Un nuevo informe mundial publicado por la fundación Changing Markets expone las tácticas utilizadas sistemáticamente por las principales empresas ganaderas y de productos lácteos en el mundo para distraer, demorar y tratar de hacer descarrilar la acción por el clima. Se trata de maniobras y estrategias para eludir aplicar normativas que tienen como objetivo cuidar el medio ambiente e impedir el aumento de las temperaturas para paliar los efectos del cambio climático. No es nuevo señalar a la industria cárnica y láctea como uno de los mayores actores causantes de las emisiones y contaminación del medio ambiente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el sector cárnico emite más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial junto (14,5% del total de emisiones).

Pese a esta clara implicación en el daño al medioambiente, el informe de Changing Markets denuncia que esta actividad económica disfruta de excepciones, aplazamientos y justificaciones para evitar normativas que el resto de industrias tiene que cumplir, al igual que la ciudadanía. También enfatiza el poder que tiene para bloquear, obstaculizar e incluso modificar normativas tanto nacionales como supranacionales. “Nuestra investigación revela que la industria ha logrado convencer a los responsables políticos de la excepcionalidad agrícola, obteniendo varias concesiones, exenciones y retrasos en la acción climática en el sectores”, comentan desde la fundación.

El informe recuerda que el sector alimentario es uno de los que más pueden modificar las cifras sobre emisiones. En concreto, citan estudios científicos donde señalan el aumento de emisiones en la industria cárnica y cuyo punto más alto se cree que llegará en 2025. Tras esto, gracias a los cambios de consumo, se cree que empezará a reducirse hasta llegar al 50% de estas emisiones en 2030. “La ciencia es clara: no podemos cumplir con el objetivo de aumento de temperatura de 1,5 grados del Acuerdo de París sin reducir significativamente las emisiones de metano y el consumo de productos animales. El sector agrícola es un importante contribuyente al cambio climático a través de la contaminación por metano y óxido nitroso y la deforestación”, explica el reporte.

‘Airosas’ frente las leyes

El informe acusa a la industria láctea y cárnica de haber “salido airosas en gran medida de las regulaciones ambientales”. “En varios países”, explica, la industria logró convencer a los responsables de las políticas de adoptar estrategias que no impongan ningún tipo de castigo ni incentivo a la hora de regular las emisiones agrícolas, lo que significa que cualquier cambio en las prácticas agrícolas es voluntario y depende de incentivos financieros adicionales“. Además, señala que estos incentivos económicos vienen de la mano de importantes subsidios públicos que son difíciles de modificar. ”Lamentablemente, los subsidios agrícolas actuales en gran medida apoyan el statu quo actual de las grandes explotaciones agrícolas, beneficiando a las grandes empresas que se encuentran en la mitad de la cadena (las llamadas ‘Big Ag’) y dejando fuera del negocio a las pequeñas explotaciones familiares“, explica.

También se denuncian las llamadas puertas giratorias, un mecanismo por el que la industria cárnica y láctea se garantiza tener a los legisladores de su lado. Y no es el único mecanismo por el que muestran su poder. En el informe proponen varios ejemplos de casos flagrantes en Estados Unidos, pero también en la propia Unión Europea. Es el caso del lobby agrícola cuando logró diezmar el Pacto Verde, que se proponía transformar la economía europea para producir emisiones netas cero para 2050.

“Una parte clave del Pacto Verde fue la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, que prometía crear un sistema de ”agricultura verde y más saludable“, reduciendo significativamente los pesticidas y fertilizantes químicos. La estrategia reconocía que pasar a una ”dieta más basada en plantas con menos carne roja y procesada“ reduciría el impacto ambiental del sistema alimentario. Finalmente esta normativa tuvo que recortar sus objetivos, hacer más laxas sus intenciones y aplazar ininterrumpidamente su entrada en vigor.

Un trabajo de lobby que no siempre es transparente. En el informe se revela que las empresas analizadas y las organizaciones sectoriales a las que pertenecen han tenido cerca de 600 reuniones de alto nivel con la Comisión Europea desde noviembre de 2014. Pero solo siete de las empresas declaran sus actividades de lobby en el registro de transparencia de la Unión Europea, emplean a 16 lobistas y declaran un gasto anual de cerca de 2,4 millones de euros en actividades de lobbying ante las instituciones de la UE

Cortina de humo y 'greenwashing'

Desde la FAO ya señalan en un informe del 2023 que estas emisiones tienen que cambiar sobre todo al fijarse en su origen. Si hablamos de emisiones directas del sector de productos animales, el 60% viene de “la fermentación entérica de los rumiantes y el óxido nitroso de los sistemas de gestión del estiércol”. A esta hay que sumar las emisiones que se producen con la fabricación de fertilizantes y plaguicidas para la producción de piensos, de la producción de piensos en sí misma, del transporte de piensos, animales vivos y productos ganaderos, además de los cambios en el uso de la tierra que conlleva la ganadería.

Entre las recomendaciones que hace la agencia dependiente de la ONU -como hacer un mejor uso forestal de las zonas de pasto, modificar la alimentación de los animales o reducir los aditivos en los piensos- está la de reducción del consumo de estos productos animales responsables de tantas emisiones, gasto de agua y terreno y de desechos altamente contaminantes. Desde organizaciones ecologistas como Greenpeace hasta instituciones de gran prestigio como Harvard hablan de la necesidad de reducir el consumo de productos animales tanto por motivos medioambientales, de salud, como de bienestar animal.

Frente a tanta evidencia, la industria cárnica y láctea se resiste. Changing Markets, en su análisis a 22 empresas en cuatro continentes -Arla, Bigard, Cargill, DFA, Danish Crown, Danone, DMK, Fonterra, FrieslandCampina, Itoham, JBS, Lactalis, Marfrig, Mengniu, Nestlé, NH Foods Group, OSI Group, Saputo, Tyson, Vion, WH Group, Yili-, ha observado los compromisos climáticos voluntarios, las afirmaciones de lavado de imagen verde ('greenwashing'), sus inversiones en publicidad frente a soluciones bajas en carbono y su compromiso político, que incluyó donaciones políticas, reuniones con políticos, dinero gastado en lobby, así como narrativas impulsadas para cambiar la opinión pública.

Todas estas estrategias también pasan por la financiación de supuestos estudios científicos que usan para avalar su imagen, contradecir normas o formar un cambio de legislación. “La industria nos distrae con la cortina de humo de los objetivos climáticos voluntarios, los productos respetuosos con el medio ambiente y las inversiones aparentemente ambiciosas en tecnologías de reducción de emisiones, mientras que, entre bastidores, moviliza importantes recursos para retrasar y hacer descarrilar la legislación ambiental progresista”, denuncian desde la fundación afincada en los Países Bajos.

Objetivo: el público más joven

Para la industria cárnica y láctea tampoco es irrelevante que los jóvenes consuman menos carne que en otras edades. Tal y como indica el Ministerio de Consumo español, los menores de 35 años consumen sustancialmente menos productos cárnicos que otros como los mayores de 50 años. Por eso, para evitar la pérdida de consumidores, estas industrias ponen su foco en la llamada Generación Z. Esto lo hacen con campañas publicitarias que Changing Markets tilda de “engañosas”, con 'influencers' y con una mayor acción en redes como TikTok, YouTube, Instagram y otros canales. “Las tácticas de las redes sociales también se traducen en ataques directos a las dietas veganas y a las proteínas alternativas, que se consideran opciones ultraprocesadas y poco saludables”, explica el informe. Un ejemplo de ello es la acción de Edelman, una de las empresas de relaciones públicas más antiguas del mundo, que recientemente se jactó de su éxito a la hora de disuadir a las audiencias jóvenes de las alternativas vegetales a los productos lácteos.

Por otro lado, el informe también pone la vista en empresas que han empezado a darse cuenta de que esta actividad es insostenible. Señala el ejemplo de Danone o Nestlé, que comercializan cada vez más productos de origen vegetal sustitutivos de los lácteos y reducen su huella significativamente, según las revisiones que ellas mismas publican desde organismos cada vez más puestos en duda. “En lugar de invertir en planes y trayectorias adecuadas para reducir las emisiones, el informe revela que las empresas prefieren invertir en la ciencia que se adapta a sus intereses. Esto se hace particularmente evidente cuando se minimiza el impacto de las emisiones de metano del sector”, detalla el informe.

Una estrategia más que revela el informe es la dilatación en el tiempo de las medidas a tomar. Muchas de las empresas analizadas piden más tiempo para analizar e investigar nuevas formas de industrialización, envasado, producción o transporte para minimizar el impacto en el medio ambiente. La realidad es muy diferente: “A pesar de presentar soluciones tecnológicas en sus materiales de relaciones públicas y marketing, nuestra investigación muestra que gastan en promedio el 1% de sus ingresos en investigación y desarrollo. La cantidad real que se destina a soluciones bajas en carbono es probablemente solo una pequeña fracción de esto, ya que la mayoría de las empresas no desglosan en qué se destina su gasto en I+D”, indica.

Diversificar mercados, no sustituir los productos contaminantes

El informe es especialmente negativo con el avance de los productos 100% vegetales de las empresas analizadas. Si bien es cierto que están aumentando, la fundación cree que se debe a una estrategia empresarial y no medioambiental. “Un estudio concluyó que un cambio en la dieta podría reducir las emisiones anuales de CO2 en 3,10 Gt de CO2. Esta reducción podría más que duplicarse hasta 6,22 Gt de CO2 equivalente si la tierra que se deja sin utilizar se utiliza para reducir el carbono. Sin embargo, nuestra investigación muestra que, aunque algunas empresas están invirtiendo en proteínas alternativas, lo hacen con la intención de hacer crecer un mercado adicional y no como parte de una transición hacia productos más vegetales y menos y mejores productos animales”.

Por último, Changing Markets concluye que las técnicas y tácticas analizadas son muy similares a las de las grandes petroleras respecto a su responsabilidad con el medio ambiente. “Mientras la industria lucha por resistir cualquier reducción del número de ganado y la transición a dietas más saludables y basadas en plantas, debemos tomar medidas urgentes para regular la industria, reducir las emisiones e invertir en alternativas. Mientras se examina a las grandes tabacaleras y las grandes petroleras, también debería examinarse a las grandes empresas agrícolas”, finaliza.

Desde hace años, peregrinos de todas las nacionalidades han venido denunciando el estado de los animales que se encontraban en el Camino de Santiago. No solo por los perros sueltos, abandonados y la falta de asistencia que reclamaban para ellos. También los animales explotados en granjas. Todo ello contrastaba con los supuestos valores de solidaridad, empatía y compasión que el propio Camino de Santiago predica.

 Sobre todo en el recorrido que ya llega a Galicia, las denuncias se incrementan por animales que deambulan por la vía pública aunque pueden tener casa o los que están atados a una corta cadena durante toda su vida. Ambos casos están reglados y vetados en una ley autonómica que no parece que haya tenido mucho efecto. “A estas alturas, seis años y medio desde que salió la ley gallega de protección de animales, estamos tan desesperanzadas viendo cómo sistemáticamente las propias administraciones y autoridades incumplen los aspectos más importantes de la misma, que creemos que el apoyo del sector del Camino, tanto autonómico como internacional, puede ser casi lo único que ayude a mejorar la situación con los perros y gatos, al menos”.

Así explican desde Apaca, la Asociación Protectora Animais do Camiño, el motivo para arrancar un proyecto audiovisual como este documental, llamado ‘Os Valores No Camiño’. “El documental es una producción propia, hecha sin apenas medios y sin presupuesto, modesta pero en el que se metió mucho empeño y esfuerzo por nuestra parte con la esperanza de que sirva para visibilizar de alguna manera lo que sucede en el Camino y en el rural en Galicia”, explica Raquel, miembro de Apaca.

En el documental se muestran testimonios reales no solo de peregrinos que encontraron su alma gemela de cuatro patas en este recorrido, si no a otros que dan un nuevo sentido a esta actividad. Es el caso de una pareja estadounidense que recorre el Camino de Santiago con las cenizas de su perra, fallecida inesperadamente, para curar su pena. O el de la actriz y humorista Sara Escudero, que cuenta su experiencia personal y hace de hilo conductor y comparte protagonismo con el de sus perros, con quienes hace el Camino de Santiago. “Hasta el ser más seta saca su empatía en el Camino”, asegura.

“Intentamos que fuese lo más ameno y suave posible, apoyándonos también en la música y en la parte positiva del Camino, para que sea fácilmente digerible por el sector de peregrinas, donde creemos que puede tener un buen recorrido, aunque sea online”, explica Apaca. El documental, del que se hizo un preestreno para participantes y colaboradores el pasado 20 de abril, está recorriendo festivales y se espera que más adelante se pueda proyectar al público en general e incluso traspasar fronteras y llevarlo a Japón o EEUU.

“Los animales en el Camino no están bien”, explican en el documental en un momento dado, y enseñan granjas, pequeñas y grandes, de vacas, cerdos o aves donde nunca salen al exterior o distan mucho de la imagen de ‘vaca feliz’ que se vende muchas veces al turismo desde las administraciones y desde la industria. Y eso lo que se ve. Como indica en el documental Olaia Freiría, de la Fundación Ética Animal, el interior de estas granjas jamás podrá ser visitado. “Los animales que hay dentro nunca se ven”, denuncia.

También se debate sobre el término 'mascotismo' o 'animales de compañía'. “Los consideramos como un recurso para nuestro beneficio”, explica la propia Freiría. En la misma línea, Lorena Fernández Romero, de la Iniciativa Dignidad Canina de Mugardos, explica que un problema actual es quien tiene un perro como quien tiene un peluche. “El mascotismo es terrible. Otra lacra de la sociedad”, explica en el documental, donde se denuncian las condiciones de los criaderos y la venta de animales. “Muchas veces se deja el cuidado de los animales a los niños y niñas y se olvidan de darles de comer o les aprietan demasiado fuerte”, continúa Olaia. “Habría que educar primero a los adultos para que transmitan valores positivos”, concluye. “La gente ha confundido el respeto a los animales con querer a su perro o gato”, apunta Teresa Jardón, de Amigos de los Animales (Santiago).

Aunque está prohibido que los animales pasen atados a una cadena la mayor parte del tiempo, según la Ley autonómica gallega, sigue pendiente que este hábito sea perseguido por las Administraciones. Otro ejemplo de falta de diligencia es cuando se encuentra un animal perdido, maltratado o abandonado en el Camino. Muchos peregrinos cuentan cómo tuvieron que llevarlos ellos a un veterinario, que nunca respondieron las fuerzas de seguridad o solo obtuvieron ayuda de asociaciones privadas sin ánimo de lucro, como las protectoras o santuarios. Eso no parece haber cambiado en los últimos años.

La artista visual Ruth Montiel Arias ahonda en tradiciones tan arraigadas en Galicia como la Santa Compaña y la matanza del cerdo para fomentar la empatía del espectador con los animales no humanos. En este caso, usa la poesía visual con su cámara para hacer una analogía entre el mundo mágico de los muertos con el alma de los cientos de animales que abandonan esta vida en cada matanza. Un fotolibro publicado por Alauda Negra que ya está disponible en preventa y que estará disponible de manera física el próximo 1 de noviembre. Una fecha que para nada es casual.

“El libro estará disponible el próximo mes pero la presentación se hará el 31 de octubre, coincidiendo con la fiesta del Samaín o la noche de difuntos”, explica a El Caballo de Nietzsche la autora, para la cual es un momento que, según la tradición, estamos más cerca del mundo de los muertos. “Un momento de encuentro”, continúa, “con esas almas que se han perdido o con esos seres queridos que ya no están, un homenaje a esas almas de cerdos que se van año tras año en la matanza y que coincide en tiempo con esa acción”.

Precisamente ese momento también lo representa la Santa Compaña, leyenda del noreste de la península ibérica con réplica en otros puntos de la geografía española y portuguesa bajo los nombres de Güestia o Estantigua, por ejemplo. Se trata de un cortejo de almas que deambula sin que los vivos puedan verlas pero sí notarlas. Ya sea a través del olor a cera o por una sensación de frío, se conocen numerosas formas en el que la Santa Compaña se cruza con los vivos y los condena a seguirla. Una relación con la muerte, entre miedo y atractivo, que llega hasta nuestros días en una sociedad donde se sigue sin hablar suficiente de la muerte. También de la de los animales.

Esas muertes, en concreto la de los cerdos en la matanza, se ven reflejadas en este fotolibro, compuesto por dos grandes series fotográficas de más de cuarenta imágenes que le sirven a Montiel Arias para hablar de la superstición, las costumbres gallegas y la posibilidad de tener un folclore con una mirada humanista no antropocéntrica y respetuosa con los animales.

Ante la pregunta de si es compatible la tradición con los derechos de los animales o con una visión que se salga del antropocentrismo, Ruth Montiel responde: “Depende”. “Evidentemente, cambia mucho de si hablamos de tradiciones occidentales y asiáticas, las de Galicia o las de Andalucía, pero, en mi opinión, me cuesta mucho ver que puedan ser compatibles”, responde. El ejemplo más claro, la matanza del cerdo o la tauromaquia: “Son tradiciones donde el animal sufre, no solo físicamente, y a las que que se une el hecho de que están presentes las personas que les han estado cuidando hasta ese momento”.

La autora de ‘Bestiae’, que ya trataba las escenas de caza de manera similar, está especialmente interesada en “nuestra relación con el espacio natural y sus consecuencias, tanto las que afectan a los individuos como al propio espacio desde el ámbito político, social, simbólico e incluso generacional”. Con un pie en el activismo y otro en el mundo artístico, ‘Ánima’ trata las imágenes de una manera muy diferente a las que estamos acostumbradas a ver en el periodismo de denuncia antiespecista. “Trabajar desde el mundo del arte”, explica Ruth Montiel Arias, “te obliga a trabajar con otros códigos. Se trata de ir a un nivel más profundo a través de unas emociones que nos surgen como espectadores y donde nos enfrentamos a unos códigos diferentes al fotoperiodismo o la fotografía documental”.

Plasmar las voces de los animales

Al igual que su obra anterior o en su otro fotolibro ‘El 2%’, se trata de una reflexión a otro ritmo. “Son obras que necesitan más tiempo porque me gusta trabajar en el diálogo con la persona que accede a ver mi trabajo”, comenta la autora, algo que rompe con las prisas de la actualidad y la sobreexposición a millones de estímulos diarios. “Hay muchos estudios que demuestran que esta forma de acercarnos a informaciones hace que no cambie nuestra perspectiva como espectadoras, por lo que el arte me permite acercarme con más profundidad y con más cercanía”.

Apoyando ‘Ánima’ está, entre otras, la filósofa y cofundadora de la Asociación Filosofía de la Mente y el Comportamiento Animal, Susana Monsó, que a su vez es autora de ‘La zarigüeya de Schrödinger’. Cómo viven y entienden la muerte los animales’, y que firma el prólogo de este fotolibro. “El cerdo está predispuesto a confiar en sus captores debido a toda una larga historia de domesticación que ha seleccionado un carácter dócil y sociable en esta especie. No solo eso, sino que el cerdo no tiene motivos para desconfiar de quienes le han traído comida cada día y no le han maltratado abiertamente. Cuando alguien confía en ti, se crea el imperativo ético de estar a la altura de esa confianza y no traicionarla. Huelga decir que este principio se viola —a menudo sin atisbo de arrepentimiento— en el momento mismo de la matanza”, asegura Monsó.

Junto al prólogo de Monsó, comentan la obra la también filósofa Marta Tafalla o el fotoactivista Aitor Garmendia. “Ruth Montiel Arias tiene el don de escuchar las voces de los demás animales. Las imágenes de Montiel Arias, y la forma en que las reúne en sus libros, nos enseñan a prestar atención a los otros animales, ver sus miradas, oír sus voces, sentir el tacto de sus cuerpos, el roce de su piel, sus huellas en la tierra. Montiel sabe que los animales hablan, y su obra es un intento de ayudarnos a escuchar sus voces”, comenta Tafalla. Por su parte, Garmendia destaca “la atmósfera gélida y calma que precede a un acto brutal”. “Lo que no se ve en sus páginas, lo hueles, lo escuchas y lo imaginas”, indica.

También desde el mundo del arte ‘Ánima’ ha logrado reacciones. Como la de la comisaria y gestora cultural Semiramís González, que afirma que el último trabajo de Montiel “tiene algo de mágico pero también de tragedia. El ritmo y la narrativa nos llevan de lo casi desconocido a hacer visible la muerte. Es un trabajo redondo, muy fino y que nos revuelve”.

‘Ánima’ de Ruth Montiel Arias, editado por Alauda Negra, puede adquirirse pre venta aquí.

Muchos de los que viven o veranean en pueblos han podido escuchar estos días disparos y ver caminos cortados para la ciudadanía. La causa es la media veda. Así se llama el periodo de tiempo en el que se permite cazar ciertos animales durante el verano. Son numerosas las aves migratorias que visitan los parajes, lagunas y valles de muchas de las comunidades autónomas que permiten cazar entre mitad de agosto y finales de septiembre. “Los cazadores están ansiosos por desempolvar sus escopetas y ‘probar’ a su nueva horneada de víctimas caninas. Los campos de nuestro país se tiñen de terror y sangre”, explican las portavoces de la plataforma No a la Caza con galgos y otros razas (NAC), que tachan de “sin sentido” el permiso de la media veda.

Esta plataforma critica que este año especialmente es muy complicado para los animales. “Con la sequía extrema y el cambio climático, los ecologistas vuelven a solicitar a las comunidades autónomas que se les dé tregua a los animales que están en clara desventaja al no tener abundancia de puntos de agua y comida y por el retraso de la época de cría”, comentan desde NAC. “Esto lo saben bien los cazadores”, continúan, “que llevan semanas cebando el campo en los puntos estratégicos enfrente de sus puestos fijos de tiro, generando rutinas en los comederos artificiales que han creado sin control y dando lugar a concentraciones masivas de fauna, convirtiéndose en trampas mortales que facilitan sus desentrenados tiros y merman la capacidad de huida de sus víctimas”.

En concreto, la media veda está autorizada en casi todas las autonomías, que regulan tanto la fecha como las especies que pueden ser cazadas y, en algunas de ellas, el cupo de animales por cazador. Ejemplos son Euskadi, donde normalmente en Álava se permite cazar a la codorniz común, las palomas de tipo torcaz, la urraca, la corneja común, el conejo y el zorro. Más reducido pero similar es el listado que cada año existe en Navarra. En Andalucía es habitual que sean perseguidas codornices, palomas y córvidos. En Aragón suelen ser la codorniz común, palomas bravía y torcaz, urraca, ánade real y zorro. En Asturias destaca la gaviota patiamarilla o el estornino pinto, urraca, corneja, codorniz, paloma torcaz y bravía y zorro.

Una masacre asegurada, un negocio millonario

Pese a que las comunidades exigen que durante la media veda se evite matar a otras especies o molestar otros comportamientos como los migratorios, desde NAC denuncian la imposibilidad de hacer cumplir estas normas: “Es una masacre asegurada y con ínfimas posibilidades de ser selectiva”. Desde la plataforma señalan que “los auto proclamados ‘defensores de la naturaleza’, cuando diezman la población de una especie llevándola al borde de su extinción, tienen la oportunidad de seguir haciendo negocio con la crianza en cautividad en granjas intensivas cinegéticas y repoblar los cotos para que no les falten nunca víctimas que abatir, con el desastre que ocasionan a la biodiversidad autóctona y al medio ambiente. Este es el macabro negocio y redondo de la caza, que no quieren soltar y protegen con uñas y dientes, caiga quien caiga”.

Otra de las razones para pedir que no se conceda la media veda también es que se ha desvirtuado su concepto original. “La primera conclusión que se desprende de la definición de media veda queda prácticamente obsoleta”, aseguran, ya que “se ha argumentado como una solución a los daños que causaban los animales a la agricultura”. Además de las especies incluidas en un primer momento -como la codorniz común, tórtola europea y paloma torcaz por su abundancia-, ahora incluyen otras que nada tienen que ver, como el zorro, y han sido capaces de llevar a algunas aves al borde de la extinción. Un claro ejemplo es el ocurrido con la tórtola europea, que este año se ha dejado en un “cupo cero” en todas las comunidades autónomas gracias a las presiones provenientes de Europa, “aunque los cazadores han puesto toda su maquinaria legal en funcionamiento para revertir la situación, con el objetivo de seguir matando a destajo”.

Por estos motivos, además del ya nombrado cambio climático, desde la plataforma NAC y las asociaciones animalistas y ecologistas que la apoyan en las manifestaciones anuales que desde 2010 organizan, exigen a las comunidades acabar con este permiso veraniego, “que mira más por el negocio y los deseos de disparar de ciertas personas que por los animales, la convivencia y el medio ambiente”.

Casos como el de los activistas canadienses ‘The Excelsior 4’ o la nueva propuesta criminalizadora de la Ley de Ordenación Agraria catalana muestran que la industria ganadera tiene como objetivo claro que no se conozca lo que pasa en el interior de los muros de mataderos y granjas. Una suerte de ley mordaza que puede llegar a multas de 60.000 euros por acceder y grabar el interior de estas instalaciones en Cataluña, mientras que las penas de cárcel podrían ser de diez años para los activistas canadienses.

Se trata de legislaciones que quieren sancionar expresamente la difusión, la entrada e incluso la organización de estas acciones reivindicativas mucho más allá de los daños materiales que se puedan causar o de cualquier otra sanción ya instaurada, y eso a pesar de que esos hechos ni siquiera conllevan un beneficio propio, ni al liberar a algún animal ni al difundir el maltrato animal, como sí comporta el robo, por ejemplo. Este recorrido legislativo se da cada vez en más países para aumentar la represión y la criminalización del movimiento animalista. Si en 2007 Will Potter advertía en ‘Los verdes somos los nuevos rojos’ (Plaza y Valdés) de que los activistas animalistas y ecoogistas se habían convertido en la “amenaza número uno de terrorismo doméstico” para el FBI –con el claro caso de Daniel Andreas San Diego–, que los tachaba de ‘ecoterroristas’, hoy día vemos que la presión de los lobbies ganaderos aumenta para seguir en esa línea. Cuanto mayor es el impacto que las acciones animalistas tienen, más represión se exige.

Es el caso de los activistas canadienses conocidos como ‘The Excelsior 4’ o ‘Los 4 de Excelsior’ en castellano. Se trata del resultado de una acción directa sobre un matadero de la Columbia Británica llamado Excelsior Hog Farm, donde se tomaron numerosos vídeos del interior de esta granja de cerdos con claros ejemplos de maltrato animal e irregularidades en torno a las leyes de bienestar animal. Las imágenes, que publicó PETA, mostraban corrales abarrotados llenos de miles de cerdos que sufrían hernias, laceraciones sangrientas y crecimientos del tamaño de una pelota de golf. Algunos ni siquiera podían caminar, por lo que languidecían y morían lentamente en el sucio suelo de cemento. Se encontraron cerdos muertos pudriéndose en corrales con otros cerdos vivos que comían sus cadáveres, y otros habían sido arrojados a los contenedores de basura. Como no hubo reacción por parte de quienes tienen que hacer cumplir la ley, más de 200 activistas acudieron a la granja el 28 de abril de 2019 a protestar y a paralizar la actividad en su interior. 65 de los manifestantes ocuparon el interior de la explotación y mostraron al mundo con vídeos en directo la situación de los cerdos, especialmente de las cerdas gestantes.

 La Justicia canadiense, en lugar de tomar cartas en el asunto, giró la cara hacia quienes habían mostrado al mundo estos hechos. No solo se procedió a detener a muchos de los activistas que participaron en la acción, si no que se inició una investigación para buscar a los responsables de los vídeos, de las acciones y de las imágenes captadas con cámaras ocultas que salieron a la luz poco después –donde mostraban a los dueños de la granja agrediendo a los cerdos con punzadas eléctricas en la cara, golpeando y pateando repetidamente a los animales y cortando las colas y testículos de lechones que gritan de dolor sin alivio–. El resultado fue una detenida y procesada, Amy Soranno, más otros tres activistas, Nick Schafer, Roy Sasano y Geoff Regier, que fueron procesados poco después. Todos ellos se enfrentaban en un principio a 21 delitos procesables (el nivel penal más alto en un tribunal canadiense) por revelar lo que les sucede a los animales dentro de las granjas industriales.

 Activistas en la cárcel, granjeros impunes

 La propia Amy Soranno cuenta a El Caballo de Nietzsche en qué punto está el proceso contra ellos. Después de que en las audiencias previas retiraran los cargos contra Geoff Regier, un jurado declaró culpables a Amy y a Nick Schafer y absolvió a Roy Sasano. “Nick y yo fuimos condenados el 9 de julio por allanamiento de morada y conducta delictiva, y nos enfrentamos a la posibilidad de recibir hasta diez años de prisión cada uno. Ahora esperamos la sentencia definitiva, que se sabrá el 26 de agosto, después de que se nos declarara culpables por exponer la crueldad animal criminal en Excelsior Hog Farm”, explica Soranno. La activista denuncia numerosas irregularidades durante el proceso y en el juicio, como la imposibilidad de que la defensa pudiera mostrar los vídeos que demuestran el maltrato o que esas imágenes se vieran para desmentir las afirmaciones de los dueños de las granjas que hicieron en el juicio. “El hecho de que nos enfrentemos a penas de prisión mientras Excelsior Hog Farm es libre de continuar con sus prácticas abusivas es una burla a la justicia”, denuncia Amy Soranno.

Preguntada por si este caso puede servir de correctivo para las personas que luchan por los derechos animales en Canadá, Amy lo tiene claro: “Es un ejemplo de la supresión de nuestros derechos de libre expresión al hacer correr la voz de que el maltrato animal es rampante en las granjas de animales, incluso en las llamadas mejores. Es un ejemplo del intento desesperado de la industria de la agricultura animal, el Gobierno y las fuerzas del orden para ocultar aún más el sufrimiento de los animales y priorizar la codicia corporativa”. Se trata no solo de un caso, sino de muchos que demuestran que la imagen de país progresista y respetuoso que puede tener Canadá está lejos de la realidad. La propia activista recuerda que en cuanto a estándares de bienestar animal en la industria, Canadá tiene la misma puntuación que Estados Unidos según el Índice de Protección Animal (API). “El Reglamento de Salud Animal –explica– todavía permite el transporte de animales de granja, sin comida ni agua, hasta 36 horas en todas las condiciones climáticas. El Gobierno federal no ha exigido prácticas agrícolas para salvaguardar el bienestar animal, dejando a la industria de la agricultura animal autorregulada a través de 'Códigos de práctica' arcaicos”.

Otra de las denuncias de los animalistas canadienses viene en cuanto a quién es el encargado de vigilar que las leyes de bienestar animal se cumplan. Por un lado está el Consejo Nacional de Cuidado de Animales de Granja (NFACC), que dicta las recomendaciones y está manejado por la industria, y por otro está la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (BC SPCA). Se trata de la única organización en la Columbia Británica con la autoridad para hacer cumplir las leyes contra la crueldad hacia los animales en virtud de la Ley de Prevención de la Crueldad hacia los Animales (PCAA). Fue precisamente esta institución quien, saltándose sus propias leyes de privacidad y protección al denunciante, expuso a Geoff Regier a las autoridades cuando este les mostró las imágenes de los abusos cometidos en la granja Excelsior Hog de Abbotsford. “En lugar de recomendar cargos contra la granja de cerdos por su horrible negligencia y abuso, la BC SPCA violó su propia política de confidencialidad y entregó a Geoff, uno de los 'Excelsior 4', a la policía”, recuerda indignada Amy.

“La ganadería se basa en ser poco transparentes, porque saben que si los consumidores vieran lo que implica la agricultura moderna ya no querrían apoyar una industria tan violenta”, argumenta Amy Soranno para defender estas prácticas más allá de los muros, que explican por qué en los últimos tiempos ha aumentado la presión judicial y legislativa por perseguir la acción directa animalista. “En los últimos años –continúa–, la industria presionó a favor de las 'leyes mordaza', haciendo que sea ilegal exponer la crueldad hacia los animales en lugar de enjuiciar la crueldad en sí. 'Leyes mordaza' similares fueron anuladas por inconstitucionales en los Estados Unidos. Sin embargo, sí que se han aprobado en varias provincias canadienses, limitando los derechos de libertad de expresión”. Un ejemplo, la conocida como Ley 156 de Ontario, que tacha de ilegal que activistas, periodistas e incluso los propios empleados documenten las irregularidades bajo pena de cárcel. 

Ley mordaza en Cataluña para proteger a la ganadería

Estas 'leyes mordaza' para animalistas también se están proponiendo desde la industria ganadera en lugares como Cataluña. El proceso legislativo para modificar la Ley de Ordenación Agraria está dejando numerosos titulares y la mayoría parecen amenazas a quien ose contar lo que pasa al otro lado de los muros de mataderos y granjas. El proceso, que ahora mismo está esperando el debate parlamentario después de que el Govern diera su visto bueno, eleva las multas por entrar sin autorización en estas instalaciones bajo pena de hasta 60.000 euros. La argumentación es que esta actividad puede causar enfermedades, daños irreversibles e incluso la muerte a los animales de las explotaciones. El Govern se justifica diciendo que este cambio legal solo “clarifica” los casos ya contemplados por la ley, pero las alegaciones hechas por la industria cárnica a la ley muestran que hay un afán de criminalización de estas acciones.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), además de felicitarse por “el carácter sancionador” de la modificación, pide aumentar el efecto de las sanciones en cuanto al tiempo desde que se produce el acceso. Aseguran que estas acciones pueden tener daños negativos incluso días después de la muerte o sacrificio del animal, a lo que el Gobierno catalán le responde que solo demostrando la relación causa-efecto podrá actuar la ley en cada caso. Por su parte, la Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT) pide que se impute como liberación cualquier cambio de lugar de los animales incluso sin que salgan del recinto o que se impute no solo a las personas que acceden sino a las organizaciones animalistas a las que pertenezcan. El Govern responde positivamente ante esta última demanda. La Federació Avícola Catalana (FAC) quiere incluir como hecho sancionador que los animalistas den medicamentos, agua y alimentos a los animales, y la Federació Catalana d’Industries de la Carn (FECIC) reclama que el nuevo régimen solo contemple sanciones muy graves, algo que no es posible, como le recuerda el organismo público.

¿Es este cambio legislativo catalán un aviso a navegantes para el resto del Estado español e incluso para Europa? El abogado Carles Lorente –miembro del ICALP (International Center for Animal Law and Policy), de INTERcids (operadores jurídicos por los animales) y máster en Derecho Animal por la UAB– se muestra prudente: “Falta ver cuál es el texto definitivo, aunque ya podemos adelantar que introducirán modificaciones significativas en este aspecto”. “El encuadre en nuestra legislación penal –continúa– hace que en ocasiones se diera el caso de que los que creemos que están maltratando o tratando mal a los animales sean los que denuncian esta situación por causarles presuntamente daños o estrés… algo totalmente surrealista”.

Frente a los avances en la protección de los animales que se están dando en los últimos años, los lobbies ganaderos reaccionan para mantener su interés económico, recuerda. “Estos grupos de presión participan de forma activa en los procesos legislativos y también tienen otras formas de presión que el resto de agentes no tenemos, porque no hay que olvidar que ellos ‘juegan con comida’, con comida y dinero, y si tienen que presionar por otras vías, lo pueden hacer, como las huelgas, manifestaciones, etc”. El abogado recuerda que, pese a que en España no hay un concepto como ‘ecoterrorismo’ o ‘terrorismo ecológico’ sobre el que se legisla (como sí que ocurre en EEUU, por ejemplo), sí que considera que ha aumentado la persecución contra el movimiento de defensa de los derechos animales. “Se ha puesto de manifiesto en redes sociales, medios de comunicación tradicionales, dando espacio y visibilidad al sector ganadero y criminalizando al sector animalista, como si detrás hubiera un poder fáctico o un interés económico, cuando es todo lo contrario”, explica.

El cambio que se ha producido, en su opinión, es porque el animalismo “ya no es una corriente inofensiva, sino que cada vez las personas y la sociedad están más concienciadas, más comprometidas, y eso hace tambalear las bases y estabilidad económicas de los mismos grupos de siempre”. Frente a esta ola de represión, y como abogado, Lorente apuesta por continuar mostrando las irregularidades y con la llamada a la acción directa: “Creo que es necesario que se hagan estas acciones, igual que lo son todas, y no puede tildarse de violencia ese hecho. Se trata de una situación de interés público que debe conocerse y, bajo mi punto de vista, la información en este caso está por encima del interés mercantil de las explotaciones”.

“La industria láctea pone hierba o imágenes de pastos hasta en las notas de prensa”, explica María Ruiz Carreras poco después de presentar su tesis doctoral, ‘Grupos de interés, discurso y guías dietarias. El caso de la Industria Láctea Europea’, que ha obtenido una calificación excelente cum laude, con mención internacional. La investigación, dirigida por Núria Almirón, doctora del Centre for Animal Ethics de la Universidad Pompeu Fabra, desvela el uso de elementos naturales, colores como el verde o el azul, entre otros elementos para transmitir unos mensajes en su comunicación que poco tienen que ver con la realidad de las granjas. “La industria pone mucho énfasis en el medio ambiente, pero parece muy desafortunado, ya que el pastoreo está en declive en muchos países de Europa, donde tienen hasta atadas a las vacas para la producción de leche”, explica Ruiz Carreras.

La comunicadora ha podido analizar 98 documentos públicos en los que la industria trata de hacer una narrativa propia de manera activa, pero también reactiva a las críticas que desde el ecologismo, los derechos animales y la sociedad se hacen de su actividad. “La propuesta era analizar el discurso de los grupos de interés de la industria láctea a nivel europeo con una premuestra de 200 documentos”, explica la autora de la tesis. A diferencia de otras cuestiones que tienen que ver con lobbies, fueron muy fáciles de encontrar, “ya que son documentos pensados para que políticos y periodistas los encuentren y los usen”. Los resultados del análisis son claros: las empresas lácteas tratan de normalizar y naturalizar la explotación de las vacas, cosificando a estos animales y a sus crías, y negando su capacidad de sintiencia, autonomía e individualidad.

Al ser preguntada por su interés en este sector, María Ruiz Carreras destaca sus números, tanto por la importancia que tiene en Europa como por el sufrimiento a lo largo del tiempo que genera en los animales. “Si miramos la cantidad de animales que sufren explotación, podría haber elegido los peces o los gallos y las gallinas. Vacas hay menos en cantidad, pero su explotación dura más. De hecho, podrían llegar a vivir 20 años, pero duran entre tres y cinco años por la explotación que sufren, y en ese tiempo lo pasan muy mal”, explica. La ya doctora acota geográficamente su estudio en Europa, ya que es especialmente interesante cómo actúan los lobbies en la legislación de la Unión Europea, los think tank y las uniones empresariales.

De hecho, la UE es la líder mundial en la producción de leche de vaca, representando el 30% de la producción ganadera y el 13% de la agrícola. El final de las cuotas lácteas, la disminución del consumo dentro del entorno europeo y la fragilidad de las exportaciones han hecho que dependan mucho de las ayudas públicas. Unas subvenciones que pasan por hacer ver sus productos como esenciales para la alimentación. “La industria láctea presiona para estar en las guías dietéticas, presiona para estar lo mejor situada posible, para que nunca se hable en negativo desde los gobiernos o las instituciones, y presiona para que no se hable de temas que no le interesan”. Un ejemplo de esta presión sería el semáforo nutricional, que es rechazado por la industria en favor de otros sistemas, ya que podría perjudicar en productos que tienen alto contenido en azúcar, grasas o aditivos.

Esta presión surge de instituciones como European Dairy Association (EDA), European Milk Board (EMB) o The European Food Information Council (EUFIC). Unas instituciones nada conocidas por el consumidor final pero que los legisladores europeos conocen de cerca. Unas siglas, recuerda Ruiz Carreras, que muchas veces están detrás de los estudios científicos que avalan los supuestos beneficios de los productos lácteos. “Los tres públicos fundamentales a los que van, aunque quieren llegar a todos, incluso a intolerantes, son embarazadas, menores y personas mayores. Usan un lenguaje científico y sanitario, apelando a la salud tanto de forma positiva como negativa. Usan sentencias como ‘los niños deben tomar tantos productos lácteos al día’ y hablan de supuestas consecuencias en el crecimiento o en el embarazo si no se ingieren”, comenta la investigadora.

Una estrategia que viene de largo, advierte la tesis, ya que la industria láctea se apoya cada vez más en campañas subvencionadas por el dinero público para promover el consumo de estos productos. “Para ellos es importante que se tomen alimentos lácteos desde la infancia, y así fidelizar clientes para toda la vida. Incluso si supone meterse en que los bebés pueden alimentarse de sus madres o en hablar de la osteoporosis”. Y es que este sector se juega mucho dinero, ya que, en volumen de negocio, representa en la industria manufacturera el 15,4% del total, seguido por la industria de la automoción (13%), maquinaria y equipamiento (9%), y productos petrolíferos (7,8%). Una industria masiva que cuenta con 12.000 puntos de producción en todo el territorio europeo y alianza con más de 700.000 granjas en Europa, según el Informe 2017/18 de EDA.

Terneros, un problema del que la industria nunca habla

Uno de los puntos más sensibles a la hora de la comunicación de la industria láctea es el tema de los terneros. “La explotación de las vacas por su leche es una explotación muy concreta”, explica Ruiz Carreras. “Muchas veces no pensamos en ello, pero si no las embarazan, si no las inseminan artificialmente, la leche no fluye. Esos terneros que nacen cada año, a los que la industria llama ”subproductos“, si son machos van al matadero para acabar como pienso de otros animales o productos similares, mientras que si son hembras serán destinadas a producir leche”. Una realidad que rara vez sale en los anuncios de leche y que la industria láctea nunca menciona en sus comunicaciones, tal y como se desprende en esta investigación. De hecho, la investigadora se pregunta hasta qué punto es consciente la sociedad de que sin la fecundación y nacimiento de esos terneros no existiría la leche, al igual que pasa en otras hembras mamíferas, como las mujeres. “Creo que si las activistas por los derechos animales insistieran sobre el problema que representan los terneros, si mostraran las escenas de dolor cuando el granjero aparta a una cría de su madre, el resultado sería distinto”, opina.

La capacidad de sentir o de sufrir de los animales explotados no está en el repertorio de mensajes que lanza la industria láctea. “Son muy conscientes de sus puntos débiles, así que adaptan su narrativa a determinadas cuestiones públicas. La capacidad de sintiencia, frente a la mera reacción ante estímulos, es un hecho que, desde el punto de vista de la ética animal, hace merecedores a los individuos que la poseen de la garantía de una serie de derechos”, explica María Ruiz Carreras en su estudio, donde concluye que, sin embargo, “a través de los textos elaborados y difundidos por la industria, se obvia esta capacidad, estableciendo una supresión del sufrimiento que padecen los actores sociales bóvidos, las vacas explotadas por su leche, así como una supresión de su individualidad y de su capacidad de acción, a través del recurso de la no mención de los individuos”.

Problemáticas, también, como las denuncias por maltrato animal. “En el estudio realizado, desde 2008 a 2018, se ven claras las menciones al bienestar animal, es decir, la industria está claramente adaptada al debate social. Algo presente de forma muy estable en toda la década analizada”. Por eso destaca en el estudio que “no se menciona directamente el sufrimiento animal en general, ni las enfermedades o dolencias que puedan padecer”. La estrategia para evitar esto, señala la tesis doctoral, pasa por comparar la actividad ganadera con la de cosechar plantas. Un ejemplo de ello es este texto analizado: “La leche se deriva de animales y, aunque hay ciclos de producción como en muchos otros sectores agrícolas, el 'periodo de cosecha' y el 'periodo de procesamiento' en los productos lácteos son esencialmente diarios (EUCOLAIT)”. También resalta el recurso de apelar a la naturalidad del proceso, como si la inseminación artificial o la mecanización de la extracción de leche lo fueran. Por eso, la industria se guarda mucho de que se vea esta parte de su día a día y lo cambia por otras imágenes idílicas de vacas en libertad. Algo que en los países del sur de Europa empieza a ser un mero recuerdo.

¿Y qué hay de las leches vegetales?

En el estudio se destaca que mientras alaban las propiedades casi curativas de la leche de vaca, la industria descalifica las alternativas vegetales a estas. Algo sorprendente, ya que la mayoría de las empresas lácteas ya cuenta en el mercado con una línea de producto de bebidas vegetales. “Es parte de su doble juego. Mientras la ciencia demuestra que su industria es negativa para el medio ambiente, ellos hacen campaña diciendo que es beneficiosa. Lo mismo ocurre con las bebidas vegetales: por un lado, dicen que la leche vegetal no puede ser un sustituto porque no tiene los mismos componentes nutricionales, e incluso llegan a querer prohibir ese nombre, pero a la vez se preparan y amplían su gama de producto”. Unos productos vegetales que tienen una imagen y un nombre distintos a los de los productos lácteos de la misma empresa y que el consumidor muchas veces no asocia.

La gripe aviar está de nuevo en boca de todos. No solo entre ganaderos y economistas, sino entre epidemiólogos, ecologistas y animalistas. Una sombra de catástrofe que nunca llegó a desaparecer. Por un lado, es una enfermedad que existe de forma habitual en la naturaleza y, por otro, las condiciones en que se cría a las aves en el sistema alimentario actual propicia que se den las circunstancias para nuevos estallidos de la enfermedad. La selección genética de individuos que tarden menos en engordar, el hacinamiento en las granjas y el riesgo de mutación de este virus convierten al sector ganadero aviar en una auténtica bomba de relojería. La gripe aviar, de hecho, es una enfermedad animal altamente contagiosa y de declaración obligatoria por orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El último brote que está arrasando en Europa hizo su aparición en España el pasado 4 de enero. Desde entonces, no paran de aparecer nuevos brotes, tanto en España como en otros países de Europa, dejando patente que las medidas tomadas (sacrificios masivos, aislamiento, etc.) no han servido para frenar el avance del virus. Un asunto que ha pasado de preocupar a ecologistas (por su implicación con las aves salvajes); a animalistas (por el hacinamiento y la matanza masiva de animales, incluso sanos); a ganaderos y economistas (por las consecuencias económicas que puede acarrear para el mundo rural un descontrol en los contagios), y a epidemiólogos (por las consecuencias que estos brotes pueden conllevar para la salud pública).

Solo en Europa, este brote ha provocado que, desde el comienzo de la actual temporada (1 de julio de 2021) y hasta el 19 de enero de 2022 (último día del que se tienen datos), se hayan detectado 780 focos en aves de corral y 1.225 en otras aves no de corral. Estos son los datos oficiales, aunque cada hora que pasa se enciende una nueva alarma en algún punto de la geografía europea. Aunque las autoridades españolas se esfuerzan en dar una imagen de situación controlada, los expertos ya hablan de una ‘zona negra’ donde se concentra el mayor número de casos. Se trata de la comarca de La Moraña, en Ávila, que acumula diversos casos: una paloma en Hoyo de Pinares; un ganso en Laguna de Palacios Rubio; otro ganso en Laguna de Donjimeno; cinco gansos en El Bohodón, y tres gansos y una garza en El Oso.

Pero hay mucho más: el primer foco detectado en Segovia (en una granja de pavos del municipio de Fuenterrebollo); un foco en Huelva (en una explotación de pollos de la variedad broiler localizada en Villarrasa, donde se amontonan 41.000 pollos de seis semanas de vida); un caso en Lleida (el de una cigüeña hallada muerta en los Aiguamolls de l'Empordà). Asimismo, se ha detectado otro foco en los humedales de Córdoba (tanto entre fauna salvaje migratoria como en las granjas que aún hay en la zona). Un intercambio del virus entre las especies salvajes y las que están explotadas en granjas es especialmente peligroso en ecosistemas como los humedales, a los que acuden aves acuáticas y aves migratorias. Como explica Roberto González, de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) a elDiario.es, “este virus está en la naturaleza, pero hay que estar alerta y vigilar, ya que siempre hay un elemento de azar. Imagina que salta un brote en un humedal donde estuviera ahora concentrada una alta población como, por ejemplo, los millares de grullas que hibernan en Gallocanta”.

Entre epidemiólogos y biólogos no hay precisamente tranquilidad, pese a que el virus de la gripe aviar sea corriente en el medio salvaje. El motivo es la posibilidad de que, si dos aves se contagian con los subtipos H9N2 y H7N9, podrían dar lugar al subtipo H9N9. El nuevo virus H9N9 recombinante muestra una mayor tasa de replicación en células A549 humanas y una unión al receptor celular significativamente mayor que el H9N2. Por ello, determinan que se trata de un virus altamente agresivo en humanos, mucho más infectivo, y que podría ser el culpable de una pandemia global similar a la del covid. De hecho, desde 2013, los expertos están vigilando de cerca por todo el mundo esta posibilidad, aumentada por el carácter migratorio de muchas aves y por el comercio internacional de productos animales.

Hacinamiento, sacrificios por gas y alfombra rota genética al virus

En general, en la mayor parte de los brotes europeos (incluyendo el primero en España, en la granja de Segovia) el virus es el H5N1. Es también responsable de uno de los mayores casos en Europa: la provincia italiana de Vicenza. La ONG Essere Animali ha documentado los sacrificios de miles de aves afectadas o sospechosas de estar infectadas por la gripe aviar en varias granjas de la zona. Unas maniobras radicales que no han impedido el contagio en el país, donde se calcula que el número de animales sacrificados a causa de la gripe aviar supera los 15 millones. Cuando se habla del sacrificio de los animales, rara vez se atiende a la realidad que estas medidas de contención suponen. Essere Animali ha logrado grabar un video con las operaciones de sacrificio en una granja donde se detectaron casos de gripe aviar. Se puede ver desde el aire cómo se recoge a los pollos vivos con una excavadora y son arrojados por miles a contenedores metálicos. Unos recipientes que son sellados y gaseados. La operación puede alargarse más de 30 minutos. “Se inflige una muerte terrible a los animales, que son víctimas de una situación de riesgo, que han sido seleccionados genéticamente para ser más productivos y que son obligados a vivir en condiciones de hacinamiento en diminutos espacios: condiciones perfectas para la propagación de virus”, explican desde la ONG italiana. Unas condiciones de vida, indican, que están detrás de estos brotes masivos en granjas de todos los países.

El caso documentado por Essere Animali es de una granja donde crían a más de 300.000 aves. Además del hacinamiento, la selección genética les hace más propensas al contagio y la propagación del virus: al ser genéticamente muy similares entre sí, el virus actúa sin resistencia, sin tener que mutar y actuando de una manera muy rápida. Pavos, gallinas, pollos de engorde, codornices, pintadas, patos y hasta animales de caza son los principales afectados por estas condiciones y proclives a padecer la gripe aviar. Algo que deben cambiar no solo las autoridades competentes, sino también el eslabón de consumo que son las personas consumidoras y las empresas comercializadoras. En este sentido, Equanimal reclama a Carrefour que acabe con el comercio de pollos de engorde o broiler, una de las variedades sometidas a peores condiciones de vida.

“Difundimos estas imágenes porque creemos que es necesario reflexionar sobre nuestro sistema alimentario”, afirma Simone Montuschi, presidente de Essere Animali, quien recuerda que no son las primeras enfermedades zoonóticas relacionadas con el consumo excesivo de carne o de otros productos animales: antes fueron la gripe porcina o el conocido como mal de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina). “Estas granjas son zonas de cultivo para el virus y, mientras los animales se críen hacinados por miles, los brotes de gripe aviar seguirán reapareciendo regularmente y tendrán efectos devastadores. Estamos ignorando la crueldad que se ejerce sobre estos animales y subestimando el riesgo potencial que supone para la salud pública”, concluye.

“Una persona que muere fuera de la actividad de la caza, de manera fortuita o intencionada, pero con un arma de fuego de caza, no está en las estadísticas. Incidimos especialmente en saber cuántos asesinatos machistas se han llevado a cabo con ellas, pero nadie tiene esos datos”. Así resume el parlamentario Carles Mulet para El Caballo de Nietzsche lo que ha pasado con su pregunta en el Senado sobre las víctimas humanas de la caza. Una respuesta por parte del Gobierno que fue tan ambigua que muchos medios la interpretaron como los datos de 2020. Un año en el que, debido al confinamiento deberían ser mejores, al haber disminuido la caza. Por eso, desde Maldita Hemeroteca profundizaron en las estadísticas públicas para averiguar el dato, pero el conteo es parcial.

Según estos datos, en 14 años, desde 2007 hasta diciembre de 2020, hubo al menos 63 personas que fallecieron y 483 heridos en accidentes de caza. Unos datos que no incluyen las cifras de Euskadi y Catalunya y que se limitan a los accidentes por arma de fuego en actividades de caza. Además, tirando de hemeroteca es fácil comprobar que muchos no están reflejados. Por ejemplo, figuran cero víctimas mortales en A Coruña cuando en una búsqueda simple por titulares en un buscador aparece un accidente mortal en Vilalba en 2012 y otro en Ordes en 2010. Lo mismo ocurre con Granada, donde tampoco aparece pero al menos hubo una víctima mortal en 2015 o en Cantabria en 2017. Ocurre de forma similar en provincias donde según los datos del Gobierno solo ha habido un accidente mortal y buscando aparecen más: en Málaga solo figura un fallecido y al menos se han difundido dos, uno en 2012 en el que la víctima era guarda de una finca de caza y otro en 2016, con un cazador furtivo. No cuesta seguir encontrado casos en otras provincias como Castellón, Teruel o Huesca.

No solo los titulares contradicen los datos de oficiales facilitados al senador de Compromís y miembro de la APDDA (Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales), sino que la mayor aseguradora de caza también lo hace. Según los datos de Mutasport publicados por la Federación de Caza de Castilla y León, desde el 2001 a 2017 hubo al menos 82 muertos y 123 víctimas con lesiones entre sus asegurados. Además, en base al número total de licencias otorgadas en España, estiman que los datos reales pueden ser de 656 fallecidos por arma de fuego y más de 80.700 siniestros con lesiones. Un conteo hecho a lo largo de 16 años, dos más que los datos facilitados por el Gobierno y en años con más actividad cinegética pre Covid.

Víctimas no contabilizadas: violencia de género, caídas o infartos

Además de no estar contabilizadas cuántas víctimas de violencia de género han muerto por armas de caza, tampoco están las personas que se hayan lesionado o muerto mientras practicaban la caza, pero no directamente por disparos, como caídas o infartos. “Son cifras que deben estar contabilizadas y entiendo que nadie quiera perseguir este tema, que mueve mucho dinero y muchos intereses. No está en la agenda política de nadie”, explica Mulet, que añade que la opinión pública solo se sorprende cuando hay víctimas mortales. “No hay ningún control -añade-, quién controla que vayan menores, qué se caza, si cazan animales protegidos, no hay suficientes agentes medioambientales para controlar esto”.

En este sentido explica el portavoz de la Plataforma NAC, David Rubio, que incluso se puede ir más allá a la hora de ver la fotografía completa de las consecuencias de la caza. Como los accidentes de tráfico. “Hay un porcentaje de accidentes por colisión con animales que ocurren cuando estos huyen de los disparos de las batidas. Cuando se cambió la ley en 2014 quitando la responsabilidad a los cotos de caza de estos accidentes viales, aumentaron”, comenta, a la vez que indica que aunque el conductor circule correctamente la culpa será suya, solo con la excepción de que haya habido una cacería mayor hasta 24 horas antes del accidente. “Como si un jabalí supiera si el permiso de caza va contra él o no cuando huye de los disparos y se cruza una carretera”, ironiza.

Desde NAC, que llevan una vigilancia de las noticias que salen en torno a la caza, destacan que muchos accidentes mortales incluyen a personas que no tienen nada que ver con esa actividad. “Muchos heridos o fallecidos son ciclistas, senderistas, personas que recogían setas o que estaban incluso vendimiando. También vemos muchos casos de perros que paseaban con humanos que han sido acribillados”, comenta. Uno de estos últimos casos es el del atleta de triatlón Francisco Montiel, que una hora y media antes de comenzar una competición recibió tres disparos mientras calentaba. “Yo no me lo quería creer. Que a 20 metros de mí hubiera un hombre cazando, cerca de la carretera”, explicó al diario Marca.

Menos licencias, más zonas de seguridad en los núcleos urbanos

Como “inverosímil” califica Aïda Gascón, directora de Animanaturalis, que con tantos fallecidos humanos, incluso menores, nadie actúe para evitarlo. “Son muchas muertes -explica-. En Catalunya, por ejemplo, se cambió la normativa de los castellers para llevar casco los menores solo con un caso de un menor herido. Solo atendiendo a la peligrosidad. Y en la caza no ocurre”. Preguntada sobre qué propone su organización para limitar, al menos, las víctimas humanas, Gascón apunta a reducir el número de licencias para evitar una concentración de cazadores en una misma zona, aumentar los test de alcoholemia y drogas y controlar las capacidades de las personas con licencia de armas. “Se dan licencias de una manera muy alegre”, opina.

Desde Animanaturalis, además, adelantan que están preparando una campaña que saldrá a finales de este año o principios del que viene para limitar el porcentaje de territorio que es coto de caza, ya que actualmente es mayor al 80% de toda la extensión estatal. Se hará aumentando las zonas de seguridad cerca de los núcleos urbanos o periurbanos y recuerdan que esto evitaría muchos de los accidentes que afectan a personas que nada tienen que ver con la caza. Esto contaría con la competencia de los ayuntamientos y beneficiaría, según esta organización animalista, no solo a las personas, si no también al medio ambiente (al reducir la presencia de plomo y otras formas de contaminación relacionadas con la caza) y a los animales salvajes (que tendrían espacios seguros en el campo).

Esta campaña pondría en el foco los problemas de convivencia que existen entre la actividad de la caza y cualquier otra que se lleva a cabo en el medio ambiente. “La coexistencia de la caza con el deporte y el ocio no está regulada ahora mismo”, explica Gascón. Algo que desde asociaciones como Ecologistas en Acción llevan tiempo denunciando, la privatización ‘ad hoc’ del campo cuando se abre la temporada de caza. “La caza condiciona el paso de las personas y aleja el contacto con las especies animales, limitando múltiples actividades que sí son ambientalmente responsables”, explica en la campaña de carnés de 'Persona no cazadora'.

Esta coincidencia entre ecologistas y animalistas es señalada por el colectivo antiespecista NOR. “Hay colectivos ecologistas que están en la misma línea muchas veces porque buscan otras alternativas a la muerte de los animales, aunque también hay ecologistas que defienden que se reduzca la población incluso con la caza. Pero creo que poco a poco el discurso va cambiando porque hay alternativas y es lo positivo, que nos estamos haciendo entender y saber que tenemos más coincidencias que diferencias”. Este colectivo, que trabaja en la zona de Euskal Herria, indica que aunque las víctimas humanas de la caza son un argumento más para acabar con ella, no debe ser el mayor. “Deben ser los animales no humanos. Lo que sí es importante es que estas cifras reflejan que los cazadores están dominando áreas tanto de animales como de otros humanos y tiene consecuencias violentas”.

Una actividad mortal subvencionada

“Uno de los pretextos para conseguir más licencias es el control de las poblaciones de animales”, explican desde NOR, y señalan que en lugares como Navarra se alían ganaderos y cazadores para acabar con las supuestas especies invasoras, que muchas veces son introducidas por la actividad cinegética o la peletera. “Se alían para supuestamente salvaguardar a los animales que tienen encerrados y explotados. Es que solo por tener una explotación ganadera ya estás recibiendo una ayuda pública por si pierdes alguna cabeza. Luego también se dan licencias”.

En este sentido, el senador de Compromís recuerda que además la caza es una “actividad subvencionada”, ya que muchas reciben fondos públicos al pasar como asociaciones culturales y otras son subcontratadas por la Administración para que hagan batidas contra jabalíes o contra otras especies. “Calificar como deporte la caza es como calificar cultura a los toros”, indica, y explica que “solo es una actividad sádica que consiste en disfrutar matando animales”. “Hace 50 años -reflexiona- igual se podría entender cuando las opciones de ocio eran muy limitadas,pero ahora no. Incluso si te gusta disparar puedes hacerlo a platos o hacer pinball”.

Preguntado el portavoz de NAC sobre si considera la caza un deporte, responde: “A muchos de estos cazadores les ponen un puesto de caza, les dan un arma, no se les hace control de drogas ni alcohol, ni supone ningún ejercicio físico. Podemos llamarlo de muchas maneras, pero deporte, no”. “No hay un deporte en España que cause tantos muertos o heridos muy graves como la caza”, finaliza. “No hay ningún plan para atajar este tema porque sería reconocer el problema”, concluye Carles Mulet, que recuerda que los partidos de extrema derecha se erigen como defensores de la caza y que incluso se han visto propuestas en el Senado del PP o del PSOE en apoyo a esta actividad. Incluso como motor económico de la España vaciada, algo que el senador define como “una tontería”.

Cada año, decenas de miles de perros que han sido empleados para la caza son abandonados cuando llega febrero, el mes que determina el fin de la temporada en muchas comunidades autónomas. Millones de otros animales, como perdices, rebecos o conejos, mueren por los disparos y las trampas. Esta realidad no ha cambiado ni en tiempos de pandemia, pues los cazadores han visto que tenían carta verde para saltarse el confinamientos en muchos lugares y han seguido matando sin sanción alguna. Esta es una de las denuncias que desde la Plataforma NAC (No A la Caza) añaden este año a su convocatoria anual, que reclama el fin de la caza y el uso de perros en esta actividad. Más de una treintena de ciudades volverán a salir a la calle el próximo domingo.

Son ya diez años –desde 2011– los que se vienen celebrando estas manifestaciones en el mes de febrero, gracias a esta Plataforma que aúna a más de 200 asociaciones animalistas y ecologistas, protectoras y partidos políticos. “Habría que prohibir la caza en todos los espacios naturales protegidos y en toda la Red Natura 2000 como zonas especiales de Conservación de la Biodiversidad, es inconcebible no solo que se esté permitiendo la actividad cinegética en ellas, sino también la suelta y repoblación con animales de granja, que desplazan a la fauna autóctona, crean híbridos y extienden enfermedades”, comenta el portavoz de Plataforma NAC, David Zurdo.

Los perros y otros animales, las víctimas cinegéticas

Las cifras reales de las consecuencias de esta actividad son difíciles de conseguir, pero las aproximadas son impactantes. El estudio más completo sigue siendo el de la Fundación Affinity, que evidencia que, al menos en 2019, las protectoras rescataron a 183.000 perros, siendo el 70% de ellos perros procedentes de la caza, es decir, unos 128.000 perros, de los que se calcula que al menos 50.000 eran galgos. Las razones para su descarte son muchas: por no ser “válidos”, por ser lentos, por tratarse de cachorros indeseados, por no tener las cualidades requeridas, por ser viejos o, simplemente, por no ‘servir’ para cazar. “En muchos casos el trato que se les da es igual al que darías a una herramienta de trabajo cuando deja de funcionar, cuando se ha gastado: ya no sirven y se deshacen de ellos”, comenta Zurdo.

Desde Plataforma NAC también destacan que la forma de deshacerse de los perros es además especialmente cruel: “Lo podemos ver todos los días en las redes sociales: perros tirados a barrancos, metidos en sacos, tirados a ríos, ahorcados, apaleados, tiroteados y abandonados herido”. Los galgos, en particular, no solamente corren el riesgo de ser explotados en la caza, sino también en las carreras, lo que hace que puedan ser ‘descartados’ por más razones.

¿Y qué pasa entre cacería y cacería o entre competición y competición? “Pasan sus días en zulos, ya que el robo de galgos está muy extendido, incluso entre los mismos galgueros, y los cheniles para los perros de categoría se convierten en pequeños búnkeres con ventanas minúsculas, muros de hormigón y puertas de acero. Otros viven en cuevas o en recintos hechos con palets y uralita”, explican desde NAC. “La vida del galgo es corta y cruel”. El entrenamiento diario –atados a coches, extenuados, con heridas– y la explotación para tener crías con las que comerciar son realidades que se conocen abiertamente, e incluso desde Europa se ha pedido acabar con ellas.

Leyes de tenencia responsable que no se aplican

Otra de las denuncias que se hacen desde las protectoras y las organizaciones animalistas y ecologistas es la impunidad que existe para los cazadores respecto a la tenencia responsable de animales. Mientras que todo propietario de perros debe tenerlos con chip de identificación, llevarlos atados excepto en las zonas y horarios establecidos, y pasar por una serie de revisiones y vacunas veterinarias, no parece que haya gran presión legal para que esto suceda con los perros empleados en la caza. El estudio de la Fundación Affinity recoge que el 72% de los perros rescatados no tenía chip, dato que corroboran las protectoras especializadas en galgos como, por ejemplo, la fundación sevillana Benjamin Mehnert.

“Todos hemos visto imágenes de manadas de perros hostigando a ciervos o jabalíes, incluso en zonas urbanas, animales sueltos, sin control, alejados de sus dueños que están enseñados a morder y sujetar, y que dudamos sepan diferenciar un animal cinegético de un animal doméstico o de granja. La caza con perros es un peligro para toda persona o animal que esté en el campo”, denuncian desde la Plataforma, señalando también los accidentes de tráfico que provocan.

Impunidad de la caza durante la Covid-19

Preguntados por la situación de la caza en un contexto en el que tanto los desplazamientos como las actividades al aire libre han sido radicalmente limitadas, la respuestas de los distintos gobiernos ha sido sorprendentes. Mientras sigue prohibido en comunidades como Castilla y León dar un paseo, hacer ejercicio en el campo o desplazarse a ver a familiares a zonas rurales, los cazadores pueden seguir cazando. Bajo el disfraz de 'actividad esencial' se permitió seguir con esta práctica, realizar monterías o batidas e incluso pasar de una comunidad a otra (como en el caso de Madrid a Castilla-La Mancha).

“Su actividad no es esencial, solo tratan de esconder la necesidad de seguir manteniendo sus negocios”, comenta Zurdo, quien explica que “las granjas cinegéticas tienen que vender sus animales a los cotos, y los cotos necesitan hacer monterías para cobrar por cada pieza muerta. La rueda del negocio de matar animales no ha parado en la pandemia”. Un negocio económico ejercido no solamente por la clase privilegiada que practica esta actividad, sino también por todos aquellos vinculados al sector cinegético: las empresas armamentísticas, los grandes terratenientes, los dueños de cotos de caza, etc. ¿Qué dinero producen los ciclistas cuando van por el campo? ¿Qué dinero dan los corredores, los senderistas, los que pasean a los perros, la micología? Parece que tu libertad depende del dinero que generes“, afirma el portavoz de NAC.

Concentraciones y manifestación virtual

Con todos estos argumentos, la plataforma vuelve a convocar las manifestaciones en contra de la caza, aunque sin olvidar que seguimos viviendo en pandemia. De hecho, desde NAC señalan que eran casi 40 las manifestaciones que se habían confirmado hasta el mes pasado pero se han visto reducidas a una veintena por las nuevas medidas de restricción y la prudencia de los convocantes. Por ello, animan a toda aquella persona o colectivo que quiera unirse que busque su localidad en el mapa –en todas las comunidades españolas y en dos ciudades europeas: Parma en Italia y Perpiñán en Francia– o que se una a la manifestación online. En la ciudad de Madrid se producirán tres lecturas: al inicio de la manifestación, la activista de NAC Marta González leerá en la Puerta del Sol un poema de la escritora Carmen Ibarlucea; ante el Congreso de los Diputados, leerán un texto Rafael Doctor y Ruth Toledano, fundadores de la plataforma de arte y animalismo Capital Animal; y al final de la manifestación la activista Virginia Luengo leerá el Manifiesto de NAC a las puertas del Ayuntamiento.

La Plataforma NAC ha pedido que, dadas las restricciones provocadas por la Covid–19, este año se suban a las redes sociales fotos de perros rescatados de la caza, con las etiquetas #NoALaCaza7F #ElNegocioDeLaMuerte y #StopGalgueros.

Más información y mapa de ciudades

(Las fotos que acompañan este artículo han sido realizadas por la artista y fotógrafa Ruth Montiel Arias para su proyecto 'Bestiae' sobre la caza)

Zorros, perros mapaches o visones son algunas de las especies que se crían en Europa y que están destinados a convertirse en abrigos o complementos de moda para un público cada vez más menguante pero más exigente. China y Rusia hacen remontar al mercado peletero, mientras que en Europa se mira a Estados Unidos ante el auge de las prendas sintéticas y las pieles veganas. Pero, ¿qué pasa con las granjas productoras? Mientras en Holanda adelantarán a este año el cierre de las granjas peleteras al encontrar animales infectados de coronavirus -lo que hizo que sacrificaran a más de medio millón de visones- y en Noruega siguen adelante con su plan para vetar estas explotaciones en 2025, en España o Dinamarca el rumbo es muy diferente. La llegada de la pandemia también ha hecho que se acabe con la vida de miles de animales en ambos países, pero siguen adelante con la producción y hasta con la planificación de nuevas granjas.

En concreto, Dinamarca es uno de los mayores productores, junto con China y Polonia, y aunque se ha declarado favorable a acabar con la comercialización de la piel de zorro (hasta su completa prohibición en 2023), no ha impulsado ni una sola ley sobre los visones. Tal vez por eso, y por su clima favorable para estos animales, Finlandia ha acelerado para convertirse en uno de los mayores productores de piel de zorro. Hace unos años, de hecho, saltó a las portadas de todo el mundo al descubrirse zorros modificados genéticamente y sobrealimentados para producir más piel. Animales enjaulados, sin espacio y sin capacidad de moverse que miraban a las cámaras de los activistas de la organización animalista Oikeutta eläimille.

De nuevo, esta organización finlandesa se adentra en el horror de ocho granjas peleteras para denunciar cómo viven y mueren animales como los zorros, los visones o los perros mapaches. Todo, y únicamente, por la belleza de su piel. Publicamos los vídeos y grabaciones tomados en ocho granjas en el mes de julio de este año y entrevistamos al responsable de comunicación de la ONG, Kristo Muurimaa.

¿Qué es Oikeutta eläimille?

Es una organización de derechos de los animales, que trabaja para exponer la crueldad de la agricultura animal industrial y la cría de pieles y para promover opciones de estilo de vida compasiva con los animales.

¿Cuál es la situación actual de la industria peletera en Finlandia?

Hay alrededor de 700 granjas de pieles en Finlandia, produciendo más de 1,8 millones de pieles de zorro al año, un millón de pieles de visón y como 140.000 pieles de perro mapache. La demanda de pieles de animales ha disminuido rápidamente, ya que muchas empresas de moda conocidas han dejado de usar pieles de animales y hay varios estados que han prohibido su venta o comercialización. Casi todas las pieles producidas en Finlandia se exportan, en su mayoría a países asiáticos.

La demanda de estas prendas está cayendo en Europa y Estados Unidos, pero parece que se venden más en Rusia y China. ¿Cree que esa es la razón por la que las granjas aún no han sido prohibidas?

Parece que los políticos que apoyan la industria peletera no se han dado cuenta realmente de que el valor económico del comercio de pieles ha disminuido. Además, algunos políticos parecen pensar que ganar dinero es más importante que el bienestar animal.

Hay muchas razones para acabar con las granjas peleteras: el medio ambiente, el riesgo de especies invasoras, el sufrimiento animal y, ahora, el coronavirus. ¿Cree que puede ser decisivo que se les prohíba en Europa o que su cierre sea avanzado como ha ocurrido en los Países Bajos con el visón americano?

La crisis por COVID-19 ha revelado lo peligroso que es para nuestra propia salud y seguridad tratar a los animales así. En la industria ganadera intensiva, los virus pueden llegar a ser mucho más mortales, ya que la muerte del animal huésped no detiene la evolución del virus. Espero que lo que estamos viviendo estos meses haga que se tome más en serio la bomba que tenemos entre manos y que conduzca a prohibir de forma rápida las granjas peleteras.

¿Cuál es la opinión general de los finlandeses sobre la cría y fabricación de abrigos de piel?

Según las encuestas realizadas por instituciones e investigadores independientes, sólo el 15% de los finlandeses piensa que está bien continuar con la cría de pieles tal y como sucede ahora. Las mujeres y los más jóvenes son la parte de la población que se muestra especialmente crítica con las granjas peleteras. Las encuestas muestran que había más personas en contra de esta industria en 2019 que en 2018.

Sobre la investigación, ¿Cuáles fueron las principales dificultades para los investigadores? ¿Cuál fue la reacción de la opinión pública?

Obtener acceso a granjas de pieles es generalmente fácil. Muchas granjas ni siquiera tienen una cerca. Lo más difícil de hacer investigaciones es dejar atrás la granja y los animales, no poder ayudarlos. A veces es desgarrador. Durante los últimos diez años, más de 100 granjas de pieles han sido visitadas y documentadas por investigadores de derechos de los animales. Las fotos han sido ampliamente difundidas y han generado muchas críticas internacionales hacia Finlandia, cuya afirmación de ser un país con un alto estado de bienestar animal se ha demostrado falsa.

Hay quién podría decir que habéis fotografiado y grabado las peores granjas...

Las condiciones en las granjas de pieles finlandesas son muy estandarizadas, las jaulas son similares en todas las granjas. Hay muy poco espacio para que los animales se muevan y no hay posibilidad de seguir su comportamiento natural.

En España, el lobby de la piel parece muy potente pese a que el negocio está en manos de muy pocas personas y apenas genera empleo. ¿Ocurre lo mismo en Finlandia?

Los agricultores están organizados bajo el sindicato de agricultores de pieles, que tiene mucho poder y peso político. Por ejemplo, han sido capaces de impedir que los medios de comunicación publiquen parte de las fotos de las granjas de pieles. 

Por último, de aquí a 20 años, ¿qué avances imagina en la relación entre animales y humanos en Finlandia?  

Se prohibirán las granjas de pieles y más personas estarán conectadas sobre el bienestar animal. El veganismo será la corriente principal de este cambio y espero que nuestra relación con los demás animales siga preocupando cada día a más y más personas.

Las imágenes de esta investigación muestran la realidad de la industria peletera:

El  grito de alarma se dió en Dinamarca a principios de junio, y sin tiempo para hacerse más preguntas se sacrificó a todos los visones americanos que había en la primera granja donde se detectaron positivos por coronavirus. Casi al mismo tiempo, los casos positivos se multiplicaron en Holanda (más de una veintena), que tuvieron como respuesta acelerar cuatro años el cierre de estas granjas para siempre. A los motivos éticos, que ya se habían aprobado en el Parlamento por razones de bienestar animal y los conflictos con las especies autóctonas, se sumaba ahora el riesgo de que los visores se convirtieran en un reservorio del virus también para humanos. Muy pocos días después de que el norte de Europa diera la alerta, Unidas Podemos presentaba una iniciativa en el Congreso de los Diputados para pedir el cierre de todas las granjas de visones en España. 

La petición ya había sido formulada por grupos conservacionistas como WWF nada más desatarse la pandemia, que advertían de “esta bomba para la salud y para la biodiversidad” a la vez que se registraban los primeros positivos en otro recinto peletero en Teruel. Ya en julio, pasamos de la precaución con resultados no concluyentes en muchos ejemplares y la cuarentena de la granja, a decidir acabar con la vida de los 92.700 visones que se encontraban en esa instalación. “Considerábamos que la inmovilización estaba justificada, pero no creíamos que la situación fuera como para tomar una medida tan drástica como la de ahora”, decía a mediados de julio Joaquín Olona, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que insistía en que entre los animales no se había detectado “comportamiento anómalo, ni mortalidad, ni patología alguna”. 

Zoonosis y la sombra de Excálibur 

La resolución no sorprendía a muchos frente a la indignación generalizada. “La industria peletera es un negocio multimillonario que se sirve de la miseria y el sufrimiento de millones de animales”, comenta David Herrero, antiguo coordinador de la Fundación Equanimal, que asegura que la noticia le entristeció, pero no le sorprendió. “En su caso, quién sabe cómo serían sacrificados. Seguramente de la manera más económica posible, ya que eso siempre está por encima de todo. Un todo vale siempre que conlleve un beneficio económico”, reflexiona. Una decisión que hizo que apareciera en la memoria el caso de Excálibur, el perro de la enfermera contagiada de ébola, Teresa Romero, que fue sacrificado sin que se llegara a saber si estaba contagiado o si generaba peligro alguno. “Siempre pagan los mismos”, explica Andrea Torres, técnica del departamento de animales salvajes de FAADA. “De humano a visón está clarísimo que hay contagio, pero no se sabe que de visón a humano haya transmisión. Si hay centenares de casos de contagios en Holanda pero solo un trabajador contagiado, el problema no está en los animales”, comenta. 

“La zoonosis siempre ha estado entre nosotros”, comenta Torres, a la vez que explica qué es la transmisión de enfermedades de animales a humanos y al revés, y que muchos científicos apuntan a que el coronavirus es uno de esos elementos que podría llevar desde hace mucho entre nosotros pero algo le ha hecho “saltar”. “Tal y como nos comportamos con los animales”, prosigue, “puede ser la fuente y también la presión que estamos ejerciendo sobre el planeta. Por ejemplo, está comprobado que donde hay lobo no hay gripe porcina. Por eso en Cataluña tienen miedo de que llegue esta enfermedad porque existen muchas macrogranjas, muchos jabalíes y no hay lobo”. Como pasó con el ébola, con el coronavirus se está intentando parchear el origen -los sospechosos mercados húmedos- sin caer en la cuenta de otros escenarios que son riesgos para la salud de humanos y animales. 

Empezando, por ejemplo, por el turismo de animales salvajes, donde al abrazar a un elefante podemos contraer tuberculosis o infectarl a los primates una gripe mortal para ellos. O el circo con espectáculos con fauna salvaje o los zoos, y actividades económicas muy lucrativas que se siguen permitiendo. “Aquí tenemos ferias de todo tipo, ganaderas y de otros animales, como los reptiles, que son el principal transmisor de la salmonelosis en EEUU. ¿Qué hacemos teniendo tortugas, serpientes o iguanas en casa?”, comenta Torres.

Moratoria de cierre frente a un lobby poderoso

Para FAADA, el momento en el que se declaró al visón americano como 'fauna invasora' tendría que haber sido el momento de acabar con esta industria. “Muchas de las poblaciones de visones que se han establecido en la naturaleza y han hecho mucho daño vienen de granjas, ya sean por escapes o por liberaciones”. Frente a esto se priorizó la actividad económica y salvar los pocos puestos de trabajo que la industria peletera genera antes que cuestionar si era sostenible o no mantener las granjas cerradas. Una fuerza como lobby que incluso logró que se planteara su presencia en un centro de bienestar animal a nivel europeo, que forma parte del programa con fondos europeos Welfur y que, sin duda, logrará unas indemnizaciones sustanciales por el sacrificio de estos animales. Un posicionamiento que llama mucho la atención viendo la evolución de las cifras de la industria. Según Eurostat, el número de empresas (todas de menos de 20 empleados) que se dedican a la confección de productos de peletería en España bajó de 290 en 2009 a 146 una década después. Una caída proporcional al decrecimiento de la demanda y a la nueva oferta de pieles sintéticas (que en EEUU ha crecido un 46% y un 180% en Reino Unido desde 2017, según Edited). 

En este escenario, ¿cómo logran tener tanto peso en las políticas económicas y permisos de comercio? “Recuerdo que hace nueve años”, comenta Herrero, “la Asociación Nacional de Productores de Visón se personó como acusación particular en un entramado destinado a acabar con aquellas organizaciones y personas que mostraban la realidad de lo que ocurría en las granjas de visones. Un entramado lleno de irregularidades, con acusaciones de supuestas actividades ilícitas, sueltas de visones y revelación de secretos. Un compendio de mentiras contra unas personas que no habían cometido ninguno de esos actos de los que se les acusaba”. Una causa contra 25 personas que quedó archivada pero que dejó patente las relaciones sociales y económicas de diferentes estratos del poder en torno a la industria peletera.

Por todo ello, tanto desde asociaciones conservacionistas como ecologistas y animalistas se pide el fin de esta industria, que en España solo cuenta con 37 explotaciones, la mayoría en Galicia. “Lo primero que se debería hacer es prohibir la importación y la cría; lo segundo, saber de cuántos animales hablamos para hacer la moratoria más corta o más larga; y luego, buscar espacios para cuidar a esos animales”, explica la responsable de FAADA, que recuerda que, en el caso de reconversión de otros sectores, ha sido fundamental dar soluciones a los animales hasta ahora explotados. “En el caso de los circos, que se les animó a cambiar de espectáculos, llegaron a amenazar con sacrificar a los animales si les cerraban las actuaciones de un día para otro”.

Las granjas de visones son un reducto primitivo para muchos, si tenemos en cuenta los pasos que desde Europa ya se han dado para pensar en el bienestar animal. “Ha llegado el momento de que se prohíban, como debió haber pasado hace ya mucho tiempo”, resume Herrero. “Cerrar la peletería”, retoma Torres, “es un claro paso que debe dar Europa. Igual que ya lo hizo con la experimentación para cosmética y el que tiene que dar con la venta de animales salvajes”. “Si no damos estos pasos, cómo vamos a empezar a plantearnos qué pasa con las granjas de consumo”, concluyen desde FAADA.

La imagen del perro King siendo socorrido con una máscara de oxígeno, una vía, tirado sobre una manta, sacudió la conciencia de todos los canarios. Era el año 2016 y supuso un antes y después en la consideración que los casos de maltrato animal deberían tener por parte de una sociedad. Encontrar a sus agresores no fue fácil; entre otras razones, por la falta de peso de una ley como la del bienestar animal y porque sea cuestionada en muchos estamentos. Para depurar responsabilidades sobre esa posible falta de diligencia por parte de las Fuerzas de Seguridad, y en otros tres casos más de maltrato animal, el pasado año se interpuso una querella judicial contra los agentes que tendrían que haber instruido la causa y que, tal y como reconoce la sanción que ya les impusieron dentro del Cuerpo, demostraría que los agentes no llegaron a tramitar la denuncia de la protectora.

“El objetivo de la querella es poner en conocimiento de la Justicia los presuntos delitos de no perseguir ciertos delitos, que se venían cometiendo en mi Unidad en mi ausencia”, explica a este medio la sargento del Seprona Gloria Moreno, que denuncia que “los hechos fueron encubiertos por el capitán Germán García, jefe del Seprona en Las Palmas, mientras, sin embargo, promovía expedientes disciplinarios contra mí”. Conocido es ya el caso de esta agente segoviana que, expediente a expediente, ha logrado revertir las sanciones y condenas que el Cuerpo ha impuesto sobre ella. Sobre todo, por insistir en los delitos contra el medioambiente y contra los animales. “No era la primera vez que encubría a los guardias. También intentó encubrirlos cuando no denunciaron (ni siquiera levantaron acta) al veterinario de la perrera de Arrecife, previa denuncia de una edil del Ayuntamiento”, explica la sargento, en referencia al caso en el que vecinos y protectoras denunciaron las malas condiciones de las instalaciones, sacrificios ilegales, falta de registros y una gestión dudosa. La denuncia fue investigada por la agente Moreno, quien fue expedientada por un supuesto acoso al veterinario.

Ahora, después de que esos y otros expedientes contra la sargento se hayan revertido, caducados o echados para atrás por instancias más altas dentro del mando de la Guardia Civil, la fiscal explica en un auto -al que ha tenido acceso El caballo de Nietzsche- que la investigación debe ampliarse de 6 a 18 meses, ya que considera que esta puede ser una “instrucción compleja”. Algo que es interpretado como que la responsabilidad de los delitos podría llegar más allá de los tres agentes denunciados. “Aunque la querella se dirige contra los tres guardias que no instruyeron los cuatro atestados por los cuatro delitos de maltrato animal -a lo que estaban obligados por ley, funciones, especialidad y demarcación-, toda la cadena de mando fue conocedora de esto”, explica la agente denunciante.

Un cambio de mentalidad sobre el maltrato animal

Que empezaran a entrar en prisión los maltratadores de animales fue consecuencia de que la sociedad tache ya de intolerable estos delitos, y a la vez ha potenciado esa repulsa. Algo que se lleva viendo en los últimos años en Canarias. Mucha gente se volcó en la recuperación de King y en querer adoptarlo. Eso recordaba para eldiario.es la protectora SARA, responsable de rescatarlo y de denunciar los hechos. Una denuncia que solo tuvo efecto un año después, cuando el Seprona y la Policía Local de Arrecife identificaron a los maltratadores. Estos fueron condenados en firme por el delito -no la falta- de maltrato animal y obligados a cumplir condena de tres meses de cárcel. Pero entremedias existen denuncias, sanciones y acusaciones entre el estamento de la Guardia Civil en el que se enmarca el cuerpo del Seprona. Desde la protectora que se hizo cargo del caso destacan que pese a que denunciaron los hechos y que había “indicios claros” de quiénes eran los agresores, no supieron más de la investigación hasta que reapareció en su puesto la sargento Gloria Moreno. “La incorporación de Gloria al caso fue fundamental para su resolución”, comenta la portavoz de la protectora Sara, Obelesa Hernández.

Una historia similar es la de las denuncias presentadas por maltrato animal contra otros tres perros, incluidos en la denuncia de la agente Moreno. Duque, Linx y Athenea llegaron a la protectora Huella a Huella tras haber sido encontrados en diferentes escenarios pero en la misma circunstancia: abandonados, heridos y con una muy grave falta de higiene. Todo ello produjo la muerte de Athenea poco después. Estos tres casos fueron denunciados por la protectora en marzo de 2016 al Seprona y ante el juzgado de guardia. Pese a que pidieron seguimiento del caso a la Guardia Civil, las noticias llegaron antes desde los tribunales, ya que el caso de Duque había avanzado y se iba a juzgar por una falta de atención al dueño del terreno donde fue encontrado el perro. “Antes, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) casi nunca venía cuando se le llamaba. Y si venía, llegaban a un acuerdo con el dueño del perro maltratado. Compadreo, le llamamos aquí”. Así explicaba hace dos años a este medio María Rivero, presidenta de Huella a Huella, la realidad a la que se enfrentan muchas asociaciones. “De hecho, la inmensa mayoría de las denuncias son interpuestas por las asociaciones, no por los agentes. Es un trabajo que se añade al de los rescates, las adopciones, la sensibilización…”, completaba Yaiza Rodríguez, activista por los animales, que también lucha contra el abandono y el maltrato en las islas.

Ante la pregunta de si creen que las cosas han cambiado gracias a estos casos y a las consecuencias que han conllevado, desde la protectora Sara comentan: “La gente ya no mira para otro lado. La gente ya no se calla cuando es un vecino o un primo el que maltrata. De diez años para acá, la realidad ha cambiado”. Eso sí, tiene claro que lo necesario es un cambio de ley y anuncia que no se cansarán de seguir denunciando: “Hemos denunciado por maltrato y se queda en abandono, incluso cuando ese animal ha fallecido. La ley está obsoleta y debería haber sentencias más duras”. También, desde Sara señalan que la gran parte de las denuncias se plantean o ante la policía local de cada municipio o ante el propio Ayuntamiento. Más positiva se muestra Gloria Moreno, quien considera que su trayectoria personal y las sanciones a las que se ha enfrentado han tenido un efecto positivo que en que haya más conciencia. “El delito de maltrato animal no es un delito de segunda, que pueda investigarse o no, a criterio personal. Es un delito que debe investigarse, y el hecho de no hacerlo implica la posible comisión del delito de omisión del deber de perseguir delitos”.

La excusa de la sobrepoblación de conejos o jabalíes es un reclamo muy usado en el mundo de la caza. Incluso en tiempos de pandemia, en el que las presiones han sido muy grandes para que la actividad cinegética sea una de las primeras en ser permitidas. Deporte, equilibrio ecológico y tradición son los pilares donde se basa el argumentario de los cazadores, pero no hablan de su negocio. Con precios como 3.500 euros por matar un ciervo, más de 2.000 euros por matar a un gamo o hasta 1.500 euros por matar a una cabra montesa, está claro que tener un coto de caza supone un gran beneficio. Más aún si se aseguran de que nunca falten “piezas”, recurriendo a la cría en cautividad de estos animales salvajes y a que sean fáciles de cazar. “Se trata de animales que se acercan a las poblaciones en busca de alimento, sin miedo a las personas y sin miedo a los vehículos”, señalan desde la Plataforma NAC (No a la Caza). El pasado martes, su campaña ‘La verdad de la caza’ fue Trending Topic en redes y ha sido apoyada por más de 200 entidades.

Desde esta plataforma señalan que maximizar los beneficios se ha logrado, primero, tras acabar con los depredadores naturales de las ansiadas piezas -como zorros, aves rapaces o linces-, para después saturar el campo con animales que son codiciados como trofeos, sean o no propios de la zona. Por eso, no solo los cotos con negocios rentables, también lo son las granjas cinegéticas, que crían estos animales y los preparan para ser disparados. “En las últimas semanas, dentro de esta campaña de apoyo a que la caza sea una actividad permitida durante el estado de alarma, los cazadores difundieron imágenes de animales, como jabalíes, en la periferia de núcleos urbanos, fomentando esa falsa sensación de sobrepoblación y reforzando la idea de que es necesario un control del número de individuos por medio de las armas”, comentan desde NAC.

El esfuerzo del lobby tuvo su premio con el Gobierno de Núñez Feijóo en Galicia, donde poco después de declararse el estado de alarma ya estaban elaborando una resolución para que los cazadores pudieran esquivar las limitaciones de movimiento que tenía el resto de la población. Un movimiento similar hubo en Castilla y León a finales de marzo, solo que allí la Consejería de Medio Ambiente reculó al haber provocado especial debate el que se permitiera cazar en grupos de cuatro personas. Bajo el argumento del “control de daños”, los cazadores han estado presionando para que sea una actividad permitida en la fase 1 de la desescalada y aceptada también en comunidades autónomas que aún están lejos de llegar a esa fase, como Madrid o Extremadura. Y lo han conseguido. El Gobierno permitirá que dentro de la fase 1 se pueda ir al campo a disparar animales, pero no a observarlos o a fotografiarlos. Solo a matarlos.

“Quienes quieren verse como parte de la solución a este supuesto problema de sobrepoblación de animales salvajes, son en realidad su causa”, explican los responsables de la campaña de NAC. Entre las organizaciones que respaldan esta campaña, bajo la etiqueta de #ElNegociodeLaCaza, se encuentran, entre otras, entidades estatales como Ecologistas en Acción, la Tortura No Es Cultura, Libera!, PACMA, EQUO, IU y Podemos Animalistas, así como la APPDA (Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos Animales).

Para desmontar el supuesto bien medioambiental que hacen los cazadores al regular la población de ciertas especies, NAC señala que, cada vez en más comunidades, la mayoría de los animales cazados provienen de las granjas cinegéticas. Es el caso de León, donde el 100% de los animales que se cazan provienen de la cría en cautiverio. Los datos del volumen de animales criados permiten perfilar cómo funciona este negocio: anualmente se crían y sueltan dos millones de conejos de monte y cerca de tres millones de perdices y otras aves similares. Según algunas asociaciones de cazadores, la cifra se eleva a entre cuatro y seis millones de animales al año.

Son datos difíciles de encontrar en todas las comunidades y acerca de todas las especies animales, ya que, como los propios cazadores reconocen, hay granjas legales e ilegales. Según el Ministerio de Agricultura, en 2014 había hasta 1.235 explotaciones con esta finalidad, pero un informe de la UNAC (Unión Nacional de Asociaciones de Caza) aseguraba que “al calor del dinero, surgen multitud de ecodelincuentes dispuestos a saltarse todas las normas, abriendo granjas cinegéticas ilegales que, por desgracia y debido a la demanda existente, acaban colocando en el campo sus ejemplares, con los importantes riesgos que ello acarrea, entre otros, el sanitario”. Riesgo sanitario y medioambiental reconocido por los representantes de los cazadores. Luis Fernando Villanueva -presidente de Aproca (Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente)- destacaba la falta de biodiversidad por el abuso de animales de granjas cinegéticas, reconociendo “el problema de falta de especies que tiene actualmente el campo”.

Animales fáciles de cazar, sobrepoblación forzada por la suelta sin control y falta de diversidad, ya que solo se crían los animales más rentables a la hora de vender sus cabezas. “Estas masacres son un cóctel perfecto porque acaban con la biodiversidad, destruyen el equilibrio natural y convierten los campos en factorías de dianas vivas, listas para ser vendidas al mejor postor”, indican desde NAC. Por ello, las asociaciones que respalda esta campaña piden en primera instancia que se acabe con las granjas cinegéticas, al ser causantes de todos estos problemas, tanto para los animales como para el medioambiente.

“Sería necesario un control exhaustivo de estas granjas, una trazabilidad de los animales desde la zona de cría hasta que mueren durante la caza. Esto permitiría controlar el origen de los individuos y, en cualquier caso, precisar si los animales que circulan por las ciudades proceden de granjas, así como identificar focos de enfermedades cuyo origen esté en las propias granjas”, alertan desde NAC. Una de las soluciones que lanzan a la Administración es que sea obligatorio el uso de crotales, unos identificadores obligatorios en los animales de granja, además de la esterilización de los animales que se suelten, para evitar su reproducción. “La caza no es la solución, sino la causa. El negocio de la muerte, de la mentira y de la destrucción”, concluyen.

Explotación animal y machismo. Aunque no resulte visible de manera automática, no sorprende la vinculación entre ambas cuestiones. Desde la concepción de que la carne roja es propia de hombres, mientras que una ensalada es propia de mujeres, hasta la anecdótica presencia de mujeres toreando o en torneos de tiro al pichón. Explicaba Carol J. Adams en su ya clásico The Sexual Politics of Meat que la actual masculinidad está construida en base a conceptos como la objetualización, control y violencia de los hombres frente a los otros. Otros, que son tanto mujeres como otros animales.

Esta relación se hace igualmente patente en la caza, una práctica -los federados la denominan deporte- que, además de quitar la vida a un animal, conlleva otras muchas actividades. Las cacerías no solo son escenarios donde se desarrolla una cultura de la violencia, también son entornos perfectos para hacer negocios, para hacer alarde de riqueza y para medir hombrías. Un ambiente en el que la fotógrafa Ruth Montiel Arias se ha sumergido para reflexionar sobre ese mundo tantas veces vetado a ojos ajenos.

Materializado en un fotolibro, una pieza audiovisual y dos pequeñas esculturas, BESTIAE es un proyecto artístico acerca de la dominación masculina sobre el animal y su conceptualización en el arte, la guerra, la enfermedad y el género. Ahora la artista se ha planteado el reto de producir una tirada de 500 ejemplares del fotolibro para que llegue a más personas, por eso ha iniciado un micromecenazgo en la plataforma Verkami.

“Para la realización de BESTIAE he necesitado dos años, en los que, durante las temporadas de caza, he acompañado a distintos grupos de cazadores en numerosas batidas, así como a cazadores que van por libre”, explica la artista. “De primera mano he podido vivir, comprobar y hablar con los protagonistas, ser testigo en primera línea de los mecanismos legales e ilegales que utilizan, y así recabar el material necesario para conformar el fotolibro”. Las imágenes han despertado asegura la artista, después de comprobar el interés que han suscitado las imágenes en exposiciones celebradas en Galicia, Asturias, Madrid y Baviera.

No se trata del primer proyecto artístico en el que Montiel Arias se acerca a la relación de los humanos con la naturaleza y a su disonancia con los animales. Con el proyecto Sin oro no hay hombre indagó, a través de las fotografías, en las consecuencias sociales de la explotación minera en Perú y Sudáfrica; Blancanieves fue una pieza realizada para denunciar la tauromaquia y el uso de animales en el cine; en Sonidos para una utopía habla sobre la industria porcina. Además ha formado parte de la organización de Capital Animal y ha realizado reportajes para El Caballo de Nietzsche, como el de ‘a rapa das bestas’ gallega, las peleas de gallos o el trabajo de la única protectora de animales que existe en Palestina.

Un trabajo coral

A diferencia de otros proyectos que denuncian la violencia de la caza, BESTIAE recurre a lo poético para llevar al lector/espectador a un estado de deleite estético y registro del ritual, que hace más impactante su contenido. “Con BESTIAE abordo un problema social tan complejo como la caza, sobre el que es necesario trabajar desde la investigación y las humanidades”, explica la fotógrafa, que ha contado para su edición con la diseñadora María Gil, así como con Olmo González, que es referente en la edición de fotolibros.

BESTIAE no contará solo con las imágenes de Montiel Arias, pues cuenta también con textos de otras mujeres que ahondan en la reflexión sobre la dominación patriarcal con los animales. Partiendo de la fusión personal de la artista entre poética visual y lenguaje documental, los textos de Catia Faria, filósofa; Carmen Dalmau, historiadora de arte; y Estela Díaz, investigadora, complementan la investigación desde sus diferentes campos de estudio. “Es un trabajo de espionaje en la más profunda intimidad de la violencia. Lo recóndito de esas texturas, su olor pastoso y los sigilosos aullidos de las muertes anónimas. BESTIAE es, diría yo, casi demasiado bello para la infamia que retrata”, explica Faria, investigadora del Centro de Ética Animal de la Universitat Pompeu Fabra.

Además de estas colaboraciones, la artista confía en tener el apoyo de distintos micromecenas para poder llevar el fotolibro a imprenta en el mes de abril y entregarlo en mayo. Se realizará en inglés y castellano, y estará dividido en cuatro capítulos. Quienes apuesten por este proyecto artístico y social, podrán además optar, con una pequeña diferencia de precio, a dos versiones distintas de cubierta: una normal y otra intervenida con un disparo de bala.

Es sábado por la mañana y hay dos chefs aprendiendo recetas veganas en la cocina de una escuela. Estamos en uno de los centros de formación más importantes de la historia de la gastronomía en España: la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Aquí se formaron Juan Mari Arzak, Paco Roncero, Pedro Subijana o Mario Sandoval, entre otros muchos nombres que hoy resuenan en el firmamento de las estrellas Michelin o los premios internacionales. Las bases de la cocina que más triunfa y que más reseñas logra se abren a nuevos conocimientos: ahora hay 130 escuelas que incluyen nitrógeno líquido, puchero a fuego lento o recetas de sushi. Pero, ¿cuántas forman a los profesionales del futuro en la cocina vegana o vegetariana?

La respuesta es, formalmente, ninguna. Sí existen profesores que han intuido la necesidad de actualizar los programas formativos con las nuevas realidades, que pasan por los alérgenos, los sabores exóticos o la cocina 100% vegetal. Es el caso de Juan Julián Fernández, Jefe de Estudios de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, uno de los chefs que está instruyéndose en recetas veganas. “Hay que estar en la actualidad y ver que hay personas que demandan una oferta gastronómica que nos obliga a actualizarnos. Hay que formar a los alumnos en alergias alimentarias, en otros sabores y, desde luego, en dietas distintas”, comenta. No en vano, en esta importante cantera de cocineros, Fernández es uno de los impulsores de las demostraciones y catas de cocinas poco comunes en las aulas españolas, como la japonesa, la peruana o la de fusión.

Además, lleva todo el verano preparándose para liderar el primer curso vegano dentro de una iniciativa social. Se trata del Proyecto Gastronomix, que en su quinta edición incorpora Veggie Gastronomix para formar en su Escuela-Cantina a 15 alumnos en las recetas y platos vegetales.

“Somos conscientes de que la sostenibilidad pasa por pensar qué comemos, y son muchos los informes que hablan del impacto medioambiental que conlleva el consumo de carne y otros productos animales”, explica Aranzazu Ezpeleta, directora de la Fundación La Casa y El Mundo, impulsora de Gastronomix. En esta quinta edición, el proyecto se viste de verde porque, además de apostar por la cocina vegana, se formará a los 65 alumnos de los que consta el curso en el consumo de productos de temporada, kilómetro cero y orgánicos, así como en el no desperdicio de comida y de recursos, como el agua al cocinar. “En muchos restaurantes de prestigio la oferta de comida vegetariana debe subir de nivel y nos parece que formar a chefs especializados va a ser una gran salida profesional para ellos”, reflexiona, a la vez que señala que España es referente en productos de la huerta como el aceite de oliva, las naranjas o las conservas vegetales.

Desde el punto de vista sectorial, Juan Julián Fernández considera que el futuro de la gastronomía profesional no puede ignorar el crecimiento de la demanda de comida vegana. “La cocina vegana está muy de moda y es solo la punta del iceberg de lo que puede pasar en diez años. Esto afecta a todos los restaurantes y no pueden quedarse atrás”, insiste.

Junto al Jefe de Estudios de la Escuela de Hostelería de la madrileña Casa de Campo se encuentra Carlos Sancanuto, chef y primera promoción del Basque Culinary Center. “Creo que la gastronomía profesional tiene en cuenta la cocina vegana, puesto que muchos platos, tanto tradicionales como más innovadores, no llevan ingredientes animales, pero el problema es que no se ofrecen bien, no se publicitan”, comenta. También, reflexionando sobre las actuales ofertas que hay en muchos restaurantes, Sancanuto crítica: “Debemos esforzarnos por adaptar las cartas, no quedarnos en una ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Pensar que, de tantos platos que tenemos en carta, a algunos podemos quitarles el huevo o sustituir la proteína animal por otra vegetal, y tener un buen plato”, explica.

Sin opción para realizar la FP

Sigue la clase y se comenta un dato importante: ¿qué pasa con los alumnos y alumnas que no se sienten cómodos manipulando los cuerpos de animales? “Espero que, al menos, en las escuelas se comente que existen otras formas de comer, sobre todo porque muchos de los estudiantes serán vegetarianos o veganos, intolerantes al gluten o con otras corrientes alimentarias”, comenta Carlos Sancanuto, que asegura con rotundidad que esta alimentación “debe estar incluida en la formación”. De hecho, dentro de Veggie Gastronomix se encuentran jóvenes que han preferido estudiar Formación Profesional de Panadería o Turismo porque no han podido esquivar el uso de animales en la formación gastronómica.

Mientras llegan esas opciones, son cada vez más numerosos los cursos e iniciativas privadas que intentan subsanar estos huecos. Es una formación informal, pues no hay nada dentro de los planes formativos homologados del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lo que supone que cueste conocer qué formación es más fiable. Desde cursos autodenominados ‘master’ a otros más concretos sobre leches vegetales o legumbres digeribles. Incluso algunos bonificables como formación de la empresa por la Fundación Tripartita, lo que sería una solución perfecta para muchos restaurantes en activo que quisieran especializarse o actualizar a sus empleados. También hay cursos que son referente en la comunidad vegana, como los de Mamá Kokore en Madrid, que realiza talleres y es muy conocida por su repostería vegana sin gluten; la Escuela AQDV en Alicante, de la chef Lou Mateos; o la formación online de Luis García, entre otros.

Precisamente, una formadora de formadores, que es quien enseña a los dos chefs en la Escuela madrileña, es muy conocida por la comunidad vegana gracias a VegetArt, su tienda de comida preparada en Barcelona. La propia Zaraida Fernández -que durante nuestra visita a la Escuela está mostrando proteínas vegetales como la soja o el guisante, técnicas de cocinado diferente, sustituciones para repostería y trampantojos- tuvo que formarse en una titulación oficial y luego ir descubriendo por sí misma cómo sustituir ciertos ingredientes y cómo sacar el máximo provecho a otros. Así, su famosa tortilla de patata, las hamburguesas de alubias o el queso de patata para los macarrones, que hoy descubre en la master class. “Son recetas sencillas y sabrosas que ayudan a normalizar comer vegetal”, explica mientras reconoce el interés creciente por una comida sin ingredientes animales, incluso entre los carnistas.

“En mi establecimiento y en los catering que preparo, cocino en un 90% para personas que no son veganas, pero que les gusta lo que hago”, comenta, reconociendo que esos platos veganizados “permiten acercarse a una alimentación 100% vegetal con texturas y sabores conocidos”. Ya solo queda que referentes de la gastronomía en España, como el Basque Culinary Center, reconozcan la demanda y las posibilidades de cocinar 100% vegetal.

¿Podría imaginar el fundador de Kentucky Fried Chicken que habría millones de personas comiendo su 'receta original' desde Corea hasta Ecuador? Desde luego, cuesta imaginar que cuando el coronel Harland Sanders empezó a servir pollo frito en su gasolinera de Corbin en plena Gran Depresión pudiera planificar que el consumo de este ave se dispararía a los números récord de ahora, según los cuales en 2016 cada estadounidense comió casi 42 kilos de pollo. Un consumo que está aumentando en la carne de muchos otros animales, como las vacas o los cerdos, y cuya cría tradicional sería totalmente insuficiente para cubrir la demanda actual. En ese punto es precisamente donde el documental Eating animals centra su discurso. Se trata de una película producida y narrada por la actriz y activista por los derechos animales Natalie Portman que se podrá ver el próximo 26 de octubre dentro de la Sección Oficial del Another Way Festival. Un festival sobre sostenibilidad e impacto climático que no olvida los derechos animales.

Eating animals está muy centrada en Estados unidos, que es donde más demanda existe de consumo de cuerpos de animales y donde se llevó a cabo la mayor transformación en las últimas décadas del siglo pasado. El ejemplo más claro: los pollos broiler. Se trata de una raza creada para producir carne lo más rápido posible. Si en 1950, un pollo tardaba 90 días en engordar lo suficiente para su comercialización, esta raza es llevada al matadero con 45. No solo eso, sino que en lugar de pesar casi 2 kilos, en la actualidad los pollos boiler pueden alcanzar más de 4 kilos siendo aún crías. De hecho, sus patas no aguantan y llegan a quedar inmovilizados antes de ser sacrificados. La productividad es otro de los argumentos de la industria para seguir esta práctica, ya que el 80% de los pollos de esta raza que se matan al año en Estados Unidos (unos 42.000 millones) pertenece solo a cuatro empresas (Aviagen, Cobb-Vantress, Hubbard Farms, Hybro). En España, se venden crías a 1,55 euros.

Con el hilo del capitalismo por encima de cualquier consideración en la soberanía alimentaria, Eating animals desgrana otros efectos del 'todo vale'. El cambio climático aparece en numerosas ocasiones, y es que es inevitable pensar en el impacto ecológico de las macrogranjas. La contaminación del agua afecta no solo a territorios cercanos -al filtrarse al suelo y a los acuíferos- sino que puede tener consecuencias a kilómetros de distancia. Es el ejemplo de lo que ocurre en Carolina del Norte, donde en los años 90 miles de peces aparecieron muertos en el río Tar/Pamlico y el actual grado de contaminación de su ensenada costera es reseñable.

Por otra parte, se habla incluso de contaminación aérea, ya que productos como los antibióticos que se suministra a las aves y otros animales en granjas de cría intensiva son dispersados en el aire al regar los campos adyacentes o por filtrarse desde piscinas de desechos cerca de las instalaciones ganaderas. Gracias a drones, Eating animals muestra imágenes que desvelan una realidad difícilmente dimensionable desde tierra. Igualmente incalculable sería el riesgo de proliferación de una superbactería resistente a todos los antibióticos, que apareciera por el abuso de estos medicamentos en la industria alimentaria, o el efecto de crisis como la fiebre aviar o la fiebre porcina.

El documental denuncia también la falta de transparencia y la inversión que hacen las grandes corporaciones para tapar lo que realmente ocurre al otro lado de sus muros. Por eso, los investigadores deben infiltrarse en los alrededores de grandes granjas a analizar el agua, el aire y el suelo, e incluso infiltrarse en sus granjas para ver las verdaderas condiciones de vía de los animales. Los descubrimientos son los mismos en muchos lugares: espacios cada vez más reducidos por individuo para aumentar la productividad, asistencia veterinaria mínima para que sean rentables y animales muertos por asfixia, inanición o amontonamiento. Jim Keen es un buen ejemplo de la connivencia entre el lobby cárnico y las autoridades, ya que él mismo sufrió la repercusión de su denuncia sobre los experimentos que realiza el U.S. Meat Animal Research Center solo para tener más beneficios.

¿Una industria buena?

buenaFrente a la imagen de los vaqueros de antaño conduciendo al rebaño, los cerdos comiendo al aire libre y los pavos volviendo a sus casetas después de correr por el campo, el documental muestra cómo en nombre de la 'eficacia' estamos justificando cualquier cosa: los derechos laborales, los negocios familiares, el futuro de los terrenos o el propio bienestar de los animales. Eating animals también da voz a los ganaderos que no se han sometido a los dictámenes del mercado y que han renunciado a competir en una industria que no respeta el crecimiento natural de los animales ni las más mínimas condiciones de vida. “Me decían que tuviera la luz encendida 24 horas al día para que produjeran más”, dice un granjero en el documental. En su estreno en 2018, el documental ya cosechó críticas que interpretaban que en él se defiende la 'explotación compasiva'.

Por encima del llamado 'bienestar animal', está el asunto de cómo desde los años 50 han cambiado nuestros hábitos de consumo. Algunos, por la globalización y otros, por campañas orquestadas para generar necesidades nutricionales donde no las había. El documental denuncia el caso de la leche o la normalización del consumo de carne en barbacoa como símbolo nacional en Estados Unidos. Frente a esto, las alternativas vegetales no paran de aumentar cada año. Porque hay una verdad que no se puede esconder: vivan como vivan los animales, explotados tanto en granjas industriales como en las conocidas como 'ecológicas', acaban en el matadero. Vidas que son una película de terror que empieza en su transporte y acaba con el despiece de sus cuerpos, independientemente de que su carne acabe en una cadena de comida rápida o en tiendas gourmets para élites en ciudades como San Francisco.

No es casual que el documental se llame igual que uno de los libros de Jonathan Safran Foer, donde el escritor explica sus razones para hacerse vegetariano después de investigar las distintas industrias que comercian con los cuerpos de los demás animales.

Un festival con voluntad de apoyar la sostenibilidad

Además de Eating animals, el Another Way Festival proyecta en su quinta edición otros 27 documentales con la temática común del cambio climático, el activismo, los derechos humanos, las especies y la alimentación. Entre ellos, destacan también Sanctuary, en el que los hermanos Bardem se adentran en la necesidad de generar un área protegida en el Ártico para alejar a la industria pesquera que, literalmente, “roba el alimento de especies como pingüinos, pájaros o ballenas”; el documental español recién terminado The prices of progress, que aborda el modelo de producción alimentaria que tendremos que asumir con la sobrepoblación y el calentamiento global; o el documental Genesis 2.0, sobre cómo el precio del “oro blanco” -los colmillos de mamuts- está más alto que nunca y despierta el interés de cazadores y científicos que quieren resucitar al mamut extinto.

Después de revisar más de 500 informes y hablar con más de 70 expertos y científicos, la periodista polaco-canadiense Marta Zaraska decidió ponerse a escribir Enganchados a la carne. Se trata de un libro que reflexiona sobre por qué nos cuesta tanto a los humanos dejar de comer carne, pese a las múltiples razones de trato ético con los animales, en favor del medio ambiente e incluso por nuestra propia salud. Empezando por su madre: después de saber que el consumo de carnes rojas aumentaba un 50% las posibilidades de tener enfermedades cardíacas y un 20% la de padecer cáncer, dejó de comerlas. Pero solo durante quince días. “Me gusta la carne y la como. Fin de la historia”, le aseguró. Lo mismo ocurre con la conciencia cada vez mayor de que la producción ganadera es una de las responsables del cambio climático, como indicó la FAO hace más de un década.

“¿Por qué ponemos tanto esfuerzo en crear un avión eléctrico en lugar de centrarnos en el consumo de carne como responsable del cambio climático?”, se pregunta la autora. “Si a la gente le propusieras dejar de comer patatas para acabar con el cambio climático, seguro que sería más fácil”, aseguró Zaraska en la presentación a los medios del libro en Madrid, donde además aseguró que “si todos nos hiciéramos veganos de un día para otro, tendría el mismo efecto para el planeta que si dejáramos de usar todos los transportes de golpe”.

Sobre los motivos sociales y biológicos de esta adicción a la carne que ya data de hace 2,5 millones de años reflexionó la periodista y profundiza en su libro. Zaraska explica que los motivos biológicos están mucho menos desarrollados por estudios, aunque descarta el mito de que el cuerpo humano está pensado para comer carne, ya que otros primates superiores, como los gorilas, “tienen también colmillos y son vegetarianos”.

En lugar de eso, Zaraska apunta al 'umami'. Se trata del quinto sabor que somos capaces de percibir (después del dulce, el salado, el amargo y el ácido), en japonés significa 'delicioso' y que nos genera una sensación de satisfacción. Nuestra capacidad para percibir este sabor y valorar otras sustancias, como las grasas y los azúcares, también definen nuestra capacidad personal biológica de prescindir del sabor de la carne.

Precisamente, este argumento es uno de los que más le ha costado concretar a la autora, ya que estas líneas están “infraestudiadas”. “Gran parte de la información que figura en el libro al respecto del sabor he tenido que desarrollarla yo misma después de hablar con científicos e investigar”, comenta. ¿Y qué pasaría si tuviéramos cubierta esa necesidad del 'sabor a carne'? “La clean meat sería la solución”, defiende Zaraska. “Es similar a la carne consumida ahora y ya hay científicos que están perfeccionándola. Además tendrá más beneficios, ya que podremos jugar con las grasas para que sean beneficiosas, con menos colesterol aunque con el mismo sabor”, afirma. No obstante, la autora señala el hecho de que existen ya numerosas alternativas 100% vegetales de 'carne falsa' que cada vez se producen para un público más generalista.

Homínidos, cazadores y el patriarcado 

Por otro lado, están los motivos culturales. Desde la explicación evolutiva de cómo los homínidos reconocieron que la carne tenía un mayor aporte de proteínas y azúcares, convirtiéndola en un súper alimento ante la falta de opciones cultivadas, a cómo la carne empezó a convertirse en una ostentación de poder e incluso en un aliado del patriarcado. “La carne animal nos ha mantenido alimentados pero ya no necesitamos sus nutrientes, existen innumerables alternativas”, dice Zaraska. “La escasez de este alimento hacía que quienes lo tenían, como los cazadores, fueran considerados poderosos”, comenta la autora, que cree que esa idea se mantiene en publicaciones donde se transmite que “los auténticos hombres comen carne”.

De ahí, pasando por los estereotipos sexuales, como que en la época victoriana se desaconsejaba a las mujeres que comieran la grasa de la carne para evitar que creciera su libido sexual o que incluso esté vetado su consumo a la mitad de la población. “Hoy día, sigue siendo más difícil para un hombre hacerse vegetariano que para una mujer, ya que tienen que demostrar que no son débiles por ello. Mi propio marido, que es vegetariano, empezó a hacer más ejercicio para luchar contra este estereotipo”, comenta.

Si todo esto está tan claro, ¿cómo es posible que sigamos comiendo carne? Marta Zaraska señala directamente al lobby de la carne, a sus aliados en los medios de comunicación y a sus cómplices en las administraciones. “Son una máquina de generar mitos”, asegura, y señala que pueden llegar a hacer creer a la población que los productos cárnicos son necesarios para crecer fuertes o que es posible un consumo sostenible. Cuando en 2015 la OMS hizo público que el consumo de carne procesada estaba directamente relacionado con el aumento de cánceres, la industria cárnica reaccionó rápidamente, publicando seudoinformes científicos, incluso firmados por médicos que desmentían aquella información. “Muchas veces esos documentos llegan al gran público y a los medios sin que se sepa que son patrocinados por ganaderos y productores”, asegura Zaraska.

Además, la autora señala que, contrariamente a lo que pudiéramos pensar por todas estas razones, el consumo de carne no para de aumentar: un 8% en Norteamérica, un 5% en Europa y hasta un 56% en Asia, tal y como recoge en su libro. “Si actualmente tenemos ya dedicada a la ganadería el 33% de la superficie agraria, no tendremos suficiente planeta cuando tengamos que responder a la demanda creciente de países como China o India”, indicó en su presentación.

Por este motivo -el auge del consumo de carne en países que antes de la globalización mantenían un índice muy reducido- llama la atención que el tema esté siendo muy discutido en países como China, Corea del Sur o Japón donde ya está publicado el libro, pero no así en otros países como la Polonia natal de Zaraska, donde ya ha sido traducido al polaco. “Se trata de un libro destinado a la gente que come carne y responde a preguntas como qué es lo que la carne tiene de especial para desearla tanto o por qué desempeña un rol tan importante en nuestra mesa”, señala. En España, Enganchados a la carne es la última publicación de la colección LiberÁnima, un catálogo de títulos en torno a la explotación y los derechos de los animales que edita Plaza y Valdés en colaboración con Igualdad Animal, organización a la que van destinados los beneficios que se obtienen con su venta. Javier Moreno, director ejecutivo de Igualdad Animal, destacó el valor de esta colección ya que, dijo, es una gran noticia que una editorial quiera apostar de manera altruista por los derechos de los animales.

Saber a ciencia cierta cuántas protectoras de animales hay en España es complicado. Aparecen muchas cada año, mientras que otras cierran o cambian de gestión. Unas tienen recintos como refugios y otras solo cuentan con casas de acogida. Algunas son muy grandes, incluso se encargan de gestionar perreras locales, y hay otras que son tan pequeñas que ni figuran en los registros como asociación. Lo que es seguro es que todas y cada una de ellas han sentido un escalofrío con el caso de Cooper.

“Nos han llegado mensajes de apoyo desde toda España”, comenta Carla Miranda, voluntaria de Defaniva y la casa de acogida que rescató a Cooper de la calle en un municipio vallisoletano. “Una adoptante nos llamó diciendo que había dos perras a las que apenas cuidaban y que una de ellas estaba preñada. Tuvo 12 cachorros y no teníamos 13 casas de acogida disponibles en ese momento. Así que les ayudamos, les mantuvimos a salvo hasta que salieron acogidas dentro y fuera de la protectora. El primero que salió de la calle fue Cooper, que me lo quedé yo en casa”.

Así pasaron seis meses, ya que el cachorro, al ser mezcla de pastor alemán, y prever que tendría un tamaño mediano-grande, era de los que menos atención reciben de futuros adoptantes. De hecho, nadie se interesó por él. “Una familia se interesó por otra perra que por su carácter no encajaba con ellos, y decidimos mostrarles a Cooper”, explican desde Defaniva. Aseguran que la niña de la familia se enamoró del perro al momento. Y fue recíproco. “Cooper tenía muchos miedos, solo parecía estar tranquilo con dos personas: con esa niña y conmigo”, relata Carla.

La familia pasó todos los filtros de la protectora: cuestionario, entrevista personal, seguimiento. Además, era del mismo pueblo que la voluntaria de acogida y todo parecía normal: una madre ama de casa, un padre militar y una niña de seis años. Los días siguientes a la adopción también fueron modélicos. “Hablábamos como mínimo una vez a la semana, hasta que el perro fue superando los miedos y aparentemente estaba más adaptado a la casa”.

Con los 90 perros de media que salen en adopción en esta protectora y las cuatro personas que están de manera fija ayudando, la imposibilidad de hacer un seguimiento constante es claro. Pero cuando tres meses después de no tener noticias la familia no coge los teléfonos, Defaniva no tarda en actuar. “Nos presentamos allí al día siguiente”, explica la presidenta de la asociación, Tatiana Díez, que asegura que pensaban que habrían regalado el perro, que se lo habrían dado a alguien, y que por eso no cogían el teléfono o les colgaban. Nunca imaginaron lo que realmente había pasado.

Cuando localizan a la madre y a la niña en un parque cercano, siguen sin tener respuestas de qué ha pasado con Cooper. Hasta que la niña asegura a Carla que el perro está muerto en casa. “Por suerte no me dejaron ir sola”, recuerda ahora la voluntaria con mucho dolor, a la vez que agradece que sus compañeras de la protectora y su hermana no la dejaran subir a la casa. Quien subió al domicilio con la madre fue Tatiana. Descubrió que el cadáver de Cooper estaba en la cocina, en avanzado estado de descomposición, debajo de unas mantas y con un trapo entre las mandíbulas. La presidenta de Defaniva mantuvo la sangre fría y avisó a la Guardia Civil. “Si llegamos a llamar a la policía diciendo que hay un cadáver de perro, no van”, comenta. “Teníamos que entrar nosotras en la casa y que la señora dejara la puerta abierta hasta que llegara el Seprona”.

“La cocina está pared con pared con la habitación de la niña. Esa niña ha tenido que oír por las noches el ruido de las moscas”, reflexiona. Carla, que con el consentimiento de la madre se quedó en el parque con la pequeña, comenta que fueron ellas, las voluntarias de la protectora, quienes evitaron que la niña viera cómo sacaban los restos de Cooper. “Es una víctima más”. Añade que la sorpresa en el pueblo es generalizada, incluso la de esos vecinos que solo habían notado que el perro ya no estaba, pero no sabían que llevaba muerto tres meses en una cocina del piso de al lado.

Un problema de la sociedad, no de las protectoras

“Lo primero que pensé fue en las chicas de la asociación, lo que tenían que estar pensando y pasando. Nos puede pasar a todas, por más filtros que hagas y por más cuidado que tengas. Con lo que sufres al rescatar a un animal, lo que luchas para que recobre la alegría, y que luego acabe en unas manos así”, explica María Santiago, presidenta de la Asociación Animalista La Manada de Madrid.

En su protectora, pequeña y todavía solo de gatos, pasan un cuestionario y una entrevista personal antes de dar a un animal en adopción. Explican las condiciones para llevar a cabo el proceso: chip, vacunas, esterilización (o compromiso si el gato es muy pequeño); así como las condiciones de la casa, la calidad de la alimentación o si hay otros animales en la familia. “Hay gente que ante eso ya se echa para atrás”, comenta, y reconoce que es imposible evitar que sucedan cosas como la ocurrida en Valladolid. “Asusta mucho pensar que gente así está entre nosotros, que parecen personas normales y pueden hacer esto”.

Aunque los protocolos cambian, siempre hay filtros a la hora de la adopción en las entidades dedicadas a la protección animal. Incluso si disponen de instalaciones físicas. Es el caso de la protectora coruñesa Apadan, a la que hay que contactar previamente por email, redes sociales o teléfono, aunque mucha gente se acerca directamente al refugio. “Si vienen, se hace una entrevista personal exhaustiva, donde explicamos las condiciones del contrato y preguntamos sobre el tipo de vida va a llevar el animal. Si ya tienen un perro en casa, les pedimos que vuelvan con él otro día para verlo y ver cómo se comporta. Nos sirve para testar también cómo se podrían llevar los dos”, explica su presidenta, María Díez. El volumen de perros y gatos que salen adoptados de la protectora es muy alto, por lo que también es alto el número de devoluciones o de animales que ellas mismas se ven obligadas a requisar: “Hace un tiempo dimos a un perro para vivir en un piso y acabó en una finca. En cuanto fuimos a buscarlo para llevárnoslo, el dueño lo soltó y nos costó horas encontrarlo”.

Sobre el caso de Valladolid, en Apadan lo tienen claro: “A pesar de todos los controles, alarmas y medios que se puedan tener, los fallos existen, porque hay patologías o intenciones humanas que es imposible detectar. Eso no significa que las cosas se hayan hecho mal”, comenta María. “Hay que sacar fuerzas de todo lo positivo y hay que seguir adelante utilizando todos los medios posibles para minimizar riesgos y para que los comportamientos anómalos y dañinos tengan castigo. Porque al final el mal solo triunfa cuando el bien claudica, y eso no se puede permitir”.

Otros animales, como conejos, tortugas o hurones, no son diferentes (o no deberían serlo) a la hora de adoptar. Desde la protectora Rabbit Rescue explican que sus protocolos para asegurarse de que los adoptantes serán óptimos para los animales son muy escrupulosos también. Piden un cuestionario, una visita previa, el contrato de adopción, la obligación de chip (o identificación en caso de que las características del animal no lo permitan) y seguimiento. Por fortuna, comenta Isabel González, nunca han tenido ningún problema con una adopción, “en parte por las características tan delicadas de este tipo de animales”.

Como miembros fundadores de la Federación Española de Protección Animal, están trabajando en dos acciones. Por una parte, la unificación de los criterios y contratos de adopción. Por otra, la obligación de identificar a cualquier animal de compañía y que no se permita la tenencia de animales que no puedan ser identificados. “Un animal que no esté identificado es un animal que no existe oficialmente, por lo que no se le pueden aplicar las leyes de protección”. Sobre el caso de Cooper, Isabel no repite otra cosa que no sea el adjetivo “horrible”. “Siguiendo un protocolo tan estricto en las protectoras, qué pasará con animales que se dan de cualquier manera”, comenta, refiriéndose a perreras municipales y otras entidades en las que con solo pagar te entregan el animal, sin más preguntas.

¿Habrá consecuencias tras la muerte de Cooper?

“Es que ahora mismo da igual que hayas sacado un perro hace un mes y vayas a por otro. No se sabe nada si ese perro va a ser usado para criar, como sparring, en carreras…”, comenta la presidenta de Defaniva, que señala además la falta de control sanitario en muchas perreras.

Tatiana sigue muy de cerca los informes que están elaborando desde el Seprona tras el descubrimiento de la muerte de Cooper. Pese a que no puede comentar aún nada sobre la necropsia del perro, adelanta que se van a presentar como acusación popular en el caso. “Se va a intentar hacer una denuncia colectiva de todas las protectoras que quieran sumarse, porque queremos sentar un precedente a nivel nacional”, explica.

Su compañera, Carla, se muestra menos positiva. “Por Cooper, sabemos casi seguro que no va a pasar nada. Porque lo vivimos a diario, por muchas pruebas que des. Es un perro y ya está...”

Para la abogada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP), Arancha Sanz, es posible que haya pruebas “suficientes” para obtener una condena, aunque recuerda que muchas veces “depende de la sensibilidad del que actúa, tanto la Guardia Civil como el juez”. Comenta que “muchas veces se trata el delito del maltrato animal como un delito de segunda”, aunque cree que “cada vez hay más avance” y considera que “este caso es lo suficientemente grave como para que alguien entre en prisión”.

Esperando el procedimiento legal, las protectoras coinciden en que hace falta una implicación mayor por parte de las administraciones. “Queremos que se endurezcan las penas, que se cumplan las leyes, que se sancione a quien haga esto”, explica el equipo de Defaniva. Resalta además que el presunto maltratador de Cooper es militar.

Desde Apadan resaltan que el Estado tienen que implicarse en la acción preventiva y en tomarse en serio la protección animal. “Deberían tomarnos en serio en los tribunales y en los juzgados”. Además, las protectoras también resaltan la incapacidad que tiene para hacer valer los contratos de adopción cuando no se cumplen las cláusulas o cuando es urgente retirar al animal. “Es un contrato privado entre partes y tiene completa validez”, destaca la abogada de la SPAP, que insiste en que gracias al seguimiento de la protectora se ha logrado descubrir el final de Cooper. “Yo pediría que las personas que tienen animales a su cargo tuvieran que pasar un curso y un examen, porque hay muchas personas que no están capacitadas para ello”.

En Defaniva no quieren quedarse de brazos cruzados mientras no haya fecha de juicio, por lo que convocan por segunda vez a la ciudadanía para mostrar su repulsa por lo sucedido con Cooper y para pedir que las leyes contra el maltrato animal sean una prioridad política y social. Será el próximo domingo 9 de septiembre a las 12 en el parque canino de Moreras de Valladolid.

“Antes, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) casi nunca venía cuando se le llamaba. Y si venía, llegaban a un acuerdo con el dueño del perro maltratado. Compadreo, le llamamos aquí”. Así explica María Rivero, presidenta de la protectora Huella a Huella, la realidad a la que se enfrentan muchas asociaciones. Las protectoras venían a cubrir el trabajo que deberían hacer los ayuntamientos de recoger y buscar adopciones a los animales abandonados, pero estaban muy desanimadas cuando se trataba de denunciar malos tratos. Lo mismo ocurría en el plano medioambiental. Aunque organizaciones ecologistas, ciudadanos particulares, fundaciones -como la César Manrique- e incluso diputados canarios advertían de que la caza ilegal de la pardela se seguía produciendo pese a ser un ave altamente protegida, hasta 2015 no se realizó una gran operación policial que acabó con 19 detenidos en una de las islas del archipiélago de Chinijo (Espacio Natural Protegido al norte de Lanzarote).

Los detenidos son miembros de las clases privilegiadas lanzaroteñas, así como de otras islas: empresarios, propietarios de gasolineras y apartamentos turísticos, médicos e incluso un agente de la Policía Nacional. No generó sorpresa en el archipiélago, ya que en los años 90 el propio ex consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Higinio Hernández, fue sorprendido cazando y asando las pardelas en un islote. Se trata de una tradición muy arraigada en las altas esferas por su supuesta 'calidad culinaria', y que muchos se niegan a dejar de realizar. Un ambiente complicado que en 1996 provocó que dimitieran los cuatro guardias forestales que vigilaban la zona, ante la imposibilidad de hacer su trabajo por la permisividad oficial que existe con el furtivismo.

Poco antes de la gran operación de 2015, una agente ya advierte de que podrían estar avisando a los pardeleros de las investigaciones del Seprona. Esa agente es la sargento jefe Gloria Moreno, una segoviana que un año antes había aterrizado en Lanzarote con la vocación de proteger la naturaleza y los animales. “Cuando llegó la sargento”, sigue Rivero, “se corrió la voz de que había alguien que se tomaba en serio las denuncias y muchas proyectoras nos animamos a seguir esa vía”. Desde Tenerife -donde ya hay más de 40 asociaciones- le dan la razón: “Nos cuesta mucho denunciar, no es hacer una llamada de teléfono, como con cualquier otro delito. De hecho, la inmensa mayoría de las denuncias son interpuestas por las asociaciones, no por los agentes. Es un trabajo que se añade al de los rescates, las adopciones, la sensibilización…”, comenta Yaiza Rodríguez, activista por los animales, que como Huella a Huella lucha contra el abandono y el maltrato en las islas.

A esta protectora llegaron en poco espacio de tiempo tres graves casos de maltrato. Se trataba de tres perros, Duque, Linx y Athenea, que habían sido encontrados por separado pero en similares circunstancias: falta de higiene y de condiciones adecuadas y sin haber recibido la más mínima atención sanitaria. De hecho, como consecuencia de sus heridas, la podenca Athenea falleció. Estos tres casos fueron denunciados en marzo de 2016 al Seprona y ante el juzgado de guardia por la protectora. Pese a que pidieron seguimiento del caso a la Guardia Civil, las noticias llegaron antes desde los tribunales, ya que el caso de Duque había avanzado y se iba a juzgar al dueño del terreno donde se fue encontrado el perro por una falta de atención.

Ante la extrañeza de no saber nada del Seprona sobre la marcha de esas tres denuncias, Rivero hizo una solicitud de información en febrero de 2017. Le respondió la sargento jefe Moreno, recién incorporada al servicio tras una baja por maternidad, quien le informó de que esas denuncias no estaban registradas. “Por fortuna teníamos copia de los registros, así que pusimos una queja formal y nos respondieron que iban a depurar responsabilidades”.

Así que Rivero no se extrañó cuando la llamaron a testificar. “Había más protectoras testificando ese día por causas similares, aunque en ese caso, y en presencia de los agentes ante los que había puesto las denuncias, me dijeron que no iba a poder declarar”. Un mes y medio después le pidieron que volviese, solo que en esa ocasión no fue para saber qué había pasado con su denuncia sino para responder sobre otra cuestión: “Me interrogaron sobre por qué había puesto la queja, como si no fuera evidente. Y me insistieron sobre si alguien me había presionado para ponerla, cosa que negué rotundamente”, recuerda la presidenta de la ONG, que en ese momento ya sospecha que se está cuestionando la labor de Gloria Moreno.

El caso King y su impacto en la sociedad canaria

Entre las protectoras que estaban declarando cuando María Rivero tiene que ir por primera vez está la Asociación Protectora de Animales y Plantas Sara. Un año antes habían recibido la llamada de la policía de Haría (en el norte de Lanzarote) para que se hicieran cargo de un perro que acababan de recoger. Una pareja vio cómo dos hombres apaleaban con palos y piedras a un pequeño perro en el Volcán de la Corona. Como el estado del animal era muy grave, avisaron a la Guardia Civil, pues podía tratarse de un delito y no solo de una falta por malos tratos. “Vino el Seprona a abrir diligencias, pero se estancó la investigación”, detalla Obelesa Hernández, de la Junta Directiva de la protectora Sara.

Al perro le llamaron King. Pese a que la ciudadanía se volcó para identificar a los dos maltratadores, no parecía que hubiera novedades en el caso. “No podíamos dejarlo así. Como éramos parte interesada, presentamos una sugerencia para que avanzara la investigación. Había muchos indicios para saber quiénes eran”. Como en el caso anterior, hasta que no se reincorporó Moreno a su puesto no se volvió a poner en marcha el proceso. “La incorporación de Gloria al caso fue fundamental para su resolución”, reconocen desde Sara, donde destacan el enorme impacto que tuvo y sigue teniendo el caso de King en la sociedad canaria.

No solo se acaba de conocer que la sentencia contra sus maltratadores es firme -tres meses de cárcel más una pena de un año y un día de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales, así como para la tenencia de los mismos-, sino que puede ser de los primeros casos por maltrato animal donde los condenados pisen la cárcel.

El pasado 2 de agosto la Audiencia Provincial rechazaba el recurso presentado por los condenados para suspender la condena y tendrán que entrar en prisión. Hay otros casos con penas de prisión, pero aún deben ser ratificadas, al ser en todos ellos inferiores a los dos años. Desde la protectora Sara consideran que “llegar al juzgado de lo penal con un caso de maltrato animal ya es un triunfo”, por lo que es importante el mensaje contra la impunidad que se hace llegar a través del cumplimiento de las condenas.

El caso de King -quién logró recuperarse y encontrar una familia, pese a la gravedad de sus heridas- marcó un hito en la sensibilización animal en Canarias porque además de lograr la movilización ciudadana ha estado presente en el debate parlamentario para cambiar la Ley de Bienestar Animal autonómica.

Expedientes en lugar de medallas y condecoraciones

Pese al aparente éxito de las fuerzas de seguridad contra el maltrato animal, la vida de la sargento jefe Moreno empezó a complicarse el verano pasado. En menos de un año ha sido sancionada cinco veces. La primera sanción (leve) se produjo por la queja del director del Centro Isla de La Graciosa “por entender que Gloria no le ha tratado con la consideración debida al preguntar por el destino de gatos cimarrones que habían sido capturados en la citada isla”, explica María Jesús Díaz Veiga, la abogada de la agente. El segundo expediente (leve), un mes después, por “haber incentivado a una ciudadana a poner queja”, en relación a las denuncias no registradas por maltrato animal presentadas por Huella a Huella. El tercero (grave), otro mes después, ya en octubre, por “tramitar denuncias de maltrato presentadas por protectoras durante la baja maternal de Gloria y que estaban en un cajón”. En enero de este año llegó la cuarta (grave), por solicitar copia de las declaraciones prestadas por testigos en otros expedientes. Y la quinta y última (muy grave), por una queja del veterinario de la perrera de Arrecife cuando la agente investiga las denuncias por irregularidades que recaen sobre él.

“De los cinco expedientes que se le abren a Gloria en menos de un año, de dos ha sido absuelta, un tercero ha caducado y ahora estamos a la espera del recurso del cuarto y de que se termine de tramitar el quinto”, resume Díaz Veiga, que destaca la gravedad del último. Se trata de un expediente por el que acaba de cumplir tres meses de suspensión de empleo y sueldo y por el que le piden, si se confirmara, seis meses de cese y que le sea retirada la especialidad durante dos años, lo que supondría separar a la agente de su trabajo en el Seprona.

“Las acusaciones son de una falta de peso total, no se sostienen”, afirma la abogada, que insiste en que el superior de Moreno -el coronel Ricardo Arranz es quien lleva a cabo todos los expedientes junto con el capitán Germán García- da credibilidad completa al denunciante sin investigación previa, llegando a reproducir fragmentos de su denuncia en su parte disciplinario. Un expediente que sigue abierto pese a que el propio denunciante, el veterinario Javier López, ha pedido en los juzgados el archivo de la causa penal contra Moreno, al haberse demostrado que los hechos ocurrieron cuando la agente del Seprona estaba de baja por maternidad.

El último intento de poner en entredicho el trabajo de Gloria Moreno ha llegado esta misma semana, cuando la Fiscalía ha solicitado para ella cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación por supuesta falsedad de documento oficial. Los hechos se remontan a la histórica operación contra el furtivismo de la pardela y a los ilustres denunciados, que aún esperan juicio. “Ella recibió una información referente al guardia Padial, en el sentido de que éste había dado un chivatazo a los pardeleros justo antes de que se fuera a hacer una inspección por el propio Seprona. Moreno tramitó esta información ante el entonces teniente y hoy capitán Germán García y ante el coronel Ricardo Arranz. Sus jefes no dieron importancia a esta denuncia y cerraron la investigación sobre el guardia Padial, circunstancia que éste aprovechó para denunciar a la sargento Moreno ante un juzgado penal de Arrecife por supuesta denuncia falsa. Es esa denuncia lo que ha dado lugar al escrito de acusación de la fiscal conocido ayer”, explicaba Díaz Veiga al día siguiente de conocerse la resolución.

La abogada destaca que Padial -con las siglas M. A. P. O. en los documentos- presentó una denuncia por acoso moral contra Moreno, que ya ha sido archivada, y que solo él podría haber filtrado el expediente de la perrera, pues era quien realizaba labores como jefe del Seprona durante la baja de la agente, “periodo durante el cual no se tramitaron las denuncias presentadas por los ciudadanos, teniendo que hacerse cargo de ellas la sargento Moreno a su vuelta tras el parto”. La abogada también subraya que la celeridad con la que se ha llevado hasta ahora el proceso parece haber cambiado de ritmo tras el anuncio del Tribunal Militar -que asegura que se vulneró el derecho fundamental a la presunción de inocencia de Gloria Moreno-, sumado a las muestras de apoyo que se han dado en favor de la agente.

Cabe destacar que la falta que se le achaca a Moreno para su cese es ‘abuso de atribuciones’. “Ella no ha hecho nada que sobrepase sus funciones”, declara Díaz Viega, quien explica que el tipo de infracción de la que le acusan es el mismo que cuando un agente pide dinero a un conductor a cambio de quitarle una multa, o los casos de guardias civiles que han obligado a mujeres en prostíbulos a realizarles determinados servicios valiéndose de su autoridad. Preguntada sobre el presunto acoso y si considera que el género de la agente tiene algo que ver, la abogada responde afirmativamente: “En la Guardia Civil se espera obediencia, una actitud atribuida a las mujeres. Si una mujer no cumple obediencia, las consecuencias son más graves”.

En este sentido también se han manifestado asociaciones de mujeres como el Foro Contra la Violencia de Género y la Plataforma Feminista 8 de Marzo, ambas de Lanzarote, quienes en un comunicado han señalado que “el delito y las irregularidades para sus superiores es ser mujer, honesta, profesional, responsable con su trabajo y ejercer sus funciones de defensa del medio ambiente y lucha contra el maltrato animal (...) Sabemos que ser mujer en la Guardia Civil es trabajar en arenas movedizas, en las que te hundes si tu trabajo no gusta a la orden superior, y si cumpliendo con tu deber pones de manifiesto la pasividad con que hasta esa fecha han venido actuando los organismos y las administraciones obligadas a garantizar respeto con el medio ambiente en Lanzarote”.

Firmas y cartas pidiendo justicia para la agente Moreno

La sargento jefe del Seprona ha visto cómo su caso ha recibido numerosos apoyos, como la recogida de firmas que se lanzó en Change.org desde la plataforma Justicia para Gloria, que ya supera las 135.000 firmas y que está formada por numerosas asociaciones animalistas, ecologistas, de vecinos y culturales, entre otras. Además, un grupo de activistas ha recorrido despachos y oficinas en busca de explicaciones, desde la Jefatura General del Seprona, pasando por la Dirección General de la Guardia Civil y el Defensor del Pueblo, hasta llegar a los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como al del Interior. “Hemos enviado una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska”, comenta Teresa García Rodríguez, de la asociación PRODA (Profesionales para la Defensa Animal), quien ha logrado que el senador Joan Camorera presente una pregunta sobre el caso en la Cámara Alta y ha hecho lo propio en el Congreso con el diputado Manuel Marrero (ambos de En Comú Podem), junto a escritos a todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Baja.

Desde la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales’ (APDDA) también se lamentan de que el Gobierno no haya respondido a las preguntas del senador Camorera y se haya limitado a indicar que “actualmente se encuentra en fase de instrucción el Expediente Disciplinario interesado, a fin de depurar las posibles responsabilidades que pudieran existir, considerando los principios inspiradores del procedimiento administrativo abierto según versa el artículo 38 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil”. Los últimos en pronunciarse, el pasado sábado, fueron los responsables de la ONG ecologista Greenpeace, que piden que se investigue “en profundidad el posible acoso a la sargento Moreno como consecuencia de su labor de protección del la naturaleza”.

Al margen de la situación judicial de la agente, los activistas canarios en defensa de los animales están preocupados por el mensaje de impunidad que se envía y por la aparente parálisis de estos meses en los casos abiertos y en los nuevos. “Es increíble que nadie investigue lo que ella está denunciando. Solo la sancionan porque lo dice su superior”, comenta Teresa García Rodríguez, que no entiende “cómo se puede sancionar y luego investigar”, en referencia al tiempo que ya ha estado la agente suspendida sin estar ratificados los últimos dos expedientes. “Si ya es difícil que un agente venga cuando se le llama, que haga un informe y que incluso declare en un juicio, con todo esto ya no va a venir nadie cuando llamemos”, se lamenta Teresa.

Entre esos casos pendientes de investigar o de llevar ante la justicia están los presuntos sacrificios irregulares de la perrera de Arrecife (de donde también se denuncia el traslado de 300 cachorros a Alemania, “entregados a una pareja que no tiene protectora, asociación ni nada, solo se dedican a sacarlos de la isla”, según denuncia Podemos); el caso de Tarro Canelo (que afecta a aves protegidas); las denuncias de maltrato animal por parte de particulares; los zulos de podencos encontrados en Los Realejos; los abandonos que se presuponen cuando acabe la temporada de caza (que empezó el pasado 5 de agosto); las peleas de perros que se siguen produciendo pese a la prohibición...

Además de la batalla de los animalistas por aprobar una nueva ley de protección animal, ya que Canarias fue la primera comunidad autónoma en prohibir las corridas de toros o el tiro al pichón pero aún mantiene las peleas de gallos como una actividad legal y está a la cabeza del maltrato animal en el Estado español.

Cuando viajamos con animales de familia (denominados domésticos) nos encontramos con mucha información referente a los requisitos que los viajeros deben cumplir (documentación, tipo de transporte, tarifas) pero muy poco de qué ocurrirá si hay un accidente y el animal huye o resulta herido. Por un lado está la responsabilidad de la compañía en el caso de fallecimiento de animal (como ya contamos en este blog) y por otro lado, qué ocurre cuando el animal escapa en zonas restringidas como los aeropuertos. Caso tras caso, el foco se sigue poniendo en la falta de protocolos y en las dificultades que los familiares o las protectoras tienen para buscar a estos perros o gatos dentro de los recintos. Esto es lo que en su momento denunciaron las familia de Sole, Doko o Itchi, y que ahora denuncia la familia de Piny, la perra a la que tardaron 10 días en encontrar tras escapar de los operarios de Iberia el pasado 25 de julio.

“La familia al completo, junto a mi marido que es argentino, decidimos venirnos a España a vivir y la compañía en la que confiamos para ello fue Iberia”, así comienza su relato Virgina, la sevillana que se lanzó a las redes sociales para pedir ayuda junto a su pareja, Gastón. Su pesadilla comenzó el pasado miércoles 25, cuando al desembarcar y preguntar dónde está su perra Piny le dicen que tardará, ya que se prioriza bajar primero las maletas y luego, los animales. “Algo completamente incomprensible, porque son seres vivos”, explica. De repente, tras una larga espera, ve correr a su perra tras unos cristales. “Salí corriendo, empujando el cochecito de mi hijo más la maleta de mano y un bolso enorme que llevaba, pero cuando llegué no podía salir porque era una puerta que solo se abría para la gente que entraba”. Tras minutos de carreras y gritos, algunos pasajeros le confirman que han visto pasar a una perra negra. Superando las barreras de seguridad y gracias a una trabajadora del aeropuerto, Virginia logra llegar hasta donde está Piny, pero la perra está tan aterrada que echa a correr, salta la barrera y se escapa por una carretera secundaria. Es la última vez que Virginia y su hijo de dos años ven a Piny.

Los días siguientes no fueron mejores. “Cuando llego a Sevilla llamo a Iberia para ver si sabían algo y me dicen que me quede tranquila, que han activado el protocolo”, comenta a El Caballo de Nietzsche, “pero era mentira, principalmente porque no existe ningún protocolo por si pierden a una mascota”. Ana, voluntaria en la búsqueda de Piny, confirma este extremo. “Hay un protocolo de control de fauna en la zona aérea pero está pensado para la seguridad, no para casos como este”. Tras enterarse de la noticia, ella y varios voluntarios de las protectoras Alba, Brigada Animal y otros grupos de rescate acudieron al aeropuerto al día siguiente para ayudar. “Cuando se perdió, nadie de Iberia llamó a ninguna protectora. Fuimos nosotros quienes nos pusimos en marcha para rescatarla”, explica, demandando que Iberia debería tener un listado de asociaciones a las que llamar en caso de huida de los animales, para así poder actuar con rapidez. Los voluntarios conocen muy bien el terreno y se mueven por donde pueden (aparcamientos, carreteras, accesos), a la vez que se comunican con todo el personal del aeropuerto y le advierten de que están buscando a un animal. “Fuimos el jueves y nadie sabía nada”.

Ana y sus compañeros son ya veteranos en el rescate de animales en Barajas. De hecho, ayudaron para que el caso de Doko también tuviera un final feliz. El perro y su familia tomaban un vuelo para regresar a Chile cuando antes de salir les avisaron de que Doko se había escapado y estaba deambulando por las pistas de despegue de Barajas. Fue su familia quien tuvo que llamar a protectoras y pedir ayuda para que arrancara el dispositivo de búsqueda. Pasaron seis días hasta que alguien vio a Doko en una carretera fuera del recinto y, con mucha destreza, consiguieron rescatarlo. “Virginia y Gastón han tenido menos ayuda. La familia de Doko tuvo más respaldo de la compañía Lan con la que viajaban porque el perro se perdió en la zona aérea”, comenta Ana refiriéndose a la zona de despegue, donde se cargan las maletas y donde se encuentran los aviones, e insistiendo en la falta de un protocolo para cuando desaparece un animal. Sin este mecanismo de acción, los voluntarios no pueden llegar a esa zona, y ponen en duda la búsqueda por parte de la compañía.

Iberia asegura que el número de casos en los que se pierden animales en su transporte por avión es muy bajo, aunque entienden que “para el dueño esto no es consuelo”. Desde el servicio de prensa de la compañía explican a este blog que ponen “todas la medidas necesarias” para buscar a los animales, recurriendo a expertos y protectoras. AENA, por otro lado, explica que “en el caso de que un animal se pierda, AENA colabora en su búsqueda con el agente handling y con la compañía aérea”, aunque concreta que “la gestión del transporte del animal es responsabilidad de la compañía aérea”. En ambos casos, tanto en el de Piny como en el de Doko, la explicación que les dieron a las familias es que los transportines estaban mal cerrados o se habían roto fortuitamente en su manipulación, aunque la legislación establece que “en el aeropuerto se realiza la inspección de los animales y sus transportines en el filtro de seguridad, de forma que se adecúen a la normativa vigente en temas de seguridad, igual que se hace en la inspección de pasajeros para asegurar el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad (PNS)”. Por lo que si no son suficiente seguros y resistentes, o los cierres no funcionan correctamente, se rechaza el embarque de los mismos.

El trato que reciben los animales en su viaje vuelve a saltar con estos casos. Virginia denuncia que le devolvieron el transportín con los barrotes doblados. “Me gustaría que me explicaran cómo acabó así, si no sería por los golpes que recibió”. Otra de las quejas de la familia (además de la falta de comunicación personal por parte de la compañía, pues según Virginia no se pusieron en contacto con ella por iniciativa propia hasta el martes 31, cuando habían pasado ya seis días de la desaparición de Piny) es que la compañía y su servicio de handling (responsable del animal) no han ayudado con los gastos de su búsqueda. “Nosotros nos hemos tenido que hacer cargo de los gastos para que mi marido viajará en dos ocasiones a Madrid”, comenta, y explica que Gastón se estuvo alojando en casa de una de las voluntarias que ayudó en el rescate.

Por suerte, la pesadilla acabó y, tras ciertos avistamientos de Piny, pudieron localizarla el pasado viernes y lograr ponerla a salvo. “Mi marido iba con el grupo de rescate y la vio él. Se acercó, la llamó y esperó. Cuando ella lo reconoció, se volvió como loca y fue hacia él”, explica Virginia con una alegría desbordada. La perra, que se encuentra bien, ha logrado sobrevivir sola en plena ola de calor y esquivar el peligro mortal que suponen las carreteras que rodean el aeropuerto de Barajas. Por eso, y por la pesadilla que ha pasado la familia, Virgina y Gastón anuncian que tomarán medidas legales.

Cuando la familia tiene que seguir viajando

Al ser los aeropuertos lugares de paso, las familias se encuentran muchas veces con la situación desesperada de no poder quedarse a buscar a su gato o su perro, por no poder costearse de nuevo el viaje, por tener que obtener un nuevo visado o por compromisos laborales ineludibles. Fue lo que ocurrió con Doko (una parte de la familia tuvo que regresar a Chile) o lo que pasó con la gata Sole. Ella y Silvia Pitarresi viajaban a Marraketch haciendo escala en el aeropuerto madrileño cuando el transportín de la gata se abrió y ella desapareció. La italiana tuvo la suerte de contar con el apoyo de la asociación Vidas de Gato, el de Arancha Sanz, abogada de SPAP, y el de otros animalistas madrileños, pero tardaron 50 días en encontrarla. En el caso de Itchi, que afortunadamente fue encontrado a los 25 días de su desaparición, las dos compañías involucradas -Iberia y la británica Monach- se reclaman el coste de la búsqueda. 

El gato Itchi desapareció el año pasado y hasta pasado un mes no pudo reunirse con su familia, Andrea y Vicky. Lo que debería haber sido un trámite más al llegar de Manchester a Barcelona se volvió una pesadilla, cuando media hora después de aterrizar en El Prat les comunicaron que el transportín de Itchi se había abierto y el gato había escapado de los operario de Iberia. A la desesperación por no saber dónde ni cómo estaría Itchi, se unían las dificultades que se planteaban en su búsqueda, ya que al ser un aeropuerto había muchas zonas restringidas a las que ni la familia ni los voluntarios podían acceder. Por eso, miles de personas se volcaron en las redes sociales y se recogieron más de 17.000 firmas para que AENA y las compañías aéreas implicadas permitieran que más personas ayudaran en la búsqueda de Itchi. Pese a las dificultades y la desesperación de pasar casi un mes sin pistas, el gato apareció. Un operario escuchó su maullido y pudo ser rescatado de las escaleras metálicas en las que se había refugiado. Como contó su veterinaria a ‘En el nombre del gato’, Itchi estaba muy delgado y no hubiera podido sobrevivir mucho más tiempo.

Más allá de los casos concretos -con final feliz, o no, ya que actualmente siguen perdidos muchos animales de familia, y otros tantos que han sido abandonados sobreviven gracias a los trabajadores de los aeropuertos-, lo que las protectoras y la ciudadanía reclama son mejoras y garantías en  las condiciones de transporte de los animales. Si cuando se pregunta a los pasajeros con animales si están tranquilos al viajar con estos en avión la respuesta del 70% es “me daría pavor”, está claro que las cosas tienen que cambiar y rápidamente.  y deje de ser la tremenda preocupación que actualmente representa para los viajeros.