueden ver anuncios de pisos en alquiler de más de 80 metros cuadrados por menos de 500 euros al mes y anuncios de pisos en venta de más de 100 metros cuadrados por alrededor de 60.000 euros.

Hay que destacar que, pese a esta buena relación entre salario y coste de vida, Puertollano es, junto a Zamora, Ferrol y Linares, una de las pocas áreas urbanas de España que ha perdido población en los últimos veinte años, según datos del Ministerio de Transportes. La ciudad ha sufrido el cierre de varias empresas energéticas y la presencia del AVE —que muchos consideran solución a la despoblación— no ha revertido la situación. Pese a los buenos salarios medios, Puertollano tiene una tasa de paro del 25,5%.

El alquiler es la variable que explica las mayores diferencias en el coste de vida de las ciudades y el culpable de que Madrid y Barcelona sobresalgan tanto por encima del resto.

En Sagunto (Valencia) y Castellón de la Plana (Castellón) la dinámica es similar a Puertollano, si bien las tasas de paro son menores, de entre el 16% y el 17%. Los precios del alquiler están muy por debajo de la media española —5,5 euros el metro cuadrado en Sagunto y 6,3 euros en Castellón— y el salario nominal medio supera los 1.700 euros mensuales.

Para estimar los salarios medios, los autores del informe han utilizado la Muestra Continua de Vidas Laborales, una detallada estadística que ofrece la Seguridad Social y que incluye, entre muchas otras cosas, el lugar de residencia de los trabajadores.

Otras ciudades con buena relación entre salario medio y coste de vida son A Coruña, Valencia, Valladolid, Granada, Ciudad Real, Ávila, Albacete, El Ejido, Ferrol o Mérida. Por contra, además de Barcelona y Madrid, zonas urbanas turísticas como Tenerife Sur, la Costa Blanca y la Costa del Sol tienen costes de vida muy elevados para sus salarios.

Incluso la conurbación de Málaga, sonada por la inversión tecnológica que atrae en los últimos tiempos, se sitúa entre las diez más caras del país cuando su salario medio (1.512 euros, condicionado por el alto porcentaje de trabajadores del turismo y la hostelería, dos de los sectores peor remunerados de España) queda en la parte media de la tabla. Santander y Córdoba cuentan con índices similares.

Las diferencias van en aumento

Una de las principales conclusiones que sacaron los autores del estudio fue que vivir en Madrid y Barcelona es, de media, un 20% más caro que en el resto de España. Visto de otro modo: que una persona necesitaría 1.200 euros de salario mensual para tener el mismo poder adquisitivo que alguien cobrando 1.000 en otro lugar.

El estudio subraya que el tamaño de las áreas urbanas está muy relacionado con el coste de vida —a más población, más caras— y que las diferencias no paran de ensancharse.

“En 2004, la diferencia entre las dos ciudades más caras y la más barata era del 22%, frente al 31% de 2020”, señala. “Además, la brecha en el coste de la vida entre una ciudad grande y otra más pequeña ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. En 2004, el diferencial entre un área urbana y otra con la mitad de población era del 2%. En 2020, este diferencial era del 3,1%”. Algunos autores han señalado que uno de los únicos efectos positivos de estas disparidades es que contienen la despoblación.

Nota: una versión anterior de este artículo decía que “los salarios de Madrid y Barcelona no compensan”. La frase se ha eliminado por no ajustarse a la realidad: los salarios de estas ciudades son hasta un 45% superiores que la media del resto de áreas urbanas, pero se suavizan hasta ser “solo” un 21% más altos debido a su coste de vida.

OnlyFans, la popular web de suscripciones porno, anunció el pasado 19 de agosto que prohibiría el “contenido sexual explícito” a partir del 1 de octubre. Seis días después, la empresa ha reculado y dicho que no lo hará. Entre medias, el CEO ha salido en el Financial Times acusando a los bancos de dificultar su negocio y quienes venden contenido en la plataforma han salido espantados en busca de otras opciones. ¿Qué está pasando aquí?

En un escueto comunicado publicado la semana pasada, OnlyFans dijo que prohibiría el contenido explícito —no los desnudos— para “asegurar la sostenibilidad de la plataforma a largo plazo”. La empresa, fundada por una familia inglesa y cuyo accionista mayoritario es el inversor ucraniano-americano Leonid Radvisnky, apuntó a los bancos y pasarelas de pago para explicar su decisión.

“Los cambios se harán para cumplir con los requerimientos de nuestros socios bancarios y proveedores de servicios de pago”, dijo entonces. Del mismo modo, en un comunicado enviado este miércoles para explicar su marcha atrás, afirma que los cambios propuestos “ya no son necesarios” debido a las “garantías” que les han dado los bancos para alojar todo tipo de “géneros de creadores”. El CEO había acusado al banco BNY Mellon de rechazar los pagos que OnlyFans hace a sus 'creadores' de contenido.

El de 'creador' es un término amplio que va desde gente que sube vídeos a TikTok o YouTube, influye con sus fotografías a Instagram y hace directos en Twitch a otra que vende contenido explícito a terceros a través de OnlyFans. Entre estos últimos hay, sin embargo, personas que prefieren evitar el eufemismo y reclaman ser reconocidas como trabajadores sexuales. Pese a vivir de ellas, OnlyFans apenas las menciona y se vende como una plataforma de suscripciones a cocineros, fotógrafos y expertos en fitness, entre otros.

Quienes conocen el sector del porno no se sorprendieron demasiado por el primer anuncio de OnlyFans. “Es lo mismo que pasó con Patreon. Hasta 2018, podías vender contenido sexual. De un día para otro hicieron lo mismo por culpa de PayPal”, explica Anneke Necro, productora de pornografía y usuaria de OnlyFans. “Todas las webs usan pasarelas de pago y todas las pasarelas de pago están manejadas por Visa y Mastercard, que llevan tiempo decidiendo qué se puede vender y qué no. Es una guerra contra el contenido explícito”.

En los seis días que ha durado el veto al porno de OnlyFans se ha señalado a distintos culpables. En primer lugar, el medio estadounidense Axios aludió a potenciales inversores. Según esta información, OnlyFans busca inversión externa para crecer —pese a que en 2020 facturó más de 1.700 millones de libras y obtuvo 43 de beneficio— pero a los fondos de capital riesgo les asusta el sector del porno. ¿Es factible? Fuentes financieras consultadas por elDiario.es reconocen que, cuando uno recauda dinero para crear un fondo de capital riesgo, debe explicar muy bien en qué sectores pretende invertirlo.

“A menudo, los inversores no quieren tener que gestionar temas reputacionales y que se cuente que invierten en porno”, dicen estas fuentes. Además, hay actores institucionales (por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones) que descartan invertir en sectores como las apuestas, la prostitución, el tabaco, la pornografía, la homeopatía o las armas, lo que lleva a otros a imitarlos.

El papel de Visa y Mastercard

Muchas miradas se posaron, en segundo lugar, sobre las proveedoras de servicios de pago Visa y Mastercard. Ambas han rechazado hacer declaraciones a elDiario.es. La espinosa relación de estos dos gigantes financieros con el mundo de la pornografía viene de lejos. Hace menos de un año, las dos vetaron a Pornhub —otra popular plataforma de vídeos porno— porque The New York Times publicó un reportaje contando que alojaba vídeos de menores, de violaciones y porno vengativo (es decir, vídeos sexuales grabados sin consentimiento).

A raíz de aquello, Pornhub empezó a permitir pagos con criptomonedas y Mastercard, coincidiendo con el 'boom' que OnlyFans experimentó durante la pandemia, actualizó sus condiciones de servicio para vendedores de contenido adulto.

La nueva política de Mastercard exige a los bancos que cualquier vendedor de contenido adulto que use su red verifique la edad e identidad de las personas que aparecen en cada vídeo y de quienes lo suben y revise todo el contenido publicado. Además, los vendedores deben resolver casos de contenido ilegal en menos de siete días y eliminar contenido si quien aparece en él lo solicita. Fuentes del sector indican que las políticas de Visa, que no ha hecho declaraciones en ningún medio, siguen la misma línea. El CEO de OnlyFans declaró en su entrevista en Financial Times que el veto al porno no tenía nada que ver con estas nuevas políticas, porque la empresa ya las cumple gracias a su equipo de mil moderadores.

Así lo corroboran varias usuarias de OnlyFans. “A mí me costó muchísimo abrirme la cuenta por la cantidad de papeleos que me pedían”, dice Necro. “Los mecanismos son muy complicados. Tienes que demostrar que la cuenta del banco te pertenece, incluso que vives en la casa en la que grabas. Pese a que se diga que en Pornhub y OnlyFans se almacena contenido ilegal, la verdad es que es más fácil encontrar pornografía infantil en Twitter y Facebook”.

Meraki, otra trabajadora sexual que vende contenido en OnlyFans, añade que la compañía lo revisa todo con detalle. “A mí me han llegado a borrar vídeos porque se veía un dedo de mi chico y me dijeron que tenía que verificarlo”, cuenta. En sus términos de uso, OnlyFans prohíbe contenido que incluya armas, drogas, autolesiones, incesto, violencia y violaciones, necrofilia, material escatológico (y las usuarias entienden que esto incluye el contenido menstrual), material subido sin consentimiento y servicios de prostitución.

Que OnlyFans ya cumpliera con la nueva política de las tarjetas no significa que estas no definan qué es aceptable y qué no, como explicaba la productora Necro. “La cruzada contra el porno y los sex shops en internet empezó hace muchos años. Exodus Cry [una organización cristiana que aboga por la abolición de todo el trabajo sexual, incluida la pornografía] lleva presionando desde 2007”, dice.

Es más: la organización antipornografía NCOSE (National Center on Sexual Exploitation, que antes se llamaba Morality in Media) se anotó el tanto del veto al porno de OnlyFans asegurando que era fruto de su intenso trabajo de lobby con las empresas de tarjetas. NCOSE no solo ha ido contra PornHub y OnlyFans, también contra Netflix, Amazon, Google, Twitter, Reddit y Discord. A todas ellas las acusa de “facilitar o lucrarse” del abuso y la explotación sexual.

“La presión de los grupos conservadores se aplica a cualquier entidad centralizada que tenga capacidad de desmontar financieramente a personas que no le parecen aceptables”, considera Evan Greer, directora de la organización por los derechos digitales Fight for the Future. “Estas organizaciones explotan una debilidad del funcionamiento de internet. Funcionan porque unas pocas compañías controlan las finanzas digitales: los grandes bancos y pasarelas de pago”.

Desde Fight for the Future creen que el cambio de opinión de OnlyFans es una victoria para las trabajadoras sexuales, pero condenan su actitud. “Son responsables de esta situación. Eligen aceptar la presión en lugar de gastar parte de sus beneficios en defender a las trabajadoras sexuales, la comunidad que les ha ayudado a ser quienes son”. Además, recuerdan otros ejemplos similares de censura financiera: que la app Venmo detuviera los pagos hacia un fondo de emergencia para ayudar a Palestina y que Visa y Mastercard negaran sus servicios a Wikileaks.

La sangre menstrual, por ejemplo, no solo no está permitida en OnlyFans sino en muchas otras páginas. “Si tú como productora quieres vender ese fetiche, no puedes. Las productoras firman un contrato y se autocensuran porque saben que pueden revisarles la página, cerrarles la pasarela de pago y quedarse sin cobrar. Con PayPal ha pasado muchísimas veces”, continúa Necro. “Y sí que lo revisan. Por ejemplo, está prohibido usar imaginario que tenga que ver con Disney. Yo no lo sabía, y una de las primeras veces que dirigí para una productora conocida incluí una escena en la que había un poster de Star Wars. Escribieron para que la elimináramos”.

PayPal y Stripe directamente prohíben que se use su servicio para comprar o vender material “de índole sexual” (también prohíben otro tipo de usos, como las drogas o apuestas). Por eso servicios de suscripción como Ko-Fi, similar a Patreon, prohíben la venta de contenido sexual y descargan responsabilidades. “Sin pasarelas de pago como PayPal y Stripe, no habría Ko-fi. Ko-fi facilita pagos usando PayPal y Stripe. Como resultado, los creadores deben cumplir los términos de uso que imponen ellos”.

Pasarelas de pago para “negocios de alto riesgo”

Si las grandes compañías financieras estrechan cada vez más el cerco sobre la pornografía, ¿cómo lo hacen las webs que siguen dedicándose a ello? Porque en realidad sí que hay alternativas, perfectamente conocidas por las empresas de la industria y por la propia OnlyFans. Son las llamadas pasarelas de pago de alto riesgo, especializadas en pornografía, juego o negocios relacionados con el cannabis. Se consideran de alto riesgo porque el porcentaje de fraude en estos sectores es alto. De hecho, y como ya contamos en elDiario.es, OnlyFans tiene un elevado porcentaje de pagos fraudulentos: gente que paga con tarjetas robadas o gente que paga, ve el contenido y pide que le devuelvan el dinero.

CCBill y EPoch son dos de las más conocidas. OnlyFans trabaja con CCBill, como la española Putalocura. “Trabajamos con ellos desde el principio. Permiten pagar con todo tipo de tarjetas. Lo único que nos han dicho es que no podemos publicar escenas en las que la chica parezca dormida, porque podría simular una violación, ni mostrar cómo se les da dinero”, explica su dueño, el conocido Torbe, hasta la fecha implicado en varias causas judiciales relacionadas con la pornografía. “Salvo eso, no hay muchas restricciones”. Este tipo de pasarelas cobran comisiones mucho más altas, de entre el 10% y el 20% por transacción. Torbe añade que es la única opción y que “los bancos españoles rechazan trabajar con el mundo del porno”.

Hubite, el directorio de OnlyFans creado por tres jóvenes españoles, también usa CCBill. “De cada compra, se quedan el 10%. Y además te imponen una reserva, otro porcentaje de cada compra que guardan durante seis meses por si desapareces y no les pagas. Es decir: si vendo cien, me cobran 10 y se quedan cinco adicionales”, relata David Conelly, uno de los creadores. “Las pasarelas de pago tienen un poder bestial, pero la fuente de todo son Visa y Mastercard”.

Los impedimentos financieros no son exclusivos del mundo del contenido adulto. Aunque la venta de CBD (componente del cannabis sin efectos psicoactivos) es legal en España y otros países, bancos y plataformas rechazan trabajar con empresas del sector.

“Sufrimos algo similar”, reconoce Rafa Ortiz, CEO de Uncanny, una tienda de productos CBD. “Tanto nosotros como las marcas con las que trabajamos hemos gastado mucho tiempo y dinero en ofrecer medios de pago seguros. Nosotros finalmente conseguimos trabajar con Redsys a través del BBVA, pero muchos bancos en España rechazaron la solicitud. El principal problema lo encontramos a la hora de expandir nuestro negocio al exterior, porque Stripe, Adyen y Global Collect nos han denegado el servicio. Es muy frustrante”.

Aunque ya ha reculado, tras el primer anuncio de OnlyFans muchas creadoras de contenido buscaron otras opciones a la desesperada. Además de nuevas plataformas como Fansly, algunas empiezan a optar por canales privados (por ejemplo, en Telegram) y medios de pago que escapen a la censura. “Yo me he creado mi propia web”, concluye Meraki. “Cobraré a través de Verse o Bizum y enviaré mi contenido manualmente, encriptado a través de Mega. Así no lo pueden revisar”.

OnlyFans, la popular plataforma de suscripciones a contenido pornográfico, ha dado marcha atrás en sus planes de prohibir el contenido explícito. A través de un escueto comunicado publicado en Twitter este miércoles, la compañía ha asegurado que ha reunido las “garantías necesarias” para apoyar a su “diversa comunidad de creadores” y que suspende el cambio de política previsto para el próximo 1 de octubre.

En un comunicado enviado posteriormente a elDiario.es, la empresa ha explicado que los cambios propuestos para esa fecha “ya no son necesarios” debido a las “garantías de los socios bancarios de que OnlyFans puede admitir todos los géneros de creadores”.

Hace apenas seis días, OnlyFans envió un email a sus usuarios diciendo que a partir de esa fecha no permitiría “contenido sexual explícito”, solo desnudos. La decisión desconcertó a los miles de creadores que venden contenido adulto en la plataforma, que llevan desde entonces buscando alternativas. OnlyFans se ha hecho muy popular durante la pandemia y a cierre de 2020 contaba con más de un millón y medio de creadores registrados.

La compañía, fundada por una familia inglesa y adquirida al 75% en 2018 por el inversor ucraniano-americano Leonid Radvisnky, apuntó directamente a los bancos y proveedores de pagos como responsables de esta decisión.

“Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma y para continuar acogiendo a una comunidad inclusiva de creadores y fans, debemos evolucionar en nuestra política de contenido”, dijo. “Estos cambios son para cumplir con las peticiones de nuestros proveedores bancarios y de pagos”.

En una entrevista este martes con el Financial Times, el fundador Tim Stokely acusó al banco Bank of New York Mellon de dificultar su negocio y de rechazar los pagos que OnlyFans hace a las creadoras. El anuncio dando marcha atrás se ha producido pocas horas después de esta entrevista. El cambio de política fue muy criticado por los usuarios que venden contenido explícito y que han hecho crecer a la plataforma.

La popularísima Belén Esteban, colaboradora habitual en programas de televisión desde hace más de veinte años, lanzó al mercado en abril su propia marca de gazpacho y salmorejo. Esteban se une al listado de famosos que aprovechan su tirón para vender un producto, un clásico en el sector de la perfumería y la cosmética —Rihanna tiene una línea de maquillaje; Shakira y Antonio Banderas ponen su nombre a sendas colonias— y que desde hace algunos años también se lleva en alimentación. Porque no solo los cocineros prestan su nombre a un alimento: en España, Bertín Osborne tiene su propia tienda (con quesos, cervezas, ibéricos y gazpachos) y Carlos Herrera lo intentó, aunque su compañía, La Alacena de Carlos Herrera, lleva varios años sin actividad.

En el caso de Esteban, y por lo que ha contado en entrevistas, la idea surgió hace ahora un año. Su marido Miguel y su amigo Rubén le sugirieron “crear algo suyo”: “Como empezaba la campaña del calorcito y a mí los gazpachos y salmorejos me salen muy buenos, empezamos a preparar todo”. La tertuliana no ha prestado su imagen y punto, sino que ha montado una empresa —Sabores de la Esteban— y buscado proveedor. La compañía no da datos de ventas y al ser tan joven aún no tiene cuentas presentadas en el registro mercantil, pero agotó existencias en Carrefour la primera semana de lanzamiento y lleva desde entonces ampliando la lista de supermercados en los que está disponible. Empezó en Carrefour y El Corte Inglés y ya puede encontrarse en otra decena de cadenas.

“Estamos impresionados. Queríamos asegurarnos de que iba a ser un éxito en ventas y en junio ya habíamos superado nuestras expectativas”, responde al teléfono Rubén Gómez, uno de los tres socios que la acompañan en la aventura (los otros dos prefieren mantenerse en el anonimato). Gómez atiende a elDiario.es una mañana de agosto, mientras ella disfruta de sus vacaciones. “Se las merece. Saca horas de donde no las hay. Cuando está en Telecinco, entre bastidores, nos llama y se incorpora a las reuniones”, añade. “Está involucrada y dejándose la piel”.

El proveedor en cuestión es Cool Vega Company, una pyme murciana de capital español que en pocos años de vida se ha colocado entre los primeros productores de gazpachos, salmorejos y cremas de nuestro país. Aunque ha ralentizado su ritmo durante la pandemia (porque es comida preparada y la gente prefiere hacérsela en casa), es este un negocio en auge y en el que compiten una treintena de empresas. A la cabeza están el Grupo García Carrión, proveedor de gazpacho de Mercadona, Alvalle, AMC Natural Drinks y García Millán. Salvo esta última, y como Cool Vega, todas son de Murcia.

Cool Vega arrancó entre 2015 y 2016. Tiene su propia marca, Vibs, y elabora gazpachos, salmorejos, cremas y sopas, zumos y tomate triturado. “Para mí, nuestro tomate rallado es el mejor del mercado”, defiende Antonio Molina, CEO de la empresa. “Yo soy de Tarragona y soy fan de la tostada con tomate. Lo puedes rallar en casa, pero no le puedes quitar el agua. Nosotros lo hemos hecho y no empapa nunca el pan”. Todas sus verduras proceden de la huerta murciana y colaboran estrechamente con el grupo agrícola Perichán, de Mazarrón. “Ellos producen tomates y nosotros necesitamos tomates. Estamos a unos 40 minutos en camión. Es una relación de conveniencia”.

Antes de trabajar con Belén Esteban, Cool Vega ya hacía gazpachos para terceros. Concretamente, son los responsables del gazpacho de Lidl —el supermercado que más crece en España y que lleva tiempo encandilando a los productores nacionales—, comercializado bajo las marcas 'Chef Select' y 'Origen y Tradición'. Este gazpacho también lleva la imagen de una famosa, la cocinera Pepa Muñoz, una técnica de marketing muy habitual en Lidl. En navidades, por ejemplo, sacaron el roscón del concursante de Masterchef Carlos Maldonado.

“El acuerdo no se parece en nada”, explica Molina. “En el caso de Pepa Muñoz, es Lidl el que llega a un trato con ella, nos contrata y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer su receta. En el caso de Belén, ella nos eligió tras hacer un estudio de mercado. Hicimos una receta siguiendo sus indicaciones y nos dio la responsabilidad de gestionar toda la operativa, logística y distribución”.

Cuenta Gómez, el socio de Esteban, que tras decidir que iban a meterse en el mundo del gazpacho buscaron fábricas. Contactaron con varias, visitaron “entre cinco y diez” y se quedaron con Cool Vega por tener “buena reputación, profesionalidad y poder hacer la producción que necesitábamos”.

La empresa asegura que su fuerte es la tecnología. “De nuestro tamaño y sector, somos de las fábricas más avanzadas de Europa. Los competidores de nuestro tamaño hacen muchas tareas de forma manual, pero nosotros tenemos todo automatizado”, dice Molina. “El tomate se tritura y no vuelve a ver la luz hasta que no sale la botella embotellada. Va por tuberías de una sección a otra para mantener la frescura, porque en el momento en que se corta empieza a oxidarse. Queremos que el producto llegue lo más fresco posible y creo que eso fue lo que nos diferenció del resto de empresas con las que competíamos”.

A diferencia de Gómez, el CEO sí pone cifras al éxito de Los Sabores de La Esteban. Estima que, hasta la fecha, han vendido un 40% más de lo previsto y que cerrarán la temporada habiendo superado el 50%. Aunque no desvelan cuánto era lo previsto.

“Ahora viene un arreón fuerte porque haremos promoción”, dice. “Cool Vega ya funcionaba y, si no hubiéramos tenido relación con los supermercados, el proyecto hubiera sido más difícil. Belén Esteban ha liderado las reuniones y cerrado los acuerdos con la gran distribución, pero a nosotros ya nos conocían como proveedores y por eso se ha materializado más fácilmente. Lo que ha sucedido es que los pájaros han venido a la escopeta. Que la distribución me contacte para mostrar interés por un producto es algo que nunca había vivido. Se debe a las ventas, porque lo que quieren es tener rotación”.

La fama de la comunicadora y la promoción que ha hecho de su gazpacho en Sálvame, uno de los programas más vistos de la parrilla, han ayudado “muchísimo”. “La promoción lo es todo. A nosotros, los industriales, nos pone el listón más alto porque tenemos que producir más”, añade Molina.

Según el momento del año, Cool Vega tiene alrededor de 70 trabajadores y ha contratado una decena más a raíz del éxito del producto. “Hemos ampliado personal en varias áreas: tanto en operarios de fábrica como en administración, porque esto nos ha generado más trabajo en la gestión de pedidos”, dice. En 2019, últimas cuentas presentadas, la compañía facturó 3 millones de euros, registró pérdidas de 3,2 millones y un salario medio de 33.660 euros brutos anuales. Aún no han dado beneficios ningún año porque están amortizando la inversión inicial, que fue de veinte millones de euros, pero Molina indica que este año ya serán rentables. “Una planta no arranca de un día para otro, es un proceso largo. Cada año las ventas crecían y este ya hubiéramos dado beneficios aunque no hubiéramos trabajado con Belén Esteban, que ha sido algo magnífico”, puntualiza.

El gazpacho de Cool Vega y Belén Esteban ha obtenido muchas buenas críticas —entre otras, la de El Comidista, que lo valoró como el cuarto mejor gazpacho y destacó que es “potentito de vinagre”— pero se ha topado recientemente con el dictamen negativo de la OCU, que lo situó entre los peores del mercado con 64 puntos de 100. Para concluir, preguntamos a Molina por este golpe. “La OCU hace un estudio con expertos y está bien. Hay que darle el valor que tiene. Lo usaremos para mejorar, pero si la clasificación hubiera sido favorable te diría lo mismo”, valora. “Tendrán sus razones, pero nosotros nos basamos en las ventas: tenemos que convencer al consumidor, porque la OCU no nos va a pagar los sueldos”.

¿Tiene sentido aprobar la ampliación de dos aeropuertos durante una pandemia, cuando el turismo sigue en mínimos y el tráfico de pasajeros ha caído un 66% en toda España?

El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para invertir 1.700 millones en ampliar El Prat ha provocado reacciones diversas. Entidades como Barcelona Tech City, Foment del Treball y el Círculo de Economía lo defienden por cuestiones económicas, mientras que parte del Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde de uno los municipios afectados (El Prat), grupos vecinales y organizaciones ecologistas lo rechazan.

El Gobierno también anunció 1.600 millones de euros de inversión para Barajas, una noticia que generó mucho menos ruido. Y es que, aunque el proyecto de El Prat no está cerrado, la obra prevista invadiría un espacio protegido, La Ricarda. De ahí la contestación y oposición social.

En el fondo de ambos anuncios está la crisis climática: en un contexto de reducción de emisiones, resulta contradictorio ampliar infraestructuras para un medio de transporte tan contaminante.

Una tercera lectura tiene que ver con la demanda. Tanto El Prat como Barajas se amplían para tener más capacidad: para que quepan más aviones y vuelen más pasajeros. La pregunta es si, una vez estén terminados, existirán dichos pasajeros, además de si las inversiones no deberían ir a medios sostenibles y que use más gente. A continuación, respondemos a cuestiones en torno a estos temas.

¿En qué consiste cada ampliación?

Las propuestas de Aena son las siguientes. En El Prat, se pretende ampliar una pista (que invadiría el citado espacio protegido) y construir una terminal satélite que dé servicio a los vuelos de largo radio que operarán en dicha pista.

En Barajas, de acuerdo a la información ya publicada en 2018, cuando se empezaron a definir las actuaciones, se unirán las terminales antiguas (1, 2 y 3) y se ampliarán cogiendo el parking que hay enfrente. “Lo de Barajas es una reordenación interna y no se percibe como un ataque ambiental”, sostiene Adrián Fernández, responsable de movilidad en Greenpeace.

¿Cuántos pasajeros tienen El Prat y Barajas?

Ahora mismo, muy pocos. El Prat registró en junio 1,3 millones de pasajeros, un 73% menos que en 2019. Aquel año, récord para el turismo en España, fueron 52,7 millones de viajeros. En 2020 registró solo una cuarta parte y en lo que llevamos de 2021 apenas ha llegado a los 4 millones.

Barajas registró en junio 1,7 millones de pasajeros, un 69% menos que en 2019. Aquel año fueron 61,7 millones de viajeros.

Tomando como referencia 2019, Barajas y El Prat son los aeropuertos con más tráfico de España y suponen el 41% del tráfico total.

¿A cuántos pasajeros pretende llegar?

En Barajas, a 80 millones. En El Prat, a 70 millones entre 2030 y 2031, cuando está previsto que termine la ampliación.

¿Cuándo se recuperará el tráfico aéreo de antes de la pandemia?

Las últimas previsiones de la asociación internacional del transporte aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) hablan de que en 2023 se superarán los niveles pre-pandemia en todo el mundo. Pero habrá diferencias por regiones dependiendo de cómo evolucione la vacunación, las restricciones y del tamaño de cada mercado. Según estas previsiones, el tráfico en las regiones de Europa y Norteamérica será el que menos crezca de aquí a 2030: la delantera la llevarán los países asiáticos.

“Por lo que apuntan los organismos internacionales, entre 2025 y 2026 recuperaremos los niveles prepandemia”, señalan desde Aena en relación al aeropuerto catalán. “Con una previsión de crecimiento constante, la idea es llegar una capacidad máxima de 70 millones cuando termine la obra”. Contando con que esas previsiones se cumplen, El Prat pretende crecer un 33% en cinco o seis años — el mismo ritmo al que creció en los años dorados del turismo, de 2015 a 2019.

¿Están los aeropuertos realmente saturados?

La lógica tras la ampliación de El Prat, que comenzó a plantearse en 2019, es que estaba a punto de “tocar techo” en cuanto a capacidad operativa. Que los 53 millones de pasajeros estaban ya al límite de lo que podía soportar. En Barajas, Aena destacaba el crecimiento constante de viajeros, especialmente internacionales. Recordemos que las ampliaciones se plantearon antes de la pandemia.

Según datos de Aena, la capacidad operativa actual de El Prat es de 90 operaciones (aterrizajes y despegues) por hora, un límite que actualmente —tomando como referencia el último año normal, 2019— solo se supera en julio y agosto. Este límite pretende respetarse una vez hecha la obra para limitar el ruido y el impacto ambiental.

En Barajas, la capacidad operativa actual es de 120 operaciones por hora. Con datos de 2019, el aeropuerto está lejos de llegar a ese techo de capacidad.

“Se parte de una supuesta saturación, tanto en el aeropuerto de Madrid como en el de Barcelona, que justifica ampliar la capacidad tanto en operaciones como en viajeros transportados”, explica Fernández. “Esta saturación es un tanto ficticia. Primero, porque es estacional. Algunos días al año puede estar próximo a su capacidad, pero no es un caso de saturación permanente como Heathrow (Londres). Además, un aeropuerto no es como una autopista: cuando alcanza su límite sigue funcionando. Puede generar retrasos y tiene menos margen de corrección, pero funciona. Lo que sucede en esas horas es que las tasas [lo que pagan las aerolíneas a Aena] suben y la oferta se puede distribuir. Es lo que pasa en Luton (Londres) o París: llegan al límite, las tasas suben y las low-cost se van a otros aeropuertos”.

¿De dónde pretenden sacar los 20 millones de pasajeros de El Prat?

De los vuelos intercontinentales hacia Asia y América. La idea es que sea un hub internacional, como ya lo es Barajas, y que sirva para hacer escalas.

“En destinos internacionales, Barcelona crece exponencialmente”, sostienen fuentes de Aena. “Y no solo por el tráfico de punta a punta, sino porque pasajeros de toda la zona de influencia del aeropuerto —del sur de Francia y del norte de la península ibérica— vuelan a Asia y a Norteamérica usando Barcelona como aeropuerto”.

Los pasajeros internacionales tendrán que compensar el previsible descenso de pasajeros en la ruta Barcelona-Madrid, ahora que las vías de tren se han liberalizado y hay más opciones para ir en alta velocidad. Con datos de 2019, el principal destino de los pasajeros del El Prat era Madrid, seguido de Palma (Mallorca), Gatwick (Londres), Roma y Ámsterdam. Y viceversa: el principal destino de los pasajeros de Barajas es El Prat.

¿Qué opinan las aerolíneas? ¿Cuáles usarán Barcelona para volar a otros continentes?

El aeropuerto puede crecer todo lo que quiera, pero las que deben darle uso son las compañías. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), defiende que son ellas las que crearán el hub.

“El grupo IAG ya ha manifestado su interés porque tienen Vueling, con vuelos de corto radio que aportan tráfico para el largo. Están en una situación privilegiada. Creemos que tiene sentido por dos razones: para mejorar la operatividad, porque es un aeropuerto congestionado, y para crear el hub internacional”.

El plan es que Vueling —de IAG, el grupo de Iberia, British Airways, Aer Lingus y Level— llegue a acuerdos con otras aerolíneas para ofrecer rutas internacionales. “Podría hacerlo con Iberia, Air Europa o Level, que es largo radio. Vueling aporta tráfico corto y medio con densidad suficiente para justificarlas”. En Barajas, IAG ya concentra sus vuelos de largo radio con Iberia.

¿Es normal que haya dos hubs internacionales a tan poca distancia?

“Hay un conflicto territorial patente: si Madrid es un hub, ¿por qué no lo va a ser Barcelona también?”, reconoce Fernández. “Los hubs internacionales son puntos de concentración. Sin querer herir sensibilidades, es cuestionable que haya uno en Madrid, otro en París, otro en Lisboa y que a menos de dos horas y media de Madrid vaya a haber otro. En otros países no tienen un hub en cada ciudad. Además, un aeropuerto se convierte en hub cuando una aerolínea hace base, como Air France en París, British Airways en Heathrow o Iberia en Barajas”.

Fuentes de Aena insisten en que la clave de El Prat estará en los acuerdos de Vueling con otras aerolíneas. “Antes de la pandemia, funcionaba muy bien un acuerdo entre American Airlines y Vueling. Barcelona tiene muchísimos destinos en Europa. Las aerolíneas que operan en Barcelona habían detectado un perfil de cliente: la persona que viene de Asia o América, que hace su gran viaje en Europa y que usa Barcelona como base para visitar las capitales”. Por otro lado, aluden al caso alemán: Lufthansa tiene hub tanto en Frankfurt como en Múnich.

¿Por qué no se amplía la capacidad de El Prat usando los aeropuertos cercanos de Girona y Reus?

La actuación en Catalunya no solo incluye ampliar El Prat. El Ministerio de Transportes se ha comprometido también a desarrollar estaciones de alta velocidad en Girona y Reus para dar servicio a ambos aeropuertos.

“Hasta ahora había dos tendencias políticas: la de los grandes poderes económicos, que era ampliar El Prat para acabar con la saturación, y la ligada al nacionalismo catalán, que planteaba aprovechar los aeropuertos de Girona, Reus y Lleida para asumir vuelos”, explica Fernández. Al final, se optará por las dos vías.

Desde Aena defienden que no es “competitivo” ofrecer vuelos a Barcelona vía Girona o Reus. “Girona está bien para ir a la Costa Brava, pero si quieres ir a Barcelona vas a El Prat. Se fomenta el rol de hub y se desarrollan los otros aeropuertos”.

¿Cuándo empiezan las obras?

El acuerdo se ha hecho ahora porque el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) del período 2022-2026 debe aprobarse en septiembre en el Consejo de Ministros. Aunque las obras gordas no están previstas hasta el siguiente DORA (período 2027-2031), en los próximos años hay que hacer una serie de inversiones previas relacionadas. En cualquier caso, la ampliación de El Prat está condicionada a lo que diga Bruselas sobre su impacto en La Ricarda.

¿Quién las paga?

Aena, cuyos ingresos proceden de las tasas que cobra a las aerolíneas. El 51% de Aena es público y el 49% privado. La parte privada se divide entre varios fondos de inversión extranjeros (Talos, Morgan Stanley, Fidelity...).

¿Cómo se compara esta inversión con las previstas para otros medios de transporte más sostenibles?

Las ampliaciones de El Prat y Barajas sumarán 3.200 millones de euros.

Adif, el gestor de infraestructura ferroviaria, recibirá 12.700 millones entre 2021 y 2025. De esa cifra, 8.747 millones procederán del Estado y 2.540 de los fondos europeos. Adif Alta Velocidad recibirá 4.017 millones, algo más de la mitad de fondos europeos.

De aquí a 2026, y con cargo a los fondos europeos, el Gobierno tiene previsto destinar 1.620 millones a que Adif mejore la red de Cercanías (renovando vías y mejorando señalización y estaciones). Este año, la operadora pública Renfe tiene previsto invertir 857 millones, principalmente destinados a comprar y mejorar trenes.

“En España hay mucha inversión en infraestructura ferroviaria”, indica Fernández. “Lo que falta es ponerla en valor. Tenemos las vías, nos faltan los trenes. Quizá porque se ve la vía como inversión y el servicio como gasto. Esto perjudica a los servicios menos rentables: se operan peor, se ponen menos trenes y la gente deja de cogerlos”, indica el responsable de movilidad en Greenpeace.

Por otro lado, el Gobierno destinará 2.916 millones de fondos europeos a crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

¿Y cómo se compara respecto al número de pasajeros?

Si Barajas y El Prat llegan al tope de su capacidad tras las ampliaciones, sumarán 150 millones de pasajeros anuales. Las redes de Cercanías de Madrid y Barcelona mueven anualmente más del doble: 372 millones, con datos de 2019.

En España hay 510 millones de viajeros anuales de tren, sumando Cercanías y otras rutas, frente a los 275 millones de pasajeros de aeropuertos (datos de 2019).

“Solo Metro de Madrid tiene 700 millones de viajeros al año”, concluye Fernández. Y el Metro de Barcelona cerró 2019 con 411 millones de viajeros. “Aunque sea por justicia social, sale más rentable invertir en transporte público”.

Sandra Ortega, la hija mayor de Amancio Ortega, acusa al antiguo gestor de su fortuna de haber falsificado su firma para beneficiar a Room Mate, la hotelera de Kike Sarasola. Room Mate es una empresa deficitaria que lleva más de diez años en pérdidas y que, según esta acusación, habría recibido 130 millones de euros en préstamos de varios bancos bajo una operativa fraudulenta. La compañía ha declinado hacer comentarios.

Sandra Ortega es propietaria de un 5% de Inditex y la cuarta persona más rica de España. Tiene 53 años, vive en A Coruña y preside la fundación Paideia, dedicada a la integración laboral de jóvenes discapacitados. Hasta el pasado noviembre delegaba la gestión de su riqueza en José Leyte, un ejecutivo que venía de la banca privada y que trabajó para ella y su madre durante más de veinte años. Leyte era el máximo responsable de Rosp Corunna, su family office o gestora patrimonial. Desde Rosp Corunna también han declinado hacer comentarios por respeto al procedimiento judicial.

Hace ocho meses, Leyte fue cesado por pérdida de confianza y Ortega, tal y como adelantó este periódico, presentó dos querellas contra él: una por apropiación indebida y otra por falsedad documental y administración desleal. elDiario.es ha accedido a la segunda querella, que describe cómo el directivo maniobró supuestamente a espaldas de su jefa para que Sarasola recibiera préstamos con la garantía de que, si no los devolvía, la enorme fortuna de Ortega se haría cargo.

Los préstamos fueron a parar a Room Mate, principalmente, pero también a Tafay 2000 y a Ergocrático, sociedades que pertenecen por completo a Sarasola y a su marido, Carlos Marrero, y que no tienen relación con Rosp.

A cambio, el empresario habría favorecido a Leyte y a su mujer entregándoles opciones sobre acciones de Be Mate, la filial de apartamentos turísticos inspirada en Airbnb que montó en 2014. A Leyte, según describe la querella, le interesaba que Room Mate, accionista último de Be Mate, fuera solvente. Si a Room Mate le iba bien, a Be Mate también. Y Leyte tenía la opción de hacerse con una parte importante de Be Mate por poco dinero. El directivo no ha respondido a una solicitud de información de elDiario.es.

Un “caso de éxito” ruinoso

Desde su fundación en el año 2000, Room Mate ha sido descrita como un caso de éxito de innovación hotelera. Su historia se estudia en las facultades de turismo y a Kike Sarasola —hijo del ya fallecido empresario Enrique Sarasola Lerchundi, íntimo de Felipe González— no le han faltado los reconocimientos públicos y las alabanzas de políticos.

Sarasola fue jinete antes que emprendedor y, cuando estalló la pandemia, uno de los primeros hoteleros que ofreció sus establecimientos para alojar a personal sanitario y personas mayores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se alojó durante más de dos meses en uno de sus apartamentos de lujo por 80 euros la noche. Antes de eso, y como desveló elDiario.es, Sarasola cedió durante casi dos años un piso de 300 metros cuadrados en el centro de Madrid a Albert Rivera.

Pese a la grandiosidad y buenos contactos que desprende el empresario, Room Mate nunca ha funcionado. Hay que viajar hasta 2004 para encontrar un cierre de ejercicio positivo. Desde entonces, todo son pérdidas. Distintas fuentes del sector hotelero lo achacan a un modelo de negocio fallido, con alquileres muy altos en los centros de las ciudades y precios de las habitaciones relativamente bajos que no compensan.

Sarasola siempre ha explicado que él no quería pagar por servicios que no usaba (como el gimnasio o el spa) y que por eso se inventó su propio hotel. Room Mate vende buenas ubicaciones y un servicio mínimo: dormir, ducharse y desayunar. “Como los Ibis, pero cool”, dice una fuente consultada. Si a lo que pagan de alquiler por estar en la Gran Vía de Madrid o en Times Square de Nueva York se suma la expansión agresiva, la inversión en diseño (suelen contratar a arquitectos e interioristas prestigiosos) y la ausencia de otros ingresos, como la restauración, resulta que las cuentas no salen. Otras fuentes apuntan a una mala gestión.

Room Mate lleva años en situación de quiebra técnica, con un patrimonio neto negativo. Como analizamos con detalle en este otro artículo, se sostiene gracias al respaldo de Rosp Corunna, la gestora de Sandra Ortega. Además de su 5% en Inditex, Ortega tiene inversiones inmobiliarias y otro 5% en la farmacéutica Pharma Mar.

Rosp Corunna invirtió en Room Mate en 2008, cuando la primera mujer de Amancio Ortega y madre de Sandra, Rosalía Mera, aún vivía. Con el tiempo, y siempre bajo el mandato de Leyte, aumentó su participación.

Qué vio Rosp en Room Mate para hacerse con el 31% del accionariado y por qué siguió prestándole dinero siempre fue un misterio. El despido de José Leyte en noviembre, la investigación sobre su gestión —mediante un informe forense elaborado por KPMG—, la puesta en venta de ese 31% y la querella por falsedad documental y administración desleal empiezan a explicar la historia.

142 millones garantizados

La operativa fraudulenta que describe la querella se basa en la falsificación de la firma de Sandra Ortega por parte de José Leyte para otorgar “cartas de patrocinio” (en inglés, comfort letters) a Room Mate.

Una carta de patrocinio es una garantía de pago mediante la cual una empresa matriz respalda o “patrocina” a su filial cuando esta pide dinero a una entidad financiera. Las cartas de patrocinio pueden ser débiles (la matriz recomienda prestar dinero a su filial, pero no se hace cargo de la deuda) o fuertes (la matriz garantiza que se hará cargo de la deuda si la filial no puede). Es una figura jurídica similar a un aval. Los bancos prestaban a Sarasola con la garantía de que Rosp Corunna estaba detrás.

Como máximo responsable de Rosp Corunna, Leyte tenía ciertos poderes de representación de Sandra Ortega. Sin embargo, la querella recalca que no disponía de las atribuciones necesarias para otorgar las cartas de patrocinio: es decir, que no valía solo con su firma sino que era necesaria la de Ortega.

El documento menciona once cartas que suman créditos por valor de 142,6 millones de euros. Los bancos involucrados son Bankinter (24,8 millones en total), Abanca (36 millones), Banca March (28,1 millones), Deutsche Bank (12,2 millones), Société Générale (25 millones), SocGen Financiaciones (15 millones) y EBN (1,5 millones). En las cartas se recogía “la intención y el compromiso de Rosp de mantener su participación” en Room Mate, así como de “aportar fondos para la continuidad del negocio” y las “obligaciones contraídas con entidades financieras”.

Una de ellas, por valor de 13,6 millones y dirigida a Banca March, se otorgó en favor de Tafay y Ergocrático, las sociedades de Sarasola y su marido, y no en favor de Room Mate.

Además de adjuntar informes periciales caligráficos que aseguran que las firmas son falsas, la querellante explica que algunas cartas cuentan con certificados de legitimación notarial pero cuestiona dichos certificados, que “no prueban que la firma se corresponda con la firma real”. Las firmas ante notario se hicieron en Madrid —casualmente, en una notaría que trabaja para Room Mate— y no en A Coruña, en la notaría habitual de Rosp.

Por último, la querella explica cómo Leyte ocultó las cartas a Sandra Ortega y cuestiona los procedimientos de los bancos, que no entregaron dichas cartas a Deloitte, la auditora de las cuentas de Rosp Corunna, cuando se las requirió. Los bancos empezaron a requerir a Rosp que se hiciera cargo de las deudas cuando Room Mate dejó de pagar.

El intercambio: un 16% de Be Mate

¿Por qué favorecería Leyte a Sarasola? ¿Qué interés personal tenía en él? De acuerdo al escrito, todo se debe a una opción de compra de acciones de Be Mate que el hotelero entregó a Olbia Investments, la empresa de Leyte y su mujer, María Teresa Golpe, contra la que también se querella Ortega.

Una opción de compra de acciones es un contrato a futuro, mediante el cual una empresa vende a un tercero acciones a un precio prefijado. Es habitual que las compañías tecnológicas den estas opciones a sus empleados para motivarlos, para que se sientan partícipes y que, si todo va bien y la empresa se vende o sale a Bolsa, los trabajadores ejecuten la opción, compren sus acciones a precio muy barato, las vendan a precio de mercado y ganen una buena cantidad.

En el caso que nos ocupa, Sarasola concedió a Leyte una opción de compra sobre 45 acciones de Be Mate, que representaban en torno al 16% del capital. El contrato se firmó el 14 de octubre de 2014, el mismo día que se constituyó Olbia Investments y ante el mismo notario que firmó varias de las comfort letters. Además, la opción de compra era gratuita: es decir, si Leyte decidía comprar las acciones no tenía que pagar nada por ejercerla.

En el momento en que se concedió esa opción, Be Mate se vendía como un rival serio de Airbnb; al menos, en las ciudades en las que operaba. Sarasola no escatimó en gastos y contrató a un potente equipo de diseño y desarrollo para estar a la altura. La filial española de Be Mate, con matriz holandesa, es hoy tan deficitaria como Room Mate y apenas factura dos millones anuales. Pero si hubiera salido a Bolsa como Airbnb, Leyte podría haber hecho un buen negocio.

Cuando elDiario.es informó por primera vez sobre las querellas, Leyte declaró que eran “una estrategia” para no pagarle la indemnización por despido. Aseguró estar tranquilo y afirmó que Ortega intentaba “presionarle” y “salirse con la suya”.

Ortega defiende que las cartas de patrocinio son “documentos indudablemente falsos” y que no tienen validez. La querella está admitida a trámite y a la espera de fecha de juicio.

La situación de Room Mate es, en cualquier caso, delicada. Ortega puso en venta su participación del 31% y Room Mate ha buscado un socio inversor que lo compre. Fuentes de la compañía indican que “la operación sigue adelante” y que se cerrará, probablemente, en septiembre. Mientras tanto, y para tirar, han pedido 52 millones al Estado, a través del fondo de rescate que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y un crédito puente de 15 millones al yerno de Juan Roig, fundador de Mercadona.

Vivir en Madrid y Barcelona es, de media, un 20% más caro que hacerlo en el resto de áreas urbanas españolas. Son las dos conurbaciones con el coste de vida más elevado del país, según un estudio del Banco de España publicado este lunes. Los autores, Víctor Forte-Campos, Enrique Moral-Benito y Javier Quintana, han elaborado un índice a partir de los precios del alquiler y los de otros bienes y servicios como transporte, enseñanza, ocio y cultura, alimentación, sanidad y hostelería.

Del índice se extrae la siguiente clasificación. La lidera Madrid, con un 1: a partir de ahí, todo es más barato. La conurbación de Elda-Petrer, en la provincia de Alicante, es la más barata de España: vivir allí cuesta un 31% menos que en Madrid. La información pertenece al período 2004-2020 y falta la de País Vasco y Navarra debido a la ausencia de datos sobre sus precios del alquiler.

Las áreas urbanas son, según la definición del INE, ciudades con municipios cercanos que forman su entorno de influencia laboral. Se entiende que una localidad pertenece al área de influencia de una ciudad si más del 15% de su población ocupada se desplaza a ella a trabajar. Las áreas urbanas seleccionadas en el estudio, que suponen el 68% de la población española, son las definidas en 2008 por el antiguo Ministerio de Vivienda, hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Los autores explican que, ya que en las comparativas internacionales se ajustan los niveles de renta por el poder adquisitivo de ésta, es aconsejable hacer lo mismo entre las distintas regiones de un país. “Ello permite hacer una valoración más precisa acerca de las diferencias territoriales en los niveles de bienestar que se derivan de los diferenciales de renta”, sostienen. Por otro lado, resulta útil para evaluar políticas públicas “que fijan importes uniformes de determinadas rentas para el conjunto nacional”.

Por ejemplo: no es lo mismo un ingreso mínimo vital de 469 euros en Girona, la tercera ciudad más cara de España, que en Alcoi (Alicante), la tercera más barata. Tampoco el salario mínimo de 900 euros da lo mismo en el área urbana de Aranjuez (que no pertenece a la conurbación de Madrid, según el MITMA, sino que es independiente) que en la propia capital. En la práctica, hemos visto diferencias de cuantía en ciertas ayudas públicas como las del anterior plan estatal de vivienda, cuyo programa de ayuda al alquiler fijaba un tope general de 600 euros ampliable a 900 euros en determinados ámbitos.

El alquiler, culpable

El gasto en alquileres es el principal causante de estas vastas diferencias. Por dos motivos: uno, es la partida con mayor peso sobre el coste total de la vida (de media, un 25%). Y dos, es la partida en la que se observa mayor disparidad. Según los autores, el coste del alquiler en Madrid y Barcelona fue en 2020 un 82% mayor que en la media del resto de las áreas urbanas.

También hay diferencias en los precios de algunos servicios, como los de hostelería o sanidad. “La prestación de estos incluye un componente muy importante de mano de obra y, por tanto, sus costes están influenciados por el coste de vida al que se enfrentan los trabajadores de esas ramas”, describe el informe. Es decir: a diferencia de la alimentación, el vestido o el calzado, que no tienen por qué haberse producido en el área urbana en la que se consumen, el precio de los servicios sí está condicionado por el coste de la vida en ese lugar.

El coste del nivel de vida está íntimamente ligado a los salarios, que tienden a ser superiores en las zonas más caras. Además, tal y como indican los autores, los salarios ajustados por su poder de compra (esto es, lo que da de sí un sueldo según donde vivas) son un factor fundamental para entender las migraciones. La gente tiene en cuenta eso, la tasa de empleo y el coste de la vivienda para decidir dónde mudarse.

Así, aunque los salarios de las áreas urbanas de Madrid y Barcelona fueron en 2018 casi un 45% más altos que la media del resto de áreas urbanas, lo caras que son estas dos ciudades y sus áreas metropolitanas supone que, en términos reales y ajustados al coste de vida, “solo” sean un 21% más altos. De acuerdo con este índice, un aumento del 10% en el salario nominal (el dinero que llega a la cuenta del trabajador a fin de mes, sin tener en cuenta otros factores) supone un aumento del 1,9% del coste de vida.

Isabel quiere comprar una camiseta bonita. Ficha varias en la web de una marca española sin tienda física en su ciudad. No está segura con la talla —a veces lleva la S, a veces la M— y pide las dos porque total: ya devolverá la que no le sirva. La tienda está obligada a aceptar devoluciones y las hace gratuitas para no desincentivar la compra. Isabel no lo sabe, pero al devolver una de esas dos camisetas creará un problema a la marca, que asumirá los gastos de vuelta y estrechará su margen de beneficio. Si es que no le sale más rentable regalar o deshacerse de la prenda, que también es una opción.

“Si una tienda online quiere sobrevivir, las devoluciones tienen que ser cero”, sostiene Carlos Zubialde, experto en logística y autor de la revista especializada Información Logística. “Hace cinco años no era así. Las empresas crearon una demanda artificial al intentar replicar la experiencia de la tienda física: llévate cinco prendas y no te preocupes, que si no te convencen las devuelves. ¿Qué ocurrió? Que en mercados como Alemania la gente pedía una media de cinco productos y devolvía tres. Han creado un monstruo que ahora es ingobernable e insostenible, hasta el punto de que Zalando ya cobra las devoluciones y Amazon te pone en una lista negra si haces más de lo normal”.

Las devoluciones son un auténtico quebradero de cabeza para las tiendas de internet. El porcentaje de productos que se devuelve aumenta año a año. Distintos informes sitúan la media actual entre el 25% y el 30%, aunque en moda y en campañas concretas como el Black Friday y Navidad puede ser superior (y además el COVID ha acelerado la tendencia). Aun así, estos datos varían por país.

“En España está aumentando, pero no estamos al nivel del norte de Europa. Cuando abrimos allí nos sorprendía lo habitual que era comprar dos tallas y devolver una”, dice Pere Castell, director de operaciones y proyectos de Logifashion, un operador logístico especializado en moda. “En Latinoamérica, por ejemplo, el ratio de devoluciones es mucho más bajo porque hay menos confianza en las marcas. Pero por sostenibilidad está cambiando”.

Cuando el cliente pulsa el botón de devolver se inicia un viaje de vuelta que, según Zubialde, será de media tres veces más caro que el de ida. Este viaje se llama logística inversa. A continuación explicaremos las distintas etapas de ese viaje y sus costes. Lo hemos enfocado en el mundo de la moda, pero en algunos puntos hablaremos de otros productos, como la electrónica.

“Hay que pararse a ver todo el impacto en la cadena de valor: desde que se produce el embalaje, se manipula, se empaqueta, se transporta a través de contenedor, llega a un almacén, de ahí a otro subalmacén... y vuelta”, dice May López, experta en logística y directora de la asociación de Empresas por la Movilidad Sostenible. “Esa logística tiene, además, impacto por el consumo del camión, avión o contenedor e instalaciones. Es un impacto que no vemos”.

Etapa nº1: recogida

“El primer factor es la recogida”, continúa Zubialde. “Un conductor tiene una capacidad de unas 70 entregas diarias. Pero las recogidas son menos y están más separadas. Igual tiene capacidad para hacer 20 al día, así que el coste por unidad recogida es muy superior”.

Antes de que existiera el comercio electrónico, una furgoneta entregaba 60 camisetas en una tienda de la que conocía su horario. Ahora esas 60 camisetas llegan a 60 casas distintas a las que en ocasiones hay que acudir dos veces porque el cliente no está. A eso hay que sumar las potenciales devoluciones de, pongamos, 12 camisetas. Si la empresa se ofrece a recogerlas, habremos sustituido un único viaje por 72.

La única forma que tienen las marcas de quitarse esos viajes de encima es ofrecer puntos de entrega y recogida y mandar al cliente allí: a las tiendas del operador logístico (Correos, Seur, Nacex...) o a tiendas de barrio que dan este servicio. Es lo que hacen Amazon o Inditex, que gracias a su red de tiendas reducen los costes de devolución.

Otra forma de ahorrar es reducir la urgencia y ofrecer plazos de recogida más amplios. “Consolida e informa al cliente. Consolidar es sacarle la máxima productividad a una furgoneta, que vaya entregando y recogiendo en una zona en la que haya clientes concentrados”, añade May López,

Etapa nº2: almacén intermedio

Aunque lo normal es que del cliente vuelva al almacén de la empresa, en algunos casos la camiseta hará dos viajes: uno hasta un hub intermedio y de ahí al principal. Depende del tamaño de la compañía. Logisfashion es un gigante que trabaja para grandes marcas y que procura tener instalaciones en muchas ciudades para “agrupar stock” y que el segundo viaje de vuelta sea mucho más eficiente porque lleve muchas camisetas devueltas.

“La logística está concebida para que los stocks estén lo más cercanos posible. Estudias muy bien el número de stock que quieres tener e intentas generar una red de devoluciones presente en la mayoría de mercados. Así consolidas, regresan juntos al stock principal y reduces los costes de transporte”, dice su director comercial.

Según sus cálculos, el coste medio del transporte de una devolución está entre 3 y 7 euros.

Etapa nº 3: manipulación

La camiseta ya está en el almacén. Ahora hay que examinar su estado. “Cada tienda decide, pero en general la ropa no se lava. Miramos si está manchado, si tiene alguna tara, si la etiqueta está bien puesta... El control de calidad es una parte muy importante del proceso. Nosotros controlamos los requisitos que las marcas nos pidan y les informamos”, continúa el director de Logisfashion. “A partir de ahí, hay tres posibilidades: que vuelva al stock de temporada, que ya no sea de temporada y vaya a rebajas o outlets o que esté manchado y se retire”.

Lavar y planchar de nuevo la ropa aumentaría mucho los costes. Ni siquiera tiendas de segunda mano como Humana lo hacen. “Nadie en el sector lo hace, no tenemos capacidad financiera. Supondría aumentar mucho el coste de la prenda. En segunda mano ponemos a la venta las prendas recuperadas de mejor calidad, que suponen el 10%. Nunca pondremos una prenda sucia o deteriorada. Pero lo lógico es que las lave el cliente”.

El control de calidad supone una media de entre 60 céntimos y 1,5 euros por prenda, según Castell. Si sumamos el transporte, ya estamos en que la devolución nos ha costado entre 3,6 y 8,5 euros. Supongamos que Isabel pagó 8 euros por su camiseta. La pregunta lógica que se hace una tienda es: ¿merece la pena? Aquí es donde entran en juego los tres posibles caminos de la devolución.

Etapa nº 3.1: nueva venta

La camiseta está en buen estado. Isabel recibe su dinero y la prenda entra de nuevo en circulación. La tienda tendrá que asumir un último coste: el embalaje. Es el más barato (entre 3 y 15 céntimos), pero ya se suma al dineral en transporte y manipulación.

“El problema del comercio electrónico es que los productos suelen venir muy bien empaquetados de Asia o de donde se hayan producido. Llegan, la gente desempaqueta y se los prueba. Si los devuelven y revenden, hay que volverlo a empaquetar”, dice Gema Gómez, fundadora de la escuela Slow Fashion. “En tienda es distinto porque no hay embalaje. Lo devuelves y si está bien sale de nuevo a la venta”.

Para ahorrar costes, las empresas optan cada vez más por embalajes que se puedan reutilizar varias veces. No valen solo los de ida y vuelta, porque en este punto del proceso el paquete ya ha ido, ha vuelto y se prepara para marchar otra vez.

Etapa nº 3.2: mandarlo a rebajas

Hasta ahora hemos hablado de dinero. Pero, ¿y el tiempo? Las temporadas en moda son muy cortas, así que cabe la posibilidad de que en lo que dura la devolución esa prenda ya no sirva. “Si pasa de moda, te la comes con patatas”, resume Zubialde. “Una devolución es un inmovilizado doble: la prenda está parada y no puedes venderla y además pierdes coste de oportunidad”.

En un caso así la camiseta terminaría en las rebajas o en un outlet. La marca no solo habrá pagado costes de transporte y manipulación, sino que sacará menos margen.

Etapa nº 3.3: regalar o destruir

Si el margen de la camiseta es inferior al coste de devolución, la marca puede concluir que es mejor deshacerse de ella y pasar a otra cosa. Este es el destino final de algunos productos (no solo ropa) comprados por internet. En Estados Unidos, marcas como Amazon y Walmart han empezado a decir a sus clientes que se queden con el producto en lugar de devolverlo, aunque les reembolsen el dinero. En España, según las fuentes consultadas, ya hay marcas haciendo lo mismo. Pero no lo pregonan a los cuatro vientos para evitar fraudes. Zubialde explica que trabaja en proyectos para aplicar inteligencia artificial al proceso y que las marcas sepan si merece la pena asumir la devolución o no.

“El coste de la logística inversa varía a diario. Hoy te puedo decir que me lo devuelvas y mañana que te lo quedes, porque entran variables como el coste de la luz, el tiempo de gestión, el tiempo de reventa...”, indica. “El sistema pretende ver el coste global de la operación y ver qué sale mejor. Donar es otra opción, porque si lo das a Cáritas de tu ciudad el transporte es local y cuesta menos. Además, te llevas el componente social y de márketing”.

¿Qué porcentaje de ropa se destruye? Desde Logisfashion aseguran que ninguno de sus clientes destruye. También en el grupo Tendam (Cortefiel), donde aprovechan las tiendas para recibir devoluciones y ahorrar costes, como Inditex (que no ha respondido a una solicitud de información para este reportaje). La futura ley de residuos les prohibirá destruir excedentes, así que ya buscan fórmulas para dar salida a la ropa: Inditex, por ejemplo, tiene un acuerdo con Cáritas para donarle ropa usada. Amazon fue noticia recientemente en Reino Unido, donde una investigación descubrió que cada año destruía millones de productos sin usar. La multinacional tiene una política de destrucción cero para sus productos, pero también vende productos de terceros a los que a veces les sale más barato destruir.

“Mi opinión es que Amazon hace la mejor logística inversa a nivel de coste. La recogida se la quitan porque mandan al cliente a un punto de conveniencia. En ese momento, le reembolsan el dinero porque se lo descuentan al vendedor. Y ahí le preguntan: ¿qué hacemos, lo reintegramos o lo destruimos? Si el producto es de bajo valor, puede salir a cuenta destruirlo”. Desde la empresa declaran a elDiario.es que “la gran mayoría del inventario devuelto se revende a otros clientes o se liquida a través de terceros, se devuelve a proveedores o se dona a organizaciones benéficas”.

Teniendo en cuenta el coste monetario y ambiental que suponen las devoluciones, ¿cómo desincentivarlas? La experta May López recomienda avisar al cliente —“que sepas que por ley puedes devolver, pero que quizá se destruye”—, además de trabajar en evitarlas, informando bien de las tallas, implementando probadores virtuales, etc. Zubialde opina en la misma dirección, pero avisa de que con actores como Inditex o Tendam será difícil cambiar la cultura de la devolución. “Ellos no lo incentivan, pero no ponen barreras porque las devoluciones le salen gratis si lo llevas a la tienda. Las tiendas pequeñas se ven en esa encrucijada: sí, yo lo evito, pero el más grande sigue igual”.