Una de las cosas que más disfruto de la maternidad son los momentos para charlar con mi hijo y con mi hija. La comunicación siempre me ha parecido clave y es algo que me he esforzado en mantener. Leer cuentos, contarles mi día y preguntarles qué tal han pasado su jornada es uno de los mejores ratos de la crianza. Cada noche que estamos juntos hablamos sobre muchos temas, a veces utilizando los cuentos como excusa y, otras, charlando sin más.

El otro día, al volver del colegio le pregunté al mayor de mis peques (10 años) cómo lo había pasado en la excursión. Su respuesta fue breve: “bien”. Insistí para obtener algo más de información sobre su día y él respondió con algo que no me esperaba. De forma muy natural me contó que, durante el viaje de vuelta de la excursión, en el autocar, había estado hablando sobre porno con un grupo de compañeros. Me explicó que sólo uno de ellos había visto imágenes de una película. Y añadió que todo esto era un secreto y que yo no podía contárselo a nadie.

Mi pulso se paró. “¡Porno! ¡pero si sólo tiene 10 años!”, pensé. Tragué saliva y fingí ser natural, para continuar conversando con él sobre el tema. Le conté que el porno es ficción y que las relaciones sexuales de verdad no se parecen en nada a las películas de pornografía. E hice hincapié en que, habitualmente, las escenas de estas pelis representan relaciones machistas y llenas de faltas de respeto. Él me escuchó y me hizo algunas preguntas pero, en breve, su atención volvió a centrarse en los cromos.

Esperaba haber tenido esta conversación sobre el porno dentro de algunos años. Se supone que yo ya estaba advertida porque, con anterioridad, había leído que los niños y las niñas cada vez tienen acceso a la pornografía a edades más tempranas. Aun así, me pilló por sorpresa y no paraba de repetirme a mí misma que es muy pequeño y que aún no está listo para ver este tipo de películas.

Lo cierto es que este episodio sirvió para alertarme sobre en qué punto está mi hijo y su curiosidad sexual. Y me dio la oportunidad de advertirle y enseñarle que las relaciones sexuales reales deben basarse en el respeto y no en la pornografía.

De esta inesperada charla sobre el porno hubo algo que me encantó: saber que mi hijo ve en mí alguien con quien comentar sus descubrimientos y dudas sobre el sexo. Supongo que las conversaciones sobre sexualidad que hemos mantenido juntos tantas noches han servido para prepararnos y afrontar este momento.

Cuando me inicié en la maternidad me pregunté cuál sería la edad más adecuada para mantener “la conversación” sobre el sexo con mi hijo. Esa charla en la que le contase los posibles riesgos en las relaciones sexuales y le hablase de los métodos anticonceptivos. Con el tiempo y muchas lecturas, aprendí que no quería tener una única conversación para hablar de sexo en la preadolescencia. Descubrí que quería dialogar con mi hijo y con mi hija de forma continua, desde edades preescolares, sobre su cuerpo, su sexualidad, el placer, la reproducción o las relaciones con los demás. Es por ello que he dedicado muchas noches a charlar y leer cuentos sobre estos temas, respondiendo sus curiosidades con mi mejor pedagogía.

Algunas de esas lecturas que me han gustado sobre el tema son “Mamá puso un huevo... (o cómo se hacen los niños)” para leerlo cuando son peques. A partir de 7 u 8 años utilizamos “Sexo es una palabra divertida” o “Cuéntamelo todo” para leerlo en familia o para que lo lean ellos y ellas.

Su naturalidad y su inocencia han provocado diálogos íntimos, múltiples dudas incómodas y también momentos muy divertidos: “Entonces, mamá ¿tú has hecho el amor dos veces?” “¿En qué postura te puso papá la semilla?”. A veces me he sonrojado con sus preguntas, otras me he reído, pero en todas las ocasiones he disfrutado y aprendido. Esos ratos han servido para cultivar una confianza entre nosotros que permita que hoy mi niño elija hablarme de su encuentro con el porno.

Imagino que estas conversaciones conmigo sobre su sexualidad no serán para siempre; que quizá mi hijo en otros momentos preferirá confesar sus curiosidades ante otras personas que no sean su madre. Pero no deja de ser positivo que busque información veraz sobre estos temas en una adulta y, sobre todo, que sepa que ante cualquier duda o problema, tiene en mí una referencia.

Como quiero seguir estando presente, dudé si sacar de nuevo el tema. Finalmente me animé y, pasados unos días, le pregunté. Y sin levantar la mirada del balón me contestó que sí, que había vuelto a hablar de porno con sus amigos. Pero siguió jugando a la pelota sin más. Así que esperaré a que él busque otra ocasión para charlar con tranquilidad.

Espero que su confianza hacia mí dure mucho tiempo pero, sobre todo, deseo que las relaciones afectivo sexuales de mi hijo (y también de mi hija) sean sanas y respetuosas. Seguiré esforzándome, en la medida de mis posibilidades, para que esto sea una realidad.

Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. El lema que eligió Naciones Unidas para esta efeméride “Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad” da una buena idea del alcance que tiene esta lacra en todo el planeta. Un gravísimo problema que amenaza a varios pilares esenciales de la convivencia y que, muy lamentablemente, goza de un profundo calado en nuestro país. 

En España, los casos de corrupción se han hecho demasiado familiares y cotidianos en nuestras vidas. Prácticamente cada día saltan a la prensa nuevos casos de corrupción, provocando una de sus peores consecuencias: la normalización del fenómeno y la aceptación de la corrupción como una parte del sistema. 

La corrupción es un grave problema de carácter estructural que afecta a la gestión del patrimonio y el bien común, que se nutre y parasita los mecanismos del Estado y de la sociedad. La cuestión no es menor y, por eso, quienes hemos venido a devolver las instituciones a la gente, tenemos por delante un reto: impedir que exista en nuestra sociedad una desafección de la política. La gente más humilde es precisamente quien más necesita de la política, de las instituciones, que serán las que garanticen los derechos sociales y los servicios públicos. 

Es cierto que existen unos claros beneficiarios y responsables de buena parte de la corrupción en nuestro país, y que además están muy bien identificados en el bochornoso espectáculo de la acumulación de casos bajo una misma marca electoral: el PP de la Gürtel, Lezo, Púnica, Bárcenas, Bankia, Cofely o Pokémon. Si bien la corrupción no es una cuestión que afecte a un único partido ni a una única institución, la corrupción es fruto, además, de una forma de gobernar y de un modelo de gestión basado en la privatización y en los sistemas clientelares, que facilitan, propician y fomentan la comisión de este tipo de delitos. Cargos públicos con intereses económicos y empresarios con intereses políticos han conformado tramas corruptas durante los gobiernos de nuestra democracia. En otras palabras, el peligro de que nos gobiernen quienes no se presentan a las elecciones. 

A la falta de ética y honradez, se impone la realidad de sus consecuencias. El problema no es únicamente la inmoralidad de meter la mano en la caja, sino que el dinero de las arcas públicas debe destinarse a sostener servicios públicos. Si el dinero público se emplea en el beneficio de unos pocos, dejará de destinarse a los bienes comunes de todos y todas. Los desahucios continúan mientras se malvende buena parte de vivienda pública a fondos buitre. Mientras se financian campañas electorales con los porcentajes de las constructoras de hospitales, las listas de espera sanitarias no paran de crecer. A muchas familias les cuesta llegar a fin de mes por esforzarse en pagar las matrículas universitarias, para que sus hijos e hijas puedan cursar estudios que les preparen para un futuro mejor, mientras unos pocos utilizan sus privilegios para falsificar sus másteres.

Miles de millones de euros se pierden por las alcantarillas de la corrupción generando desconfianza hacia España y destruyendo el potencial que representan esos recursos para el desarrollo de nuestro país. Creación de empleo, dotación de medios para la protección social, inversión en políticas de igualdad, protección del medio ambiente o cooperación al desarrollo, necesitan de esos dineros robados, saqueados por un modelo de gestión que ha hecho de la corrupción una forma de gobierno. 

Y mientras, las personas que denuncian la corrupción en todas sus formas, las anónimas que no se resignan a normalizar el abuso y el saqueo son perseguidas, despedidas, amenazadas, humilladas, marginadas y abandonadas, sufriendo los efectos de las represalias al estilo de las organizaciones criminales más tenebrosas. Frente al sistema corrupto y las tramas de interés es obligada la unidad de acción. No cabe otra opción que denunciar cada irregularidad y trabajar juntos y juntas por acabar con la impunidad para que cada euro se destine al servicio público que corresponde. 

Es preciso establecer medidas en los partidos políticos y las instituciones que sirvan de vacuna frente a la corrupción, tales como la limitación de mandatos para el ejercicio del cargo público, la rendición de cuentas públicas, la transparencia y la declaración de bienes, los revocatorios, las incompatibilidades, el fin de los aforamientos o la prohibición de las puertas giratorias. 

Nuestro país no puede permitirse ni un solo caso más de corrupción. El sentimiento de impotencia puede y debe ser sustituido por el rechazo absoluto a este tipo de conductas y prácticas y la necesidad de hacer política por parte de la gente. Si la política no la hacemos nosotros y nosotras, la harán otros. Llenar las instituciones de ciudadanía y poder popular es la mejor garantía de acabar con el saqueo de lo público como forma de hacer política. Está en juego la estabilidad, la paz y el progreso social. Por eso es un imperativo desterrar a la corrupción.

España no es la misma desde el 8 de marzo. Hoy por hoy hay una sociedad cuestionando el modelo social dominante de crianza. Somos muchas las mujeres que no nos sentimos identificadas con la maternidad tal y como se ha vivido hasta ahora. Por eso, quiero que disputemos juntas el término madre, convencida de que la maternidad también puede representarse con otros valores como la libertad, la igualdad, la sororidad y la cooperación, propios de la España del 15M y el 8M.madre

La crianza es bella y gratificante pero se vive de forma dura en una ciudad como Madrid, cuyos ritmos y espacios no están pensados para personas con hijos e hijas. Imagino que en el mundo rural será igual o peor… La falta de horarios razonables en el trabajo, la escasa red pública de cuidados, la precariedad laboral que exige tanto a cambio de poco o una sociedad individualista donde se han puesto de moda los hoteles y restaurantes sin niños dificultan la crianza. En general, el planteamiento de nuestra sociedad hace difícil la organización de una vida familiar con peques.

Además, los cánones de belleza nos imponen exigencias físicas, de manera que la sociedad espera que nos recuperemos pronto del posparto y estemos sonrientes y sin estrías en tiempo récord.

Estas exigencias hacen que todas las madres intentemos ser la superwoman que llega a todo: que atiende a su pequeño, está guapa y atractiva, es eficaz en el trabajo y además tiene una vida social interesante. No somos heroínas, pero el hecho de no llegar a serlo termina frustrándonos y nos provoca culpabilidad. La culpabilidad atraviesa a todas las mujeres durante la maternidad. Además, las dudas por no saber si lo hacemos bien, los miedos, las presiones y una sociedad que espera que seamos madres perfectas, son los mejores ingredientes para alimentar esa culpabilidad y para sentirnos juzgadas.

Si optamos por la lactancia materna, nos juzgarán porque dar el biberón es más cómodo y liberador. Si optamos por el biberón, nos juzgarán también, porque la lactancia es muy sana para el bebé. Si llevamos al peque a la escuela infantil desde bien temprano, nos juzgarán porque no deseamos cuidarle; si lo llevamos a una sesión del Congreso de los Diputados nos juzgarán por no llevarlo a una escuela infantil. Nos juzgarán, hagamos lo que hagamos.

Frente a la culpa y a sentirnos juzgadas, es importante respetar la libertad de cada cual para elegir el modelo de maternidad que desee y le haga más feliz. Sin que nos juzguemos entre nosotras, sin que se juzgue cada una… No podemos entender que hay una única manera de ser madre. La maternidad no puede ser un espacio de confrontación entre nosotras, sino un elemento de unión y de sororidad.

La maternidad lleva consigo el arrojo y la fuerza de seguir hacia adelante, tirando del carro, hasta en los momentos donde no vemos salida posible. Pero hay veces que solas no podemos, y con amigas sí. A mí me llenaron de fuerza los espacios colectivos de apoyo a la lactancia, donde charlaba con otras mamás, compartíamos dudas y también soluciones. Disfrutar de espacios colectivos con otras madres fue la mejor receta para empoderarme en los momentos más duros.

Como dice Laura Baena, fundadora del club de Malasmadres, trasladando el sentir de muchas: la culpa compartida se lleva mejor. Por eso debemos unirnos, compartir los miedos y la culpa. Y luchar juntas contra un modelo social de maternidad obsoleto y culpabilizador, heredado del patriarcado. España ha cambiado y la maternidad también.

Hoy por hoy, el mercado laboral está pensado para un modelo de familia compuesto por el varón proveedor y la mujer cuidadora, obviando que las familias son diversas y han cambiado. Necesitamos una sociedad que valore los cuidados, impulse la corresponsabilidad y que ponga la vida en el centro de sus políticas.

Existen propuestas de soluciones que están encaminadas a reorganizar los cuidados y socializar la crianza, todas ellas necesarias, como crear una red suficiente de escuelas infantiles públicas, tener horarios laborales razonables o los permisos de paternidad y maternidad remunerados, iguales e intransferibles.

El 8 de marzo los balcones de nuestro país se llenaron de delantales con el fin de parar el mundo y de llevar a las plazas, cafeterías y cenas familiares el debate y la reflexión sobre cómo organizábamos nuestras vidas y nuestros cuidados. Las mujeres paramos para mirarnos a los ojos y preguntarnos cómo podíamos organizar la sociedad de manera que el cuidado dejase de recaer en exclusiva sobre nosotras. El feminismo convenció a las mayorías sociales de que tenemos una tarea pendiente para el futuro próximo: reorganizar los cuidados.

España no es la misma desde el 8M y hoy hay una sociedad poniendo en cuestión el modelo social de maternidad imperante. Decía mi compañera Sofía Castañón en su artículo “Tener un hijo y no ser madre”, que no se reconoce en aquello de lo que se ha ido cargando el término madre. Y es que somos muchas las mujeres que no nos sentimos identificadas con la maternidad tal y como se entendía hasta ahora.

Pero yo me resisto a abandonar la palabra madre. Me resisto a regalar en exclusiva esa palabra tan poderosa a quienes desarrollan un modelo de maternidad tradicional. Resignifiquemos el término madre, disputemos este concepto. Porque madres somos también las que adoramos a nuestros hijos e hijas pero además consideramos importante desarrollarnos profesionalmente o tener una interesante vida social y cultural. Madres somos todas: las que damos el biberón, las que somos lactantes, las que trabajamos o las que disfrutamos de excedencia laboral

Es nuestra responsabilidad disputar el concepto madre y hacer que ninguna mujer más se pueda frustrar por intentar parecer la madre que otros esperan que sea. Nunca más una mujer sintiéndose culpable pon no llegar a ser una buena madre. Nunca más una mujer juzgada por no ser madre o por ejercer la maternidad que le hace feliz. Es nuestra obligación que todas las mujeres con hijos e hijas se sientan madres, independientemente de cómo ejerzan la crianza.

La realidad política madrileña, se encuentra en sus horas más bajas. Hace tan solo unas semanas asistíamos estupefactos a un nuevo escándalo de corrupción en nuestras instituciones, sin embargo, sus protagonistas siguieron aferrados esperando que la tormenta amainase, que la gente olvidase, que nada de aquello que había ocurrido quedase en la memoria de la ciudadanía madrileña. Algo que resulta bastante complicado tras la imputación de Cristina Cifuentes por el Caso Máster y que ha supuesto un nuevo desprestigio de nuestras instituciones, así como una falta de respeto para los madrileños y las madrileñas.

La llegada del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid significó el inicio de una nueva forma de gobierno pensada en el enriquecimiento personal, que continúa extendiéndose hasta nuestros días. Gallardón, imputado hoy por el Caso Lezo, fue el primero en llevarlo a cabo y tras ello, su rival política, Esperanza Aguirre, quien construyó un campo de golf ilegal hoy demolido. Ignacio González, sucesor de Aguirre, pisaría la cárcel por malversación y cohecho, entre otros delitos, y en el caso de Cifuentes, ya conocemos cómo acaba esta historia.

Resulta indignante, que de los cuatro presidentes del PP que han gobernado nuestra comunidad, tres se encuentren imputados y uno bajo sospecha. Algo tan general, no puede ser una cuestión de individualidades, sino de una corrupción sistémica que recorre al PP de arriba abajo. El problema no es Cristina Cifuentes, Gallardón, Ignacio González o Esperanza Aguirre, el problema es el Partido Popular.

Nuestras instituciones deben tener paredes de cristal para la ciudadanía, quienes utilizan las mismas como cortijo, no pueden permanecer en ellas. La cotidianeidad de estos hechos ha tendido a normalizar un grave problema, como si de una simple molestia al caminar se tratase. Más de veinte años de escándalos en la Comunidad de Madrid, así como en el resto de España, están provocando que nuestra ciudadanía entienda la corrupción como un bloque más de nuestra democracia.

Debemos comprender, que quienes parasitan nuestras instituciones no son el reflejo de nuestra ciudadanía y es que los madrileños y las madrileñas, son mucho mejor que sus gobernantes. Nuestra democracia, debe encontrarse en quienes construyen este país cada día, en quienes entienden que las instituciones deben estar al servicio de la gente y no ser entes que nada tienen que ver con quienes representan.

Quienes sostienen esta corrupción, forman parte de la misma. Quienes respaldan la lapidación de lo público, también participan en ello. En política hace falta ser responsable y actuar ante la inacción y el engaño. La actitud de Ciudadanos ha demostrado una gran irresponsabilidad política ante una grave crisis institucional como ha sido el Caso Máster de Cristina Cifuentes, pero, además, ha evidenciado que no existen diferencias entre ambos, y es que Ciudadanos ha resultado ser el flotador naranja del PP.

La imputación de Cristina Cifuentes demuestra que no hay recambio posible dentro del Partido Popular, que no hay alternativa posible dentro del mismo. La única opción para los madrileños y las madrileñas es un gobierno de cambio, un gobierno que apueste por la honestidad. Podemos ha demostrado que otra forma de gobernar es posible, que podemos hacerlo por y para la gente, como lo ha hecho Manuela Carmena. En 2019 tenemos la oportunidad única de echar al PP de la Puerta del Sol, de decir no a más corrupción, de decir no a la privatización de lo público. Está en nuestra mano.

Annette Schavan, ministra de Educación y Ciencia en Alemania, dimitió por plagiar su tesis doctoral. Esta noticia, que conocimos en 2013, se sumaba a la de otras dimisiones en países europeos de nuestro entorno, también vinculadas a plagios, falsedades y mentiras en currículos académicos y profesionales. Esta manera de actuar es un síntoma de salud democrática y de compromiso adquirido por las y los representantes públicos con sus votantes y con la ciudadanía en general. La salud democrática bien tiene que ver con cumplir la ley, pero también con cumplir los principios de transparencia y honestidad.

Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se permite mentir, contradecir y ocultar información a la ciudadanía a medida que, cada vez más indicios, siembran la sospecha sobre su máster en una universidad pública. No voy a detenerme a analizar todas y cada una de las preguntas a las que Cifuentes no ha respondido, ni en las incongruencias entre sus versiones y las de la universidad, ni en todo lo que ello supone para la falta de veracidad y de transparencia en un asunto tan grave. Eso corresponde al medio en el que hoy escribo, y particularmente a Raquel Ejerique, la periodista que ha investigado y destapado el caso.

Sí quiero detenerme en lo que, para la salud democrática de nuestro país, supone el periodismo de investigación independiente. Gracias a este periodismo hemos conocido escándalos como los Papeles de de Panamá, el caso del ministro Soria, el caso del máster de Cifuentes y muchos otros que no caben aquí. Y no sólo los hemos conocido, sino que la justicia ha actuado en muchos casos, de forma que criminales que hacían negocio con servicios públicos y con los impuestos de todos y todas, han acabado pagando por ello. Podemos decir que el periodismo de investigación está jugando en estos tiempos un papel determinante para destapar la corrupción política.

Así, el Partido Popular ve el periodismo de investigación como una amenaza y reacciona impulsando la ley mordaza, encarcelando a tuiteros y cantantes, o gobernando a base de publicidad institucional para poner medios al servicio de intereses partidistas. Incluso Cristina Cifuentes se atreve a decir que las noticias del periodismo de investigación son una cacería y un linchamiento contra ella.

Con lo fácil que sería para la presidenta regional ser transparente, colaborar con la justicia y con la investigación de la corrupción, con lo fácil que sería haber mostrado las actas del Canal o enseñar su trabajo de fin de máster (TFM)... Pero siempre elige el camino largo y más costoso, con abogados y sanciones, con el fin de que su escándalo se dilate en el tiempo y ver si se diluye bajo otros “líos” y se olvida.

Hoy Cifuentes se querella contra los valientes periodistas que destapan su caso del máster y hace unos meses amenazaba con sancionarme con un mes de empleo y sueldo por recordarle en sede parlamentaria que, ocultando las actas del Canal, estaba protegiendo a los corruptos. Enfrentarse a todo el sistema corrupto tiene consecuencias, sí, pero a estas alturas deberían haber aprendido que con querellas, sanciones y amenazas, no lograrán callar la boca de quienes hemos venido a cambiar las cosas y a señalar sus desvergüenzas.

La presidenta emplea muchas horas en hacerse video-selfies para explicar si es o no corrupta, en comparecer en la Comisión de corrupción del Congreso, en preparar su defensa, en denunciar a Granados, en querellarse contra periodistas,… Todas estas horas de todos estos días, Cifuentes deja de atender en la Comunidad de Madrid a las personas mayores y a las dependientes, deja de buscar soluciones para unos hospitales cuyos techos se caen a pedazos y donde se acumulan las listas de espera de pacientes y, durante esas horas, no está trabajando porque haya colegios suficientes en cada municipio y que nuestras aulas no estén masificadas.

El escándalo del máster es una falta de respeto a todas las familias madrileñas que han hecho un verdadero esfuerzo económico para que sus hijos e hijas puedan tener estudios superiores, con la esperanza de poder labrarse un futuro mejor mejor en nuestro país y no verse obligada a emigrar. Es una vergüenza que miles de familias pasen dificultades para llegar a fin de mes, para que sus hijas e hijos puedan tener un futuro mejor, para que cientos de estudiantes se esfuercen por sacar sus asignaturas adelante, preparar sus exámenes y pagar sus elevadas tasas universitarias para poder obtener un título, con la esperanza de no tener que viajar a otro país a buscar una salida profesional; todo ello mientras sus gobernantes se aprovechan de ser cargos públicos para que les regalen títulos universitarios en la universidad de todos. El escándalo del máster evidencia la diferencia entre Madrid y el PP, entre la gente que se esfuerza y saca este país adelante y quienes lo están saqueando. Madrid tiene futuro, Cifuentes no.

El PP madrileño ha suspendido en credibilidad y también lo ha hecho su socio de gobierno, Ciudadanos, del que no sabemos qué más tiene que pasar para que deje de sostener el gobierno de una presidenta que no tiene legitimidad moral para seguir gobernando. No sabemos cuándo pasará Ciudadanos de las palabras a los hechos.

A día de hoy, Cifuentes no ha respondido a múltiples preguntas sobre su máster, no ha querido comparecer ante el parlamento (lo hará forzada por los votos de la oposición) y no ha explicado las incongruencias entre su versión, la de la universidad y la de l@s periodistas. La gente necesita saber la verdad y, a día de hoy, no la ha escuchado de la boca de su presidenta. Sencillamente, Cristina Cifuentes debe dimitir porque ha demostrado no ser de fiar, ha perjudicado la credibilidad de la universidad pública y, sobre todo, ha traicionado la confianza de los madrileños y madrileñas.

Durante muchos años, nos han hecho creer que los varones debían dedicarse al trabajo productivo, al espacio público, a las fábricas, a gestionar gobiernos, a traer dinero a casa... Y mientras, a nosotras nos tocaba ocupar el espacio doméstico, las tareas del hogar y los cuidados familiares, el espacio privado era nuestro espacio de decisión. No es extraño, por tanto, que las mujeres cuidemos más que los hombres. Los datos demuestran que dedicamos más horas que los varones a las responsabilidades de nuestros hogares, tanto la limpieza como el cuidado de pequeños dependientes y enfermas. Un trabajo invisible que hemos realizado a lo largo de la historia. Sin embargo, ha sido el feminismo el que ha hecho que esto vaya cambiando a lo largo de la historia, provocando que muchas mujeres se negasen a que su mayor ámbito de decisión fuese el color de las cortinas de su salón.

Hubo mujeres como Concepción Arenal que rompieron barreras para que nosotras pudiésemos estudiar. Otras como Clara Campoamor, lucharon porque decidiésemos también en las urnas o consiguieron que fuésemos dueñas de nuestras propias decisiones, como la abogada María Telo. Más complicado lo tuvieron mujeres como Ángela Davis o Rosa Parks, referentes de la lucha por los derechos civiles, quienes a su condición de género debían sumar otras formas de opresión como el racismo, la xenofobia o la homofobia.

A pesar de que fueron criticadas, insultadas por su entorno e incluso perseguidas, hicieron valer lo que ellas creían justo y, a día de hoy, que las mujeres estudiemos, seamos libres para decidir, gocemos de plenos derechos o votemos, no solo se considera normal, sino que forma parte del sentido común. No se lo pusieron fácil, pero ellas siguieron el camino del cambio.

Las estrategias del movimiento feminista han sido muchas y muy diferentes: autoinculpaciones, libros, manifestaciones, huelgas de sexo, etc. Todas ellas para romper las normas legales y también sociales que hacían que mujeres y hombres fuésemos tratados de forma diferente. El resultado: han provocado avances sociales, han roto barreras culturales y han logrado sociedades más igualitarias y más democráticas.

El machismo se adapta y se reinventa cada día para amoldarse a la sociedad actual y, por ello, es imprescindible renovar las estrategias del feminismo. Así, en 2018, la estrategia elegida ha sido una huelga de las mujeres de todo el planeta. Una huelga feminista, que no se limita a una huelga laboral, sino que va más allá, a una huelga de cuidados, estudiantil y de consumo. Se trata de visibilizar todo aquel trabajo invisible que ha pasado desapercibido.

Quienes queremos cambiar los moldes sociales, los hábitos discriminatorios, las costumbres machistas y las leyes injustas, sabemos que seremos criticadas, cuestionadas, no solo por quienes se oponen a los cambios, sino también por quienes dicen ser nuestros aliados. Cambiar las cosas nunca ha sido fácil ni ha estado exento de piedras en el camino.

Como dice el lema feminista, “lo personal es político”, por eso para hacer cambios políticos enormes, debemos empezar por nuestras casas, por nuestros hogares, nuestros empleos,... Cambiaremos esta sociedad cuando en los hogares no haya mujeres maltratadas ni asesinadas, las empresas tengan más de la mitad de directivas, cobremos lo mismo en cada centro de trabajo, cuando los cuidados sean una responsabilidad social y no una responsabilidad de las mujeres de cada familia y cuando ninguna ley se atreva a obligarnos a ser madres.

La #HuelgaFeminista8M también va de esto. De removerlo todo. De poner a nuestra sociedad en una situación de reflexión sobre el papel que cada cual quiere jugar en este proceso de cambio. Porque si nosotras paramos, todo se para. Pero habrá un día en que todas, al levantar la vista, veamos una sociedad donde los varones tengan el mismo permiso parental cuando nazcan nuestros bebés, las mujeres no seremos señaladas como culpables de que nos violen por llevar ropa provocativa, los hombres cuiden las mismas horas que nosotras y donde no sea necesario convocar huelgas feministas.

Cobarde: dícese de quien es pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Este adjetivo bien podría ser utilizado para definir al Partido Popular, quien ha decidido abandonar la comisión de corrupción, asegurando la falta de respeto de Podemos a las instituciones. Resulta paradójico que quienes han debilitado nuestra democracia, con cientos de corruptos en sus filas, reprueben nuestra actuación en las mismas.

El mandato de nuestros votantes, fue el de devolver las instituciones a la ciudadanía y eso es lo que hemos hecho. Cabe plantearse cuál debería ser el calificativo correcto para quienes llevan utilizando las instituciones para su propio enriquecimiento durante casi veinticinco años. Veinticinco años de gobierno que han hecho inabarcable la corrupción del Partido Popular madrileño, con casi quinientos imputados en los tres principales casos que han asolado la Comunidad de Madrid. No resulta casual que de los cuatro presidentes del PP que ha tenido nuestra región, todos hayan estado implicados en casos de corrupción, lo que evidencia la naturaleza de quienes nos gobiernan.

El abandono de la comisión muestra la falta de compromiso por parte del PP en la lucha contra la corrupción. La comisión de investigación ha logrado arrojar luz y colaborar con la justicia, propiciando la imputación de numerosos comparecientes tras su paso por las sesiones parlamentarias. Se han abierto las puertas y las ventanas de las instituciones, rompiendo e impugnando el antiguo y viejo régimen, rindiendo cuentas a la ciudadanía.

Como representantes públicos, es nuestro deber luchar contra la corrupción, en todas sus formas. Escudarse en la oposición como justificación al abandono de una comisión que nos debería interesar a todos y a todas, resulta tan patético como aterrador. Quienes manejan el gobierno de nuestro país, prefieren seguir tapándose los ojos ante la corrupción que anida en las instituciones. Buena prueba de ello es el reciente informe del Consejo de Europa que evidencia la falta de voluntad del Gobierno para combatir la corrupción.

La señora Cifuentes, podrá intentar huir de la comisión de investigación, pero tarde o temprano tendrá que dar la cara. El PP no vendrá a preguntar, pero sí a responder cada una de nuestras preguntas, a través de sus imputados.

"Si queremos resultados políticos diferentes, debemos hacer las cosas de forma distinta. Y esta es la lectura que han hecho del momento político actual las candidaturas de unidad popular de muchos municipios", afirma la autora

Vivimos un momento excepcional porque existe una oportunidad real de cambio político. Hace unos años habría sido impensable que en una región como Madrid que decenas de municipios se organizasen en candidaturas de unidad popular con el único objetivo de disputar el poder a una clase política que ha sido incapaz de gestionar una crisis económica que ha destrozado la vida de miles de personas.

Si queremos resultados políticos diferentes, debemos hacer las cosas de forma distinta. Y esta es la lectura que han hecho del momento político actual las candidaturas de unidad popular de muchos municipios. La gente que vive y disfruta a diario su ciudad, la que conoce y padece los problemas de su pueblo o de su barrio, ha cogido las riendas y se ha organizado para lograr un cambio que ponga las instituciones mirando a sus habitantes, y no dándoles la espalda como hasta ahora.

Madrid es mucho más que corrupción. Un modelo basado en el clientelismo no sólo genera corrupción, sino que, además, es injusto e ineficaz. Las instituciones que dan la espalda a la gente no sirven para solucionar sus problemas; los Ayuntamientos que no cuentan con la participación ciudadana no adoptan soluciones justas ni acertadas; los parlamentos que no son transparentes regulan la vida de la gente sin cubrir sus necesidades. Frente a esta forma de hacer política, las candidaturas de unidad popular eligen a sus representantes mediante primarias y elaboran los programas electorales con las aportaciones de vecinos y vecinas. La unidad popular construye, así, un presente ilusionante que nos permitirá recuperar el futuro.

A todas las candidaturas ciudadanas las une un objetivo común: poner las instituciones al servicio de la gente. Y esto implica que el Ayuntamiento, el parlamento o el Gobierno de Sol sirvan para mejorar de verdad la vida de sus habitantes, para garantizarles una vida, unos servicios públicos y una participación real en las decisiones políticas. Poner la vida en el centro, y no el interés de unos pocos, es el cimiento del trabajo político de las candidaturas de unidad popular.

Es necesario un cambio, y ese cambio no puede dejarse en manos de los de siempre, ni pueden hacerlo otros. No podemos seguir mirando cómo una minoría política destruye lo que las mayorías sociales han estado construyendo y conquistando durante 40 años en este país.

Las críticas hacia las candidaturas ciudadanas son las críticas del miedo de quien se sabe no legitimado. Hablan de falta de experiencia, mientras la experiencia política de quien intenta frenar el cambio ha dejado unas instituciones quebradas, y una sociedad sin empleo y desahuciada de sus casas. Pero las gentes que han construido la unidad popular saben que necesitamos un sistema público de sanidad que no permita que se negocie con nuestras vidas, un nuevo modelo productivo que no esté basado en la especulación y la explotación, que el derecho a la educación no sea un negocio, y un modelo de ciudad que no sea hostil para quien viva en él.

Estas candidaturas están formadas por profesionales, por expertos y expertas de la sociedad civil, personas preparadas, conocedoras de la gestión educativa, de la sanidad, de entidades culturales... son vecinos y vecinas que conocen las necesidades y los problemas de su barrio, pueblo o ciudad, porque los viven y los sufren, y que, en algunos casos, no han tenido experiencia política previa.

Las expectativas electorales son muy positivas y existen posibilidades de gobernar municipios. Esta buena perspectiva requiere estar preparados y dotarnos de herramientas que nos permitan afrontar la campaña electoral en las mejores condiciones para ganar las instituciones. El momento político exige estar a la altura.

Por eso, este domingo celebraremos un encuentro formativo de las candidaturas de unidad popular, un interesante espacio en el que intercambiar experiencias y conocer claves que permitan a las personas candidatas y a los equipos de campaña encarar la cita electoral con las mejores herramientas políticas. Que se preparen los que no quieren dejar el poder, porque las candidaturas de unidad popular ya están listas para el cambio.

"Es momento de aportar compromiso ciudadano y sentido común para que nos escuchen. Podemos y debemos ser parte del cambio", afirman los autores

Hace ya 16 años que Madrid no conoce otro gobierno que no sea el del Partido Popular. Y 16 años son demasiados. No son sólo la trama Gürtel o la financiación ilegal. No son sólo Esperanza Aguirre, Ignacio González, Granados o Sepúlveda. Son unas instituciones que han dejado de servir al interés general y se han puesto al servicio de los de siempre, de los de las tarjetas black y los áticos.

Esta manera de entender la política conforma una Comunidad que no está pensada para vivirla, establece un modelo sanitario que no garantiza la atención para todas las personas por igual. Esta política, su política, vende la vivienda social a fondos buitre y pone la educación pública al alcance únicamente de una élite. Los servicios públicos se conciben como una oportunidad más de negocio y se recortan los derechos civiles... En definitiva, en este periodo hemos perdido derechos y libertades para que los cuatro empresarios de siempre se llenen sus bolsillos.

Hasta ahora, la política no sólo ha sido ineficaz, sino que también ha sido injusta, haciendo de la injusticia ley. Por eso, ha llegado la hora de que nosotras, la gente, seamos las protagonistas del cambio. Tenemos que acabar con un modelo que beneficia a unos pocos, y trabajar, entre todas, por recuperar el objetivo principal del trabajo político, que no es otro que ocuparse de la mayoría.

Las históricas movilizaciones que han llenado calles y plazas en los últimos años han conseguido concienciar a una ciudadanía que ya no se resigna a votar cada cuatro años unas listas cerradas y definidas por otros en pactos de despacho. Por eso, ahora con más fuerza que nunca, es la gente de Madrid, harta de ver cómo le roban el presente e hipotecan su futuro por los negocios de unos pocos, la que está organizando el cambio politico. Pero hace falta que todas y cada una de nosotras demos un paso más para recuperar lo que nos han quitado durante tantos años. La política ejercida por unos pocos ha pasado a la historia: es la hora de la gente. Es la hora de participar en este proceso de cambio inevitable, en este momento histórico en el que somos las ciudadanas y ciudadanos los verdaderos protagonistas políticos. Ya no sirve sólo quejarse y resignarse, toca implicarse y participar en los múltiples procesos de unidad popular para cambiar la política que se ejerce en tu barrio, en tu municipio, en la Comunidad de Madrid. La unidad popular no tiene sentido, ni se sostiene, sin ese pueblo que da forma a esa ilusión que recorre cada rincón sabiéndose protagonista del tiempo que nos ha tocado vivir.

Estos días, múltiples municipios han puesto en marcha primarias en los que estás llamada a participar. No se trata sólo de elegir a las personas que integrarán las listas electorales promovidas por un proceso ciudadano de unidad popular en la Comunidad; se trata también de recuperar esas redes comunes, de hacer barrio, de hacer ciudad. En definitiva, de hacer pueblo. Se trata de detectar nuestras necesidades y aprovechar esta oportunidad única para poder transformar la realidad en la que vivimos. Hemos perdido muchos derechos, nos han recortado muchos servicios, han silenciado (incluso podríamos decir “amordazado”) nuestra voz en muchas ocasiones. Es momento de aportar compromiso ciudadano y sentido común para que nos escuchen. Podemos y debemos ser parte del cambio.

La Comunidad de Madrid, como la valenciana, lleva años de estancamiento político. No sólo se han destapado casos de corrupción sino que desvela toda una forma de hacer negocios bajo el amparo del gobierno del Partido Popular, basados en el caciquismo y el amiguismo. Nada que ver con la optimización de recursos, la preocupación por el bienestar público o la apuesta por la innovación y el desarrollo.

Esperanza Aguirre abandonó la presidencia de la Comunidad pero no del partido, hay a quien le cuesta mucho perder el control. La misma mujer que no ha tenido nada que ver ni con la trama Púnica (aunque su número dos esté en prisión incondicional sin fianza por este caso), ni con la Gürtel, ni con el Tamayazo, ni con las tarjetas Black. Mucha corrupción bajo las alas de una mujer que asegura no haberse enterado de nada aunque no pierda el control de la maquinaria desde donde surge todo.

Ya llevamos tiempo diciendo que estamos en un momento de superación de siglas, de identidades, en pro de un espacio político, no sólo que ilusione, sino que consiga revertir toda la política antipersonas que ha venido desarrollando el PP en los últimos 20 años. La urgencia nos viene de un momento clave: las políticas de austeridad esconden un cambio de régimen donde quien pierde es la propia democracia.

Las leyes que ha venido desarrollando el gobierno y que se han implantado con mayor ferocidad en las Comunidades Autónomas donde el PP se siente con más impunidad suponen un recorte de derechos y libertades para las personas y un aumento de derechos y libertades para las corporaciones y las empresas. Empresas que están regentadas por amigos, aliados o directamente por quienes presuntamente han financiado al PP a través de sobres y cajas B.  

Pongamos algunos ejemplos: recientemente el Ayuntamiento de Madrid cambió la ley municipal que prohibía la construcción de edificios que superase cierta altura en el eje de Madrid Río. De esta forma dan posibilidad al pelotazo que la empresa Gil, que no el Atlético de Madrid, espera de los terrenos que quedarán tras el desplazamiento del equipo a la Peineta, estadio construido con dinero público. También permitirá la construcción de un hotel y centro comercial en los terrenos aledaños a El Matadero de Madrid. En ninguno de ambos casos el plan urbanístico se pone al servicio del pequeño comercio de la zona.

Otro ejemplo, el cambio de ordenanza municipal que permite ejecutar obras en edificios protegidos por su riqueza histórica. De esa manera se va a permitir construir un hotel en el Edificio Canalejas sin que ninguna regulación asegure que su riqueza arquitectónica interior se conserve. De nuevo perdemos los y las madrileñas.

Y podriamos poner más ejemplos: la cesión de terrenos públicos en Carabanchel para el enriquecimiento privado; la venta de vivienda pública a fondos buitre; la desprotección de gran parte de la Sierra de Guadarrama como Parque Natural lo que permite construir chalets en zonas donde debería fomentarse la protección  de la fauna autóctona; el blindaje a los conciertos educativos que blinda su financiación en detrimento de la enseñanza pública… y eso sin hablar del descalabro que está siendo la sanidad madrileña que le ha costado al PP ya cuatro consejeros de sanidad por prevaricación y cohecho.

Ante esta situación la urgencia de cambio parece clara. La urgencia nos apremia a las personas decentes que pensamos que otro Madrid es posible. Dar un paso adelante, superar siglas e identidades para facilitar un espacio político de unidad popular también para la Comunidad de Madrid es clave para que el proceso de cambio sea completo.

La apuesta por una política que elaborada por y para la gente, una política que pare desahucios, que reduzca los niveles de pobreza y permita a las familias dar de comer correctamente a sus hijos e hijas, que invierta en dependencia y sanidad, que elimine la exclusión sanitaria que en la actualidad deja sin servicio a miles de personas, que apueste por la innovación y el desarrollo en nuestras universidades, parando el ritmo de migrados jóvenes, que invierta en becas, que apueste por otra forma de movilidad menos contaminante y más eficiente, que invierta en el servicio de bomberos y no aumente el presupuesto en antidisturbios… una política que devuelva las instituciones a la ciudadanía.

El cambio político solo será posible si lo lideran las gentes de Madrid en un proceso unitario. Otras políticas son posibles. Y son posibles cuando las personas decentes de esta Comunidad nos unimos para dar, juntas, un paso adelante para llegar hasta el final. El sábado 21 de febrero, las madrileñas y madrileños que queremos lograr un cambio político desde la unidad popular, tenemos una cita: una Convocatoria por Madrid, para arrancar un proceso ciudadano que permita devolver Madrid a sus gentes.

La violencia de género debe abordarse de forma integral y esto exige actuar de manera persistente ante actitudes y valores patriarcales y machistas, fuertemente arraigados en la sociedad

Los estereotipos de género son algo que perpetuamos cada uno de los agentes sociales día a día: cada uno y cada una de nosotras ponemos un granito de arena cuando reímos un chiste o repetimos una conducta machista

Este 25 de noviembre volvemos a recordar, con acciones, con actos o manifestaciones que es necesario eliminar la violencia hacia las mujeres. Una reivindicación necesaria que se refiere, no sólo a las agresiones que sufren las mujeres (y sus menores) por parte de sus parejas, sino a todas las violencias machistas que se sufren diariamente, ya sean agresiones sexuales de desconocidos o pequeñas tiranías machistas de lo cotidiano de personas cercanas.

¿Qué ocurre en esta sociedad para que todavía hoy haya mujeres asesinadas? Aunque se ha avanzado mucho en nuestro país, las mujeres, hoy por hoy, no hemos alcanzado la igualdad en los salarios, ni en la política, ni en el empleo, ni en los cuidados... El machismo es algo intrínseco en nuestro modo de vida. Y puede parecer que no tiene relación que una mujer cobre menos por su trabajo con que asesinen a otra, pero esta desigualdad en todos los ámbitos es una suma de factores que tienen como resultado que la mujer sea considerada inferior o que se merezca un trato desigual o que entienda que debe someterse a las voluntades del hombre del cual está enamorada. Este machismo arraigado a lo más interno de nuestra sociedad, como todo problema estructural, requiere soluciones radicales (de raíz) a corto, medio y, sobre todo, a largo plazo.

La violencia de género debe abordarse de forma integral y esto exige actuar de manera persistente ante actitudes y valores patriarcales y machistas, fuertemente arraigados en la sociedad, ante las relaciones desiguales y ante la falta de autonomía y libertad de las mujeres, que ha empeorado por la crisis económica y por las políticas de recortes.

Luchar contra las violencias machistas es invertir económicamente en políticas de igualdad y no recortar en servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales...) que precaricen la vida de la gente y pongan en peligro los servicios de atención a las víctimas. Es decir, la prioridad para la administración deben ser las personas y no los bancos ni los pagos de la deuda.

Son necesarios los servicios de protección a las víctimas, así como los recursos de atención y recuperación de la vida normalizada, pero mientras no ataquemos los patrones de género que perpetúan la desigualdad y el poder patriarcal no erradicaremos el terrorismo machista que se lleva por delante la vida de las mujeres.

La coeducación en las aulas es imprescindible para que la equidad tenga futuro en nuestra sociedad, pero las soluciones no pueden quedarse sólo en inversiones a largo plazo porque, mientras tanto, muchas mujeres son asesinadas o viven una vida con violencias.

Cada libro de texto, cada anuncio en la televisión, cada noticia de prensa, transmiten estereotipos de género y perpetúan roles que, a su vez, generan una importante desigualdad. La legislación actual establece que es ilegal que se transmitan estos estereotipos, pero es necesario implantar un control en los medios de comunicación, realizar campañas de sensibilización y revisar los materiales educativos.

Mientras tanto, el personal de los centros de salud, juzgados, escuelas, centros psicológicos, servicios sociales... pueden detectar casos de violencias machistas, para poder evitar futuras situaciones de maltrato o para acompañar en un camino de denuncia a las víctimas que se han atrevido a dar el paso de denunciar. Es por eso importante que el personal que atiende y trata a las mujeres que puedan sufrir violencias machistas reciba la correspondiente formación en igualdad y en prevención de violencia de género.

Las instituciones tienen un papel fundamental para llevar a cabo políticas públicas que erradiquen las prácticas machistas y violentas de nuestra sociedad. Pero los estereotipos de género son algo que perpetuamos cada uno de los agentes sociales día a día. Cada amigo, cada vecina, cada compañera de trabajo, cada padre que cuenta un cuento, cada madre que enseña bricolaje a su hija, cada maestro, cada hermana somos agentes socializadores que perpetuamos roles o rompemos estereotipos de género. Cada uno y cada una de nosotras ponemos un granito de arena cuando reímos un chiste machista o cuando repetimos o incluso difundimos una conducta machista. O cuando esperamos de nuestras hijas que sean unas dulces princesas vestidas de rosa. Cada cual tenemos en nuestra mano no contribuir a esta imagen que sólo hace que nuestra sociedad sea peor.

Es importante lograr que las mujeres sientan que merecen un trato digno, que si no desean mantener relaciones sexuales no deben hacerlo, que su vida debe ser digna de ser vivida y que merecen una vida libre de violencias machistas. Y para ello, es preciso que tengan autoestima y sean educadas en la igualdad y en la corresponsabilidad, en el cuidado compartido y en la autonomía. Es lo que llamamos el empoderamiento de las mujeres.

Pero no olvidemos un dato fundamental, en el terrorismo machista quienes agreden son los hombres. Es por ello que los hombres son quienes deben reflexionar qué papel quieren jugar, qué estereotipos quieren perpetuar y qué privilegios quieren mantener. Aunque el gobierno mantuviese que las violaciones se evitan si las mujeres nos compramos un silbato, corremos las cortinas, o salimos acompañadas, lo cierto es que sólo si los hombres que agreden sexualmente dejan de hacerlo, se acabarán las agresiones sexuales machistas. Sólo si los hombres dejan de maltratar se acabará el maltrato de género. Los hombres tenéis un papel fundamental en este cambio hacia una sociedad equitativa.

Ya hemos ganado algunas batallas y superado muchas barreras. Hemos parado una ley y logramos echar a un ministro, ahora nos queda ganar esta lucha contra el machismo.

El feminismo se ha llevado por delante al ministro Gallardón y su reforma del aborto. Es una victoria de las mujeres. Podríamos decir que es una victoria de todas las mujeres, que ya no serán obligadas a ser madres, si no fuera porque Rajoy quiere legislar sobre la decisión de las menores, que sí verán amenazado su derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Paradójicamente, alguien decidirá por ellas si pueden ser madres, pero serán ellas las que tendrán que criarlo, educarlo y mantenerlo. Alguien decidirá sobre su maternidad, pero serán ellas las que tengan que ejercerla.

Efectivamente, es una gran victoria que Gallardón dimita y que se paralice el anteproyecto del aborto, pero aquí no se acaban todas las amenazas sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo: Queda pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional el recurso del PP a la ley actual del aborto. Y quedan pendientes de conocer las leyes que el Gobierno aprobará para imponer la maternidad a las mujeres jóvenes.

El Tribunal Constitucional deberá interpretar la Ley a la luz de la opinión actual de la mayoría social y atendiendo a la legislación internacional y los tratados de derechos humanos suscritos por España, donde los derechos sexuales y reproductivos son también derechos humanos.

Esperemos que todas las reformas que quedaron pendientes de aprobar por el ministro de Justicia, queden también en saco roto y no vean la luz, como la reforma del Poder Judicial, la limitación de la justicia gratuita o la reforma del Código Penal que criminaliza la movilización social.

La lucha sigue, porque el derecho de las mujeres sigue amenazado. Y porque hay otros muchos elementos que resolver como que las inmigrantes no tengan acceso a la sanidad, que el aborto siga en el Código Penal, o que las mujeres menores puedan ser obligadas a ser madres.

El Gobierno ha echado un pulso ético a la sociedad y ha perdido. Para dar marcha atrás alega que no existe consenso suficiente para llevar a cabo esta ley del aborto. ¿Y se dan cuenta ahora?, ¿acaso no han visto las movilizaciones en las calles? Su sordera política no les ha dejado escuchar las voces de los movimientos feministas y de otra mucha gente, organizada y no organizada, que ha salido a las calles a protestar por sus recortes a los derechos conquistados.

El feminismo se ha llevado por delante a Gallardón y su reforma del aborto. Sin duda, han sido los movimientos feministas quienes han impulsado esta lucha, pero ha sido la mayoría social quien ha salido a la calle a decir NO al recorte de derechos de las mujeres, a poner en riesgo sus vidas y a retroceder en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Una vez más, la protesta y la movilización social paralizan una reforma injusta y retrógrada. Otra vez podemos gritar que ¡si se puede!

Hoy toca estar alegres, celebrar la victoria de las mujeres y compartir la alegría de ser feminista y de reivindicar la igualdad. Y como lo mejor de las victorias es compartirlas, yo la compartiré con todo el mundo en las calles, este domingo, día de Acción Global por la Despenalización del Aborto.

El PP no ha decepcionado y sus propuestas en el debate del estado de la región sostienen un modelo que favorece a las grandes fortunas y se olvida de la ciudadanía con mayores necesidades

Escuchando el discurso de González, en el debate del estado de la región, pareciera que viviéramos en otra Comunidad. Según él, Madrid es punta de lanza en creación de empleo, en estabilidad laboral y tiene una impecable recuperación económica... Como si la situación de emergencia social que vivimos fuera fruto de nuestra imaginación. Como si no existieran el paro, la precariedad laboral, la pobreza, las desigualdades sociales, la malnutrición infantil, el desarrollo insostenible o la violencia machista y sólo estuvieran en nuestra cabecita. Pareciera eso, si no fuera porque se oían de fondo, en ese momento, los silbatos y lemas de los trabajadores y trabajadoras de la cafetería de la Asamblea, despedidos por Arturo Fernández, reclamando sus derechos laborales; ruidos que nos recordaban la cruda realidad.

Es el último debate del estado de la región que habrá esta legislatura, se acercan las elecciones autonómicas, y el presidente debía sacarse de la chistera alguna propuesta estrella que prometiera muchos éxitos. Es tradición del Partido Popular, usar este debate anual para hacer promesas que luego poder incumplir, como ya nos recordaba eldiario.es.

¡Tachán! La propuesta estrella de este año es un macroproyecto que consiste en retomar la construcción del Campus de la Justicia. Ya fracasó una vez, pero el PP madrileño insiste en el plan, ante la necesidad de reinventarse formas de privatizar. Cual Eurovegas, el proyecto promete una gran creación de empleo y faraónicas construcciones. No tendrá coste, anuncian, porque se financiará con el importe del alquiler de las sedes judiciales. Aunque no se alcanza a entender cómo se pagará el proyecto mientras se construye.

La Justicia debe servir para garantizar los derechos de la ciudadanía y el ejercicio de sus libertades, también las de reunión y manifestación. Y debe tener un papel esencial en tiempos de crisis, debiendo evitar la indefensión de las personas más vulnerables. Por ello, si al Gobierno madrileño le interesase mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia debería comenzar por proporcionar un sistema rápido y eficaz de justicia gratuita a toda la ciudadanía que lo precise, sobre la base de un servicio público y en cumplimiento de la obligación constitucional de proveer de la defensa jurídica a quienes carezcan de recursos. Igualmente, pagaría a tiempo a los y las profesionales del turno de oficio y no reduciría cada año el presupuesto en materia de Justicia (4% en 2014).

La dispersión de las 18 sedes judiciales madrileñas puede abordarse de muchas maneras, y el PP ha optado, en tiempos de recortes y austeridad, por la forma más titánica y desmedida. Eso sí, se empezará a construir tras el verano de 2015, una vez se haya terminado la legislatura. Quién sabe si esto se quedará en una promesa o será una última dádiva a empresas afines.

Lo único positivo es que nos ahorraremos el coste de la inauguración, que no es poca cosa. Porque Esperanza Aguirre ya puso la primera piedra del Campus de la Justicia, cuyo acto costó a la Comunidad de Madrid 1,4 millones de euros. Sólo el vino español para las personas asistentes al evento fueron 4.615 euros. Frente a este despilfarro, el PP limita el acceso al servicio de justicia gratuita de las personas que lo necesiten. Es cuestión de prioridades.

Pero las promesas del presidente no acaban aquí, también guardaba una sorpresa en materia de educación y otra en materia sanitaria. Pondrá en marcha un programa escolar para crear tecnología, sin concretar con qué dotación ni si el alumnado dispondrá de los medios tecnológicos suficientes. El PP madrileño, en lugar de preocuparse por el abandono escolar temprano o las necesidades educativas especiales, prefiere hablar de bachillerato de excelencia y de institutos tecnológicos. Si invertimos en la excelencia, y no en el alumnado con mayores dificultades, invertiremos en aumentar la desigualdad. Es cuestión de prioridades.

En materia sanitaria, Ignacio González pone fecha a la apertura del hospital de Collado Villalba tras dos años anunciando su apertura. Es un hospital público que se gestionará de forma privada; es el ejemplo de que la privatización de hospitales que defiende el Partido Popular es ineficaz económicamente. Ha supuesto un gasto de más de 11 millones de euros mientras se encontraba cerrado y no se prestaba ningún servicio sanitario. Frente a este despilfarro, el Gobierno recorta en prestaciones sanitarias y excluye del sistema de salud a personas extranjeras y jóvenes que no hayan cotizado suficiente. Es cuestión de prioridades.

El presidente ha disfrazado en su discurso la realidad del empleo. Incluso ha afirmado: “Madrid es la región que está liderando la recuperación económica”. Sin embargo, al presidente no le ha debido parecer importante el repunte de asesinatos machistas y la situación de la mitad de la población (las mujeres), porque durante las dos horas de su discurso no ha mencionado ni una palabra de las madrileñas ni la necesidad de luchar contra la violencia de género.

En resumen, el PP no ha decepcionado y sus propuestas en este debate de comienzo de curso, sostienen el modelo del “tanto tienes, tanto vales”, en el que se favorece a las grandes fortunas y se olvida de la ciudadanía con mayores necesidades.

El Parlamento madrileño acaba de aprobar la ley que servirá para adaptar, a nuestra Comunidad, la llamada Ley estatal anti-Ayuntamientos. De esta forma, la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local empezará a ejecutarse en los municipios madrileños.

El Parlamento madrileño acaba de aprobar la ley que servirá para adaptar, a nuestra Comunidad, la llamada Ley estatal anti-Ayuntamientos. De esta forma, la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local empezará a ejecutarse en los municipios madrileños.

El Gobierno madrileño pretende, así, vaciar de contenido el ámbito municipal que, sin duda, es el ámbito institucional más próximo a la gente y que mejor puede acercar los servicios a sus habitantes. Con la reforma local se ponen en peligro los servicios de proximidad, tales como la atención a personas mayores y dependientes, las escuelas infantiles, el mantenimiento de colegios y la promoción de la igualdad de género o la erradicación de la violencia machista.

Los recursos de igualdad entre hombres y mujeres y los recursos de atención a las víctimas de violencia de género son competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. No obstante, en la práctica, estos servicios se vienen prestando por los municipios, basándose en dos competencias de la Ley de Bases de Régimen Local: las competencias complementarias (art. 28) y las competencias por delegación (art. 27).

1) Hasta hoy, los Municipios podían realizar actividades complementarias de otras Administraciones y, en particular, actividades relativas a la promoción de la mujer. Pero en la reforma local, este artículo 28 es derogado, de manera, que la promoción de la igualdad deja de ser una competencia para los municipios.

2) Actualmente, la Comunidad suele delegar en los Ayuntamientos y Mancomunidades los servicios de igualdad y de atención a las víctimas de violencia machista (art. 27.1). Normalmente, celebran convenios, donde los ayuntamientos financian el 20% del servicio y la Comunidad el otro 80%. Es lo que se llaman competencias “impropias” o por delegación. Pero desde hoy, estos servicios están en peligro. Con la nueva normativa, los Ayuntamientos no podrán ejercer estas competencias impropias. Sólo podrán hacerlo si: tienen más de 20.000 habitantes, y si arbitrariamente lo decide la Comunidad y siempre que ese servicio no lo esté prestando simultáneamente otra Administración. Es decir, la nueva ley deja exclusivamente en manos del gobierno regional la posibilidad, arbitraria, de que los municipios puedan atender a las víctimas de violencia machista y de que se desarrollen políticas municipales de igualdad de género.

Me surgen más dudas que certezas: Si estos servicios los presta en adelante la Comunidad de Madrid, ¿abonará ese 20% más o por el contrario, supondrá un recorte de estos servicios? ¿cómo afectará a las mujeres rurales? ¿mejorarán los servicios o los recortarán? ¿Lograrán cubrir mejor las necesidades de la gente o simplemente obtendrán mayor control?

En resumen, las competencias complementarias (art. 28) se derogan y las competencias por delegación (art. 27) se recortan o se decidirá arbitrariamente su continuidad.

Pero sus barbaridades no acaban aquí. La ley autonómica de adaptación al Régimen Local tiene una memoria final donde analiza el impacto de género que tendrá esta nueva ley. En ella se permite el lujo de afirmar que “no procede evaluar el impacto potencial del proyecto normativo en los hombres y mujeres, por considerar que de la misma no derivan políticas discriminatorias”. Es decir, el legislador concluye que no hay que analizar si la reforma de todos los servicios públicos de todos los ayuntamientos madrileños afecta de diferente manera a hombres y mujeres. Esto es, sin duda, una falta de respeto tanto a la igualdad de género como al municipalismo y su incidencia en la vida de las personas.

Recapitulando, el PP hace una reforma laboral que aumenta el paro, rescata a los bancos que echan a las familias de sus viviendas, su fiscalidad beneficia a los ricos, su educación prima la excelencia y, ahora, va contra nuestros pueblos y ciudades. Y si nos parece poco, pretende obligar a las mujeres a ser madres, atacando sus derechos sexuales y reproductivos. Todas estas políticas forman parte de un modelo de país, de unas prioridades políticas y de una manera de gestionar un gobierno, que no busca mejorar los servicios públicos, ni las prestaciones de la ciudadanía madrileña, ni pone en el centro las necesidades básicas de la vida. Los Ayuntamientos necesitan más financiación, más transparencia, más cercanía y más democracia.

La reforma local es un ataque sin precedentes a las políticas de igualdad y supondrá un retroceso en la lucha contra la violencia machista. Desde luego, cabe preguntarse ¿esto no es una forma de violencia de genero institucional?