En la serie noruega “The Arquitect”, su protagonista Julie acaba viviendo en un aparcamiento subterráneo empujada por el desorbitado precio de los alquileres en un Oslo donde la escasez de vivienda es extrema. Esta ficción premiada en la Berlinale lleva la emergencia habitacional hasta el paroxismo en un escenario aparentemente distópico, pero que aterra por su similitud con lo que aparece a diario en los portales inmobiliarios. La cruel paradoja de Julie, una arquitecta treintañera y precaria abocada a hacer de un garaje su hogar, tiene su moraleja: si no se ponen límites al encarecimiento de la vivienda, no van a tener casa ni los que diseñan las casas. Para el arquitecto y urbanista barcelonés Albert Nogueras, la serie deja otra advertencia. “A veces intentamos buscar soluciones para facilitar el acceso a la vivienda que lo único que hacen es devaluar totalmente los estándares de habitabilidad. La emergencia habitacional no nos puede empujar a hacer infravivienda. Los arquitectos tenemos que decidir si somos parte de la solución o parte del problema”, proclama Nogueras, colaborador habitual de elDiario.es, haciendo suya la vieja máxima leninista.

¿Qué parte de responsabilidad tiene la arquitectura del problema actual de la vivienda? “Siempre nos exculpamos, nos gusta reivindicarnos como si fuéramos demiurgos o seres superiores, pero al final somos solo unos mandados que estamos al servicio del capital y no hemos sido beligerantes con el fenómeno ultraliberal que ha convertido las ciudades en macronegocios donde cualquier centímetro cuadrado es motivo de plusvalía”, admite Nogueras, aunque salva de la quema aquellos proyectos que, desde los márgenes, construyen alternativas a la especulación inmobiliaria, como la cooperativa de arquitectura colaborativa Lacol, en la que participa Pol Massoni desde su creación en 2009. “Nacimos en un momento de crisis habitacional brutal, con la necesidad de repensar las cosas de forma imperiosa. Por eso decidimos ir más allá y mojarnos, porque la crítica que hacíamos a nuestra profesión era haber abandonado su fuerza para incidir a nivel social, cuando desde la arquitectura deberíamos proponer cambios para generar soluciones”, argumenta el arquitecto Pol Massoni que participó en la creación de La Borda en Barcelona, la pionera cooperativa de vivienda levantada en 2017 sobre un terreno en cesión de uso, fórmula que permite un techo más asequible y blindado ante la mercantilización, porque los residentes nunca son propietarios del edificio, sino de la cooperativa. 

La clave de La Borda es el suelo: el edificio se construyó —con una enorme estructura de madera— en un solar municipal del barrio de Sants cedido por el Ayuntamiento de Barcelona durante 75 años a cambio de un canon anual. “Para crear un parque público de vivienda una parte importante se puede gestionar mediante este modelo cooperativo. Además hay un interés creciente en nuevos modelos de acceso a vivienda y de propiedad del suelo, y hay mucho camino por recorrer para convertir suelo privado en público y gestionarlo de una forma más comunitaria”, continúa Massoni, miembro también de La Dinamo, una fundación que promueve este tipo de vivienda cooperativa en cesión de uso.

La emergencia habitacional no nos puede empujar a hacer infravivienda. Los arquitectos tenemos que decidir si somos parte de la solución o parte del problema

Albert Nogueras

Terrenos por los aires

El modelo de La Borda de Barcelona inspiró en Madrid a la cooperativa Entrepatios, que como su referente barcelonés edificó con madera un bloque de viviendas eficientes energéticamente con espacios comunes “diseñados para fomentar el encuentro”, en palabras de su arquitecto (y vecino) Iñaki Alonso. A diferencia de La Borda, en Entrepatios los cooperativistas tuvieron que adquirir el solar en propiedad, algo que encarece este tipo de proyectos hasta un 25%. A pesar de todo, los residentes de Entrepatios pagan una mensualidad media de 800 euros, con alicientes como facturas energéticas que rara vez superan los 25 euros.

“En verano tienes un nivel de confort a cero euros gracias a la producción fotovoltaica del propio edificio, y eso también hay que valorarlo económicamente”. Ahora todo sería mucho más caro, porque el precio del suelo en el barrio de Las Carolinas (en el distrito de Usera, al sur de la ciudad) se ha puesto por los aires.“Compramos el terreno en 2017 a 450 euros el metro cuadrado. Cuatro años después ya se había duplicado, y ahora están pidiendo hasta 1.600 euros por metro cuadrado en este mismo barrio —explica Alonso—. Además, los tipos de interés se han multiplicado por cuatro en los últimos años, y el coste de construcción ha aumentado un 30%, así que los números no salen por ningún sitio. La única manera de hacer vivienda asequible es en suelo público en derecho de superficie, con una financiación larga, algo de subvenciones y una fiscalidad verde con exenciones a construcciones ecológicas”. 

Y es que, para hacer la vivienda más accesible, habría que construir mucha vivienda nueva, sostiene Iñaki Alonso: “Hay un problema con las viviendas vacías y debería existir una fiscalidad agresiva para estos casos, pero el mayor problema del encarecimiento es que no hay vivienda”. Demográficamente no salen las cuentas: la población de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, crece en 90.000 personas anualmente, mientras en la región se construyen unas 20.000 viviendas al año. “Además en las grandes ciudades se añaden fenómenos como las reestructuraciones familiares, las separaciones, que aumentan la demanda, que va a seguir creciendo y es una bomba de relojería”, advierte el arquitecto madrileño, que ahora ha creado su propia promotora de vivienda ecológica, Distrito Natural.

Cifras y letras

Ante estas cifras, la arquitecta e investigadora Mireia Sender Martí propone una estrategia que se resume en unas pocas letras. “En Barcelona, cuando Javier Burón era gerente de vivienda del Ayuntamiento, se hablaba de la política de las tres ces: construir vivienda protegida, comprar vivienda existente y captar del parque privado para poner en alquiler social. Además, hay tres erres que complementan esta política: rehabilitar, regenerar y renovar. En esto tendría que centrarse la arquitectura en las grandes ciudades, en cómo a través del reciclaje de la propia ciudad se pueden generar reservas de vivienda pública”. Todo para incrementar el exiguo porcentaje de vivienda pública en España, de apenas un 2,5% frente al 9,3% de la media europea, lejísimos del 17% de Francia o el casi 18% de Reino Unido.

“Ahora mismo en España se dedica a vivienda un 0,2% del PIB, y si realmente nos creemos que es un pilar del Estado del Bienestar, deberíamos aproximarnos a las cifras de inversión en educación o sanidad, que son de un 4,9 y un 6,9% respectivamente”, argumenta Sender Martí, que propone la creación de un “uso residencial permanente” para proteger las ciudades de fenómenos como la turistificación. “No se trata solo de tener viviendas asequibles, sino enfatizar el término de vivienda estable. Vivienda que no va a desaparecer, que no se va a marchar al libre mercado y que va a estar siempre ahí, como un cojín para soportar todas las idas y venidas, todas las tensiones y todas las vulnerabilidades”, subraya esta investigadora especializada en políticas de vivienda. “Porque la descalificación de vivienda protegida es uno de los aprendizajes que debemos hacer de la historia. Todas las viviendas protegidas que se construyeron en las últimas décadas con dinero público han acabado, con el paso del tiempo, en el mercado. De hecho, el 74% de la vivienda protegida que hay actualmente en Catalunya estará descalificada en 2040, según algunas previsiones”.

Subvención y plusvalía

En España nadie ha promovido más vivienda asequible que el veterano arquitecto Eduardo Mangada. Antiguo militante comunista, en 1979 se convirtió en responsable de Urbanismo del primer Ayuntamiento de Madrid elegido por las urnas tras la dictadura, una corporación dirigida por el socialista Enrique Tierno Galván. Después, en 1983, formó parte del gobierno inaugural de la recién creada Comunidad de Madrid, presidida por Joaquín Leguina (PSOE). Durante ocho años, Mangada fue el consejero que impulsó la construcción de decenas de miles de pisos para erradicar la infravivienda extendida durante el franquismo por todos los puntos cardinales de la periferia de la capital. “Entonces lo pudimos hacer porque nos tenían miedo a los rojos”, dice burlón a sus 92 años. En aquel Madrid de los ochenta se levantaron barrios enteros por iniciativa de la administración y con financiación pública. Sin embargo, ahora esas viviendas protegidas se anuncian en Idealista.

“Es la lógica consecuencia de un capitalismo depredador que todo lo transforma en mercancía. Primero fue aquello de hagamos propietarios y no tendremos revolucionarios, y ahora se ha convertido a los propietarios en rentistas, y las casas en objeto de inversión financiera cuando deberían ser bienes de uso”, lamenta Mangada, que aboga porque exista un parque de vivienda como “un servicio tasado” accesible a todos los bolsillos, al igual que el transporte público, sin perder nunca la titularidad pública. De esta manera se evitará caer de nuevo en el error de subvencionar las futuras plusvalías de algunos particulares. “Si la vivienda es un derecho, debe haber una cuota de viviendas que tienen que extraerse del mercado. Y no se puede solucionar el problema de la vivienda sin solucionar el problema de la propiedad del suelo, por lo que la expropiación debería ser un mecanismo normal para que los poderes públicos construyan casas, del mismo modo que ocurre para construir una autopista o una línea de AVE”, defiende Mangada.

“Necesitamos viviendas no solo asequibles sino estables, que no se marchen al libre mercado y sepamos que van a estar siempre ahí para soportar tensiones y vulnerabilidades”

Mireia Sender

Urbanismo patriarcal

Hay que construir para hacer vivienda asequible, pero no basta con construir para tener vivienda digna. “Porque también necesitamos entornos vivibles, que te permitan acceder a servicios públicos y desarrollar tu vida de forma saludable, cómoda y segura, y todo debe ir de la mano”, afirma Roser Casanovas, arquitecta del colectivo Punt 6, que trabaja “desde una perspectiva feminista interseccional” para “visibilizar desigualdades y estructuras de poder, y cómo estas influyen en el uso y la configuración de los espacios”. Porque “el urbanismo tiene ideología”, recuerda Casanovas, y el modelo actual, basado en el crecimiento infinito, la especulación y el lucro, es también “patriarcal”. “Frente a este modelo, proponemos poner en el centro la vida cotidiana, mostrar que somos interdependientes, erradicar las violencias machistas y garantizar la participación de las personas, en su diversidad, en la construcción de los espacios donde se desarrolla la vida. Mientras sigamos haciendo edificios donde el máximo espacio de encuentro es el ascensor, no crearemos vínculos y tendremos vecinos y vecinas que no se entienden. Así se perpetúa el individualismo, pero en altura”, apostilla la arquitecta catalana.

Al urbanismo de los cuidados dedica sus investigaciones Elisa Pozo Menéndez, doctora en arquitectura que trabaja además con el instituto gerontológico Matia. Y ese urbanismo se traduce también en mezclar “tipos de vivienda y de usos” en ciudades “accesibles” con buenas redes de transporte público que permitan “desplazamientos más saludables”. Ciudades que cuiden a sus mayores y no expulsen a sus jóvenes. “El urbanismo debe resolver el problema cuantitativo de la necesidad de vivienda teniendo en cuenta otras variables sociales”, opina esta investigadora que explora soluciones duraderas con la vista puesta a largo plazo, como “redensificar” zonas urbanas para hacer más sostenibles y eficientes las actuales redes públicas de saneamiento, transporte o energía: “Soy optimista ante el futuro, y deberían plantearse proyectos estratégicos interdisciplinares pensando en retos más allá de la vivienda y la clave puede ser el cambio climático, en adaptar lo ya construido y construir teniendo en mente esa nueva realidad”.

Según la perspectiva ecológica del arquitecto Iñaki Alonso, los planes urbanísticos siguen concebidos “bajo un paradigma del siglo XX” de “zonificación” cuando la ciudad del siglo XXI debería diseñarse con complejidad de usos. “Hablamos de las ciudades de los 15 minutos, donde en un barrio duermes, trabajas, tienes oferta cultural, equipamientos educativos y actividad comercial. No podemos seguir haciendo PAUs (acrónimo de Programa de Actuación Urbanística) puramente residenciales en las afueras para luego tener que coger el coche para todo. Hay que hacer una ciudad más diversa que funcione como un sistema vivo y no sea tan demandante de elementos externos como energía o alimentación”.

Es la alternativa saludable frente al modelo actual, porque la fiebre de los precios de los alquileres hace enfermar a las grandes ciudades, y se presenta como síntoma de un colapso futuro. “También lo es la ‘urbanalización’ que vacía las zonas céntricas de gente autóctona para convertirse en decorados de un parque de atracciones con monocultivo turístico”, advierte Albert Nogueras. Un fenómeno que se extiende “como una metástasis” a barrios cada vez más periféricos. Pol Massoni, de la cooperativa Lacol, establece un paralelismo con el efecto devastador de la heroína en las barriadas populares hace unas décadas : “La especulación es una lacra que va destruyendo todo lo que hay alrededor. Porque los precios expulsan a la gente y eso deteriora los tejidos sociales y asociativos que dan vida a la ciudad. Y quien no lo ve, es porque está enganchado a lo que genera el problema”. Para Albert Nogueras, “estamos tapando con las manos el agua que entra en el trasatlántico”, y el escenario de un arquitecto resignado a vivir en un aparcamiento subterráneo no le parece improbable: “Es aterrador, pero todos vivimos con una expectativa de futuro muy inferior a la generación de nuestros padres”.

La ya centenaria radio española vivió su edad de oro en la década de los 50, cuando la televisión aún no la había desbancado de un espacio privilegiado en los hogares del país. “Durante años, al tratarse de equipos enormes de válvulas y madera (con unos muebles preciosos, de hecho), ocuparon el centro de los salones familiares como una especie de sustituto del antiguo fuego”, explica José Emilio Pérez Martínez, experto en historia de la radiodifusión.

En aquella España triste de posguerra, la “caja mágica” ofrecía alegría y entretenimiento con concursos como La melodía misteriosa, Fiesta en el aire o ¿Lo toma o lo deja?, que cosechaban audiencias millonarias. El otro formato de éxito de la “década de la radio” fueron las radionovelas, “uno de los fenómenos mediáticos más consumidos y característicos de la España del franquismo”. Contenidos populares y aparentemente inofensivos, aunque cargados de ideología. Porque la dictadura, que controlaba con censura previa todas las emisoras del país, utilizaba las ondas hertzianas como una aguja hipodérmica con la que inocular nacionalcatolicismo a los radioescuchas.

Para el franquismo, la radio era una valiosa herramienta que le permitía acceder hasta los espacios más íntimos de los españoles y adoctrinarles durante su tiempo libre. “Es fruto del contacto con otros regímenes fascistas como el alemán y el italiano, que crearon instituciones para controlar el ocio después del trabajo, y el franquismo lo copia a través de la Obra Sindical”, expone Claudio Hernández Burgos, profesor de la Universidad de Granada y editor, junto a Lucía Prieto Borrego, del libro Divertirse en dictadura. El ocio en la España franquista (Marcial Pons), una obra colectiva que recopila los trabajos de una docena de autores que indagan en cómo se las apañaban los españoles para evadirse en una época de libertades cercenadas y penurias económicas para la mayoría de la población.

En el índice se mezclan las verbenas, la copla, películas prologadas por el NO-DO, tascas y tabernas, salones de baile o el turismo del desarrollismo. “El ocio como parte de la vida cotidiana durante la dictadura era algo poco estudiado, también la manera en la que el franquismo intenta controlarlo, y la radio no podía faltar, porque sobre todo en las décadas de los 40 y 50 no tenía rival, ni siquiera el cine”, apunta Claudio Hernández Burgos.

En el libro se aborda, en concreto, la estrecha relación de la radio y las mujeres, sus oyentes más fieles durante el franquismo por estar generalmente recluidas en el hogar. Un vínculo sin demasiada historiografía. “La activista e investigadora Caroline Mitchell decía que si la radio es el medio 'cenicienta' por la poca atención que recibe de la academia, el papel de las mujeres en la radio es directamente la calabaza del cuento, aunque en los últimos años esta tendencia se está revirtiendo”, afirma José Emilio Pérez Martínez, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y coautor del capítulo titulado Más que un electrodoméstico, una compañera: mujeres, ocio y radiodifusión durante la dictadura franquista junto a Sergio Blanco Fajardo.

“La radio no era solo un medio de información, sino un dispositivo cultural que entretenía y evadía a la población española, especialmente a las mujeres”, subraya Blanco Fajardo, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Málaga. “La radio se convirtió en un dispositivo eminentemente femenino, en un complemento perfecto para el espacio doméstico”, añade el investigador. Aunque aquella radio en apariencia “compañera” era “un dispositivo de control que reprimió a las mujeres y cinceló su imaginario, sus identidades y sus cuerpos” con “discursos patriarcales y esencialistas”, que las trataba como “eternas menores de edad, subyugadas al varón, destinadas al matrimonio y a la maternidad”. En definitiva, como “perfectas amas de casa”.

“Desde que las mujeres encendían el aparato radiofónico para disfrutar de sus programas favoritos, una aparente actividad banal y cotidiana, se introducían en una dimensión política. La carga ideológica y el carácter adoctrinador de las emisiones reproducían funciones similares a las enfermeras visitadoras de Sección Femenina o a la labor moral que defendía Acción Católica de la Mujer”, sostiene el investigador andaluz, porque “a través de la escucha radiofónica, las mujeres aprendían cómo amar, qué platos preparar, a observar la conveniencia de confeccionar ropa en casa de manera más económica o bien qué pautas debían seguir para educar a sus hijas e hijos”.

La radio era una “válvula de escape para la interminable jornada laboral doméstica”, aunque al mismo tiempo alentaba a “realizar las mil y una tareas diarias” como “limpiar hasta los más nimios rincones, como los pequeños espacios entre las baldosas del suelo”. El aparato ejercía una “hipervigilancia” que “restaba cualquier capacidad subjetiva para abstraerse y pensar en sí mismas”, y lo hacía a lo largo de la jornada con programas que “dinamizaban y dirigían los tiempos domésticos”, señala.

“Obediencia y sumisión”

Ante la escasez de grabaciones conservadas de la época, los profesores Pérez Martínez y Blanco Fajardo han exprimido como fuentes primeras los cuadernillos de programación de Radio Nacional de España (RNE) y Radio Madrid, de la Cadena Ser, para analizar las parrillas de aquella radio franquista atiborrada de contenidos dirigidos a la audiencia femenina, como consultorios, espacios dedicados al hogar, a la “puericultura” y crianza, que se mezclaban con consejos de belleza y moda, como Emisión para la mujer, de RNE, conducido por la célebre locutora de la época Julita Calleja. “Un modelo de programación que llevaba consigo una evidente función ideológica: formar a sus oyentes en el modelo de feminidad franquista de la perfecta casada y ama de casa”, se señala en el libro.

Una mujer que salía de casa a trabajar, que pasaba tiempo fuera del hogar y no prestaba la atención familiar que se presumía a una mujer cristiana y abnegada, recibía un correctivo por parte de los conductores radiofónicos en los consultorios sentimentales, que no salían de las coordenadas de castidad, obediencia y sumisión

Voces amigas“ como las de Julita Calleja favorecían la recepción del discurso ideológico del franquismo porque lo pronunciaba una persona que las radioescuchas sentían como de familia. De ese modo, el régimen introducía en los hogares, a través de las ondas, ”numerosos mecanismos de control“ con los discursos de los locutores y locutoras de los programas para el público femenino.

“En cada programa de radio —relata Blanco Fajardo— se recordaba a las mujeres qué modelo de feminidad abanderar, aquellos que eran sancionados, cómo debía comportarse una señora de moral cristiana e intachable en cada situación y qué papel le pertenecía en el esencial concierto familiar. Una mujer que salía de casa a trabajar, que pasaba tiempo fuera del hogar y no prestaba la atención familiar que se presumía a una mujer cristiana y abnegada, recibía un correctivo por parte de los conductores radiofónicos. De este modo se revelaba en los consultorios sentimentales cuando a las diferentes misivas que enviaban las mujeres, las respuestas no salían de las coordenadas de castidad, obediencia y sumisión”, expone Blanco Fajardo, especializado en historia de las mujeres y de género.

Los autores de esta investigación recuerdan que, para el franquismo, “las mujeres eran las encargadas de transmitir los esquemas defendidos por el nacionalcatolicismo a las nuevas generaciones” por quedar relegadas a la “tarea reproductiva y el trabajo del hogar”. Precisamente por eso eran importantes para la “pervivencia” del régimen; también para asentar la falsa idea de “normalidad y de paz” tras la Guerra Civil: “Fueron ellas quienes cargaron en sus hombros con esta ambiciosa empresa y, con su esfuerzo y sacrificio, al desarrollo mismo del país”. Con ese objetivo, la radio franquista inculcaba esos roles de género desde la infancia, con programas como el serial Matilde, Perico y Periquín o el  el consultorio sentimental Hablando con la Esfinge, uno de los preferidos de las adolescentes de la época.

“Cargar con la cruz” del maltrato

“El machismo, el paternalismo, la carga ideológica que sulfuraba algunos programas espantaría hoy a gran parte de la población, sobre todo a las nuevas generaciones”, afirma Blanco Fajardo, que pone como ejemplo el espacio llamado Pares o nones, en el que había “sketches de humor en los que se hacían chistes amenazando de muerte a las mujeres”. 

Un tipo de “humor macabro y tenebroso” que era habitual en otros programas supuestamente cómicos, y que reflejaba la violencia física que sufrían muchas mujeres en sus hogares, cómo transmitían a los consultorios radiofónicos, “una de las emisiones femeninas más interesantes por su capacidad de diálogo entre la audiencia y los locutores”, aunque desde los micrófonos se animaba a las mujeres a resignarse y “cargar con su cruz” cuando llegaba a antena algún caso de malos tratos, algo inusual porque la censura solía impedirlo. Los locutores y locutoras de los consultorios radiofónicos “eran considerados por las radioyentes como una figura de autoridad durante la dictadura y, por tanto, como una instancia oficial del régimen”, porque marcaban pautas morales: si se leía la carta de una mujer con amores no permitidos o atracciones hacia personas casadas, se hacía para reprenderlas como “un aparato represivo”.

La radio de la dictadura no dejó de ejercer esa labor coercitiva sobre las mujeres ni siquiera en la década de los 60, cuando España se abría al mundo y la economía se modernizaba. Blanco Fajardo destaca la aparición entonces de alguna voz aparentemente discrepante con el discurso oficial, como Luisa Fernanda Martí en el programa Vosotras, donde se aplaudía la salida de las mujeres del hogar y las entrevistaba en puestos de trabajo. En cualquier caso, era una excepción que confirmaba la regla de las programaciones radiofónicas. Una rareza como las colaboraciones de Ava Gardner en programas de Radio Madrid cuando la actriz estadounidense residía en la capital. En la emisora de la Gran Vía madrileña, Gardner “hacía gala de su libertad al hablar de cómo debe una mujer prepararse para conducir su coche, con la particularidad de tratarse de un modelo descapotable y, qué remedio, el pañuelo en la cabeza era indispensable para mantener su peinado”. Algo impensable (el conducir un descapotable) para la inmensa mayoría de las españolas del momento.

Fuego para la 'femme fatale'

Lo que encarnaba Ava Gardner para el nacionalcatolicismo más retrógrado quedaba representado como la mujer “vamp” o la “femme fatale” en las populares radionovelas, que tenían un seguimiento masivo. Tanto que “los cobradores por letras del aparato radiofónico pasaban por casa la mañana antes de la emisión del drama de sobremesa o, en las peluquerías, las mujeres pedían apagar las máquinas de la permanente para escuchar sus seriales preferidos”, relata el historiador Blanco Fajardo.

“Las radionovelas eran también una emisión cargada de elementos ideológicos donde las mujeres comprendían qué tipo de mujer debían ser y las que eran rechazables, convirtiéndolas así en agentes autorreguladoras de las políticas de género del franquismo”, apostilla este especialista en historia de las mujeres y de género. Por un lado, en estos adictivos culebrones se proyectaba cierto ideal de mujer española, como la “muchacha pobre de moralidad intachable” o la mujer casada cuyo marido era seducido por otra mujer antagonista a la que nunca le aguardaba un final feliz: “En los compases finales de la historia, la buena mujer abnegada y sumisa era emparejada con un atractivo caballero de valores cristianos y familiares mostrando a las mujeres el más alto objetivo que podían perseguir en sus vidas: el matrimonio. Por contra, a las mujeres fatídicas eran castigadas simbólicamente con la muerte, en algunas ocasiones en accidentes donde el fuego ejercía como elemento purificador de sus pecados”.

Las radionovelas fueron desapareciendo de la programación radiofónica tras la muerte de Francisco Franco. Las grabaciones del serial más escuchado durante la dictadura, Ama Rosa, se daban por perdidas hasta que un día se las encontró en un viejo despacho la entonces jefa de documentación de la Cadena Ser, Ángeles Afuera. “Es verdad que en los guiones de esa época se plasmaba un paternalismo feroz, el clasismo más rancio, la abnegación como máxima cualidad femenina y grandes dosis de moralina final, pero se justifica en su contexto histórico”, explica Afuera.

“Ama Rosa era un mito y es una joya del drama radiofónico, empezando por la magistral interpretación de Juana Ginzo”, detalla Afuera, hoy jubilada y dedicada a la investigación, y que empezó en la radio en 1977 conduciendo el programa Las Ciudadanas junto a la diputada de UCD Carmela García Moreno: un espacio donde se trataban “todos los temas que bullían en la Transición”, como la igualdad en el matrimonio, el divorcio o los derechos laborales de las mujeres.

“Al programa vinieron todas las diputadas de la primera legislatura, abogadas, médicas, activistas vecinales, asociaciones de mujeres separadas... Y es verdad que Las ciudadanas sustituyó a uno de los últimos seriales que se emitieron en la Ser, y eso fue un gesto absoluto de cerrojazo a los programas de niños, de cocina y de belleza”, rememora Ángeles Afuera, que reivindica a todas sus antecesoras en la radio, mujeres que “pelearon por hacerse un hueco en un mundo de hombres”. Mujeres como Juana Ginzo, una de las actrices que daban voz a Ama Rosa,  aunque repudiara las radionovela como cuando, ya en democracia, dijo: “¡Odiaba hacer los seriales! ¡Me avergonzaba! Pero no podía dejarlos. Porque tenía que comer. Yo siempre he sido una roja feminista que detestaba esas mierdas. Pero en este país no había opciones”.

Ana María, de 41 años, trabaja como cajera en un supermercado. En la medianoche del jueves al viernes se subió a un autobús en Murcia, durmió lo que pudo, y sobre las seis de la mañana puso los pies en Madrid. Antes de que amaneciera, cogió el Metro para llegar pronto al barrio de Carabanchel, en el sur de la ciudad, y así pillar un buen sitio en la fila. Quería estar entre las primeras cuando abrieran las puertas del evento que le ha traído a la capital. Se llama 'Tu Riqueza Eres Tú' y lo imparte el “coach y emprendedor” alicantino Sergio Cánovas Rico en el Palacio Vistalegre durante este fin de semana: tres jornadas maratonianas en las que promete descifrar algunas claves para lograr la “libertad financiera”. 

También enseñará a desterrar “creencias limitantes” que nos impiden, a la mayoría de los mortales, dedicarnos a “tragozar”; un acrónimo de “trabajar gozando” que significa, según Cánovas, dejar de ser un “esclavo” o un “prostituto del trabajo” para “hacer lo que amas”. “Transmite buena energía”, aseguraba Ana María este pasado viernes al mediodía, a punto de acceder a las gradas de Vistalegre tras más de cinco horas de pie en la calle. A pesar de todo el trajín, la mujer espera regresar a Murcia con “las pilas bien cargadas”. Si se queda hasta el final del evento, no podrá volver hasta el domingo por la noche, cuando culmina la sesión final en la que Cánovas Rico animará a los asistentes a entrar en su 'Universidad del Éxito', un ciclo de cursos intensivos de “desarrollo personal y financiero” cuya inscripción asciende a unos 6.700 euros.

Ana María es una de las más de 8.000 personas –según la organización– que se han congregado en este evento multitudinario que también siguen en directo, a través de Zoom, otros miles de espectadores de varios países tras pagar 55 euros por una entrada telemática, mientras los boletos presenciales más asequibles costaban 111 euros. “Somos la escuela de desarrollo personal más barata del mundo. Recibes lo que das multiplicado por 1.000”, presume la web del evento, donde se anunciaba un sold out en los días previos al evento aunque, según buena parte de los asistentes a Vistalegre consultados por este periódico, son muchos los que han acudido con invitaciones.

Tras la inscripción, todos recibieron un cuadernillo que no debía abrirse hasta que arrancase el evento. Además, según las indicaciones contenidas en el mismo correo electrónico de confirmación, al recinto había que entrar provistos de bolígrafo, un espejo, un alfiler, tres o cuatro globos, una “goma elástica del tamaño de la muñeca” y un billete de 100 euros o dos de 50. “Es importante que sean auténticos para poder realizar la dinámica correctamente”, indicaba la organización en las instrucciones enviadas a los asistentes.

Según las indicaciones contenidas en el mail de confirmación, había que acudir al evento provistos de un bolígrafo, un espejo, un alfiler, tres o cuatro globos, una 'goma elástica del tamaño de la muñeca' y un billete de 100 euros o dos de 50. 'Es importante que sean auténticos', indicaban

Una “inversión” para un futuro mejor

“Tengo sed de transformación”, proclamaba este viernes Adriana, brasileña de 46 años y propietaria de un establecimiento de “repostería regenerativa” en Barcelona, en la cabeza de la interminable fila que serpenteaba en los alrededores del Palacio de Vistalegre el viernes y en la que desentonaba un señor de 84 años, Francisco Hurtado, al que delataba no llevar el escapulario con la tarjeta del evento que colgaba del cuello de todos los asistentes. “Estoy aquí esperando a la mujer, que está comprando”, se excusaba el hombre, carabanchelero de nacimiento, sentado en un poyete y totalmente ajeno a lo que ocurría a su alrededor. “Aquí viene a menudo mucha gente, pero no sé qué toca hoy”. Se lo intentó explicar Ruth, paraguaya de 33 años y residente en Catalunya: “Es un evento de personas emprendedoras que quieren llevar su negocio a un siguiente nivel”. Francisco respondió con un elocuente “uy, madre” que soltó resoplando y ladeando la cabeza. “Creo que no me he enterado de nada”, admitía después. Ruth no se frustró, porque venía entusiasmada: “Sé que tengo potencial y esto es alimento para mi desarrollo personal”.

Para Ruth, este fin de semana en Madrid es una “inversión”. También se lo toma así Unai, de 44 años, procedente de Vitoria-Gasteiz. “Aprender siempre lo es, y el tema del desarrollo personal es interesante para crecer, abrir la mente y empezar nuevas cosas”, argumentaba este coach, actor y malabarista vasco. “Somos soñadores”, proclamaba Alexander, colombiano de 43 años y mecánico de profesión que quiere seguir formándose como emprendedor para “buscar el cambio”. “El sistema convencional no te enseña más que a trabajar, a tener una nómina y a esperar la jubilación”, afirmaba acompañado de su hermana Diana, de 45 años, que trabaja como cuidadora en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La mujer migró a España hace 15 años, ha peleado para salir adelante siendo madre soltera y se está formando en coaching porque le apasiona: “Siempre he estado enfocada a mi hijo y estaba convencida de que no se podían cambiar las cosas, pero ahora veo posible un cambio profesional y poder aportar a otras personas”.

A Carmen, zaragozana de 48 años, también le mueve “estar al servicio de las personas, dar y compartir”. Viste la camiseta morada que la señala como parte de la “crew” del macroevento y es la entusiasta animadora que alienta a los que aguardan en la cola: “¡Gente bonita, os amo!”. Carmen fue voluntaria en los eventos de Sergio Cánovas Rico hasta hace unos meses, cuando fue contratada por su empresa, Crea Tu Huella, como “responsable de la felicidad” de los más de 1.000 “embajadores” de “la tribu”, como se denomina a la comunidad de personas que se inscriben en las formaciones o en los “campamentos de liderazgo” que ofrece este nuevo gurú que adquirió sus dotes persuasivas trabajando como comercial de ventas.

Somos soñadores', proclamaba Alexander, colombiano de 43 años y mecánico de profesión que quiere seguir formándose como emprendedor para 'buscar el cambio'. 'El sistema convencional no te enseña más que a trabajar, a tener una nómina y a esperar la jubilación', afirmaba

La extraordinaria energía de Carmen se desataría después sobre el escenario de Vistalegre cuando salió a bailar, pasadas las 14 horas del viernes, al ritmo de Chayanne, que atronaba por megafonía para dar comienzo al evento. Bailaron hasta en el salón de sus casas espectadores que seguían el evento por Zoom, mientras otros aprovechaban para almorzar o apuraban un yogur delante de la cámara. Después se proyectó un vídeo dedicado a los “héroes y heroínas” que llenaban el recinto y “quieren dejar huella” en el mundo. “Muchos han hecho historia antes que tú”, proclamaba una voz en off mientras por la pantalla desfilaban imágenes de Martin Luther King, Steve Jobs, Albert Einstein o la madre Teresa de Calcuta. 

Un chute de autoestima para cada uno de los asistentes en el momento de la aparición de la estrella de 'Tu Riqueza Eres Tú'. “¿Cómo está Madrid?”, gritó Sergio Cánovas Rico y el público se puso a aullar. Micro de diadema en el cráneo surcado por trenzas, barba perfilada, polo negro serigrafiado y menos burpees que otros de los musculados profetas de la libertad financiera. Pero entre las butacas VIP, por las que se puso a pasear para saludar a seguidores emocionados, algunos le miraban con devoción. “He hecho trece horas de vuelo para estar aquí”, le hizo saber uno de ellos.

“Uno de los mejores vendedores de España”

El subidón se mantuvo a base de ráfagas de temazos bailables mientras Cánovas Rico continuaba agasajando al público. “No hay nadie más que tú, eres el único responsable de todo lo que sucede en tu vida”, decía como en una conversación a solas, pero dirigiéndose a una muchedumbre. No tardaría en recordar su precoz y deslumbrante vida laboral: a los 14 años se puso a trabajar como peón de albañil en su Alicante natal porque, huérfano de padre, quería ayudar a su madre y “no ser una carga”. “Estoy aquí porque aprendí muy joven a ganar mucho dinero”, explicó mostrando sus credenciales, las de un hombre hecho a sí mismo que a los 25 años era “uno de los mejores vendedores de España” con una nómina de “50.000 euros al mes”. Si él pudo —“sin estudios, sin idiomas, sin relaciones influyentes”— quizás los demás también podemos aprender cómo “multiplicar el dinero”.

'No hay nadie más que tú, eres el único responsable de todo lo que sucede en tu vida', decía Cánovas Rico como en una conversación a solas, pero dirigiéndose a una muchedumbre

Es una nueva versión del milagro de los panes y los peces. Porque todo remite a una ceremonia religiosa. Hay mucha liturgia y se pide a los asistentes que se den la paz chocando esos cinco. Es una forma de “amar al prójimo”, predica el orador. “Si eres buena persona mereces la abundancia del mundo”, apuntó más tarde este discípulo del estadounidense Tony Robbins, que salpica su discurso con guiños ecologistas en defensa del medio ambiente, como cuando confiesa que “compraría todas las reservas naturales del planeta para que nadie las deforeste”.

Después desvelará que ya ha adquirido unos terrenos paradisíacos en Colombia, con manantiales y cascadas, en los que planta frutales y cosecha cacao. Se lo cuenta a un auditorio en el que hay cientos de personas de origen colombiano que tuvieron que abandonar su país. “Yo no creo en las fronteras, para mí Colombia me pertenece tanto como a ti, al igual que España es tan tuya como mía”, le dirá más adelante a un asistente. Fue en uno de los muchos meandros por los que discurrió la primera y caudalosa disertación del evento, en la que Cánovas Rico proclamó, en el mismo recinto que acogió actos fundacionales de Podemos o Vox, que él no cree en los partidos políticos: “No quiero que aquí vengan los del PP ni los del PSOE, quiero que vengan todos”.

Si él pudo aprender a 'multiplicar el dinero' —'sin estudios, sin idiomas, sin relaciones influyentes'—, los demás también. Una nueva versión del milagro de los panes y los peces. Todo remite a una ceremonia religiosa y se pide a los asistentes que se den la paz chocando esos cinco

Apagar el móvil hasta el lunes

Al principio de la primera de las tres jornadas, Cánovas Rico dio algunas instrucciones a los asistentes, como “apagar el móvil hasta el lunes” para que estuvieran centrados en el evento. “Solo puedes encenderlo para una cosa: hacer stories y promocionarnos”, apuntó para recordar que Vistalegre se le queda pequeño y en verano aspira a llenar otro gran recinto de Madrid, el Wizink Center, como preámbulo al salto, quizás, al estadio Santiago Bernabéu. Que el público desconecte del exterior garantiza otro de los mandamientos del evento: la confidencialidad. “Lo que tú vivas, sal y cuéntalo, haznos publi gratis, pero lo que le pase al compañero de al lado no lo cuentes, porque así nos podemos sentir en un entorno seguro”.

Fue entonces cuando los asistentes pudieron abrir, por fin, el enigmático cuadernillo “impreso en papel reciclado”. Un ejercicio que presentó como un “orgasmo compartido” mientras sonaba un trasunto de banda sonora de película erótica. “Ay, qué rico”, gemía Sergio Cánovas como homenaje a su segundo apellido. Aquello solo era un preliminar, y el cuadernillo aguardaba 'dinámicas' menos cariñosas. “Si no te estás relacionando bien con el dinero, no te estás relacionando bien con el amor propio”, sentenciaba Cánovas Rico mientras pedía a los asistentes que abandonasen “el rol de víctima” y pasasen “a adquirir la mentalidad adecuada para tener éxito en la vida”: el alicantino reconoció que este surtido de frases de autoayuda las ha recopilado durante años de lecturas a otros exitosos autores motivacionales.

Palabrería barata para decirte que no ganas más dinero porque no quieres. Este chico se aprovecha de las carencias emocionales de todas. Yo soy estudiante de psicología y en estos momentos me doy cuenta de la falta que hacemos

El maestro de ceremonias despachó tres horas de discurso sin descanso hasta que le relevó su socio Javi García, CEO de la empresa organizadora de un evento que —según declaraba a los asistentes— “cuesta medio millón de euros” y no sale a cuenta a pesar de los miles de asistentes. “Pero me da igual perder dinero, yo esto lo haría pagando”, dijo Cánovas Rico como para predicar con el ejemplo y antes de tomarse un descanso, mientras en el chat de Zoom en el que seguimos la retransmisión de 'Tu Riqueza eres Tú' trascendían las primeras quejas. “Palabrería barata para decirte que no ganas más dinero porque no quieres. Este chico se aprovecha de las carencias emocionales de todas. Yo soy estudiante de psicología y en estos momentos me doy cuenta de la falta que hacemos”, escribía una usuaria identificada como Casandra. 

Todo esto ocurría cuando el evento no había hecho más que comenzar. Antes de terminar la sesión del viernes, los asistentes descubrieron por qué se les había pedido que llevasen una goma elástica a la formación: según García, hay que estirarla y soltarla contra tu muñeca cada vez que se te pase por la cabeza una queja, un lamento, un pensamiento de víctima. Lo del billete de 100 euros por persona (o dos de 50) se desvelaría pronto este sábado, cuando Sergio Cánovas Rico pidió a todos los asistentes que quemasen el billete (metafóricamente) para interiorizar en el subconsciente lo que supone derrochar el dinero. Inmediatamente después, el afamado 'coach' compartió su aportación a proyectos que desarrollan ONG en Etiopía. Entonces animó a los asistentes a depositar los billetes que habían traído al evento en una urna para financiar estos proyectos caritativos en África. Lo dijo mientras sonaba a buen volumen una edulcorada versión del Pero a tu lado de Los Secretos con coros infantiles. Antes del parón para comer, en la urna se habían depositado ya más de 60.000 euros. “Y nada de comerse ahora un solomillo: una manzana y se vuelve”, sugirió Cánovas Rico de tal modo que parecía una orden.

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La Puerta de Alcalá está reluciente tras su reciente restauración y cenar delante de ella se cotiza. “Hemos empezado la noche con 130 reservas”, afirma Antonio Sánchez, de 32 años y maître de Aarde, un local con decoración africana situado junto al icónico monumento madrileño. Es martes y el termómetro marca temperatura invernal, pero una de las terrazas cubiertas del negocio del Grupo Paraguas está a rebosar de comensales cuando el reloj marca las once de la noche. A Antonio todavía le quedan un par de horas largas, porque en este restaurante, abierto hace cinco años por los hosteleros Sandro Silva y Marta Seco, se trabaja más allá de la medianoche. Los fines de semana la cocina permanece abierta hasta la una de la madrugada y no se echa el cierre hasta las dos. Un horario que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso reivindica como seña de la ciudad con “la mejor vida nocturna del mundo”.

El debate sobre si los horarios nocturnos de la hostelería –y del mercado laboral, en general– en España son los adecuados y compatibles con los derechos de las plantillas lo puso sobre la mesa el lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “No es razonable que España sea un país en el que convoquemos a reuniones a las ocho de la tarde. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. Hace diez días me reuní con todas las patronales del sector turístico y hablamos de diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender seguir ampliando los horarios hasta no se sabe qué hora”, aseguró Díaz el lunes durante una reunión del grupo parlamentario Sumar en el Congreso.

El maître de Aarde sabe cómo se trabaja en otras capitales europeas. Antes fue barista en Londres “Si queremos parecernos a Europa, podríamos empezar siendo respetuosos con las jornadas laborales, pagando bien la nocturnidad o trabajando 40 horas semanales concentradas en cuatro días para tener luego tres de libranza”, argumenta. “La ministra puede llevar razón y quizás yo prefiera jornadas más cortas, pero desde el punto de vista empresarial es un sinsentido porque estos negocios están en auge en Madrid y cerrar antes sería un pinchazo para nosotros”, sostiene. Coordina un grupo de camareros con salarios “entre 1.200 y 1.400 euros”, asegura. “Cuesta encontrar personal, parece que la gente está dejando de lado la hostelería. Y lo entiendo, porque incluso mi padre, que es pintor y trabaja en la obra, puede ganar más con un horario que le asegura tener libres todos los fines de semana”.

A unos metros de la terraza del Aarde, el Grupo Gunilla abrió hace tres años el Bribón de Madrid, que ofrece “cenas animadas” por un DJ hasta las dos de la madrugada los fines de semana. “Es lo que se lleva desde la pandemia, cenar sentados hasta medianoche, y después levantarse para pedir una copa en la barra sin tener que cambiar de local”, explica Gonzalo García, director de sala en el Bribón con tan solo 25 años. “Aquí la nocturnidad está pagada, porque no es lo mismo trabajar por la noche que por la mañana, está claro, es peor calidad de vida”, admite el joven, que cifra en un 10% el suplemento salarial que obtienen los empleados del turno de cierre.

A Yorman Salas, venezolano de 25 años, ese suplemento no le compensaba. “Es un horario agotador y todos los compañeros que tuve allí se han acabado marchando”, cuenta este antiguo empleado del Bribón, que ha encontrado cobijo a la vuelta de la esquina, en el restaurante El Pañuelo, del chef Ignacio Martínez Galdón. Un negocio familiar de cocina vasco-navarra donde Yorman trabaja como maître mientras espera que se resuelva la homologación del título de Enfermería que se trajo de su país natal. “Mi anterior trabajo era esclavizante, con un horario partido de una a cinco de la tarde y de ocho a tres de la madrugada, y sí, el sueño perdido no lo recuperas jamás”, expone el joven, partidario de poner límites a los horarios de la hostelería trasnochadora. “Está bien que no sea más allá de la una de la madrugada, y si alguien quiere cerrar más tarde, que tenga que contratar a más empleados”.

Problemas de descanso y conciliación

Yolanda Díaz mencionó los riesgos para la salud de trabajar de noche y Álvaro, de 41 años, que sirve copas en una pequeña discoteca de la periferia madrileña, los corrobora. “Es casi imposible descansar adecuadamente aunque cuides tus hábitos y horarios. Estás más irritable, te concentras peor y estás con peor ánimo, en invierno apenas ves la luz del sol, y con un horario en las antípodas de la gente normal no hay conciliación ninguna con lo que se resiente mucho la vida social y familiar. Vamos, el plan ideal para desarrollar problemas de salud mental”, relata este camarero con contrato parcial de fin de semana. 

La alteración del biorritmo no es, sin embargo, lo peor que le sucede a un empleado del ocio nocturno. “A mí, que trabajo hasta las seis de la mañana, me ha costado varios años conseguir que se me pague el plus de nocturnidad legalmente. Y no conozco a ningún trabajador de hostelería de horario 'de tarde' al que le paguen ese plus de diez de la noche a cierre”, asegura este camarero, que prefiere no desvelar dónde trabaja. En su opinión, no pagar la nocturnidad “es el menor de los chanchullos” en “un sector que no es serio con sus trabajadores, aunque haya algunas honrosas excepciones”. Para Álvaro, la solución a los problemas de los trabajadores de la hostelería “no es tan simple como restringir los horarios”, porque debe generalizarse “el cumplimiento de la ley” y respetar el convenio de un sector en el que “se permiten situaciones de auténtica explotación laboral sin prácticamente inspecciones de trabajo”.

'Coca-colas' a seis euros

Al este de la ciudad, el barrio de Moratalaz concentra decenas de bares y terrazas en La Lonja, una zona emblemática para tapear lejos del frenesí turístico del centro. En El Refugio, un acogedor bar restaurante de clientela “talludita”, ejerce de jefa Bienvenida García, abulense de 50 años, convertida en empresaria tras décadas como camarera. “Antes todo era peor. Yo he estado hasta las tres de la madrugada esperando a que unos señores decidieran acabar sus copas. Ahora les apagas las luces y dices que te vas”, despacha tras la barra de un establecimiento donde no hay jornadas maratonianas: abre a la seis de la tarde y cierra a medianoche, “una hora prudente”.

“Así vivimos nosotros y también los vecinos”, añade la propietaria de El Refugio, ubicado bajo un gran bloque de viviendas, compartiendo edificio con el Hannover, la cafetería más antigua de La Lonja, donde se madruga para dar desayunos, al mediodía se sirven más de un centenar de menús y por la noche la cocina mantiene la lumbre encendida por si alguien pide cena. Erik Alonso, peruano de Lima con 31 años, dice que no entiende el diagnóstico de Yolanda Díaz. “Cuando yo empecé en la hostelería se trabajaban doce horas al día, y ahora hacemos una jornada de ocho, ha habido un cambio y aquí no veo a la gente estresada, no veo una carga para los que trabajan por la noche”, argumenta mientras irrumpe en el salón uno de los dueños del establecimiento. Se llama Jorge Espinoza y parece enojado con la ministra Díaz: “Esa mujer no ha tenido un negocio en su vida”.

Espinoza, ecuatoriano de 52 años, es un estajanovista que echaba hasta 18 horas de jornada y ha llegado a dormir en la cocina, porque en su opinión “un negocio, hasta que lo levantas, exige sacrificio y pasar penurias”. Sin embargo, reconoce que tras la pandemia tiene otra “mentalidad” y ahora se concede cerrar la cafetería al menos un día a la semana para descanso del personal. “No soy una multinacional y todo cuesta mucho, pero que mis trabajadores estén bien ayuda a fidelizar la plantilla, porque ya no se encuentran camareros”, explica el jefe del Hannover. “Y si queremos ser como Europa, tendremos que poner precios como Europa, con 'coca-colas' a seis euros. Entonces comer en un restaurante se convertirá en un lujo”, advierte este hostelero del barrio de Moratalaz.

Pocos bares de Madrid han trasnochado tanto como el Iberia, en la plaza de San Bernardo. Diego Aylagas, de 43 años (casi tantos como el bar que fundó su padre), recuerda que, hasta finales de los noventa, el Iberia nunca cerraba. “Estábamos abiertos las 24 horas del día. Ahora cerramos a las dos”, cuenta en la esquina de la barra donde Luis Tosar se acodaba en la película 'Todos los nombres de dios', en la que el actor interpreta a un taxista, el cliente por antonomasia del Iberia.

“Ya lo ves, aquí también vienen vigilantes de seguridad, policías, los de la Cruz Roja o bomberos”, enumera Aylagas mientras uno de sus camareros sirve un cocido completo pasada la medianoche. “Claro, es que no solo el que trabaja en horario de oficina tiene derecho a comer, porque eso aquí servimos el menú del día hasta la una y media de la madrugada”, añade frente a un escudo enmarcado del club de fútbol Numancia de Soria, con los goles de la jornada de Champions en la tele, enmudecida por la música de radiofórmula que suena en todo el bar a buen volumen para mantener despierto al personal. “Aquí ni me puedo plantear cerrar antes, la clientela me diría algo. Además es a estas horas cuando yo gano dinero, porque el bar se me llena”.

Otro choque político

La propuesta de Diaz de replantear los horarios ha derivado en otro choque político con la derecha. Una de las primeras en contestar, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa”, aseguró a través de la red social X.

La discusión no quedó ahí. “La presidenta de la Comunidad de Madrid parece olvidar que a partir de las 10 de la noche, las jornadas son nocturnas y, por tanto, tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental y tienen, además, que conllevar una retribución diferente”, respondió Yolanda Díaz en una entrevista con TVE. “Lo que hemos planteado (...) no es nada nuevo. Es evidente que los usos horarios en nuestro país son muy diferentes a los europeos. No es normal que convoquemos reuniones en España a las 8 de la tarde. Lo único que estamos diciendo es que hay que respetar los derechos laborales”, repitió.

Díaz ha querido ampliar el foco más allá de la hostelería y el ocio nocturno para volver a poner sobre la mesa la cuestión de la racionalidad de los horarios laborales. “Cualquier trabajador que trabaje a partir de las 10 de la noche, en cualquier servicio, cualquier profesional de la comunicación, personal sanitario, cualquier profesional de una siderurgia que trabaje en turno de noche, sabe perfectamente que conlleva riesgos para su salud. Por tanto, dejemos de frivolizar con estas materias que son muy serias para la vida de los trabajadores”, recalcó.

Sin embargo, pese a la voluntad de la ministra de Trabajo de reconducir el tema hacia la jornada laboral, en general, los más interpelados por las palabras de Díaz han sido los hosteleros y los empresarios de la noche. “Tal y como se ha planteado el debate y teniendo en cuenta que la vida nocturna es uno de nuestros principales atractivos turísticos, la propuesta sería un tiro en el pie que solo beneficiaría a nuestros competidores”, ha justificado la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche). “Cualquier experimento que ponga en peligro nuestro modelo de vida, nuestro atractivo turístico y la actividad de las empresas del sector, solo puede provocar el rechazo social y empresarial”. 

Mientras, el presidente de la Confederación de Hosteleros de España, Luis Yzuel, ha empleado un tono muy distinto, En una entrevista en Antena 3 aseguró que Yolanda Díaz “meó fuera del tiesto con sus declaraciones” porque “no se puede generalizar con que los restaurantes cierran a la una. No es justo”. Yzuel es el mismo empresario que en diciembre aseguró que el sector hostelero siempre han trabajado “media jornada: de 12 a 12”. “Dar servicio a la una de la madrugada es una auténtica bondad”, aseguró. “La hostelería de España es envidia del mundo y en Europa lo que quieren es parecerse a nosotros, se quieren españolizar, quieren imitarnos”.

Un debate recurrente

El debate de la racionalidad de los horarios no es nuevo. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha el Plan Concilia, centrado en los horarios de los funcionarios, para limitar la jornada laboral a las 18.00 de la tarde y cuyo impacto cifró en medio millón de personas. También el Gobierno de Mariano Rajoy habló de poner las 18.00 horas como límite para acabar las jornadas, aunque no en todos los casos, porque excluía a los servicios públicos y a las empresas que tuviesen turnos de tarde o de noche. “Queremos que la jornada laboral en España acabe a las 18.00 horas y para ello impulsaremos un pacto con los representantes de empresas y trabajadores”, aseguró la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Un debate que no se materializó.

Ahora, casi ocho años después y tras las palabras de Yolanda Diaz, los agentes sociales también han vuelto a pronunciarse. “En los premios Goya estuvo ella hasta la 1,30, pero quiere prohibir que usted acabe una cena a la una. Pura coherencia totalitaria”, afirmó en X el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de la patronal CEOE, Miguel Garrido. “Ella, sus escoltas y su conductor, por cierto”, añadió. 

En cambio, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por plantear el mismo debate que propone Díaz. “La libertad tiene que ser compatible: de los ciudadanos a disfrutar y de los trabajadores a poder tener una jornada que les permita tener algún tiempo para disfrutar”. También en el caso de los empleados de la hostelería porque “tienen que disfrutar”. “A mí me parece que eso es lo razonable”. 

Mientras, CCOO ha pedido tener un “debate sereno” en el marco del Diálogo Social y la Negociación Colectiva. “Hablamos de un tema muy amplio, donde hay muchas realidades”, ha señalado a elDiario.es José María Martínez, secretario general de CCOO Servicios. “No es lo mismo la hostelería en verano, que en invierno; en una ciudad como Madrid que en un pueblo. Como no es lo mismo un chiringuito que pone espetos que otro que pone copas. Y hay formatos donde hay una precariedad enorme, donde hay jornadas que se alargan y donde, en ocasiones, se cobra en B”.

Martínez desglosa que el ocio nocturno no tiene convenio propio, está dentro de los que comparten hostelería y alojamientos, que son de carácter provincial, aunque Madrid y Gipuzkoa sí tienen estos últimos separados. “Cada provincia es un mundo, en salarios y condiciones. Pero hay mucha presión y no siempre se cumplen. Se abusa de la disponibilidad. Hay que negociar en los convenios y que se cumplan, con una inspección laboral que carece de medios”.

La casa que comparten personajes literarios como Fray Perico, Pampinoplas y el pirata Garrapata anda revuelta. El Grupo SM, una de las mayores editoriales españolas de material educativo y literatura infantil, propietaria de la mítica colección El Barco de Vapor, quiere despedir a casi 200 trabajadores en todo el país, casi un tercio de la plantilla. La empresa, propiedad de la orden religiosa Compañía de María, arguye “una caída de ingresos” en las últimas campañas, a pesar de que la facturación del conjunto del sector de la edición educativa aumentó un 5,5% en 2022, y las ventas de libros de literatura infantil y juvenil han crecido en España un 50% en los últimos cinco años.

Los empleados denuncian que la empresa, caracterizada por su labor social, pretende ejecutar los despidos con la indemnización mínima que establece la ley: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. “Nos sorprenden estos términos tan radicales”, afirma Pablo Lobato, que trabaja en SM como editor de libros de texto. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el Grupo SM el pasado mes de febrero tampoco contempla bajas voluntarias o prejubilaciones que podrían “paliar el daño” a la plantilla, que está protagonizando protestas a diario en la sede central del grupo en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

“La sensación de indignación está muy extendida entre el colectivo de trabajadoras y trabajadores, al constatar que, una vez más, el sufrimiento generado por una supuesta crisis económica propiciada por los dirigentes de la empresa va a recaer de manera desproporcionada en quienes no la han provocado”, relatan los empleados. Aluden a las “contorsiones organizativas” en la cúpula del grupo editorial que preside el religioso marianista José Manuel Cidad. También a la “mala gestión” del equipo directivo encabezado por Antonio Navarrete, que hace unos meses despidió a seis altos cargos “con unas condiciones que no tendremos en este ERE”, apostilla Belén Carneros, portavoz del colectivo de empleados de SM.

“Estamos perplejos”, apunta desde el anonimato una empleada veterana. En su opinión, extendida en una plantilla con salarios prácticamente congelados desde 2009, en lo más alto del organigrama de la empresa entraron personas sin experiencia en el “peculiar mundo editorial” que tomaron demasiadas decisiones erróneas. Tantas que han dejado en una situación vulnerable a la matriz española del Grupo SM, un gigante del sector que hace cinco años facturaba casi 300 millones de euros en cada ejercicio. Más de la mitad de ese negocio ya procedía entonces de las filiales en nueve países latinoamericanos de una empresa que destina parte de sus beneficios a proyectos sociales en diferentes latitudes, desde la Cañada Real de Madrid a la república caribeña de Haití.

Más de 80 años de historia

Las siglas SM hacen referencia a la Societas Mariae, nombre en latín de la católica Compañía de María que en 1938 fundó en Vitoria esta editorial educativa, trasladada unos años después a Carabanchel Alto, a la afueras de Madrid. En 1977 los religiosos marianistas constituyeron la Fundación SM como propietaria de la empresa, con la finalidad de “devolver a la sociedad los beneficios empresariales”. Dos años después, la editorial crearía los premios y colecciones Gran Angular y El Barco de Vapor. En esta última se consagró el escritor madrileño Juan Muñoz , 'padre' de Fray Perico y el capitán Garrapata, protagonistas de libros que han vendido más de un millón de ejemplares desde entonces. Actualmente, SM sigue publicando algunos de los títulos más leídos de literatura infantil y juvenil, como la serie Los Futbolísimos de Roberto Santiago.

“La empresa presume de una serie de valores que muchos trabajadores asumíamos como propios, como la ética del cuidado, pero ahora no se están aplicando con nosotros, porque no nos estamos sintiendo cuidados, y eso produce malestar”, lamenta Pablo Lobato en nombre de los 685 empleados en España entre los que se repartirán los 197 despidos que propone la empresa. El ERE afectará a la sede central de Boadilla, al centro logístico de Getafe (Madrid) y a las oficinas de Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas y Oviedo.

Los despidos, según se ha trasladado a la plantilla, se ejecutarían en dos fases: los primeros en abril y el resto en julio, cuando terminan las visitas de los comerciales a los centros educativos: este año tendrán que convencer a los docentes de que los mejores libros de texto son los de una editorial que está despidiendo a sus trabajadores. “Es lo que teme la red comercial, que los despidos les afecten terminada la campaña, y que tengan que trabajar con esa incertidumbre, obligados a defender el proyecto cuando no sabes si vas a seguir trabajando”, explica Lobato.

La empresa ha declinado hacer declaraciones a elDiario.es y remite a un comunicado que justifica el ERE por la pérdida de ingresos, aunque el Grupo SM no ha hecho públicos sus resultados de los dos últimos ejercicios. Los “sistemas de gratuidad” de los libros de texto implantados en las diferentes comunidades autónomas, el “incremento del 'no uso' de materiales” editoriales en el aula, “la creciente socialización de libros” o “el descenso de la natalidad” en España son algunas de las causas a las que atribuyen sus malos balances.

Una excepción en el sector

La caída de ingresos de SM es una excepción en el conjunto de editoriales educativas, que cerraron 2022 ―el último ejercicio con datos disponibles― con un volumen de negocio de 2.718 millones de euros y un incremento acumulado del 15% de sus ingresos durante los últimos cinco años, según el informe anual de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele). Incluso la venta de los tradicionales libros de texto ―que tuvo un retroceso en 2021― repuntó un 2,8% facturando 757 millones. Ese mismo año, el sector de la literatura infantil y juvenil ―el otro puntal de SM― cosechó un total de 469 millones en ventas, un 8,6% más con respecto al año anterior, apunta la Federación de Gremios de Editores de España.

La entrada en las aulas de la enésima ley educativa contribuye a este contexto boyante. La LOMLOE impulsada por la ministra socialista Isabel Celaá y aprobada a finales de 2020 ha supuesto la renovación de los libros de texto en todas las comunidades autónomas ―que tienen las competencias educativas y deciden la mitad de sus contenidos curriculares― durante los dos últimos cursos. “La aplicación de la LOMLOE ha sido un momento de beneficio para las empresas, aunque luego vengan años de barbecho”, reconoce José Moyano, presidente de Anele, que también representa al Grupo SM.

La fiesta editorial de los dos últimos cursos, sin embargo, ha dejado una desagradable resaca en determinadas empresas. “Algunas han sufrido más que otras”, indica el presidente de la patronal de los libros de texto. “Porque la LOMLOE se hizo muy deprisa y muy mal, y para tener listos los nuevos libros, se tuvo que contratar mucho personal. Eso ha hecho que las inversiones sean multimillonarias y la tasa de retorno no sea, en algunos casos, la esperada”, añade Moyano. 

El Grupo SM desliza en su comunicado que no han obtenido los resultados que esperaban en las “ultimas campañas, especialmente las de implantación de la LOMLOE”. “Tener listos los nuevos libros de texto fue horroroso, peor que en anteriores cambios legislativos, porque en algunas comunidades, por cuestiones políticas, no tenían definidos los contenidos curriculares cuando ya habíamos entrado en imprenta”, apuntan desde la plantilla de la editorial. Se refieren a los retrasos en regiones gobernadas por el Partido Popular como Andalucía. “Ha sido un caos”, resume el presidente de la patronal.

Tras el esfuerzo de los últimos cursos para adaptar a tiempo los nuevos contenidos de la LOMLOE, el ERE pilla a algunos trabajadores algo exhaustos. “Están siendo días de mucha angustia porque no solo sufres por si te echan: también por cómo van a hacer los que se quedan sin un tercio de los que estamos ahora”, reflexiona un editor de la plantilla al que no le salen las cuentas. SM defiende en su comunicado que los despidos ayudarán a hacer la empresa “sostenible”, aunque no ha presentado ningún plan de viabilidad a la plantilla, que teme un escenario laboral “insostenible” cuando haya que afrontar el trabajo cotidiano con 197 compañeros menos. “Los libros de texto requieren tiempo para hacerse bien, porque son importantes y siguen siendo útiles, y con este ERE la empresa no los está poniendo en valor”, remacha otro de los veteranos. 

El futuro circuito de Fórmula 1 en Madrid tendrá una curva custodiada por dos nidos de ametralladoras. Una peculiaridad que pasó bastante desapercibida durante la presentación, hace dos semanas, del nuevo Gran Premio de España que se celebrará en los recintos feriales de Ifema a partir del año 2026. Solo el ingeniero italiano Jarno Zaffelli, CEO de la empresa Dromo que ha diseñado el trazado, habló del “búnker” cuando describió el recorrido del circuito. Se refería a los fortines de la Mata Espesa, construidos por el Gobierno de la República para defender Madrid durante la Guerra Civil. Dos cubos gemelos de hormigón, de más de cien toneladas cada uno, que fueron trasladados en 2020 mediante una operación inédita en España que costó al recinto ferial 177.000 euros.

Los fortines, protegidos por ley, estorbaban para la frustrada ampliación de Ifema en el desarrollo de Valdebebas, y se trasplantaron a un nuevo recinto musealizado junto a la calle Francisco Umbral. El Ayuntamiento de Madrid gobernado por José Luis Martínez-Almeida (PP) dijo entonces que en su nuevo emplazamiento podrían “ser visitados y accesibles para todos los ciudadanos”. Cuatro años después, sin embargo, el recinto de los fortines permanece cerrado porque el consistorio ha cambiado de opinión. “Es inviable por su situación”, se justifica una portavoz municipal.

Los fortines de la Mata Espesa se encuentran en el noreste de la ciudad, justo en el límite del distrito de Barajas con el de Hortaleza, junto al barrio de Las Cárcavas. Según fuentes municipales, esta pareja de nidos de ametralladoras no tiene “una entidad relevante” que justifique su incorporación al programa de visitas guiadas Pasea Madrid, que sí incluye otros enclaves de la Guerra Civil en el mismo distrito de Barajas como el búnker del parque de El Capricho o el fortín del castillo de la Alameda.

De esta manera, el Área de Cultura, Turismo y Deporte que dirige la delegada Marta Rivera de la Cruz desdice a su predecesora, Andrea Levy, que hace cuatro años prometía que los fortines abrirían al público tras su traslado y posterior restauración. “Esta actuación se enmarca dentro de la preocupación y sensibilidad del actual Gobierno de Madrid hacia el patrimonio histórico de la Guerra Civil”, aseguraba el Gobierno de Almeida en una nota de prensa en octubre de 2020.

Un traslado difícil

Los fortines de la Mata Espesa fueron trasladados el 2 de noviembre de 2020 por Ifema, la empresa que gestiona los recintos feriales de Madrid, porque suponían un obstáculo para construir tres nuevos pabellones en un descampado del desarrollo de Valdebebas que entonces albergaba el macrofestival de música Mad Cool. Solo unos días antes del traslado, el 20 de octubre, el entonces director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, Luis Lafuente, defendía el traslado de los fortines porque quedarían alojados en un nuevo recinto con “paneles informativos en el que se contextualizará la historia y el significado de estos bienes culturales”.

Lo dijo en una sesión de la comisión municipal de Cultura, donde atribuyó al Ayuntamiento la decisión de mover los fortines para “ponerlos en valor”. “Se ha trabajado para que los fortines fueran ubicados con idéntica orientación a la que tienen actualmente y en una zona que resulte accesible a los visitantes, porque se encontraban en un estado de degradación importante en una zona vallada que no es accesible al público”, argumentó Luis Lafuente, que en la misma sesión señaló su intención de que Ifema asumiera el mantenimiento y la conservación de los fortines como contraprestación por la cesión de la parcela municipal en la que pretendía ampliar los recintos feriales.

“Y si esa propuesta no llegase a buen puerto, el mantenimiento y la conservación de estos fortines serán asumidos por la Dirección General de Patrimonio que dirijo”, remachó el entonces responsable de Patrimonio del Ayuntamiento, que fue cesado en julio de 2023, cuando Marta Rivera de la Cruz, procedente del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, asumió el Área de Cultura de la capital.

“Esto demuestra el interés que tiene el Ayuntamiento con el patrimonio de la Guerra Civil, porque es un tema molesto para el Partido Popular, por eso prefieren tenerlo cerrado. Porque si lo abren, ¿qué es lo que van a tener que contar?”, denuncia Alicia Torija, arqueóloga y diputada regional de Más Madrid.

El Gobierno municipal liderado por Almeida mantenía hasta el año pasado, mientras Andrea Levy estaba al frente del Área de Cultura, un compromiso verbal para abrir los fortines al público. En 2021, por ejemplo, el consistorio anunciaba que al siguiente año sería uno de los destinos de las visitas guiadas del programa Pasea Madrid del Ayuntamiento. “El Área de Cultura entiende que estos fortines, ya restaurados y reubicados en este nuevo lugar, no pueden estar sin ser difundidos”, se insistía entonces.

Llegó 2022 y aquel compromiso tampoco se cumplió. Y en 2023, tras las elecciones municipales que dieron mayoría absoluta al Partido Popular, entró un nuevo equipo de Cultura con un criterio antagónico: el Área que dirige Rivera de la Cruz considera los fortines de la Mata Espesa como “una posición defensiva aislada y que no tiene fácil interpretación ni una entidad relevante desde el punto de vista de su apertura al público”.

Construcciones de defensa de la República

Entre octubre de 1936 y abril de 1937, el Gobierno de la República construyó un cinturón de fortificaciones en el perímetro de Madrid para defender la ciudad en todos los puntos cardinales ante una ofensiva del ejército sublevado, que finalmente atacó por el sur arrasando poblaciones de la periferia como los Carabancheles.

Los fortines de la Mata Espesa quedaban enclavados en las afueras del noreste de la capital, entre los antiguos municipios de Hortaleza y Barajas, cuando todo aquello era campo. Esta pareja de nidos de ametralladoras vigilaba desde un paraje conocido como el Cerro del Castillo, y por sus troneras se divisaba el aeródromo de Barajas.

Los fortines tenían un sistema de “comunicación heliográfica, mediante señales de un aparato de reflejo solar”, con un fortín-observatorio situado a kilómetros de distancia, en el pueblo de Paracuellos del Jarama, que avisaba de ataques de la aviación franquista al aeródromo, según detalla la asociación Grupo de Estudios del Frente de Madrid (Gefrema), dedicada a la investigación y conservación de las construcciones militares de la Guerra Civil.

En los fortines de la Mata Espesa nunca se disparó contra el enemigo por su posición en retaguardia, alejados del frente enquistado en la Ciudad Universitaria y la Casa de Campo. Por eso Antonio Morcillo, presidente de Gefrema, sospecha que a estos fortines ni siquiera llegaron ametralladoras. “Es un puesto que nunca estuvo guarnecido, y probablemente nunca tuvo uso militar”, sostiene.

Gefrema tiene localizada una veintena de construcciones defensivas alrededor de la capital. En este inventario de búnkeres y casamatas, los fortines de la Mata Espesa destacan por su “excelente” estado tras pasar decenios a la intemperie y rodeados de trigales. En esa zona de la ciudad, el movimiento vecinal de Hortaleza soñó con una segunda Casa de Campo, aunque los suelos rústicos acabaron sucumbiendo a la presión urbanística, primero con la construcción de los recintos feriales de Ifema, y después con la aprobación del extenso desarrollo de Valdebebas. Los fortines quedaron atrapados dentro de una enorme parcela de 500.000 metros cuadrados y titularidad municipal reservada a una futura ampliación de los recintos feriales que se activó definitivamente en 2019, cuando en Ifema existía cierta euforia tras encadenar dos ejercicios batiendo récords en cifras de negocio.

Nadie sospechaba entonces la pandemia que se venía encima. Ifema, empresa que está participada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, puso en marcha un ambicioso proyecto de expansión en la parcela de Valdebebas, colindante a la ciudad deportiva del Real Madrid, que contemplaba la construcción de nuevos pabellones. Y los viejos fortines estorbaban para acometer las obras, que nunca pasaron de un simple movimiento de tierras.

Protegidos por la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid, Ifema planteó una solución inaudita para salvar los fortines: moverlos unos centenares de metros. La idea fue criticada por asociaciones como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCYP), que reclamó integrar los búnqueres dentro de la ampliación de los recintos feriales, como hizo el arquitecto Miguel Fisac cuando diseñó la celebrada iglesia de San Pedro Mártir, al norte de la capital, y conservó un fortín en los jardines exteriores del templo.

Ifema alegó que mantener los fortines en su localización original impedía “una ordenación eficiente del recinto ferial que se ajuste a las necesidades de la ampliación prevista”, mientras el traslado a un lugar cercano con mayor cota de terreno y junto a una vía pública, manteniendo además tanto la orientación de los fortines como la disposición de sus trincheras, tenía ventajas. “Así se facilita la visibilidad y el acceso a los fortines desde el espacio público, con lo que se pretende fomentar y difundir el patrimonio cultural municipal relacionado con la Guerra Civil española”, se podía leer en el proyecto, que recibió el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

El plan técnico lo firmaba el arquitecto Juan Guzmán asumiendo un reto sin precedentes en España: cambiar de sitio dos moles de hormigón, de 115 toneladas cada una, sin que sufrieran rasguños. “Aunque no lo parezca, los fortines eran frágiles, porque había que calzarlos y mantener su integridad al sacarlos. Por eso el proyecto tuvo su parte creativa, y un calculista nos ayudó, por ejemplo, para que al elevarlos no se vinieran abajo”, detalla el arquitecto, que vivió con “miedo” y “mucha incertidumbre” la jornada del traslado, el 2 de noviembre de 2020.

Quienes presenciaron la operación hablan de algo “espectacular”. Las moles de cuatro metros cúbicos fueron arrancadas con grúas hidráulicas. Después un camión debía trasladarlas sobre una góndola especial con seis ejes de ruedas por un camino de tierra hasta su nuevo emplazamiento, situado a apenas 200 metros al oeste. Poco trecho, pero se hizo eterno: la cabeza tractora del camión se ahogaba y tuvo que remolcar una retroexcavadora. “Hubo muchos problemas, porque también había llovido y el suelo estaba mojado”, rememora el arquitecto Guzmán.

Al día siguiente, las grúas terminaron de colocar los fortines en los huecos preparados junto a la calle Francisco Umbral. “Fue un éxito”, resume Antonio Morcillo, de Gefrema. Una vez trasplantados, se procedió a la restauración de los fortines, vandalizados con grafitis en el exterior, mientras dentro había restos de hollín porque durante años sirvieron de refugio para personas sin hogar. Meses después, en 2021, ya lucían como nuevos, listos para recibir visitantes en un recinto musealizado con paneles explicativos. Aunque tres años después por allí es más fácil ver conejos merodeando, incluso perdices, que a un ser humano.

El entorno de los fortines no siempre es así de tranquilo. Desde su traslado, la parcela de Ifema ha acogido todo tipo de acontecimientos multitudinarios y bulliciosos. Frente a las troneras se han visto conciertos de gigantes del rock como Metallica y de nuevas sensaciones como Bizarrap. Apenas un mes después de la actuación del joven músico argentino, en el mismo escenario vociferó su compatriota Javier Milei: ocurrió en octubre de 2022 durante el festival que organizó Vox en el recinto creado para acoger el Mad Cool.

Ironías del destino, la ultraderecha fue a celebrar su gran fiesta frente a unos fortines edificados para contener al fascismo. En 2026 serán los monoplazas de Verstappen, Sainz o Hamilton los que desfilen a toda velocidad delante de estas construcciones defensivas de la Guerra Civil. Quizás para entonces, seis años después de su traslado, el Ayuntamiento se decida a abrirlos al público. “Me da pena, porque me gustaría poder visitarlos y llevar a mis hijas”, lamenta Juan Guzmán, el arquitecto que se estrujó las meninges para cambiar los fortines de sitio.

El joven Raúl Barreto mantiene su domicilio en un lugar que no existe. Así consta en una reciente sentencia judicial: calle Camporredondo, 18, en el madrileño distrito de Hortaleza. Un solar en la actualidad, o en palabras de este técnico de iluminación de 31 años y padre de un niña, “un descampado para que caguen los perros”.

Lo dice con amargura porque allí debería estar construida su nueva vivienda. La antigua fue derribada hace seis años, con muchas pertenencias dentro, minutos después del tumultuoso desahucio que sufrió su numerosa familia, que no le debía ni un euro a nadie. Por si fuera poco drama, aquel día Raúl acabó en comisaría.

Le acompañó Chema Ruiz, que el 10 de noviembre de 2011, cuando se produjo el desahucio, era portavoz en Madrid de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ambos fueron detenidos durante el desalojo de las decenas de vecinos y activistas que se sentaron frente a la amenazada vivienda para formar una muralla humana que evitara el desahucio. Todos ellos ejercieron una resistencia pasiva y fueron sacados por los agentes de la Policía Nacional. Hasta un helicóptero estuvo sobrevolando la zona aquella mañana.

Desde entonces, Raúl y Chema tenían un juicio pendiente. Las diligencias policiales les atribuyeron inicialmente las lesiones de ocho agentes antidisturbios, aunque el forense descartó que hubiesen sido provocadas por los detenidos.

Tuvieron que pasar cinco años del desahucio para que se concretara la acusación. El pasado 16 de enero Raúl y Chema se sentaron en un juzgado madrileño imputados por un delito de resistencia con una petición de un año de prisión por parte de la Fiscalía. Un mes después, la sentencia les ha absuelto del delito y reduce la actitud de los acusados durante el desahucio a una falta que, además, ha prescrito, según la jueza.

Contradicciones policiales

El día del juicio uno de los agentes que participó en el desahucio le acusaba de haber dirigido “puñetazos y patadas” contra la Policía provocando “daños” a “nueve” antidisturbios. Los activistas y vecinos, según el relato del agente, formaron “una masa violenta” contra el dispositivo policial, “verbalmente y luego físicamente”, concretó.

Durante el desahucio, el periodista Javier Robles, de Radio Enlace, grabó la escena del desalojo. Y la abogada de Chema Ruiz lo presentó en el juicio. “El vídeo no lo sacamos hasta que estábamos en la sala”, explica la letrada Angélica Domínguez.

En la grabación no se pudo ver “el desalojo concreto de los acusados”, se lee en la sentencia, pero revela que en la declaración de los dos agentes que acudieron al juicio “se aprecian demasiadas inconcreciones en relación a cómo se produce esa resistencia activa por parte de los acusados”. En ese sentido, la jueza considera que los movimientos de Chema y Raúl, violentos según las declaraciones policiales, podían ir dirigidos, simplemente, “a intentar desasirse” en el momento del desalojo.

“No consideramos que ese mínimo acto de resistencia por parte de los dos acusados pueda calificarse como grave y suficiente para fundamentar el delito de resistencia”, afirma la magistrada en la sentencia, que subraya la ausencia de “lesiones” en los agentes, como probó la prueba forense.

Seis años después, Raúl se ha quitado un peso de encima, pero sigue sin el techo que le corresponde a su familia. En la vivienda derribada vivía con su mujer y la hija de ambos, compartiéndola con sus suegros y la abuela de su esposa. Se trataba de un 'palomar', como se denominaba en el barrio a las casitas de pequeños ventanucos que formaban el Poblado de Absorción de Canillas, construido por el franquismo en 1956 para albergar a 600 familias expropiadas durante la gran expansión urbanística de Madrid.

Se trataba de una solución temporal hasta que llegara la edificación de otras viviendas definitivas. Pero la dictadura nunca cumplió su promesa y, transcurridos 50 años, los 'palomares' pasaban, por contrato, a ser propiedad de los inquilinos que no hubiesen sido realojados, como le ocurrió a esta familia.

El antiguo IVIMA, organismo de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, asumió el compromiso de remodelar el barrio en los años 80, pero lo sigue haciendo a un ritmo lento. Tanto que todavía siguen pendientes de entregar 235 viviendas que acumulan años de retraso.

De momento, la familia de Raúl no tiene asegurado el realojo en esos edificios por terminar, cuyas obras se reanudaron el año pasado. Un error de la administración los dejó fuera del sorteo en 2011, cuando el IVIMA ordenó el derribo de la antigua vivienda de la familia para liberar suelo que permitiera avanzar en la remodelación del barrio. Sin embargo, el número 18 de la calle Camporredondo no solo es todavía un solar. Tampoco existe ningún proyecto para edificar vivienda en ese suelo que urgía liberar hace seis años.

Estrella fue desahuciada el día que cumplía 50 años. Y perdió su vivienda de forma literal. “El desahucio fue a las diez, y una hora después toda mi vida estaba en un camión lleno de escombros”, rememora. El 10 de noviembre de 2011, tras un tumultuoso desalojo con decenas de agentes antidisturbios y un helicóptero sobrevolando la zona, la excavadora acabó en pocos minutos con la casita donde residía junto a su familia.

Cuatro generaciones bajo el mismo techo: su madre, de 73 años, su hija y su nieta, que entonces tenía apenas un año, se quedaron en la calle. También su yerno Raúl Barreto, que tras ser desahuciado culminó la aciaga jornada en comisaría.

“Estaba tan nervioso que prácticamente no me acuerdo de nada, pero hubo un momento de tensión en el que estaban pegando a mi cuñado, me puse de por medio y me esposaron”, relata Raúl, que ahora tiene 31 años, es técnico de iluminación y lleva cinco meses trabajando en una gira por toda España.

El lunes le toca volver a Madrid, su ciudad: tiene que acudir a un juzgado de lo penal imputado por un delito de resistencia y con una petición de un año de prisión. Junto a Raúl, en el banquillo se sentará Chema Ruiz, que en 2011 era portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid y sobre el que pesa la misma acusación.

“Esto es un despropósito”, afirma Chema, de 43 años, que aquella mañana acudió a la convocatoria promovida por asambleas del 15M para negociar con la comisión judicial un aplazamiento de la ejecución. “Pero la Policía ni siquiera nos dejó hablar con ellos”, recuerda detallando todas las circunstancias de aquel desahucio.

Por ejemplo, que la familia perdiera una casa que estaba pagada y de la que eran propietarios. La vivienda, ubicada en Canillas, en el madrileño distrito de Hortaleza, formaba parte de un Poblado de Absorción levantado en 1956 por el franquismo para cobijar a familias que habían sido expropiadas en otras zonas de la capital para acometer obras como la construcción de la M-30.

Las viviendas de este poblado, a las que el vecindario bautizó como 'palomares' por sus pequeños ventanucos y estrechas estancias, se construyeron como una estancia temporal que pasaría a ser propiedad de sus inquilinos si 50 años después de la entrega de llaves no habían sido realojados en otra vivienda definitiva.

El franquismo no cumplió con su promesa de trasladar a las familias del Poblado de Canillas a sus nuevos hogares, y esa deuda pendiente la acabó asumiendo el IVIMA, organismo de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, que desde los años 80 remodela el barrio por fases y a ritmo lento. Cuando llegó el turno de la familia de Estrella, un error de la administración los dejó fuera del sorteo abocándolos a una situación sin salida: el IVIMA tenía que derribar su casa para liberar suelo y avanzar con la remodelación del barrio, pero no les ofrecía una alternativa habitacional.

“Después el IVIMA nos dijo, para compensar el error, que podíamos irnos a otro barrio de Madrid”, apunta Estrella, que regenta un bar en el barrio de Canillas, donde ahora preside su asociación vecinal. Entonces rechazó el ofrecimiento del organismo público porque su madre, enferma, requería cuidados que la distancia habría hecho imposibles. El caso se acabaría judicializando, y los tribunales sentenciaron desahucio.

“Pero aquel día los antidisturbios aparecen por una decisión política, porque lo decide Delegación de Gobierno (entonces con María Dolores Carrión al frente)”, sostiene Chema Ruiz, que califica como desproporcionado aquel despliegue policial, con siete furgonetas de antidisturbios de la Policía Nacional que fueron sacando “a rastras” a las decenas de vecinos y activistas que se plantaron delante de la vivienda de Estrella y su familia para impedir el desalojo con una sentada. La escena fue grabada en vídeo, incluso apareció en el programa Callejeros de Cuatro, y en ella se escucha como las personas que participaron en la acción gritaban “No a la violencia” mientras intervenían los agentes.

“A mí me detienen porque se les antoja y porque estaba significado por mi trabajo en la PAH”, interpreta Chema, que pocas semanas después del desahucio fue citado a declarar ante el juez, junto a Raúl, sin saber de qué le acusaban. “Fuimos con Rafa Mayoral (ahora diputado de Podemos) y lo único que nos dijeron es que estaban valorando el delito de sedición”, asegura el activista.

Su abogada actual, Angélica Domínguez, recuerda que las diligencias policiales se acompañaron de ocho partes médicos de los agentes que participaron en el desahucio, y que un médico forense no pudo vincular con los dos detenidos. “Los intentaban emplumar”, afirma la letrada, destacando que durante la instrucción no se admitieron como prueba las imágenes grabadas durante el desahucio. “Los vídeos no se han llegado a visualizar ni a tener en cuenta, y si se hubiera hecho, no habríamos llegado a este punto de apertura de juicio oral, porque existe una prueba gráfica de que no hubo ningún delito, ni resistencia a la autoridad”, lamenta.

Tanto la PAH Madrid como otras plataformas de vivienda y vecinales han convocado el lunes 16 de enero, a las 12 horas, una concentración frente a los juzgados de la calle Julián Camarillo de Madrid para apoyar a Chema y Raúl en su cita con el juez. “En el peor de los casos, no ocurrirá nada porque no tenemos antecedentes, pero pretenden darnos el toque de atención para que la próxima vez nos quedemos en casa”, según el antiguo portavoz de la PAH.

Cinco años después, la parcela que ocupaba la vivienda de la familia de Estrella sigue siendo un solar donde la Comunidad de Madrid no ha construido las viviendas de realojo que apremiaron el desahucio. “Un descampao para que caguen los perros”, sentencia Raúl.

La pesadilla de Patricia, la joven madrileña que podía acabar en prisión por intentar impedir un desahucio, ha terminado cuatro años después. Una sentencia del juzgado de lo penal número 22 de Madrid la absuelve del delito de atentado por el que fue procesada, pero la condena por uno de lesiones y otro de resistencia a sendas multas económicas de tres meses y un día.

Tendrá que indemnizar con 4.957 euros al agente antidisturbios de la Policía Municipal que la sacó a rastras de un portal del barrio de Hortaleza en noviembre de 2011, cuando, junto a decenas de activistas, participaba en una sentada pacífica para intentar evitar que una familia perdiera su hogar. 

Patricia, que entonces tenía 23 años, fue desalojada por dos antidisturbios de la Policía Municipal y regresó a su domicilio después de que se ejecutara el desahucio. Horas después, dos agentes de la Policía Nacional fueron a su casa a detenerla acusada de haber agredido a un policía. Pasó la noche en el calabozo y desde entonces se enfrentaba a una petición de cárcel de tres años, como solicitó la Fiscalía en el juicio celebrado el pasado 10 de marzo.

En el auto, el juez admite como hechos probados que Patricia participó el 18 de noviembre de 2011 junto a otras personas en una sentada “con el fin de impedir de forma pacífica el desahucio” de una familia con tres menores y una anciana en un piso de alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

Sin embargo, el magistrado da por hecho que la acusada, cuando fue levantada por dos agentes antidisturbios de la Policía Municipal, “hizo un zigzag con las piernas dando dos patadas (sic) al agente” que “le hace caer al suelo”. Una supuesta agresión de la que no existe ninguna prueba gráfica, a pesar de que aquel desahucio, producido en vísperas de las elecciones generales de 2011, fue cubierto por diferentes periodistas, fotógrafos y televisiones, incluso algunas internacionales que se encontraban en Madrid para realizar la cobertura de los comicios.

Durante el juicio, Patricia reconoció su participación en la sentada para impedir el desahucio y también que, como el resto de vecinos y activistas que formaron una muralla en el portal de la familia afectada, desobedeció al mediador de la Policía Municipal que les pidió que desalojaran la entrada al edificio de viviendas.

Según la joven, que participaba por segunda vez en su vida en un Stop Desahucios, cuando los agentes la cogieron por sus extremidades para separarla del grupo perdió el equilibrio e intentó poner un pie en el suelo, que sin intención tocó al policía. “Dejádmela a mi”, asegura que respondió el antidisturbios, que tras desalojar a Patricia continuó su actuación con otros activistas. La defensa lo demostró aportando como prueba un vídeo donde el agente aparece, después del incidente con la acusada, sonándose la nariz. El pañuelo lo sujetaba con el brazo donde se produjo la supuestamente dolorosa lesión.

El vídeo que no se aceptó en el juicio

“No entendemos por qué el juez no valora el vídeo y dota de más credibilidad a la policía que a otros testigos, como un reportero neutral que presenció la escena”, critica Eric Sanz de Bremond, abogado de Patricia. Durante el juicio, solo los testigos de la acusación particular, todos agentes de la Policía Municipal, aseguraron haber visto las patadas que habrían provocado la caída de su compañero. Estos agentes afirmaron ante el juez que evitaron la detención de Patricia en aquel momento para evitar alteraciones del orden. A pesar de que el desahucio se ejecutó, durante el lanzamiento no hubo detenciones ni altercados, como confirman las personas que participaron en la sentada.

“La sentencia dota de mayor credibilidad a los testigos de la acusación que a los de la defensa”, ha denunciado la Comisión Legal Sol mediante un comunicado. “En el juicio se denegó a la defensa la posibilidad de reproducir un vídeo que obraba en la causa y en el que se puede ver como el agente siguió actuando con total normalidad tras el desalojo de Patri, lo que contradice lo declarado por él mismo, quien siempre ha afirmado que tras la patada sufrió un fuerte dolor y que no pudo volver a actuar. Incluso tras el visionado del vídeo que sí se realizó en Instrucción, el propio policía se reconoció en las imágenes”, aseguran los abogados del 15M.

El alcance de la lesión del agente también se puso en entredicho durante el juicio. Según el antidisturbios denunciante, sufrió una fractura en el codo que le mantuvo de baja 73 días y que, cuatro años después, le sigue doliendo. Uno de los traumatólogo que prestó declaración en el juicio dijo que en la primera radiografía “no estaba claro” que tuviera una rotura, y afirmó que podía tratarse de un simple esguince. En el auto, el juez reconoce que las lesiones denunciadas por el agente le generan “dudas”.

Sin embargo, el magistrado considera los testimonios de los policías como “totalmente creíbles” y “prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia de la acusada”. Incluso reconoce que atribuye “más credibilidad” a los agentes que al relato de Patricia, por lo que da por probados los delitos de resistencia y lesiones. Pero no considera “grave” la resistencia de la joven, que no tenía antecedentes, como para condenarla por atentado.

Los abogados de la Comisión Legal Sol ya han anunciado que recurrirán una sentencia que “condena a una persona inocente a la que no se le ha permitido utilizar todos los medios de prueba que tenía a su disposición y cuya presunción de inocencia se ha visto enervada por la mera declaración de los funcionarios de policía”.

“Agotaremos todas las opciones a nuestro alcance para conseguir el único resultado que consideramos justo: la total absolución de Patri con respecto a la agresión por la que se le condena”, concluyen en el comunicado.

Han pasado cuatro años y casi cuatro meses, aunque a Patricia se le ha hecho eterno, como si hubiese cumplido una condena. “Me parece algo muy lejano, como si hubiera ocurrido hace un siglo”, explica esta joven madrileña al recordar la mañana del 18 de noviembre de 2011, el día que le cambió la vida.

Patricia tenía entonces 23 años y estudiaba la carrera de Biología. Como miles de personas de toda España, el incipiente movimiento del 15M que brotó aquel año en la Puerta del Sol le despertó la conciencia. “No había sido una persona activa en los movimientos sociales, me animé en aquel momento a asistir a las asambleas. Era novata y ese fue mi segundo desahucio”. El 18 de noviembre de 2011, España se encontraba en campaña electoral. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero apuraba sus últimos días como presidente del Gobierno. En Madrid, otro político ahora jubilado, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), era alcalde y el Ayuntamiento de la capital todavía desahuciaba.

Aquella mañana, Patricia se sumó a una convocatoria para impedir que los agentes antidisturbios de la Policía Municipal dejaran en la calle a una familia del barrio de Manoteras. Junto a decenas de personas, lo intentó sentándose en el portal del edificio, formando una enorme muralla humana que bloqueaba el acceso a la vivienda. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, porque al desahucio acudieron televisiones de países como Noruega, Finlandia, Irán o Canadá que se encontraban en Madrid para cubrir las elecciones.

En los vídeos se ve cómo los agentes sacaron a la fuerza, uno a uno, a todos los vecinos y activistas que participaron en la acción de “resistencia pasiva y pacífica” hasta que lograron despejar el portal. Todos fueron identificados, aunque no hubo altercados ni detenidos. Finalmente, los activistas no pudieron evitar el desahucio.

Pasó 20 horas en el calabozo

Horas después, la Policía también sacó a Patricia de su propio hogar. “Fue sobre las siete de la tarde. Cuando vinieron a detenerme estaba en shock. No fui consciente de que estaba detenida hasta que cerraron la celda. Me llevaron a comisaría diciendo que iba a declarar. Yo pensaba que me iban a poner una multa por haber participado en el desahucio”.

Al día siguiente, cuando la liberaron tras 20 horas en los calabozos, Patricia supo que un agente antidisturbios de la Policía Municipal, perteneciente a las unidades que ha disuelto la actual alcaldesa Manuela Carmena, la había denunciado por agresión. Presuntamente, la joven le fracturó el coronoides del brazo izquierdo durante un forcejeo. El Ayuntamiento ha contestado a eldiario.es que no entra a valorar este hecho ocurrido hace cuatro años.

Concretamente, cuatro años y casi cuatro meses después, Patricia se sentará ante el juez acusada de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones este jueves 10 de marzo. La Fiscalía pide tres años de cárcel y una indemnización de 8.900 euros para el agente lesionado. Una petición que la llevaría a prisión, y que resulta más severa incluso que la de la propia acusación, que solicita un año por los mismos delitos. Una paradoja en un caso repleto de “contradicciones”, según Eric Sanz de Bremond, abogado de Patricia.

“No es habitual que la acusación pública pida más que la acusación particular, y sorprende que sea una petición tan alta”, explica el letrado. “Tampoco somos capaces de entender que Patricia no fuese detenida inmediatamente tras la supuesta agresión, porque la Policía tiene la obligación de detener a una persona en el momento que comete un delito. Además, el juicio ha tardado cuatro años en llegar, cuatro años en los que Patricia ha tenido que vivir con la inquietud de saber cómo va a acabar esto, algo que ya es una especie de castigo por la amenaza de condena”, añade Sanz de Bremond.

Cuatro años después

Patricia hoy tiene 27 años. Desde aquella mañana del desahucio ha tenido tiempo de terminar su carrera de Biología y completar un módulo de Formación Profesional de Ciencias Forestales. Ya no vive en el madrileño barrio de Hortaleza, porque consiguió un empleo en un centro de investigación agraria de Galicia, donde reside actualmente. “Ahora que había encontrado un trabajo de lo mío, que estaba a gusto, me han dado un hachazo al comunicarme la fecha del juicio. Otra vez se me ha parado la vida. Y vuelvo a estar en sus manos”, confiesa la joven.

No tiene antecedentes y se define como “una persona tímida” que en ocasiones se ha sentido desbordada por las muestras de solidaridad que ha generado su caso. Desde que fue denunciada por el agente antidisturbios, la plataforma Patricia Absolución, que integran muchas de las personas que participaron en el desahucio, ha promovido varias campañas para defender la inocencia de Patricia, sumar apoyos a su causa y recaudar fondos para hacer frente a la petición de indemnización de la Fiscalía.

La plataforma que defiende la inocencia de Patricia asegura que el agente lesionado continuó sacando a gente “a rastras” aquella mañana después de desalojar a Patricia, y remite a los vídeos de diferentes reporteros para demostrarlo. Sin embargo, y a pesar de la cobertura internacional del desahucio, no existe ninguna grabación de la supuesta agresión de la joven al policía. “Si un policía se cae al suelo porque Patricia le propina una patada, como defiende la acusación, lo primero que habrían hecho los cámaras presentes en el desahucio es encender y grabar la escena”, argumenta el abogado Sanz de Bremond.

La desahuciada también lo niega

También niega la supuesta agresión Azucena Paredes, la mujer que fue desahuciada, junto a sus tres hijos menores y su madre octogenaria, el 18 de noviembre de 2011 en el barrio de Manoteras. “Yo puedo asegurar, porque lo vi todo desde la ventana de mi casa antes de que nos sacaran, que ninguno de los que estaban sentados ante la puerta del bloque agredió a ningún policía, más bien al revés”, ha escrito en un comunicado de apoyo a Patricia.

Azucena, que perdió su vivienda de alquiler social por una deuda de su madre con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, consiguió después, gracias a la repercusión internacional de su desahucio, una manutención procedente de una familia noruega que se estremeció con las imágenes del lanzamiento. Además, Azucena y sus hijos viven hoy en un pueblo de Toledo, en una vivienda que les ha cedido, y resulta irónico, un policía que conoció su situación por los medios de comunicación.

Aplazado el ingreso en prisión de  Esther, la mujer condenada a cárcel por robar ropa para venderla. Esther Gabarra ha pasado la mañana de este viernes inquieta en la asociación vecinal de Manoteras, el barrio madrileño donde reside con sus cuatro hijas desde que enviudara hace tres años. La mujer esperaba una llamada para saber si debía entrar ya en prisión, y ha llegado al mediodía: el juzgado de Instrucción número 6 de Getafe, el mismo que el pasado 7 de enero la condenó a cuatro meses de prisión por un hurto de ropa en un centro comercial, ha decidido aplazar su ingreso “para valorar mejor” la petición de su abogado, Daniel Amelang, que solicitó una suspensión hasta que se resuelva la petición de indulto respaldada por más de 150.000 personas.

“La noticia es una buena señal, porque el juzgado no habría aplazado el ingreso si no tuviera la intención de revisar el caso” afirma el letrado, que el pasado martes presentó en el Ministerio de Justicia la petición de indulto para Esther. Este trámite puede llevar varios meses. La mujer, que mantiene a sus cuatro hijas de entre 12 y 20 años con los 500 euros que percibe de la Renta Minima de Inserción (REMI), reconoce que ha hurtado ropa en varias ocasiones para lograr llegar a fin de mes. Con antecedentes por otros robos menores acumulados en el último año y medio, el pasado 5 de enero fue detenida tras ser cazada por un vigilante de seguridad en un centro comercial de Getafe con prendas en el bolso de un valor de 428 euros.

Algo de tranquilidad

“Ahora estoy algo más tranquila, pero esto todavía no se ha resuelto, aunque tenemos diez días también para intentar conseguir el tercer grado”, explicaba Esther tras conocer la suspensión de su ingreso en prisión, fijado para este viernes 22 de enero, agradecida por la movilización vecinal que ha logrado visibilizar su caso en todo el país.

Los apoyos al indulto de Esther han crecido de forma exponencial estos últimos días tras la repercusión del caso en todo tipo de medios de comunicación. La campaña iniciada el viernes pasado desde Manoteras y lanzada por las redes sociales ha  logrado más de 150.000 firmas, casi la población de Hortaleza, el distrito madrileño donde reside Esther.

Vecinos del barrio como José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea regional madrileña, también han manifestado públicamente su apoyo a esta madre de 40 años es situación de vulnerabilidad. Concejales de Ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena como Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente o Yolanda Rodríguez (Ahora Madrid) también firmaron la petición de indulto.

El pasado 5 de enero, Esther Gabarre, madrileña de 40 años, viuda y con cuatro hijas -de entre 12 y 20 años-, sabía que los Reyes Magos no iban a pasar por su casa. Así que salió a la calle a buscar los regalos por su cuenta. Pero no tenía nada en la cartera. Tampoco en la nevera. “Me da vergüenza, pero es lo que hay, lo hago solamente cuando me hace mucha falta, cuando mis hijas necesitan algo, porque no tengo a quién acudir y es muy duro, porque mis hijas tienen que comer”. Esther, que es vecina del barrio de Manoteras, en el distrito de Hortaleza de Madrid, se trasladó a un centro comercial de Getafe, entró en un probador con varias prendas y se metió en el bolso todo lo que pudo. Algunas con la intención de revenderlas después. Otras para que en casa hubiera algún regalo al día siguiente.

“Para una madre es duro no tener ni unos calcetines para dárselos en Reyes, pero eso es lo de menos, la necesidad es la alimentación, tener comida para darle a tus hijas, porque yo entiendo que hacer eso no está bien, pero no me queda otra”. A la salida del probador esperaba una dependienta, que llamó al vigilante de seguridad, y éste llamó a la Policía. Esther no llegó al barrio para ver la cabalgata, porque pasó la tarde detenida en comisaría. Las prendas tenían un valor a la venta de 428 euros. Un importe que convertía su intentona de hurto en un delito por apenas 28 euros. La ley distingue entre robos de más de 400 euros y de menos de 400.

El carbón llegó el 7 de enero, cuando Esther acudió al juzgado de instrucción número seis de Getafe tras ser denunciada por los responsables de la tienda. Ante el ministerio fiscal aceptó los hechos y, aconsejada por su abogado de oficio, dio su conformidad a una condena de cuatro meses de prisión. “El abogado me dijo que podría cumplirla en régimen abierto”. Pero tras visitar el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, según relata Esther, descubrió que no tenía esa posibilidad. El fallo la ordena ingresar en prisión el próximo 22 de enero si no prospera la petición de indulto que su nuevo abogado presentará este martes, y que ya cuenta con el respaldo de más de un millar de firmas tras la urgente movilización de diversos colectivos sociales.

Cuatro hijas y cuatro años en paro

“La vía judicial se ha acabado. Solicitamos el indulto porque consideramos que ha habido un situación en la que la ley se excede así misma por las circunstancias de Esther, que es un caso muy sangrante”, explica su abogado Daniel Amelang. “La norma en el código penal dice que la pena por un hurto es de prisión, aunque la condena se puede sustituir por una multa siempre que no tengas antecedentes”, añade. Pero Esther, como ella misma reconoce, ha robado en más ocasiones prendas para revenderlas, y en el último año y medio ha acumulado varios antecedentes de hurtos. Por eso ahora entrará en la cárcel, porque tiene condenas previas.

Hace un lustro, ella, su marido y las cuatro niñas sufrieron el desahucio de la vivienda familiar, en el humilde barrio de la UVA de Hortaleza, tras el fallecimiento de su suegra, que era la titular de la minúscula casa de 40 metros cuadrados propiedad del IVIMA. El organismo de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid no les concedió la subrogación.

“Decían que éramos okupas, y nos sacaron a la calle”. Un año después, Esther se quedó sin trabajo. “Limpiaba casas, oficinas, portales, lo que salía”. Y, al siguiente, su marido falleció prematuramente por una enfermedad respiratoria. Pero el padre de sus cuatro hijas no era legalmente su marido, porque nunca se casaron. Así que Esther se quedó sola, sin prestación ni pensión de viudedad.

Dice estar “harta de echar currículums” y poner carteles con su número de teléfono. “Soy gitana, y aunque no pasa en todos los sitios, a veces me llaman para una entrevista y cuando me ven, por más que me arregle, no me cogen”. Sus hijas, de 20, 18, 14 y 12 años, viven de la Renta Mínima de Inserción (REMI). “500 euros para cinco personas, y a veces no nos llega”, explica Esther.

Tras el desahucio de hace cinco años entró a formar parte de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM), una red vecinal que asesora a familias con problemas laborales y de vivienda, donde colabora activamente. De ahí surgió el pasado viernes una campaña difundida en las redes sociales con la etiqueta #NosQuiereRobarAEsther para recoger firmas que respalden la petición de indulto que se presentará al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

“El miércoles pediremos también en el juzgado que se suspenda la entrada a prisión hasta que se resuelva el indulto”, según su abogado. Si el Ministerio de Justicia admite a trámite la petición de indulto, Esther podría esperar hasta dos años a que la petición de indulto llegue a la mesa de un Consejo de Ministros. “Por lo que todo dependerá de si el juzgado que la condenó suspende a no el ingreso en prisión”, añade el letrado.

Una respuesta negativa obligaría a Esther a entrar en la cárcel el próximo viernes. “Que por 400 euros me vayan a meter cuatro meses en la cárcel, cuando hay gente que se está llevando a sacos el dinero de todo el mundo... Pero así va la vida”, dice la mujer en un desahogo.