A través de una mampara, en amplios cubículos separados por paredes y como máximo unos 50 minutos es la principal forma de comunicación entre familiares y amigos de personas presas que cumplen condena en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza). A menudo, tras realizar un gran número de kilómetros y gracias a un importante esfuerzo económico. Desde que comenzó la crisis sanitaria por la Covid-19, después de meses con todo tipo de comunicaciones interrumpidas, pendientes de cambios de última hora en los horarios y días de visitas, ahora son individuales.

Sin embargo, tal y como denuncian 17 organizaciones de derechos humanos, en las prisiones siempre hay un “más difícil todavía”, que se está manifestando debido a una limitación de derechos por la vía de los hechos tras decretarse el estado de alarma el pasado 26 de octubre. APDHA, Red Jurídica Cooperativa, Federación provincial Liberación, Federación andaluza ENLACE, CAMPA, OSPDH, ALAZ, ALA, Comisión Legal Sol, Salhaketa Araba, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Irídia, EsCulCa, Derechos Civiles 15M Zgz, Oteando, Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense han denunciado que los cierres perimetrales han impedido que muchas personas acudan a visitar a las cárceles y que algunas de quienes lo han intentado hayan recibido sanciones.

Por esta razón, han solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que emita una orden interna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “en la que se aclare que no son motivo de sanción los desplazamientos que se producen con el objeto de comunicar en prisión, sea entre provincias de una misma comunidad autónoma o entre comunidades autónomas diferentes, en tanto que dicho desplazamiento constituye una causa justificada de movilidad”.

Apuntan, que, mayoritariamente las sanciones se están interponiendo contra personas que residen en la misma provincia donde se encuentra el centro penitenciario “por considerar que se encuentran fuera de su domicilio sin causa justificada”. Asimismo recuerdan que “en la actualidad la mayoría de los centros penitenciarios, con las adecuadas medidas de protección, están permitiendo las visitas a las personas privadas de libertad (a excepción de los vis a vis que han sido suspendidos en la mayoría de los centros) por lo que, dado que las comunicaciones son un derecho fundamental, no puede verse privado por una norma que no tenga rango de ley orgánica”.

“Falta de coordinación y empatía hacía la necesidad de afectos durante la pandemia”

Para el Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (CAMPA) esta falta de coordinación y empatía con la necesidad de afectos de quienes se encuentran cumpliendo condena es “indignante”. Según explican por teléfono, “en vez de garantizar unas visitas seguras, con distancias, geles, mascarillas... se apela a la responsabilidad individual con riesgo de sanción y ni siquiera se plantea la posibilidad de incluir este tipo de desplazamiento como uno de los justificados para esta nueva movilidad restringida”, relata la organización.

Este colectivo y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza va a solicitar mediante un escrito al Gobierno de Aragón, “que la autoridad competente delegada modifique el Decreto para que se introduzca una nueva causa de justificación que permita la movilidad a aquellas personas que residan en provincias y localidades confinadas para que puedan visitar a sus familiares o seres queridos que se encuentren privados de libertad en algún centro penitenciario situado en la comunidad autónoma”. Tal y como indican, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene aproximadamente 1.900 personas presas, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del mes de agosto de 2020, y en los centros penitenciarios de Zuera, Daroca y Teruel cumplen condena personas que en su gran mayoría no pertenecen a la provincia donde se encuentran estas prisiones.

Para CAMPA, “la pandemia está afectando gravemente a la salud mental de las internas y los internos. Primero con una restricción total de las visitas que no se adecuaba a las fases y a lo que estaba permitido hacer en la calle. Seguidamente se prometieron dispositivos para poder realizar videollamadas que, según hemos tenido conocimiento, nunca llegaron. Ahora vemos que de nuevo son las últimas personas de las que se preocupa el Estado. Hay que entender que estas visitas forman parte de los cuidados que necesitan las personas presas”. 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias informa periódicamente de la suspensión de permisos, salidas, comunicaciones y entrada de personal extra penitenciario no imprescindible en los distintos centros. Actualmente el acceso más restringido es en el Centro Penitenciario Madrid V – Soto del Real, el Centro Penitenciario de Ocaña I (Toledo) y el Centro Penitenciario de León. Según informaron en nota de prensa el pasado 4 de noviembre, se han reforzado las comunicaciones por videoconferencia.

Hasta el 21 de junio de 2020, dos internos y cuatro funcionarios fallecieron con Covid-19 y se registraron 85 y 278 contagios respectivamente. Desde el 22 de junio, una persona presa ha fallecido y 440 internos y 436 funcionarios han dado positivo por coronavirus.

Lola dio positivo por COVID-19 hace dos semanas. El lunes se hizo la última prueba. Tuvo que esperar durante una hora y media, de pie y en la calle, a que llegara su turno. Si los plazos se cumplen según lo previsto, hoy recibirá los resultados de su tercera PCR que confirmarán si el virus sigue activo o no. Sabrá si puede volver a salir a la calle o deberá seguir en su domicilio al menos 10 días más. Esta joven está confinada junto a su perrita, que cada día saca a pasear una vecina, en un piso de 40 metros cuadrados del Casco Histórico de la capital aragonesa. Para ella lo más duro es “la soledad y la falta de contacto con la naturaleza”, pero, según afirma, “esta experiencia le está ayudando a darse cuenta de las graves consecuencias en la salud mental y físicas que supone un encierro”.

Lola forma parte del 78% de los positivos que Aragón ha registrado en la ciudad de Zaragoza. La Dirección General de Salud Pública aragonesa no para de detectar nuevos casos de coronavirus. En la última semana los contagios ascienden a 3.721 y han fallecido 15 personas con COVID-19. Actualmente hay 484 camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo –40 en UCI y 444 en planta–. Este incremento de los casos hizo que el 13 julio las comarcas de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe y las ciudades de Huesca y Zaragoza retrocedieran a una Fase 2 flexibilizada. Diez días después de esta medida, y tras encabezar el número de positivos en España, el Gobierno de Aragón endureció las restricciones.

A día de hoy el ocio nocturno, las peñas y el botellón están prohibidos en todo el territorio. También las reuniones, tanto públicas como privadas de más de diez personas. Las terrazas de los bares tienen obligación de cerrar a media noche. Y aunque los contagios en la provincia de Huesca comienzan a descender, en Zaragoza los expertos afirman que todavía no se ha alcanzado el pico. Luis Gimeno es médico del Centro de Salud del barrio de San Pablo. Cuenta que este nuevo rebrote está llevando a los profesionales de la salud a trabajar al 150% de su capacidad.

“La Atención Primaria está haciendo un trabajo enorme: diagnóstico, estudio de los contactos, seguimiento durante el aislamiento... y además sigue atendiendo a todo el resto de patologías cotidianas que no dejan de existir”, explica Gimeno. Todo eso “con unas plantillas infradotadas históricamente, a lo que tenemos que sumar las vacaciones escalonadas que hay que realizar”, indica. Tras la publicación de una orden que permite modificar el calendario vacacional del personal sanitario y que garantiza 15 días de descanso, las vacaciones de estos profesionales están siendo uno de los temas de debate público de las últimas jornadas.

También la falta de equipos, los sindicatos de médicos de atención primaria demandaban ayer medidas urgentes ante la situación “límite” de los centros de salud, con 123 profesionales contagiados en julio y más de 200 bajas laborales en la actualidad. Los sindicatos afirman que no les gustaría “volver a denunciar la situación sufrida en los meses de marzo y abril” y que esperan que el Ejecutivo aragonés ponga en marcha “medidas urgentes porque la situación de los centros de salud no está mejorando sino, al contrario, está llegando al límite”.

Autoconfinamiento y responsabilidad individual

Con el miedo a un nuevo confinamiento de Zaragoza planeando sobre los habitantes de la ciudad, desde la consejería de Sanidad se ha lanzado un contundente mensaje apelando a la responsabilidad individual. La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, recordaba el pasado lunes en rueda de prensa que toda persona que haya mantenido un contacto estrecho con un positivo (estar más de 15 minutos con alguien contagiado sin mascarilla en las últimas 48 horas desde la realización de las pruebas o inicio de los síntomas) y aunque su PCR sea negativa tiene que estar en obligado aislamiento durante 10 días. Para reforzar esta necesidad, ayer el ejecutivo aragonés lanzó una impactante campaña bajo el lema “tú responsabilidad salva vidas”.

Este es la situación que ha vivido Julia, quien tras dar negativo en tres PCR y permanecer dos semanas en su casa ya ha podido reunirse de nuevo con su familia. Julia declara que al conocer que un amigo, con el que pasó menos de media hora, dio positivo por COVID-19, su pareja y ella se encerraron en casa. Cuando les hicieron la prueba, tres días después de la noticia, ella dio negativo y su novio positivo asintomático. Julia explica que en todo momento han llevado mascarilla y mantenido la distancia de seguridad dentro de su vivienda. A ella le tocó el sofá y a él el dormitorio común. Asegura que su autoconfinamiento inmediato les ha evitado “mucha carga moral”. 

La suspensión “indefinida” del las actividades juveniles e infantiles

En palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán en Zaragoza se da la “tormenta perfecta” para la propagación del virus“. Por una parte, se producen ”excesos del ocio juvenil“ y por otra, en la capital residen muchos de los temporeros que recogen la fruta en otros puntos de Aragón. ”El hecho de que confluyan ambas fuentes aquí y el hecho de que vivan unos 700.000 habitantes hace que sea mucho más difícil de controlar en cuanto a la expansión del virus que un pueblo pequeño, es lo que compone esa tormenta perfecta que explica el gran número de contagiados“.

Este puede ser uno de los motivos que ha llevado a la Consejería de Sanidad a suspender todas las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil a partir del 1 de agosto y la consecuente cancelación de colonias que afectan a cientos de familias.

Zaragoza cuenta con una extensa y consolidada red de Casas de juventud, Centros Municipales de Tiempo libre y ludotecas, que, junto a la educación de calle, están dirigidas a ofrecer tanto actividades de ocio infantil y juvenil como seguimiento y acompañamiento social. Los trabajadores y trabajadoras de estos recursos, que dependen del Ayuntamiento de Zaragoza, recibieron el pasado 28 de julio la noticia de que sus contratos serían suspendidos desde el 3 de agosto y de forma indefinida. Para Almudena, educadora de calle, “esta medida es una pérdida de derechos, ya que no va acompañada de alternativas de atención, muy necesarias entre colectivos vulnerables”. “El Gobierno de Aragón ha prohibido la celebración de actividades juveniles durante el mes de agosto, pero el Ayuntamiento, mandando a los trabajadores a la calle y sin ofrecer alternativas, lo único que está haciendo es ahorrar un dinero. Lo peor de esta situación es que puede suponer el cierre definitivo de muchos recursos públicos”, lamenta.

Redes de solidaridad para donde la Administración no llega

El barrio de las Delicias ha sido una de las zonas que ha liderado el número de positivos por coronavirus durante las últimas semanas. Desde el pasado 27 de julio, se han localizado en las zonas de salud de Delicias Sur y Delicias Norte 344 contagios. En este distrito, el más poblado de Zaragoza, surgió una Red de apoyo como respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas durante el Estado de Alarma. Durante el confinamiento, un amplio grupo de personas se encargaron de proporcionar alimentos y bienes de primera necesidad, hacer recados, facilitar internet o tecnología, confeccionar mascarillas y batas sanitarias y ofrecer compañía telefónica a mayores.

Hoy, esta red que en agosto tiene activas a unas 15 personas voluntarias, se encarga fundamentalmente del reparto de lotes de comida a unas 20 familias cada semana. La mayoría de las familias se ponen en contacto directamente con ellas, aunque otras son derivadas desde los servicios sociales y centros de salud, que les informan de qué hogares están confinados por haber dado positivo por la COVID-19. “Esta situación es insostenible, no puede recaer en trabajo voluntario la responsabilidad de que las personas confinadas reciban alimentos, la administración y las entidades no están dando respuestas durante la mayor crisis social de los últimos tiempos”, narra Miguel, uno de los miembros de la Red.

François Wirthensohn proviene de Valencia, es maestro y muy pronto será padre de una familia numerosa. Tras 14 años de carrera, 12 de ellos como interino, el próximo curso repetirá centro por primera vez. Por fin, como profesor podrá formar parte de un proyecto a largo plazo y como progenitor ofrecer a sus hijos una educación pública innovadora en una de las zonas más despobladas de Europa: el municipio turolense de Olba, donde un huerto ecológico ha remplazado a los libros de texto.

El caso de Wirthensohn es doblemente especial, pero no el único curioso en este pueblo sin industria ni grandes extensiones agrícolas, explotaciones ganaderas o cualquier otro sector productivo que pueda dar respuesta a las necesidades laborales de las familias que en los últimos años se han instalado en él: artistas, informáticos, empresarios, artesanos... que decidieron trasladarse a un enclave rural para echar raíces y que desde hace años ejercen el hoy tan mentado teletrabajo. A la mayoría de ellas el factor que les ayudó a decidirse fue el tipo de educación que recibiría su descendencia.

Como a Alicia y Toni, padres de una niña de cuatro años, que eligieron el municipio de Olba, pese a la baja dotación de recursos públicos y las malas carreteras de la zona, por creer que sería el lugar idóneo para criar a su hija. Afirman sentirse “afortunados” de haber encontrado una vivienda en este pueblo de clima benévolo, situado entre montañas, bañado por el río Mijares y dividido en núcleos urbanos separados por varios kilómetros cuyos nombres son tan peculiares como Los Ramones. La escasez de casas en alquiler o venta es ya un problema para muchas de las familias que desean mudarse a este recóndito rincón de la comarca de Gúdar-Javalambre.

¿Qué tiene de especial el proyecto educativo de Olba?

La artífice de este fenómeno fue Delfina Ruiz, que llegó desde el País Vasco hace casi 30 años y que se jubiló hace otros dos. Esta maestra fue poco a poco gestando el modelo educativo que hoy se aplica. Cuentan que, al principio, lo hacía casi a escondidas. Conocida como Delfi, decidió emplear el huerto como herramienta transversal para impartir todas las materias curriculares y desechar los libros de texto, con el objetivo de poner en valor “la naturaleza, el cuidado mutuo, el interés del alumnado, el respeto por su ritmo de aprendizaje y la escucha”.

A partir del huerto ecológico se fueron articulando talleres paralelos donde aprender matemáticas, economía o una alimentación saludable que hoy se enmarcan en Proyectos Ambientales. Los pequeños y pequeñas cultivan, recogen, y transforman las frutas y hortalizas que luego venden en el mercado local un domingo al mes mediante su propia empresa, Lusanai, cuyos beneficios van destinados a su autogestión. Esta iniciativa se acompaña de otros aprendizajes como teatro, biodanza, educación emocional, yoga, encuadernación, experimentos, biblioteca, creación de cuentos o bosque-escuela.

El siguiente paso que dio Delfi fue implicar a las familias. En el año 2016 este compromiso se materializó con la creación de la Comunidad educativa Marina, que hoy está formada por 37 familias, el alumnado, la maestra Delfi ya jubilada y el equipo docente. Matilde Sotos es madre, psicóloga y parte activa de ella y, según narra, “conformarla ha sido posible gracias a un camino de mucho crecimiento, con partes duras como en todos los procesos colectivos, pero que ha conseguido resultados muy enriquecedores”.

Por otro lado, Wirthensohn destaca la importancia que la “pedagogía del cariño” tiene dentro del proyecto. “Al cabo de los años de docencia te das cuenta de que lo qué haces no es tan importante como el cómo lo haces. Esta aula funciona porque está en consonancia con las necesidades de los niños y niñas y porque a junto a sus padres y madres formamos una gran familia. Un proyecto así puede encontrarse en centros privados o en la educación libre, pero es muy difícil hallarlo en colegios públicos”, explica el casi recién llegado maestro.

Oportunidad para hace historia en la Adminstración de la Educación española

Teruel ha perdido en un siglo la mitad de su población debido a la emigración y al envejecimiento. Con 229 personas censadas en 2019, Olba se queda al límite de entrar en la categoría de “desierto demográfico”, es decir territorio donde habitan menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras la mayoría de colegios en el medio rural están sufriendo el azote de la despoblación, el alumnado en este pueblo ha experimentado un crecimiento exponencial desde principios de este siglo. Hace casi 20 años la escuela estuvo a punto de cerrar por contar con cuatro alumnos; en 2015 esta cifra aumentó a 25 y para el próximo curso ya hay 45 matrículas. Que un colegio se haya convertido en el principal motor de repoblación es una notable excepción.

Sin embargo, esta buena noticia trae para Sotos contradicciones continuas: “Existe un discurso político que dice que va a apoyar proyectos de innovación educativa, que quiere luchar contra la despoblación, pero a la ahora de la práctica no se aportan recursos suficientes para ello. Vemos que en Barracas -el pueblo más cercano ya en la provincia de Castellón- van a construir un edificio nuevo para sus 10 alumnos, con un presupuesto de 800.000 euros, mientras que aquí por el momento Educación solo nos ha asegurado 20.000 euros para reformas”. “Ahora tenemos unas necesidades más que evidentes porque el alumnado no para de aumentar. Sufrimos una situación insostenible de falta de medios y espacios”, añade.

Para poder seguir acogiendo a todas las familias interesadas en la escuela, la comunidad educativa Marina se ha reunido con el Gobierno de Aragón, al que ha solicitado el reconocimiento del proyecto educativo, autonomía para su gestión, diseño y coordinación (que implicaría su escisión del Centro Rural Agrupado y la creación de un colegio unitario); la construcción de un edificio con las instalaciones necesarias para su desarrollo y la consolidación del equipo docente del centro para alcanzar la estabilidad del profesorado.

Si finalmente estas demandas fueran satisfechas, Olba conseguiría un hito en la historia de la administración de educación española, que, según ha investigado Wirthensohn, sólo se ha dado en una ocasión en La Rioja. La Escuela Rural de Olba, que pertenece al Centro Rural Agrupado Javalambre junto a otros seis pueblos (Manzanera, Los Cerezos, Arcos de las Salinas, San Agustín, La Venta del Aire y Albentosa), pasaría a ser un colegio unitario, logrando así autonomía para seguir desarrollando su proyecto educativo y consolidar el trabajo ya avanzado. Un fenómeno atípico que traería un aliento de vida a la España vaciada.

Ni la extrema situación de vulnerabilidad de los 22 habitantes del Hotel San Valero, ni el apoyo de activistas y colectivos pro derecho a la Vivienda han logrado paralizar el desahucio de este inmueble abandonado desde hace casi diez años y ubicado en el Casco Histórico de Zaragoza. Ni siquiera la desesperación de Santiago, el portavoz de estos “huéspedes”, que ha intentado prenderse fuego a lo bonzo, para evitar verse de nuevo viviendo en la calle, ha sido suficiente.

A las 09:00 de este martes 28 de julio, un gran despliegue policial rodeaba y cortaba las calles aledañas al hotel, que fue inaugurado durante la Exposición internacional de 2008 y que cerró sus puertas en 2011. Pasadas las 10 horas y tras tres detenciones, entre ellas la de Santiago, los agentes han procedido al desalojo. Del edificio han ido saliendo devastadas dos decenas de personas -una de ellas enferma y que ha sido trasladada al hospital en ambulancia-, sin recibir apoyo asistencial por parte de ninguna administración.

La Sareb (entidad más conocida como banco malo y que gestiona las propiedades fruto del rescate bancario) es la dueña del edificio y quien inició la vía judicial para el desalojo. Proceso que, según denuncia la abogada que está asesorando a este grupo de personas, “ha sido totalmente ilegal e inmoral”, ya que no ha habido notificación previa. La jurista afirma que se enteraron de la fecha y hora del desalojo a través de la prensa, “lo que les ha dejado sin posibilidad de defensa”.

“Esta situación es vergonzosa. El juzgado conocía de sobra la situación de vulnerabilidad y pobreza de las personas que vivían en el hotel. Han sido arrojadas a la calle sin un juicio justo, un derecho constitucional”, añade la Plataforma Nadie sin Hogar. Minutos antes de la ejecución del desahucio, colectivos y abogados han intentado dialogar con la comisión judicial y la propiedad sin éxito.

Un refugio en medio de una pandemia

El Hotel San Valero, de algo más de 30 habitaciones y a escasos metros de la Plaza del Pilar, fue abierto por Santiago hace unos tres meses. Este riojano vivía en la calle y cuando vio la oportunidad de alojarse en él, no lo dudó. A los pocos días, comenzó a visitar los lugares que frecuentan algunas personas sin hogar y les invitó a mudarse a este nuevo refugio, que, según anunciaba a todo aquel que quería acercarse a conocerlo, “era un espacio libre de consumo de drogas y de peleas”.

David dice haber estado en el Hotel un total de 30 días. Su idea, indica, era quedarse temporalmente hasta encontrar un hogar. “Hemos reformado la fachada, limpiado, cambiado los cristales. No hemos tenido ningún problema con los vecinos, incluso hoy hemos recibido el apoyo de alguno de ellos al igual que durante todo este tiempo, en el que la gente del barrio nos ha mostrado su solidaridad trayéndonos comida, ropa y productos de limpieza. No hacíamos mal a nadie”, explica.

Ahora David, en pleno rebrote por la COVID-19 que ha hecho retroceder a Zaragoza a la Fase 2, lamenta volverse a encontrar en la calle y recuerda que durante el Estado de Alarma, el Hotel San Valero fue una solución para muchas personas, que pudieron empadronarse en él, recibir notificaciones y estar bajo techo. Tras el desalojo, declara sentirse totalmente desprotegido. A todo esto hay que sumarle que la comarca zaragozana está en plena ola de calor y que el Albergue del Ayuntamiento para personas sin hogar ha cerrado las admisiones y aislado a 41 usuarios tras haber detectado dos casos positivos de coronavirus. Por este motivo, junto al resto de sus compañeros, han decidido levantar una acampada en señal de protesta.

Por este motivo, junto al resto de sus compañeros, han decidido levantar una acampada en señal de protesta.

Numerosas identificaciones, tres detenciones y una cámara de fotos y un teléfono confiscados a un periodista

El desalojo, con una importante dotación de agentes de la Policía Nacional, se ha saldado con numerosas identificaciones, cargas policiales y tres detenidos. Por un lado, Santiago ha sido enviado a comisaria tras rociarse con gasolina e intentar prenderse fuego a sí mismo. Por otro, han sido detenidos dos hombres que se encontraban en la puerta del hotel junto a otros activistas y manifestantes contrarios al desahucio y ejerciendo resistencia pasiva.

Asimismo, un colaborador del medio de comunicación aragonés AraInfo que estaba informando del operativo ha sido retenido y tanto su teléfono móvil como su cámara de fotos han sido confiscados. El periodista ha efectuado una denuncia.

Confinamiento. Cierre de teatros, cancelación de giras, suspensión indefinida de presentaciones. En los momentos de mayor expectación sobre el anuncio de medidas que paliaran la situación derivada de la pandemia de la COVID-19, el ministro de Cultura concede una rueda de prensa y sus palabras logran algo insólito: unir en su contra a un sector históricamente dividido. Entre toda esta incertidumbre, y con el corazón en un puño, el “mundo de la cultura” da gracias a los ERTES, que les ayudan a sobrevivir. Bueno, a todos menos a aquellos que no están reconocidos oficialmente dentro del gremio (técnicos, asociaciones...) que se han quedado fuera. Y ahora llega la nueva normalidad. No se sabe hasta cuándo. Que permite viajes en avión y terrazas pero no llenar los aforos de los teatros.

Esta es una pequeña radiografía de los “sentimientos” de una de las industrias más castigadas por la crisis sanitaria y el estado de alarma. Un sector que ya está, desgraciadamente, acostumbrado a vivir en la precariedad, pero que no sabe si saldrá de este último batacazo. Tras la anulación de festivales y fiestas populares, limitaciones de público, reorganización de presupuestos públicos y miedo a las contrataciones por una futura oleada del virus que vuelva a confinar a toda la población, artistas y técnicos están luchando por visibilizar las necesidades de una industria que nutre lo que consideran un bien común: la cultura.

Entre las reivindicaciones de colectivos, plataformas, asociaciones y profesionales se encuentran el fomento de la contratación aragonesa o de kilómetro cero, ayudas económicas directas a las compañías para mantener sus estructuras, ausencia de recortes en los presupuestos actuales y una renta básica para los trabajadores y trabajadoras intermitentes. Asimismo, también piden la mediación directa del Gobierno de Aragón ante el Gobierno estatal para el establecimiento de un IVA no superior al 10% en el sector.

A las artes escénicas no les ha quedado otra que reinventarse. Durante estos meses de in pass, han adaptado los espectáculos para que no haya contacto físico entre los participantes, ni se comparta material entre el público, y han modificado números itinerantes de animación para evitar interacciones, entre otras “transformaciones”. Sin embargo, muchas compañías lamentan que no se están produciendo contrataciones por parte de los ayuntamientos. Argumentan que, como no se contemplan medidas concretas para los diferentes tipos de espectáculos participativos y de animación, muchos de los organizadores que ya de por sí tienen miedo a programar, no se están “mojando”.

Y en esta nueva normalidad, ¿qué planes culturales hacemos?

Pese a todas las dificultades que atraviesa el sector, la creatividad y las ganas de seguir trabajando han hecho posible que la agenda cultural aragonesa mantenga algunas de sus citas estivales más señaladas y ofrezca una nueva programación adaptada. Uno de los lugares para conocer esta agenda es la página de Facebook de la Plataforma en Defensa de las artes escéncias, donde se anuncian cada semana los eventos que tendrán lugar en Zaragoza. También en esta misma red social de ARES, la asociación de empresas profesionales productoras de artes escénicas en Aragón (que acaba de lanzar la campaña #AragónVuelveAEscena), se dan a conocer próximas actuaciones.

Entre la programación destaca la que ofrece uno de los espacios de artes escénicas más singulares en Zaragoza, la Casa del Circo, que ha reabierto sus puertas para seguir ofreciendo teatro, danza y circo. De acuerdo a la normativa actual y a la exclusividad de los eventos, el aforo está limitado a 40 personas, por lo que, para poder asistir a cualquier espectáculo, hay que reservar previamente y acudir con mascarilla. Además de ser un punto de creación cultural a nivel profesional, la Casa del Circo también cuenta con instalaciones para la realización de cursos, talleres y formación artística en general.

También regresa este verano el Festival de danza de Trayectos, uno de los proyectos aragoneses más innovadores, que ha sido replicado en otros lugares del mundo y que ya está consolidado en la ciudad. Desde hace 17 años, este festival ofrece de forma gratuita danza contemporánea en espacios urbanos. Para adaptarse a la nueva situación, y tras tener que posponer de junio a agosto las actuaciones, Trayectos ha reducido el número de escenarios y ha eliminado la programación internacional, que ha sido suplida por compañías aragonesas. Del 20 al 23 de agosto, la danza regresará, con todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias, a las calles de la capital aragonesa.

Para los cinéfilos, la COVID-19 no ha traído solo malas noticias: regresa el cine al aire libre, en esta ocasión, en el patio del Centro de Historias de Zaragoza. Gran pantalla para disfrutar de dos ciclos organizados por la Filmoteca municipal durante los meses de julio y agosto. El primero proyectará la saga de 'Indiana Jones' y el segundo, cintas aragonesas de reciente creación como 'Planeta 5000', 'Ojos negros' y 'Marcelino, el mejor payaso del mundo'. Además, ofrecerán un programa especial sobre el cineasta Segundo Chomón, con el acompañamiento de música en directo interpretada por Juanjo Javierre. La entrada será libre hasta completar aforo, previa reserva y el uso de mascarilla será también obligatorio.

Y para quienes vivan o viajen a la provincia de Huesca, su Diputación Provincial ha puesto en marcha un nuevo festival de música compuesto por 31 conciertos gratuitos que tendrán lugar en distintos espacios abiertos de las 10 comarcas del Alto Aragón, entre el 25 de julio y el 20 de septiembre. 'Sonna Huesca Sonidos en la Naturaleza' llenará de música lugares emblemáticos y espacios naturales caracterizados por un especial relevancia paisajística o patrimonial, música interpretada mayoritariamente en formato acústico por solos, dúos, tríos o cuartetos, que abarcarán desde el pop español hasta el folclore aragonés. Esta cita huye de la afluencia masiva:  su aforo oscilará entre 50 y 400 personas, en pro de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la sostenibilidad ambiental.

Es posible disfrutar de artes en vivo sin riesgo de contagio

Para quienes todavía no se sienten seguros a la hora de asistir a lugares concurridos, es importante explicar que tanto el Ministerio de Sanidad como la Comunidad Autónoma de Aragón han regulado cómo deben realizarse los espectáculos públicos y la gestión de los equipamientos culturales con el fin de evitar la propagación del virus. Tal y como indica el Real Decreto-ley 21/2020 sobre las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se deberá siempre respetar  las normas de aforo, asegurarla desinfección, prevención y acondicionamiento de los recintos y garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 

“El Ebro está sucio y es peligroso. Aquí no te puedes bañar”. Esta sentencia ha sido mil y una veces repetida a las orillas del río más caudaloso de España a su paso por Zaragoza. Hoy, con las piscinas municipales cerradas, al menos hasta el próximo 4 de julio, debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 y la limitación de desplazamientos decretada por el estado de alarma, los ríos Ebro y Gallego reaparecen como una opción cercana y accesible para refrescarse y estar en contacto con la naturaleza.

Aunque la mayoría de las familias aragonesas tengan en sus álbumes de fotos imágenes en blanco y negro de meriendas y chapoteos en las riberas del Ebro, hace décadas que esta estampa pasó a la historia. Mientras otras ciudades del mundo han convertido los márgenes de sus ríos en puntos neurálgicos de ocio, Zaragoza no volvió a mirar y cuidar a este torrente de agua que salpica su mayor polo de atracción turística, la basílica de la Virgen del Pilar, hasta la Exposición Internacional de 2008. En este momento, fue cuando la ciudadanía recuperó el río como un paisaje natural para el paseo y, pese a que la actividad deportiva acuática no deja de crecer, todavía es infrecuente ver a bañistas.

Son muchas las preguntas que surgen hoy sobre la idoneidad o no del uso recreativo de sus aguas. Estas cuestiones se manifiestan en un momento de auge del ecologismo, sobre todo entre las personas más jóvenes, quienes cada día están más preocupadas por la salud y el cuidado del medio ambiente y en una crisis sanitaria sin precedentes. Expertos afirman que la percepción generalizada sobre su contaminación y seguridad no se ajusta a la realidad, pero avisan que el peligro llega cuando se abandona la cultura del agua, por lo que, para volver a disfrutarlo en todo su esplendor, es imprescindible rescatar el conocimiento sobre el río.

¿Está permitido el baño en los ríos?

Sí, porque, aunque no está regulado, no está prohibido. La ley de aguas y el reglamento del dominio público hidráulico consideran el baño como un uso común de las aguas. Por lo que dentro del dominio público hidráulico (ríos, pozas, lagos y embalses) el baño está permitido, a excepción de los lugares donde haya carteles indicativos de su prohibición por motivos concretos, que sí pueden ser regulados por ayuntamientos o por la Confederación Hidrográfica del Ebro. El bañista que haga uso de aguas naturales sin vigilancia, lo hará bajo su propia responsabilidad.

¿Está contaminado el río Ebro?

Según explica Néstor J. Torrecilla, hidrogeólogo que ha realizado estudios de calidad del agua del Ebro a su paso por Zaragoza, tanto en el año 2018 como en el 2019 la concentración de Escherichia coli y Enterococos está habitualmente dentro de los límites permitidos para el baño. Para Torrecilla, creador de ebroNAUTAS, una empresa que realiza descensos interpretativos en piragua desde hace 15 años, “afortunadamente ya no estamos en los años 80, cuando el modelo de progreso imperante provocó elevadas concentraciones de sustancias tóxicas en buena parte de los ríos europeos debido, entre otros factores, a la ausencia de regulación de los vertidos urbanos e industriales y al uso abusivo de pesticidas en la agricultura”.

Hoy, gracias a varias legislaciones europeas, se ha limitado el uso de sustancias tóxicas en todos los procesos productivos y se ha impulsado la construcción de multitud de depuradoras en el eje del Ebro, especialmente en la primera década del siglo XXI. Sus aguas están sin duda mucho más limpias, también gracias al aumento de la transparencia provocada por la recuperación de las condiciones favorables para los bivalvos filtradores. Dicha transparencia, responsable en parte de la proliferación de plantas sumergidas, permite que la radiación ultravioleta penetre en las aguas, reduciendo la presencia de bacterias patógenas y favoreciendo por tanto el baño en el río.

¿Es seguro bañarse en el Ebro?

Óscar Gonzalo, instructor de buceo de Bomberos de Zaragoza, desaconseja bañarse fuera de una piscina o zona vigilada, pero, en el caso de elegir un río o poza, recomienda no bañarse nunca en zonas que no se vea el fondo, haya corrientes y tenga desniveles. El río, recuerda, “es un elemento vivo, que cambia cada día y puede arrastrar ramas o troncos, por lo que hay que extremar la precaución”.

Desde ebroNAUTAS también resaltan que sería deseable hacer muestreos semanales para medir la calidad de agua y advierten de la peligrosidad de bañarse cuando hay tormentas (debido al aumento de las aguas residuales y vertidos urbanos) y cuando el agua está muy turbia, ya que hay más bacterias. La transparencia del agua es, por tanto, uno de los mejores indicadores a la hora de sumergirse.

¿Y qué pasa con la COVID-19?

El Ministerio de Sanidad emitió un informe recientemente en el que desaconsejaba el baño y los usos recreativos para esta temporada 2020 en aguas continentales, como pozas, remansos y cauces de agua dulce con escaso caudal.

Sin embargo, en un estudio publicado por el CSIC, se considera “poco probable” la infección por SARS-CoV-2 por contacto con el agua en condiciones estándar para el baño. Advierten también de que la supervivencia del virus en agua de ríos, lagos, pozas, aguas remansadas de agua dulce y no tratada puede ser superior a la que se produce en piscinas y en el agua salada. Este organismo alerta de que, sobre todo, deben extremarse las medidas de precaución para evitar aglomeraciones.

¿Y con la temida mosca negra?

Después de 40 años, en 2011 apareció en Zaragoza la hoy temida mosca negra. Pese a las molestias que provoca este insecto, su regreso es debido a una mayor transparencia de las aguas que permite el crecimiento de las algas, donde se crían las larvas. Aunque la convivencia con ella es a veces desagradable, su presencia es un indicador de una menor contaminación de las aguas.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza añaden que para su proliferación hay que tener en cuenta también otros factores como el bajo nivel del río en verano, las altas temperaturas o que el agua esté más calmada. En años en los que ha habido crecidas extraordinarias y cuando sopla mucho el cierzo, apenas hay mosca negra.

¿Dónde bañarse?

Actualmente no existe en la ciudad de Zaragoza ninguna zona habilitada para el baño, es decir, con controles de calidad de sus aguas, vigilancia y espacios acondicionados. Por lo que, pese a que según se ha explicado el baño está permitido en todo lugar donde no especifique su prohibición, no hay zonas controladas por ninguna administración. ebroNAUTAS “inauguró” recientemente en Google Maps dos espacios que, según sus criterios, son idóneos para el baño: la playa de Ranillas y la playa de Juslibol. Pero donde recordamos, la responsabilidad del baño es individual.

Roxana Montenegro es de Managua (Nicaragua) y vive en Zaragoza desde hace un año y medio. Repite la palabra zozobra una y otra vez para describir los sentimientos que está padeciendo desde que fue declarada la pandemia. Zozobra por haber sufrido la muerte por la COVID-19 de la anciana a la que cuidaba y zozobra por estar lejos de sus seres queridos y ver que en su país “no se están tomando medidas frente a este virus”. Tras llorar en casa el fallecimiento de la señora para la que trabajaba, Roxana no sale a la calle por miedo al contagio y no se despega del teléfono para no perder el contacto con su familia, por la que está muy preocupada.

Zaragoza es la ciudad española con mayor inmigración procedente de Nicaragua. Con unos lazos históricos fortalecidos por su hermanamiento con León, ubicada a unos 90 kilómetros de Managua, ha sido desde hace años el destino elegido por muchos ciudadanos de este estado centroamericano, el segundo más empobrecido de América Latina. A raíz de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el año 2018, el número de llegadas de nicaragüenses a la capital aragonesa no ha dejado de crecer, así como las peticiones de asilo político. Actualmente cuenta con 5.500 nicaragüenses censados.

Los nicaragüenses que como Roxana están a miles de kilómetros de sus hogares siguen a través de las redes sociales la evolución de la pandemia. Muchas de las mujeres “nicas” son trabajadoras del hogar e internas y han sufrido doblemente el confinamiento. “Estamos desconcertadas, tristes y preocupadas. Veo las imágenes de los enterramientos masivos de noche y me horroriza que a mi familia le pueda suceder algo así. Ni en la guerra pasó esto. Si este virus ha puesto a España de rodillas ¿qué pasará en mi país?”, relata al teléfono esta joven.

Llenar el vacío del Gobierno ante la epidemia

Lo que está sucediendo allí lo explica a diario en medios de comunicación el epidemeólogo Leonel Argüello, fundador del Ministerio de Salud en los 80 con los sandinistas y presidente de la Sociedad nicaragüense de medicina general : “Los trabajadores y trabajadoras de la salud no tienen protección. Ya no quedan manómetros en Nicaragua. Se están dando tratamientos con cloroquina, que ya está demostrado pueden producir paros cardiacos y las pruebas que se están haciendo dan resultados indeterminados. Dicen que las muertes son por neumonía atípica”.

Argüello atiende a este diario por videollamada a las 9 de la mañana, hora de Nicaragua. Ya lleva tres horas trabajando. Cuenta que apenas descansa. Una vez fue declarada la pandemia, y al comprobar que el Gobierno no estaba preparándose para enfrentarla, crearon un grupo interdisciplinar compuesto por médicos, educadores y psicólogos, que se dedica a alertar, educar en base a evidencias científica, combatir las noticias falsas y a atender a pacientes de forma gratuita. La única explicación racional que puede dar a lo que está sucediendo es que “el Gobierno está negando la existencia de Covid-19”.

Desde este comité dicen no entrar en política, actuar sólo en base a conocimientos médicos e intentando promover la prevención como una de las vías para evitar un desastre en un país donde el 50% de la población no tiene agua durante las 24 horas al día. “Estoy preocupado porque nosotros estamos entrando al invierno, época de lluvias donde al coronavirus se le sumará la malaria, el dengue, la diarrea, la parasitosis y la leptospirosis. No ha habido ninguna campaña de prevención y nuestro sistema de salud comunitaria, mucho más en las zonas rurales, no está preparado para atender una avalancha de casos graves”, afirma el doctor.

Polarización política

Algunos de los ejemplos que ilustran la negación de este virus que ha confinado a una tercera parte del mundo los describe con desazón Berta, estudiante de doctorado en la Universidad de Zaragoza y que, tras una estancia en su país de origen para realizar trabajo de campo, no puede regresar a España por contar solo con visado de estudiante. “Aquí no se han suspendido las clases, no se han cerrado las fronteras, continúan las ligas deportivas con público, se están promoviendo actividades públicas y festividades religiosas, hubo incluso una manifestación bajo la pancarta Amor en tiempos de Covid, a la que el Gobierno obligó a sus funcionarios a asistir”, relata Berta desde Chinandega, uno de los focos de la epidemia.

Quien se encarga de monitorizar las cifras y rebatir los datos que da el Gobierno es el Observatorio Ciudadano COVID-19. Un grupo de voluntarios, que, según indican en su página de web, están tratando de llenar el vacío de información que hay en Nicaragua mediante el seguimiento y verificación de casos que ellos consideran sospechosos de estar contagiados y que no están siendo atendidos. En su último informe, publicado el 27 de mayo, reportan un total de 3.725 personas contagiadas, de las cuales solo 759 han sido confirmadas por el Ministerio de Salud y 805 fallecidos, cifra que el Gobierno sitúa en 35.

Esta diversidad de fuentes en Nicaragua ha crecido exponencialmente desde abril de 2018, cuando comenzó un movimiento para pedir la dimisión del presidente Daniel Ortega. Según explica Natalia, quien está en pleno proceso para conseguir el asilo político en Aragón y no quiere que se publique su nombre real por miedo a represalias a su familia,“el Gobierno ha convertido el tema de la pandemia en una polarización política. Sus partidarios le creen, aunque empiezan a usar mascarilla, dicen que el virus no existe, que es una campaña de la derecha para desestabilizar al poder”.

Para Natalia, “el hecho de negar la existencia del virus es inhumano, irresponsable y negligente. Esto es como volver a revivir aquel 18 de abril de 2018. Se está abandonando al pueblo a su suerte y condenándolo a una muerte segura”. Esta joven afirma que toda esta situación a veces le supera emocional y físicamente: “Es difícil estar lejos de casa sabiendo que tu familia y amigos están enfrentando una crisis humanitaria que se ha convertido en un ciclo sin fin”. También, confiesa tener miedo en España a contagiarse. “No quiero generar más dolor a mi madre que ya perdió un hijo hace once meses cuando el Gobierno le negó el derecho a la salud”, concluye.

El hermanamiento Zaragoza- León, que cuenta con 28 de años de trabajo mediante los que la capital aragonesa ha apoyado más de 100 proyectos, realizó, al inicio de la crisis sanitaria, un envió de 70 Equipos de Protección Individual (EPI) y 10 Oxímetros, dirigidos a equipos médicos y personal sanitario del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello, en la ciudad nicaragüense de León. A mediados de mayo, esta entidad, que cuenta con financiación del área de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza y de funcionarios municipales, comunicó una segunda donación directa para el personal sanitario del Hospital España en Chinandega de kits de protección EPI y otra entrega al Hospital Heodra de León, tanto de material de protección como de productos de higiene y limpieza.

El duelo es un proceso natural en el ser humano y cada persona lo lleva de forma diferente, pero si hay algo que tienen en común todas las culturas a la hora de enfrentarse a la muerte es la existencia de rituales funerarios y el acompañamiento. La desaparición de los velatorios y la limitación a tres personas durante las ceremonias debido al decreto del estado de alarma puede ser un factor de vulnerabilidad de cara a superar una pérdida, según advierten profesionales de la salud mental.

Desde que fue declarada la pandemia, solo por la COVID-19 en Aragón han fallecido 858 personas. “Para las familias que hayan tenido pérdidas, sentimientos habituales en el duelo como la culpa, la impotencia o el enfado pueden verse intensificados en estos momentos extraordinarios”, explica Claudia García Martínez, psicóloga de la Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (AFDA). Garcia recomienda “apoyarse en todo momento en la gente querida, no perder de vista lo importante en la vida y en caso de padecer sentimientos que desborden acudir a ayuda profesional”.

Una de las vías para transitar el duelo son las terapias colectivas. Por este motivo, AFDA ha puesto en marcha grupos de apoyo gratuitos para aquellas personas que hayan sufrido una muerte cercana. Esta organización ofrecerá un espacio de apoyo emocional, autocuidado y ayuda para la elaboración del proceso de duelo. El trabajo se realizará mediante cuatro sesiones a la semana de 90 minutos y podrán reforzarse con atenciones individuales y talleres, en los casos que hiciera falta un mayor apoyo.

AFDA también ha querido ayudar al personal sanitario del Sistema Aragonés de Salud ofreciendo atenciones psicológicas gratuitas y talleres en gestión del estrés y la ansiedad. “Son personas que han sufrido mucho, debido a la carga laboral o al miedo al contagio. En situaciones normales lo habrían resuelto descansando o con unas vacaciones, pero debido a la magnitud de la pandemia no ha sido posible”, dice García. Por otro lado, AFDA ha puesto a disposición de las redes de apoyo vecinales un servicio de escucha afectuosa para personas, que, por sus circunstancias vitales, se han visto especialmente afectadas por la soledad y el aislamiento durante el confinamiento.

Salud mental, confinamiento y miedo al contagio

Una de las mayores preocupaciones entre los profesionales de la salud mental es las consecuencias del confinamiento entre aquellas personas que contaban con patologías previas. En AFDA, que suma 1.500 asociados a quienes atiende mediante dos sedes en Zaragoza, una en Huesca y desde hace unos meses también en Zuera, inciden en que se han adaptado rápido al teletrabajo, que ha sido una buena herramienta para los casos leves, pero advierten de que en los casos graves o crónicos de depresión estas medidas han sido muy duras y los resultados se verán a medio plazo.

En estados de ansiedad, sin embargo, los efectos no han sido siempre negativos: “Normalmente no hablamos del miedo. De repente todos lo hemos experimentado, aunque sea en diferentes grados. Esto ha ayudado a que personas con ansiedad se hayan sentido comprendidas. Para quienes sufren de ansiedad social hasta ha podido ser un alivio quedarse en su zona de confort, aunque esto no ayude en sus procesos, no han sufrido tanto”, informa esta psicóloga sanitaria.

Respecto al sentimiento de miedo al contagio que padecen hoy muchas personas que antes no tenían trastornos previos, García cree que entra dentro de la normalidad de los procesos de readaptación social y respalda que la progresividad en las fases de desescalada ayuda a que nos expongamos a este temor poco a poco. A quienes les está costando más el regreso a esta nueva normalidad les aconseja: “Hay que confiar. Si la fase uno permite juntarnos hasta 10 personas es porque el riesgo es mínimo. Tenemos que aprender a enfrentarnos a la COVID-19 como a cualquier otro tipo de amenaza en esta vida”.

Cristina Sola (Navarra, 1969) es la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Aragón. El colectivo al que representa, habituado a lidiar con situaciones complejas, dice haber vivido la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 con impotencia por la falta de instrucciones claras y miedo a que las administraciones caigan en el mero asistencialismo.

Pese a las dificultades, los trabajadores sociales reivindican su papel profesional como servicio esencial y alertan de que la crisis social sólo acaba de comenzar. Ven esta situación como una oportunidad para replantear y redefinir la intervención social, que, según defienden, necesita del apoyo de una renta social básica universal y de un modelo que obligue a salir de los despachos y refuerce lo comunitario.

¿Cómo recibieron los trabajadores sociales la declaración del estado de alarma?

Unos días antes ya percibíamos que las cosas iban a cambiar. Ya éramos conscientes de las dificultades que se nos venían encima. Estábamos a la expectativa de instrucciones políticas o técnicas claras, que en muchos casos tardaron en llegar. Cada administración ha funcionado de forma distinta.

Tres días después de que toda la población fuera confinada, se decretó a los servicios sociales como servicios esenciales.

Así es. Al inicio, el planteamiento que se hizo fue de servicios mínimos. Lo que nos provocó cierto conflicto. Por una parte, las necesidades estaban ahí y por otra las puertas de acceso a la ciudadanía estaban cerradas. A los pocos días esto cambió, pero según la encuesta que hemos hecho a nuestros colegiados, hasta la tercera semana no se consideraron como tal, por lo que concluimos que existió un desfase en verse y posiblemente actuar como tal desde el principio.

Hace unos días ustedes criticaban la gestión de los servicios sociales durante esta crisis sanitaria por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ¿qué ha sucedido en la capital aragonesa?

El Ayuntamiento de Zaragoza nos consideró servicios mínimos en lugar de esenciales.

Sin embargo, dan cifras de atenciones muy elevadas.

Nos sorprende la visión positiva que han dado de los número de atenciones. Dicen que hay 11.000 llamadas cada semana a la línea 900 que pusieron en marcha tras cerrar la mayoría de los centros municipales de servicios sociales, por lo que hay unas 88.000 llamadas en total desde que se activó, de las cuales se ha intervenido en 10.000 casos. Esta cifra tiene una doble lectura: que cada persona atendida ha tenido que llamar una media de ocho veces hasta obtener ayuda o que hay 78.000 personas que no han sido atendidas. Otro aspecto negativo es que exclusivamente se han atendido ayudas para alimentación, olvidando necesidades para enseres básicos, electrodomésticos -como pueden ser lavadoras-, pagos de alquiler -para quienes no tienen contrato o viven en habitaciones- o facturas de suministros de la luz o el gas. Se ha dado menos cobertura durante el estado de alarma que un periodo normalizado. Creemos que esto es dar una atención meramente asistencialista y parcial, no garantizando cobertura de otras necesidades igual de básicas que la alimentación y que crean angustia y sufrimiento. Creemos que lo publico debe orientarse con enfoque de derechos y no basarse en atención benéfica y caritativa.

¿Cuál es su opinión sobre el funcionamiento de esta línea 900?

Para empezar, esta forma de atención no se atiene a la ley de servicios sociales. Estamos totalmente en contra de esta medida. Lo que se ha hecho es, mediante adjudicación directa, dar a una empresa privada la capacidad de decidir a quién se le concede una ayuda y a quién no, mientras que 200 funcionarios municipales, que conocen las historias de vida de la mayoría de las personas que solicitaron ayuda, estaban en sus casas sin poder trabajar o concentrados en tres centros ofreciendo ayudas de alimentación sin poder profundizar o atender otras necesidades. Desperdiciando el saber profesional de la plantilla municipal

Si hay un sector que ha sufrido especialmente con la pandemia ha sido el de las residencias de ancianos. ¿Cuál ha sido el papel del trabajo social en ellas?

Hemos podido comprobar que en las residencias donde existe la figura del trabajador social se ha atendido mejor el sufrimiento y la información de las familias y de los propios usuarios. En las residencias privadas, donde no existe esta figura, ha habido muchos más problemas para atender emocionalmente. Las situaciones más duras se han dado en las grandes residencias donde el trato es menos personalizado. Quiero destacar que desde el Colegio defendemos que el modelo de cuidados de las personas mayores debe trabajarse en su entorno. Durante esta crisis, ha habido que medicalizar residencias, pero no queremos que esto haya llegado para quedarse. Hay que humanizar los espacios y que las personas mayores puedan vivir donde desean.

Parece que una vez hayamos superado la crisis sanitaria, nos enfrentaremos a una crisis económica sin precedentes en la historia contemporánea. ¿Qué papel puede jugar aquí el trabajo social?

Es importante hacer ver a la gente que mientras estamos logrando aplanar la curva sanitaria, la curva social acaba de despegar, las necesidades están creciendo de forma exponencial cada día. Y no sólo entre quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad, quienes estaban en riesgo hace un mes, hoy ya están en situación de exclusión social. Además, están apareciendo nuevos perfiles y familias. La única vía que vemos para salir de esta crisis una renta básica social universal, un sistema real de garantía de ingresos. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿qué más tiene que pasar en este país para que se rescate a las personas? El ingreso mínimo vital que parece se va a aprobar es sólo el primer peldaño de la escalera, ya que va a estar vinculado a situaciones de pobreza y va a dejar fuera a muchas personas. Hay que ir más lejos.

Y ustedes, cómo profesionales, ¿cómo pueden contribuir a mermar los daños de esta crisis económica y social?

Tenemos que tener claro que nuestro lugar está al lado de las personas y tenemos que pensar en sus necesidades. Para ello tenemos que salir más del despacho y trabajar desde el desarrollo comunitario, conociendo los territorios y los barrios. Dejar de ser certificadores de pobreza. Tener claro que nuestra función es apoyar y empoderar para que todo el mundo pueda vivir con dignidad.

Sólo el 29% de la población aragonesa está preparada para teletrabajar, según un estudio llevado a cabo por economistas de la Universidad de Oxford y de la Universidad Complutense, que sitúa a Aragón por debajo de la media europea y a la cola del resto de regiones españolas. Este informe, que analiza además otros parámetros como la edad, el género, el tipo de contrato o el nivel educativo, advierte también de una gran diferencia entre la posibilidad de trabajar desde casa en la provincia de Zaragoza (33%) y en las de Huesca y Teruel (26%).

España, con un 32% de empleos que pueden realizarse desde el hogar, es el quinto país europeo peor preparado para el teletrabajo, ya que solo supera a Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría. Los países que están en mejores condiciones para teletrabajar son Luxemburgo, Suiza, Suecia y el Reino Unido. Madrid encabeza el ranking de las ciudades españolas con un índice de teletrabajo de 0.43, frente a Castilla y León cuyo índice es de 0.24.

En este estudio realizado por los economistas Juan César Palomino, de la Universidad de Oxford, y Juan Gabriel Rodríguez y Raquel Sebastián, ambos de la Universidad Complutense, se explica que la economía española es especialmente vulnerable debido a que es muy dependiente de actividades como el turismo, la hostelería o la construcción, lo que hace que su propensión al teletrabajo sea menor. También indica que de acuerdo con su probabilidad para teletrabajar, las mujeres son menos vulnerables al distanciamiento que los hombres a lo largo y ancho de todo el territorio español.

Por tipo de trabajo, los trabajadores a tiempo parcial o con contratos temporales presentan probabilidades para teletrabajar mucho menores que sus homólogos a tiempo completo o con contratos indefinidos. Se observa, asimismo, a nivel general una fortísima relación positiva entre el nivel educativo y la probabilidad para teletrabajar en todo el país, característica que sin embargo no cumple Aragón que “está por debajo de la media en todos los parámetros, incluyendo el de las personas con alta cualificación”, informa Sebastián.

El confinamiento por COVID-19: posible prueba piloto para el crecimiento del teletrabajo

Aunque el teletrabajo ha irrumpido a la fuerza en la vida de muchas personas debido a la pandemia de COVID-19 y a las medidas de confinamiento, su implementación a mayor escala es un debate activo desde hace más de dos décadas. Así lo narra David Pac, profesor de sociología en la Universidad de Zaragoza y miembro del Grupo de Investigación Sociedad, Creatividad e Incertidumbre, quien asegura que “se trata de una forma de trabajo que busca la individualización y la heterogeneidad del mercado laboral”.

“Todavía no sabemos si el teletrabajo ha venido para quedarse o es algo coyuntural. Su crecimiento podría ser una oportunidad para mejorar la conciliación, la racionalización de los horarios y para revertir la idea tan española de la importancia de la presencia física en el lugar de trabajo”, afirma Pac. Sin embargo, hay otros aspectos negativos, “como la pérdida de la negociación colectiva o el crecimiento de la desigualdad, debido a que los empleos de más cualificación y salario son los más óptimos para el teletrabajo”.

Esta “prueba piloto” que está teniendo lugar en muchos hogares españoles debido a la crisis sanitaria por COVID-19 se está viviendo entre algunos trabajadores y trabajadoras no esenciales con cierta frustración. Pilar, educadora de un centro de atención sociocultural para jóvenes, explica que “los primeros días ni estábamos técnicamente preparadas para afrontar el teletrabajo ni teníamos la cabeza para centrarnos”. Para ella, “hubiera sido fundamental unos días de transición, en los que poder aprender a usar las distintas herramientas para la comunicación online, además de contar con dispositivos que tendrían que haber facilitado las empresas”.

Julia trabaja en el sector de las energías renovables. Según dice, teletrabajar también ha sido todo un reto: “He sido más productiva para la empresa porque he empleado mucho más tiempo que las ocho horas presenciales. He tenido más sensación de responsabilidad porque el trabajo estuviera acabado y que el reporte del trabajo realizado fuera coherente con la jornada laboral”. A esto, añade, se suma “la sensación constante de no estar siendo productiva y ver cómo el tiempo invertido no cunde nada”. El lado bueno, concluye, “he tenido libertad para gestionar mi día a día y de decidir de que manera conciliar”.

Pac coincide en que en la implementación del teletrabajo ha habido improvisación, pero apunta “en cierta medida porque este escenario no había sido previsto por nadie. Si hay países en los que el teletrabajo ha funcionado bien, es porque tenían experiencia previa”. Para este sociólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, el confinamiento espera sí sirva para algo: “antes se valoraba el ir a trabajar incluso estando enfermo, ir a trabajar con gripe estaba bien visto porque significaba esfuerzo, a partir de ahora imagino que esta idea cambiará”.

El estado del alarma decretado por la pandemia de la COVID-19 ha modificado también la vida de los jóvenes extranjeros no acompañados bajo tutela del Gobierno de Aragón; despertando expectativas para trabajar en el campo que hasta la fecha no han resultado y suspendiendo los trámites administrativos necesarios para regularizar su situación. Las entidades que trabajan con ellos afirman que están cumpliendo las medidas de confinamiento desde la responsabilidad y solidaridad.

En Aragón hay actualmente unos 260 menores extranjeros no acompañados. La mayoría son hombres y de origen marroquí que llegaron durante el otoño e invierno de 2018. Aragón fue una de las Comunidades Autónomas que, en el periodo de desbordamiento, siguió abriendo plazas y aportando recursos, aunque el número de niños y adolescentes tutelados está muy lejos de las cifras de Andalucía, Cataluña y el País Vasco.

Chabier Gimeno es sociólogo y trabajador social, lleva años investigando y trabajando con menores extranjeros no acompañados. Destaca que, tras meses de ataques de la extrema de derecha y desinformación, “por fin estamos empezando a oír en los medios de comunicación noticias positivas sobre estos chavales que han sido injustamente demonizados por muchas personas”. “Han sido tratados como niños peligrosos, cuando la realidad es que son niños en peligro”, declara.

Su buen comportamiento durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, su disposición para la fabricación de mascarillas o el envío de cartas a personas mayores que viven en residencias con mensajes de ánimo son algunos ejemplos que relatan las distintas organizaciones que gestionan los centros y pisos tutelados. “Los chicos están viviendo el confinamiento con conciencia, tranquilidad y asumiendo sus obligaciones”, explica Julia Ortega, responsable territorial en Aragón de Accem.

Desde la Fundación para la Atención Integral al Menor (FAIM), que gestiona seis centros de protección de menores en Zaragoza, Teruel y Logroño, su gerente, Pedro Coduras, coincide con la valoración de Accem: “Están aguantando muy bien la cuarentena, pese a que todos los trámites administrativos están paralizados y los que están estudiando van a perder las prácticas, algo que estaban esperando. Desgraciadamente esta situación los coloca una vez más en una eterna sala de espera”.

Coduras destaca la importancia que han tenido las familias de origen durante el confinamiento. “Ellos también estaban al principio preocupados de que sus hijos estuvieran en el epicentro de la pandemia. Les han dicho que se cuidaran y que acataran las normas. Nuestros equipos educativos han establecido sobre todo con las madres de los chicos alianzas para reforzar su trabajo. El duro confinamiento que se impuso en Marruecos ayudó también a que ellos lo entendieran”, añade.

Una oportunidad perdida para una regulación amplia

El cierre de fronteras tras la declaración del estado alarma cayó para el sector agrícola como la peor de las tormentas. Decenas de miles de trabajadores no podrían trasladarse desde sus hogares para recoger las cosechas. A principios de abril, el Gobierno anunció un decreto ley para permitir contratar a extranjeros con permiso de residencia -pero sin permiso de trabajo- durante la campaña de recolección de la fruta. Distintas organizaciones sociales, entre las que se encuentra Unicef, Save the Children y la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), solicitaron que esta medida se hiciera extensible a los jóvenes migrantes no acompañados en situación irregular, ya que muchos de ellos, al cumplir los 18 años, se quedan totalmente desprotegidos.

“Cuando se abrió la posibilidad de las regularizaciones temporales pensamos que muchos de estos chavales no podían perder una primera oportunidad laboral, aunque no había chicos suficientes para dar abasto a todo el trabajo que hacía falta en el campo. A continuación, nos planteamos si merecía la pena que por un mes o dos de contrato abandonaran sus proyectos migratorios y profesionales. Finalmente decidimos hacer valoraciones individuales de cada caso”, indica Ortega.

Desde Accem, que gestiona un centro donde viven 14 adolescentes de hasta 17 años y participa en el proyecto 17+ con un total de 37 plazas repartidas entre la provincia y capital de Zaragoza para jóvenes con un elevado nivel de autonomía que están cerca de los 18 años, llegaron finalmente a esta conclusión: “La mayoría quería trabajar. Pero la realidad fue que solo algunos podían acceder, porque muchos no tienen permiso de residencia ni cédula de identificación. Luego nos encontramos con el problema del transporte. Ninguno está trabajado hasta la fecha”.

Esta es la situación en la que se encuentran la totalidad de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno de Aragón, región, en la que, según informan desde la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, no hay ni un solo caso de regulararizaciones para el trabajo en el campo de jóvenes extranjeros no acompañados.

Para Gimeno, “la realidad es que estos chicos no han venido a recoger fruta. Harán lo que haga falta para conseguir los papeles pero también tendrán que lidiar con sus expectativas que son mucho más altas que la de los adultos. Son chavales que se han jugado la vida para llegar hasta aquí y su regularización para el trabajo en el campo es sólo abrir una ventana temporal. Es cruel. Esta hubiera sido una oportunidad para una regulación amplia”.

El Ministerio del Interior anunció el 15 de marzo, tras declararse el estado de alarma, la suspensión de las comunicaciones y visitas en las cárceles. Esta interrupción del contacto con el exterior generó desasosiego entre la población penitenciaria: perderían las visitas de los fines de semana y el dinero que sus familias les depositan cuando acuden a verlos. A ello se le sumó posteriormente el cierre de los talleres productivos y la creación de módulos especiales para aislar a los positivos por la COVID-19 y a los nuevos ingresos. Un mes y medio después, familiares, trabajadores y presos denuncian falta de comunicación, la ausencia de una hoja de ruta y “seguir siendo, de nuevo, los últimos”.

Para paliar la restricción de las comunicaciones de las personas presas con el exterior, Instituciones Penitenciarias informó el 31 de marzo del envío de 205 teléfonos desde donde poder realizar videollamadas. Según denunciaron a principios de abril una serie de colectivos de derechos humanos -entre los que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Red Jurídica, el centro Iridia, Salhaketa o el Colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón (CAMPA)-, “en estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”.

Esta medida -que en cárceles como la de Zuera todavía no se ha puesto en marcha, tal y como afirman familiares y trabajadores de este centro de la provincia de Zaragoza- fue acompañada del incremento de 10 a 15 del número de llamadas que cada semana pude hacer un interno. Para Ana (nombre ficticio por miedo a represalias) que cumplió condena en Zuera y tiene familia presa se trata de otro anuncio meramente estético: “Cada llamada de ocho minutos cuesta 2,5 euros, ¿cuántos presos pueden disponer de 150 euros al mes para hablar por teléfono?

Ana explica que, además de la dificultad de hablar con el exterior, las personas que como su hermano han entrado a prisión en pleno estado de alarma “están recibiendo una condena superior a la impuesta”. “Tras ingresar, mi hermano estuvo encerrado hasta 49 horas en su celda. No ha podido disfrutar ni de 10 minutos de patio al día durante las dos semanas de aislamiento”, indica. “Cuando escuchamos que la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa recomendaban a los estados que implantaran alternativas a la privación de libertad ante el crecimiento de la pandemia, creíamos que mi hermano no entraría a la cárcel, pues tiene una pena muy pequeña, pero no ha sido así, pese a ser una población vulnerable frente al coronavirus, seguimos siendo los últimos”, reitera.

Clara, quien tampoco quiere dar su nombre real, relata una situación muy similar. Lleva una semana y media sin poder hablar con su pareja, que sufre de una lesión en dos vértebras que le causa fortísimos dolores. “Hace casi dos meses que no veo a mi novio y una semana y media sin saber nada de él. El 9 de abril realizó una solicitud para pasar a tercer grado urgente por la corta condena que tiene y el peligro de contagio por la COVID-19. Estamos esperando a que la junta de tratamiento se reúna y decida sobre su clasificación en grado”, afirma. Instituciones penitenciarias declara que desde el decreto del estado de alarma se ha agilizado el control telemático: a finales de febrero había un total de 2.247 personas cumpliendo pena en esta modalidad y dos meses después, el 22 de abril, 5.082.

Las cárceles, “otro posible caldo de cultivo” para la COVID-19

Hasta la fecha, han fallecido con COVID-19 en todo el país un total de cinco personas relacionadas con penitenciarías: una interna de 78 años, un interno de 61 y tres funcionarios. Se han confirmado cerca de 300 positivos y en torno a un millar de personas se encuentran en observación médica o cuarentena, sumando en ambos casos a presos y trabajadores. Instituciones penitenciarias notificó a mediados de abril su intención de reabrir paulatina y progresivamente los talleres productivos.

“Actualmente, con la suspensión de las visitas y la entrada de monitores en Zuera los posibles contagiadores somos los funcionarios de prisiones. Podemos ser responsables, pero en nuestro trabajo muchas veces tenemos que intervenir y hay contacto físico”, narra Mariano Sanz, funcionario de prisiones y delegado sindical de Acaip-UGT. Desde este sindicato critican la no existencia de una hoja de ruta y están solicitando que se realicen pruebas a todos los trabajadores de forma urgente.

“Nos hemos sentido abandonados. Somos un servicio esencial desabastecido y desatendido. Hasta principios de abril no llegaron las primeras mascarillas. Los trabajadores tenemos una mascarilla quirúrgica por turno (que pueden ser de 17 o 24 horas). Distintas oenengés nos han donado mascarillas. Se lo agradecemos. Pero no podemos depender de la caridad de una organización o de un grupo de personas”, continúa relatando Mariano, quien finalmente sentencia: “Cuando vemos lo que pasa en las residencias nos vemos reflejados. Esto también es otro posible caldo de cultivo”.

Según informan fuentes de Instituciones penitenciaras, “el reparto de material sanitario de protección se ha realizado a medida que se ha ido recibiendo, actualmente llevamos entregadas 305.000 mascarillas quirúrgicas, 65.400 FFP2, 2.000 FFP3 10.000 monos sanitarios y 100.000 guantes protectores. Cuando se reciba más material, se procederá a repartirlo de inmediato”.

Derechos Civiles Zaragoza publicó a principios de abril la carta de la madre de un hombre que cumple condena en Zuera donde denunciaba lesiones, desatención médica y la imposibilidad de comunicarse con su abogada debido al estado de alarma. En la misiva, esta mujer asumía que en la situación difícil en la que nos encontramos, hay que tomar medidas drásticas, pero solicitaba no olvidar una vez más a las personas presas: “Deberían tenerlos un poquito más en cuenta y pensar que son seres humanos igual que todos. Que si han hecho cosas mal ya las están pagando. Pero en ningún momento debe permitirse la violación de derechos humanos fundamentales”.

Preocupación por la paralización de la justicia

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ) envió el 27 de abril un comunicado para mostrar su desacuerdo con las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial para mitigar los efectos entre colectivos vulnerables que acarreará la paralización de la justicia durante el estado de alarma. En concreto, este grupo de juristas hace especial énfasis en el punto que plantea la supresión del recurso de apelación contra determinados autos de los jueces de Vigilancia Penitenciaria resolviendo recursos contra la denegación de permisos y otras quejas, salvo afectación de derechos fundamentales.

Según expresan, esta medida lo que pretende es “aprovechar el estado de alarma para recortar derechos a las personas presas”. Señalan que en la legislación penitenciaria, el permiso tiene como finalidad esencial la preparación para la vida en libertad y “pueden servir para otros fines tan importantes como el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares y de amistades de las personas presas, para la búsqueda de puestos de trabajo, para acceder a un tercer grado, para el inicio de nuevas relaciones personales, en definitiva, para la atenuación de las consecuencias físicas y emocionales del encierro, y así hacer posible que la persona presa vuelva a ser parte de nuestra sociedad”.

Para ALAZ, “la supresión del recurso de apelación en estos dos supuestos supone una reducción brutal de los derechos de las personas presas y en concreto de su derecho a la tutela judicial efectiva y en su vertiente de acceso a los recursos y en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías” añadiendo que “solo las personas presas que cuenten con medios económicos podrán contratar abogadas para la formulación de sus recursos”.

El barrio de San Pablo de la capital aragonesa está acostumbrado a vivir en la calle. La plaza de Santo Domingo, la de Las Armas o la concurrida arteria de Conde Aranda, que conecta el centro de de la ciudad con su distrito más poblado, Delicias, son siempre bulliciosas. En el también conocido como el Gancho conviven familias que lo habitan desde hace varias generaciones y recién llegados; es una de las zonas de Zaragoza con mayor diversidad cultural pero también de las más empobrecidas.

Una de las primeras medidas para contener la pandemia de la COVID-19 fue el cierre de los centros educativos y la implantación del teletrabajo. Para todos quedarse en casa ha supuesto un esfuerzo, sin embargo no ha sido igual el impacto que esto ha generado en cada familia. En San Pablo, el acceso a internet de todos los niños y niñas, para que no perdieran sus vínculos afectivos y pudieran continuar el curso escolar, preocupó, entre otras cuestiones, al tejido vecinal y asociativo.

“Tras declararse el estado de alarma, varias personas nos planteamos qué iba a pasar durante el confinamiento en las casas que no tienen internet y empezamos a abordar cómo atajarlo”, explican desde la Red de Apoyo del Gancho. En sólo unos días llenaron las calles y plazas de carteles con el mensaje 'Liberad a Wifi' y elaboraron un manual con líneas generales y conceptos básicos para generar una red de invitados y dividir la banda ancha.

El planteamiento con el que nace esta iniciativa es que cualquier persona pueda desarrollar estructuras seguras para compartir su internet y que esto sea posible mediante la comunicación entre los vecinos de portal. Hay un formulario online para realizar las peticiones y un correo electrónico y número de teléfono para consultas, pero lo que más está funcionando es el boca a boca.

Para Rebeca López, una de las impulsoras de 'Liberad a Wi-Fi', es también una oportunidad para generar un acercamiento a la tecnología. “Hemos perdido la curiosidad por abrir un router, hemos retrocedido tecnológicamente con respecto hace 10 años”, indica esta activista. López también destaca que esta pandemia está sacando a relucir muchas de nuestras carencias como sociedad y una de ellas es la falta de alfabetización digital.

En este aspecto es donde la Red ha detectado otra necesidad: “Los menores pueden tener acceso a internet y dispositivos para ello, pero también hace falta que alguien les enseñe y acompañe en el mundo digital. Poder manejar la tecnología es también una cuestión de clase”. Para intentar paliarlo, los voluntarios están facilitando dispositivos electrónicos como tabletas y ordenadores y realizando traducciones para las familias en las que ninguno de sus miembros habla castellano, tareas bien complicadas bajo las medidas del confinamiento.

'Liberad a Wi-Fi' ya se ha replicado por la Red de entidades para la inclusión social, por la Red de Apoyo del barrio de Delicias y está comenzando a andar en la Magdalena. El Gobierno de Aragón ha lanzado una campaña en esta misma línea y distribuido en Zaragoza 80 ordenadores para el uso de escolares que ya están pudiendo disfrutar varias familias de San Pablo.

Cuidados y solidaridad en el Gancho

El “derecho a internet” de todas las familias de San Pablo es sólo una de las líneas de trabajo de la Red de apoyo del Gancho, que comenzó al inicio de la pandemia a través de un grupo de WhatsApp del que ya forman parte más de 60 personas y que ha puesto a disposición un número de teléfono y un correo electrónico para canalizar las demandas. El grupo tiene su propio protocolo de cuidados: no difundir bulos, enviar recomendaciones para protegerse contra el virus y dar consejos de vida saludable dentro de casa.

El funcionamiento de esta red de solidaridad vecinal ha sido posible gracias al trabajo comunitario previo que ya existía antes de la pandemia. “La resilencia es una forma de vivir de este barrio. San Pablo es un lugar diverso y acoge a quien está necesitado. Desgraciadamente, en estos momentos tan críticos, estamos haciendo el trabajo de los servicios sociales, que ahora están bajo mínimos”, apuntan desde la Red.

Esta situación fue denunciada el pasado 1 de abril por Javier Mediel Cobo, presidente del Consejo de Salud de San Pablo, en una carta que envió al Ayuntamiento de Zaragoza manifestando su preocupación por la infradotación de recursos en Servicios Sociales Comunitarios. Según exponía, debido al estado de alarma, el acceso a muchos de los circuitos de ayuda ha cambiado ya que se han reorganizado y los presenciales -ya conocidos por los usuarios- han desaparecido para dar paso a otros circuitos en general telemáticos.

El Ayuntamiento solo ha mantenido abiertos tres de sus centros municipales de servicios sociales y ha puesto en marcha una línea 900. Los usuarios y entidades trasladaron mediante esta misiva que “este número está colapsado, es muy complicado acceder, hay personas que no consiguen contactar o que ni siquiera saben que existe ese teléfono”. Exigen que se garantice el 100% del funcionamiento de los Servicios Esenciales y previenen de que cuanto más se prolongue el confinamiento más necesidades van a surgir puesto que las familias no tienen ahorros, ni alimentos almacenados, ni otros productos de primera necesidad etc...).

Salud más allá del coronavirus

Precisamente, los responsables de que la Red comenzara a andar fueron quienes mejor conocen las realidades de sus residentes: el Consejo de Salud y el Centro Médico de Atención Primaria. Este grupo motriz fue desde donde se empezó a conectar a personas enfermas o con síntomas con su vecindad para evitar que salieran a la calle ofreciéndoles pasear a sus perros o hacer compras. También llaman por teléfono a mayores que viven solos para preguntarles cómo se encuentran.

El siguiente grupo en ponerse en marcha fue el de creación de mascarillas y batas. Durante los primeros días de confinamiento, cuando se evidenció la falta de medidas de protección y déficit de material sanitario, miles de personas se pusieron a coser en sus casas. En San Pablo, recogieron sábanas de algodón cuando se agotaron las telas, fabricaron en sus viviendas cientos de mascarillas y las repartieron entre comercios, trabajadores, hospitales y en el Centro Penitenciario de Zuera.

Por último hay un nodo que aborda las situaciones más criticas, las de aquellas personas que no tienen qué comer o a quienes se les ha cortado la luz. Su función es derivar a los servicios sociales las distintas necesidades para que las ayudas municipales puedan llegar antes y distribuir alimentos donados por comercios de proximidad.

Desde la Red concluyen que el confinamiento, difícil para todo el mundo pero que a muchos les ha puesto contra las cuerdas, ha servido para “ponerse en la piel de los otros y que esta situación va a dejar poso”. Ya preparan mecanismos para fortalecer la comunidad en el barrio, para continuar creciendo el día en que sus calles vuelvan a contar con todas sus gentes.

Garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Ese es el fin que ha llevado a los miembros del Servicio de Orientación Penitenciario (SOP) a continuar visitando las cárceles aragonesas de Zuera y Daroca, pese a no percibir ninguna retribución desde enero de 2015. Los abogados han decidido continuar con su labor por considerar que “el derecho constitucional de defensa debe estar debidamente salvaguardado en todas las situaciones”.

El SOP, que en el año 2014 realizó más de 1000 asistencias, ha dejado de estar subvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), tras la modificación de la convocatoria de la ayuda económica que recibía anualmente, por medio de un decreto, de 31 de marzo de 2015, que excluye de la misma a las corporaciones de derecho público y, por tanto, a los Colegios de Abogados.

Lourdes Barón, coordinadora del SOP, ha incidido en la importancia de este servicio recalcando que “la imposibilidad de acudir a los recursos sociales y jurídicos desaparece en la cárcel, por lo que nuestra misión es acercarles los medios más óptimos para el ejercicio de su defensa, evitando así situaciones de desconocimiento de sus derechos que pueden añadir mayor penosidad a sus condenas”.

La asistencia legal a presos, una cuestión de derechos

El SOP se creó hace 17 años en el seno del Colegio de Abogados de Zaragoza a través de un grupo de colegiados interesados en los derechos de las personas privadas de libertad. Según explica Barón, “el asunto de la financiación ha sido siempre conflictivo porque el tema de la protección de los derechos de los presos no es muy popular”. Sin embargo, añade la letrada, “la DPZ fue muy sensible a este tema concediendo la ayuda que venía prestando anualmente”, por lo que “ha sorprendido mucho esta variación repentina”.

La gran mayoría de consultas que realiza el SOP son relativas a cuestiones estrictamente penitenciarias: permisos de salida, grados de clasificación, libertad condicional, traslados de prisión, asuntos de salud, acumulaciones o refundiciones de condena, entre otras. Además, también informan y dan acceso al procedimiento de solicitud y trámite de la justicia gratuita para procedimientos laborales, de familia, etc.

Para Barón, “este servicio es muy necesario sobre todo en estos momentos” debido a que “el 1 de julio entrará en vigor la reforma del Código Penal, que afectará a las penas de los reclusos y reclusas que acuden a él y tienen el mismo derecho que las personas en libertad a estar debidamente informados”.

Hace 15 años en Zaragoza tuvieron una idea que dio la vuelta al mundo. Cerca de 40 personas salieron a protestar desnudas en sus bicicletas. Recorrieron la ciudad reclamando respeto a los ciclistas y políticas públicas que fomentaran este vehículo como alternativa al coche privado. Las reacciones que hubo en ese momento no se alejan mucho a las que se dan hoy: incredulidad y sorpresa. Este sábado medio centenar de ciclistas han desafiado a la lluvia y han regresado a la calle, sin ropa, pero con voz alta y clara: “queremos justicia en las calles”.

La Ciclonudista es ya una fecha señalada en el calendario zaragozano. Lejos queda el año 2001 cuando por sorpresa personas llegadas de todo el Estado pedalearon desnudas por las calles más transitadas. O el 2006, el año más multitudinario, cuando más de 500 ciclistas participaron en ella. En aquellos momentos, utilizar la bici como medio de transporte era todavía muy minoritario, sin embargo, la defensa de este vehículo desde el plano político, medioambiental o social estaba en plena efervescencia. Hoy la presencia de los ciclistas es mucho mayor, pero según denuncian desde la Plataforma Respeto a la Bici “todavía hay en la ciudad muchos obstáculos que dificultan su uso”.

Por ello, los diferentes colectivos que integran la Plataforma han decido continuar con esta peculiar protesta, que se celebra simultáneamente en cientos de ciudades bajo el nombre de “World Naked Bike Ride”. La organización explica que no se trata de una manifestación nudista, “el desnudo es solo la excusa; es una forma original y clara de llamar la atención, visibilizando los peligros a los que se exponen los ciclistas que tienen como carrocería su propia piel”, indican.

Para animar a los más pudorosos, desde la organización argumentan que “cuando participas en la Ciclonudista no estás solo, no eres tú, formas partes de la masa, lo que libera mucho”. De hecho, añaden, “ha habido un cambio en la participación, ya no sólo vienen los activistas de toda la vida, hoy la Ciclonudista tiene un tomo más festivo, pero no nos olvidamos de su fin último: defender que la bici es la igualdad de que todo el mundo puede tener una”.

Desnudos, también, ante la pasividad política

En los últimos meses, la bicicleta ha tenido un papel protagonista ocupando portadas de periódicos y convirtiéndose en uno de los temas estrella del debate público. Con una huelga de celo de la Policía Local de por medio, multas, modificación de las calles ciclables... El uso de este medio de transporte ha estado en la boca de los zaragozanos constantemente.

“Este último año ha sido especialmente confuso entre las leyes locales y estatales, pero también hemos visto que la bicicleta se ha empleado como instrumento político en la guerra contra el tranvía” detallan desde la organización. En sus comunicados no pueden ser más explícitos: “Nos sentimos desnudos ante la pasividad política”.

En esta ocasión, bajo el lema “Excepcionales ante el tráfico”, la Ciclonudista ha reclamado la puesta en marcha del Plan Director de la Bicicleta, aprobado hace cinco años; la señalización de tráfico restringido en las calles por las que el Ayuntamiento permite circular a las bicis y la ejecución de presupuestos para la carriles bicis del año 2015.

Solo unas horas después de haber sido investido el nuevo alcalde, Pedro Santisteve, los participantes de la Ciclonudista dicen estar expectantes. Esta incertidumbre se ha trasladado hasta a sus consignas. Algunos de los participantes han optado por mantener el tradicional grito “el alcalde no se entera que la gente pedalea” y otros, algo más positivos ante un futuro cambio en las políticas de movilidad de Zaragoza en Común, han cambiado la negación por un sí.

Poner la vida en la centro, en lugar del capital. Es el mensaje que este año han quierdo potenciar las Jornadas de Economía Solidaria de Aragón. Mediante charlas, exposiciones, talleres y una ruta en bicicleta por empresas que abogan por el consumo responsable en Zaragoza, este encuentro celebra dos décadas de difusión y creación de alternativas económicas que tengan en cuenta las condiciones necesarias para asegurar la sostenibilidad de la vida y no solo el beneficio económico.

Bajo el lema “Economía para la vida”, los hilos conductores de esta edición han sido el feminismo, el ecologismo y la solidaridad, con el objetivo de convertirlos en los valores que estén detrás de las empresas y cooperativas, en lugar del ánimo lucrativo.

Tras dos décadas de trabajo, desde REAS, Elisa Ibarra destaca que las jornadas han servido “de caldo de cultivo para nuevas ideas, mediante la puesta en común del trabajo ya realizado”. Resalta, además, que en este tiempo han aprendido que “para que estas pequeñas empresas funcionen tienen que estar ligadas a la comunidad en la que se radican. Sin respaldo social, no hay éxito”.

El tema de reflexión elegido en esta ocasión ha sido las relaciones entre lo público y lo privado. Para ello han introducido en el debate el modelo quebequés, donde ha habido una gran concertación por parte de la Administración con entidades de economía social y solidaria durante las últimas tres décadas. Según Susana Ortega, también miembro de la organización, los cuidados y situar a las personas y su calidad de vida en el centro de la actividad económica es el desafío que esperan lograr a corto plazo.

Ortega echa la vista atrás y preguntada por algo inimaginable hace 20 años responde que “la creación de una banca ética y un mercado social es lo más reseñable”. Aun así, añade, “vamos a seguir trabajando porque la economía solidaria y el consumo responsable sean todavía más transversales, no solo el comercio justo o la agricultura ecológica son productos responsables, tenemos que llegar a cubrir todas las facetas de la vida”.

Dos agentes de Policía llegan a tu puesto trabajo. Te piden que les acompañes a comisaría. En solo 48 horas, la vida que has construido con mucho esfuerzo durante 20 años se ha esfumado. Estás de vuelta en tu país de origen. Sin posibilidad de despedirte de tu mujer, ni de tu hija. Ni siquiera de coger el pasaporte, ni de hablar con un abogado. Esta situación la ha sufrido recientemente un ciudadano de Zaragoza, Abdul, que no ha podido evitar ser expulsado de España, pese a alegar arraigo -tener familia y un trabajo-, por sus antecedentes penales.

“Todavía no nos creemos el trato tan inhumano que ha recibido Abdul”, explica Mari Carmen Ferrero, miembro de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que regenta una empresa de inserción laboral dedicada a la venta de artículos y ropa para niños, en la que trabajaba este hombre de origen marroquí de 39 años. Según explica la religiosa, que lleva varios años acompañando a Abdul desde que lo conoció en el centro penitenciario de Zuera, nunca se imaginaron “que finalmente fuera deportado y menos aún que no les avisarían de la fecha”.

En agosto de 2014 tuvieron la primera noticia de la orden de expulsión, cuando Abdul fue parado por la calle e identificado por varios agentes. A partir de ese momento, comenzó la lucha por evitar su vuelta a Marruecos. Pese a sus esfuerzos, tener el permiso de residencia en vigor hasta el año 2019 y no haber agotado la última vía posible: un recurso de apelación admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), todavía abierto, en el que se alega su arraigo familiar y laboral, la deportación se ha realizado.

Según detalla la hermana Ferrero, “solo le quedaba un mes para terminar la condicional. Cometió un error y entró en prisión, pero sin embargo ha rehecho su vida, ha formado una familia, está plenamente integrado y tiene un puesto de trabajo de responsabilidad en una empresa gestionada por la Conferencia Española de Religiosos, por lo que su expulsión es un acto completamente amoral”.

Movilización contra las “expulsiones exprés”

Tras el conocimiento de este caso tan cercano, el centro Pignatelli –institución dirigida por la Compañía de Jesús– ha manifestado su repulsa ante las conocidas como “expulsiones exprés”. Según el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, “constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”. Aunque también aclara que “antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado.

Para Chema Segura, coordinador del área social Pignatelli, “la reinserción es uno de los pilares de nuestro sistema penal, no entendemos como después de un camino tan largo y tan duro ha podido suceder esto”. “Es una tremenda injusticia que obliguen a Abdul a marcharse de España, dejando a su mujer y a su hija sin recursos por lo que no vamos a dejar pasar por alto lo sucedido, vamos a hacer todo lo posible para que regrese”, añade el también religioso.

Entre otras medidas, Sos Racismo ha convocado a lo largo de esta semana en Zaragoza a diversos movimientos sociales y colectivos de inmigrantes a un gabinete de crisis “para poner en común casos similares y denunciar juntos lo inhumano de estas prácticas por parte del Estado”.

¿Qué comparten sociólogos, biólogos, economistas, matemáticos o físicos en un congreso? A priori, proviniendo de disciplinas científicas tan diversas, poco. Sin embargo, el estudio de redes complejas y su aplicación ha logrado sentar en el mismo auditorio a académicos de todo el planeta que han presentado, del 1 al 5 de junio en Zaragoza, investigaciones que han tratado desde cómo se propaga una epidemia hasta la forma en la que han favorecido las redes sociales a la difusión de las protestas desde la Primavera Árabe.

Tal y como ha demostrado la alta asistencia del Congreso Mundial de Redes Complejas Netsci, al que han acudido más de 500 participantes, el estudio de las redes interesa y desde muchas perspectivas. Gracias al lenguaje matemático y al aumento del acceso a datos tras la irrupción de Internet, el estudio de las redes permite entender las consecuencia de la interdependencia entre diferentes nodos y sus conexiones en sistemas biológicos, tecnológicos o sociales.

Sandra González- Bailón, socióloga y profesora en la Annenberg School for Communication, cuyos últimos trabajos se han centrado en el análisis de la protesta en las redes sociales, ha sido una de las ponentes del encuentro. A modo de preludio antes de la entrevista, esta barcelonesa afincada en Pensilvania, nos pone en situación. Para entender qué es una red compleja explica que el todo es más que la suma de las partes. Si partimos de este principio, se deduce que las dinámicas colectivas en un sistema no se pueden entender únicamente descomponiéndolo solo en las unidades que lo conforman, ya que la interacción de unas con otras generan reacciones inesperadas.

En Netsci las redes unen a científicos de muy distintas áreas. Pero, sin embargo, todavía se aprecia cierto recelo al trabajo “del otro” mediante la crítica al “elevado tecnicismo” de los físicos o a la “simplicidad” de los sociólogos. ¿Se está caminando hacia la interdisciplinariedad?

Se está produciendo convergencia, pero aún no es lo que abunda. Todavía hay mucha resistencia por parte de los dos campos. A mí me atrajo el estudio de redes tras leer el libro Seis grados de separación, que captura la intuición de que todo el mundo tiene algún conocido en común y de que el mundo es un pañuelo. Este libro traduce un modelo matemático que permite descifrar el porqué de que siempre haya un atajo o intermediario entre dos personas que hace que estén más cerca de lo que ellos se creen. Me puse a estudiar la ciencia de las redes para entender la razón por la que las conexiones son tan importantes para descifrar la vida social. Aprendí, lo podríamos llamar, un esperanto científico. Al final sociólogos y físicos a menudo hablamos de lo mismo: nodos y conexiones. Yo creo en la interdisciplinariedad. Estoy a favor de crear espacios para dialogar.

Sus últimos trabajos se han centrado en analizar la protesta en redes sociales. Desde los movimientos sociales también se han elaborado sus propios estudios. Existe una crítica que considera que la Academia está alejada de la realidad, y no está entendiendo lo que realmente sucede.

Opino que hay que preservar un espacio de investigación para buscar verdades -en minúsculas, porque nunca son absolutas- donde se mantenga una distancia como profesional de la ciencia o como académico respecto a lo que estás analizando, y luego como ciudadano puedes hacer lo que quieras. No se puede hacer ciencia con un sesgo ideológico porque nosotros mismos formamos parte de la sociedad que estamos analizando. La cultura tertuliana de España me da un poco de miedo. Al final lo que cuenta es dar tú opinión y eso no siempre conduce a la verdad.

¿Cómo se cubre la falta de representatividad en el análisis de la sociedad mediante el estudio de las redes sociales?

Cuando hacemos estudios de protestas políticas usando los datos de Twitter sabemos que hay un sesgo. No hay datos perfectos, por eso la ciencia sigue progresando. Sin embargo, la representatividad se hace más sólida conforme pasa el tiempo. Además, otro factor que también hay que considerar es que no todo el mundo da su opinión en Twitter, yo por ejemplo lo uso de una forma superinstrumental.

En las redes sociales exponemos nuestras vidas como nunca antes. Información muy valiosa para los sociólogos, pero también para las empresas que las controlan.

Twitter y Facebook son compañías que solo tienen responsabilidad con sus inversores y que cada vez tienen más acceso a datos, algo sin precedentes. Ni siquiera los censos tienen tanta información de los ciudadanos. Son jardines cerrados, a los que es imposible acceder, aunque ellos por supuesto investigan a puerta cerrada el comportamiento de los usuarios. Nunca vas a saber si la información a la que has accedido es la que tú querías ver, o es la que el algoritmo que ellos han diseñado te enseña. No poder acceder a la información que ellos están manejando es problemático porque la ciencia depende de que gente independiente pueda acceder a los mismos datos y analizarlos. La democracia tiene que basarse en la transparencia y esas empresas cada vez tienen más poder. Es cierto que las nuevas tecnologías ayudan a hacer revoluciones, pero detrás de ellas hay una economía política bestial que está creando grandes asimetrías de poder, lo que es muy preocupante. Lo peor que puede pasar es lo que ya escribió George Orwell, pero sé que hay resistencia, no estamos en una calle de una sola dirección.

¿Las redes sociales están transformando la acción política?

Yo no sé hasta qué punto se está creando una nueva política, pero creo que no hay que reinventar la rueda. Muchas veces los argumentos que se esgrimen sobre cómo ha cambiado la política por las nuevas tecnologías son pura euforia, pero no son necesariamente verdad. También está por ver si realmente contribuyen a aumentar la participación. Tengo ganas de saber qué va a pasar con los nuevos partidos políticos, como académica es perfecto, es como un nuevo experimento natural, pero todavía no sabemos si realmente se trata de nueva la política.

Usted afirma que lo que hace a la herramienta distinta es el contexto, ¿qué se repite en diferentes sociedades?

Nosotros analizamos las dinámicas de comunicación entre la minoría de ciudadanos que están muy comprometidos e involucrados en movimientos sociales o protestas políticas, y la inmensa periferia de ciudadanos que se involucran de forma mucho menos intensa. Creo que estas dinámicas son muy interesantes. Sobre todo el hecho de encontrar el mismo patrón en redes de comunicación política generadas por la emergencia de protestas en distintos países y contextos sociales que no se ven en otro tipo de redes. Esto te hace entender cómo la protesta construye masa crítica. En Twitter también es muy interesante ver que hay una minoría altamente comprometida arriesgando en algunos casos la vida en la calle, al mismo tiempo que otros en sus casas les retuitean mientras se toman una cerveza. Nos reímos y pensamos que eso no es activismo político, pero si a nivel agregado hay muchos que lo hacen, se genera un gran volumen de información que es crucial para la difusión de la protesta.

La Muestra Internacional de cine LGTBQI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Queer e Intersexuales) Zinentiendo cumple diez años. Este encuentro con un cine donde se narran realidades alternativas y testimonios de gente que grita al mundo su orgullo de ser diferente, ha logrado consolidarse en la agenda zaragozana llevando a la gran pantalla películas de difícil distribución comercial.

En su décimo cumpleaños, Zinentiendo exhibirá cortos, documentales y películas de ficción de diversas temáticas. Como novedad, incluirá una sesión golfa y un encuentro clandestino de swing. Del 29 de mayo al 18 de junio el público se adentrará, entre otras, en la historia de Carmen, una joven gitana que tiene un secreto; podrá conocer que hay médicos que intentan curar la homosexualidad en Alemania o disfrutar de escenas picantes, recuperadas de la Filmoteca de Zaragoza, de principios del siglo XX.

El colectivo por la diversidad afectivo-sexual Towanda organiza la X edición de la Muestra Internacional de cine LGTBQI Zinentiendo. La entrada es libre y gratuita y las proyecciones serán en el Espacio Treziclo, Centro de Historias de Zaragoza, Centro Musical Las Armas, FNAC y CSC Luis Buñuel.

Uno de sus organizadores, Víctor Solano (Zaragoza, 1974), explica la evolución y fin de la muestra, que aboga por superar la dicotomía del género construido, la libertad de los afectos y las sexualidades a través del cine, una excelente vía para visibilizar al invisible.

¿Cómo y por qué nació Zinentiendo?

Zinentiendo surgió en el colectivo Towanda en el año 2005 de forma extremadamente precaria, con el objetivo de ser una muestra política, reivindicativa. Nuestro fin es señalar que lo personal es político, y para ello nos hemos servido del cine. A través de las películas resistimos a los recortes y ataques a nuestra dignidad, al machismo, al patriarcado, a la lgtbfobia y el heterocentrismo, siempre desde la defensa del transfeminismo, la diversidad de los afectos, deseos y sexualidades.

¿Qué os hace diferentes a otras muestras de la misma temática?

Quedan pocas muestras a nivel estatal que hayan mantenido la entrada gratuita. Hemos hecho bandera de esto, porque también lo que pretendemos es la universalización del acceso a la cultura. Esto no quiere decir que no paguemos derechos de autor. También buscamos apoyar a las producciones independientes y alternativas, a trabajadoras que generalmente suelen ser muy precarias. Es fundamental respaldarlas para que sigan creando.

¿Qué tiene que tener una película para ser exhibida en la muestra?

El hecho de que en una película aparezca un personaje gay, lésbico o transexual, por sí solo no significa que ya de entrada vaya a poder seleccionarse. Para ser exhibida en Zinentiendo tiene que ser una producción feminista y antipatriarcal. También nos gustaría que fuera anticapitalista, pero nos dejaría con poco que ofrecer.

¿Cómo se muestra la diversidad sexual en el cine mainstream?

Nosotros no tenemos nada en contra de las imágenes estereotipadas siempre que sea desde el respeto. Nos encanta la pluma y otro tipo de manifestaciones relacionadas con lo transexual u homosexual. Pero sin distorsionar nuestros valores. Nuestro objetivo como muestra de cine es poner el dedo en el ojo, seguir luchado. El 99% de las películas que se estrenan hoy en día es machista. Un ejemplo de película comercial, que no la hemos llegado a proyectar, pero que no tendríamos ningún problema en hacerlo, es Chueca Town, que cuenta una historia de dos maricas que viven en Chueca y están en contra de la gentrificación del barrio. Aquí hay estereotipos, y no nos molestan porque el mensaje final va más allá. De la misma manera, puede haber una cinta que cuente la historia de una pareja de hombres que se casan y eso nos parecerá maravilloso, pero si de repente defiende el concepto del amor romántico ya no nos va a gustar.

Desde Zinentiendo también dais salida al cine independiente o alternativo, más difícil de encontrar.

Aunque en los últimos años gracias a Internet hemos experimentado un gran cambio, todavía hay contenido poco accesible y muy interesante. En esta edición vamos a llevar al Centro Social Comunitario Luis Buñuel un film sueco titulado Folkbildningsterror, que se desarrolla en una casa okupa donde viven maricas, boyeras, antiespecistas, veganos... y que no se ha proyectado en ningún sitio. Otro ejemplo es la cinta australiana 52 Tuesdays, premiada en Sundance, que se va a poder ver en cines comerciales, pero no en Zaragoza. Nos pasó lo mismo con TomBoy. Queremos ofrecer películas que igual se pueden ver en otras ciudades, pero que no llegan a las grandes pantallas aragonesas.

En estos diez años, ¿habéis visto una evolución en las tramas y en la forma de narrar las historias?

Sí, ha habido una gran evolución. Por un lado, el cine lésbico siempre ha sido el campo de batalla para cualquier muestra de cine LGTB. Estamos hartas de ver sufrir tantísimo a las lesbianas. Siempre películas súper dramáticas, con parejas que terminan separándose y finales trágicos. Sin embargo, últimamente hemos encontrado nuevos personajes, mujeres mayores que se enamoran como en Ochena egunen o amor entre adolescentes como en La vida de Adèle. Este año proyectamos El último cha cha chá de Anita, que es una película filipina sobre una niña de 12 años que se enamora de Pilar, una mujer estupenda de la que todas nos enamoraríamos, tú y yo y cualquiera. En cambio en el cine gay, que siempre ha tenido personajes más locos, más histriónicos, con mucha pluma -lo que no nos parece mal-, apreciamos una tendencia un poco más intimista, más blanda, más tierna. Una evolución de unas nuevas masculinidades que nos gustan mucho más. Entre lo más novedoso destacaría trabajos donde se reflejan prácticas sexuales subversivas, el postporno, el homocore, el pornoterrorismo y las sexualidades de Yes We Fuck, donde hay mucho contenido político.

¿Y el público, ¿ha cambiado en diez años?

Gracias a la consolidación en el tiempo de la muestra, la diversificación de espacios de proyección y la difusión hemos conseguido llegar a más de 1.200 personas en cada una de las últimas ediciones. Sin embargo, todavía no hemos logrado que acuda todo tipo de público a todas las películas. Sucede a menudo que en una película gay hay solo chicos y en una lésbica la mayoría son mujeres. Esto personalmente nos duele, es una pena, nos produce muchos quebraderos de cabeza, en el sentido de que a veces nos planteamos hacer días de chicas y días de chicos, porque eso funciona muy bien, pero desde el mensaje político que queremos transmitir también nos molesta, así que intentamos mezclar mucho.

¿La muestra sigue siendo necesaria?

Conforme la cuestión LGTB se va normalizando, o viendo de una forma más cotidiana o cercana, puede parecer que no. Pero todavía hay determinados aspectos en los que no hay suficiente visibilidad como es la transexualidad. En este sentido intentamos dar preferencia a todo el tema trans porque toda visibilidad es poca y queda mucho que aprender. Por otro lado, hay determinados aspectos del cine gay que pueden ser un poco más de lo mismo, pero hay muchas veces que a la gente le apetece ver simplemente una película divertida y pasárselo bien, y eso también nos parece político y necesario. Además, también es muy importante contextualizar mucho las películas, hemos traído cintas de países como de Irán o Uganda, que igual no dicen nada rompedor, pero sí que te están diciendo algo muy nuevo en su contexto. Nos parecen muy interesantes estas perspectivas porque igual nosotras estamos en otras cosas, en superar los géneros… pero de repente te das una bofetada de realidad. Cuéntale a un ugandés que aquí estamos planteando la superación de género y la despatologización de la transexualidad cuando a él lo pueden matar si va por la calle de la mano con un hombre. El cine contribuye a romper tabúes y avanzar en nuestro desconocimiento.

Cobrar un céntimo por kilovatio producido a las centrales hidroeléctricas. Esta es una de las medidas estrella en materia fiscal que Podemos incluye en su programa para la Comunidad Autónoma de Aragón, “una de las zonas con más represas de generación eléctrica del mundo”. Mediante este impuesto, dicen, las arcas públicas podrían embolsarse 45 millones de euros que, posteriormente, se destinarían principalmente a la provincia de Huesca.

Señalan que el objetivo de este nuevo impuesto es devolver parte de las ganancias que obtienen las empresas que producen energía hidroeléctrica al territorio en el que operan. Según explica una de sus impulsoras, Yolanda Sancho, “tenemos numerosas centrales que están totalmente amortizadas y que prácticamente nunca han revertido sus beneficios en el entorno del que se extrae un recurso natural y público como es el agua”.

“Con esta aportación, se ayudaría a paliar las afecciones medioambientales, sociales, culturales, o paisajísticas que la obtención de este tipo de energía ocasiona”, explica Sancho, quien incide en que el “coste de generación de electricidad es mínimo, mientras que los kilovatios se venden en el mercado eléctrico a un precio muy superior a su coste de producción, con lo cual el beneficio empresarial es total”.

La metodología empleada para medir cuánto cobrar a las empresas ha utilizado el programa Extern-E, el cual cuantifica el coste de las externalidades derivadas de la producción de energía. Para países de clima mediterráneo, se ha valorado la incidencia de los factores negativos en un céntimo por kilovatio producido. Jorge Bielsa, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza, explica que “este tipo de recaudación se aplica en países como Noruega, Suiza, Italia o Canadá”. Sólo en Aragón, si se aplicara esta tasa, podrían recaudarse 45 millones de euros.

El programa adelanta que los ingresos serían destinados a “solucionar situaciones de pobreza energética, promover proyectos en las zonas de afección de las instalaciones y comarcas, así como a favorecer el desarrollo territorial implantando un sistema de asistencia personal y médica a los habitantes de mayor edad de la zona que a su vez genere empleo y fije población”.

Según explica Bielsa, “hasta ahora, las centrales hidroeléctricas no han hecho efectiva su obligación de revertir parte del valor de la energía que generan en el territorio, aunque recientemente ha habido movimientos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en este sentido, la traslación en la práctica de esas obligaciones dista mucho de ser una verdadera compensación de las afecciones al territorio”. En su lugar, detalla, “se trata de un abaratamiento de la factura de electricidad de determinados ayuntamientos. Medida claramente insuficiente”.

En 2013, los ayuntamientos con centrales hidroeléctricas recaudaron 5 millones de euros, mediante el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Según Jorge Bielsa, “estos impuestos, además de ser escasos, solo repercuten en la localidad que se encuentra más próxima de la presa, no en el territorio en su conjunto”.