Se acaba un verano marcado por devastadores incendios en varias zonas del Estado español que nos han sobrecogido y que nos han desvelado de forma cruel las deficiencias de un sistema legal y sanitario que no solo ignora a los animales en los protocolos de respuesta a ese tipo de catástrofes, sino que obliga a quienes los defienden a tener que bordear la ley para poder atenderlos.

A raíz de algunos de esos incendios especialmente voraces, como el de Los Gallardos (Almería), el de La Mierla (Guadalajara) y los que afectaron a la Comunidad de Madrid, Toledo y Ávila, así como a Castellón, las redes sociales se llenaron de peticiones de ayuda y de personas que comenzaron a responder organizándose para evacuar a animales, atenderlos durante los confinamientos, buscar a los perdidos durante los traslados y dar cobijo a los desalojados. También, para ayudar, en la medida de lo posible, a los animales silvestres cuyo hogar estaba ardiendo.

Una de las personas que se movilizó fue Ainoa, que semanas después sigue con pesadillas y que habló con nosotras sabiendo que salvar vidas puede tener un precio demasiado alto. Cuando permitieron el regreso a su pueblo, en la provincia de Ávila, tras la evacuación por los incendios, decidió volver y poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus estudios de ATV (Asistente Técnico Veterinario), cursados durante una excendencia en un empleo que nada tiene que ver con la atención a los animales. De camino a la zona de Piedralaves ya empezaron a ver animales muertos, quemados, heridos, cruzando las carreteras, vagando por las cunetas. Nada más llegar recibió la primera petición de ayuda, para dos yeguas que habían sufrido quemaduras al entrar las llamas en la parcela donde estaban. Una de ellas tenía quemaduras muy graves y la ansiedad empezó a hacer mella en Ainoa. “No soy veterinaria, solo soy ATV, no tengo experiencia con estos animales, mucho menos en una situación así”, nos explica recordando aquellos días.

Las veterinarias que atienden habitualmente a los animales de esa zona estaban de vacaciones, las que estaban trabajando en sus clínicas en zonas relativamente cercanas no podían acercarse, y las pocas que estaban por zonas incendiadas tampoco daban abasto. No había más manos cerca, y Ainoa decidió tirar de conocimientos, experiencia, sentido común y pragmatismo. Con la ayuda de dos personas más, una de ellas también ATV, consiguió limpiar las heridas y aplicar el tratamiento tópico que tenía disponible.

Y aquí ya saltan los dos primeros problemas. Uno, tener que ejercer de veterinaria cuando eres ATV porque no hay nadie disponible con más conocimientos que tú. Otro, enfrentarte a una norma sobre medicamentos que, en la práctica, impide proporcionar a esos animales la medicación que necesitan. Porque son animales quemados en un incendio, a los que no se puede manipular fácilmente y que necesitan un tratamiento urgente, que no puede esperar días al resultado de pruebas que además nadie puede hacer. “La gente estaba rota. Había personas que lo habían perdido todo y te pedían ayuda desesperada para sus animales. ¿Qué haces? ¿Les dices que no puedes porque la ley no te lo permite?”.

Mientras Ainoa ponía todo su empeño en salvar a esas yeguas, Alicia, veterinaria de la zona oeste de Madrid, empezaba a organizarse con colegas para ir a prestar asistencia a los animales afectados, confiando en que el Colegio de Veterinarios de Madrid coordinara esa labor y permitiera una excepción en la normativa para agilizar y flexibilizar la dispensación de la medicación necesaria. A los pocos días, ese organismo lanzó un comunicado, como también hizo el de Ávila, poniéndose “a disposición” de los servicios de emergencia ante la gravedad de los incendios, pero no agilizaron ni flexibilizaron la normativa sobre medicamentos. “Por tanto, no se podía dispensar de manera excepcional medicación humana -a pesar de ser mucho más barata y mucho más rápida de conseguir-, los medicamentos tenían que ser adquiridos en una farmacia mediante una receta en la que deben constar los datos de identificación del animal, y la dispensación de antibióticos seguía condicionada a los resultados de cultivos que tardan días y cuestan dinero.

Eso, en animales quemados cuyas heridas eran un foco de infección inmediato y que, además, en muchos casos, no se dejaban manipular, sin medios ni recursos para poder sedarlos y, en muchísimos casos, sin identificación. No había amoxicilina, no había córticos, no había pomadas para quemaduras, no había sueros para fluidoterapia. No había nada. Solo mucha empatía y mucho sufrimiento en una zona devastada.

El equipo veterinario de Salvando Peludos se desplazó a zonas de Ávila con todo su equipamiento para lo que pensaba que se iba a encontrar, pero lo primero con lo que se topó fueron trabas y más trabas. “A mí no me dejaban pasar”, nos cuenta una de ellas, porque incluso para atender a gatos de colonia o acudir a avisos de personas que habían pedido ayuda para sus animales heridos solo se podía acceder con acompañamiento de agentes, mediante un grupo que estaba organizado y era el único que tenía autorización. “Yo iba preparada, pero me costó mucho dar con este grupo y, a través de ellos, poder entrar y ayudar”.

Cuando se pudo acceder a zonas quemadas, la situación era mucho más complicada. Solo a modo de ejemplo, de los casos que atendieron, junto a Salvando Peludos la veterinaria Teresa Pérez nos relata dos. El primero, un ciervo vareto, macho joven que ya ha cumplido el año de edad. Localizado el día 6 de agosto deambulando con dificultad, con el paso de las horas fue mostrando “claros signos de deshidratación y postración”. Presentaba graves lesiones en el abdomen y en las extremidades por “quemaduras profundas con carbonización ósea y muscular”.

[Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad]

Otro caso fue el de un corzo añal, joven de más de 12 o14 meses y menos de tres años de edad. Localizado el 20 de agosto deambulando con dificultad y cojera, presentaba “quemaduras profundas con carbonziación ósea y muscular en extremidades y abdomen, y acúmulos de pus en las articulaciones distales de las extremidades anteriores”. “Esos animales necesitaban atención urgente porque estaban andando con los huesos. Era urgente”, insisten.

Este equipo veterinario de Salvando Peludos fue advertido expresamente por agentes medioambientales de que los animales del monte no pueden ser trasladados porque, si pertenecen a un coto, son “privados” y solo pueden ser atendidos en ese mismo terreno y con la debida autorización. Autorización de quien posee a ese animal con la única finalidad de tirotearlo. En ambos casos hubo llamada al Seprona. En el primer caso dijeron que irían al día siguiente, y al día siguiente dijeron que habían ido, pero que no le habían encontrado. Quienes dieron los avisos creen que el ciervo agonizó escondido, hasta morir. En el segundo, directamente, no fueron.

En el caso de este ciervo, su cadáver fue localizado por el equipo de Salvando Peludos el 7 de septiembre, un mes después de los incendios.

En esos días, Ainoa, la ATV, atendió a yeguas, caballos, burros, cerdos, patos, agapornis, etcétera, y a muchos gatos, tanto domésticos como comunitarios. Perros no, nos cuenta. “A los perros se los pudieron llevar al evacuar, o estaban dentro de las casas y se salvaron, o estaban fuera, en las parcelas, y murieron quemados o asfixiados. Pero no había perros heridos”.

A los pocos días, Ainoa estaba agotada y la ansiedad apenas le permitía descansar, pero los animales a los que atendía iban saliendo adelante. En gran parte, nos dice, gracias a personas que consiguieron medicación por diferentes vías; todas ellas, en el mejor de los casos, al borde de la legalidad.

Un día llegó otro aviso. En una zona de chalés que es corredor de paso para animales silvestres, un corzo herido se había refugiado en un jardín. Estaba tirado en el suelo y la mujer que dio el aviso no se atrevía a llamar al Seprona ni a los agentes forestales por miedo a una multa, ya que es ilegal tener a un animal silvestre dentro de un domicilio. Así que le pasaron el contacto de Ainoa.

La mujer acondicionó para el corzo un rincón tranquilo dentro de una nave, asesorada telefónicamente por varias personas que tenían conocimientos en animales silvestres, y Ainoa consiguió administrarle fluidoterapia para hidratarle y tratamiento tópico en las quemaduras que tenía por todo un costado del cuerpo. Parecía que podían estabilizarle, pero el mayor reto era la bradicardia, lo que presentaba, además, un problema mayúsculo a la hora de trasladarlo a un refugio o un santuario, en el caso de que se hubiera podido organizar esa posibilidad.

Después de hacer todo lo que sabía y podía por ese corzo, Ainoa se fue a atender a uno de los gatos quemados a los que hacía seguimiento esos días y, en ese rato, el corzo murió. Ella aún se emociona cuando lo recuerda, triste y llena de rabia, con la duda de si podría haber salido adelante en caso de recibir atención por parte de una veterinaria, no de una ATV, y con la medicación necesaria.

Aún con el peso de esa rabia en sus palabras, denuncia que el miedo de aquella mujer que refugió a ese corzo en una nave no era solo recibir una multa, sino que alguien recurriera a un tiro en la cabeza como mejor ayuda posible a un animal herido.

Raúl, un vecino del valle del Tiétar que también se movilizó en los incendios, nos cuenta que los agentes y los bomberos forestales están “atados de pies y manos” por la normativa y por la falta de recursos, y que muchas veces ni se plantea que un animal silvestre herido pueda tener una nueva oportunidad. Si es de una especie protegida sí se puede pelear para que sea trasladado a un centro de recuperación, pero si tiene la mala suerte de ser un animal “común”, y ya no digamos si pertenece a una especie cinegética, su suerte está echada, como nos contaron también desde Salvando Peludos.

Acostumbrado a atender a varias colonias felinas de la zona, Raúl se pasó los primeros días recorriendo viviendas y parcelas para dar comida y agua a los animales que se habían quedado atrás después de las evacuaciones y los confinamientos, a la vez que gestionaba un punto de recogida de alimentos donados por particulares y organizaba grupos de trabajo para subir al monte y atender a los animales silvestres. No se puede creer que aún no haya un protocolo, estatal o autonómico, dirigido por profesionales para responder a “una tragedia de tal magnitud”.

Raúl, como Alicia, como el equipo de Salvando Peludos, vio a animales muertos, heridos, quemados, sedientos, hambrientos, aterrados. A personas desesperadas buscando ayuda para ellos y a otras muchas desesperadas por no poder ayudar como la situación requería, viendo cómo muchos animales morían sin ser siquiera tenidos en cuenta.

Y lamenta, como colofón macabro a todo ello, que la ayuda a los animales silvestres afectados por los incendios en muchos de esos municipios se haya puesto en manos de los cazadores. Después de años viviendo donde vive, de muchas caminatas por el monte y de muchas experiencias de todo tipo, no tiene duda de que esa ayuda es “interesada” y de que los cazadores aprovechan esa comida para crear puntos de atracción para los animales que les interesan, a los que luego pueden tirotear sabiendo dónde van a buscar comida y agua.

Hemos visto muchas advertencias en redes sociales sobre la forma correcta de ayudar a los animales silvestres afectados por incendios. Sobre qué comida proporcionarles, cómo y dónde ubicarla para no dañarlos aún más. Muchas de esas advertencias partían de asociaciones de cazadores dirigidas a “animalistas” que, según ellos, no conocen a los animales a los que pretenden ayudar ni el terreno en el que se mueven. “No hay que poner fruta”, decían, “porque fermenta y los animales enferman. Dejadnos a nosotros, que nosotros sabemos”. Pero Raúl ha visto vehículos 4x4 con remolques cargados de pan, tomates o ciruelas conducidos no por animalistas sino por cazadores. Ha visto cómo hacían cebaderos para luego disponer los puntos de tiro.

Desde el primer momento, vecindario y asociaciones pidieron a las administraciones autonómicas suspender la caza en los municipios afectados, pero las limitaciones solo han llegado a la media veda, y únicamente en las parcelas calcinadas de los cotos de caza, y no en todos los municipios donde llegaron las llamas. Eso significa que los animales que consiguieron huir de los incendios y que se dispersaron buscando agua y alimentos han podido ser tiroteados en otros territorios cercanos.

Junto a un grupo vecinal y de voluntariado del Valle del Tiétar, Raúl firmó un comunicado relatando lo vivido, las semanas socorriendo a animales sin ningún respaldo institucional y reclamando medidas concretas para que situaciones así no se repitan. Afirman categóricamente que han sido testigos, como otras personas vecinas, “de animales heridos que han sido abatidos a tiros por cazadores en lugar de ser rescatados, sin que los agentes forestales presentes hayan intervenido para impedirlo. Y cuando, como ciudadanía, hemos dado aviso al Seprona de un animal herido, la respuesta de las autoridades, en el mejor de los casos, ha sido la eutanasia in situ; en el peor, un disparo, sin que se haya intentado siquiera valorar por un veterinario especializado si el animal era recuperable”. Lo mismo que nos cuenta Ainoa y que relata el equipo de Salvando Peludos.

El vecindario recuerdan que la Ley 7/2023 de protección animal incluye expresamente a los animales silvestres en su ámbito de protección y la obligación de las administraciones públicas de adoptar medidas para la protección de los animales en situaciones de catástrofe, emergencia o riesgo grave, y dispone que los planes de protección civil deben contener medidas en ese sentido. Recuerdan también que el Código Civil reconoce a los animales como seres sintientes, lo que “obliga a interpretar en consecuencia el resto del ordenamiento”, incluida la normativa sobre Protección Civil.

Fernando Sánchez, de Salvado Peludos, nos resume estos tres factores, que hacen que la devastación de los incendios no cese cuando se apagan las llamas. Muy al contrario, la gestión pública añade más crueldad sobre las primeras víctimas de esas llamas. En primer lugar, nos dice, “la promoción de la caza para acabar con los supervivientes de los incendios”, que ha sido “impulsada” por comunidades autónomas y municipios como supuesta estrategia para restablecer la “normalidad” de los montes y que implica “promover la muerte en vez de la supervivencia”.

En segundo lugar, la “apropiación por parte de los cazadores del derecho a transitar por los montes y de ”cuidar“ (aunque lo que hacen ellos no es cuidar) y alimentar a los animales”, con ese único interés de poder seguir cazando, hasta el punto de que quienes quieren ayudar a los animales sin obtener un beneficio de ello, y hacerlo además con los conocimientos adecuados, “nos hemos visto cuestionados, señalados, criticados” por quienes solo buscan poder seguir pegando tiros. “Los cazadores, una vez más, nos han apartado”, denuncia, incluso “prohibiendo a compañeras activistas su presencia en el monte”.

Como tercer factor que añade “extrema crueldad” a lo que ya de por sí es una catástrofe, señala “la dificultad” para ofrecer atención sanitaria a los animales afectados, con avisos “ignorados sistemáticamente” por quienes deben atenderlos, “dejando en situación de agonía a muchísimos animales”. “Lo hemos vivido de manera reiterada”, insiste Fernando, y hasta para poder ayudar a un animal a descansar sin más sufrimiento han tenido que hacerlo “a escondidas”, sin más apoyo que el de sus propias compañeras y compañeros activistas.

“Fue desolador y lo sigue siendo”, nos cuenta también Cris Aznar, fotógrafa que se desplazó a la zona de Iruelas para dejar constancia del horror y que contactó con una asociación de Zaragoza con la que colabora, Amnistía Animal. Como muchas otras de las zonas afectadas y de otros muchos lugares de España, esta asociación recaudó ayuda y la trasladó a Ávila y a otros lugares arrasados por el fuego.

En España tenemos leyes que protegen la tortura de animales, que permiten su cría indiscriminada, que castigan a quienes los rescatan, y que también impiden atender a quienes sufren una catástrofe, como un incendio devastador que aniquila todo su entorno. “Las leyes nos han impedido salvar más vidas”, dice Ainoa, aún rota. “Trabajas sin recursos, sin medios, viendo solo dolor a tu alrededor, sin poder llegar a todo, y encima te arriesgas a una denuncia porque estás trabajando en la clandestinidad”.

El verano ha llegado a su fin y sabemos ya que ha sido el más caluroso desde que tenemos registros. Las temperaturas excepcionalmente altas han sido la tónica, y las consecuencias son perceptibles en los animales, en la vegetación, en los cultivos. Los incendios se han sucedido durante meses, e incluso los que no han afectado a poblaciones humanas y no han copado las portadas de los medios de comunicación, han calcinado el hogar de millones de animales y han matado a muchos de ellos, no podemos saber ni a cuántos.

Hace falta un protocolo, pero hace falta mucho más. Hace falta interiorizar que los demás animales también son víctimas de este tipo de catástrofes y actuar en consecuencia. Hace falta que personas como las que nos han relatado estos horrores no se jueguen el tipo ni su futuro por salvar vidas. Hace falta que esas vidas cuenten.

Lo vimos con la erupción del volcán de La Palma, después con la dana de Valencia, y lo seguimos viendo con los múltiples y devastadores incendios de este verano. Cada vez que un desastre natural nos deja pegadas a las noticias con el alma en vilo y el corazón encogido, volvemos a comprobar la gran deficiencia en nuestros mecanismos de respuesta ante emergencias y catástrofes: no hay protocolos de evacuación y asistencia para los animales no humanos, a pesar de que muchos de ellos forman parte de nuestra familia, de que los silvestres son las primeras víctimas de esas situaciones, y de que nuestro sistema alimentario y de consumo convierte a millones de animales en reos permanentes sin posibilidad alguna de huir cuando el agua, la lava o las llamas se ciernen sobre ellos.

Cada vez más, a la magnitud del desastre en sí se suman multitud de tragedias que ponen nombre y rostro a esta realidad. Personas que han sido evacuadas sin tiempo de poder coger a sus animales; que estaban fuera de casa y cuando se han enterado de lo sucedido ya no han podido acceder a por ellos; responsables de santuarios, protectoras y refugios buscando ayuda de personas voluntarias para poder poner a salvo a las decenas de vidas que dependen de ellos, en muchos casos animales mayores o enfermos, lanzando llamamientos desesperados a los equipos de extinción para que sepan dónde se han quedado cientos de animales expuestos al fuego; animales silvestres huyendo despavoridos, atrapados por las vallas de los cotos de caza; explotaciones ganaderas convertidas en campos de cadáveres calcinados… El espanto.

En el mejor de los casos, quienes sí han podido dejar la zona de riesgo con sus animales son acogidos en recintos que no son seguros para ellos, con gatos durante días sin poder salir de un transportín, perros enjaulados, atención veterinaria prestada por profesionales voluntarios organizados por su cuenta, y cientos, miles de personas compartiendo información y cooperando para tratar de minimizar la tragedia mientras, y eso es otra catástrofe, muchos ayuntamientos dejan en manos de cazadores la gestión de la ayuda a los animales silvestres afectados. Un contrasentido detrás de otro.

El pasado mes de junio, el Ministerio de Derechos Sociales anunció que trabaja en un protocolo para atender a los animales “de compañía” en este tipo de situaciones, una obligación derivada de la insuficiente Ley de Bienestar Animal de 2023. Es una gran noticia, y confiamos en el buen hacer de las entidades que están trabajando con el Ministerio para hacer que ese protocolo sea útil ante las evidentes dificultades para articularlo y para implementarlo. Hablamos de muchos tipos de animales en situaciones muy diversas, y se trata de salvar su vida, no de agravar el riesgo con actuaciones que no sean las adecuadas.

Sin embargo, tememos que se quedará muy corto si de entrada se refiere solo a los animales “de compañía”. Entendemos que, por definición, incluirá a los internos en centros públicos de protección animal, pero, ¿también a los de las protectoras, refugios, santuarios, residencias? ¿Los animales considerados “de granja” contarán para algo más que para gestionar el seguro? ¿Qué pasa con los animales explotados en otros tipos de negocios, como granjas escuelas, hípicas, zoos o safaris?

Con este temor y estas preguntas, más de cien entidades de protección animal han difundido un manifiesto dirigido a las autoridades competentes del Estado y de las comunidades autónomas en el que expresan su “profunda preocupación ante la reiterada falta de protocolos oficiales que garanticen la protección de los animales en situaciones de emergencias y catástrofes”.

La realidad, dicen, es que cada vez más ante las catástrofes (danas, inundaciones, incendios, temporales) los animales quedan “sistemáticamente al margen de los planes de actuación”, de forma que “los rescates dependen de la iniciativa personal de profesionales y voluntarios, sin protocolos ni recursos adecuados”. Con ello, “miles de personas se ven obligadas a elegir entre su vida y la de sus animales”, y santuarios, refugios y protectoras “quedan desamparados, con cientos de vidas a su cargo”. “No podemos seguir improvisando”, claman.

Subrayan que la protección de los animales “no es una cuestión secundaria: forma parte de una gestión de emergencias responsable, humana y eficaz”, e ignorar esta realidad no solo vulnera el bienestar de esos animales, sino que “pone en riesgo también a las personas”.

Por ello, sentencian que “es hora de pasar de la buena voluntad a la acción institucional” y ponen a disposición de las administraciones “nuestra experiencia, conocimientos y recursos” para colaborar activamente en la elaboración de protocolos eficaces que incluyan, como mínimo, “procedimientos claros de rescate, evacuación y atención de animales de compañía, de granja, de trabajo y de aquellos que habitan en santuarios, refugios y centros de protección”, así como “formación específica para los servicios de emergencia en manejo y transporte de animales”.

Entre esos requisitos mínimos señalan también la dotación de recursos materiales adecuados para el rescate, transporte y atención de esos animales; coordinación efectiva entre Protección Civil, servicios de emergencia, administraciones competentes y entidades especializadas de protección animal; planes de evacuación específicos para instalaciones con animales, y directrices homogéneas en todo el territorio “para actuar con rapidez, seguridad y eficacia”.

También la Fundación Franz Weber (FFW) ha pedido que España imite a Portugal e incluya a los animales en los protocolos de actuación ante cualquier situación catastrófica; no solo incendios, sino también eventos menos habituales, como terremotos o erupciones volcánicas. En Portugal, a iniciativa de la formación animalista PAN, la Ley de Bases de Protección Civil incorpora desde hace pocos días la perspectiva animal, al obligar a los municipios a disponer de un planeamiento para la búsqueda, salvamento y socorro de animales en catástrofes de todo tipo.

La FFW recordó que en los hogares españoles viven más de 15 millones de animales de familia, de los que la mitad son perros, y cerca de un 40% son gatos, según la Estadística Nacional sobre la Protección Animal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Tras el reciente terremoto en Venezuela, la FFW desplegó una misión veterinaria en el país, donde suma ya más de mil atenciones a animales afectados y ha distribuido veinte toneladas de alimento y medicamentos. En España, después de la erupción del volcán en La Palma, apoyó a entidades locales en la evacuación de animales de las zonas más afectadas, e impulsó un sistema digital que permitió el reencuentro de decenas de animales y sus familias. “Gracias a estas experiencias, se puede afirmar que los protocolos específicos de evacuación y atención animal en catástrofes no son una idea abstracta, sino una herramienta que ya ha demostrado funcionar en el terreno para las familias afectadas, y que en España sigue sin existir, al revés que en Portugal”, afirman.

También el PACMA solicitó a finales de julio al Ministerio del Interior la “creación inmediata” de una coordinación especial centralizada para garantizar la atención y evacuación de los animales que permanecen en viviendas, fincas, refugios, protectoras y explotaciones situadas en zonas desalojadas por los incendios forestales.

En ese momento, cuando las provincias de Madrid y Ávila estaban siendo asoladas por grandes incendios, el PACMA denunció que numerosos particulares, asociaciones, protectoras y responsables de explotaciones estaban siendo evacuados sin que se les ofreciera, después de varios días, alternativa para acceder a las instalaciones, proporcionar agua, alimento o medicación, y comprobar el estado de los animales que dejaron atrás. Su reclamación, precisaba PACMA, no eran “accesos descontrolados” ni actuaciones que pudieran poner en riesgo a las personas o dificultar las labores de extinción, sino un “sistema oficial” de entradas programadas, controladas y acompañadas por efectivos autorizados, siempre condicionado a la evolución del incendio y a la seguridad de cada zona.

La reivindicación, que ha revivido a raíz de los últimos grandes incendios, lleva años entre las prioridades de quienes defendemos los derechos de los demás animales.

Hace ya tres años, INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, participó en el proceso de información pública del Borrador de Real Decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación en los incendios forestales, aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una de sus propuestas era que los mapas operativos en este tipo de desastres sitúen también a los animales afectados, para poder diseñar las medidas de coordinación necesarias para su evacuación y realojamiento.

Alegaba INTERCIDS que el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprobó la Norma Básica de Protección Civil, incluye expresamente a los animales en esta norma, por lo que tanto la Directriz Básica de Planificación como los Planes de Protección Civil deben contemplar medidas de protección para ellos, además de para las personas, los bienes, el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico y cultural. Todo ello, en coherencia con el tratamiento jurídico distinto de los bienes que, en su condición de seres sintientes, otorga a los animales el Código Civil desde la reforma de 2021.

INTERCIDS recordaba entonces al Ministerio que en un incendio forestal puede haber animales que hayan quedado encerrados en viviendas evacuadas o no habitadas, en centros de rescate o cualquier tipo de núcleo zoológico, caballos en fincas, animales en granjas y explotaciones, etcétera, por lo que “es necesario que a la hora de elaborar los mapas operativos se contemple también una simbología específica para los animales, teniendo en cuenta que en un incendio forestal pueden verse comprometidas las vidas de animales en una multiplicidad de circunstancias de peligro, ante la imposibilidad de huir por sí mismos”.

Sobre la importancia de incluir a los animales en la respuesta ante desastres y emergencias en general, y, como tales, también en los incendios forestales, INTERCIDS se refirió a un informe de la Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos (CoPPA) en el que se explica cómo los lazos afectivos con los animales pueden influir en las decisiones de las personas que se encuentran en estas situaciones y, por tanto, comprometer también su propia seguridad y supervivencia.

En cuanto a los animales silvestres que también sufren los incendios forestales, INTERCIDS alertaba al Ministerio de que “pueden encontrar en su huida barreras geográficas insalvables o ver impedida la posibilidad de escapar, convirtiéndose en trampas mortales”, y por ello pedía que, en coordinación con otros departamentos, en el marco del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, se materialice un protocolo que permita facilitar la huida del fuego de los animales salvajes; por ejemplo, eliminando barreras.

El análisis de CoPPA al que se refería INTERCIDS es de abril de 2016 y se basaba en la evidencia sobre el gran número de personas que conviven con otros animales, con quienes tienen un fuerte vínculo. Eso hace que ante una evacuación, por ejemplo, muchas personas se muestren reacias a abandonar el lugar donde tienen que dejar a esos animales, incluso hasta el punto de desobedecer las órdenes oficiales y aventurarse en zonas de peligro.

Dado que las operaciones de evacuación, rescate y alojamiento en desastres inevitablemente incluyen a las personas humanas que convivimos con otros animales, las estrategias de gestión de desastres que no los incluyen no solo afectan directamente a esos animales sino que también tienen “implicaciones muy negativas para la supervivencia y la salud psicológica y emocional de las personas, la economía, la salud pública, el reencuentro entre propietarios y animales desplazados, y la recuperación y resiliencia de la comunidad”.

CoPPA pidió por ello una estrategia sólida que incluya a los demás animales en todas las etapas de la gestión del desastre: planificación, preparación, mitigación, respuesta y recuperación, contemplándola incluso como “un factor protector que aumente considerablemente la preparación y fomente la adopción de decisiones y conductas adecuadas antes, durante y después de un desastre”.

El manual de entrenamiento de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos alerta de que durante una evacuación algunas personas muestran estár más preocupadas por sus animales que por sí mismas, y el riesgo de negarse a evacuar una zona de peligro se duplica con cada animal que haya en ese lugar. En el caso de personas con discapacidad física o cognitiva, la obligación de separarse de sus animales puede “inmovilizarlas” y aumentar su vulnerabilidad.

Un estudio tras el desastre producido por el vertido de sustancias químicas en la ciudad de Weyauwega (Wisconsin) mostró que aproximadamente un 80 % de las personas que volvieron a la zona del desastre lo hicieron para intentar rescatar a sus animales y que, en los primeros días, un 50 % de quienes vivían con otros animales ya habían irrumpido ilegalmente en la zona, frustrados por la falta de acción para rescatarlos.

En la inundación de 1997 ocurrida en el condado de Yuba (California), el 82 % de las personas que volvieron a la zona de peligro en contra de las órdenes de las autoridades lo hicieron para intentar recuperar a sus animales. El análisis de noticias en los medios australianos relacionadas con animales tras los incendios de 2009 en Vitoria reveló que también hubo personas que arriesgaron sus vidas para intentar salvar a animales silvestres o “de granja” con los cuales no tenían relación previa. Tras analizar las causas de muerte de personas afectadas en diversas inundaciones ocurridas en Australia, un estudio concluyó que al menos un 8 % de esas muertes se debieron a intentos de rescatar a animales.

El impacto emocional y los efectos psicológicos perjudiciales que pueden producirse al tener que dejar atrás o perder un animal en un desastre están bien documentados y avalados por la literatura científica. Integrar a los animales en las operaciones de rescate durante la fase de emergencia y ayudar a la gente a salvar a sus animales no solo es importante para la supervivencia de las personas y los animales afectados, sino también para la fase de recuperación y reconstrucción en los días y meses posteriores al desastre.

En un estudio con supervivientes del huracán Katrina que convivían con otros animales se encontraron niveles significativamente más altos de ansiedad aguda, depresión y trastorno de estrés postraumático en aquellos supervivientes que habían perdido a esos animales que en los demás, y eso a pesar de que los autores del estudio incluyeron controles para otros efectos del desastre, como la perdida de la vivienda.

Muchos agentes de emergencias han podido experimentar directamente, de manera dura y dramática, el vínculo que muchas humanas tenemos con otros animales, un vínculo que “puede interferir en las operaciones de respuesta a desastres” o, por el contrario, cuando este se gestiona correctamente, puede influir positivamente para, incluso, “llegar a mejorar las conductas de las personas afectadas”, concluye CoPPA, que recuerda que en el huracán Katrina murieron 1.836 personas. El 44 % de las personas que se negaron a evacuar la zona de peligro lo hicieron, exclusivamente o en parte, porque no querían dejar atrás a sus animales.

Y eso sin contar a los animales en cautividad, a los explotados o a los silvestres. Si de verdad queremos un mecanismo de respuesta a emergencias que no deje a nadie atrás, hagámoslo realidad. Y cuando decimos a nadie queremos decir justamente eso, a nadie.

Los incendios que están asolando varios puntos de España, y de forma intensa los últimos días el oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias limítrofes, están dejando muchas historias desoladoras, muchos avisos desesperados, muchas situaciones que solo somos capaces de visualizar en nuestras peores pesadillas.

Y una de ellas la estamos viviendo este sábado al ver uno de los terrenos del Santuario Vegan acosado por las llamas, con 200 animales atrapados sin posibilidad de ser evacuados. Estas líneas son un llamamiento urgente, desesperado, a las autoridades, a los equipos de extinción, para que sepan que hay 200 vidas atrapadas en esta ubicación: 40°19'51.1“N 4°26'58.7”W

Entre Cadalso de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias, dentro de la Comunidad de Madrid pero casi en la frontera con Castilla y León, Santuario Vegan ha dado un hogar a animales que fueron explotados por la industria y que maltrechos, enfermos, iniciaron una nueva vida a salvo, con todas sus necesidades cubiertas, no solo las físicas, también las emocionales. Todas esas vidas están hoy acosadas por las llamas.

Hay vacas, toros y caballos jóvenes en el terreno, caballos y burros viejitos protegidos en una nave, ovejas y cabras en otra. Cuando hablamos de salvar vidas, las suyas también cuentan, también son importantes.

Las imágenes de vecinos, voluntarios, bomberos, agentes haciendo lo imposible por poner a salvo a animales que conviven con sus familias humanas, y todas ellas nos han reconfortado en medio del horror, nos han proporcionado cierto alivio en el espanto. Con este artículo queremos pedir que esas vidas también sean tenidas en cuenta.

Durante las últimas horas hemos recibido muchos avisos de personas que pedían ayuda para salvar a animales, y somos testigos de la ayuda movilizada para llegar hasta ellos, sacarlos del peligro, trasladarlos a un lugar seguro y proporcionales las necesidades urgentes más básicas. Sabemos que en muchos casos no hemos podido llegar a tiempo, y sabemos que en muchos casos la virulencia del fuego lo hace imposible.

Pero también sabemos que quienes hacen todo lo posible por salvarnos de las llamas tienen que saber que en esa ubicación hay vidas, como primer paso para poder salvarlas. Y por eso estas líneas. Esos animales que ya fueron condenados por la industria, nacidos solo para ser explotados, merecen poder seguir disfrutando de esa nueva oportunidad que les ha dado Laura Luengo en el Santuario Vegan.

Laura era consciente del riesgo que corrían ella y los animales cuando las llamas se desataron en Almorox y en San Martín de Valdeiglesias, pero el viento iba rolando y las autoridades le trasladaron que por el momento no había peligro, aunque eso podía cambiar en cualquier momento, y ella lo fue explicando en sus vídeos en redes sociales, contando cómo estaba la situación, con toda crudeza ante la cámara. Esta misma mañana agentes de la Guardia Civil con los que Laura fue contactando le decían que seguían sin recomendar el desalojo. Laura no ha llegado a recibir ningún ES-Alert, se ha enterado de que tenía que irse hablando con diferentes puestos de la Guardia Civil de la zona. Cuando el fuego se ha echado encima ya no había tiempo. Evacuar a todos esos animales, trasladaros y ubicarnos en un nuevo espacio seguro no es nada fácil, y lo que Laura ha hecho todo este tiempo por ellos merece toda nuestra admiración y nuestro apoyo, también ahora, en su peor momento, después de haber seguido las recomendaciones y las indicaciones de las autoridades y cuando toda su vida está con esos 200 animales. Por favor, los animales también cuentan. Hagamos todo lo posible por no dejar a nadie atrás. A nadie.

El Ministerio de Juventud e Infancia concluye este próximo miércoles, 15 de julio, el trámite de audiencia y consulta pública sobre la reforma de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), una norma que se aprobó en su momento con el objetivo literal de “garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral”.

Si lo que se pretende de verdad es una “protección integral” de ese colectivo frente a cualquier tipo de violencia, pocas dudas puede haber sobre la necesidad de impedir que niños, niñas y adolescentes asistan o participen en espectáculos en los que se maltrata hasta la muerte a animales que agonizan entre estertores ahogados en su propia sangre.

La plataforma 'No Es Mi Cultura', impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía derogar la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural, ha redactado un modelo de alegaciones que, como ciudadanas comprometidas, podemos hacer llegar al Ministerio de Juventud e Infancia. El procedimiento es muy sencillo: basta con descargar el modelo, rellenarlo con nombre, apellidos y DNI o documento identificativo equivalente, y enviarlo a participacion.publica@juventudeinfancia.gob.es, con el asunto “Alegaciones al Anteproyecto de modificación de la LOPIVI”.

Se trata de una serie de propuestas para añadir a la norma, “con el fin de reforzar la coherencia del sistema de protección integral frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, extendiendo la prevención a ámbitos culturales, recreativos y mediáticos donde la exposición de menores a prácticas basadas en la violencia hacia animales continúa siendo socialmente normalizada (...) Su incorporación en la reforma de la LOPIVI permitiría garantizar que el principio del interés superior del menor impregne también aquellos espacios tradicionalmente excluidos del enfoque de protección infantil”, explica la plataforma.

Para respaldar la adición de una serie de puntos a la ley, No Es mi Cultura argumenta que la exposición de niñas, niños y adolescentes a actividades que implican violencia hacia los animales, ya sea como participantes, espectadores o acompañantes, constituye una forma de violencia psicológica, educativa y ambiental incompatible con el enfoque de protección integral que inspira la Ley. “La evidencia científica demuestra de forma consistente que la normalización del sufrimiento animal y la exposición temprana a contextos de violencia real afectan negativamente al desarrollo emocional, moral y empático de la infancia, favoreciendo procesos de desensibilización y aceptación de la violencia como práctica legítima. Esta problemática resulta especialmente grave cuando dicha exposición se produce en actividades recreativas, social o institucionalmente toleradas, como los espectáculos taurinos o la caza, donde la violencia se normaliza y se presenta como tradición, ocio o aprendizaje intergeneracional”, detalla.

Desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, subraya que el Estado español tiene la obligación de proteger a la infancia frente a toda forma de violencia física y psicológica, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y con las Observaciones Finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño a España.

De hecho, en su último examen, en enero de 2026, el Comité recordó que existe “evidencia científica indiscutible” sobre los efectos perjudiciales de exponer a la infancia a la violencia contra los animales y señaló que esta obligación está recogida en su Observación General Nº 26. En dicho marco, preguntó formalmente al Estado español si prevé prohibir el acceso, la participación y la presencia de menores tanto en espectáculos taurinos como en actividades cinegéticas con armas de fuego, calificando estas prácticas como un peligro para la infancia y una amenaza directa al interés superior del menor.

Añade la plataforma que la exposición de niñas, niños y adolescentes a estas actividades supone además una vulneración del artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, así como del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que desarrolla este mandato constitucional y consagra el interés superior del menor como principio rector de toda actuación de los poderes públicos. “La reforma de la LOPIVI constituye, por tanto, una oportunidad legislativa esencial para incorporar de forma expresa esta dimensión de la violencia y garantizar una protección efectiva, coherente y vinculante de la infancia frente a cualquier actividad que implique violencia física o simbólica hacia los animales”, argumenta.

En sus alegaciones, la plataforma pide, por tanto, prohibir expresamente “la participación como profesional taurino o participante de personas menores de edad, así como su presencia en cualquier espectáculo o festejo taurino, ya sea en plazas de toros o en lugares de tránsito público”, así como su participación “en prácticas ganaderas de carácter taurino, como tientas, el lañado, el marcado a fuego (herrado), la manipulación de las cornamentas, las carreras de acoso y derribo y las tientas a puerta cerrada” y su “inscripción y asistencia en escuelas taurinas”.

Además, pide que las retransmisiones, avances, anuncios, resúmenes o promoción de espectáculos en los que se maltrate, mate o sacrifique animales tengan la consideración de contenido perjudicial y sólo puedan emitirse entre las 22:00 y las 6:00 horas.

El Ministerio de Juventud e Infancia impulsa esta reforma legal porque “la gravedad de la perpetración y, en ocasiones, normalización de conductas violentas contra las personas menores de edad obliga a avanzar más en la protección integral de la infancia y la adolescencia, así como incorporar las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en el ordenamiento jurídico español con el fin de blindar los derechos de las personas menores de edad y velar por el cumplimiento del interés superior del menor como elemento primordial en las actuaciones de los poderes públicos”.

Así, el proceso para reformar la Ley comenzó en noviembre de 2024 y, en el trámite de consulta pública, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) aportó una serie de consideraciones, basadas en la coincidencia sobre los objetivos de la reforma ante los datos estadísticos que hablan de un considerable aumento de la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes en España.

CoPPA esta formada por personas profesionales y expertas de la psicología, la psiquiatría, la sociología, la criminología, la pedagogía y el ámbito de los derechos humanos, y su objetivo es la defensa y protección de comunidades, grupos e individuos en situación de vulnerabilidad, tales como personas mayores, víctimas de violencia de género o doméstica, personas con discapacidad o infancia en riesgo. En base al conocimiento científico y técnico, CoPPA incide en políticas públicas y cambios legislativos; da apoyo a programas que atiendan o prevengan toda violencia, perjuicio o abuso físico o psicológico, descuido, trato negligente y explotación, sea por acción u omisión, realizados por individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto; y promueve una educación que fomente la empatía y el respeto.

Con esta perspectiva, CoPPa formuló varias sugerencias, entre ellas tener en cuenta el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 11 de mayo de 2011), que incluye en el término “mujer” a las niñas menores de 18 años. Considera que este marco contextualiza ámbitos importantes de la violencia que afecta a la infancia y la adolescencia: la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Dado que la nueva ley pretende “garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y la armonización respecto del cumplimiento efectivo de las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño en el respeto a los derechos de la infancia y adolescencia”, CoPPA considera imprescindible que todas las administraciones públicas, cada una en su respectivo ámbito competencial (estatal, autonómico o local), atiendan a las disposiciones de la Convención y a las observaciones formuladas por el Comité, sin que esta cuestión pueda quedar limitada exclusivamente al ámbito competencial estatal.

Partiendo de una mirada amplia e integral de la violencia en sus distintas formas, CoPPA alertó de la necesidad de abordar no solo la violencia que se materializa en conductas de agresión, abuso o trato degradantes o negligentes directamente sobre niñas, niños y adolescentes, sino también aquellas formas de violencia que tienen lugar de manera a veces no tan perceptible, sino sistémica e incluso socialmente normalizada y hasta institucionalizada. El texto de la consulta cita, a este respecto, la “violencia en los medios de comunicación o a través de las tecnologías y violencia en las instituciones”.

Junto a ello, CoPPA reclamó añadir el impacto negativo que tiene sobre la infancia y la adolescencia su exposición a la violencia orquestada y organizada, como la que tiene lugar en eventos y espectáculos públicos a los que se permite su acceso y/o participación y en los que se maltrata de forma evidente a los animales. “Recordemos que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño ya llamó la atención a España sobre este aspecto en sus Observaciones en relación al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, instando a este país a proteger a la infancia de la violencia de un tipo de espectáculos particularmente violentos, como son los taurinos, a los que ha calificado de ”prácticas nocivas“, precisa.

Toda vez que la LOPIVI no recogió esta violencia en su articulado cuando fue aprobada en 2021, CoPPA trasladó al Ministerio de Juventud e Infancia que esta reforma debería incluirla expresamente, máxime cuando en aquel estaba pendiente una nueva evaluación a España, que concluyó a comienzos de este año en la misma línea que la de 2018: con la petición de apartar a los menores de la violencia que implica la tauromaquia.

Después de aquella evaluación, el Ministerio trasladó su voluntad de “prevenir los efectos nocivos” de la tauromaquia en los menores impidiendo su acceso y participación en este tipo de espectáculos, postura que fue duramente criticada no solo desde el lobby taurino sino también desde formaciones políticas como el PP y Vox.

El PSOE, socio mayoritario en el Gobierno, mantiene ante la tauromaquia una insoportable incoherencia que le llevó a comprometerse con la ILP y después a votar en contra de su toma en consideración, traicionando no solo a las 715.000 personas que la firmaron sino a sus propios principios fundacionales como partido.

Por tanto, la batalla que tenemos por delante no es solo que el Ministerio de Juventud e Infancia atienda estas alegaciones y sea coherente con sus propias afirmaciones públicas, sino que después esta reforma, con esas sugerencias incorporadas, pase el filtro del socio mayoritario en el Gobierno, salga del Consejo de Ministros y afronte su tramitación parlamentaria con una mayoría clara a favor de proteger de verdad a niñas, niños y adolescentes frente a una violencia que chorrea sangre a borbotones sin que ninguna arenga patriotera ni ninguna bandera puedan taparla.

Todos los cerdos con la cola mutilada aunque las directivas europeas lo prohíben. Heridas, abrasiones, prolapsos… problemas de salud generalizados. Falta de higiene en todas las granjas, llegando incluso a la documentación de lechones muertos dentro de los abrevaderos.

Cada investigación de Fundación Igualdad Animal es una nueva pesadilla. Es abrir las carpetas de imágenes con el estómago ya revuelto, anticipando el horror y sabiendo que, aunque no queda capacidad para la sorpresa, será inevitable estremecerse y maldecir.

Esta nueva investigación se centra en nueve granjas de la industria porcina en Aragón y con ella Fundación Igualdad Animal constata y denuncia que las inspecciones son casi inexistentes, ya que cada año apenas controlan entre el 1% y el 3% de las granjas que hay en toda España, y en la mayoría de los casos, con aviso previo.

Las imágenes recopiladas y difundidas pertenecen a nueve granjas de cría, maternidad y engorde de cerdos en Aragón, concretamente en las provincias de Teruel y Zaragoza, y todas y cada una de ellas muestran la crueldad y el abandono al que se somete a estos animales.

La ley ya de por sí es laxa, tanto que permite hablar de “bienestar animal” cuando los animales no son más que mercancía, criados con la única finalidad de convertirlos en productos de consumo cuando apenas son cachorros. Por ello, la mayoría de los hallazgos muestran prácticas que son estándar en la industria porcina en España. Sin embargo, también se han documentado violaciones de la legislación.

Fundación Igualdad Animal explica que las imágenes muestran la “alarmante mortalidad” de los lechones en las granjas de cría investigadas, donde los más débiles no logran mamar y simplemente se les deja morir de hambre. No tienen ningún valor en una industria que ya cuenta con esas muertes en el precio final de las lonchas en los lineales. Tanto es así que la industria fomenta las camadas numerosas, aunque eso provoca que las cerdas no tengan capacidad de amamantar a todas las crías, que muchos lechones nazcan extremadamente débiles y problemas en el parto.

En las granjas investigadas se ha documentado la presencia de lechones tan débiles que mueren de hipoxia durante las primeras 24 horas de vida, una cerda con un mortinato atrapado en su canal de parto, con las patas traseras sobresaliendo, y los recién nacidos muertos cubiertos de placenta amontonados detrás de las cerdas son una constante.

En las granjas porcinas españolas, la mortalidad de los lechones se sitúa en torno al 15% sobre el total de nacidos vivos, y llega al 20% si se tienen en cuenta los mortinatos o nacidos muertos.

En las instalaciones de cría documentadas, las cerdas se ven obligadas a un confinamiento extremo que no les permite satisfacer sus necesidades etológicas más básicas, lo que provoca comportamientos estereotipados y autolesiones. Solo a modo de ejemplo: en cuatro de las granjas se encontraron jaulas de gestación muy estrechas que solo tenían 203cm de largo y 61 de ancho, y las cerdas apenas cabían dentro de ellas; cerdas con comportamientos estereotipados con heridas en la boca y el hocico por morder insistentemente los barrotes; cerdas madres con comportamientos agresivos y amputaciones en las orejas. Incluso dentro de los recintos grupales, los cerdos se encuentran hacinados y están sujetos a altos niveles de estrés.

Además de las prácticas estándar de alojamiento perjudiciales para el bienestar animal, se observan posibles violaciones y casos de incumplimiento de los requisitos legales.

En prácticamente todas las instalaciones, los cerdos tienen la cola mutilada pese a que las directivas europeas lo prohíben. La investigación documenta cubos llenos de muñones de cola, así como testículos amputados, y colas amputadas esparcidas por el suelo.

Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Fundación Igualdad Animal, explica que en noviembre de 2025 se presentaron denuncias contra varias explotaciones por “graves deficiencias estructurales”. La administración autonómica realizó inspecciones pero no abrió expediente sancionador porque no apreció infracciones en la normativa sobre bienestar animal. Si solo se inspeccionan entre el 1% y el 3% de las granjas y casi siempre con aviso previo, muchas de esas prácticas denunciadas “pasan totalmente desapercibidas” y se siguen ejecutando “con total impunidad”, denuncia Mulá, que alerta además de que en Aragón se han reducido “drásticamente” los recursos públicos para inspeccionar y sancionar, por lo que los animales siguen sufriendo mientras aumenta el “riesgo sanitario”.

Lo peor de esta investigación es que no son casos aislados. Fundación Igualdad Animal y otras organizaciones han documentado estas prácticas en prácticamente todas las instalaciones a las que han accedido, porque, de nuevo, la realidad no es la que muestra la industria en sus anuncios bucólicos y eslóganes engañosos. No hay bienestar posible cuando se trata de explotar a los animales para obtener un beneficio. No hay cerdos felices, ni vacas felices, ni corderos felices, ni gallinas felices ni animal alguno feliz cuando la única razón de su existencia es ser un producto. Y así seguirá siendo mientras exista esta industria de muerte, esta cadena de desmontaje de cadáveres que solo ve la luz con este tipo de investigaciones.

La imagen idílica de perros felices tirando de trineos en un paisaje nevado es en realidad puro marketing para atraer turistas a una realidad cruel y plagada de ilegalidades. El ‘mushing’, las carreras de trineos que se venden como una actividad deportiva, es la cara visible de una industria desenmascarada por SEY Animal Welfare Finland, organización referente en bienestar animal en ese país, en una investigación presentada en España por FAADA, cuyos colaboradores en Finlandia y Noruega han grabado también imágenes desgarradoras.

FAADA lleva muchos años denunciando esta realidad estremecedora dentro de su campaña Turismo Responsable con los Animales y las imágenes obtenidas en esta investigación no dejan espacio para excusas ni justificaciones. Perros atados con cadenas que apenas les permiten moverse, ateridos y aterrorizados en minúsculas casetas congeladas en mitad de la nieve, perros famélicos entre excrementos, hembras con cachorros encerrados en jaulas frías y mugrientas sin ningún tipo de atención básica, perros heridos y enfermos, cachorros muertos en bolsas de basura...

“Ni siquiera las autoridades conocen el número real de perros destinados a esta industria, lo que dificulta enormemente su control. La rápida expansión del sector ha derivado en cría masiva, importaciones irregulares, condiciones de vida inaceptables y, en los casos más graves, actividades delictivas”, explica en su informe.

La investigación revela que algunos operadores han llegado a recurrir a prácticas ilegales para abaratar costes. La aduana finlandesa ha investigado la importación de 36.000 kilos de carne de ballena ilegal procedente de Noruega, destinada a alimentar a los perros de trineo.

Al mismo tiempo, varios empresarios han sido señalados por importar decenas de perros desde Francia y Europa Central en furgonetas, sin documentación, sin vacunas, sin desparasitación y sin pasar por veterinarios. Muchas de estas prácticas ocurren mes tras mes, y los perros realizan viajes de varios días sin poder salir del vehículo.

Una parte de los hallazgos más duros de la investigación proviene de exempleados que han aportado vídeos y pruebas. En algunos criaderos, las madres y camadas se mantienen durante largos periodos en jaulas, sin desparasitar ni vacunar. Numerosos cachorros mueren por falta de cuidados.

Cuando los perros “sobran”, y dado que casi nunca se venden a particulares, muchos pasan a ser tratados como “residuos”. Se han documentado cachorros muertos arrojados a la basura y perros enterrados o abandonados en plena naturaleza.

Otro problema estructural es la ausencia de registro de los perros en la Autoridad Alimentaria de Finlandia. Al no registrarlos, no existen cifras reales, no se controla cuántas camadas nacen y no se puede evaluar la magnitud real del problema.

Cuando las autoridades consiguen detectar irregularidades, algunos empresarios huyen a Suecia o Noruega antes de ser sancionados. En varios casos documentados por SEY, los mismos operadores reanudan allí su actividad bajo nuevos nombres, manteniendo condiciones igualmente deplorables para los perros.

“La investigación demuestra que los recursos de vigilancia son totalmente insuficientes”. Así, veterinarios supervisores de distintas regiones confirman que es imposible inspeccionar todas las granjas, algunas solo se visitan cada dos años, los inspectores trabajan solos en áreas inmensas y no se dispone de apoyo policial en situaciones potencialmente peligrosas.

Una veterinaria entrevistada describe “una lista alarmante de problemas habituales: cadenas demasiado cortas, casetas inseguras, perros extremadamente delgados, peleas constantes, madres con cachorros en pleno invierno, falta total de ejercicio, animales enfermos sin atención y trabajadores sin formación”. Muchos perros, especialmente los de subcontratistas, son “almacenados en remolques aislados y alejados de cualquier supervisión”.

Nina Lager, jefa del refugio municipal de Inari y testigo directa de la situación, afirma que las inspecciones a veces se suspenden por miedo a agresiones y por falta de apoyo policial. Además, denuncia que hoteles y agencias turísticas continúan contratando estos paseos a empresas investigadas por maltrato animal, contribuyendo sin saberlo a perpetuar el problema.

Desde FAADA alertan de que esta situación implica un enorme sufrimiento para miles de perros y que, en parte, lo que está ocurriendo es responsabilidad de la industria turística. Por eso pide tanto a viajeros particulares como a los profesionales de la industria que dejen de fomentar este negocio. “Hay infinidades de actividades que las personas que visitan estos países pueden llevar a cabo y que no implican sufrimiento animal”, asegura.

Para empezar, FAADA invita a firmar esta petición para que las agencias turísticas españolas dejen de vender estas excusiones. Hay una responsabilidad evidente en los operadores turísticos, pero también en quienes planifican un viaje y tienen la opción de contribuir con su tiempo, su dinero y su visibilidad a una industria cruel de explotación animal. Hay información suficiente como para saber o al menos intuir que detrás de esos animales hay un negocio que se aprovecha de ellos y que tiene prioridades incompatibles con su bienestar, y además hay alternativas. No hay excusas.

La noche del 15 de noviembre en Medinaceli (Soria) volvió a estar en el punto de mira de la defensa de los derechos de los animales. Mientras el Toro Jubilo intentaba huir espantado con sus astas convertidas en dos antorchas, las cámaras del equipo de investigación de AnimaNaturalis y CAS International documentaban minuciosamente cada momento de su agonía.

Ver las imágenes obtenidas por este equipo genera una mezcla de sentimientos muy difícil de describir con palabras. Un nudo en la garganta y en el estómago, inmensa tristeza al ver a ese animal aterrorizado y tremenda rabia al ver los rostros “humanos” embrutecidos hasta lo indescriptible para conseguir dominarlo. Cierta impotencia nubla la vista cuando corren las lágrimas, pero solo dura unos segundos, lo que tarda en imponerse la determinación de seguir luchando sin parar hasta que esta barbarie quede relegada a un pasado oscuro al que solo miremos para aprender otra forma de relacionarnos y de convivir.

El evento se celebró bajo la sombra de una intensa polémica legal y sanitaria, y con la presencia de dos manifestaciones enfrentadas que requirieron un importante operativo policial para evitar enfrentamientos.

La celebración de este año estuvo marcada por una condición excepcional. La Junta de Castilla y León había ampliado la prohibición de ferias y mercados de ganado hasta el 30 de noviembre para evitar la propagación de la Dermatitis Nodular Contagiosa. Sin embargo, el gobierno autonómico hizo una expresa excepción para el Toro Jubilo, imponiendo como requisito que todos los astados trasladados a la localidad procedieran de la misma ganadería. Esta autorización excepcional fue posible gracias a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Frente a esta decisión, la respuesta de las organizaciones animalistas ha sido contundente. “Lo que hemos presenciado esta noche es la prueba viviente de que la crueldad se ampara bajo el paraguas de la tradición, incluso en pleno siglo XXI”, expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. “Las imágenes recogidas por nuestro equipo, que serán analizadas y utilizadas como prueba en la continuidad de la batalla legal, muestran al animal visiblemente afectado por el terror y el dolor. No son espectáculos, son torturas públicas arcaicas que vulneran cualquier principio de compasión y ética”, añade.

La tensión previa al evento se materializó en dos concentraciones autorizadas. Por un lado, la Asociación Toro Jubilo de Medinaceli convocó a sus simpatizantes para defender el festejo. Por otro, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) congregó a sus afiliados y seguidores en una protesta para solicitar la abolición definitiva del mismo. La Subdelegación del Gobierno en Soria coordinó un dispositivo “suficiente y proporcionado” de la Guardia Civil para mantener ambos grupos en ubicaciones separadas.

Mientras tanto, la batalla legal continúa. PACMA ha presentado una solicitud de recusación contra el magistrado ponente designado en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por el caso del Toro Jubilo, argumentando una “enemistad manifiesta” del magistrado hacia el movimiento por los derechos de los animales.

“Cada imagen que conseguimos, cada testimonio que recogemos, es un argumento más para la historia que estamos construyendo: la que demostrará que esta barbarie, tarde o temprano, llegó a su fin”, declara Gascón. “La justicia y la ética están de nuestro lado. Es una cuestión de tiempo y de persistencia, y no vamos a cejar en nuestro empeño”, concluye la directora de AnimaNaturalis.

“¡Abajo las corridas de toros!”. Era el 14 de octubre de 1904 y así abría su portada El Socialista, la publicación a través de la que el PSOE difundía su ideario, y que se definía en su mancheta como “órgano central del partido obrero”. Casi 121 años después, el PSOE, sentado en el Congreso de los Diputados y gobernando, ha pisoteado sus propios principios fundacionales, silenciando un debate pedido por más de 664.000 personas.

Un debate, tan solo un debate. Ni eso ha permitido el PSOE con su vergonzosa abstención del martes en el Congreso. Lo que se votaba no era sí o no a la tauromaquia. Ojalá. Lo que se votaba era si se permitía un debate democrático en la sede de la soberanía nacional sobre la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural.

‘No Es Mi Cultura’ promovió una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reclamar la derogación de esa protección, que se aprobó en 2013 tras otra ILP que sí fue admitida a trámite, es decir, tramitada y debatida, y que había contado con el respaldo de 500.165 firmas, raspando el mínimo imprescindible del medio millón, y con un procedimiento en el que en su momento se denunciaron irregularidades. La ILP que el PSOE ha tumbado ahora sin ni siquiera permitir ese debate había sido respaldada por 715.606 firmas registradas, de las cuales la Junta Electoral Central validó 664.777.

Es decir, el PSOE ha pisoteado con su abstención a un número mayor de ciudadanos y ciudadanas que el que promovió esa protección cultural para la tauromaquia en 2013. El resultado es que ni siquiera se podrá debatir lo que pedían todas esas personas: que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural y que sean los territorios los que puedan decidir si quieren o no promoverla con dinero público, porque ahora están obligados a ello.

Antes de 2013, las competencias para regular espectáculos taurinos recaían en las comunidades autónomas y en quienes ellas decidieran delegarlas. Sin embargo, la norma aprobada entonces estableció un marco legal estatal que prevalece sobre las decisiones locales. Así, por ejemplo, se ha podido anular la ley catalana de 2010 que prohibía las corridas de toros y también la norma balear de 2018 que impedía la muerte del toro en la plaza. Por ese mismo motivo, para los ayuntamientos es mucho más fácil, y barato, llenar sus fiestas de festejos taurinos que organizar conciertos, teatro, talleres o cualquier otra actividad en la que no se haga daño a nadie.

El PSOE ha dado con la puerta en las narices a quienes pedían ese debate, y lo ha hecho con una abstención tan ridícula como vergonzosa. Sin querer unirse abiertamente en el NO al PP y a VOX, a quienes llama derecha extrema y extrema derecha, pero sabiendo que su abstención provocaba en la práctica el mismo resultado, el rechazo a la tramitación de la iniciativa. Un sí pero no. Un quiero y no puedo. Un vale pero que no lo parezca. Un bochorno.

Hace solo unos días, el diputado del PSOE Marc Lamuà dijo en la Comisión de Cultura que “evidentemente” su partido apoyaría la admisión a trámite de esta ILP. “Desde nuestro grupo parlamentario, es evidente que no haremos oídos sordos a la tarea de más de tres mil voluntarios y de más de 715.000 firmas, por lo que representan. Y precisamente porque si nos dotamos de un mecanismo como la ILP, de un tipo de iniciativa como la ILP, es para que, cuando se cumplen esos requisitos y por lo tanto hay un grueso suficiente de nuestra población que pide que debatamos sobre un tema en concreto, no es de recibo hacer oídos sordos. Por lo tanto, vaya por delante que nosotros, evidentemente, aceptaremos esta toma en consideración, que es lo que venimos a hablar hoy”, dijo, según consta en el Diario de Sesiones. Evidentemente, tiene que mirarse al espejo y reflexionar consigo mismo sobre los motivos por los que está en política y ocupa un escaño en el Congreso. Y lo mismo debería hacer todos los llamados “socialistas” que secundaron esa abstención.

En el debate de toma en consideración de la ILP, este martes, la portavoz del PSOE, Maribel García, ya apuntaba maneras: “Ni prohibir ni promover: respetar”, afirmó, tan convencida. ¿Respetar a quién? A las personas que firmaron la iniciativa pidiendo ese debate no solo no las han respetado, sino que las han silenciado y pisoteado. ¿Ni prohibir ni promover? Pero si lo que hace la actual normativa, precisamente, es obligar a promover.

Señoros y señoras del PSOE, háganselo mirar, por favor. Lean ese artículo de Matías Gómez Latorre que abría la portada de El Socialista hace 121 años, cuando la tauromaquia tenía mucho más peso que ahora, era el principal espectáculo de masas, como lo es el fútbol en la actualidad, con apenas oferta de ocio popular, y no estaba conectada al respirador artificial de las subvenciones públicas como única fuente de subsistencia. Quien fuera uno de los compañeros de Pablo Iglesias en la fundación del partido y vicepresidente de su Comité Nacional decía que la oposición a las corridas de toros tiene un fundamento ético y cultural, por lo que los socialistas debían defender su “total abolición”. Definía la tauromaquia como un espectáculo “bárbaro y sangriento” que formaba parte de “costumbres embrutecedoras”. De hecho, El Socialista pedía expresamente apoyo para acabar con “costumbres bárbaras que nos denigran y embrutecen”.

Los sectores progresistas de aquel momento veían la tauromaquia como un impedimento para que el pueblo tomara conciencia de clase, una vía de los poderes públicos para narcotizarlo y mantenerlo tranquilo y contento, como sucedía en la antigua Roma con los combates de gladiadores. “Embotado”, “embrutecido”, decían algunos primeros socialistas. Unamuno se oponía a las corridas de toros porque mantenían al pueblo “estupidizado”, y fue uno de los intelectuales que más alabó la oposición del PSOE a ellas.

Juan Ignacio Codina recuerda en Pan y toros (los diputados del actual PSOE deberían leer este libro, se lo recomiendo) que Fernando VII encarnó a la perfección esa “estupidización”, cerrando universidades y periódicos y abriendo una escuela taurina en Sevilla.

Expectativa de sangre

Ortega y Gasset reconocía el “poder orgiástico” de la sangre, equiparando toros y gladiadores por la misma expectativa de sangre que había en ambos públicos hipnotizados. El olor a sangre lo impregna todo, es invasivo y dulzón, pastoso, no se olvida, se queda para siempre grabado en las fosas nasales. El público romano olvidaba todas sus carencias cuando la sangre de los gladiadores regaba el foso. En las plazas de toros, el público se enfada cuando el toro no responde como desean a las provocaciones del matador, a sus movimientos rápidos para incitar su reacción, que dicen “brava” aunque es puramente defensiva, cuando consigue huir saltando algún burladero de la plaza, alguna valla del recorrido del encierro en el que los persiguen y atosigan, cuando los becerros o los novillos, que son apenas cachorros, animales jóvenes que no han tenido la oportunidad de conocer otra cosa, son arrojados al público embrutecido y se paralizan por el terror.

No hay compasión en ese público, hay enfado por no poder ver sangre, por no poder dominar y humillar a ese animal que no lucha en igualdad de condiciones. El toro no muere de manera gloriosa. Muere asfixiado por su propia sangre después de haber sido torturado hasta dejarlo sin fuerzas, entre estertores que cualquier persona desearía evitar a cualquier animal por el que sienta una mínima empatía.

A esto es a lo que el PSOE actual llama patrimonio cultural. Esto es lo que obliga a promover con dinero público. Esto es lo que sigue defendiendo con sus hechos, aunque con palabras no se atreva y recurra a circunloquios y vaguedades. El que se jacta de ser el partido que más se parece a España veta el debate pedido por la iniciativa ciudadana con más respaldo social de la última década. El partido que se jacta de haber conformado el gobierno más progresista de la historia se une a quienes dice combatir por miedo a que le quiten votos, pisoteando sus propios principios fundacionales.

El partido que se dice con más historia olvida que la tradición por sí misma no es un valor que proteger. La evolución, el progreso, consisten en adecuar nuestras costumbres a los valores éticos que abrazamos. El trabajo infantil era una tradición en nuestra sociedad, como lo eran la esclavitud, el derecho de pernada, los privilegios de la nobleza, las distinciones por razón de cuna y tantas otras que hemos ido dejando atrás porque no eran compatibles con nuestra propia evolución. Que algo sea “tradicional” no implica automáticamente que sea bueno, ni positivo, ni ético. Y desde luego, lo que no es bueno, ni positivo, ni ético ni democrático es hurtar un debate avalado por más de 664.000 personas que piden, simplemente, que las comunidades autónomas y los ayuntamientos sean libres para decidir si quieren dedicar dinero público a regar de sangre sus calles y plazas para contentar a quienes siguen sin evolucionar.

Este mismo miércoles el ministro competente del ramo, el de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, lamentaba que esa ILP decayera no por falta de apoyo social, sino por el voto “inexplicable” de su socio en el Gobierno, y anunciaba contactos con la comisión promotora para evaluar cómo devolver el debate al Congreso. Parece complicado, con el horizonte electoral y el miedo evidente del PSOE (esto sí es evidente) a perder votos por la derecha. Pero, mientras, me aventuro a pronosticar que ha perdido unos cuantos por la izquierda, y que ha perdido algo mucho peor que votos.

Quienes firmamos esa ILP también hemos perdido mucho, pero no lo más importante: la dignidad y la convicción ética y democrática de que España no puede ser el último reducto de la barbarie tauricida. ¡Abajo las corridas de toros!

Unos 28 billones de animales de media son masacrados anualmente por la pesca y la acuicultura, industrias en auge en el mundo y cuya cruel realidad saca a la luz una investigación de la asociaciones española Animals’ View, hecha en España y en India. De esa cantidad abrumadora de animales, alrededor de 1,5 billones son peces y el resto son crustáceos, en su mayoría gambas.

Esa cifra ya es difícil de asimilar, cuesta poner ojos a tantos ceros, pero en realidad podría ser muy superior, ya que la propia industria no cuenta a esos animales por número de individuos, sino por “tolenadas” o “bancos”. Ahí ya los ojos se han perdido completamente. No son animales, son carga, mercancía, producto.

Animals’ View ha documentado las vidas de algunos de estos animales en su paso por el océano o las piscifactorías hasta que terminan en mercados y lonjas. En su nuevo documental, THEY - वे: El auge de la cría de animales acuáticos', la asociación denuncia que la explotación de animales acuáticos está alcanzando cifras inimaginables. Una investigación reciente de otra ONG, Rethink Priorities, calcula que la cifra crecerá aproximadamente un 45% de media para 2033.

El documental pone en evidencia la brutalidad de las granjas acuícolas, comparándolas con las terrestres, aunque debido al número de animales que se ven atrapados en este sistema la escala de sufrimiento puede ser aun mayor. “En cada una de estas granjas acuícolas pueden llegar a vivir miles o decenas de miles de animales hacinados, por lo general en aguas turbias y de mala calidad, lo cual es origen de brotes de enfermedades, estrés y muerte prematura,” denuncia Animals' View. Peces, gambas, cangrejos, cigalas, anguilas, langostas, pulpos... nadie está a salvo de una de las industrias con mayor desarrollo y más opacas del planeta.

Durante la recogida de los animales, éstos sufren golpes y aplastamientos. Los métodos de matanza son tan terribles que desde la asociación aseguran que la sociedad no los aceptaría si se aplicaran a otros animales: desde la asfixia hasta la congelación en vivo. El investigador y profesor emérito de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Toronto, Mart Gross, que ha colaborado en el documental revisando la literatura científica y aportando datos clave, explica que “cuando se introduce a los peces en hielo, los receptores del frío se activan, el metabolismo se ralentiza dolorosamente y la hipotermia se apodera gradualmente del cuerpo. Es probable que el animal experimente una angustia prolongada antes de perder el conocimiento”.

Además, Gross detalla una práctica que es muy habitual en la industria: “Cuando un pez marino se coloca de repente en agua dulce, se enfrenta a un violento choque osmótico. Sus células se hinchan, las branquias se dañan y la respiración normal se colapsa. Por lo que sabemos, es probable que esto provoque pánico, dificultad respiratoria y una muerte prolongada y dolorosa”.

Jonathan Birch, filósofo británico y profesor en la London School of Economics (LSE), que se ha convertido en una de las voces más influyentes en el debate sobre la sintiencia animal, ha contribuido al documental para explicar también este fenómeno: “En 2005, un panel científico advirtió a la UE que matar crustáceos de esta manera probablemente 'causa dolor y sufrimiento'. Veinte años después, este método de sacrificio lento y doloroso sigue usándose”.

Gross explica que en la pesca de arrastre los peces son arrastrados a la superficie a tal velocidad que “su vejiga natatoria puede romperse, los órganos internos se desplazan y se produce el barotrauma. A continuación, sufren desorientación, dolor y lesiones. Las pruebas científicas son claras: la pesca de arrastre inflige profundos traumas fisiológicos y sufrimiento a innumerables peces”.

El informe, que cuenta con 15 citaciones científicas distintas, relata que al subir a la superficie, los órganos internos de estos peces pueden estallar debido al cambio brusco de presión. Y los que lleguen con vida morirán aplastados bajo el peso de cientos o miles de otros animales capturados en las redes, asfixiados fuera del agua o congelados vivos en los barcos.

La asociación ha documentado otras prácticas, como muerte por golpes y mutilaciones, que no son impedidas porque nadie vigila que no se realicen y porque además, si en el caso de los animales explotados en granjas la empatía del conjunto de la sociedad hacia ellos tiene mucho camino por delante, en el caso de estos animales es prácticamente inexistente.

Sin embargo, la evidencia científica viene de nuevo a dar un aldabonazo a nuestras conciencias: los animales acuáticos también sienten dolor, miedo y angustia. Los peces cuentan con estructuras nerviosas para detectar y transmitir el dolor (nociceptores), y procesan información sensorial de manera similar a los mamíferos o las aves. Otros animales acuáticos también poseen nociceptores y muestran comportamientos que son claros indicadores de sintiencia, como pulpos y otros cefalópodos. También muestran unas capacidades cognitivas que solo se pueden dar si admitimos que tienen experiencias conscientes: la resolución de problemas complejos, el uso de herramientas o el aprendizaje por observación.

En las granjas de gambas, con el objetivo de estimular la capacidad reproductora de las hembras, se practica un método que consiste en la ablación del pedúnculo ocular. Éste contiene glándulas que regulan la maduración ovárica y la producción de huevos. Tras esta mutilación, los animales se mueven de forma errática y muestran comportamientos asociados con el dolor, como sacudir la cola, frotarse la zona afectada o encogerse. A crustáceos como cangrejos o langostas se les atan las pinzas o cortan los tendones para evitar peleas. Estos métodos les causan tanto dolor como estrés, ya que no pueden defenderse. Muchos de estos animales son hervidos mientras están con vida. En este proceso se retuercen durante minutos, antes de perder el conocimiento.

Birch explica sobre estos métodos que “cuando ves a gente cortando tranquilamente los ojos de las gambas, te das cuenta de que hemos llegado al corazón de las tinieblas. La ganadería industrial ha ido demasiado lejos, demasiado rápido, normalizando un nivel de violencia que es impactante y moralmente imperdonable. Y no solo pasa con las gambas, lo mismo ocurre con los cerdos, las gallinas y los peces”.

En 2023, España se posicionó como el cuarto mayor importador mundial de gambas y langostinos, con un valor de aproximadamente 1.200 millones de dólares, importando 2,5 toneladas solo de la India, segundo mayor exportador de estos animales en el mundo. Este consumo desenfrenado impulsa una industria donde el sufrimiento es la norma.

Animals’ View pide a la ciudadanía que tenga en cuenta la evidencia científica que demuestra que estos animales también sienten y sufren, y anima a dar pasos hacia un cambio de paradigma donde los otros animales sean también tenidos en consideración y a informarse sobre las alternativas alimentarias vegetales, accesibles y de calidad.

La Fundación Igualdad Animal ha presentado una nueva investigación sobre la industria láctea en España cuyo material gráfico y audiovisual documenta las prácticas crueles y generalizadas que de forma sistemática soportan las vacas y los terneros en esta industria, exponiendo el sufrimiento animal oculto tras los productos lácteos.

La realidad que esta investigación saca de nuevo a la luz tiene poco que ver con las imágenes idílicas que vende la industria láctea en su publicidad. No hay verdes prados, ni vacas felices, ni terneros creciendo plácidamente junto a sus madres. Hay dolor, pánico, suciedad, enfermedad, golpes, sufrimiento. En la industria láctea los animales son mercancía y como tal son tratados, no hay “bienestar” posible.

La investigación, realizada en once explotaciones del Principado de Asturias entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, muestra cómo las vacas son sometidas a incesantes ciclos de reproducción para que produzcan leche, son separadas de sus crías tras el parto y descartadas y enviadas al matadero en cuanto desciende su producción, cuando tienen alrededor de 6 años.

Las imágenes obtenidas muestran separación forzada de madres y crías poco después del nacimiento, alimentación sustitutiva para los terneros que es suministrada en cubos e incluso con tubos largos que se insertan hasta la garganta, uso de descargas eléctricas mediante un dispositivo conocido como “pastor” que imposibilita el movimiento cómodo de las vacas, el uso de la picana eléctrica para obligar a los animales a moverse, golpes a vacas y manejo brusco de los terneros, uso de anillos metálicos en la nariz y cadenas para lograr su inmovilización, vacas con lesiones y problemas de movilidad debido a las condiciones del confinamiento, la suciedad, los suelos duros que dañan sus patas o la imposibilidad de moverse, e instalaciones sucias con gran presencia de moscas.

Electrificación y restricción de movimientos

Las vacas tienen restringidos los movimientos de forma permanente en una de las explotaciones investigadas y son los trabajadores quienes se mueven para ordeñarlas. Las mantienen atadas y bajo un sistema de electrificación llamado “pastor” que les da descargas eléctricas cuando se mueven. los propietarios aseguran que es una forma de “educarlas” para controlar sus desechos. 

Otro de los sistemas para inmovilizar a la vacas documentado en la investigación es colocarles un anillo en la nariz atado a una cadena. Este método, destinado a facilitar el manejo y control de las vacas, es sumamente doloroso, ya que la nariz es una zona especialmente sensible. Además se les tapan los ojos para intentar que sea más fácil su movilización y en algunos casos los trabajadores utilizan picanas eléctricas para hacer que se muevan.

“Las inspecciones no son suficientes e incluso se llegan a avisar con 72 horas de antelación, convirtiéndose muchas veces en un trámite meramente burocrático”, explica Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal.

Inseminación y gestación 

En todas las granjas investigadas las vacas son sometidas a inseminación artificial con semen sexado para incrementar el nacimiento de hembras, a las que utilizan como sustitutas de sus madres. La selección del semen pretende además perpetuar líneas genéticas específicas que producen más leche y benefician a los productores.

Durante la gestación, se sigue explotando a las vacas mediante el ordeño y hasta unos meses antes del siguiente parto.

Parto y separación

En la mayoría de las explotaciones separan al ternero recién nacido de la madre inmediatamente después del parto impidiendo incluso que beban el calostro, la primera leche producida por la vaca, de gran importancia para impulsar su sistema inmunológico. 

Al igual que el resto de los mamíferos, las vacas sólo producen leche tras dar a luz para alimentar a sus crías, por ello tras el parto separan a las vacas de sus terneros para comercializar su leche. 

Como muestra la investigación, esta separación, que en la mayor parte de las ocasiones sucede de forma violenta, genera un estrés agudo en las vacas, sobre todo en las vacas que no son primerizas y ya han sido separadas de sus terneros con anterioridad. Como muestran las imágenes obtenidas, las vacas resisten activamente la separación de sus crías, mostrando signos de nerviosismo y mugiendo, incluso durante días.

Sobre esto, existen evidencias de que “el contacto de 5 minutos con una cría inmediatamente después del parto es suficiente para la formación de un vínculo materno fuerte y específico con esa cría”.

Cada año, más de 700.000 terneros son separados de sus madres al poco de nacer en España. Tras la separación de sus madres los terneros son alojados en cubículos aislados y alimentados con alimento sustitutivo de la leche que les es administrado mediante máquinas o cubos, e incluso con tubos largos que se insertan hasta la garganta. 

Las imágenes obtenidas durante la investigación muestran cómo en ausencia de su madre los terneros succionan y chupan barras, paredes y las manos de quien se acerca a ellos.

Durante 2024 aproximadamente 762.560 terneros y terneras fueron separados de sus madres al poco de nacer en España. A los pocos meses, los machos son enviados al matadero para comercializar su carne, mientras que algunas de las hembras son criadas para reemplazar a sus madres en la cadena de producción. 

“El filete común que ves en la carnicería seguro que es de vaca lechera. Te miden por peso y calidad, cuanto más jugosa esté la carne mejor te la pagan. Una novilla guapísima, blandita y redondita, no había forma y no preñaba… carne picada. Llenamos el congelador”, recoge el ttstimonio de uno de los ganaderos obtenido durante la investigación.

El ordeño 

El número de ordeños difiere entre las granjas investigadas, en algunas se realiza hasta tres veces al día. Tras el parto y después de más de dos meses de ordeño, las vacas vuelven a ser inseminadas y el ciclo empieza de nuevo. “Son máquinas de hacer leche”, reconoce un trabajador.

Una enfermedad común derivada del ordeño continuado durante varios años es la mastitis, una infección de la ubre que provoca la secreción de pus. Cerca del 30% de las vacas en España padecen en algún momento mastitis debido al ordeño excesivo, la falta de higiene o lesiones en las ubres, según datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Según los testimonios de los ganaderos de las explotaciones investigadas, la producción por vaca y día ha aumentado a más del doble en comparación con 30 años atrás, principalmente debido a la selección genética.

“Esta investigación muestra la violencia y crueldad que soportan las vacas utilizadas para producir leche y sus terneros en uno de los momentos más vulnerables para cualquier mamífero como son la gestación, el parto y sus primeros días de vida. Los consumidores tienen derecho a conocer esta información que la industria láctea no muestra en su publicidad”, explica Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal.

Descartadas y enviadas al matadero con 6 años

En la industria láctea, la edad de las vacas se mide por la cantidad de partos, siendo la media de entre 3 o 4. Aunque en condiciones propias de su especie podrían vivir hasta 25 años, en las explotaciones de producción de leche son enviadas al matadero a menudo cuando cuentan con entre 4 y 6 años, edad en la que desciende su producción de leche.

Las principales causas por las que las vacas son descartadas a parte del descenso en la producción de leche son que padezcan dificultades para quedarse embarazadas, durante el parto o cojeras y patologías podales. En España sufren cojera hasta el 55% de las vacas utilizadas para producir leche. En 2023 fueron “sacrificadas” 389.056 vacas en España, muchas de ellas procedentes de la industria láctea y a una edad muy temprana.

Un sector subvencionado

Las granjas investigadas son explotaciones familiares que han ido aumentando el número de animales y la mayoría se han tecnificado para resultar más competitivas. Los trabajadores contratados suelen ser personas migrantes que soportan unas precarias condiciones laborales.

En 2022 el sector lácteo en España recibió más de 169 millones de euros en ayudas directas del Estado. Igualdad Animal reclama al Gobierno que utilice las ayudas para impulsar una transición del sector hacia las alternativas vegetales, con un nivel muy inferior de emisiones y carentes de maltrato animal. Cada litro de leche de vaca que se produce consume 628 litros de agua y genera 3,2 kg de CO₂. Incluso la bebida vegetal que requiere más agua, sólo consume el 60% de esta cantidad. 

“El Gobierno está sosteniendo y subvencionando una industria que no es rentable, que es cruel con los animales e insostenible con el medioambiente. Es necesario que el Gobierno impulse una transición del sector hacia las alternativas vegetales”, concluye Javier Moreno.

Bajo el título “¿Dónde está mi madre? La realidad de la industria láctea española”, Igualdad Animal muestra este sufrimiento atroz y sistemático en impactantes imágenes ubicadas en las estaciones de Metro de Madrid de Alonso Martínez, Guzmán el Bueno y Canal, con un tráfico estimado de cinco millones de personas, durante los meses de mayo y junio.

Esta es la realidad de la industria láctea. Podemos no mirar. Podemos hacer como que no hemos visto nada. Podemos quedarnos con los anuncios en los que voces melodiosas nos cantan las virtudes de beber leche y tomar productos lácteos con prados de fondo en los que pastan vacas felices cuidadas por amables ganaderos. Pero también podemos abrir los ojos, asumir que donde hay explotación no puede haber bienestar, y rebelarnos contra una industria que en realidad solo vende muerte.

Como hemos contado en este blog en repetidas ocasiones, Camarney SL, en Camarles (Tarragona), es el mayor centro de distribución y experimentación de primates en Europa. Desde 2003 ha importado más de 30.000 macacos de cola larga desde Mauricio y más de 7.000 desde Vietnam, según los datos recopilados por Abolición Vivisección, que ha conseguido además nuevas imágenes de los macacos explotados en este infierno tan oculto y tan cercano, y que publicamos en este post.

Los macacos son transportados desde sus países de origen hasta Camarney hacinados en pequeñas cajas. Las deplorables condiciones de estos transportes, que pueden llegar a durar hasta dos días, hacen que muchos de ellos no sobrevivan. Una vez en Camarney, los macacos son encerrados en jaulas hasta que son enviados a otros laboratorios, son “usados” allí mismo o son “sacrificados” por no ser “vendibles” a los demás laboratorios. A pesar de la larga lista de irregularidades y negligencias de Camarney denunciadas por Abolición Vivisección, de las evidencias del tráfico ilegal de los macacos de cola larga y de haber sido declarados en peligro de extinción en 2022, la Generalitat de Catalunya ha seguido permitiendo que Camarney continúe con su “actividad” y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha seguido autorizando que importen miles de estos macacos para masacrarlos.

Estas nuevas imágenes muestran cómo los macacos enjaulados en Camarney permanecen en condiciones deplorables e insalubres y son sometidos a maltratos. Incluso antes de ser “usados” en algún experimento, sufren graves heridas, lesiones, enfermedades y hasta mutilaciones, haciendo que los ya de por sí cuestionables resultados de la experimentación animal, lo sean aún más. Estas imágenes no son un caso aislado, son otra prueba más de cómo funciona el mayor centro de experimentación con primates de Europa y de la crueldad y el sufrimiento detrás de la experimentación animal. Por todo ello, desde Abolición Vivisección vuelven a exigir a la Generalitat de Catalunya que suspenda inmediatamente la actividad de Camarney y tome medidas urgentes para su cierre definitivo.

“A este macaco increíblemente delgado y enfermizo le falta un trozo de cola. La cola de un macaco de cola larga no sólo es una parte hermosa de su cuerpo, sino también funcional. La usan para mantener el equilibrio al desplazarse rápidamente por las copas de los árboles y les sirve de timón para nadar. Sus colas también son increíblemente expresivas, enroscadas sobre el lomo cuando están alerta y excitados. Este mono devastado no sólo ha perdido un trozo de cola. Parece como si hubiera perdido la voluntad o la capacidad de vivir”, reflexiona la doctora Lisa Jones-Engel, Primatóloga, Asesora científica senior, PETA.

“Estas imágenes son absolutamente desgarradoras. Más aún para mí, que estoy en el otro extremo de este horripilante comercio. Nunca había visto un mono tan demacrado en Mauricio, parece haber pasado hambre durante días. Mi sentido de identidad nacional se ve sacudido por estas imágenes. El hecho de que miles de estos seres sintientes sean arrancados del corazón de la exuberante naturaleza de mi país, para terminar detrás de esas cuatro paredes de laboratorio por el resto de sus vidas, y que mis conciudadanos y el gobierno sean cómplices de este nivel de crueldad, me avergüenza. Estoy acostumbrada a ver macacos saltando libremente en los árboles y gente alimentándoles cariñosamente con frutas alrededor de los templos hasta que están llenos. Apenas puedo concebir la agonía física y mental de los que aparecen en estas fotografías, es muy deprimente. Esto no puede seguir hasta el infinito; los responsables de la toma de decisiones aquí no pueden seguir haciendo la vista gorda ante pruebas tan crudas de violencia y abuso. Ya es hora de que reaccionen”, exige Mansa Daby, Monkey Massacre in Mauritius.

“Las imágenes filtradas de Camarney reflejan lo que las organizaciones en defensa de los animales de toda Europa han denunciado durante años: animales maltratados, mantenidos en condiciones deplorables, alimentados con dietas inadecuadas, con heridas profundas tratadas en instalaciones indebidas y en condiciones de higiene inaceptables. Lo que se desprende de estas imágenes va mucho más allá de lo imaginable y es imposible de ignorar: macacos ridiculizados para hacerse selfies, tratados como objetos sin valor. Esto es lo que ocurre en una de las principales instalaciones de macacos destinados a los 'prestigiosos' laboratorios de experimentación animal de toda Europa. Es hora de poner fin a esta horrible práctica. Las acciones legales no sólo son necesarias, sino esenciales, para garantizar que estas atrocidades no continúen sin rendir cuentas”, pide Valeria Albanese, Primatóloga, Jefa del departamento de investigación sin animales de LAV (Lega Anti Vivisezione).

“Las imágenes obtenidas del interior de Camarney muestran con crudeza el trato real que reciben los animales en estos espacios. La experimentación con animales es, en esencia, maltrato. Algunas de las prácticas que revelan estas imágenes pueden considerarse habituales; otras van incluso más allá del maltrato comúnmente tolerado. En todos los casos son injustificables y deberían ser reconocidas por lo que realmente son: maltrato y tortura físicos y psicológicos infligidos a seres vivos que sienten y sufren. En pleno siglo XXI, esta forma arcaica y obsoleta de entender la ciencia debería resultarnos inaceptable y las miradas de los macacos que aparecen en estas imágenes deberían hacérsenos insoportables. No deberíamos permitirlo ni un minuto más, por el dolor de estos animales y por la dignidad de nuestra propia especie”, clama la doctora Núria Almiron, co-directora del UPF-Centre for Animal Ethics.

“Los macacos de cola larga son animales salvajes con capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas muy desarrolladas. Son además seres muy sociables que tejen vínculos profundos entre ellos. Mantener a estos animales atrapados en un entorno completamente artificial y regido por reglas humanas, que no se parece en nada a los ecosistemas a los que están adaptadas sus capacidades, les genera desconcierto y desazón. Encerrarlos en jaulas diminutas, manipularlos, imponerles una forma de vida que no es la suya, les produce sufrimiento mental y emocional, así como miedo y estrés. Precisamente, el miedo y el estrés que sienten estos animales les pueden producir problemas de salud que distorsionen los resultados de los estudios científicos que se pretende hacer con ellos. Estos animales deberían estar en sus ecosistemas, donde realizan importantes funciones ecológicas. La investigación científica debe llevarse a cabo mediante métodos sin animales, que son más éticos y también más eficaces”, enfatiza la doctora Marta Tafalla, profesora en la Universitat Autònoma de Barcelona, miembro del Centro de Ética Animal de la Universitat Pompeu Fabra.

“Estamos profundamente conmocionados por las imágenes que nos han llegado del interior de las instalaciones de Camarney, en España. Estas imágenes revelan horrores inimaginables: monos mantenidos en condiciones atroces, sometidos a cirugías invasivas o con lesiones. Los Países Bajos están estrechamente involucrados en estas atrocidades. Cientos de macacos han sido importados de Camarney por el centro holandés Hartelust. Desde allí, los animales son comercializados a laboratorios de todo el mundo. El sufrimiento que sufren estos animales no comienza en el laboratorio, sino en estas instalaciones. Al permitir y mantener el comercio de monos, el gobierno holandés comparte la responsabilidad del sufrimiento y la explotación implacable de estos animales. Las autoridades responsables deben frenar de una vez por todas el comercio de monos. Los animales no son material para experimentos”, sentencia Rowena Vanroy, de Animal Rights Belgium.

“Estas Imágenes Condenan a Charles River Laboratories. Como científica especializada en primates, que ha pasado décadas trabajando con monos tanto en el campo como en entornos de investigación, he presenciado sufrimiento, pero las imágenes de las instalaciones de Charles River en Camarney, Europa, se encuentran entre las más perturbadoras que he visto. Se puede apreciar la violencia grabada en los cuerpos de los monos: heridas, pelaje perdido, posturas antinaturales debido al estrés constante. Pero son sus ojos los que se quedan grabados en la memoria: desolados por el dolor, el miedo y la desesperanza. Estos animales están destrozados”, denuncia la doctora Lisa Jones-Engel, Primatóloga, Asesora científica senior, PETA.

“Lo que ocurre en Camarney no es solo negligencia, sino crueldad industrializada, orquestada por el mayor importador de monos del mundo”, prosigue. “Charles River afirma mantener los más altos estándares de bienestar y abastecimiento ético, pero estas Camarney imágenes desmontan esa mentira. Suelos resbaladizos por las heces y la orina. Aire que, sin duda, apesta a amoníaco y desesperación. Estas son condiciones que ninguna operación toleraría. Charles River ha tomado el control de estas instalaciones y las utiliza para almacenar y enviar monos a laboratorios de todo el mundo. Camarney es un centro de detención para el sufrimiento, y Charles River es dueño de cada rincón. No se trata de un proveedor oculto: son sus instalaciones. Y son unas de las peores que he visto.Charles River es dueño de esta crueldad. Cada cuerpo destrozado, cada mirada atormentada: este es el coste de su negocio”.

“Condenamos enérgicamente el comercio de macacos de cola larga para la experimentación animal. Cada año, miles de ellos son extraídos de su hábitat natural o criados en granjas intensivas en Asia y Mauricio. Hacinados en pequeñas jaulas durante largas horas de transporte, sufren un estrés extremo. Queremos recordar a todos que, más allá de su clasificación actual como especie en peligro de extinción, detrás de cada individuo se esconde una historia de sufrimiento que nadie debería ignorar”, recuerda Muriel Arnal, Presidenta de One Voice.

Tenemos argumentos científicos y por supuesto éticos para seguir exigiendo la abolición de la vivisección y, mientras llega ese momento, seguiremos luchando por sacar a la luz la realidad de una industria que se oculta, como tantas otras, tras los muros de sus centros y tras los eufemismos de una normativa laxa y maquillada que nos quiere convencer de que puede haber “bienestar” donde hay explotación.

Quienes convivimos con animales no humanos, y mucho más quienes estamos involucradas en la defensa de sus derechos y dedicamos parte de nuestra vida a rescatar animales que necesita una nueva oportunidad, llevamos semanas sufriendo las consecuencias de una normativa que entorpece la atención veterinaria, especialmente en el caso de los animales más vulnerables, y que ha enfurecido a los profesionales de esta pata esencial de la salud pública.

Podemos entender las motivaciones que hay detrás de esta normativa, incluso podemos compartir sus objetivos, pero tal y como se ha implementado está poniendo en riesgo la salud de muchos animales y tenemos motivos para dudar de que esos objetivos puedan conseguirse. Incluso tememos que pueda ser contraproducente.

Retraso en los tratamientos

El pasado mes de enero se publicó y entró en vigor el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. El objetivo, nos explica la veterinaria Beatriz Unzeta, que ejerce la clínica diaria, es “reducir la prescripción de antimicrobianos mediante cuatro grupos fundamentales (A, B, C y D) con restricciones. En la práctica clínica diaria, solo se podrá prescribir un antibiótico siguiendo una escala: primero el grupo D, de libre acceso. Si no es efectivo, se podrá usar el grupo C, y así sucesivamente. El grupo B solo podrá emplearse cuando los anteriores sean ineficaces y con un antibiograma que lo justifique. Finalmente, el grupo A queda prohibido, incluso para casos en los que no existe alternativa terapéutica, como ocurre con la bleomicina en oncología veterinaria”.

Esto implica, para entendernos, que en muchos casos los veterinarios tienen que empezar utilizando antibióticos que saben que no van a funcionar, antes de poder pasar a los que sí pueden ser efectivos. Y para poder administrar algunos de esos que pueden ser efectivos, hay que hacer una serie de pruebas previas (cultivo y antibiograma) que suponen tiempo (del que el animal puede no disponer) y dinero. Este es un buen momento para recordar que los servicios veterinarios están gravados con el 21% de IVA, como los artículos de lujo.

Es verdad que la entrada en vigor de esta normativa ha tenido una moratoria que, dicen sus impulsores, ha dado tiempo a las clínicas para adaptarse. Pero la realidad es que el aviso llegó con muy poca antelación y a partir de ahí todo fueron prisas y dudas que nadie aclaraba. Además, desde el Ministerio insisten en que la normativa afecta a todos los animales, también los explotados para consumo, y defienden que la ganadería lleva tiempo aplicándola sin contratiempos. Desde este blog, donde hemos denunciado hasta la saciedad la opacidad y las mentiras de la industria explotadora de animales, donde hemos publicado investigaciones que demuestran todo tipo de irregularidades e incumplimientos de una legislación ya de por sí laxa en lo que entiende por “bienestar animal” y donde estamos hartas de ver a las puertas de las granjas contenedores llenos de animales moribundos que nunca existieron, que ahora nos pongan a la ganadería como ejemplo nos parece una broma macabra.

Sigamos con la norma, que también “exige el cumplimiento de fichas técnicas aprobadas que, en muchos casos, están desactualizadas y no incluyen información para todas las especies exóticas tratadas en la clínica veterinaria. A pesar de la existencia de estudios clínicos que avalan el uso de ciertos antimicrobianos en estas especies, su aplicación queda restringida por la normativa, limitando las opciones terapéuticas y comprometiendo la calidad del tratamiento ofrecido a los pacientes”, explica Beatriz.

Este Real Decreto también impone la obligación de notificar vía electrónica al Ministerio, mediante la plataforma Presvet, cada uno de los antimicrobianos prescritos, cedidos y administrados, con información detallada del paciente y su tutor humano, “lo que aumenta significativamente la carga burocrática y afecta la agilidad en la atención veterinaria”. “La digitalización de estos procesos, aunque bien intencionada, no ha sido acompañada de herramientas adecuadas ni de una infraestructura eficiente que permita a los profesionales agilizar su trabajo sin comprometer la calidad de la atención prestada. Asimismo, la obligatoriedad de este sistema no considera los problemas técnicos que pueden surgir en ciertas zonas con acceso limitado a internet o en clínicas que no disponen de los recursos tecnológicos para una implementación eficiente. Esto genera desigualdad en el acceso a los servicios veterinarios y dificulta la labor de los profesionales en entornos rurales o con limitaciones tecnológicas”, prosigue.

Desde el año 2000, España ha adoptado el concepto “One Health”, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. Como parte de esta estrategia, subraya Beatriz, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) ha logrado reducir el uso de antimicrobianos en un 56% entre 2014 y 2020, convirtiendo a España en el país de la UE con la mayor reducción en su uso (69,5%). “Sin embargo, la implementación de esta nueva normativa compromete la capacidad de los veterinarios para tomar decisiones clínicas adecuadas, imponiendo un sistema rígido que puede perjudicar la salud de los animales”.

Y es que “obligar a los veterinarios a seguir una prescripción en cascada sin valorar el caso concreto puede generar sufrimiento innecesario en los pacientes. Además, en el grupo B se exige un cultivo y antibiograma previos, lo que encarece y retrasa los tratamientos. La imposición de estas normas puede llevar a sanciones de hasta 1.200.000 euros, lo que genera inseguridad y dificulta el ejercicio profesional. Esta situación no solo afecta a los veterinarios, sino también a los responsables legales de animales, quienes deben afrontar costos adicionales y tiempos de espera prolongados para que reciban el tratamiento adecuado”.

El caso de la perra Selva nos sobrecogió a los pocos días de entrar en vigor esta norma. Según explicó su familia, Selva murió de sepsis antes de que llegaran los resultados de ese cultivo y ese antibiograma sin recibir a tiempo el tratamiento que necesitaba. En un primer momento, cuando en las clínicas alertaban de que esto podría llegar a pasar, algunas voces llamaban a la tranquilidad porque, en caso de estar comprometida la vida del animal, el profesional veterinario tenía cierto margen al que acogerse para aplicar el tratamiento necesario. Pero la realidad cotidiana está siendo muy diferente. Varias veterinarias con las que desde este blog tenemos contacto habitual nos reconocen que se juegan el tipo cada vez que se acogen a ese margen, porque tienen que comunicar la prescripción de esos medicamentos y la respuesta del Ministerio está muy lejos de amparar su criterio profesional. Están atendiendo con su mejor disposición sabiendo que una vez que el animal abandone la consulta tienen que comunicar el tratamiento prescrito y arriesgarse a una respuesta que puede cuestionar su decisión y suponer una dura sanción que incluso puede llevarse a la clínica por delante. No solo es un engorro burocrático, es un riesgo excesivo que están asumiendo por salvar vidas. 

Necesitamos 4 pastillas, nos venden 30

Otro problema es la norma sobre medicamentos veterinarios, que “centraliza la dispensación en farmacias y prohíbe que los veterinarios administren directamente medicamentos a los pacientes. Esto obliga a los tutores de los animales a comprar envases completos, aunque solo necesiten unos pocos comprimidos, lo que supone un gasto innecesario y aumenta el riesgo de automedicación. Además, en muchas localidades rurales, las farmacias no disponen de todos los medicamentos veterinarios necesarios, dificultando aún más el acceso a los tratamientos adecuados”, explica Beatriz.

También esto lo hemos sufrido en carne propia. Hemos visto, por ejemplo, cómo para atender un dolor muscular en un perro mayor con riesgo renal era necesario un antiinflamatorio del que necesitábamos cuatro comprimidos, pero en farmacia hay que comprar la caja de 30, a un precio aproximado de 90 euros. Esto puede tener muchas motivaciones, pero cuesta creer que el uso racional de medicamentos sea una de ellas. ¿Qué pasará con todos esos excedentes que se vayan quedando en los domicilios? No hace falta elucubrar mucho para aventurar las consecuencias de que esos medicamentos sobrantes vuelvan a ser utilizados, sin los conocimientos para ello, con mayor o menor acierto.

“Más preocupante aún”, precisa Beatriz, “es que se recomiende reutilizar medicamentos prescritos con anterioridad sin considerar si han sido almacenados en condiciones adecuadas, lo que puede comprometer la eficacia del tratamiento y poner en riesgo la salud del animal. La falta de control sobre la conservación de estos fármacos en los hogares puede generar resistencias antimicrobianas y reducir la efectividad de los tratamientos en el futuro. A nivel sanitario, este tipo de medidas pueden derivar en un aumento de la resistencia a los antibióticos, lo que impactaría no solo a los animales, sino también a la salud humana, creando un problema epidemiológico mayor”.

En caso de que un propietario no encuentre un medicamento en la farmacia, el veterinario debe “cederlo” gratuitamente, sin posibilidad de compensación económica, aunque haya tenido que comprarlo al distribuidor. Esto supone una carga adicional para las clínicas veterinarias y afecta su sostenibilidad económica. A largo plazo, esta normativa puede provocar el cierre de muchas clínicas, especialmente aquellas de pequeño tamaño, lo que reduciría el acceso a servicios veterinarios en determinadas regiones.

“Buscar en más farmacias”

Y los casos en los que ese medicamento se puede “ceder” tampoco están claros. En teoría, fuera de días laborables donde puede ser complicado encontrar el medicamento, debe ser facilitado por la clínica. Pero ¿qué pasa cuando la farmacia dice que no trabaja con ese laboratorio, o que no lo recibirá hasta dentro de cuatro, cinco o diez días, y el animal lo necesita de manera urgente? Pues, de nuevo, las respuestas del Ministerio no contribuyen precisamente a tranquilizar a los profesionales. Hemos visto respuestas cuestionando que esa necesidad fuera urgente, sugiriendo esperar hasta diez días la llegada del medicamento, cuando la veterinaria estaba segura de que el animal empeoraría incluso de forma fatal antes de expirar ese plazo, o invitando a la veterinaria a decirle al tutor del animal que buscara más farmacias. Estamos hablando de un pueblo de unos 8.000 habitantes en el que hay dos farmacias y, si no tienen el medicamento veterinario en ninguna de ellas, es necesario desplazarse a pueblos cercanos. La ciudad más próxima donde buscar otras farmacias está a más de veinte kilómetros. Y solo es uno de los ejemplos que hemos vivido muy de cerca en solo unos días. La realidad a día de hoy es que incluso los medicamentos veterinarios más básicos, de mayor uso, tienen que ser encargados.

El argumento de que toda esta normativa viene impuesta por Europa es válido solo hasta cierto punto, porque España e Italia son los países que la han adaptado al ordenamiento interno de forma más restrictiva, mientras que los demás han dado más margen a sus profesionales veterinarios. El margen de confiar en ellos, en su formación académica, en su experiencia, en el conocimiento de sus pacientes, en su criterio y en su compromiso. ¿Acaso nuestras veterinarias son menos competentes que las de otros países europeos que se rigen por esta misma normativa?

Gracias a la movilización del sector veterinario, se logró revocar la prohibición de tratar a animales sin microchip, evitando un grave problema de maltrato animal al dejar sin atención a colonias de gatos comunitarios y animales sin tutor legal. Ante la advertencia de que esa prohibición supondría dejar de atender a miles de animales en una situación ya de por sí de especial vulnerabilidad, la Dirección General de Derechos Animales envió una circular aclarando que “en el caso de gatos comunitarios, el profesional veterinario aplicará los tratamientos necesarios procedentes del botiquín y reflejará en la ficha clínica una reseña identificativa del animal lo más completa posible”, y en el caso de emitir una receta se deberá indicar que no está identificado. También daba indicaciones sobre cómo actuar en el caso de animales abandonados o extraviados no identificados para no privarlos de atención veterinaria.

Sin embargo, esta situación evidencia “el desconocimiento sobre la labor veterinaria y la necesidad de que las regulaciones sean elaboradas con la participación de los profesionales del sector”, alerta Beatriz.

Por si todo esto fuera poco, hay también dudas sobre el tratamiento que se da a todos esos datos personales que se deben recabar, tanto de veterinarios como de sus pacientes y de sus responsables legales, por lo que es necesario “que se establezcan mecanismos claros de control y supervisión para evitar posibles abusos o usos indebidos de estos datos”.

Este miércoles, ante el Ministerio

Por todo ello, los profesionales veterinarios, unidos en plataformas como VetsUnidos y Vetwarriors, solicitan ser escuchados en la elaboración de normativas que afectan a su profesión y a la salud y bienestar de los animales. “Es necesario derogar esta norma, que incrementa la burocracia, restringe la capacidad de prescripción y limita el acceso a tratamientos adecuados. La regulación de los medicamentos veterinarios debe basarse en criterios científicos, garantizar la protección de los animales y permitir que los veterinarios ejerzan su labor con autonomía y responsabilidad. Además, proponemos la creación de un comité de expertos veterinarios que participe activamente en la redacción de futuras regulaciones, asegurando que se tengan en cuenta las necesidades reales del sector y la salud de los animales. La colaboración entre administraciones, profesionales y ciudadanos es clave para desarrollar un marco normativo equilibrado y efectivo”, resume Beatriz.

“Finalmente, consideramos esencial la modernización de la legislación veterinaria en España, adaptándola a los avances científicos y tecnológicos, y garantizando que los profesionales del sector puedan desempeñar su labor sin obstáculos innecesarios. La salud de los animales es un pilar fundamental dentro de la salud pública, y una normativa efectiva debe enfocarse en mejorar su bienestar sin imponer cargas desproporcionadas a los profesionales que trabajan para garantizarla”, concluye.

Para reclamar todo esto, así como la rebaja del IVA para lo que es un bien esencial y no un artículo de lujo, profesionales veterinarios y todas las personas preocupadas por la salud de nuestros compañeros de vida estamos llamadas a concentrarnos este miércoles, a las 10 horas, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Nano, el gato que ilustra este texto, vivió feliz en una colonia donde sus cuidadores le hicimos la vida lo más fácil posible, dentro de lo que la calle supone para ellos. Estaba esterilizado, desparasitado, bien alimentado, y tenía dónde refugiarse en un entorno que era su hogar. Nano era un gato comunitario, pero le gustaba nuestra compañía. Cuando enfermó y no pudo seguir en la calle pudimos habilitarle un espacio seguro donde vivió sus últimos días a salvo, tranquilo, cuidado y acompañado, hasta que tuvimos que despedirnos para siempre. Eso fue unos días antes de entrar en vigor esta nueva normativa, con la que prestar esos mismos cuidados habría sido mucho más complicado.

En las calles, en nuestros hogares, en protectoras, albergues, centros de protección animal... sigue habiendo muchos Nanos, y vamos a seguir luchando por ellos.

Dicen las veterinarias que no se van a rendir hasta recuperar la dignidad de su profesión y la tranquilidad de poder guiarse por su criterio profesional a la hora de atender a sus pacientes, cuya salud es también la nuestra. Por eso esta lucha también es la nuestra.

Siete de los diez principales supermercados en España venden productos de bacalao procedentes de las islas Feroe, según ha denunciado la Asociación por los Derechos de los Animales y el Medioambiente ARDE, que alerta de la vinculación comercial entre la industria pesquera española y la matanza de delfines y ballenas en este archipiélago.

Los pescadores son los encargados de informar cuando hay un avistamiento de manadas de cetáceos y les persiguen con sus embarcaciones para llevarles a las playas, donde ocurre la matanza. La Fundación Paul Watson exige a los supermercados españoles el fin de las relaciones comerciales con las islas Feroe mientras estas matanzas tengan lugar.

La polémica caza de delfines y ballenas de las islas Feroe o 'Grindadrap' ha sido objeto de críticas por la matanza de alrededor de 1.400 cetáceos al año, 265.000 desde que se tienen registros. La primera cacería de 2025 tuvo lugar el 10 de enero y se cobró la vida de 53 individuos de ballenas piloto, incluyendo crías y hembras embarazadas. La matanza fue documentada por la Fundación Capitán Paul Watson Reino Unido en el marco de la 'Operation Bloody Fjords' ('Operación Fiordos Sangrantes'), iniciativa que expone públicamente estas matanzas.

Lo que denuncian ahora es que la industria pesquera participa activamente en el 'Grindadrap', de forma que cuando los barcos pesqueros avistan cualquiera de las seis especies de cetáceos autorizados para cazar, y si las circunstancias marítimas son propicias, los feroeses salen con sus barcas cargadas de piedras, garfios, cuchillos y cuerdas. Las embarcaciones giran en forma de semicírculo y arrojan piedras, creando paredes de burbujas que el sistema de ecolocalización de los delfines percibe como una pared: el objetivo es guiar a los cetáceos hacia la playa y embarrancarlos. Los que no logran varar son llevados a la fuerza a través de la inserción en su espiráculo de un garfio que se encuentra atado a una cuerda, de la que se tira desde la costa. Después, pescadores y otros habitantes feroeses entran al agua con varas metálicas con una punta de lanza y seccionan la médula espinal entre las vértebras cervicales del animal. Utilizando cuchillos, atraviesan los paquetes vasculares, nervios y musculatura de los cetáceos, ocasionándoles una abundante pérdida de sangre.

Esta matanza vulnera la legislación europea sobre los cetáceos. Es una práctica ilegal según el Convenio de Berna, que prohíbe la captura y matanza deliberada de estas especies así como su comercialización.

Cristina Gimeno, de la Fundación Paul Watson, asegura que “existe una estrecha vinculación” entre la industria pesquera en las islas Feroe y el 'Grindadrap'. Así, una investigación publicada por ARDE en colaboración con la Fundación Capitán Paul Watson evidencia los lazos comerciales entre los supermercados españoles y esta matanza. Entre el 31 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2025 se revisaron todas las referencias de productos pesqueros a la venta en los principales supermercados españoles y los investigadores concluyen que España importa productos de bacalao de las islas Feroe.

Fuentes de la Fundación Capitán Paul Watson cifran en 84 millones de dólares estadounidenses, unos 77 millones de euros, el valor de estos productos importados.

Los nueve supermercados líderes en España disponen de al menos una referencia de bacalao procedente de las islas Feroe y siete de estas cadenas venden bacalao de marca propia con este origen: Alcampo, ALDI, Mercadona, Carrefour, Consum, DIA y Lidl. Para reconocer estos productos basta con saber identificar su etiqueta. Los productos pesqueros en la Unión Europea están obligados a indicar la zona de captura de acuerdo a la clasificación de la FAO. Las islas Feroe pertenecen al Atlántico Noreste, específicamente a la Zona 27, Subzona 5.b. “Fondos de las Feroe”. Habitualmente la subzona se refleja en números romanos, como Vb.

Las entidades animalistas y ecologistas exigen a los supermercados que dejen de vender productos de las islas Feroe debido a la participación activa de la industria pesquera feroesa en las cacerías de ballenas y delfines. La Fundación Paul Watson Reino Unido ha dado comienzo a la campaña #FaroesFree, donde consumidores y empresas pueden unirse al boicot para no viajar como turista y no adquirir pescado de las islas Feroe.

Julia Elizalde, portavoz de ARDE, señala que esta matanza “es una de las horribles consecuencias de la industria pesquera. Exigimos que los supermercados pongan fin a sus relaciones comerciales con las islas Feroe. Estas cacerías no son un caso aislado. Hacemos un llamamiento a la población a reflexionar sobre nuestra relación con los demás animales. Los delfines y ballenas sienten, pero también los salmones, los bacalaos o los atunes. Extendamos la empatía a todos los animales sacándolos de nuestros platos”.

Este vídeo en YouTube muestra el exterminio que llega hasta los supermercados españoles. No podemos embeberlo porque tiene restricción de edad y solo se puede ver en la propia plataforma.

Hoy en día, las atracciones turísticas que implican a animales salvajes representan entre el 20 y el 40% del turismo mundial. Según un estudio realizado por la Universidad de Oxford, unos 550.000 animales en todo el mundo sufren consecuencias negativas a causa de los viajes, y alrededor de 110 millones de personas todavía participan en actividades turísticas que implican crueldad hacia los animales, la mayoría de las veces de la mano de agencias y tour operadores.

FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales), a través de la campaña “Turismo Responsable con los Animales” trabaja desde 2010 para fomentar una forma de viajar ética con todos los seres vivos y en la actualidad es la única ONG en España especializada en estas problemáticas, así como en la estrecha relación que existe entre ellas y la desaparición de especies amenazadas.

Después de muchos años asesorando a profesionales y agencias de viajes, la Fundación, en colaboración con IATI Seguros, lanzó recientemente el primer curso online en español de “Turismo Responsable con los Animales”, dirigido específicamente a profesionales y empresas del sector.

Tal y como explica Andrea Torres, bióloga y coordinadora del área de Animales Salvajes de FAADA: “En la industria turística se han normalizado los términos ”viaje sostenible“ y ”viaje responsable“, pero es fundamental aprender a considerar en esos conceptos el impacto que también generamos en la vida de los animales y de las especies utilizadas para atracciones turísticas. Hasta que no se tenga en cuenta, ningún viaje podrá considerarse realmente ético, conllevando consecuencias potencialmente devastadoras, no solo para los animales, sino también para el planeta y las personas humanas”.

El objetivo principal del curso es formar a profesionales del sector, desde agencias y turoperadores, hasta periodistas o bloggers e influencers de viajes, proporcionándoles las herramientas teóricas y prácticas para reconocer los centros y las actividades cuya oferta puede ser perjudicial para los otros animales, su hábitat y la conservación de éstos, así como los conocimientos indispensables para encontrar alternativas éticas.

La formación, de más de veinte horas, está impartida por las biólogas expertas en fauna salvaje y las veterinarias de FAADA. Incluye vídeos, material de lectura, entrevistas a expertos y casos prácticos, así como una evaluación final y un certificado otorgado por esta Fundación de protección animal.

Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros ha indicado: “La sensibilidad de la sociedad va evolucionando y cada vez más personas se preocupan por el impacto que sus elecciones a la hora de viajar pueden tener en las demás especies. Desde IATI consideramos que todas las empresas del sector que busquen conseguir la excelencia en turismo responsable, para así satisfacer de manera totalmente autónoma la creciente demanda del público de unos viajes libres de sufrimiento animal, encontrarán en esta formación una aliada indispensable”.

IATI Seguros lleva años comprometida con el turismo sostenible y responsable, a través de distintas acciones con una huella duradera, que es parte fundamental de la seña de identidad de la aseguradora catalana. En esta línea, ha organizado Travel Shakers, primer evento en España para la promoción de la conciencia viajera sobre el turismo sostenible. A través de ponencias y talleres, su primera edición se centró, precisamente, en las atracciones turísticas que implican a animales silvestres.

Era un programa que llevaba tiempo “respirándome en la nuca”, dijo Nerea Pérez de las Heras en un momento de la conversación del podcast Saldremos Mejores. Porque, para mujeres comprometidas en la lucha por la igualdad, la información y la toma de conciencia sobre la realidad de los otros animales es tan urgente como imprescindible.

En una fechas “especialmente sensibles” por las fiestas navideñas -el “pico de estrés más grande” de todo el año para quienes cuestionamos el consumismo imperante- es importante recordar, como decían Inés y Nerea, que vivimos “canibalizados” por el tiempo y “cuando te quitan tiempo, te quitan reflexión y te empujan a un consumo detrás del que no hay cabeza”.

Para aportar esa reflexión, cada invitada habló de su ámbito de activismo.

La labor de Veganuary es “inspirar y acompañar” a quienes quieren probar el veganismo durante el mes de enero, proporcionando de manera gratuita todos los recursos necesarios para que sea una buena experiencia.

En paralelo, INTERCIDS trabaja desde 2016 poniendo en común las perspectivas de los profesionales que trabajan en el ámbito del derecho y de la justicia, con el objetivo de identificar “dónde podemos mejorar las leyes que se aplican a los animales para protegerlos mejor” y, también, igualmente prioritario, para asegurar que esas leyes se aplican en la práctica. Importantes avances legislativos han sido posibles gracias al trabajo de los operadores jurídicos por los animales de INTERCIDS.

Y desde este blog, El Caballo de Nietzsche, nos dedicamos a informar, analizar y reflexionar sobre la situación de los animales no humanos desde el desempeño de un periodismo ético que pone el foco en sus vidas y en los “abusos y violencias sistémicas” a las que son sometidos. Ofrecemos información sobre todo ello y proponemos alternativas.

Algunos datos aportados por Amanda Romero llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, que una hamburguesa de ternera consume el agua equivalente a dos meses de duchas: “Estamos cerrando el grifo cuando nos lavamos los dientes, pero luego lo tiramos todo por el váter comiéndonos una hamburguesa”. Nerea, aún perpleja, añadía otros más: una persona vegana ahorra unos 4.164 litros de agua cada día. Porque todo ese proceso, respondió Amanda -desde cultivar los cereales para alimentar a los animales destinados a consumo (que es una de las principales causas de deforestación) a criar, engordar, gestionar residuos, transportar, matar, procesar, envasar- es altamente exigente en recursos y altamente ineficiente, pues, a escala global, el 83 % del suelo cultivable disponible en el planeta se dedica de una u otra forma a la ganadería, bien a pastoreo o bien a cultivar cereales para piensos, y sólo aporta el 18 % de las calorías.

“¿Cómo se te queda el cuerpo?”, preguntaba Inés a Nerea. “Pues con un remordimiento que me muero”, respondía su compañera, señalando sin dudar al sentimiento de “culpabilidad” como el origen de ese rechazo con el que muchas personas reaccionan al veganismo, porque en el fondo “saben” que deberían avanzar en esa dirección.

En el aspecto legal ha habido avances, explicó María González Lacabex, más allá de la mediática ley estatal de protección animal. Junto al más visible derecho animal, referido a los animales con los que convivimos, hay todo un conjunto, “complejo, profuso, muy técnico”, de normas que proceden del ámbito internacional, europeo, estatal, autonómico o municipal que regulan, por ejemplo, cómo son criados, engordados, transportados, cómo se mata, con qué técnicas, a todos esos animales a los que no vemos, los que son “traídos a la vida para ser explotados”.

Las normas avanzan, decía María, pero desde INTERCIDS hay dos preocupaciones fundamentales: por un lado, conseguir la aplicación normalizada de todas esas leyes; por otro, el actual riesgo de retroceso, la existencia de un “frente contrario a seguir avanzando en protección animal”.

A modo de ejemplo, Ruth Toledano se refirió a la pretensión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de recuperar el toro embolado, una “aberración” que fue en su momento erradicada en la región porque su crueldad (“si es que se puede medir la crueldad”) es “horrorosa”: al toro le colocan en los cuernos unas bolas con material inflamable que se prende con fuego y que “le va cayendo por el cuerpo, por la cara, mientras intenta desesperadamente liberarse de esa tortura”.

“Entenderéis que nos pongamos un poquito radicales”, decía Ruth, que había explicado antes lo que significa el antiespecismo. Así como el feminismo es la lucha contra la discriminación por razón de sexo o de género, y entendemos el racismo como la discriminación por razón de raza, el antiespecismo es estar en contra de la discriminación y las violencias que, por pertenecer a un especie diferente, sufren otros animales que también sienten, padecen, quieren vivir, en un sistema que es “carnista”, como lo definió Melanie Joy, en el que vemos “normal” amar a los perros, comernos a los cerdos y vestirnos con las vacas. Un engranaje en el que no vemos al animal que hay detrás de las lonchas, como alerta la pensadora Carol J. Adams al hablar del “referente ausente”. Como ocurre con los micromachismos o los microracismos, al consumir productos animales no vemos el sufrimiento oculto tras los muros de las granjas, de los mataderos, de los laboratorios…

Ruth habló también de la transversalidad del feminismo y el animalismo, de que las sufragistas eran en su mayoría vegetarianas y pioneras en la defensa de los derechos de los animales, porque la explotación de los animales es una forma de dominación y de cosificación de los cuerpos de otros individuos, lo mismo que el machismo y el patriarcado han hecho con los cuerpos de las mujeres y con los cuerpos disidentes, distintos como el de esos corderos, apenas bebés, que acabarán en muchas mesas familiares estos días.

Las industrias carnistas son gigantescas, por eso Amanda Romero puso sobre la mesa la noción de transición, concepto que ya tenemos integrado en otros ámbitos, como el energético. “Tendremos que hacer una transición alimentaria, una transición proteica”, y esas industrias tendrán que seguir alimentando al planeta. No se trata de que desaparezcan, sino de que nos alimenten de otra manera, con menor impacto en el medio ambiente y erradicando el sufrimiento de cientos de miles de millones de animales a los que traemos a la vida para ser explotados y que apenas malviven unos meses antes de llegar a nuestros platos.

“Lo sabemos”, sentenciaba Nerea al exponer los datos del barómetro, según el cual el 91 % de las personas en España considera importante proteger el bienestar de los animales “de granja”, el 66 % reclama más información sobre las condiciones a las que se crían, 8 de cada 10 se preocupa por la protección de los animales y el 92 % cree necesaria una legislación específica. “Lo sabemos”, apuntaba Amanda Romero, pero “normalizamos aquello con lo que crecemos”.

Por ello, apuntaba María González Lacabex, es importante dar pasos que acerquen nuestros actos a aquello que pensamos, porque ese “ejercicio de coherencia” no solo tiene un impacto individual directo, sino también en la evolución de las leyes. Se trata de ir reduciendo la “disociación” entre lo que queremos de forma abstracta y nuestras acciones cotidianas, recuperar esa empatía con la que nacemos y de la que poco a poco el engranaje en el que vivimos nos va separando.

Mujeres tan comprometidas con la igualdad y la justicia social como Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras no podían acabar este programa sin hacer un llamamiento a las “mejorcitas” que las ven y las escuchan a secundar su compromiso de apuntarse a Veganuary para probar el veganismo en el mes de enero de 2025 y “más allá”, como invitó Amanda; para ganar coherencia en lo que consideramos ético, como decía Ruth, y para empujar con nuestras acciones individuales al avance de las leyes y a su aplicación efectiva, como reclamaba María. El compromiso es claro: Saldremos mejores. 

Frente a un modelo de consumo “insostenible” promovido por las grandes cadenas de supermercados, especialmente en estas fechas navideñas, activistas animalistas y en defensa del clima denuncian que algunas de ellas, como El Corte Inglés y Eroski, “hacen gala de sus altos estándares de bienestar animal y sostenibilidad” ignorando el impacto de la industria ganadera en el sufrimiento animal, la salud humana y el cambio climático. Defienden por ello la puesta en marcha de una transición hacia una alimentación más vegetal con estrategias como las desarrolladas por las principales cadenas en Alemania y Países Bajos.

Según informó ARDE (Animal Respect and Defence for the Enviroment), el pasado sábado, 21 de diciembre, centenares de manifestantes se concentraron a la puerta de cadenas de supermercados en las ciudades de Granada, Madrid, Palma de Mallorca, Vigo y Vitoria dentro de la campaña 'Tu Supermercado Vende Crueldad', que señala su responsabilidad en la promoción de un consumo exacerbado y focalizado en productos de origen animal, particularmente en la época navideña. Demandan políticas urgentes que prioricen el respeto hacia los animales, la salud humana y la sostenibilidad por parte de los distribuidores minoristas.

Según los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), España lidera el consumo de productos cárnicos en la Unión Europea, con casi 105 kilogramos por persona y año, unos 2 kilogramos por semana. Esta cifra contrasta con los 300 gramos semanales máximos recomendados por la Comisión EAT-Lancet, formada por 40 científicos internacionales.

En España, recuerda ARDE, más de 10 millones de personas sufren patologías relacionadas con el corazón, más de 120.000 fallecen cada año. El departamento de salud pública de Harvard y la Universidad de Purdue concluyeron que sustituir la carne roja por proteínas vegetales reduce el riesgo de enfermedades cardiacas. Meir Stampfer, profesor de epidemiología y nutrición y autor del estudio, señaló: “Si sustituimos las hamburguesas por galletas o patatas fritas, no estamos más sanos. Pero si sustituyes la carne roja por fuentes saludables de proteínas vegetales, como frutos secos y alubias, obtienes un beneficio para la salud”. Además, el reciente Estudio Omniveg de la Universidad Francisco de Vitoria afirma que sustituir en la dieta mediterránea tradicional los productos animales por vegetales implica mejoras en la salud cardiovascular.

Además, prosigue ARDE, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el mayor predominio de alimentos de origen vegetal se alinea con el enfoque 'Una Salud' de la Organización Mundial de la Salud, en el que la salud humana está estrechamente vinculada a la salud del planeta. Por su parte, la Comisión Europea se ha comprometido a desarrollar un plan de acción para promover los alimentos vegetales para 2026. Se trata de una política enmarcada en el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE. Y es que en todo el mundo, subraya, la industria ganadera emplea el 80% del suelo agrícola, genera dos tercios de las emisiones del sector y causa el sacrificio de 70.000 millones de animales, sin contar a los animales acuáticos. Sin embargo, esta industria solo aporta el 36% de la proteína y el 16% de las calorías.

Julia Elizalde, portavoz del colectivo ARDE, señala: “Supermercados como El Corte Inglés o Eroski hacen gala de sus altos estándares de bienestar animal y sostenibilidad, nada más allá de la realidad. No disponen de absolutamente ninguna medida para promover una dieta más vegetal y sostenible. Al contrario, continúan promocionando de forma exacerbada los productos de la industria ganadera. Ambos supermercados tienen el objetivo de la 'neutralidad climática' para 2050, lo cual es sencillamente falso porque más del 80% de sus emisiones proceden de su cadena de suministro”.

Las organizaciones sin ánimo de lucro exigen que los supermercados, donde la población española compra más de la mitad de los alimentos, implementen medidas urgentes. Según los datos de ARDE, en Países Bajos, once supermercados, que suman el 90% de las ventas nacionales, se comprometieron a aumentar el porcentaje de sus ventas de proteínas de origen vegetal del 40% actual al 60% en 2030. Cuatro supermercados líderes en Alemania redujeron el precio de los sustitutos vegetales para igualarlo al de la carne. Lidl declaró que las ventas de productos vegetales aumentaron un 30% tras recortar los precios y colocar la carne vegetal junto a la animal. Ello causa que una cesta vegetal de la compra sea más barata que su equivalente en productos cárnicos.

La portavoz de ARDE añade: “Demandamos la verdad en cada producto, en cada etiqueta. No toleraremos más 'greenwashing', ni más publicidad de animales felices en un campo. Los animales no son recursos ni productos, sino seres sintientes con intereses propios. Los supermercados deben exponer y actuar frente al impacto real de sus productos: el sufrimiento animal, la destrucción ambiental y las consecuencias sociales; así como ofrecer alternativas de consumo. Si no lo hacen, serán responsables de perpetuar un sistema corrupto y destructivo”.

La preparación de Marruecos para acoger, junto a España y Portugal, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2030 incluye una matanza masiva de perros callejeros. Los perros son enveneados, tiroteados, capturados y arrojados a furgones en medio de estremecedores chillidos que acongojan a quienes se encuentran cerca, incluidos niños que miran la escena aterrorizados.

La International Animal Coalition (IAWPC) denuncia que, a pesar de las promesas de la FIFA de respetar los derechos humanos y los estándares internacionales, “se han documentado numerosos casos de envenenamiento, caza y matanza de perros de manera cruel e inhumana”. “Estos actos violentos, que se producen a plena luz del día, y a menudo frente a niños, constituyen una grave violación de los derechos de los animales pero también de los derechos de la infancia”, asegura. La campaña se puede ver en este vídeo, que tiene restricción de edad por la dureza de las imágenes.

Esta coalición ha recopilado “suficientes pruebas que demuestran que las autoridades marroquíes están llevando a cabo una campaña sistemática de exterminio, utilizando métodos crueles y arcaicos” que no solo generan un sufrimiento adicional a los animales sino que tienen un “impacto psicológico negativo” en la población, especialmente en los niños.

“Los niños que presencian los asesinatos quedan traumatizados. Los llamamientos y protestas de un número cada vez mayor de asociaciones y particulares marroquíes son ignorados” y, a menudo, quienes encabezan estas acciones “son acosados e intimidados por las autoridades”, explica Les Ward, miembro de la Orden del Imperio Británico, presidente de la IAWPC.

La coalición hace por todo ello un llamamiento urgente a la FIFA para que intervenga de manera inmediata y tome medidas concretas para detener estas prácticas crueles. Asimismo, solicita a los países coanfitriones de esta candidatura, España y Portugal, así como al patrocinador principal, Qatar Airways, que utilicen su influencia para presionar a las autoridades marroquíes para poner fin a esta situación.

Ward asegura que “a la FIFA se le han presentado pruebas de lo que está pasando, pero se ha negado a actuar”. Y continúa: “Los asesinatos se han centrado en las sedes propuestas para el torneo y alcanzan su punto máximo antes de las visitas de la FIFA. Sin embargo, la federación parece contenta con hacer la vista gorda. Esto es inaceptable y muchos aficionados al fútbol se van a disgustar cuando se enteren”.

El condecorado actor británico y defensor de los derechos animales Sir Peter Egan, famoso por papeles como Shrimpie en ‘Downton Abbey’, ha respaldado en redes sociales la campaña de la IAWPC: “Lo que está sucediendo en Marruecos es repugnante y tendrá ramificaciones en los próximos años, ya sea por la pérdida de turismo o simplemente por el trauma que han presenciado tanto jóvenes como mayores. No hay manera de que las autoridades puedan defender esto como control de la población canina; la única manera de hacerlo de manera efectiva y humana es esterilizar, castrar y vacunar. Lo que están haciendo ahora no detiene la propagación de la rabia”, denunció.

Ante esta situación, la IAWPC propone una serie de acciones. En primer lugar, reclama a la FIFA una “investigación independiente y transparente sobre las continuas denuncias de maltrato animal en Marruecos” y que, en caso de ratificarse las acusaciones, la FIFA imponga sanciones “ejemplares” a ese país, “incluyendo la suspensión de su candidatura” para acoger ese Mundial en 2030.

Le reclama también que promueva programas de gestión de poblaciones caninas basados en métodos humanitarios, como la esterilización, la vacunación y la reubicación de los animales a nuevos hogares o centros adecuados; y que garantice que se respeten los derechos de los niños marroquíes, protegiéndolos de la exposición a actos de violencia y crueldad.

En paralelo, la IAWPC reitera su compromiso de trabajar “incansablemente” para poner fin a esta crisis y garantizar el bienestar de los animales en todo el mundo, y para ello ha organizado campañas en Reino Unido, España y Portugal para concienciar a la población y presionar a las partes implicadas para que tomen acción y pongan fin a la situación lo antes posible.

La IAWPC precisa que son las asociaciones locales las que han dado la voz de alarma y esta campaña internacional pretende “hacer presión” sobre los actores implicados en la decisión de la FIFA de elegir a los países anfitriones para el Mundial 2030 y pedir responsabilidades a las autoridades marroquíes.

El próximo 11 de diciembre, recuerda la IAWPC, la FIFA ratificará la información sobre las candidaturas y anunciará dónde se celebrará el Mundial de 2030.

La IAWPC está formada por 20 organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los animales en todo mundo, radicadas en Estados Unidos, Reino Unido, Kenia, Sudáfrica, Australia, Vietnam y China, entre otros países.

Sobre los pulpos, como sobre todos los animales que pueblan junto a nosotros el planeta, hay aún muchas incógnitas, pero la comunidad científica ya esta de acuerdo en que poseen una complejidad mental equiparable a la de los animales más inteligentes. Son incluso capaces de jugar, y ya ha quedado patente su capacidad para manejar herramientas con fines previamente definidos, como escapar de un estanque o facilitar su camuflaje.

Mientras seguimos sorprendiéndonos con las habilidades que sobre ellos se van descubriendo, el consumo de pulpos se ha disparado. “No es un problema de seguridad alimentaria, sino una cuestión de lujo”, asegura Jeniffer Jacquet, profesora de Ciencias Ambientales de la Universidad de Miami, firmante de una carta que un centenar de científicos enviaron a las autoridades canarias pidiendo que no otorgaran las licencias para la primera macrogranja de cría de pulpos, planificada en Gran Canaria por Nueva Pescanova. Dice la industria que es la única forma de satisfacer la demanda, pero Jacquet no es la única que piensa que son los intereses económicos los que generan esa demanda para lucrarse al satisfacerla, aunque sea a costa de criar en cautividad animales salvajes, inteligentes, sensibles, como mostró el documental Lo que el pulpo me enseñó.

Sabemos que los cerdos son tanto o más inteligentes que los perros, y es solo una cuestión cultural la que nos lleva a comernos a unos y amar a los otros, ver a unos solo como “salchichas” o “beicon” y combatir cualquier forma de maltrato contra los otros, lo que nos impulsa a querer saber más sobre los perros pero no sobre los cerdos, si no es para rentabilizar aún más su explotación o encontrar para ellos nuevas áreas de martirio. Si supiéramos que los cerdos juegan, generan lazos sociales, distinguen caras y voces, si viéramos sus miradas desbocadas cuando viajan hacinados al matadero y escucháramos sus gritos de terror cuando saben que van a morir, quizá tendríamos un problema para seguir comiendo sus cuerpos mutilados.

Sobre los pulpos ya sabemos lo suficiente como para impedir que su explotación derive en una industria tan macabra como la que explota a cerdos, vacas, gallinas o pollos, animales considerados “de granja” y por ello sin más opciones en nuestra sociedad que nacer para morir.

A diferencia de esos otros animales, los pulpos tienen un Día Mundial, que fue el 8 de octubre. Coincidiendo con ello, más de noventa ONGs y personas expertas de diferentes ámbitos han dirigido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que el Ejecutivo deje de financiar una actividad “cruel” e “insostenible”.

Coincidiendo con esta fecha, Compassion in World Farming ha publicado una investigación que revela el gasto de países de todo el mundo para desarrollar la cría de pulpo con fines de consumo, según la cual España es el que más dinero público ha destinado a este objetivo. La investigación estima un total de al menos 13,3 millones de euros de fondos públicos en investigación para desarrollar la cría del pulpo en granjas para consumo y calcula que el Gobierno español ha gastado al menos 9,7 millones de euros en desarrollar esta práctica.

Sin embargo, esta investigación muestra que la información sobre la financiación pública de los proyectos a menudo no está fácilmente disponible, lo que indica que las cantidades reales podrían ser mucho mayores, así como la necesidad de una mayor transparencia en el gasto público para que los gobiernos puedan asumir su responsabilidad.

Una encuesta realizada este año por Compassion y Eurogroup for Animals demostró que casi 8 de cada 10 personas (un 79%), en nueve países de la Unión Europea, están de acuerdo en que cuando se utiliza dinero público para financiar la cría de animales acuáticos solo deben ser apoyados sistemas “sostenibles”.

Es verdad que el término “sostenible” está muy desvirtuado por la ambigüedad con la que se utiliza cuando se quiere convencer a los consumidores de que una determinada actividad o producto es compatible con el medio ambiente, la biodiversidad o el “bienestar animal” (otro término también desvirtuado), pero en el caso de la cría de pulpos esa “sostenibilidad” es inviable desde todo punto de vista. Estamos hablando de criar en cautividad animales salvajes, de privarles, por tanto, de todo lo que supone vivir en libertad en su propio hábitat. Pero, además, dado que los pulpos son carnívoros, cuesta mucho pensar que alimentarlos en cautividad vaya a ser sostenible.

Una vez más, tememos encontrarnos no solo ante una barbaridad ética y un desastre medioambiental, sino ante un nuevo derroche de recursos para satisfacer una demanda inflada artificialmente. ¿Merece la pena todo este desastre por el placer en el paladar? La respuesta está clara, o debería estarlo.

Por todo ello, más de noventa ONGs y expertos, entre ellos el filósofo Peter Singer, Eurogroup for Animals, Ocean Born Foundation, World Animal Protection o la investigadora Jennifer Jacquet se han unido a Compassion para escribir al presidente del Gobierno español, pidiéndole que ponga fin a la financiación de la cría de pulpo y que tome medidas legislativas para prohibir esta práctica.

Además, organizaciones ecologistas y de protección animal, incluyendo Compassion in World Farming, Eurogroup for Animals y Greenpeace, entre otros, se reunieron frente al Congreso de los Diputados en Madrid para exponer las razones por las que debe pararse la primera granja de pulpos del mundo. Justo después, el diputado de Sumar Nahuel González, coportavoz de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), anunció en redes sociales el impulso de una proposición no de ley para parar esa macrogranja de pulpos.

La doctora Elena Lara, asesora sénior de Ciencia y Política de Compassion para la UE, intervino en el evento. “En este Día Mundial del Pulpo, instamos al Gobierno español y a otros gobiernos de todo el mundo a hacer lo correcto y detener la financiación de la cría de pulpo. Es probable que a la gente le indigne que sus impuestos, ganados con tanto esfuerzo, se gasten en confinar a estas fascinantes e inteligentes criaturas en granjas industriales, una práctica que además daña el medio ambiente”, denunció.

“Nuestra investigación también revela una falta de transparencia que hace difícil establecer cuánto dinero público se ha invertido en esta cruel práctica. Los gobiernos deberían ser más abiertos y responsables, y en lugar de financiar actividades que perjudican al medio ambiente, deberían poner fin a los sistemas de producción intensiva y financiar únicamente prácticas sostenibles que beneficien a los animales, a las personas y a nuestro planeta”, añadió.

Compassion lleva concienciando al mundo sobre la amenaza de la cría de pulpo desde 2021, cuando publicó un informe denominado 'Cría intensiva del pulpo: Una receta para el desastre'. Más recientemente, la ONG sumó esfuerzos con Eurogroup for Animals para publicar el informe 'Los riesgos medioambientales del pulpo al descubierto', que expone las graves consecuencias medioambientales de la granja propuesta en Las Palmas de Gran Canaria, donde Nueva Pescanova planea criar aproximadamente un millón de pulpos al año para consumo humano.

El mes pasado, 100 científicos se unieron para pedir a los legisladores estadounidenses que mantengan a los pulpos en libertad, solicitando al Congreso de los Estados Unidos que apruebe la prohibición de la cría de pulpo en todo el país. Ya se han introducido prohibiciones en los estados de Washington y California, y se ha presentado un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos que podría prohibir la cría comercial de pulpo en todo el país.

Este mismo viernes llegaban noticias sobre una posible paralización del proyecto, al considerarse “inviable”. Ojalá sea cierto. Ojalá esa macrogranja nunca vea la luz. Mientras esperamos la confirmación, seguiremos peleando por ver a los pulpos libres y en su hábitat, como seguimos peleando por el fin de la explotación de todos los demás animales, sometidos al despiadado engranaje de la industria. 

Otro “caso aislado” más. Otra granja de los horrores, esta vez en Inglaterra, con certificación de “bienestar animal” y que suministraba a una de las mayores multinacionales cárnicas, Tesco.

Una investigación de Igualdad Animal en colaboración con el galardonado fotoperiodista Aitor Garmendia revela “una cadena de abusos, tanto legales como ilegales”, en esta granja con sello de “bienestar animal” Red Tractor. La granja de Devon, Cross Farm -propiedad de WJ Watkins and Son- confina a unos 12.000 cerdos. En las instalaciones de cría, las cerdas gestantes y madres están confinadas en “parideras”, pequeñas jaulas en las que las cerdas no pueden darse la vuelta. Las hembras paren repetidamente lechones destinados al mercado británico de carne de porcino.

A lo largo de seis visitas en octubre de 2023, enero de 2024 y junio de 2024, Igualdad Animal -con el apoyo de Aitor Garmendia- recopiló más de cien horas de metraje revelador, que muestra lechones golpeados y estampados contra muros de hormigón; lechones a los que les cortan el rabo y les “recortan” los dientes sin anestesia; un cochinillo arrojado por los trabajadores al otro lado del cobertizo; lechones muertos por toda la granja (según la documentación, por inanición, enfermedad o aplastamiento); un contenedor lleno de lechones muertos, además de cadáveres putrefactos por el suelo de la nave; madres cerdas en jaulas mostrando comportamientos repetitivos que son signos de angustia psicológica, como morder los barrotes; una cerda que había intentado darse la vuelta dentro de la jaula, quedó atrapada entre los barrotes metálicos y sufrió heridas profundas y sangrantes; madres cerdas con llagas rojas y en carne viva en las patas, así como prolapsos vulvares; y naves en condiciones sucias e insalubres, con telarañas y polvo por todas partes.

Abigail Penny, directora ejecutiva de Igualdad Animal en Reino Unido, asegura que “tras haber visitado Cross Farm personalmente en varias ocasiones, he sido testigo directo del sufrimiento de estos animales. Miré a los ojos a las cerdas madre enjauladas y su profundo dolor permanecerá conmigo para siempre”.

Cross Farm ganó el Premio Nacional de Porcino en 2016 y 2017 y, a principios de este año, Adrian Russell, director de esta granja, optó a un puesto de productor elegido para el Grupo de la Industria Porcina de la Asociación Nacional de Porcino. Aunque no lo consiguió, Russell presume de “haber trabajado durante más de 30 años en el sector porcino”.

No es la primera vez que se denuncia a Cross Farm por sus malas prácticas. En 2017, a raíz de un chivatazo, Igualdad Animal filmó a cerdos encerrados en naves en muy mal estado, con goteras, donde los cerdos estaban cubiertos de purines y obligados a tumbarse sobre sus propios excrementos. El equipo también documentó a dos cerdos con grandes hernias, abandonados en corrales con otros cerdos, y a cerdas preñadas en corrales de hormigón, sin ningún tipo de enriquecimiento. A todos los cerdos se les había cortado la cola.

En marzo de este año, Glass Wall Films también difundió imágenes de Cross Farm. Grabadas a finales de 2023, mostraban lechones muertos y cuerpos en descomposición, cerdos practicando el canibalismo, cerdos enjaulados con heridas sin tratar y condiciones de hacinamiento e inmundicia. A pesar de estos incidentes, la National Pig Association declaró que la granja “cumplía todos los requisitos”.

Igualdad Animal explica que ha contratado al bufete Advocates for Animals para que presente una denuncia formal ante la Dirección General de Comercio. La ONG argumenta que existen varias infracciones legales potenciales en relación con el trato y el sacrificio de lechones, las lesiones aparentemente no tratadas de los cerdos, la presencia de cadáveres de lechones, las disposiciones inadecuadas de protección para las cerdas en las jaulas y las condiciones insalubres en toda la granja.

Abigail Penny subraya que “Cross Farm es reincidente y ha sido el epicentro de varias investigaciones a lo largo de los años. A pesar de ello, hemos supervisado esta granja durante ocho meses y hemos vuelto a descubrir problemas generalizados y continuos. Las autoridades deben intervenir y tomarse en serio nuestras denuncias”.

Taylor Mcleod, abogado de Advocates for Animals, explica que “las posibles infracciones de la legislación sobre bienestar animal que se observan en las imágenes captadas por Igualdad Animal son muy preocupantes. La legislación sobre bienestar animal existe para proteger a los animales del trato que se ve en el vídeo, y las autoridades competentes tienen el deber de garantizar que se cumplen estas leyes. Esperamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se realicen los cambios oportunos para garantizar el cumplimiento de las normas de bienestar”.

Alice Brough, de BVM&S MRCVS, veterinaria porcina que trabajó con productores comerciales de cerdos de todo el Reino Unido entre 2015 y 2019, afirma: “El ganadero que aparece en estas imágenes muestra una terrible falta de compasión por los cerdos a su cargo y un flagrante desprecio por las normas claramente establecidas. Por desgracia, no se trata de un incidente aislado. La mayor parte de lo que vemos aquí es habitual en toda la industria. En la cría de cerdos en Reino Unido hay muy pocas cosas aptas para los ojos del público”.

Eva Read, doctoranda de la London School of Economics and Political Science, está de acuerdo con esta valoración. Tras investigar la cría comercial de cerdos en el Reino Unido y estudiar la comunicación vocal de las emociones en una granja porcina de Francia, también está familiarizada con las prácticas habituales de la cría británica. Read sugiere que muchas de las prácticas filmadas por Igualdad Animal son comunes: “Estas imágenes son angustiosas, no porque sean un ejemplo de los horrores extremos pero poco comunes que son posibles en las granjas porcinas del Reino Unido, sino más bien porque son comunes. Estos vídeos muestran cómo es la vida de las cerdas y los lechones, y lo que se ve es bastante normal”.

En 2022, Igualdad Animal y The Animal Law Foundation publicaron un informe inédito sobre el problema de la aplicación de la normativa. A través de solicitudes de libertad de información, descubrieron que una media de menos del 3% de las 290.000 granjas del Reino Unido son inspeccionadas cada año por un organismo regulador, y que el 0,33% de las denuncias conducen a un enjuiciamiento. Su informe también detalla que a casi tres cuartas partes de los cerdos se les corta la cola de forma rutinaria en las granjas, una práctica física y psicológicamente dolorosa que se lleva a cabo, sin anestesia ni analgésicos, para evitar que los cerdos se muerdan la cola. La mordedura de cola se produce cuando los cerdos se estresan y se ve agravada por la falta de espacio y de enriquecimiento.

El problema es que no solo es “bastante normal” en Reino Unido, sino que lo es en toda la industria, porque los cerdos son mercancía, y solo es valiosa en la medida en que se puede obtener beneficio de ella. No es rentable que los animales dispongan de más espacio, no es rentable mantener ese espacio limpio, más allá de la higiene mínima necesaria para no comprometer la salud humana (y ya vemos que a veces ni eso), no es rentable curar a los animales enfermos, no es rentable dejar sus cuerpos intactos porque eso facilita las lesiones y las agresiones provocadas por la ansiedad, no es rentable proporcionarles anestesia para quitarles el dolor si ese dolor no merma su “calidad” como mera pieza de carne, no es rentable dejarlos crecer (crecer no es lo mismo que engordar), no es rentable proporcionarles enriquecimiento ambiental esencial para su correcto desarrollo (total, no se les va a dar tiempo para desarrollarse), no es rentable dejar que las madres cuiden de sus crías como su naturaleza les indica, no es rentable hacer nada que no comporte un beneficio directo.

Esta nueva granja de los horrores no es un caso aislado. Las cifras oficiales demuestran que no hay inspecciones suficientes para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre bienestar animal, y sabemos que, además, esa legislación no tiene nada que ver con lo que realmente es el bienestar animal. Parémonos a pensar lo que significan esas palabras dejando a un lado la publicidad de una industria que quiere hacernos pensar que los animales destinados al matadero tienen vidas felices hasta que ese momento les llega sin apenas darse cuenta.

La realidad es que sus cortas vidas son infiernos en la tierra, que la publicidad (seamos realistas, sabemos lo que es la publicidad) nada tiene que ver con el horror de las granjas, los camiones de transporte y los mataderos, y que un sello de bienestar animal puede servir para que el producto final sea más caro o para que lo consumamos con la conciencia algo mas tranquila y con nuestra disonancia cognitiva silenciada, pero nada más. Dentro de ese envase sigue habiendo restos de un animal que solo conoció el sufrimiento antes de llegar a nuestro plato.  

Aunque parezca increíble, y si nada lo impide, en pocos meses quienes quieran hacer una ruta o simplemente darse un paseo por alguno de los caminos públicos y de las rutas senderistas que recorren Castilla-La Mancha se pueden encontrar con la desagradable sorpresa de que deben abortar la excursión porque se habrá cortado el paso para que se dé una cacería. Eso, en el mejor de los casos. En el peor, quizá no vuelvan del paseo.

El pasado 21 de marzo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba, enmascarada en una densa ley de medidas administrativas, una modificación de la ley de caza regional que da pie a otorgar derechos de caza a los titulares de cotos colindantes con vías y caminos públicos, vías pecuarias y senderos señalizados. Y como resultado consecuente de ello, permite que se corten tales zonas de paso y dominio público para que unos pocos se diviertan matando animales. Como si a estas alturas divertirse matando animales no fuera en sí mismo un comportamiento censurable. Lo del control de poblaciones y otros patéticos intentos de justificar la aberración que supone salir al campo a pegar tiros ya no cuelan.

Este cambio supone muchas cosas, la primera, y más evidente, es que se le da la vuelta a la prioridad frente a las escopetas de la que gozaban hasta ahora quienes usan estas vías bien sea para transitar de un pueblo a otro, visitar un espacio natural o para simplemente hacer algo de ejercicio andando, en bicicleta o paseando. Cuando determinadas personas decidan que les interesa cazar, podrán cortar el paso. Y punto.  

La segunda consecuencia es que se otorgan derechos privados de caza sobre espacios de dominio y titularidad pública, en clara contradicción además con la finalidad de los mismos. Si estas infraestructuras rurales existen es precisamente para facilitar el tránsito entre pueblos, el acceso del paisanaje a sus terrenos y el de visitantes y turistas hacia la naturaleza. Cazar en ellas significa eliminar ese derecho y esa funcionalidad, y por lo tanto la medida no puede resultar más injusta, desacertada y, como defienden quienes la critican, inconstitucional.

Por otra parte, se generará más inseguridad a los viandantes en el campo, pues, aunque se ha anunciado lo contrario amparándose en que se regularán las condiciones bajo las cuales se cortarán los caminos, lo cierto es que a partir de ahora quienes cazan se creerán con el derecho de disparar en ellos, y los usuarios pacíficos no dispondrán de una normativa clara que les respalde frente a los abusos en las zonas de seguridad, figura bajo la cual se ampara la no caza en las áreas que son del conjunto de la ciudadanía. El mundo al revés: quien porta el arma podrá usar y abusar de unos derechos que nos corresponden al conjunto y poca defensa cabrá esperar de representantes políticos que no han sabido o no han querido valorar las consecuencias de su iniciativa. Si ya estamos hartas de ver “accidentes” de caza provocados por quienes disparan a todo lo que se mueve o hace ruido, ahora encima tendrán más amparo legal.

Para remate, en una comunidad autónoma donde el desarrollo rural y combatir la despoblación es una prioridad, se va a generar un grave impacto social y económico. La incertidumbre, cuando no directamente el desaliento, se adueñará de quien quiera emprender una ruta o hacer un paseo, con consecuencias en algo tan importante como el turismo rural, deportivo o de naturaleza. Como es sabido, porque lo ha publicado el Consejo Superior de Deportes, un tercio de la población española practica senderismo de manera informal o federada, y un número importante de personas practica el ciclismo. ¿Puede Castilla-La Mancha poner en riesgo este capital humano y económico por dar gusto a un colectivo que en dicha región apenas supone el 4% de su población contando los que van de fuera a cazar?

Como en toda batalla desigual, afortunadamente surgen voces que se rebelan ante semejantes desatinos. Al conocerse el intento de cambiar la ley de caza surgió un movimiento que quiere defender el derecho de transitar sin riesgo por los caminos públicos y que está haciendo todo lo posible por revertir esta normativa antisocial.

Liderada por entidades como Ecologistas en Acción, la Federación de Deportes de Montaña y la Plataforma ibérica de Caminos Públicos está en marcha una campaña de recogida de apoyos que ya ha suscrito un centenar de organizaciones y miles de firmantes individuales. A la par, y lo que a la postre puede resultar fundamental en el devenir de los acontecimientos, estas organizaciones han iniciado acciones legales mediante denuncias ante los ministerios con competencias en las materias afectadas y mediante una queja ante el Defensor del Pueblo.

Apelan a derechos constitucionales, tales como el libre tránsito por el territorio, el acceso al medio ambiente o a la salud, así como la transgresión de normativa básica estatal, como la que regula las vías pecuarias o los caminos públicos. De los resultados de estas acciones dependerá en un primer término que se aplique o no esta normativa o, lo que se sería peor, que se extienda a otras comunidades autónomas.

Seguramente habría que preguntarse por qué ha pasado esto. Y detrás de ello destaca la figura del presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page se ha trasmutado desde que al comienzo de su ya larga etapa como presidente de Castilla-La Mancha se opuso con vehemencia a la Ley de Caza que aprobó el gobierno del PP de María Dolores de Cospedal. Aunque la reformó en parte tras tomar posesión en su primer mandato, poco a poco ha ido abrazando los postulados de aquella ley que decía aborrecer y que reunió más de 100.000 firmas en contra, todo un hito en una comunidad con la población de Castilla-La Mancha.

Ahora que gobierna con mayoría absoluta, Page ha ido aún más allá que Cospedal y ha decidido atender las demandas más extremas del sector de la caza que se ven reflejadas en el Pacto por la Caza, un documento que PSOE, PP y Vox han suscrito nada menos que en las Cortes regionales, pero que ya venía firmado de antes por sus líderes en la última campaña electoral autonómica. Ahora, igual que ha cambiado de defensor de los derechos frente a los abusos de la caza a valedor del lobby cinegético, Page parece haber pasado de defensor de la Constitución a transgresor de la misma. De querer arañar votos a Vox ha pasado a asumir sus más extremos postulados en lo referido a algo tan rancio como la caza. Con gobernantes “socialistas” así no es necesario que el PP y Vox tomen las riendas para impulsar las atrocidades que estamos empezando a ver, por ejemplo, en Extremadura.

Nos queda confiar en que quienes tienen capacidad para darle la vuelta a esta aberración se pongan manos a la obra, y cuanto antes, y que no seamos solo las asociaciones y las activistas quienes tengamos que hacer frente a los excesos de quienes portan escopetas y de quienes toman decisiones defendiendo esos intereses. Y nos queda, por supuesto, seguir peleando para que las escopetas no se impongan sobre los derechos de quienes no las portamos.