Aaron Becker es una celebridad dentro del mundo de la ilustración y la animación en EEUU, aunque en España sólo unos pocos le ponen cara. Ha vivido en cuatro continentes a lo largo de su vida y sus libros de ilustraciones infantiles, multipremiados en su país, han llegado igual de lejos. Hace un año decidió mudarse a Andalucía con su familia para mejorar su español y terminar su trilogía Journey, cuya primera entrega editada en España se titula Imagina. 

Este ilustrador, que con la primera entrega de Journey ganó el Premio al Mejor Libro Ilustrado Infantil por el New York Times Book Review, se ha especializado en libros de ilustraciones sin palabras tras años como animador en los que trabajó en producciones como Polar Express, Cars o Beowulf. La promoción de Quest, la segunda entrega de su trilogía, fue una foto del presidente Obama comprando el libroQuest. En España está finalizando la tercera parte. “En esta obra no me va a influir mi viaje, porque ya estaba planificada. Pero me doy cuenta de que en las próximas no queda más remedio que tengan que ver con Andalucía. No vine a que me influyera, pero es inevitable”.

Aunque lo que más va a cambiar su forma de trabajar es “viajar con mi familia. Pasas mucho más tiempo con los niños, y mi hija pequeña pide todo el tiempo que le cuente historias”. La idea que se transmite en Journey, que en España se titula Imagina, es la de la aventura de viajar y arriesgarse a conocer nuevas culturas.JourneyImagina En Imagina, la protagonista, una niña que huye de su aburrida vida cotidiana dibujando puertas con un lápiz rojo, saluda con prudencia a los primeros amigos que hace. “Es la vida del viajero: quieres conocer gente nueva y diferente, pero te da un poco de miedo”. 

Becker y su familia se mudaron a nuestro país para aprender español. “Queríamos vivir en Europa y que nuestra hija de cuatro años aprendiese español, y realmente el mejor país de Europa para aprender español es España”, explica, riéndose de su propia broma. Los tres primeros meses los pasaron en Málaga, hasta que decidieron mudarse a Granada al conocer experiencias de otros padres extranjeros que habían matriculado a sus hijos en el conocido Colegio Público Gómez Moreno del barrio del Albaicín, donde ahora tienen su residencia.

“Para mi trabajo da igual dónde viva, aunque al llegar a Granada decidí buscar una oficina, para no estar todo el día metido en casa. Era la única forma de aprender español”. En este caso, el 'coworking' está en el barrio de La Magdalena, pleno centro de Granada, donde el ilustrador estadounidense trabaja prácticamente con un pie en la calle, gracias a las cristaleras del local. Allí, entre otras cosas, ha encontrado vecinos de mesa especializados en las artes visuales, como Antonio, de Motion Look Media, que ha realizado varios vídeos en los que ilustra su proceso de trabajo.

Becker ha vivido a lo largo de su vida en cuatro continentes, y dentro de su país, aunque nacido en Baltimore, en la costa Este, ha desarrollado la mayor parte de su carrera como animador en California, en el otro extremo. Lo que no esperaba es que sus obras siguiesen el mismo camino. “Supongo que son fáciles de entender, porque como son ilustraciones sin palabras, el dibujo lo explica todo. Pero no pensaba en que las pudiese comprender cualquier cultura, salió sin querer. Ahora mismo estoy muy contento porque se leen igual en Corea del Sur que en Alemania, pero no era algo que yo buscase”.

Lo que sí niega es la relación con la animación: “se parece a los storyboards, pero en lenguaje cinematográfico puedes hacer otras cosas, cambiar a un personaje de sitio, transiciones más bruscas. En cada ilustración, yo tengo que introducir tres elementos para que sea claro el movimiento de los personajes: pasado, presente y futuro. De donde sale, que está haciendo y a dónde va. Tiene más que ver con el cómic”.

El proceso de cada libro le lleva un año y medio. Normalmente, dibuja primero en el ordenador hasta conseguir un diseño concreto, y luego se “copia” a sí mismo a plumilla y acuarela, a escala 1x1 a como se verá publicado. “La parte de la copia es la más fácil, pueden ser dos días, pero la preparación me lleva más”. Becker es uno de esos pocos profesionales que se puede permitir tomarse su tiempo, así que no se pone fecha para marcharse de Andalucía. “Mi hija todavía no habla español perfectamente... ni yo tampoco”, bromea.

La corrupción no salpica todos los municipios de Granada, pero sí lo suficiente como para proyectar su sombra sobre una Diputación provincial a la que aspiran a volver PSOE e IU tras abandonarla con un caso de facturas falsas que espera juicio. En Atarfe, “la Marbella de Granada”, las causas abiertas han acabado con otro alcalde del PSOE y dividido IU, además de diezmar la lista del PP. Por otro lado, esperan juicios casos que salpican a los populares en Alhendín y Gójar, y el exalcalde socialista de Castril intenta recuperar su antiguo puesto a pesar de tener varias causas abiertas. 

El 'caso Mercamed' sobrevuela la Diputación

El 'caso Mercamed' sobrevuela la DiputaciónEl caso Mercamed imputa a 11 personas, entre ellos el exvicepresidente, Julio Bernardo (IU), y uno de sus cargos de confianza, Jorge López. Además, implica a varios empresarios relacionados con el PP en el municipio de Atarfe. Uno de ellos, Gonzalo Aivar, marido de una de las concejales durante el actual mandato y que acusó al partido de financiarse ilegalmente. Curiosamente, el presidente del PP en el municipio, que lo desmintió en los tribunales, está ahora fuera del partido mientras la concejal continúa militando.

El caso Mercamed y su pieza separada, el Magrec, están actualmente pendientes de juicio oral sin fecha. Durante los primeros meses del mandato 2011-2015, el PP aireó diferentes detalles del mismo, pero pocos detalles han trascendido en los últimos dos años. El PSOE es el único de los tres partidos actualmente en la institución que no está salpicado directamente, aunque se produjo durante los últimos meses de su coalición con IU.

Canditatos imputados: Castril y Gójar

Canditatos imputados: Castril y GójarEl exalcalde de Castril, Juan José López Ródenas (PSOE), concurrirá para recuperar la alcaldía que perdiese en 2011 por una coalición del resto de partidos para desbancarle. López Ródenas ha llegado a tener hasta nueve causas abiertas por diferentes asuntos relacionados con corrupción, aunque algunas de ellas están archivadas o recurridas por la acusación -otro exalcalde, Miguel Pérez, de Nuevo Castril-, la más conocida es la que le imputa posibles delitos contables y de desvío de fondos  en la Fundación Centro José Saramago del municipio.

El actual alcalde de Gójar, Francisco Maldonado, tiene señalado juicio oral sin fecha por tráfico de influencias, y la Fiscalía le pide dos años y tres meses de prisión, 22 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 400.000 euros de multa. Maldonado, también diputado provincial, ya ha salido absuelto de cargos parecidos en el pasado, pero es la primera vez que concurre imputado a la reelección.

Atarfe y Alhendín, escándalos por resolver

Atarfe y Alhendín, escándalos por resolverAtarfe, conocida como “la Marbella de Granada”, vuelve a cambiar de alcalde y de candidato del PSOE por las numerosas causas urbanísticas abiertas. El futuro exalcalde Tomás Ruiz se une a su antecesor Víctor Sánchez, con el que comparte imputaciones, y serán sustituidos por Antonio González. IU, integrada en Ganemos Atarfe para la gente, ha retirado a su anterior cabeza de lista, Rafael Roldán, que apoyase el gobierno del PSOE. Más de 25 investigaciones urbanísticas pesan sobre el municipio, implicando a algunos concejales socialistas que repiten en la lista y fueron estrechos colaboradores de Sánchez o Ruiz, como la número 2 Francisca García Olivares. En el vecino municipio de Santa Fe, los dos alcaldables del PSOE, Sergio Bueno y José María Aponte, han tenido que dar un paso atrás, dando el relevo a Manuel Alberto Gil.

Pendiente de juicio, y con una complicada maraña en la que aumentan los imputados tras varios cambios de juez en el juzgado de Santa Fe que lleva la causa. El exalcalde, José Guerrero, familiar directo del actual, Francisco Rodríguez Guerrero, es el principal encausado de una trama que arranca por la violación de la servidumbre aérea de la base de Armilla para construir una urbanización en el municipio.

La provincia de Granada es una incógnita para las próximas municipales, donde se adivinan pocas mayorías, tanto en los ayuntamientos como en la Diputación provincial, cuya futura configuración ha estado influyendo tanto en la lista del PP para la capital como en la finalmente imposible confluencia entre las fuerzas a la izquierda del PSOE. Ciudadanos amenaza algunas plazas tradicionales de mayoría popular y el PSOE aspira a recuperar las que perdió en 2011, mientras la marca Ganemos estará casi ausente y en muy pocos municipios se ha logrado una alianza entre IU y Podemos.

La Diputación, sin Podemos y con Ciudadanos

La Diputación, sin Podemos y con CiudadanosLa ausencia de Podemos de las municipales y el hecho de que las marcas en las que participa no vayan a computar -salvo resultados espectaculares- para el ente provincial cambia el cálculo. Además, Ciudadanos podría ser la llave también en esta institución dependiendo de lo más o menos espectaculares que sean sus resultados. PSOE e IU aspiran a reeditar la coalición que gobernase hasta 2011. IU computará como coalición con plataformas como Ganemos o Ahora Sí y otras alianzas de izquierdas con diferentes marcas, en las que repiten algunos de sus candidatos de 2011.

En el arranque de campaña, el presidente del PP de Granada y de la institución desde 2011, Sebastián Pérez, se ha descolgado con la propuesta de la elección directa de los gobiernos de las diputaciones. El popular ya hizo campaña hace cuatro años postulándose como presidenciable -siempre ha ido en las listas del PP por Granada capital- y ahora mantiene que su objetivo es ser reelegido, aunque su disputa con Torres Hurtado por ser el candidato a la alcaldía de Granada deja abierta la puerta a que tome el relevo en algún momento del próximo mandato si su partido vuelve a gobernar.

La Costa, una moneda al aire

La Costa, una moneda al aireLa incógnita principal, unas municipales más, será Almuñécar. El municipio de 30.000 habitantes verá cómo el polémico Juan Carlos Benavides, que cuenta los juicios por corrupción que ha tenido por absoluciones, intentará recuperar una alcaldía que ha ocupado para PSOE, PA y su propio partido, Convergencia Andaluza, aunque esta vez integrado de nuevo en la formación andalucista. La actual alcaldesa, Trinidad Herrera (PP), intentará reeditar una mayoría suficiente, ya que en 2011 gobernó gracias al apoyo de todos los partidos menos el de Benavides, incluidos el PSOE y el propio PA que ahora readmite al polémico exalcalde.

Es una incógnita también la vecina localidad de Salobreña, una de las pocas que pasó del PP al PSOE en 2011, aunque con gobierno en minoría. En Motril, Luisa García Chamorro (PP) es favorita para confirmar en las urnas el cargo que heredase de Carlos Rojas cuando este se marchó a ser portavoz parlamentario de su partido, aunque queda por ver la incidencia de Ciudadanos y de Ganemos Motril, que sí ha conseguido integrar a miembros de IU, Equo y Podemos. En las autonómicas, el PSOE fue fuerza más votada, pero es tradicional que esa tendencia se invierta en las municipales en la ciudad más poblada de la Costa Tropical granadina.

El cinturón rojo puede ser multicolor

El cinturón rojo puede ser multicolorEl área metropolitana va a ver todo tipo de siglas presentarse a las urnas, en algunos municipios con hasta tres “listas de confluencia”. Son especialmente sangrantes los casos de municipios donde IU se ha visto salpicada por casos de corrupción, como Albolote -donde participó en la confluencia el ex vicepresidente de Diputación, Julio Bernardo, imputado en el caso Mercamed- o Atarfe, donde la candidatura Por Atarfe Sí integra a ex concejales de IU expulsados tras negarse a apoyar el gobierno bajo sospecha del PSOE y fundaron el Podemos local.

El PSOE vuelve a ser favorito en Armilla y Maracena, donde repiten los actuales alcaldes Gerardo Sánchez y Noel López, aunque en la primera de estas aspira a ser llave Ciudadanos, fagocitando los resultados de UPyD en 2011, con tres concejales. Más en duda está el 'alcalde-twitter', José Antonio Rodríguez, en Jun, que puede depender de posibles alianzas con IU para continuar gobernando. El PP aspira a mantener con mayorías suficientes sus plazas fuertes tradicionales de Albolote y Churriana.

Feudos en juego

Feudos en juegoEl PSOE aspira a recuperar la mayoría en Loja, uno de sus feudos tradicionales, de donde fue desalojado en 2011, a pesar de ser primera fuerza, por la coalición del PP y Convocatoria por Loja, una escisión de IU. Los socialistas se quedaron entonces a un sólo edil y podrían recuperarlo si se mantienen las proporciones de voto de las autonómicas, donde obtuvieron el 47 por ciento de los sufragios. 

En el altiplano, PSOE y PP defenderán sus mayorías en los dos principales municipios. Pedro Fernández aspira a continuar como alcalde socialista de Baza y José Antonio González-Alcalá a refrendar en Guadix el cargo que le legase Santiago Pérez cuando se convirtió en subdelegado del Gobierno. Ambos tendrán que lidiar con las marcas en las que participa Podemos -especialmente fuerte en Baza- y con Ciudadanos, que con los datos de las autonómicas y las encuestas en la mano, sería la llave del Ayuntamiento de Guadix.

Ocho años, dos comicios y otros dos alcaldes después, el 'caso Lanjarón' ya tiene sentencia. El exalcalde del PP de la localidad alpujarreña, José Rubio, ha sido condenado a 20 días de prisión por alteración del censo electoral antes de las elecciones municipales de 2007, aunque absuelto de los delitos de falsedad y retraso en la publicación del censo de los que también lo acusaba la Fiscalía. Rubio es finalmente el único condenado por un caso que llegó a imputar a varios cargos populares, entre ellos la exparlamentaria andaluza Carmen Lidia Reyes, finalmente exculpada de todos los cargos que se le acusaban.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Granada considera probado que entre los días 29 y 31 de enero de 2007, en los que se cerraba el censo para las municipales de aquél año, se inscribieron de manera fraudulenta al mismo tiempo 100 personas sobre un censo total en ese momento de 3.300 votantes. A Rubio, en concreto, se lo considera responsable directo de 11 de estas peticiones, que firmó y registró él mismo, y que incluían a varios familiares directos suyos residentes en Madrid, Málaga o Almería.

Aunque la Audiencia lo considera culpable de la alteración del censo con el objetivo de “interferir en el resultado electoral correspondiente”, lo exculpa de los delitos tanto de falsedad como de retraso en la publicación del censo por entender que todas las operaciones que Rubio realiza con los datos de sus parientes, en las que, por ejemplo, miente acerca de su residencia en Lanjarón, se realizan con permiso de los afectados.

La sentencia recoge que Rubio “conocía los plazos que establece la Ley” para el cierre del censo, y también, recogiendo declaraciones del mismo cuando era alcalde en el pleno municipal, “que la alcaldía de Lanjarón se decidía por muy pocos votos”, por lo que “decidió convencer o aconsejar a personas de su entorno que se empadronasen en el municipio aún sin residir en el mismo con la finalidad de mantener la mayoría en esas elecciones”.

Rubio perdería las elecciones frente al socialista Mariano Ruiz por un estrecho margen, 1.221 votos frente a 1.150, 6 concejales del PSOE contra 5 del PP. En 2011, Ruiz perdería la alcaldía en favor del popular Eric Escobedo, actual regidor y candidato a la reelección, por una diferencia aún menor: 1.089 frente 1.063 votos.

El llamado 'caso Lanjarón' ha sido una polémica sostenida en la provincia que ha resucitado con cada comicio intermedio, aunque sobre todo fue usado como arma electoral por el PSOE contra la exparlamentaria andaluza Carmen Lidia Reyes (PP) cuando aún ocupaba su escaño. Reyes fue exculpada de todos los cargos que se imputaban en 2012 y finalmente no tuvo que sentarse en el banquillo junto a José Rubio, del que fuese concejal entre 2003 y 2007.

Las municipales de Granada tienen un campeón invicto y cinco aspirantes. José Torres Hurtado se presenta buscando su cuarta mayoría absoluta y puede que una salida por la puerta grande de la política, mientras que PSOE, IU y UPyD repiten con sus candidatos de 2011. Todo apunta a que irrumpirán en el Ayuntamiento tanto Ciudadanos como Vamos, la marca creada por Podemos y Equo. Los resultados de las autonómica y la últimas encuestas apuntan a un escenario en el que los pactos postelectorales parecen inevitables.

PP: Continuidad y un posible relevo

“José Torres Hurtado es el alcalde y los demás son candidatos”, es el análisis que suele escucharse en numerosos foros en Granada en el arranque de la campaña. Torres Hurtado repite, aunque durante gran parte de su actual mandato no ha estado nada clara su continuidad. Por un lado, por motivo de salud, ya que un ictus que le tuvo apartado meses de sus labores de Alcaldía durante un tiempo. Por otro, por la aspiración de ser alcalde de Sebastián Pérez, el presidente provincial del PP y de la Diputación, y su eterno número dos en el Consistorio. No es de descartar que este sea su relevo a medio mandato para favorecer una transición incruenta y que permita a Torres salvar el orgullo.

El eterno alcalde baila en la campaña con dos promesas. La primera, ya una tradición, tiene que ver con la Alhambra y la reclamación de mayor poder en ella para la ciudad; en este caso con un referendum este octubre. La segunda, con la ampliación de la Línea de Alta Capacidad (LAC) de autobuses, tras una polémica reforma del sistema público de transporte. En su lista sobreviven en puestos de salida todos sus ediles más polémicos, incluidos los que habían anunciado que no deseaban repetir: Isabel Nieto, de Urbanismo; Telesfora Ruiz, de Movilidad, y Francisco Ledesma, de Economía, responsable de una deuda opaca que se ha triplicado este mandato y experto en maquillar cifras y salidas de tono varias.

PSOE: Aguantar para ganar... o no perder

Si un mérito le pueden reconocer votantes y equipo a Francisco Cuenca, por segunda vez cabeza de lista en las municipales por el PSOE, es que se ha quedado. Los anteriores líderes socialistas derrotados por Torres Hurtado tardaron lo justo en encontrar acomodo en otra administración y marcharse. Cuenca ha permanecido haciendo oposición mientras sufría ataques por los supuestos tratos de favor a su pareja e intentos de moverle la silla desde dentro de su propio partido.

El alcaldable socialista se enfrentó en 2011 a las acusaciones contra su mujer, acusada de recibir contratos públicos desorbitados y a dedo. Actualmente sigue imputada en el caso Mercamed, en el que la Diputación es parte perjudicada. Sin embargo, como quiera que el actual gobierno provincial del PP puede verse salpicado por la condena de empresarios afines, el caso ha pasado a segundo plano. La solución de Torres Hurtado ha sido demandar por denuncia falsa a los ocho ediles del PSOE por implicarlo en el caso Palacio de Hielo, una imputación a la que se le prevé poco recorrido judicial.

IU: El fracaso de la confluencia

Francisco Puentedura y Maite Molina, los actuales concejales de IU en el ayuntamiento nazarí, repiten como cabezas de lista seguidos de representantes de los movimientos vecinales y del partido minoritario Alternativa Socialista, suerte de coalición para maquillar el fracaso de 'Ganemos'. La dirección provincial de IU no logró forjar una gran candidatura de izquierdas y finalmente ha acabado en dos listas que competirán por el espectro electoral a la izquierda del PSOE.

En cualquier caso, Puentedura era el número uno elegido por mayoría en unas primarias celebradas en diciembre y ha sido bandera de la oposición durante el último mandato, en ocasiones con más acierto que el PSOE. Más allá de la trayectoria, coherencia o efectividad de los candidatos de IU, lo que está en juego es su suelo electoral y cómo les afectará que haya una candidatura asociada a Podemos. De hecho, esta candidatura, Vamos Granada, parece preocupar más a IU que PSOE o PP, a pesar del general desconocimiento que sufre entre la ciudadanía.

UPyD: De posible bisagra a temer por la desaparición

La irrupción de Mayte Olalla en el ayuntamiento granadino hace cuatro años fue una sorpresa que se atribuyó más al peso de la marca que a la propia concejal, casi una desconocida entre los ciudadanos en ese momento. Cuatro años después, con su propia imagen ya establecida, puede ser de nuevo la marca la que determine los resultados, en este caso para mal. UPD teme perder su representación frente a la hipotética apoteósis de Ciudadanos, que capitalizaría el voto descontento con el PP y el  desmovilizado en una ciudad con fama de conservadora.

Olalla se ha permitido este año críticas que quedaban fuera del alcance de PSOE e IU por la presencia de ambos en el gobierno de la Junta -despilfarro en altos cargos, destrucción del patrimonio-, quedando también fuera del tradicional frentismo entre administraciones. Pero la importancia de su labor es tan relativa como el peso de una sola concejal. 

Ciudadanos: El exsocialista del que dependería el PP

Luis Salvador, senador por Granada por el PSOE entre 2004 y 2011, tiene el peso de la marca de su parte, pero también el de su propia persona. Tertuliano de televisión habitual, es el artífice de una campaña callejera centrada en los barrios que son nichos de voto tradicional del PP. Con los resultados de las andaluzas extrapolados, serían la llave, y alguna encuesta los sitúa en el horizonte de los cinco concejales.

Parece completamente descartado un pacto con su antiguo partido, dada la animadversión entre Salvador y la actual dirección municipal del PSOE. De hecho, esta campaña contará con dos perdedores de primarias socialistas presentándose con siglas nuevas: el exsenador, que intentase ser secretario provincial y municipal sin éxito, y el Luis De Haro por Vamos Granada, la lista que apoya Podemos. Sin embargo, Salvador cuida de pronunciarse sobre un posible pacto con Torres Hurtado -o Sebastián Pérez- que sabe que le perjudicaría.

Vamos: Desconocidos y temidos

Vamos Granada es el partido instrumental de Podemos y Equo para competir en las municipales. Estos ha irrumpido en campaña con una acusación para su alcaldable, Marta Gutiérrez: haber despedido a 13 trabajadores del Colegio de Arquitectos mayores de 55 años usando la reforma laboral de Rajoy cuando era decana. Aquí entran ya las versiones: no fue así porque se los despidió antes, sus sueldos eran desorbitados, el Colegio estaba en quiebra... o “esto es lo que podemos esperar de quiénes dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas”, en palabras del candidato de IU, Francisco Puentedura.

El número dos de Gutiérrez, el exsocialista Luis De Haro, que fuese Jefe de Polícia de Andalucía Oriental y dirigiese la Operación Malaya, es más conocido que ella en la ciudad, pero ha mantenido un perfil bajo. Este recaló en Vamos Granada tras no conseguir los avales para presentarse en las primarias del PSOE.

Gutiérrez puede presumir de sanear una institución en quiebra con más de 3 millones de euros de deuda -hace poco el Colegio Superior de Colegios de Arquitectos de España la invitó a presumir de ello en una asamblea en Madrid- y De Haro de combatir la corrupción a uno y otro lado del Atlántico. Sin embargo, si estos son méritos para ser votados, primero los granadinos tendrían que saberlo.

La confluencia entre las fuerzas a la izquierda del PSOE ha sido tan imposible en Granada como en muchos otros puntos de España, aunque el mapa se presenta más claro en la capital que en la provincia. La marca Ganemos estará prácticamente ausente de las inminentes municipales, con contadas excepciones, y el baile de siglas para diferentes proyectos sólo ha servido para crear la confusión entre los votantes, que no está claro si acabarán desmovilizados, dividiendo los apoyos o reforzando a ambas opciones.

La capital: IU y Vamos

La capital: IU y VamosEn Granada capital, tras meses de asambleas, reuniones internas e intentos de pacto públicos y privados, finalmente Izquierda Unida concurrirá por su cuenta con una lista continuista respecto a 2011 y una alianza simbólica con partidos menores como Alternativa Socialista; y Podemos y Equo apoyan Vamos Granada, una candidatura con una número uno de la formación de Pablo Iglesias, varios independientes y un ex socialista, el antiguo Jefe de la Policía Local de la ciudad, Luis De Haro, que anunció su candidatura a las primarias del PSOE.

IU ha apostado por la continuidad como había hecho ya desde diciembre. Sin abandonar las asambleas de Ganemos o cualquier otro foro, la coalición de izquierdas celebró sus propias primarias con mucha antelación y respetando sus propios calendarios, en las que el actual concejal y candidato ya en 2011, Francisco Puentedura, arrasó sin muchos problemas a un único rival. Le seguirá su compañera de bancada estos cuatro años, Maite Molina, y una representación de militantes, miembros del movimiento vecinal y representantes de movimientos sociales.

Las pocas alianzas que suma IU son con partidos menores que estuvieron en el seno de Ganemos pero no se quedaron en esta formación, finalmente vacía de contenido. El partido Alternativa Socialista, integrado en el nombre de la candidatura, ha provocado incluso algún roce en las redes sociales entre Puentedura y militantes del entorno del PSOE que creyeron ver un intento de identificación con dicho partido. 

En cuanto a Vamos Granada, que ha celebrado unas primarias completamente abiertas y utilizando más los métodos de Equo que los de Podemos, se presenta con una candidata de este segundo partido, Marta Gutiérrez, decana del Colegio de Arquitectos de Granada, y un número dos, Luis De Haro, el que fuera Jefe de Policía de Andalucía Oriental y dirigiese la 'Operación Malaya', y que también se presentó a las primarias del PSOE municipal el año pasado sin lograr los avales.

La candidatura se enfrenta a un gran desconocimiento entre el electorado tras el baile de marcas entre Ganemos, Imagina y la final Vamos. No hará coalición con nadie, y por tanto necesitará un resultado espectacular para estar presente en la Diputación, aunque su fórmula jurídica será la de partido instrumental, y no la de coalición de electores. Se espera el apoyo simbólico de señalados ex militantes de IU.

Otros partidos menores, como Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), implicados a diferentes niveles en los procesos de confluencia desde el comienzo, han preferido presentarse por su cuenta, aunque algunos de sus militantes apoyen o aparezcan en las listas de Vamos.

El área metropolitana: Ganemos, Ahora, Puede

El área metropolitana: Ganemos, Ahora, PuedeLa confluencia más sencilla ha llegado en dos municipios del área metropolitana, Peligros y Vegas Genil. El primero será uno de los pocos en integrar bajo la marca Ganemos a militantes de todas las formaciones, capitaneados por el actual alcalde, Roberto García, elegido en 2011 por las listas de IU y militante activo de Izquierda Abierta. En Vegas del Genil, el ex coordinador de IU en dicho municipio, Alejandro García, encabezará la lista de Ahora Vegas.

El resto de la provincia es un batiburrilo de disputas entre actuales militantes de IU y ex militantes de la federación de izquierdas ahora en Podemos repartidos en diferentes bandos que pretenden concurrir o no conjuntamente a las municipales. Por ejemplo, en el pequeño municipio de Cijuela, la candidatura unitaria Ganar Cijuela acusa a la dirección provincial de la coalición de montar una lista paralela de IU, a pesar de que los militantes locales de dicha formación están en esta lista confluyente, sin empadronados en el municipio.

En otros municipios del área metropolitana se presentarán Ganar Albolote o Por Atarfe Sí, con mayoría de militancia de Podemos, además de iniciativas más o menos exitosas en la confluencia como Somos Dúrcal. Finalmente, Ahora Sí, impulsado por militantes de Podemos, presentará listas en varios municipios del área metropolitana y alguno de la capital.

Imputados y diferencias personales

Imputados y diferencias personalesEl proceso de confluencia bajo la marca Ganemos estuvo viciado desde un primer momento por la ausencia de estructura de Podemos hasta enero y los intentos de IU de controlar la asamblea a través de sus cuadros o asociaciones de su entorno. Además de Puentedura, que era candidato de IU en cualquier caso, sólo se postuló a candidato el periodista y escritor Alejandro Víctor García, quién finalmente desistió de presentarse tras intentar negociar una lista con ambos partidos.

Más allá de las negociaciones sobre el modelo legal -IU manteniendo su personalidad y Podemos y Equo usando el partido instrumental-, las diferencias entre la actual dirección de la coalición de izquierdas y los dirigentes de Podemos ex militantes de la misma han resultado determinantes, en concreto entre el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, cuyo hermano llevó en los primeros compases la presencia de la coalición en Ganemos, y Alberto Matarán, secretario general de Podemos Granada. También la presencia en todos los movimientos de Ganemos de la figura de Mario Ortega, ex candidato de Los Verdes actualmente militante sin cargo de Podemos y que fue expulsado de Equo, dificultó la integración de este último partido.

Finalmente, tanto en la capital como en el área metropolitana provocó diferencias incluso dentro de la propia IU la presencia constante de los dos principales imputados en el 'caso Mercamed' de la coalición, el ex vicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo, y su antiguo cargo de confianza, Jorge López. Ambos están acusados y a la espera de juicio por, supuestamente, favorecer a la empresa de un amigo del primero con una trama de facturas falsas y empresas pantalla en una feria empresarial en Marruecos cuando IU gobernaba en la Diputación provincial en coalición con el PSOE.

El todavía concejal de Personal del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, repetirá en las lista del PP  a la capital nazarí (como número 7) estando imputado por acceder de manera presuntamente ilegal a datos personales de un trabajador municipal. El próximo 6 de mayo acudirá a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada junto al diputado provincial José Torrente, también del PP. El denunciante, antiguo letrado de Urbanismo del Ayuntamiento, les acusa de hasta seis delitos diferentes.

Los hechos se refieren a la suspensión de empleo y sueldo por tres años del antiguo letrado jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, quien llevó el caso de un particular de forma gratuita contra la Diputación. El Ayuntamiento argumentó la incompatibilidad con su puesto público, si bien parece que obtuvo los datos para ello a través de la presunta filtración de los datos del juicio por la administración provincial.

En concreto, Fuentes y Torrente han sido denunciados por los presuntos delitos contra la Administración Pública de violación de secretos, revelación de informaciones protegidas legalmente, delito contra los derechos individuales, delito de prevaricación de autoridad, falsedad documental y estafa procesal. El juzgado instructor encuentra indicios de irregularidades y ha llamado a ambos a aclarar los hechos el próximo 6 de mayo.

Torrente, portavoz del gobierno provincial, se ha defendido preguntándose “qué secreto se revela cuando una sentencia es pública, qué secreto se revela cuando se dice que un funcionario del Ayuntamiento está ejerciendo como letrado si esa colegiación es pública”. También afirma que puso la información en conocimiento del Ayuntamiento de Granada sin añadir “ninguna referencia valorativa” cuando era delegado de Asistencia a Municipios en la Diputación.

Por su parte los sindicatos del Ayuntamiento nazarí apuntan a una “represalia” contra el letrado denunciante por sus informes negativos a determinadas “grandes operaciones urbanísticas” del Consistorio, como pueda ser el controvertido 'caso Serrallo', donde varios altos funcionarios están imputados por permitir que se construyese una discoteca con pista de hielo en el espacio para un parque infantil. En este caso, los abogados de las acusaciones populares han apuntado a la responsabilidad de la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, número 3 para las municipales de mayo.

Ya en 2011, el PP concurrió con una candidata imputada, Cristina Almagro, en el puesto 8. Aunque la holgada mayoría de 16 ediles obtenida por el partido le permitió acceso al acta, la edil tuvo que dimitir a los pocos meses tras ser condenada por falsificar, tanto ella como otro afiliado del PP, las actas de la asociación de vecinos del barrio del Albaicín para ser elegidos en sus puestos directivos.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha llamado a declarar como imputados a cuatro agentes de la Policía Nacional, aunque sin atribuirles ningún delito concreto, por el posible uso de las llamadas “listas negras” de activistas sociales para multar a manifestantes del movimiento 15M. La declaración se producirá el próximo 15 de abril tras ser pospuesta en varias ocasiones porque la abogada del denunciante, cuando sólo se había imputado a dos agentes, pidió que compareciesen los dos restantes. En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha llamado a declarar como testigos a dos policías más, también en una investigación por el uso de estas llamados “listas ideológicas”.

En ambos casos, tanto el que está en manos del juzgado de Instrucción 1 como en manos de Instrucción 5, se trata de denuncias por partes de activistas recibieron varias multas en enero de 2013 por su participación en los actos del primer aniversario del 15 de mayo en 2012, en concreto por la ocupación y la organización de asambleas en la Plaza del Carmen de Granada, y también por una concentración sin notificar ante la Subdelegación del Gobierno en la ciudad en septiembre del mismo año.

En sus denuncias, a las que ha tenido acceso eldiarioandalucia, la representación legal de los activistas explica que todas las multas fueron interpuesta atribuyéndole la autoría de los hechos “por identificación visual”, es decir, sin que ningún agente de la Policía le pidiese sus datos. Ambos manifestantes carecen de antecedentes penales y nunca antes de recibir las multas había sido sancionados, ni identificados por la Policía Nacional, algo que acreditan adjutando su expediente policial. 

Afirma por ello uno de los denunciantes que “fui identificado por agentes que no tendrían forma de conocerme sino por la existencia de una base de datos de personas, en la que no hay causa para que yo me encontrara puesto que, como he venido manifestando, en ningún momento he sido identificado por la Policía Nacional ni mis datos registrados en sus archivos por razón alguna”.

Las dos denuncias plantean los posibles delitos de los artículos 390.1 y 404 del Código Penal, contra los funcionarios que cometan falsedad atribuyendo a terceros actuaciones que no hayan cometido o contra los funcionarios que dicten una resolución administrativa arbitraria a sabiendas. También añade un delito del 198 por la utilización en perjuicio de un tercero de datos reservados de carácter personal.

El juez de Instrucción del 5 no atribuye estos delitos a ninguna persona en su investigación y sólo llama a los policías que multaron al activista en calidad de testigos. En el caso del juez del 1, aunque la investigación está abierta por posible delito de revelación de secreto por acceder a datos de personas sin antecedentes penales y llama a los policías como imputados para que puedan defenderse, no les atribuye a ellos el delito, sino que investiga si pudo cometerlo otro funcionario. La Jefatura de la Policia Nacional en Granada no ha querido valorar estos hechos.

La abogada de Stop Represión Granada, Sara Donaire, explicó a eldiarioandalucia que estas denuncias son dos de las 23 que interpuso de manera simultánea este colectivo a partir de multas por identificación visual. Tan sólo dos han sido admitidas a trámite, aunque Donaire admite que “en gran parte, el valor de estas denuncias es simbólico”. En todos los casos, se trata de denuncias basadas en multas que fueron retiradas tras ser recurridas.

En el caso de los agentes llamados comos testigos, aún no hay fecha para su declaración, dado que el juez de Instrucción 5 debe decidir si les permite declarar como testigos protegidos respecto a la letrada, una tipo de petición que se ha dado en Granada en ocasiones anteriores generando controversia entre los abogados de activistas sociales por no considerarla estos ajustada a derecho.

Luis de los Santos, del Grupo de Juristas 17 de Marzo, que ha presentado numerosas denuncias en Andalucía por estas presuntas prácticas de la Policía Nacional -ante Fiscalía, diferentes juzgados de instrucción e incluso la Agencia Española de Protección de Datos-, sostiene que “estos ficheros existen” porque “se ha admitido en juicios” como el de los detenidos por la huelga contra la LOU en Sevilla en 2007 o el del 'represaliado de La Velá' en Córdoba en 2013.

De los Santos define las “listas negras” como “ficheros ideológicos de personas que no han cometido ningún ilícito penal pero a las que la Policía 'ficha' tras comprobar que participan en determinado tipo de manifestaciones”. Cita como ejemplo casos como el de los abogados de Granada frente a los que los agentes pidieron declarar como testigos protegidos en el caso del ultraje a la bandera: “se afirmaba que participaban en las mismas manifestaciones que sus defendidos, ¿cómo se podía saber?”.

En 2013 el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid llegó a investigar la disolución de una concentracion de 'Rodea el Congreso' en 2012 en la que se realizaron una serie de identificaciones que los activistas, mediante una denuncia colectiva, relacionaban con la elaboración de “listas negras”, aunque finalmente dicha causa fue archivada.

El exconsejero de Economía, Antonio Ávila, ha declarado este martes ante el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), siendo el primero de los imputados aforados andaluces en comparecer ante el alto tribunal. Ninguna de las partes ha pedido medidas cautelares contra el socialista, que ha defendido “su honestidad” y confía en que la causa contra él se archive.

El juez instructor del TSJA, Miguel Pasquau, ha interrogado durante dos horas al exconsejero en una comparecencia en la que también hicieron preguntas el fiscal superior, Jesús García Calderón, y el abogado del propio Ávila, pero no los defensores de los otros imputados, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. El abogado del PP, que es acusación popular, ni siquiera acudió a la sede judicial en Granada.

Ávila llegó y se marchó con la misma tranquilidad de un TSJA que por fin recibe el caso ERE tras casi dos años de tiras y aflojas. El exconsejero, a la salida de su comparecencia, declaró a la prensa que había acudido para tener “la oportunidad” de trasladar la información que se le ha solicitado de manera voluntaria, “haciendo referencia a todo lo que considero que no es correcto”. Según Ávila lo ha hecho con el fin de “seguir siendo” lo que ha sido “toda” su vida, que es “un trabajador, un funcionario público”.

Preguntado por si confía en el archivo ha indicado que “uno siempre tiene la confianza cuando tiene la certeza de que ha sido honesto, honrado y que no ha participado en ningún tipo de irregularidad, yo tengo la confianza de que todo se verá, aflorará, y será así. Esa es la confianza que tengo. ¿Cuándo? Cuando lo determine quien lo tiene que determinar, que es la justicia”.

La ronda de declaraciones en el TSJA continuará este miércoles con la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el día 15 de abril con el exconsejero Francisco Vallejo, que también solicitaron declarar de manera voluntaria. Vallejo estaba previsto para el día 14 pero, según fuentes judiciales, su comparecencia se ha aplazado para un día después, a las 11.30.

El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, ha citado a los tres aforados “sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente”, todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Mercedes Alaya.

En la provincia todo ha cambiado para seguir, en cierta medida, como siempre, en proporción a los resultados de toda Andalucía. El PSOE recupera la posición de fuerza más votada, aunque pierde un escaño, casi 25.000 votos y cuatro puntos respecto a 2012. El PP no sólo no repite sus buenos resultados de entonces, es que retrocede a su niveles de 1990, con 4 parlamentarios y un 30% de los votos. Irrumpe Podemos como tercera fuerza, con dos escaños, y Ciudadanos con uno. Finalmente, en juego hasta muy avanzado el escrutinio, IU mantendrá el conseguido hace tres años, y que permite el grupo parlamentario para la formación. Con todo, e igual que en el resto de Andalucía, la 'fuerza más votada' ha sido la abstención, del 35 por ciento, que “empata” al PP.

En realidad, y a pesar de que la tarta cambia de proporciones y llegan nuevos colores, habrá apenas cuatro diputados debutantes por la provincia. Todos los del PP -Carlos Rojas, Ana Vanesa García, Juan Ramón Ferreira y Marifrán Carazo- y la de IU, María del Carmen Pérez, repiten. Del PSOE, Teresa Jiménez, Miguel Castellano, María José Sánchez Rubio y Francisco Javier Aragón son ya veteranos en el Parlamento andaluz, y sólo es novata Olga Manzano. Finalmente, si llegan de nuevas los dos de Podemos, José Luis Serrano y Carmen Lizárraga, y el de Ciudadanos, José Antonio Funes. 

Para el PP se han cumplido las peores previsiones, aunque se especulaba con mantener el quinto diputado. Sus resultados casi calcan, en votos que no en porcentajes debido a la mayor participación, los de las Europeas del año pasado, los primeros comicios en los que perdió la primera posición tras un exitoso ciclo de municipales, generales y autonómicas desplazando a los socialistas. Estos últimos están lejos de sus mejores resultados, pero la fragmentación del voto entre las nuevas fuerzas y la caída de su rival le devuelven la hegemonía en la provincia. De hecho es el peor resultado en sufragios y porcentaje en unas autónomicas del PSOE en Granada e incluso empeora los votos de las generales de 2011, cuando tuvo 184.000 apoyos, eso sí, con 10 puntos más de participación.

Aunque durante la campaña los temas granadinos, más allá de la polémica sobre la Alhambra, han estado en relativo segundo plano, lo que si parece claro es que los supuestos “mimos” del PP a la provincia desde el Gobierno central, priorizando la eternamente en obras autovía A-7 u otros proyectos, no han tenido efecto. De hecho, incluso algunos, como la llegada del AVE a cámara lenta y los cambios en el proyecto de la estación durante la última legislatura, han podido pasar factura. Asimismo, aunque el PSOE pierde algunos apoyos, parece haber llegado al límite del desgaste por retrasos como el del Metro de la capital, que lo castigó severamente en el último ciclo electoral tanto en esta como en los municipios vecinos a los que también afecta, o en escándalos de corrupción como el 'caso Nevada' o el 'caso Atarfe'.

El desplome popular es de unos 63.000 votos, de los 198.000 de 2012 a 135.000, lo que supone la pérdida de 13 puntos y dos parlamentarios andaluces. Casi un tercio de los sufragios perdidos son en la capital, donde mantiene el puesto de fuerza más votada aunque cae 17 puntos. El PSOE, que tan sólo cae 6, le recorte así 9 de distancia respecto a 2012 y 14 si comparamos con las municipales de 2012. Aunque lo más relevante en la irrupción de Podemos, con 15% de los votos, y Ciudadanos, con el 13, proporciones que en mayo les permitirían tener una holgada representación.

Aunque no está muy claro hasta qué punto puedan ser extrapolables estos resultados, si es cierto que en 2011 y 2012, cuando el orden de los comicios fue inverso, el PP incluso mejoró el número de sufragios totales en las autonómicas respecto a las municipales. Si en mayo de 2011 José Torres Hurtado lograba su tercera mayoría absoluta con 60.000 votos y un 51% de los votos, menos de un año después la cifra subían a 67.000 y 55% para los populares en Granada capital. Eso sí, el PSOE subía en proporción similar. La participación ha sido este año a similar a la de dichos comicios. Por su parte, IU pierde casi 6000 votos, lo que en unas locales le podría suponer perder uno de sus dos concejales, y UPyD se desploma hasta el punto de que se quedaría sin representación, arrasada por la llegada de Ciudadanos.

En ese escenario también concurrirían otros factores, como el tirón de José Torres Hurtado como candidato municipal tras tres mayorías absolutas, aunque quizás lo que se haya visto en estas andaluzas sea un reflejo de su desgaste tras 12 años. También que el candidato de Ciudadanos, el ex senador socialista Luis Salvador, es mucho más conocido en la ciudad que el autonómico Funes. De los 43.300 votos en la provincia para la formación naranja, 16.800 han llegado desde la capital, más de un tercio. También aspiraría a tener representación en otros municipios relevantes de la provincia, como Motril, Armilla, Jun o Guadix.

Finalmente, queda la cuestión de que Podemos no concurrirá con sus propias siglas, sino integrando a sus candidatos en el partido instrumental 'Vamos Granada', separado de Ganemos Granada y de Izquierda Unida. La debacle de la coalición de izquierdas y la rebaja de las expectativas de los podemitas, de todos modos, podrían influir en la más que complicada confluencia, en la que además las fechas ya descartan el modelo de agrupación electoral. Sobre todo porque los resultados en el área metropolitana -donde Podemos es segunda fuerza, a veces empatada con el PP, en algunos municipios tradicionales feudos del PSOE, como Atarfe o Jun- y provinciales si harían que la combinación de fuerzas de ambas formaciones fuese decisiva de cara a la Diputación provincial, que si se extrapolan los resultados el PP empezaría a dar por perdida.

Los residentes y trabajadores de la Residencia de grandes dependientes 'Huerta del Rasillo' de Granada han protagonizado este jueves una concentración y manifestación entre la propia residencia y la delegación de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la ciudad, para pedir soluciones a la amenaza de cierre, despidos y traslados que pesa sobre ellos desde hace meses. 

El conflicto se remite a las deudas acumuladas por la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Canf-Cocemfe Andalucía), que gestionaba este centro granadino y el situado en Sevilla, en la calle Portobelo, también residencia de grandes dependientes. Desde el pasado enero, y tras casi un año acumulando retrasos en las nóminas y pagos a la Seguridad Social, la CANF se encuentra en concurso de acreedores, y el administrador concursal ha planteado una liquidación de las deudas que implicar el cierre de los centros, el traslado de los usuarios y un ERE extintivo para los trabajadores.

Se trata de dos centro que la CANF gestionaba mediante un concierto con la Junta de Andalucía, en el caso de Granada además situado en un edificio propiedad del Ayuntamiento de la ciudad. La administración ha negociado que dos entidades, por separado, asuman la gestión de cada uno de los dos centros. En Granada, la Federación Granadina de personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGRADI), en Sevilla, la firma privada Vitalia. Sin embargo, el principal escollo hasta ahora es que el administrador concursal considera la deuda de 2 millones de euros acumulada por la CANF indivisible, y ninguna de las partes está dispuesta a asumirla en su conjunto.

La protesta de los afectados en Granada este jueves llega tras dos anteriores canceladas en el último minuto tras personarse en la Residencia el propio delegado de Políticas Sociales, Higinio Almagro (PSOE), prometiendo en ambas que no habría cierre, a pesar de que el proceso administrativo apunta en esa dirección. En la última, el pasado 10 de marzo, los trabajadores acabaron pidiendo que se marchase al parlamentario andaluz del PP Vicente Valero, y también estuvieron presentes representantes del sindicato CCOO, de Podemos y de Equo.

Negociaciones a tres bandas

El secretario general de Enseñanza de CCOO, Diego Molina, explicó a eldiarioandalucia que actualmente las negociaciones se producen a tres bandas. Por un lado, los sindicatos negocian con el administrador el ERE que debe liquidar a la plantilla. El actual administrador de la empresa, que debe liquidar la deuda, ha iniciado los trámites para despedir a los empleados de la CANF en ambas residencias y acabar con la deuda acumulada con ellos. Se encuentra en fase de negociaciones entre sindicatos y 'propietario', aunque el próximo viernes 28 de marzo será la reunión definitiva sobre este particular y, firmen o no, con las actuales leyes laborales en la mano, el administrador puede imponerlo sin negociar.

Por otro lado, Molina explicó que la ONG Fegradi se encuentra negociando con el propio administrador asumir sólo la parte de la deuda a la Seguridad Social acumulada por la residencia de Granada, de 400.000 euros, y no el conjunto de los 2 millones totales. De esta manera, Fegradi estaría dispuesta a asumir tanto el centro como a la actual plantilla. Aún así, según el sindicalista, esta opción es “poco probable”.

En caso de fallar, finalmente, CCOO negocia con la Junta de Andalucía que usuarios y plantilla sean trasladados al centro que tiene en Granada la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM), que dispone de espacio suficiente y a la que la administración aumentaría la ratio de trabajadores para que pudiese asumir a los del Rasillo.

Sin embargo, esta última opción no es bien vista por los afectados, que como han puesto de manifiesto esta mañana, quieren a toda costa permanecer en su actual residencia. Los usuarios ya ceden el 75% de sus pensiones de dependientes para financiar el centro y sostienen que “no tenemos porque pagar las deudas que se han acumulado por la mala gestión de otros”.

Concentraciones de Stop Desahucios a la puerta de la institución y ayuntamientos de municipios pequeños acusándola de incumplir compromisos. La empresa de vivienda y suelo de la Diputación de Granada, Visogsa, llega a la recta final del mandato con la oposición, PSOE e IU, denunciando una posible quiebra de la misma que la falta de transparencia de la misma no les permitiría contrastar, tramitando en los tribunales el desahucio de VPOs y con las obras de promociones de viviendas de alquiler social paralizadas desde 2011.

El principal frente se encuentra en el apartado de los desahucios, en concreto el de siete familias en régimen de alquiler en una promoción de más de 70 viviendas de protección oficial en el municipio de La Zubia, de la que alrededor de una veintena se encuentran habitadas de manera legal. Desde comienzos de 2014, la urbanización ha vivido diferentes protestas de Stop Desahucios también para defender a familias 'ocupas'. 

Uno de los vecinos legales afectados, Isidro, apunta a que los ingresos mensuales que le da su trabajo “son de sólo 337 euros”, con los que deben vivir él y su hija de ocho años, mientras el alquiler esta en 401,5 euros. “Otros vecinos tienen la ayuda de 426 euros, pero aún así, ¿van a vivir con 25 euros al mes después de pagar el alquiler? No es que no queramos pagar lo que se debe, es que si tenemos que elegir entre eso y comer, pues preferimos comer”.

En su caso, le piden judicialmente la deuda total que acumula desde que dejó de pagar el alquiler, algo más de 3000 euros, y esta semana ha recibido un aviso que le da 15 días para ponerse al día. “Si en un mes no me da para pagar 400 euros, ¿cómo quieren que en la mitad de tiempo reúna siete veces más? Es absurdo. Me han llegado a decir cara a cara que si no tengo para pagar, que entregue las llaves. Pero tengo una hija, ¿me la llevo a dormir a la calle?”.

Parte de la indignación de Isidro y las otras seis familias amenazadas de desalojo por diferentes vías legales fue la respuesta, vía nota de prensa, del vicepresidente segundo y diputado de Medio Ambiente, José Robles, responsable de Visogsa, quién tras una de las concentraciones de Stop Desahucios afirmó que los procesos de lanzamiento sólo se han producido “en situaciones de ”ilegalidad manifiesta“ por ocupaciones o el uso de las viviendas para ”actividades ilícitas“.

Los vecinos no niegan que se ha producido ese tipo de situaciones, pero sí que se relacionen con las siete familias afectadas. Piden que se les aplique un alquiler social, del 20 por ciento de los ingresos familiares. A esto respondía Robles que para que sea posible legalmente “habría de cambiarse la calificación de estas viviendas, que son de protección oficial en régimen general para alquiler con derecho a compra, para que pasaran a ser consideradas como de renta básica”, una competencia que según él “corresponde a la Junta de Andalucía”.

Y añade que en caso “las familias que actualmente son beneficiarias de las mismas no podrían continuar viviendo en ellas automáticamente sino que, para que se garantizara el principio de igualdad de oportunidades, tendrían que volver a optar a las mismas en las mismas condiciones que otras familias que hubieran solicitado una vivienda protegida a través del registro de demandantes”.

Los vecinos afectados y Stop Desahucios creen que es una cuestión de “voluntad” y que si están llegando las notificaciones de lanzamientos o de solicitud de la deuda “demuestra que la empresa pública no tiene ningún deseo de negociar. No se han sentado con nosotros, no les hemos visto la cara”.

Robles también presumía de que durante el actual mandato “la única administración que ha construido VPOs es la Diputación de Granada”. Sin embargo estos mismos días el Ayuntamiento de Rubite reclamaba de manera pública la terminación de una promoción de 10 viviendas paralizadas desde finales de 2011. Dicho municipio, de apenas 500 habitantes y gobernado por el PSOE, tenía previsto desde mayo de 2008 la construcción de 10 VPOs para alquiler social en una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Diputación.

La colocación de la primera piedra fue el 9 de marzo de 2011, iniciándose las obras de manera inmediata. Sin embargo, a final de ese mismo año, y tras cambiar el gobierno de la Diputación, de la coalición PSOE-IU al PP en las municipales de mayo, se paralizaron hasta hoy. El actual gobierno municipal denuncia ahora que en todo este tiempo no ha recibido explicaciones y estudia pedir daños y perjuicios en los tribunales por incumplimiento del convenio de cesión de la parcela.

Todo esto, mientras sobre la empresa planean dos sombras: la de la posible quiebra, que han denunciado los grupos de la oposición en numerosas ocasiones a lo largo del mandato, y la de los presuntos “enchufes”. El pasado mes de octubre, el PSOE denunciaba la contratación del despacho de abogados del ex teniente de alcalde de Loja por el PP, Antonio Caro Derqui, después de que este dimitiese de sus cargos por desacuerdos con el regidor también popular, Joaquín Camacho. Si Caro Derqui no renunciaba a su acta, habría provocado la ingobernabilidad del municipio granadino.

Lo cierto es que aunque desde 2012 la actividad de la empresa pública se ha reducido casi a mínimos, siempre según los consejeros de PSOE e IU en la misma, se han seguido produciendo contrataciones y nombramientos de altos cargos. Asimismo, se han denunciado despidos de trabajadores con más de 25 años de antigüedad, recurridos en los juzgados, al tiempo que se incrementaba la plantilla en un 20 por ciento en los primeros años del mandato.

Además, este mes de febrero se ha hecho público que en 2013 la Diputación rechazó emprender acciones legales contra dos exempleados de Visogsa a los que la Fiscalía acusada de estafa y falsedad, y de hecho meses más tarde decidió readmitir a uno de ellos y pagar al otro varias cantidades por trabajos sin especificar. Durante el anterior mandato, el gobierno PSOE-IU los despidió por motivos disciplinarios que fueron ratificados en los tribunales cuando ambos extrabajadores recurrieron sus despidos. El PP no ha dado explicaciones por esta readmisión ni por qué no emprendió acciones legales cuando la víctima era la propia Visogsa.

El próximo 22 de marzo, 245.202 jóvenes andaluces que no votaron en 2012 estarán por primera vez llamados a las urnas en unas autonómicas, algunos de ellos a las urnas por primera vez en su vida. Las provincias que más aportarán novatos son Sevilla, con 57.914, y Málaga, con 41.521, según los datos del censo electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE), que no aclara cuántos de ellos ya tenían derecho a votar en las Europeas de 2014, aunque es de suponer que un gran porcentaje.

En los primeros comicios de un año electoral donde también les tocará votar en municipales y autonómicas y se anuncia la irrupción de nuevos partidos y un panorama político completamente diferente, estos votantes debutantes se mueven entre la desconfianza y la ilusión. Algunos de estos “novatos” electorales han contestado a las preguntas de si creen que es una buena ocasión para debutar como votantes, si saben lo que van a votar (y lo quieren decir) y si esperan más participación de los jóvenes. No es estadístico, pero sirve de muestra.

Miriam, Granada, 18 años

Pablo, Almería, 19 años

Lucía, Córdoba, 18 años

Adán, Sevilla, 20 años.

Arturo, Granada

Ángela, Cádiz, 18 años

Manuel, Sevilla, 19 años

“Mis perras claro que ladran, no son mudas, pero no creemos que esté demostrado que le puedan provocar lesiones a nadie, ni mucho menos hacer tanto ruido como para que sea delito contra el medio ambiente”. Nicolás García se toma con humor su situación, aunque después de cinco años sigue sin darle mucho crédito. Acaba de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Granada que los ha condenado a él y a su esposa, Inmaculada Rodríguez, a 21 meses de prisión más una indemnización de 3.000 euros a su antiguo vecino en el municipio de Vegas del Genil, por el ruido generado por los ladridos de sus dos mascotas, Nala y Greta.

La familia García Rodríguez, que incluye a los cuatro hijos del matrimonio, ha recurrido ante la Audiencia de Granada la sentencia pidiendo que se repita el juicio o se anule el ya existente, por entender que no se admitieron a trámite las “numerosas pruebas” presentadas por su defensa durante el mismo. Además, una de los cuatro hijos del matrimonio ha lanzado una campaña en change.org que pide revocar la condena, que han apoyado personajes como el cantante Melendi o el presentador de televisión Frank Cuesta y que lleva 75.000 firmas.

Nicolás explica a eldiario.es que “el juez no quiso admitir las mediciones de ruido que encargué hacer en mi casa porque no les daba credibilidad al haberlas pagado nosotros... pero es que no se encargó ninguna de oficio, sobre todo porque para comprobar si de verdad las perras hacían tanto ruido, habrían tenido que hacerse desde la casa del vecino denunciante”.

Las denuncias comenzaron en 2010 y han provocado una larga polémica, que empezó a nivel local, en Vegas del Genil, donde residía la familia hasta 2012, se convirtió en noticia nacional hace más de un año cuando se supo la acusación en juicio penal, y ahora con la condena y la recogida de firmas para pedir que se anule la condena.

Una raza tranquila

La familia no es la única que recurre ante la Audiencia. El vecino denunciante –al que el primer juicio reconoce lesiones producidas por los ladridos de las perras en él, su pareja y una de sus hijas– reclama una indemnización mayor, sin precisar cifras, aunque ya pidió 18.000 euros cuando comenzó el trámite judicial.

La Fiscalía pide que la condena de cárcel se aumente hasta 7 años para Nicolás y otros 7 para Inmaculada, por considerarlos culpables de un delito contra el Medio Ambiente. Con 21 meses no están obligados a ingresar en prisión porque ninguno de ellos tienen antecedentes, pero una condena mayor de dos años sí podría llevarlos a la celda.

Nicolás explica que le parece “muy absurdo” que se haya llegado hasta este punto. “Desde 2012, que ya nos parecía vivir una situación de acoso, nos trasladamos a Granada, en pleno centro de la ciudad. Tenemos al lado un instituto y casas de vecinos en el resto de costados: estamos rodeados. Si mis perras hiciesen tanto ruido como el que hace falta para que sea verdad lo que dicen la sentencia o el recurso del fiscal, no podríamos vivir aquí. Tendríamos el triple de denuncias”, alega.

Sostiene, además, que “precisamente elegimos a Nala cuando la adoptamos, por ser de una raza con fama de tranquila. Nuestros cuatro hijos eran pequeños y nosotros dos nunca habíamos tenido perro, así que nos recomendaron adoptar una labrador retriever, que está considerada una de las razas más tranquilas que existen, de las que menos ladran”. Nala, de 13 años, es la madre de Greta, de siete, que fue la mayor de una camada que la familia mantuvo, aunque repartió entre conocidos al resto de hermanos “porque los niños insistieron”.

“Sólo pedimos lo que consideramos un juicio justo. Contratamos a un veterinario y a una adiestradora que evaluaron a las perras, a un técnico que midió el sonido, hicimos varias grabaciones dentro de nuestra casa para que se midiesen los índices... nada de eso se ha admitido. De hecho, en la sentencia el juez admite que los DVD con los vídeos se extraviaron en el juzgado y él no ha llegado a verlos. La Policía Local hizo 18 visitas a mi casa certificando que las perras no hacían ruido. No sé qué más hacer”, indica.

Si la Audiencia no les da la razón, “no descartamos nada, aunque el abogado nos dice que tengamos paciencia y no pensemos todavía en los siguientes pasos. La recogida de firmas nos hace pensar en llegar a pedir el indulto si llega el caso, porque pensar en ir a la cárcel por esto... pero eso será si llega el momento, confiamos en que la Justicia nos acabe dando la razón”.

La Alhambra es el monumento más visitado de España, emblema de Andalucía y de Granada, y una de sus señas de identidad. Patrimonio de la Humanidad junto con el barrio del Albaicín, su atractivo turístico y el impacto económico que de él se deriva nadie lo pone en duda. Sin embargo, que ese impacto se note en la ciudad de Granada o la gestión del monumento se han convertido en un debate electoral recurrente, a pesar de los esfuerzos del Patronato por mantener el monumento alejado de la lucha partidista.

Una tarea que el Ayuntamiento de la ciudad, o más bien el PP que lo gobierna desde 2003, parece dispuesto a dificultar. El Patronato de la Alhambra y el Generalife depende de la Consejería de Educación y Cultura, y su directora, María del Mar Villafranca, llegó a formar parte brevemente de la Ejecutiva Federal del PSOE con Rubalcaba, por lo que identificarlos con el rival político y afirmar que perjudican a la ciudad es una táctica electoral recurrente. Aunque, eso sí, el Ayuntamiento tiene asiento en el Patronato y participa y conoce todas las decisiones que en él se toman.

Por otro lado, la idea de que se gestiona el conjunto monumental de espaldas a los intereses de Granada no es sólo cosa del PP; está lo suficientemente extendida en la ciudad como para que unos y otros hayan intentando contrarrestarla o reforzarla con cifras. La percepción de que los turistas llegan en autobuses desde Málaga o Sevilla por el acceso sur y se marchan sin hacer gasto en Granada, en tiempos de crisis y en una ciudad donde se proponen pocas alternativas para levantar la economía que no sean el turismo, puede suponer miles de votos.

El atrio y la restauración de Carlos V

El último episodio ha llegado a raíz de la presentación del proyecto definitivo de Puerta Nueva de la Alhambra, el llamado atrio de los arquitecto Álvaro de Siza y Juan Domingo de Santos, que quiere modernizar los accesos a la zona visitable del monumento y la atención a los turistas. El ambicioso proyecto tendrá un coste de 45 millones de euros y ocupará un área de 4.000 metros cuadrados. Aprobado en 2010, el espacio incluye tiendas e incluso guarderías. 

El último pleno municipal, el pasado 27 de febrero, anunciaba la cola electoral que traerá el tema: PP, IU y UPyD aprobaban una moción conjunta rechazando el proyecto por su elevado coste, su impacto urbanístico y patrimonial y los posibles perjuicios que pueda causar en el comercio del centro de la ciudad al atraer las compras de los turistas. Al mismo tiempo, el concejal de Cultura, Juan García Montero (PP), amenazaba a la Junta con usar todas las competencias municipales, vía PGOU, para intentar pararlo.

En dicho pleno, el PSOE municipal criticó el 'pacto' por entender que a PP e IU “les gustaba el proyecto hasta que se convocaron autonómicas”. De hecho, los nuevos accesos estaban previstos desde 2007 y el proyecto concreto desde 2011. La exposición sobre el mismo que estos días se puede ver en la misma Alhambra ha estado un año recorriendo Europa antes de finalizar en su ciudad, y los detalles eran conocidos.

Al mismo tiempo, las obras de restauración del suelo del Palacio de Carlos V, la zona de libre acceso de la Alhambra, se han visto detenidas por la Consejería de Cultura del Ayuntamiento al considerar que no tenían todos los permisos necesarios. El problema ya ha sido solventado y los trabajos continúan, pero ha servido para aderezar la polémica del atrio durante varias semanas.

El discutido impacto económico en la ciudad

La promesa de campaña estrella en 2011 de Torres Hurtado fue 'el ascensor de la Alhambra': construir un túnel bajo el cerro de la Sabika, a la altura del Paseo de los Tristes, que conectase mediante cintas mecánicas y un ascensor directamente el centro turístico de la ciudad y el monumento de forma peatonal. El argumento principal era que “obligaría” a los turistas a pasear por la ciudad. En 2007, había prometido un funicular por la Cuesta de los Chinos en la misma zona.

Las promesas de Torres Hurtado, imposibles de cumplir sin arriesgarse a perder el Patrimonio de la Humanidad, ya que la Unesco no permite obras irreversibles en los monumentos protegidos -el atrio si cumple esta condición- reflejaba una sensación muy extendida entre el granadino medio: los turistas pasan por el monumento sin pisar la ciudad, y no se nota el impacto económico del mismo tanto como debería. 

Más que guerra de cifras, hay guerra de interpretaciones. La Alhambra aumenta visitantes año tras año pese a la crisis y en 2014 alcanzó los 2,4 millones, de los cuáles, según el balance del propio Patronato, 1,77 pernoctaron en la ciudad, alrededor del 75%, una proporción que se mantiene desde años anteriores. El único estudio que no procede de la propia Alhambra, presentado por la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) en noviembre de 2012, expresaba la misma cifra a la inversa, alrededor de 800.000 turistas que visitan el monumento anualmente no pisan la ciudad.

Por otro lado, el impacto económico lo cifró un estudio encargado por la Consejería de Educación y Cultura y realizado por la Universidad de Barcelona: 490 millones de euros anuales y 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, de los cuáles 6.800 lo son en la propia ciudad de Granada. Además, el informe anual de visitas del monumento señala que una proporción idéntica a las pernoctaciones, el 75%, visitan además el centro histórico de la ciudad y el Albaicín, y un 60% la Catedral. Si es mucho o debería ser más, queda ya sujeto a la interpretación.

Vieja reivindicación del PP

Estos tópicos los resumió Torres Hurtado durante la polémica alrededor del atrio con una frase lapidaria pero que refleja la opinión más extendida en la ciudad: “los dineros de la Alhambra se van a Sevilla”. Este juego con el viejo pique entre Andalucía occidental y Andalucía oriental, la rivalidad con la capital y la identificación entre Sevilla y la Junta y la Junta y el PSOE ha sido muy explotado por el Partido Popular tradicionalmente, hasta el punto de provocar algunas concesiones tanto en la administración como en los socialistas que no se entenderían si no se percibiese como una posición que cala hondo y puede costar votos.

Lo es, por ejemplo, la creación en 2013 del tren turístico de la Alhambra, que conecta el conjunto monumental con el Albaicín y el centro de la ciudad, una decisión salomónica para compensar que se cerrase al tráfico rodado el acceso de la Cuesta de Gómerez, ya que la erosión estaba afectando negativamente a su conservación. En la misma medida, la Junta creó un bono turístico que permitía visitar con descuentos otros espacios de la ciudad bajo su gestión directa, como el céntrico Corral del Carbón o museo Casa de los Tiros.

El actual presidente de la Diputación provincial y del partido, Sebastián Pérez, no pierde oportunidad de reivindicar “que Granada tenga el peso que se merece en la Alhambra”, y lo convirtió en promesa electoral de campaña de Javier Arenas en 2012, cuando se daba por descontado un futuro gobierno 'popular' en la Junta e incluso sonaba el actual concejal de Cultura, Juan García Montero como hipotético sustituto de Villafranca al frente del Patronato. Ahora es una promesa asumida por Juan Manuel Moreno Bonilla, aunque su hipotética cristalización sea más difusa. En cualquier caso, y como ya se ha mencionado, el Ayuntamiento, como el Ministerio de Cultura, está presente en el Patronato.

En cuanto al destino final de los ingresos que genera el monumento, por ley el Patronato debe reinvertirlos en el propio funcionamiento del monumento. De los 45 millones que costará la obra del atrio, la mitad procederán del propio Patronato y el resto los pondrá la Junta de Andalucía, que espera poder financiarlos con fondos europeos al menos en parte. Las críticas de partidos como UPyD, Podemos o el PA han ido precisamente en la línea del coste, aunque desde el Patronato se recuerda que es mucho más barato que la remodelación de los accesos del Prado, que costó casi 200 millones, y que por visitas e importancia patrimonial es el monumento más parecido a la Alhambra.

Por otro lado, Torres Hurtado se ha pasado todo el mandato reivindicando que se suba el coste de la entrada en dos euros para generar una partida de gasto que se destine, desde los beneficios que genera la Alhambra, a mantener el barrio del Albaicín. María del Mar Villafranca ha respondido en reiteradas ocasiones que es imposible hacerlo sin cambiar la Ley, pero desde el PSOE, con las municipales a la vista, ya se ha pasado al ataque hace tiempo: es el Ayuntamiento quien debe hacerse cargo de un barrio con graves problemas de limpieza, accesibilidad o incluso instalaciones eléctricas, que pierde población al mismo tiempo que ésta envejece y las viviendas tradicionales son sustituidas por apartahoteles.

Único en el mundo

El pasado 19 de febrero la Alhambra presentaba al mundo los detalles de los Baños Reales del Palacio de Comares: motivos decorativos originales, de época medieval, que convierten al espacio, situado en el mismo corazón del conjunto monumental, en único en el mundo. El coste total de la restauración de este espacio superará los 1,2 millones de euros, con un plazo de ejecución de 26 meses.

Es una más de las muchas obras de este tipo que el monumento afronta constantemente, y que gestionado por un gobierno del PSOE, del PSOE e IU, del PP o quién sabe si en el futuro de Podemos, UPyD o Ciudadanos, seguirá necesitando. Las cifras sobre su impacto pueden ser interpretables y el beneficio que el patrimonio pueda aportar a la ciudad y a Andalucía, además del modelo en que este se conduzca, es debatible. Las dos campañas que va a encadenar Granada dirán si el debate se dirime en términos de agravios comparativos e intereses partidistas o de plantear a la ciudadanía un análisis serio de cómo se relaciona con un Patrimonio del que, más que propietaria, es guardiana temporal.

José Carrasco se quedó sin trabajo tras 15 años en la misma empresa como informático. La firma para la que trabajaba había desarrollado servicios de programación para televisiones locales, ayuntamientos, la Universidad de Granada e incluso el Registro de la Propiedad, pero “la crisis llega a todas partes, hubo que reducir plantilla y me acabó tocando a mi”. Cuando empezó a buscar empleo “sólo me planteaba que alguien me contratase, pero al empezar recibir formación sobre emprendimiento, prefería tener mi propio negocio”.

José es uno de los casos de mayor éxito de la 'Lanzadera de Empleo' de Armilla, en Granada. No sólo está a punto de abrir su propio negocio, una franquicia de la empresa granadina de suministros informáticos Tinta Red, es que además, al optar por este camino, tuvo que rechazar dos ofertas de contrato con otras dos firmas diferentes. “Es cierto que me llamaron cuando ya había empezado los trámites para la franquicia, pero hubo un momento en que, aunque seguía yendo a entrevistas, sólo me planteaba emprender”.

Se apuntó a la lanzadera en octubre del año pasado, cuando esta daba sus primeros pasos, tras acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) del municipio vecino de La Zubia. “Me apunté al boletín informativo y llegó el aviso de que se ponía en marcha la lanzadera. Lo cierto es que fui a la entrevista sin saber muy bien a qué me apuntaba, pero cuando me escogieron me empecé a implicar. Al principio te cuesta entender lo que es, luego, cuando trabajas con los compañeros en definir los perfiles profesionales, y mejoras tú y mejoran ellos, lo vas cogiendo”.

En su caso, comenzó a trabajar en el grupo de emprendimiento, lo que le dio la oportunidad de acudir FifSur, la Feria de Franquicias en la que trabó contacto con Tinta Sur. “Me gusta estar en una franquicia porque ha supuesto una serie de test, como el estudio de viabilidad a la hora de situar el establecimiento, no se implican si va a ser en cualquier sitio”. La empresa, de origen granadino, se dedica a la venta de suministros de informática, pero a pesar de ser franquicia es “cercana, conozco personalmente a los dueños y sé qué quieren y cómo funcionan”. 

En cuanto a la lanzadera “no es sólo aprender a emprender, que no es tan fácil como piensa mucha gente y necesita una base, es también aprender a venderte: potenciar lo que te hace más atractivo para una empresa, saber qué empresas pueden necesitarte, y mejorar tus problemas”, explica José. “En este caso, aprender lenguaje corporal, técnicas para pasar las entrevistas...”.

José abrirá a primeros de marzo su tienda de Tinta Red en el Camino de Ronda de Granada, una de las zonas más comerciales de la ciudad. Es la cuarta que abre la firma en Granada capital y la número 18 en Andalucía. “Los elegí porque era mi sector y porque el negocio me permitirá ofrecer también mis servicios como programador, que es lo que me gusta y me apasiona”.

Además de José, otros 11 participantes en la 'Lanzadera de Empleo' de Armilla han encontrado ocupación, con nueve contratados, que incluyen un delineante, una cajera o tres empleados de unos grandes almacenes, otro franquiciado y una persona que ha decidido mejorar su formación iniciando un máster universitario en investigación psicológica.

Para José, “lo más importante es que aprendes a pasar de una búsqueda pasiva, en la que parece que estás esperando a que te den el trabajo hecho, a una búsqueda activa, en la que tú sientes que llevas las riendas y buscas soluciones. Eso ayuda a ganar confianza y mejora tus posibilidades, como en mi caso al darme cuenta de que lo que realmente quería era tener mi propio negocio”.

La Asociación por los Derechos del Niño, Prodeni, ha recurrido ante la Audiencia de Granada el auto del Juzgado de Instrucción número 4 que consideraba prescritos los delitos de 11 de los 12 imputados en el llamado 'Caso Romanones'. En concreto, y como ya hizo la semana pasada el abogado del denunciante, Prodeni considera que los delitos atribuidos por el magistrado Antonio Moreno a los 10 sacerdotes y dos laicos implicados en este posible caso de abusos sexuales a menores serían más graves, de agresión sexual en lugar de abusos e incluyendo corrupción de menores, castigados con penas mayores, y por tanto aún sin prescribir.

El recurso de Prodeni, presentado este lunes, llega justo en el plazo legal frente al auto del pasado 14 del febrero, en el cual el juez instructor consideraba que, a pesar de existir indicios de posibles participación en los delitos de abusos sexuales, exhibicionismo y encubrimiento, estarían prescritos, ya que la declaración del denunciante 'Daniel' aclaraba que sólo se prolongaron hasta 2007. Los delitos, según el ordenamiento jurídico español, prescriben en función del tiempo transcurrido y la pena máxima que puede aplicarse por los mismos, por los que al pasar siete años entre la finalización y los hechos y tener penas menores de tres años, no era posible juzgar a los implicados.

La decisión del juez llegaba tras consultar a las partes y a Fiscalía, considerando esta última en su informe que aunque había indicios de delito, también estaban prescritos, y acusando sólo a Román Martínez, presunto líder del 'clan de los Romanones', por un delito de abusos sexuales con prevalimiento -aprovecharse de una situación de superioridad-.

Sin embargo, tanto Prodeni como la representación legal de la víctima consideran que los posibles delitos son más graves y con penas mayores, al menos con los indicios presentados, y piden a la Audiencia, al rechazar el juez sus recursos a la apertura de diligencias, que continúe con la investigación. En el caso de Prodeni, en su recurso presentado y hecho público este lunes, insisten en que los delitos de los 12 implicados serían de agresión sexual, y no abusos, y que aunque algunos de los acusados no participaron directamente en dichas agresiones, si en grado de cooperación no necesaria, complicidad, inducción e, incluso, en algunos casos, coautoría.

Se basa el escrito en los testimonios presentados durante las declaraciones, en los cuáles el denunciante explicaba que en algunos de los abusos otros acusados participaban junto a Román Martínez, ahora mismo único imputado, e intentaban convencerlo o presionarlo para acceder a sus deseos. En la misma línea, piden que al presunto líder del 'clan' se lo acuse de agresión sexual, y no sólo de abusos.

Asimismo, Prodeni, por entender que según las declaraciones del denunciante se deduce que los 12 sujetos participaron en mayor o medida en favorecer los abusos a él u otros testigos, pide de nuevo que se les impute un delito de asociación ilícita que también estaría prescrito. El abogado de 'Daniel', además de pedir que se agravasen las acusaciones, añadía el delito de corrupción de menores, también mucho más grave y tampoco prescrito. A los acusados que no participaron directamente, les atribuye la modalidad de comisión por omisión al tener conocimiento de los hechos pero no impedir que se produjeran.

Seguir investigando

El escrito de Prodeni, que recoge numerosa jurisprudencia, se apoya en los escritos iniciales de juez instructor y fiscal, e indica que aunque ambos consideren que el delito de agresiones sexuales, que se imputaba en un principio, no obvia que se siga investigando qué pudo ocurrir durante la instrucción. La asociación matiza con prudencia que es la calificación actual, que podrían matizar conforme avance el caso, pero que consideran justificado seguir investigando para no descartar en un momento tan temprano la comisión de delitos más graves.

Fuentes cercanas al caso valoraron para eldiario.es/andalucia que desde el primer registro del chalet en el municipio Pinos Genil se barajaba la posible desaparición de pruebas que pudiesen demostrar delitos más graves. Las mismas fuentes apuntan que los “tiempos” de la investigación han podido facilitar esta desaparición de pruebas, aunque no quisieron valorar si se referían a la denuncia por el robo de ordenadores de varios de los 'Romanones' antes de que se abriese la investigación penal, pero cuando ya habían conocido la acusación por la vía eclesiástica. Actualmente, son las declaraciones del denunciante y algunos testigos lo único en lo que pueden basarse tanto juez como fiscal y Policía para imputar delitos.

Román Martínez, 'don Román', el supuesto líder del llamado 'clan de los Romanones', será finalmente el único encausado por el caso de abusos sexuales de Granada. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4, Antonio Moreno, en un auto con fecha de 14 de febrero, considera, tras escuchar a las partes y el informe de Fiscalía que se pronunciaba en el mismo sentido, que los delitos de abusos sexuales, agresión sexual y exhibicionismo que se atribuían tanto a Román como al resto de 11 imputados -nueve sacerdotes y dos laicos- han prescrito, ya que los hechos se extienden sólo hasta 2007. 

Ello no quiere decir, según aclara el propio magistrado, que no existan indicios para investigar al resto de imputados. De hecho, en respuesta a las alegaciones de las partes, dado que las defensas de los 11 imputados que quedarían fuera de la causa pedían el archivo por considerar que los hechos no estaban probados, considera que “no ha lugar” responder a las mismas, ya que tratan sobre “el fondo de los hechos”, y que la aplicación de la prescripción “no supone la declaración de inexistencia de pruebas” que justificasen la investigación.

De hecho, el juez desestima las alegaciones de dos de las partes, la acusación particular, en nombre del denunciante original, 'Daniel', que pedía la imputación a todos los implicados, ya fuese por acción u omisión, de un delito de corrupción de menores que no habría prescrito, y de la asociación Prodeni, acusación popular, que pedía aumentar la gravedad de las agresiones sexuales y añadir el delito de asociación ilícita para todos los imputados.

Así, el único investigado, aunque las partes aún pueden recurrir la decisión, será el supuesto líder del 'Clan', y por el delito de abusos sexuales continuados con prevalimiento -es decir, aprovechándose de una situación de superioridad-, que al ser el más grave y tener una condena máxima mayor, aún estaría vigente.

Esta decisión llega tras un primer auto, tras escuchar los testimonios del denunciante, varios y testigos y los propios imputados, en los que el juez iniciaba las actuaciones e imputaba indiciariamente a 12 personas, 10 sacerdotes y dos laicos, por los mencionados delitos de abusos sexuales, agresión sexual y exhibicionismo. Exceptuando los atribuidos a Román Martínez, ninguno de los delitos supera los tres años de pena máxima, por lo que habrían prescrito.

El magistrado pedía a las partes, y en especial a Fiscalía, que se pronunciasen sobre ello, debido a que se prolongaban sólo hasta 2007. En escrito del pasado 5 de febrero, el fiscal le daba la razón en este punto y advertía que aunque encontraba indicios de todos ellos, sólo el abuso sexual continuado podía ser investigado.

En su escrito, Moreno, a raíz de las reacciones ante el escrito del fiscal y previendo las que puedan suceder a su decisión, hace una defensa de la decisión recordando “la aplicación de la institución legal de la prescripción” no lo es “a capricho o arbitrio judicial”, sino “de obligado cumplimiento, si concurren sus plazos y requisitos legales”.

Considera el juez que “las expresiones que buscan el impacto sentimental y social” acerca de “si el dolor prescribe o no, si el padecimiento de la victima prescribe o no .... etc”, son “solo eso”, y “posiblemente certeras en el terreno personal sobretodo de las victimas”, pero están “fuera del ámbito procesal”. Así, “en sede judicial” rige “la aplicación de la ley” y “cualquier intento de obviarla, inaplicarla o prescindir de ella, amen de impensable en un Estado de Derecho , podría dar origen a la comisión de delito por quien así lo hiciera”.

Recordando que se trata de la aplicación de la Ley y que si “el Legislador” la considerase inadecuada podría “modificarla o derogarla”, finaliza el magistrado su exposición considerando que “distintos serían los reproches morales, religiosos, éticos o sociales a las conductas objeto de este procedimiento que no corresponde hacer al órgano judicial”. 

La prescripción de los delitos en el Código Penal español depende de la gravedad de la pena máxima prevista para los mismos. En este caso, los delitos que se imputaban a los otros 11 acusados, al no superar cada uno por separado los tres años de pena máxima según el Código Penal vigente cuando se cometieron, prescribieron a los cinco años. El que sigue vigente, por tener una pena máxima superior fijada por las leyes en ese momento, es el posible delito de abusos sexuales continuados que pudo cometer Román Martínez, y que no habría prescrito hasta pasados 10 años del momento en que se produjeron, esto es, 2007.

Llega San Valentín y las marcas comerciales aprovechan la ocasión para bombardear el entorno a golpe de corazones y de amor romántico. Pero los expertos dicen dos cosas, que el modelo de amor romántico es androcéntrico y que fomenta actitudes machistas. De hecho el informe Andalucía Detecta previene cada año: crecen entre los jóvenes las actitudes machistas, hasta el punto de que un 25% de las jóvenes consultadas afirmaba que su pareja les controla los mensajes en el móvil. Esta misma semana, el Centro Reina Sofía publicaba un estudio a nivel estatal en el que, aunque se reconocían los “enormes” avances en equidad, se advertía de que un 30% de los jóvenes cree que “cuando una mujer ha sido agredida es que algo habrá hecho”.

Por eso en la Universidad de Granada lanzan un mensaje: “Odio San Valentín”. Cifras como las mencionadas son las que se concretan en el trabajo día a día del Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS) de la UGR, gestionado gracias a un convenio con la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Cifras como estas motivan desde hace cinco años la existencia del taller 'Odio San Valentín' y su campaña asociada, 'Ser universitaria no te protege'. Esta última, tanto más necesaria cuando las mismas encuestas apuntan a que un 68,5% de las jóvenes andaluzas no cree que este en riesgo de sufrir maltrato en algún momento de su vida.

Con motivo de la celebración del Día de San Valentín, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Carmen Cuello, emitía un comunicado pidiendo a la industria audiovisual andaluza, y en especial al mundo de la publicidad, que refleje “una imagen digna” de la mujer y las relaciones de pareja, recordándoles que son “uno de los mayores agentes en la creación de estereotipos sociales”.

Precisamente Maribel Casado, educadora, y Mónica Peralta, psicóloga, las dos sexólogas y expertas en violencia de género que organizan 'Odio San Valentín' desde 2011, explican que combaten “el modelo que se transmite por todos los mensajes que reciben las jóvenes que vienen a nuestro centro. Un modelo de amor romántico y los mitos asociados a él. Es un modelo totalmente androcéntrico, de relaciones desiguales, que sigue perjudicando a la mujer sometiéndola a sumisión mediante la dependencia emocional. Se compone de mitos como el de la omnipotencia del amor, que los celos pueden ser buenos, la idea del amor eterno o la pareja entendida como el proyecto más importante en la vida de una persona. Son relaciones basadas en la posesión de la otra persona”.

La dinámica de 'Odio San Valentín' es la de un trabajo en grupo en el que se crea un “espacio de confianza, en el que nada de lo que se cuente aquí sale fuera” y cada participante explica sus experiencias de pareja en el pasado. Maribel Casado explica que “se dan cuenta de que cosas que daban por sentado que eran normales no lo son en absoluto. La idea de que uno es posesión de otra persona, el control de con quién entras o con quién sales. Hemos tenido gente que se ha dado cuenta de que sufrió acoso psicológico y no era consciente, creía que era una dinámica normal de pareja”.

Aunque Casado admite que “quien se apunta a este taller ya tiene parte del camino hecho. Pero la idea es que las participantes sean luego altavoces de un modelo de pareja igualitario entre su grupo de amigos”. Por otro lado, aunque los tres primeros años “no vino ningún chico, en 2014 ya tuvimos 15 de unas 60 participantes, y este año se han apuntado varios”. Recuerda que “no se puede generalizar, y muchos jóvenes defienden modelos de pareja muy alejados del machismo o el maltrato”.

Del instituto a la universidad

Mónica Peralta insiste en que “tenemos la idea de que las universitarias son menos vulnerables, ellas mismas la tienen, pero no es así. Por eso creamos la campaña 'Ser universitaria no te protege' y la asociamos al 25 de noviembre, el Día contra el Maltrato a la Mujer”. Aunque la idea del 'control del móvil' se asocia a adolescentes, “esos adolescentes ya han crecido y están en la universidad. Traen con ellos el bagaje que traen. Si vas a cualquier facultad y empiezas a preguntar al azar, encuentras muchas chicas que justifican los celos o que ellos tomen todas las decisiones”.

Casado recuerda que “es inevitable que traigan una mochila de experiencias. ¿Qué modelos promueve la ficción, la publicidad, la misma escuela sin ser consciente? Ves películas como 'A tres metros sobre el cielo' y sólo identifican como violencia de género el momento de la bofetada, pero toda la relación entre los personajes es completamente machista. Esas actitudes quizás no sean violencia en sí, pero sirven para justificarla y no crean relaciones igualitarias”. “Y lo peor”, opina, “es que lo interioricen y las chicas te digan 'es que nos gustan los chulos', como resignadas”.

Es una línea similar, la de denunciar los estereotipos que reproducen los medios de comunicación, a la que camina el IAM, recordando que en 2014 se registraron más de 500 quejas en el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. La directora Carmen Cuello insiste en su comunicado en pedir “la colaboración de la ciudadanía” para combatir el modelo, y señala el dato positivo de que la cifra de hombres denunciantes ha pasado del 9 al 17%.

El CEJOS, en cualquier caso, no sólo habla del amor romántico en San Valentín sino que ofrece información sobre educación sexual, pruebas de VIH o embarazo y otras actividades relacionadas, que incluyen talleres en institutos. ‘Odio San Valentín’ tendrá una duración de dos días, 16 y 19 de febrero, de 10 a 13 horas, es gratuito y está dirigido a las estudiantes de la Universidad de Granada.

La Fiscalía de Granada considera prescritos todos los delitos imputados a los implicados en el escándalo del llamado 'Clan de los Romanones' de Granada excepto los de abusos sexuales atribuidos al líder del grupo, el sacerdote Román Martínez. Así lo ha hecho saber, en respuesta a la cuestión planteada por el juez instructor del caso, el magistrado Antonio Montero, cuando levantó el secreto de sumario e imputó a un total de 12 personas, diez sacerdotes y dos laicos, número que ahora podría reducirse a uno sólo, el mencionado don Román.

El escrito del fiscal, muy escueto, apunta que se limita a responder a la cuestión planteada por el instructor y que coincide con la calificación que este hace de los hechos. El magistrado, a partir del testimonio del denunciante y otros testigos, además de los propios implicados, encontraba varios posibles delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones sexuales, abusos sexuales y exhibicionismo, con las agravantes de prevalimiento, u otras, con la “participación necesaria, cooperación y encubrimiento” de algunos de los imputados.

Sin embargo, pedía a las partes, y en concreto a Fiscalía, que alegasen la posible prescripción, dado que los hechos investigados finalizaron en 2007. Sobre esto, el Ministerio Público advierte que “únicamente los hechos constitutivos del delito de abuso sexual con penetración y prevalimiento puede considerarse perseguible, al estar señalada para el mismo una pena superior a los cinco años, de acuerdo con el Código Penal vigente a la fecha de conclusión de los hechos, 2007”.

Por ello, continúa el fiscal “con arreglo a las conclusiones anteriores, el único imputado del mismo” y “de acuerdo con las manifestaciones” del denunciante 'Daniel' serían Román Martínez, 'Don Román', el supuesto líder del 'Clan de los Romanones'. Eso sí, advierte Herrera que esto “no supone la valoración definitiva de los hechos”, y que esta dependerá “de la valoración crítica de todo el material probatorio practicado y por practicar que el Magistrado Instructor deberá realizar” y “de la propia evaluación que efectúe el Fiscal en el momento procesal oportuno, si éste llega a darse en atención”.

Es decir, que la Fiscalía aún no atribuye a Román Martínez ningún delito, pero, en atención a las pruebas presentadas, sería el único que vería viable encausar, ya que el resto habrían prescrito e independientemente de que los hechos fuesen ciertos o no, no serían juzgables. En la misma medida, la instrucción del caso, con previsibles más pruebas y testificales, lo tendrá que determinar.

Tampoco significa que el resto de implicados se 'caigan' del caso, ya que las acusaciones presentaron sus propias alegaciones en su momento y el juez decidirá en función de todo lo argumentado, aunque obviamente la opinión del Ministerio Público tenga un peso casi decisivo. Los abogados de 'Daniel' o la asociación Prodeni, personada en la causa, ya defendieron que consideran que la mayoría de los hechos constitutivos de delitos más graves de lo que calificado y que, por tanto, no prescriben. También la defensa de los implicados había anunciado que encontraba “falta de pruebas”, así como la posible prescripción de todos los hechos. 

La prescripción de los delitos en el Código Penal español depende de la gravedad de la pena máxima prevista para los mismos. Por ejemplo, los 20 años cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años como es el caso de las agresiones sexuales; a los 15, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años; a los 10, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10; a los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año; y en los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.