Ayer una noticia del Telediario nos contaba cuántos récords de temperatura se han batido en los últimos días en las distintas estaciones meteorológicas distribuidas por la Península Ibérica. No recuerdo la cifra exacta, pero me llamó la atención el mapa con decenas de puntos rojos por todo el territorio. Tras un noticiero cargado de imágenes sobre los incendios que asolan nuestros montes, los datos no dejaban lugar a dudas: el cambio climático está aquí. 

Estamos en medio de una ola de calor sin precedentes, cuyos impactos son ambientales y humanos. La muerte de un bombero forestal o la de un barrendero de Madrid literalmente fulminado por el calor ponen cara a una situación de extrema gravedad que, por cierto, una vez más, afecta más a los más vulnerables. 

Cabe recordar que solo unos días antes, en el Congreso de los Diputados, hice una referencia a la gravedad de la ola de calor en la que estamos inmersos, las risas de los diputados de la extrema derecha fueron sonoras. Tuve que pedir al presidente de turno que quizás habría que apagar el aire acondicionado para ver si al negacionismo que aún anida en la Cámara se le quitaban las ganas de reírse. El negacionismo no es la única razón para que no se avance en la lucha climática, pero tiene mucho que ver con la lentitud en la toma de medidas. 

Ya en el año 1988, Naciones Unidas creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), para facilitar el conocimiento científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático, sus causas, sus impactos, y las posibles estrategias para hacerle frente. En la actualidad, participan en el mismo miles de científicos de 195 países. 

Desde entonces, y cada vez con mayor contundencia el IPCC ha ido elaborando informes en los que se han ido desglosando los impactos del cambio climático en cada región del mundo. 

Inmersos como estamos en una ola de calor con una intensidad y extensión sin precedentes, debería ser obligado echar la vista atrás a los informes previos del IPCC. Por ejemplo, el cuarto informe del Grupo de Trabajo I, decía en el año 2007: “En un clima futuro más caliente, habrá mayores riesgos de que ocurran olas de calor más intensas, frecuentes y largas (…). En un clima futuro más caliente la mayoría de los modelos de circulación general atmosférica acoplados a un modelo oceánico ofrecen como pronósticos veranos más secos en la mayor parte de las latitudes medias y altas”. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que lo que los científicos pronosticaban ya está aquí. 

La pregunta que debemos hacernos es por qué si los científicos llevan tantos años advirtiendo de lo que viene, no se está actuando con mayor celeridad desde la política. He seguido desde hace muchos años las cumbres climáticas, y he vivido con frustración la lentitud de los avances. Ciertamente el negacionismo pagado con el dinero de los combustibles fósiles y sus ramificaciones políticas, ha tenido una influencia decisiva. Basta recordar la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París durante el mandato de Donald Trump, o los datos de destrucción de la selva amazónica durante el mandato de Bolsonaro en Brasil. Durante años el negacionismo se basó en financiar estudios que cuestionasen la ciencia climática. Hoy estamos ante un negacionismo puramente político que utiliza su oposición a las políticas climáticas para tratar de obtener un beneficio electoral. 

Pero el negacionismo no puede explicarlo todo. Hay una objeción de baja intensidad a las políticas climáticas quizás mucho más dañina. La hemos vivido en estos años en el Congreso, donde cualquier medida que pretendiera avanzar en materia de ambición climática o fiscalidad verde se encontraba con las reticencias y la oposición de una amplia coalición de partidos que complacientes han defendido, bajo otras premisas, políticas “retardistas”. Un buen ejemplo de esto es la oposición constante de la derecha “moderada” a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs) en las ciudades. En todas y cada una de las ciudades en las que se pretende ampliar el espacio de bajas emisiones, la oposición ha acudido a los tribunales para frenarlas, eliminando con ello de facto una medida imprescindible para reducir las emisiones. 

Ante el cambio climático se puede/debe luchar. No está todo perdido. Hay que evitar que el CO2 se siga acumulando en la atmósfera y para ello tenemos que seguir impulsando medidas para reducir las emisiones, al tiempo que trabajamos para mitigar sus impactos. No podemos dejar que el negacionismo nos lleve al desánimo. Pero también tenemos que denunciar ese “retardismo” de baja intensidad que tanto daño está haciendo a las políticas para reducir las emisiones.

Los impactos tan graves que estamos viviendo estos días deben servir de acicate para impulsar una mayor ambición en las políticas climáticas que habían quedado nuevamente sepultadas, esta vez bajo la prioridad de la guerra de Ucrania. Necesitamos más hidroaviones para luchar contra los incendios forestales, y menos aviones bombarderos. 

El establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) contaminantes en las ciudades es una herramienta fundamental para la lucha contra la contaminación urbana y el cambio climático. Sin embargo, cada vez que alguna urbe da el paso para establecerla, se convierten en fuente inagotable de presión política contraria y de recursos judiciales. Así ocurrió con Madrid Central y ahora se ha repetido con la ZBE de Barcelona, anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El coche es el elemento que mayor contaminación produce en las ciudades. Para restringir su circulación hace falta una gran valentía política, porque la respuesta a la misma tiene un carácter marcadamente populista y tienen como único objetivo tumbar cualquier paso que pueda poner coto a la contaminación, pero ganan fácilmente el apoyo popular desde la demagogia. La oposición a Madrid Central se basó en una simple defensa de la “libertad de usar el coche”, obviando los terribles impactos para la salud de la contaminación atmosférica. La consecuencia es que, a día de hoy, en Madrid no existen medidas efectivas de restricción de los vehículos privados y los beneficios para la calidad del aire conseguidos por la aplicación de Madrid Central han desaparecido.

Ahora, la sentencia del TSJC contra la ZBE de Barcelona es un nuevo golpe a una medida que se está impulsando en toda Europa. Ya hay 300 ciudades europeas que tienen Zonas de Bajas Emisiones, entre ellas Londres, Berlín París y Oslo. Por cierto, hay que recordar en primer lugar que tanto Madrid como Barcelona tienen abiertos sendos expedientes en la Comisión Europea por incumplir la legislación en materia de emisiones contaminantes y que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha anunciado sanciones por incumplir los límites de contaminación. ¿Qué proponen los jueces ante esto? ¿No hacer nada?

En el caso concreto de Barcelona se trata de la sexta ciudad europea con mayor mortalidad por contaminación del aire, con más de 1000 muertes prematuras al año. La contaminación provoca el 33% de los casos de asma infantil y está detrás del 11% de los casos de nuevos cánceres de pulmón. Estamos, por tanto, ante un problema real, que afecta directamente a la salud de las personas.

Cuando se toman medidas de vanguardia que abren caminos, como los son las ZBE, las administraciones que dan el paso tienen que enfrentarse a recursos y ataques de la oposición política y empresarial –como es el caso de Barcelona–, antes de acabar siendo asumidas por todos los sectores. En Barcelona la ZBE ha permitido evitar hasta 600.000 desplazamientos, lo cual debe considerarse como un éxito considerable.

La propia Ley de Cambio Climático aprobada en el Parlamento en mayo de 2021 establece la obligatoriedad de que las ciudades de más de 50.000 habitantes impongan sus ZBE. No hay otro camino para hacer frente al uso del vehículo privado en las ciudades, y son un elemento clave en la transición hacia un nuevo modelo de transporte.

El argumento utilizado por los jueces de que las Zonas de Bajas Emisiones pueden provocar “un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva”, que no pueden cambiarse el coche por uno con distintivo ambiental es falaz. Las personas más vulnerables económicamente son quienes más utilizan el transporte público, así que difícilmente les pueden afectar las restricciones ya que son las personas con más poder adquisitivo las que utilizan el vehículo privado. La verdad es que esa argumentación parece más una excusa para tumbar la ZBE que una argumentación basada en informes técnicos. De hecho, los jueces toman la decisión contraria a la que adoptaron hace año y medio, cuando rechazaron suspender de forma cautelar la ZBE al priorizar el derecho a la salud a las posibles consecuencias económicas.

Animamos al Ayuntamiento de Barcelona a recurrir esta sentencia para seguir adelante con la ZBE. Se trata de una medida necesaria que beneficia a la ciudadanía, y a la que, en todo caso el consistorio está obligado por la ley de cambio climático. Además, muchas otras ciudades están mirando lo que ocurra en Barcelona, una ciudad referente de nuestro país en las políticas climáticas, y de ello dependerá que se aprueben nuevas Zonas de Bajas Emisiones. Esperamos que se acabe imponiendo la razón ambiental, pero también la propia necesidad de cuidar la salud pública, por encima de cualquier interés económico.

Del 1 al 12 de noviembre se celebrará en Glasgow la COP26, la cumbre de la ONU en la que 197 países se reunirán con el objetivo de avanzar en el Acuerdo de París y en la lucha contra el cambio climático. Un aumento superior a los 1,5 grados de temperatura respecto a la época preindustrial pondría en jaque la biodiversidad y los recursos hídricos y alimentarios, causando hambrunas y migraciones climáticas en un mundo con menos recursos y una población en ascenso hacia los 9.500 millones de habitantes para 2050.

Sin embargo, estas cumbres han sufrido un grave descrédito en la sociedad debido al binomio político-empresarial que boicotea entre bambalinas cualquier progreso sustancial, y miles de jóvenes y no tan jóvenes han exigido a nivel mundial “hechos, no palabras” mientras en Europa estas exigencias se están cristalizando en la entrada de partidos verdes en distintos gobiernos.

A pesar de solemnes declaraciones políticas de emergencia climática por los parlamentos vasco y español no se está actuando con la emergencia política necesaria. De hecho, su emergencia ha sido favorecerse en un sistema de puertas giratorias con las empresas energéticas, como hemos visto con Aznar, González, Josu Imaz y recientemente el socialista madrileño, Antonio Carmona. Estas políticas pro-oligopolio, que han frenado durante décadas la transición a las energías renovables, es la razón de la gran dependencia al gas y los récords diarios en los precios de la luz.

La exigencia de transitar a modelos económicos más sostenibles y más justos para la sociedad y nuestro planeta está en nuestro ADN, y con ese compromiso estamos demostrando ser el único partido verde con la fuerza para hacerlo

Para romper esta dependencia, Unidas Podemos en el Congreso ha propuesto la creación de una empresa pública de energía renovable y recuperar centrales hidroeléctricas a medida que caduque su concesión para ir abaratando el precio de la energía a medio plazo. En el Gobierno Balear, donde Unidas Podemos lidera la Consejería de Energía, ya está en marcha una empresa pública de energías renovables.

Y es que pasar de las promesas a los hechos es la aspiración de Unidas Podemos y Elkarrekin Podemos. Así es como tras décadas de promesas fallidas para luchar contra el cambio climático, en julio de 2020, y al año y medio de entrar en el Gobierno, Unidas Podemos consiguió acordar y aprobar en el Congreso la primera ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Asimismo, el pasado 28 de septiembre, modificamos la ley de Cadena Alimentaria para que los precios de los productos agroganaderos cubran los costes de producción y no tengan pérdidas. Un gran paso para un sector excesivamente dependiente de ayudas y subvenciones que ha sido la base de la política clientelar del PP y PNV, que curiosamente se han abstenido en la votación de esta ley.

Y al hito de conseguir la protección del lobo en todo el Estado, en breve le acompañarán la aprobación de la ley de Bienestar Animal que protege a los animales domésticos y urbanos, y la ley de Residuos, que posibilita el sistema de devolución, depósito y retorno (SDDR) para aumentar el reciclaje de envases.

En Euskadi, sin embargo, la mayoría absoluta que ostentan el PNV y PSOE en el Parlamento blindan cualquier intento de crear políticas más sostenibles por chocar con intereses partidistas.

Lo hemos visto cuando han decidido unilateralmente —a pesar de pedirle constantemente a Pedro Sánchez “bilateralidad”— destinar millones de euros de fondos europeos y sin ninguna concurrencia competitiva a ciertas empresas muy afines al mundo jeltzale para crear un nuevo oligopolio, pero esta vez de energías renovables. Y es que el Gobierno Vasco ha firmado convenios y alianzas con Iberdrola, Grupo Mondragón y Repsol-Petronor para darles ventaja competitiva en el negocio eólico, solar y de hidrógeno. Además, con proyectos solares y eólicos en zonas protegidas y rurales, sin ningún consenso social y sin aprobar el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables que establezca zonas de exclusión de estas instalaciones por impactar en el medioambiente.

En el Parlamento Vasco, asistimos atónitas a la tramitación de leyes ambientales en las que, paradójicamente, favorecer los intereses económicos de ciertos sectores es la columna vertebral de normas que son, o eran, para proteger el medioambiente.

La ley de Protección Animal no protegerá a los animales silvestres urbanos ni a los animales de granja para no presionar a los ganaderos, y la ley de Administración Ambiental permitirá a las industrias y vertederos -recuerden Zaldibar- seguir contaminando y dañando nuestra salud al establecer controles muy laxos en vertidos, emisiones y residuos.

La ley de Conservación del Patrimonio Natural, la primera norma ambiental que será aprobada, y con el apoyo de EH Bildu y el PP, es una alfombra gris para seguir explotando los espacios naturales protegidos por el sector energético, industrial y ganadero. Propusimos prohibir instalaciones industriales, energéticas y el monocultivo de pinos y eucaliptos en los espacios protegidos y crear una Agencia Vasca de la Biodiversidad. Todas rechazadas por el Gobierno.

Asimismo, fuimos el único partido en Euskadi en apostar por ayudar a la ganadería en la convivencia con el lobo ante otros partidos que sintieron vértigo y se arrugaron por intereses electoralistas.

Fuimos el único partido en Euskadi en apostar por ayudar a la ganadería en la convivencia con el lobo ante otros partidos que sintieron vértigo y se arrugaron por intereses electoralistas

Sin embargo, a veces conseguimos pararle los pies al Gobierno Vasco. La ley de Cambio Climático estatal prohibió y detuvo los nuevos proyectos de gas en Araba. Además, recientemente, las más de 100 alegaciones presentadas por Elkarrekin Podemos han servido para detener dos proyectos eólicos en los espacios protegidos de Arkamo y Montes de Iturrieta.

La exigencia de transitar a modelos económicos más sostenibles y más justos para la sociedad y nuestro planeta está en nuestro ADN, y con ese compromiso estamos demostrando ser el único partido verde con la fuerza para hacerlo. Sin vértigos, sin ataduras y sin promesas incumplidas. Con hechos.

Las cubiertas de nuestros edificios nunca han sido lugares amables, más bien fuente de problemas –goteras, amianto…–, o simplemente espacio para las aves, no han tenido especial valor, hasta hoy. Ahora son el lugar en el que instalar las placas solares que generarán la electricidad y el agua caliente que pueden hacer nuestras viviendas energéticamente autosuficientes.

La sentencia del Tribunal Constitucional que eliminaba del impuesto al sol (RD 900/2015) los artículos que dificultaban el autoconsumo y la derogación del Reglamento terminan con la lógica de prohibición que el gobierno del PP implantó durante unos años, ahora hay que legislar en positivo, para fomentarlo. Centrémonos en la energía doméstica ¿cómo será la energía de nuestras casas? La imagen es un edificio que tiene la cubierta repleta de paneles que producen energía en conjunto y que es distribuida al interno por una microrred propia que tiene un contador en cada vivienda. Se produce en común y se consume individualmente. Hacía el exterior hay un solo contador que engancha al edificio con la red en la que se intercambia la energía, los excedentes y las necesidades, se produce el balance neto.

Puede ser un edificio, una manzana o una urbanización, en realidad es una unidad de producción y consumo de energía que tiende a ser autosuficiente. Más, cuanto más grande es y si se ha sumado a los proyectos de rehabilitación integral que mejoran su eficiencia energética. Con menos consumo –más eficiencia– es más sencillo que la autoproducción sea suficiente.

Que esta imagen sea real necesita un planteamiento nuevo y un cambio legislativo en dos direcciones. Una para permitir que los edificios puedan tener microredes y, por tanto, un solo punto de conexión a la red, un solo contador. La otra para proteger como espacio común las cubiertas, en la misma lógica que se hace con el suelo. La Ley del Suelo define cómo usar éste y el papel de la Administración como garante de un uso compatible con el bien común. Así hay que legislar sobre los tejados, que sean lugar común de las comunidades, con reconocimiento de su función social protegiendo su capacidad de producir para todos y todas, y que no se pueda especular con ellos.

La energía eléctrica ha alcanzado en septiembre su precio más caro de la historia. Ha subido un 11% en el último año, siete veces más que los salarios desde que comenzó la crisis hace diez. Esta situación empobrece a las familias, en especial a una de cada diez que se encuentra ya en pobreza energética. La propuesta que hacemos permitiría en diez años sacar casi al completo el consumo de energía doméstico de los gastos familiares, acceder a él en propiedad. Para unas familias sería un aumento de la renta de un 4% que son los costes energéticos de un hogar, para otras salir de la pobreza energética establemente, sin necesidad de bonos sociales, una eliminación de la desigualdad estructural.

Hoy en la Asamblea de Madrid se debate una Proposición No de Ley en este sentido, es el punto de partida para una serie de leyes que regulen en positivo el acceso a la energía en nuestras casas. Que debe ir acompañado de sistemas de apoyo, ayudas y créditos, de facilidades para que así sea.

Ya no hay duda de que las energías renovables son el futuro, que vamos a tener paneles en nuestros tejados, la duda es si van a ser derechos que compren y con los que puedan especular los fondos de inversión o espacios de producción de las comunidades que las hagan autosuficientes. Por una vez, vamos a empezar con urgencia la casa por el tejado.

Los seis años de Gobierno del Partido Popular han supuesto un auténtico desastre para el medio ambiente en nuestro país. Las políticas contraecológicas que desarrolló el Gobierno de Rajoy se han llevado por delante las leyes ambientales que se construyeron a lo largo de los años de la democracia. Urge salir del túnel y construir las nuevas políticas ambientales que hagan frente a las grandes crisis ecológicas del siglo XXI: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

España es especialmente vulnerable al cambio climático, que está afectando ya a recursos clave para nuestra economía como la disponibilidad de agua, los recursos pesqueros o la fertilidad del suelo. El aumento de la desertificación amenaza especialmente amplias zonas del sur y sureste de la península ibérica. Los datos que hemos conocido sobre el nuevo récord de temperatura registrado en Argelia hace sólo unos días no dejan margen para el optimismo, y nuestra posición geográfica limítrofe con África debería ser una advertencia suficiente. En este contexto, los años de inacción son inexplicables. Ahora hay que recuperar el tiempo perdido.

La lucha contra la crisis ecológica debe ser global, pero nada justifica que nuestro país, con un enorme potencial para el desarrollo de las energías renovables, se haya quedado parado durante casi una década, poniendo obstáculos al desarrollo de las energías limpias. En este tiempo España se ha desplomado en el ranking europeo de energías renovables, pasando del segundo lugar al decimosexto…y bajando. Ahora hay que revertir esta situación.

Hasta aquí las malas noticias, ahora las buenas: si hay voluntad política y consensos suficientes, muchas de las políticas que nos han traído aquí pueden revertirse. Esto es especialmente cierto en materia energética. Desde la entrada con fuerza de la energía eólica hace ya unos años, el mix energético no ha variado sustancialmente. Quizás el cambio más notable en los últimos años haya sido un aumento del peso del carbón en la generación eléctrica, que ha tenido como consecuencia el aumento de emisiones de CO2 del 4,4% en 2017.

Parece haber un amplio consenso político sobre la necesidad de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero ese presunto consenso puede también ser un espejismo, ya que bajo ese título cabe casi todo, como hemos visto con la reciente presentación por parte del exnegacionista del cambio climático Rafael Hernando de una proposición de ley del Partido Popular. Es imprescindible que esa ley sea ambiciosa y contemple objetivos que vayan mucho más allá del mandato de la Unión Europea; que sea transversal y afecte a todos los sectores que tienen incidencia en las emisiones de gases: energía, transporte, edificación, agricultura y ganadería, industria y urbanismo; y que sea socialmente justa, desterrando la pobreza energética y apoyando modelos de transición social en las comarcas que se puedan ver afectadas por los cambios.

Desde mi punto de vista hay elementos imprescindibles que debe contener esa ley. En primer lugar el reconocimiento de que el actual mix energético sigue siendo inadecuado, y de que hay que avanzar hacia un modelo 100% renovable. A estas alturas, seguir discutiendo la necesidad del cierre del carbón o de la nuclear -de la cual hoy Teresa Ribera ha confirmado el cierre tras 40 años de vida útil de las centrales- nos aleja de esa transición energética. ¿Decimos todos lo mismo cuando hablamos de transición energética? ¿Queremos llegar todos al mismo punto? Esto es lo primero que debemos clarificar. Llegar a un modelo renovable supone también apostar por una descentralización de la energía, por el acceso universal a la misma para todas las personas y por su democratización. Es un modelo opuesto al oligopolio que domina actualmente el mercado energético español, pero que es ecológicamente beneficioso, socialmente ventajoso y tecnológicamente posible. Eso sí, quizás no asegure asientos en consejos de administración.

Ahora el Gobierno del PSOE tiene la posibilidad de dar los pasos necesarios para ese cambio de modelo energético. El debate está abierto, pero es urgente actuar. Sabemos a dónde queremos llegar y sabemos cómo hacerlo. No perdamos más tiempo.

Ya en el año 2006 el economista británico Nicholas Stern publicó un informe sobre el daño económico global que supondría la inacción contra el cambio climático. Stern cuantificó el coste de las inversiones necesarias para la lucha contra las emisiones contaminantes en un 1% del PIB mundial; pero también vaticinó que si no se actuaba los costes serían 20 veces mayores. Pero lo que quedó muy claro en su informe es que sería mucho mayor el coste de no hacer nada: la inacción pasa factura.

Cada día los impactos del cambio climático son más visibles: intensas olas de calor, aumento de los incendios forestales, veranos cada vez más largos, aumentos de las temperaturas. Lo cierto es que la realidad está dejando cortos los escenarios más pesimistas; quizás sólo se han equivocado en una cosa: el cambio es más rápido de lo previsto.

Pero no es sólo el cambio climático. En las últimas semanas diversos informes han vuelto a elevar el nivel de alarma sobre el grado de destrucción que nuestra actividad está causando en el Planeta. Un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences concluye de forma contundente que estamos ante la sexta extinción de especies vivas.

La destrucción de los hábitats naturales, la introducción de especies exóticas invasoras, la sobrexplotación de los recursos hídricos y la sequía, la expansión urbanística sin freno, los incendios forestales, las prácticas agrícolas intensivas, la utilización de sustancias químicas nocivas, la caza indiscriminada, la contaminación de las aguas, los plásticos en el medio marino… Son tantas nuestras acciones que tienen como consecuencia el declive de la biodiversidad, que es profundo y urgente el cambio que tenemos que acometer en nuestro modo de vida si queremos frenar este drama. Pero, ¿por qué estamos tardando tanto en reaccionar?

Hay datos escalofriantes sobre los impactos en la salud de la contaminación. Según el estudio Medioambiente saludable, gente saludable, presentado en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más de doce millones de personas al año mueren a causa de la contaminación y la degradación del medio ambiente; cifra 234 veces superior a la que provocan los conflictos armados.

El coste de la destrucción ambiental trasciende ya lo ecológico, para convertirse en un problema de índole social y económico, y cada día que pasa la situación empeora. El factor tiempo es un elemento que diferencia la lucha ecologista de otras luchas sociales, ya que los efectos de la degradación están siendo en muchos casos irreversibles, y los impactos pueden tardar decenios en ser visibles.

La situación es extrema: la crisis ecológica se ha agudizado en los últimos años, y ya no hay rincón del Planeta que sea ajena a esta urgencia. Es necesario actuar, y hacerlo en todos los frentes. Nada puede justificar la pasividad política en la que estamos inmersos. Hacen falta cambios profundos en un modelo económico cuya principal víctima somos nosotros mismos. Sin duda, la acción ciudadana es imprescindible, pero no es suficiente. Es necesario que las instituciones públicas en las que se toman cada día decisiones que afectan a nuestro futuro común afronten de forma prioritaria la acción para detener el deterioro ecológico. Pero como explicó Naomi Klein: “No se trata solo de cambiar las bombillas, sino el modelo económico”.

La retórica ya no sirve contra el cambio climático. La filtración del borrador del informe que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) está preparando y que será clave en las negociaciones de la próxima cumbre del clima COP24, ha puesto en evidencia que estamos perdiendo la batalla global para salvar el clima.

Quizá a más de uno le sorprenderán o le aterrarán – o quizás las dos cosas- algunas de las afirmaciones que se recogen en el informe, como que  “limitar el calentamiento global a 1,5ºC (en 2100) requerirá una rápida y profunda reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)” o que alcanzar los 2ºC conlleva un importante aumento en la intensidad de las consecuencias del cambio climático. Pero en cualquier caso, entenderá que la cosa no pinta demasiado bien: incluso cumpliendo los actuales compromisos del Acuerdo de París el problema no desaparecerá.

Ya es imposible seguir mirando a otro lado o echar balones fuera. Algunos lo venimos diciendo hace tiempo: hay que ser mucho más ambiciosos, y de manera muy urgente. El informe es contundente y pone negro sobre blanco la imposibilidad de dilatar más la toma de medidas efectivas, ya que si continuamos con las políticas actuales será imposible reducir las emisiones a tiempo para no superar los 1,5ºC o incluso los 2ºC. De hecho, el borrador del informe ya considera que no nos encontramos en disposición de alcanzar ciertos horizontes: “Incluso con la mitigación de emisiones de CO2 más restrictiva considerada en un escenario de 1,5ºC, si el resto de las emisiones de los elementos responsables del cambio climático no se reducen significativamente, existe una probabilidad mayor del 66% de que la temperatura global supere los 1,5ºC”.

Conseguir el objetivo requiere un compromiso político mucho más consistente para forzar una descarbonización de la economía a pasos agigantados. No sé qué pensará el ministro Nadal cuando lea que, para no sobrepasar los 1,5ºC un tercio de la energía deberá ser renovable en 2030; o que debe dejarse de usar el carbón de manera urgente. Lamentablemente, estoy seguro, de que seguirá con sus planes de defensa de las energías sucias, a costa de las renovables.

Sin embargo, el coste de esta desastrosa política es algo que no nos podemos permitir porque ya estamos a punto de cruzar el límite. Si el escenario del 1,5ºC limita – que no evita- los impactos del cambio climático, subir medio grado más implica efectos desastrosos: aumenta el riesgo de inundaciones, sequías, escasez de agua e intensas tormentas tropicales. Las consecuencias subsiguientes son, entre otras, la reducción de cultivos, extinción de especies, el aumento del hambre, la migración y el conflicto.

Pero el cambio no sucederá por casualidad. Tal como advierten en el borrador del informe el cambio necesario “no tiene precedentes históricos documentados”, sino que “requieren más planificación, coordinación e innovación disruptiva entre los actores y las escalas de gobierno que los cambios espontáneos o coincidentes observados en el pasado”.

Esto se hunde mientras los principales actores políticos tocan el violín en la cubierta. En España el Gobierno parece no tener ninguna prisa por tomar medidas, y evita llevar adelante una ley ambiciosa contra el cambio climático. Menos mal, que en algunas Comunidades ya han tomado nota, la última Baleares que han presentado esta semana una ley de Cambio Climático pionera. Perdemos la cuenta de los meses que han pasado desde que la ministra Tejerina anunció el proceso para presentar un borrador de Ley. La irresponsabilidad de este Gobierno no parece tener límite, pero las emisiones de CO2 sí. Si creen que estoy exagerando, lean el borrador si pueden; a mí me ha dejado la piel de gallina.

A Rajoy el cambio climático le importa muy poco. Sus políticas son un ejemplo diario de ello. A pesar de los graves impactos que sufrimos en España como consecuencia del cambio climático, estos no parecen hacer mella en él. Mientras otros líderes europeos aprovechan la ausencia de Estados Unidos, tras el anunciado abandono de Trump del Acuerdo de París, para recuperar el liderazgo europeo perdido, Rajoy hace mutis. Ni está, ni se le espera.

Rajoy ha perdido en Bonn una oportunidad única de sumarse al pacto entre Merkel y Macron contra el cambio climático. Puestos a buscar lo más interesante de la Cumbre del Clima (COP23) celebrada en Bonn yo destacaría el paso adelante de dos líderes europeos, Merkel y Macron, asumiendo que Europa debe recuperar el liderazgo climático que perdió en Copenhague en 2009. Y es que la lucha contra el cambio climático ha estado durante años huérfana de líderes capaces de generar el necesario impulso político que necesita. Por eso, creo que la foto de la Cumbre es la de Merkel y Macron, devolviendo a Europa un rol determinante en una cuestión global.

Sin embargo, Rajoy no estuvo aquí y ha perdido la oportunidad de corregir su imagen de escéptico del clima que arrastra desde aquellas lamentables palabras suyas sobre su primo el físico que dudaba del cambio climático. Rajoy no ha estado en la Cumbre, porque esto del cambio climático se lo cree poco y le interesa aún menos. Pero lo cierto es que nuestro país está sufriendo con especial virulencia el cambio climático: este verano ha sido un aviso de lo que puede venir si la situación se sigue agravando: intensas olas de calor, aumento de los grandes incendios forestales, altas temperaturas, adaptación creciente de especies exóticas invasoras, pérdida de biodiversidad, sequías cada vez más pertinaces... Los impactos del cambio climático en España son notables y lo serán mas.

En este contexto el papel de España en esta Cumbre ha vuelto a ser irrelevante. El Gobierno de Rajoy se limita a cumplir lo que exige la Unión Europea, renunciando a cualquier ambición de ir más allá. Opta por el perfil bajo, y vuelve a prometer una ley de cambio climático como ya hizo en Marrakech, pero sobre la que sigue sin haber un borrador para su discusión en el Congreso. Hay un gran consenso social sobre la necesidad de esa Ley de Cambio Climático, pero las crecientes diferencias entre los titulares de los ministerios de Agricultura y Energía, Tejerina y Nadal parecen ser cada vez mas insalvables, y estar detrás de ese retraso injustificable.

Pero vender humo tiene sus límites: el parón de las energías renovables nos va a pasar una fuerte factura en este año de 2017, en el que vamos a ver una subida brutal de las emisiones de CO2 españolas: precisamente la sequía y la falta de agua reduce la producción hidroeléctrica, y se reflejará en un gran aumento de las emisiones.

La ausencia de Rajoy de la Cumbre de Bonn no es casual. Es el reflejo esperable de quien hace políticas de espaldas a su medioambiente, y de quien no entiende el verdadero rol de Europa en el mundo del siglo XXI.

La lógica del actual modelo económico nos ha llevado a tres grandes crisis: económica, social y ecológica. Pero hay dos consecuencias terribles de la aplicación de la lógica del sistema que corren paralelas y desbocadas: la profundización de la brecha de desigualdad social, y el agravamiento del deterioro ecológico.  Los indicadores son cada vez más contundentes, y en algunos casos, como el deterioro ambiental, son ya irreversibles.

Esta situación global, se reproduce localmente de forma imparable. La crisis ecológica que sufre nuestro país es cada vez más profunda, y no se está actuando para detenerla.

El cambio climático tiene especial impacto en nuestra región. Pequeños cambios de temperatura o en el régimen de lluvias pueden tener efectos devastadores sobre nuestro entorno. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que tendrá sobre nuestro litoral una subida del nivel del mar, aunque sea de unos pocos centímetros. En unas costas colonizadas por miles de edificios que están, en muchísimos lugares, a solo unos metros del agua, la subida del nivel del mar va a ser devastadora. Y la subida del mar no es una hipótesis, está ocurriendo ya. De hecho, algunos países europeos están tomando medidas preventivas ante lo que se nos viene encima. En nuestro litoral hay amplias zonas urbanizadas que, más temprano que tarde, van a ser alcanzadas por la subida del nivel del mar. ¿Cómo vamos a responder cuando esa situación llegue? Ese día cada vez está más cerca.

Uno de nuestros recursos más básicos, y uno de los más limitados, por excelencia en España es el agua; y en muchos casos, la situación es ya insostenible. La persistencia del trasvase del Tajo al Segura, por ejemplo, ha condenado al Tajo a una situación agónica: en años de sequía, el Tajo baja herido de muerte por el trasvase de cabecera. A esto hay que sumarle que la Comisión Europea ha incoado a España un expediente sancionador por el incumplimiento de la Directiva de Calidad de Aguas: el agua de nuestros ríos no alcanza en muchos puntos la calidad requerida debido a la falta de depuración. Contaminamos el agua por encima de nuestras posibilidades en un país árido y en el que es un recurso tan escaso; recordemos que el 80% del agua va destinada a regadíos, y estos siguen aumentando, de forma legal o ilegal, a pesar de la creciente escasez del líquido elemento.

El caso de Doñana es un ejemplo de la incontrolada gestión del agua: cientos de pozos ilegales que alimentan riegos de cultivos de fresas y otros productos, extraen el agua y secan el parque, cada vez más seco.  A esto le sumamos que el Ministerio de Industria ha permitido que el subsuelo de una de nuestras joyas naturales se convierta en almacén de gas, abriendo un nuevo flanco para la débil salud del Parque Nacional.

Queda claro que el deterioro ecológico corre paralelo a  la indiferencia política de este gobierno. Los presupuestos menguantes para cuestiones clave como el medioambiente o cambio climático se suceden cada año. Como muestra un botón: en 2017 el Gobierno sólo destinará a la lucha contra el cambio climático lo que cuesta un kilómetro de AVE. Sin embargo, las consecuencias económicas de esta indiferencia las sentiremos durante mucho más tiempo.

El medio natural también sufre en nuestro país. Un mundo rural cada vez más despoblado que sobrevive con un modelo agrícola intensivo, está teniendo consecuencias devastadoras sobre la fauna. Según SEO/Birdlife, las especies de aves más propias del mundo rural desaparecen sin remedio, como consecuencia de unas prácticas agrícolas insostenibles. La población de sisones, ave del año 2017, se ha visto reducida en un 50%, al igual que especies en principio tan comunes como la golondrina o los gorriones. Anfibios y reptiles también ven menguar su número, y tan solo algunas especies emblemáticas y muy protegidas se recuperan levemente.

Nuestro territorio sufre cada día las consecuencias de querer convertirlo en la base de proyectos extractivos de alto impacto ambiental. El fracking, las minas de uranio de la empresa Berkeley en Salamanca, las de feldespatos en la sierra de Ávila o  los proyectos de minería de tierras raras, son ejemplos de esta nueva ola de extractivismo con proyectos socialmente desfavorables y ecológicamente desastrosos, que solo tienen la ventaja de lucrar a sus impulsores durante unos pocos años, sin tener en cuenta que las consecuencias permanecerán durante siglos.

Otro de los elementos que agudizan la crisis ecológica es el modelo energético. En el país del sol y el viento, las energías renovables sufren una marginación política sin parangón. En unos años se ha desmantelado un tejido industrial puntero que llevó a nuestro país a un liderazgo hoy desaparecido. Se prefiere apostar por mantener la dependencia de los hidrocarburos, con lo que lo conlleva en los niveles de contaminación del aire; o por centrales nucleares que van alcanzando la edad de los 40 años, y son por tanto, cada vez más peligrosas para la ciudadanía y para el medioambiente.

Las ciudades y sus habitantes también sufren el deterioro ecológico causado fundamentalmente por el absoluto dominio del vehículo privado en el  transporte. Según datos de Ecologistas en Acción, nueve de cada diez españoles viven en una zona donde los niveles de contaminación atmosférica son superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aproximadamente un tercio está afectado por una tasa de polución que incumple los límites legales que establecen las directivas europeas. Es decir, respiran un aire con riesgos potenciales para su salud.

Todos estos hechos ponen de manifiesto que el deterioro  ecológico en España es muy grave. Hoy veremos a ministros y políticos gobernantes con actos y bonitas fotos celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente; pero eso es insuficiente. Lo urgente es poner en marcha medidas que, de una vez, nos lleven a atajar las causas de esta auténtica crisis en la que estamos inmersos.

El pasado domingo el periódico La Razón se marcaba una portada con una enorme foto de un perro, y el titular “No al maltrato animal”. Lo hacía precisamente destacando que este jueves se aprobará previsiblemente en el Congreso el Convenio europeo de protección de los animales de compañía. Podría pensarse que el hecho de que un medio tan descaradamente progubernamental lance esta campaña puede responder a que por fin se abre hueco en la agenda del Gobierno la protección animal, pero nada más lejos de la realidad. Y es que en esto, como en todo, la política juega un papel muy importante; pero el PP que gobierna es el que rebaja el IVA a la tauromaquia o pretende mantener como legal la amputación del rabo de los perros.

Vaya por delante que el Convenio europeo, que por fin se aprobará el jueves, es del año 1987. Es decir, nuestro país va a tardar nada menos que 30 años en ratificarlo para que entre en vigor. Este retraso además viene acompañado de una reserva que ha traído una enorme lucha en el Congreso: la reserva española a la prohibición de la amputación de la cola de los perros, recogida en el artículo 10 del Convenio.

Efectivamente, no solo se han tardado 30 años en ratificar el Convenio, sino que desde el Gobierno quiere hacerse de forma incompleta, eliminando un aspecto clave. Desde Unidos Podemos presentamos una enmienda contra esta reserva española, pero nos hemos encontrado con una oposición feroz a que se elimine. Nuestra petición de que, tal como establece el Convenio, se prohíba la amputación del rabo de los perros está siendo combatida con uñas y dientes por el lobby cazador, apoyado por el Partido Popular.

En realidad, ningún argumento científico sostiene que sea necesario amputar el rabo a los perros cazadores: ¿acaso no cazan los lobos con su cola? Un estudio más amplio realizado sobre la cuestión demostró que, de 138.212 perros estudiados a lo largo de dos años, sólo el 0, 23 % acabó teniendo alguna lesión en la cola; y de las 281 lesiones registradas solo el 17% se produjo en el exterior.

El lobby de la caza campa a sus anchas por el Congreso, y ejerce una presión indudable sobre los grupos políticos; yo mismo soy testigo de las llamadas y presiones que están ejerciendo para que se mantenga la prohibición. Lo que en una primera votación contra la reserva fue casi unánime –con la excepción del PP– luego se transformó en otra enmienda –apoyada por PP, ERC y PNV– que volvió a poner en su sitio la prohibición. El voto favorable de Ciudadanos en primera instancia, se convirtió en abstención posteriormente, y Unidos Podemos y PSOE nos quedamos solos en su defensa. ¿Qué ha cambiado? Llamadas y presiones por parte de ese lobby. Esperamos que la rectificación de ERC se mantenga y en el pleno podamos acabar con esta barbaridad.

En teoría, todo el mundo está de acuerdo en la afirmación genérica de que el maltrato animal es inaceptable. Pero en esto, como en tantas cosas, luego los hechos deben corroborar las afirmaciones. Y aquí está la diferencia.

La defensa del bienestar animal requiere de voluntad y de decisiones políticas. Desde Unidos Podemos, con el impulso de EQUO, estamos avanzando y plantando cara en una cuestión tan seria, como marginal hasta ahora en la acción política. El jueves nos jugamos mucho en una votación que pudiera parecer anecdótica, pero que no lo es. Basta con ver el juego de fuerzas que se está movilizando para evitar la prohibición para comprenderlo.

Empezaba la reunión en Marrakech con el espaldarazo que suponía el haber llegado a la misma con el Acuerdo de París en vigor y ratificado por más de un centenar de países. Las expectativas basadas en experiencias anteriores de que se tardaría al menos tres años para aprobar este proceso quedaron afortunadamente desfasadas. Entre esos países, sin embargo, no se encuentra España, que a día de hoy todavía está a la espera de que el Gobierno envíe el instrumento de ratificación al Congreso. Causaba rubor, por ello, ver a la ministra Tejerina en la Cumbre mostrando su alborozo por esa rápida y amplia lista de países comprometidos con el Acuerdo….en la que no estaba España.

La tardía reacción de España no puede explicarse por la ausencia de Gobierno durante los últimos meses, ya que otros acuerdos internacionales, como por ejemplo el de libre comercio con Canadá (CETA), sí fueron ratificados. La razón es otra: al Gobierno de Rajoy ni le importa el cambio climático, ni tiene intención de actuar para frenarlo, más allá de cumplir con los mínimos que exija la Unión Europea. Por este motivo, el recién nombrado presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó pasar la oportunidad única de dirigirse al plenario de la Cumbre de Marrakech, para dar un mensaje ante el mundo de preocupación o de compromiso contra el cambio climático.

Por su situación geoclimática, España es especialmente vulnerable al cambio climático. La región mediterránea está en la frontera entre el clima más árido del norte de África, y el más húmedo de las regiones atlánticas. Los impactos críticos en cuestiones clave para nuestro país como el agua, la subida del nivel del mar o los aumentos de temperatura, debieran ser decisivos para que España liderase la lucha contra el calentamiento. De continuar la tendencia prevista, el cambio climático va a tener consecuencias económicas y sociales desastrosas para España. Pero nuestro Gobierno mira como si fuera ajeno a esta realidad acuciante.

Al mismo tiempo tenemos unas condiciones excepcionales para el aprovechamiento de las energías renovables. España lideró este sector globalmente hace unos años, pero las erróneas decisiones políticas han hecho que perdamos este tren. En Marrakech ha sido muy visible a qué velocidad avanzan estas tecnologías, y el compromiso cada vez mayor de los países para sumarse a este nuevo modelo. ¿Dónde ha quedado España? Cuando dejaba ya la reunión, el responsable de una importante empresa de renovables me advertía desolado que, de no cambiar las cosas tendrían que cerrar sus fábricas en España.

Mi sensación en estos días es que en materia de cambio climático el Gobierno de Rajoy se mueve a rastras, sin convicción y solamente dispuesto a cumplir los mínimos impuestos por la Unión Europea. No hay voluntad de cambiar una política energética que sigue basada en el uso masivo de combustibles fósiles, a pesar de nuestra enorme dependencia exterior. Tampoco en materia de transporte se adoptan iniciativas para reducir las emisiones y así sucesivamente.

Al no tener nada que ofrecer, el Gobierno español anunció en Marrakech que se aprobaría una Ley contra el Cambio Climático sin contenido ninguno. Preguntada la ministra Tejerina sobre el contenido de esa propuesta de Ley reconoció que “no había nada escrito”. Y de hecho no se distribuyó ni un papel con algún contenido de esa presunta ley. Humo. Sólo un poco de humo para tapar la inacción y la falta de compromiso en esta lucha global de un Gobierno ausente desde hace años del debate climático, y responsable de una política energética disparatada.

Se acabó, señor alcalde. Y nunca más volverá a repetirse el triste espectáculo del lanceamiento y muerte del toro. Mejor que lo asuman, porque somos muchos más los que deseamos que no haya marcha atrás en esta medida

El segundo martes de septiembre la polémica sobre los festejos taurinos se aviva con el Torneo del Toro de la Vega en Tordesillas (que en esta ocasión se ha llamado de la Peña por los cambios legales introducidos ). Pocos festejos han generado tanto rechazo  como la persecución, acoso, agresión, y lanceamiento del Toro de la Vega. Hoy las tornas han cambiado: este año por primera vez no se lanceará al toro por la prohibición de la Junta de Castilla y León. Esta decisión que ha alegrado a muchas, muchísimas personas,  también ha generado airadas protestas en el pueblo, pero cuenta con la aprobación general de la opinión pública en todo el mundo al ser un paso en la dirección correcta.

Precisamente ha sido el rechazo generalizado lo que ha llevado finalmente a la Junta de Castilla y León a terminar con la parte más sangrienta del  espectáculo. Ha sido clave para ello el incansable trabajo de quienes defienden los derechos de los animales, que han sabido mantener la protesta con tesón y constancia, sin perder nunca la esperanza a pesar de la siempre agresiva reacción contra ellos en el pueblo de Tordesillas.

Los más recalcitrantes siguen, sin embargo, queriendo eludir la prohibición de maltratar y matar al toro. De hecho el propio Patronato del Toro de la Vega ha publicado un escrito en el que anima a desobedecer el reglamento de la Junta y repetir la “hazaña” de acabar con el animal. Esperemos que las administraciones eviten que este llamamiento sea efectivo, y que se cumpla lo reglamentado. Muchos ojos van a ser testigos de lo que ocurra, y nuevamente la amenaza pende sobre quienes se oponen al sangriento espectáculo. Este año quizás más que nunca, ya que la prohibición ha generado la airada reacción contra ellos de los defensores del festejo.

Se equivoca el alcalde de Tordesillas, y sus concejales (con la destacada excepción, hay que decirlo de la concejal de Toma la Palabra) en seguir tratando de revertir la situación. Se acabó, señor alcalde. Y nunca más volverá a repetirse el triste espectáculo del lanceamiento y muerte del toro. Mejor que lo asuman, porque somos muchos más los que deseamos que no haya marcha atrás en esta medida.

Por más que sea una buena noticia, la prohibición del Toro de la Vega  –sin duda uno de los espectáculos más sangrientos y crueles– es una gota de agua en un océano de fiestas y festejos que se sirven del sufrimiento  animal para el divertimento humano en miles de municipios españoles. Cerca de 5.000 corridas de toros y otro tipo de festejos taurinos se siguen celebrando cada año en España y la mayoría de ellos durante los meses estivales. Una cifra que pone de manifiesto hasta qué punto las fiestas populares en España siguen de una manera u otra basándose en el sufrimiento animal.

Incluso se utilizan animales de menos de dos años –becerros– en decenas de pueblos en las denominadas becerradas.  Desde nuestro punto de vista se trata de una situación intolerable, bien entrados como estamos en el siglo XXI. Y lo que es más grave: las cifras no bajan, sino que se mantienen, debido a las subvenciones. El dinero público sostiene a una tupida red de empresas que acumulan deudas con Hacienda y con la Seguridad Social.

Queda mucho por hacer para erradicar esta práctica todavía tan extendida de utilizar el sufrimiento y el maltrato a los animales para la diversión de unos pocos en los festejos populares. Crecen sin embargo los municipios, casi siempre impulsados por los partidos del cambio, donde se va marcando el camino en la búsqueda de formas de celebrar la vida, sin dañar a nadie. Ese es el camino, pero necesitan también que se levanten y alcen su voz aquellos vecinos que no ven con simpatía estos festejos con animales en sus pueblos. Sin el apoyo de la gente a estos festejos,  se acabarán. ¡Se trata solo de ponerse a ello!

Tantas horas de televisión, y tanta tinta vertida sobre el posible pacto de investidura, pero llama la atención lo poco que sabemos sobre el contenido de las políticas que están negociando el Partido Popular y Ciudadanos. Todo apunta a que el pacto está muy avanzado, y que en unos días nos anunciarán la fecha de una sesión de investidura que, según viene asegurando Rajoy desde hace semanas, sólo se producirá cuando tenga asegurada la mayoría que asegure esa investidura. Pero, ¿qué están negociando? ¿Qué políticas están pactando?

Algunas informaciones que se van filtrando confirman que lo que han sido los ejes principales de las políticas del Partido Popular en estos cuatro años no están en juego: los nuevos recortes que exige Bruselas irán adelante sin problemas; no se cuestiona la reforma laboral del PP, Luis Garicano dixit; no se derogará la ley mordaza, inaceptable recorte de nuestras libertades civiles, ni tampoco se cuestiona en lo fundamental la política energética que ha favorecido al oligopolio eléctrico.

Estamos viviendo un verano en el que se han batido récords de altas temperaturas casi diariamente. El calor agobiante que supera cada día al del anterior no es más que un síntoma de que el cambio climático no es ya una amenaza para el futuro, sino una triste realidad hoy. Ese cambio climático que Rajoy negaba hace no tanto tiempo apelando a su primo es hoy una realidad indiscutida. España tiene la obligación de asumir compromisos internacionales en relación con la necesaria reducción de emisiones de CO2. La Cumbre de París (COP21) obliga a hacer del cambio climático una cuestión prioritaria en las políticas energéticas, pero todo ello está absolutamente ausente de las negociaciones de gobierno.

Sin cambio de modelo energético, no es posible el cambio social. El modelo energético español tiene problemas graves asociados en primer lugar a un oligopolio que controla el mercado a su antojo. Además la corrupción anida a través un complejo modelo de puertas giratorias por el cual el trasvase de altos cargos entre la política y las empresas energéticas es constante. Este es uno de los primeros elementos que debería cambiarse si de verdad aspirasen los negociadores a erradicar la corrupción, pero ya sabemos que las puertas giratorias no están en la agenda. Ni tampoco la devolución de los 3.400 millones de euros de los CTC que el Estado regaló a las empresas eléctricas.

El modelo energético español tiene además problemas concretos que sólo pueden resolverse con un cambio de modelo que avance hacia las energías renovables. Las centrales nucleares están envejeciendo y deben comenzar a cerrarse. La pasada legislatura Ciudadanos votó en el Congreso a favor del cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, que ya ha cumplido su vida útil y lleva más de tres años sin funcionar. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) controlado por el PP pretende aprobar el alargamiento de su vida hasta 2031. También votó C's a favor del cierre de las centrales nucleares al cumplir los 40 años. ¿Va Albert Rivera a mantener su postura e imponer estas condiciones al Partido Popular? No es, desde luego, un asunto menor ya que la sustitución de esas plantas nucleares debe afrontarse de forma urgente.

Por otro lado, y pese a los compromisos internacionales adoptados por nuestro país, no estamos cumpliendo el compromiso de impulso a las energías renovables contenido en el acuerdo llamado 20-20-20 de la Unión Europea. Ni tampoco reducimos las emisiones de CO. No sólo eso: en los últimos años el aumento en la quema de carbón está suponiendo un aumento progresivo de las emisiones en nuestro país a un ritmo que no se había visto en muchos años. Ahí quedó el compromiso del Gobierno del PP contra el cambio climático…

También votó Ciudadanos a favor de una moratoria contra el fracking en nuestro país. Pero apuesto a que el modelo energético basado en nucleares y combustibles fósiles que ha llevado adelante el Gobierno del PP no va a cambiar.

Ni el cambio climático, ni las políticas energéticas, ni el cierre nuclear han aparecido hasta ahora en las negociaciones para la formación del Gobierno, ni lo van a estar. Estamos siendo testigos en directo de una negociación al viejo estilo, con un objetivo totalmente lampedusiano: cambiarlo todo para que nada cambie.

La ecología sigue siendo la asignatura pendiente en un país en el que se condena al ostracismo a las renovables, arden sin control millones de neumáticos y se urbanizan los espacios naturales

Un año más el Día del Medio  Ambiente nos pilla en España sin los deberes hechos. La ecología sigue siendo la asignatura pendiente en un país en el que se condena al ostracismo a las energías renovables, arden sin control millones de neumáticos junto a un barrio residencial,  se urbanizan los espacios naturales o los lobos aparecen colgados de las señales de tráfico. Todo esto y mucho más ocurre en nuestro país  sin que nadie se lleve las manos a la cabeza.

Pero el próximo 26 J podemos poner freno de una vez a todo esto. Tenemos una oportunidad de superar la reválida de esta asignatura olvidada, y hacer que de una vez por todas se produzca el imprescindible cambio de rumbo que necesitamos.

Si la legislatura del Partido Popular fue la del desmantelamiento programado de la legislación ambiental en España, en esta corta legislatura que termina el gobierno en funciones ha continuado tomando decisiones tremendamente perjudiciales para el medio ambiente, con total impunidad y sin someterse al control del Parlamento. Durante estos meses Rajoy y su gobierno  han eludido responder ante el Congreso de ninguna de sus decisiones con el argumento de que sólo estaban “en funciones”. Hasta  una veintena de altos cargos han evitado acudir al Congreso a dar ninguna explicación de sus actuaciones.

Así, mientras la absoluta mayoría solicitaba al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una moratoria en el proceso puesto en marcha por este organismo para la reapertura dela central nuclear de Garoña, su presidente eludía  rendir cuentas  a pesar de que, por cierto, se  lo exige la legislación vigente. Pero no es el único caso: tampoco hemos visto a la ministra de Agricultura que ha dado luz verde a la propuesta de Fertiberia para los vertidos tóxicos de fosfoyesos en Huelva, ni al ministro de Industria, hoy ya cesado por sus mentiras sobre Panamá, para aclarar por qué ha concedió permisos para almacenar gas en Doñana, y así sucesivamente. El caso es que, una vez más,  el medio ambiente se ha visto gravemente perjudicado por las decisiones de este gobierno.   

En las próximas lecciones del 26J nos jugamos  mucho: la posibilidad de un nuevo modelo energético basado en las energías  limpias y renovables,  la adopción  de medidas que defiendan nuestra biodiversidad al tiempo que garanticen la sostenibilidad del mundo rural, el impulso a un nuevo modelo de transporte, la garantía de un aire limpio en nuestras ciudades o que el agua sigua siendo un derecho básico sin privatizar.

Es verdad que en materia ecológica el cambio también ha comenzado en las ciudades. Hay un trabajo decidido de los ayuntamientos del cambio por un nuevo modelo de ciudad que siente las bases de país mucho más sostenible. Pero es necesario que desde el gobierno de la nación se dé un espaldarazo a ese trabajo incipiente.

La tarea que tenemos por delante es ingente. No tenemos nada que celebrar en este Día del Medio Ambiente más que el hecho de que cada vez más gente es consciente de que sin afrontar la crisis ecológica no hay salida para la gran crisis en la que estamos inmersos. En España ese voto verde para acabar con un modelo económico, político y social agotado y apostar por unas políticas que garanticen el bienestar de las personas respetando los límites del planeta está en EQUO y la coalición Unidos Podemos el próximo 26 J.

El documento de PSOE y Ciudadanos no establece un compromiso claro de avanzar hacia un modelo sostenible. Casi todas las propuestas que aparecen son meros brindis al sol que no dicen ni cómo, ni cuándo deberían llevarse a cabo

En los últimos días el debate sobre el contenido del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para la formación de gobierno se ha centrado fundamentalmente en dos aspectos: los económicos y, en menor medida, la cuestión territorial. Sin embargo, uno de los temas claves del programa para el futuro gobierno ha quedado ensombrecido en la discusión: me refiero a las políticas ecológicas y de sostenibilidad.

En un país en el que el actual presidente del gobierno (en funciones) ha llegado hasta a negar de manera pública y notoria, la existencia misma del cambio climático; ya su mera mención en el documento es un paso adelante con respecto a las políticas que hemos vivido hasta ahora.

Sin embargo, conviene ir más allá, y por eso analizamos con detalle las propuestas para frenar uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos a nivel mundial.

El acuerdo que hay sobre la mesa se queda demasiado lejos de lo que necesitamos. Por ejemplo, en materia de política energética, la mayor debilidad es la falta de objetivos e indicadores concretos en muchas cuestiones claves y urgentes. Apenas se menciona un presunto y difuso “Pacto de Estado de la Energía”, del que no se describen siquiera los posibles contenidos. Probablemente lo interesante hubiese sido que los negociadores enviados por Pedro y Albert hubiesen tenido en mente, al menos, los objetivos de producción de las distintas fuentes de energía que establecieran claramente cuál sería su hoja de ruta propuesta.

¿Apuesta el pacto por una transición energética hacia un modelo basado al 100% en las energías renovables? Sobre el papel sí, pero rascando un poco se queda en simple brindis al sol. Hay una cuestión clave que no se aborda: la demanda energética. Ni siquiera se establecen objetivos de ahorro y eficiencia que puedan contener un posible crecimiento de la demanda que dificultaría enormemente que se alcance una verdadera transición hacia las energías renovables.

Sin concreción, todo queda en mero papel mojado; los objetivos, en especial referidos a la contención de emisiones de CO2 son fundamentales para alcanzar un cambio de modelo. Si tomamos como ejemplo el Plan alemán (Energiewende), que aborda al mismo tiempo el cierre nuclear y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en ambos casos establece objetivos concretos. El caso alemán es muy significativo, ya que se trata de un país con una mayor industrialización que España, y un PIB superior. Ello hace aún más llamativo que el Plan de gobierno PSOE/Ciudadanos se quede en la generalización sin apostar por objetivos concretos, y ambiciosos que darían credibilidad a la idea de avanzar hacia un modelo de economía verde.

En cuanto al cierre nuclear se echa de menos, y más después de firmar un compromiso, una mención explícita a Garoña, actualmente objeto de una enorme polémica por la intención de reabrirla. Respecto al fracking, el acuerdo simplemente propone una “moratoria”, que se nos antoja insuficiente ante la avalancha de proyectos que se ciernen sobre nuestro suelo. Tampoco hay un compromiso claro de eliminación de la combustión de carbón, recordémoslo, el combustible fósil más contaminante.

Seguimos. No hay un apartado específico sobre movilidad y cómo abordar las emisiones del transporte. En este sentido el apoyo al transporte de mercancías por ferrocarril queda huérfano, al no haber una propuesta concreta sobre este tipo de infraestructuras; ni siquiera se recoge qué hacer con los múltiples proyectos de AVE ya en marcha.

En lo que respecta al “impuesto al sol” y al autoconsumo nos encontramos, al igual que con la reforma laboral o la ley mordaza, que se apuesta por la “reforma” del Decreto, en vez de por su derogación.

Ya metiéndonos en otras cuestiones ambientales la propuesta adolece de una preocupante falta de ambición. Se limita a plantear la recuperación de leyes, como la de montes o la de costas, tal y como las dejó en su momento el último gobierno socialista. Los cuatro años de gobierno de Rajoy han supuesto el desmantelamiento progresivo de la legislación ambiental, pero es el momento de subir la apuesta y abordar cambios mucho más profundos y efectivos. A pesar de la reforma del PP, la Ley de costas 1989 no ha servido para proteger nuestro litoral, es necesario ir más allá en los límites de protección.

En la defensa de la biodiversidad tampoco plantean ir más allá de lo aprobado en 2007, cuando lo que hace falta es apostar por la mejora del medio natural, completar la Red Natura 2000 y hacer planes específicos para sacar del peligro de extinción a todas las especies amenazadas.

De los recién aprobados, una vez más por el gobierno en funciones, planes no hay ni mención expresa. Es necesario iniciar ya mismo la revisión de los Planes del Ebro y del Tajo y completar la red de reservas naturales fluviales, de tal manera que todos los tramos bien conservados queden protegidos. El cambio en la política de aguas pasa por comenzar a hablar e introducir en las políticas la concepción del derecho humano al agua potable y el saneamiento.

Quizá no sería justo decir que no hay nada positivo en el acuerdo que nos han presentado, cabría, por ejemplo, destacar la propuesta de Plan de Rehabilitación de viviendas; aunque se queda como una isla en medio de un océano de inconcreciones y generalizaciones.

En definitiva, el documento de PSOE y Ciudadanos no establece un compromiso claro que ayude a avanzar hacia un modelo sostenible; como mucho plantea volver a la situación de 2011, algo que nos parece claramente insuficiente en el momento actual. Por ello ante la oportunidad que se abra, tras el 6 de marzo, hay que avanzar decididamente hacia una propuesta mucho más ambiciosa, que impregne de verde las políticas, que cuiden de las personas y del planeta.

Esta vez se han escuchado pocas voces críticas, a pesar de que el acuerdo es manifiestamente insuficiente

Con el final de la Cumbre de París han arreciado los titulares triunfalistas que califican el acuerdo alcanzado como “histórico”. Esta vez se han escuchado pocas voces críticas, a pesar de que el acuerdo es manifiestamente insuficiente. Quizás la falta de esperanzas en conseguir un acuerdo verdaderamente ambicioso que ponga freno al cambio climático sea la razón que explique el conformismo que se respira con el texto alcanzado en París. Vaya por delante que no comparto ese diagnóstico tan complaciente. Al contrario, considero que los agujeros en el texto de París, consecuencia de las presiones constantes de los 'lobbies' de los combustibles fósiles han descalabrado lo que podía haber sido efectivamente un buen acuerdo.

No podemos sentirnos complacidos por el mero hecho de que se haya acordado que las temperaturas medias globales no deban subir de los 2 º C, porque ese  compromiso ya lo alcanzaron en 2009 en Copenhague los líderes mundiales, y ya entonces denunciamos aquel acuerdo como un fracaso cuya denuncia a algunos nos costó unos días de prisión….Cinco años después no podemos dar como bueno lo que en 2009 denunciamos, por más que se haga esta vez una referencia más ambiciosa a los 1,5 º C, aunque eso sí, solo cuando sea posible.

En cuanto a los compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adoptados por cada país, no ha habido avances significativos durante la Cumbre. Ya antes de que esta comenzara, los propios cálculos de Naciones Unidas hablaban de que en ningún caso con los compromisos adquiridos por los gobiernos de los países se podía garantizar que el aumento de la temperatura se mantuviera por debajo de los 2 º que recomienda la comunidad científica. Entonces, si no se avanzado en París hacia compromisos más ambiciosos, ¿cómo podemos estar satisfechos con lo que hay sobre la mesa? En todo caso, si esos compromisos insuficientes se incumplen, tampoco habrá sanciones.

El cambio climático es un problema de primer orden. A pesar de su ausencia de la agenda política, cada vez es más difícil obviarlo porque las realidad es tozuda y las evidencias son cada vez más fuertes. Y también sabemos que está causado por la actividad humana, fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles. Sin embargo la referencia a ese objetivo de eliminar el uso de combustibles fósiles también se ha omitido del acuerdo, y que se ha quedado en un texto genérico sobre la necesidad de que las emisiones no superen a lo absorbido por los sumideros de carbono, dejando con ello la puerta abierta al continuado uso de combustibles fósiles, aunque eso sí, acompañados de tecnologías de captura de carbono. Así pues el lenguaje del texto omite la necesidad de prescindir de los combustibles fósiles, una reivindicación imprescindible.

En principio el acuerdo es vinculante, pero el acuerdo adoptado es vinculante, pero no  los objetivos nacionales de reducción de emisiones. En esas condiciones, y sin posibles sanciones, será muy difícil exigir el necesario cumplimiento de los compromisos adoptados por los países. De hecho se nos antoja imposible esa posibilidad. Y nos queda por delante el largo proceso de ratificación para su entrada en vigor, que en el caso del protocolo de Kioto se alargó durante nada menos que 5 años.

Ya en la Cumbre de Río de Janeiro en el año 1992, los jefes de estado y de gobierno mundiales reconocieron la gravedad del cambio climático y la necesidad de actuar. Sin embargo el tiempo sigue pasando y la situación se agrava año tras año. Espero estar equivocado, y lo reconoceré con satisfacción si así fuera, pero a día de hoy el acuerdo de París no es el que va a frenar el cambio climático. La lucha debe continuar en la calle, en las instituciones y en los foros internacionales. Necesitamos mucha más ambición, y voluntad política. Seguimos.

El próximo 20D se celebran elecciones generales. Casualidades de la vida, hace casi exactamente un año EQUO impulsaba la firma de un pacto político de los partidos de la oposición en el Congreso para evitar que la reapertura de la central nuclear de Garoña. Sin embargo, más allá del papel, en las actuales circunstancias, la única forma de evitar que se reabra Garoña será forzando democráticamente un cambio de gobierno en Madrid.

En los últimos meses al Gobierno del Partido Popular le han entrado las prisas para dejar todo atado y bien atado en caso de la nuclear burgalesa. El objetivo es claro: Garoña se ha convertido en la cabeza de puente del plan de las empresas eléctricas para alargar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años. Si la 'operación Garoña' les sale bien, detrás vendrán el resto de centrales nucleares, garantizando con ello un mayor beneficio económico de unas plantas amortizadas, aunque sea a costa de la seguridad.

La vinculación entre poder político y económico es especialmente visible en el caso de las puertas giratorias de las empresas energéticas. Ningún sector empresarial tiene tantos exaltos cargos en sus Consejos de Administración como el energético. Es precisamente el tema de las puertas giratorias uno de los caballos de batalla más relevantes en la lucha contra la corrupción, ya que la política energética de los últimos años ha puesto de manifiesto cómo estos vasos comunicantes tienen una influencia decisiva. El caso es tan grave que ha llegado hasta la Fiscalía Anticorrupción, gracias a una denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Así hemos visto como en unos pocos años las energías renovables han sido desahuciadas, mientras se impone el apoyo político a cualquier infraestructura nuclear.

Garoña se inauguró en 1971 y es la central más antigua del parque nuclear. Presenta graves problemas de seguridad. Se trata de una central gemela al reactor número uno de Fukushima, tristemente famosa por protagonizar un grave accidente nuclear. Esta central nuclear lleva ya tres años parada, sin que haya supuesto ningún problema para el abastecimiento energético del país. Lo que demuestra que vivir sin Garoña no sólo es deseable, sino que es posible.

A pesar de esto, el gobierno del Partido Popular ha dado un último golpe para garantizar que Garoña siga adelante: imponer la mayoría en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) rompiendo el equilibrio político que había reinado en dicho Consejo desde su creación. En una operación muy discreta, a la que se le ha dado muy poca cobertura, el PP ha nombrado a un nuevo consejero que le otorga una mayoría en las decisiones tomadas de tres a dos: en la actualidad y en una situación sin precedentes, de los cinco consejeros tres han sido nombrados por el PP, y dos por el PSOE. El resto de partidos políticos no tienen ya ninguna representación en este organismo que ha quedado por tanto en manos del pronuclear Partido Popular. No es de extrañar que la hoja de ruta fijada por Nuclenor para la reapertura de la central se vaya cumpliendo puntualmente.

No es de extrañar tampoco que el futuro de Garoña sea un motivo de preocupación para la ciudadanía alavesa. El PP ya sabemos que va a hacer todo lo posible por reabrir Garoña. Por más que Maroto y los suyos se empeñen en desligarse tímidamente de la posición oficial de su partido, lo cierto es que es el PP el único responsable del proceso de reapertura de la central. El PSOE pudo haber cerrado Garoña, pero no lo hizo. Zapatero no se atrevió a cerrarla definitivamente, y pasó la pelota al siguiente gobierno que él mismo sabía que no mantendría el cierre. El PNV en realidad es un partido pronuclear: no le gusta Garoña, pero aboga por el alargamiento de la vida de las nucleares, o así al menos lo mostró a través de una enmienda presentada por PNV y CiU a la Ley de Economía Sostenible de Zapatero que abría la puerta precisamente a la prolongación de la vida de las centrales nucleares en el Estado español más allá del límite actual, fijado en 40 años.

Por tanto, el cierre definitivo de Garoña sólo precisa de una decisión política. No es necesario entrar en la maraña legal a la que el Gobierno quiere arrastrarnos, alegando que es una mera cuestión técnica. Es la hora del cierre, y los resultados de estas elecciones generales para las fuerzas del cambio, sin duda, serán los que determinen el futuro desmantelamiento (o no) de Garoña.

"La confluencia para las elecciones generales debe ahora acelerarse. Desde mi punto de vista no hay otra opción posible para las fuerzas del cambio, y ninguna excusa debería ser esgrimida para evitarla", afirma el autor

El eje fundamental de debate sobre los resultados de las elecciones catalanas se centra, lógicamente, en la paradoja de una victoria electoral que es derrota política. A pesar de haber ganado las elecciones, los resultados de estas elecciones plebiscitarias se han vuelto en contra de los que las propusieron. Pero para el espacio político del cambio hay un aspecto de estos resultados que no debemos soslayar: ¿dónde queda la confluencia tras el resultado del domingo?

Una lectura precipitada de los resultados de Catalunya Si Que Es Pot puede llevar a la conclusión de que la suma de fuerzas no ha servido para sumar votos. Finalmente la candidatura encabezada por Lluís Rabell se ha quedado a dos escaños de los conseguidos por ICV en la anterior convocatoria. Hay quien ya está apuntando a la suma de fuerzas como causante de esos resultados, pero desde mi punto de vista es demasiado simplista acusar a la confluencia. Es más, si no hubiera habido suma, es probable que estuviéramos ahora ante un escenario de desastre en este espacio del cambio.

Los resultados de Catalunya Sí Que Es Pot no han sido buenos. No hay paliativos para esta lectura. Sin embargo, lo que yo viví en la campaña catalana ha sido una polarización muy fuerte, en la que los dos extremos del debate soberanista SI-NO se movían con comodidad. Yo mismo advertí, parafraseando a Lakoff, que Mas y los suyos habían conseguido con éxito imponer el elefante del debate sobre la independencia, y que sería muy difícil salir de ese laberinto con éxito para una fuerza que trató de llevar el debate al terreno social.

El discurso de CatSIQueEsPot trató, sin conseguirlo del todo, de salir del bucle en un contexto muy difícil,. Sin embargo, y mirando atrás, pienso que hicimos lo correcto, se intentó llevar a la arena electoral la denuncia sobre los recortes sociales, las propuestas de cambio de modelo o la verdadera renuncia a la soberanía que supone el TTIP. No pudimos con el elefante.

Me parece un enorme error buscar en estos resultados el final del proceso deconfluencia para las elecciones generales, y espero que eso no ocurra. Sin confluencia es probable que estuviéramos en un escenario catastrófico ahora mismo. Quizás por separado estaríamos más cerca de lo que ha ocurrido con Unió, que preguntándonos por qué se perdieron dos escaños.

La confluencia para las elecciones generales debe ahora acelerarse. Desde mi punto de vista no hay otra opción posible para las fuerzas del cambio, y ninguna excusa debería ser esgrimida para evitarla. Estamos frente a unas Elecciones Generales en las que el cambio sigue siendo posible, y no debemos fallar.

"Podemos comprometernos a encontrarnos al día siguiente de las elecciones, y entonces sumaremos; pero si hacemos un esfuerzo por encontrarnos antes de las elecciones, multiplicaremos los resultados", señala López de Uralde.

El CIS retrasado a este mes de agosto trae algunas malas noticias. Más allá de las dudas que siempre suscita su cocina, tan políticamente sesgada, lo cierto es que  los datos apuntan a que en España se está produciendo un fortalecimiento del bipartidismo. Esta encuesta viene a confirmar los datos de otras encuestas que se han publicado en las últimas semanas: PP y PSOE recuperan intención de voto, con una ventaja clara del PP que ganaría las próximas elecciones. Considero imprescindible que las fuerzas del cambio reflexionemos sobre estos datos, y sobre las tendencias que se perfilan en la encuesta. Creo que todavía estamos a tiempo de dar la vuelta a esta situación.

En este contexto vuelve a hablarse de una alianza a la alemana PP-PSOE, o aparecen propuestas como la de Albert Rivera de un pacto PP-PSOE-Ciudadanos, que confirman, por cierto, que Ciudadanos ha surgido como una fuerza de recambio cuyo único objetivo es apuntalar el actual modelo político y económico. Hay que tener en cuenta además que el sistema electoral va a sumar siempre a las fuerzas más votadas, perjudicando gravemente a las fuerzas menores: una diferencia pequeña en votos entre dos partidos políticos puede suponer una gran diferencia en el número de diputados conseguidos.

Una posible lectura de las últimas encuestas es que el impulso por el cambio estuviera perdiendo fuerza, mientras fuerzas tradicionales recuperan espacio. No han tardado ni unas horas en hacerla los medios convencionales, y lo van a repetir hasta la saciedad en las próximas semanas. Pero quizás la situación no sea tal y simplemente el voto del cambio siga dividido entre distintas opciones, aunque sin duda con una fuerza dominante que es Podemos con 15,7% en intención de voto.

Hace unas semanas una revista publicaba una proyección de escaños en el Congreso de los Diputados, basándose en el número de votos conseguidos por las distintas fuerzas políticas en las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Quizás lo más interesante del estudio era comprobar cómo la confluencia de las fuerzas del cambio prácticamente duplicaba el número de escaños a los conseguidos por cada fuerza por separado. La crítica lógica que se hizo a esta proyección fue que no se podían comparar generales con autonómicas, y es cierto. Pero los datos del CIS apuntan en la misma dirección.

A mediados de julio en la Universidad de verano de El Escorial compartí mesa de debate con Juan Carlos Monedero y Alberto Garzón. Hablábamos sobre confluencias, y se repetían las ya conocidas posiciones de cada cual. Allí lo dije, sin conocer todavía los datos del CIS, y aquí lo repito: podemos comprometernos a encontrarnos al día siguiente de las elecciones, y entonces sumaremos; pero si hacemos un esfuerzo por encontrarnos antes de las elecciones, multiplicaremos los resultados. Y estaremos en condiciones de disputar el gobierno.

Quizás este CIS sea un acicate para encontrarnos, y buscar la fórmula que nos permita multiplicar, en vez de sumar. No deberíamos dejarlo pasar sin más. Estoy convencido que es lo que la mayor parte de la gente que está por el cambio está esperando.

Si existen siglas, es porque hay organizaciones que trabajan cada día por el cambio. No hay nada malo en ello. Al contrario, la diversidad es enriquecedora en todos los ámbitos. La clave es aprender a sumar.

Aunque sea una frase manida la de que estamos viviendo un momento histórico, lo cierto es que nunca desde el año 78 el bipartidismo había dado tantas muestras de debilidad. Esa caída del bipartidismo abre un espacio político de cambio sin precedentes. Algo que en 2011 era una pequeña rendija, puede ahora ser la puerta por la que entrar a cambiar este sistema obsoleto. Un cambio que tiene sus raíces en aquel 15M que tantas veces evocamos, y que ha traído una ciudadanía más movilizada, en personas comprometidas con otras personas y no en su propio interés, una marea de cambio que reclama la unidad popular. Las personas y organizaciones comprometidas con el cambio tenemos por ello una gran responsabilidad. Ante este momento histórico ¿Cuál debe ser la respuesta?

Para nosotros en Equo la respuesta es clara. Aquella coalición Primavera Europea con la que nos presentamos a las elecciones europeas fue el inicio de otra forma de entender la política. A nosotras nos gustaba llamarla “cooperativa política” porque aunque su composición era diversa, todos nos sentíamos dueños de ella. La apuesta por la confluencia alcanzó una madurez mayor en las elecciones municipales en espacios como Ahora Madrid, Barcelona en común o la Marea Atlántica. Ya en la campaña electoral era muy visible que la ciudadanía premiaría con su voto el esfuerzo por la unidad; la afluencia en los actos, la presencia en los mítines e incluso el interés de los medios estaba allí dónde había un mayor mestizaje. La respuesta en las urnas confirmó que la suma desde la diversidad era la mejor opción, porque las candidaturas de confluencia han demostrado que 1+1 es mucho más que 2.

La respuesta no es una sopa de siglas, como dicen algunos, sino un proceso construido conjuntamente por actores sociales y políticos. Una suma entre los que compartimos un objetivo común y la ilusión del cambio, entre los que pensamos que otra política no solo es posible, sino necesaria. Si existen siglas, es porque hay organizaciones que trabajan cada día por el cambio. No hay nada malo en ello. Al contrario, la diversidad es enriquecedora en todos los ámbitos. La clave es aprender a sumar.

Comienza un proceso y hay que dar los primeros pasos si queremos caminar juntos en el futuro. Un proceso abierto cuyas señas de identidad sean la participación, la ética, la transparencia… Un programa que haga frente a la pobreza y la desigualdad, que apueste por el empleo, que recupere los servicios públicos, que luche contra el cambio climático y trabaje por un modelo económico sostenible. En definitiva, construyamos un proyecto que cuide de las personas y del planeta. Esa es la respuesta.