Supo que la cosa iba en serio en cuanto los mensajes de odio empezaron a llegar. Hasta entonces, ni Matthew Katzman ni sus amigos pensaban que lo que habían hecho era algo tan importante. Pero de repente empezó a recibir insultos en su bandeja de entrada del correo electrónico, en WhatsApp y en las redes sociales. Cada pocos minutos, un nuevo cargamento aterrizaba.

“MALDITO FEO NARIGUDO, SUICÍDATE”.

“No debes ser tan estúpido como para quedarte en el país”. 

“Twitter tiene que hacer su trabajo y localizar dónde se está escondiendo”.

Mientras iba camino a casa, su teléfono vibraba con las notificaciones que le llegaban con las amenazas. Y tenía miedo.

Eran los primeros días del pasado mes de junio. Sin su conocimiento y contra su voluntad, Matthew había sido reclutado para un nuevo fenómeno contemporáneo: una guerra cultural. El día que estaba terminando con estas muestras de odio había comenzado con una avalancha en los medios. Desde los diarios The Times y The Telegraph hasta los tabloides The Sun y The Daily Mail, los periódicos aseguraban que el estudiante estadounidense había “cancelado a la reina” por haber azuzado a una turba woke (algo así como “progre”) en el Magdalen College de la Universidad de Oxford para prohibir la foto de Isabel II en una sala común. El nombre de Matthew aparecía en las portadas, mientras que fotos personales extraídas de sus redes sociales decoraban las páginas interiores. Después, el Gobierno británico recogió el testigo. El entonces ministro de Educación Gavin Williamson tachó la medida de “sencillamente absurda”, mientras que Jacob Rees-Mogg señaló a Katzman en la Cámara de los Comunes como “un adolescente con granos”. No importaba que el estadounidense no fuera un adolescente, sino un hombre de 25 años. Incluso el primer ministro se sumó a la campaña.

En lo que respecta a las guerras culturales, esta lo tenía todo: una universidad antigua, jóvenes veinteañeros que denunciaban la monarquía, la insinuación de que la historia británica era cualquier cosa menos un glorioso espectáculo. No es de extrañar que algunos de los nombres mejor pagados del periodismo británico hicieran cola para propinar su mejor patada a un estudiante de informática que estaba a 4.800 kilómetros de su hogar. Desde Rod Liddle hasta Jenni Murray, todos estuvieron de acuerdo en que si a este yanqui no le gustaba cómo eran las cosas, debía volver al lugar de donde había venido. Sobre ese tema siguieron insistiendo los autores no remunerados de aquellos mensajes de odio: “No queremos tu identidad tóxica ni tu política victimista aquí”.

El presentador de televisión Piers Morgan rogó a Joe Biden que “arrojara a ese mocoso insolente en algún lugar del Atlántico”. Dan Wootton tronó: “¿Podría este agitador faltar al respeto a su propio país de esta manera?”. A un comentarista del Daily Mail tampoco le gustó el doctorado de Katzman en “teoría de la complejidad”, que en realidad es una rama de las matemáticas, pero no importa. Para que conste, Wootton nació en Nueva Zelanda, donde estudió sobre medios de comunicación y política. Y Morgan suele insistir en lo mucho que valora la libertad de expresión y las opiniones de los demás.

Qué dice el estudiante

Para los comentaristas y los políticos, todo se trataba de un simple divertimento lucrativo. Pero la historia fue en gran parte un invento y las consecuencias para Katzman han sido enormes. Más allá de una breve entrevista con The Daily Telegraph al principio de la polémica y una declaración que por lo general acababa sepultada hacia el final de los artículos, nada se sabía del estudiante que estaba en el punto de mira, hasta que accedió a hablar conmigo. Su relato de los acontecimientos del verano pasado exige ser leído por cualquiera que se preocupe por la cultura mediática y política de Reino Unido.

Para empezar, no se trataba de un retrato de la reina, sino de una impresión barata de una foto, colgada unos años atrás. Además, Magdalen College no prohibió todas las imágenes de la realeza: el college todavía tiene muchas a la vista. Este dato fue señalado en su momento, pero a menudo se ignoró según la conveniencia. Katzman ni siquiera estaba, en contra de lo que decía The Times, “detrás de la retirada”. La mayoría de los puntos centrales de la historia habían sido deformados hasta un punto sin retorno.

De carácter ligero y discreto, Katzman no encaja lo que el Mail describe como un “estudiante fanfarrón”. Le gustan los juegos de mesa de estrategia y tiene un perrito llamado Rusty. Y hasta antes de su notoriedad, era presidente de la sala común del college (MCR, por sus siglas en inglés) de los estudiantes de posgrado, que se ocupa de las cocinas de los estudiantes y sus desechos. Antes de la reunión del año pasado, a Katzman le había llegado una propuesta de un subcomité en la que se pedía la retirada de la foto de la reina. Katzman volvió a redactar la moción, restando importancia a su acusación de colonialismo. En su lugar, escribió que esas asociaciones incomodaban a algunos estudiantes. Su nombre se añadió como una formalidad, pero, durante una reunión con escasa asistencia, no habló a favor de la moción ni la apoyó. Diecisiete estudiantes votaron, solo dos se opusieron. El resto de la noche se dedicó a discutir, entre otras cosas, los muebles de jardín y el regalo de despedida para un bibliotecario de la universidad.

En pos de hacer que la gente se sintiera bienvenida en su propia sala común, se retiró una impresión más o menos pequeña de una sala de tamaño modesto en el interior de un edificio al que el público general no tiene acceso. No se hizo ningún daño a nadie.

Pero el hecho en sí no importaba. Lo único que importaba era la historia que se contaba alrededor del mismo.

Generar clics

A lo largo de todo 2018, según una investigación publicada en mayo por el King's College de Londres, la expresión “cultura de la cancelación” apareció en solo seis artículos periodísticos publicados en Reino Unido. El año pasado, el término apareció en 3.670 artículos. Para las organizaciones de noticias cuyos ingresos dependen del tráfico web, se ha convertido en una frase vital: una forma de captar la atención errática del público y generar clics que atraigan publicidad. El Daily Mail y el Mail on Sunday representan casi uno de cada cuatro usos. Los estudiantes que asistieron a esa reunión no pensaban que estaban cancelando a nadie, porque no lo estaban haciendo. Pero ni los profesionales de la prensa ni el Gobierno iban a desperdiciar un regalo semejante.

Cuando vio esas primeras planas, la reacción inmediata de Katzman fue de incredulidad: “Esta debe ser la noticia más trivial que se haya escrito jamás”. Pero entonces vio las fotos y leyó los detalles sobre su familia. Empezó a ponerse muy ansioso. Se había convertido en el objetivo semanal del odio efímero de la derecha. Este joven que no se identifica como woke ni como radical, y para quien “marchar” significa tocar una trompeta en una banda, se había convertido el foco de la bilis nacional.

Y así fue, los mensajes de odio empezaron a llegarle. Gran parte de ellos eran agresivos, algunos eran directamente racistas: “Bolchevique judío. Comunista de mierda”. Preocupado por su seguridad física, Magdalen les trasladó a él y a su novia a una de sus habitaciones, de la que no salieron durante cinco días. Cinco días en los que Katzman casi no durmió ni comió y no dejó de preocuparse. Poco después regresó con su familia y amigos a Estados Unidos.

Ese otoño volvió a Oxford, pero no pudo quedarse. El lugar le traía recuerdos de la persecución y los extraños lo trataban como un famoso o un monstruo. Ahora vive en Estados Unidos y está haciendo su doctorado allí. No canceló a la reina, pero la derecha británica le canceló a él.

Se suele decir que el reto para los políticos y activistas progresistas de Reino Unido es jugar el juego mediático, que consiste en comer un sandwich de bacon con más elegancia, deshacerse de esa chaqueta de piel burro, sonar razonable y ponerse una camisa y una corbata. Pero la moraleja del cuento de Katzman es que se puede ser inocente, pero si la derecha quiere encontrar culpables, lo hará. Un genio de la informática en una universidad de alto nivel: ¿no es acaso el blanco ideal? Un estudiante de alto nivel que cuida de los demás en medio del trauma del confinamiento. Nada de eso cuenta a tu favor si la prensa no está a tu favor.

Katzman aún piensa casi a diario en lo que pasó y eso le llena de rabia. La deshonestidad con la que la prensa británica y los ministros lo presentaron; el desinterés de estos por averiguar lo que realmente ocurrió. Toda esa palabrería sobre el juego limpio inglés no sirvió para nada y todas esas venerables instituciones le fallaron.

“Los periodistas y políticos que me destrozaron lo hicieron por sus propios fines: conseguir un titular o cobrar”, dice. “Pues bien, ¡felicidades! Porque todos ellos ganaron. No les importó cómo me afectó a mí”.

Traducción de Julián Cnochaert.

Todo el mundo recuerda la historia. Uno de los edificios más antiguos y sagrados del planeta, la catedral de Notre-Dame en París, fue devorada por las llamas. Mientras las fotos del infierno recorrían el mundo, los adjetivos caían del cielo: atroz, desastroso, diabólico.

Cuando se lograron apagar las llamas, los hombres más ricos de Francia anunciaron que ayudarían a reconstruir la catedral. François-Henri Pinault, propietario de Gucci, prometió 100 millones de euros. Para no quedarse atrás, la familia Arnault de Louis Vuitton afirmó que donaría 200 millones. Otras fortunas se unieron a la puja, como si se subastara una pieza de Damien Hirst. En solo tres días, multimillonarios franceses anunciaron donaciones de casi 600 millones de euros. O eso aseguraban los comunicados de prensa.

Algunas personas cuestionaron este alarde público de piedad plutocrática, y nos dijeron que somos unos eternos disconformes. Algunas de las 3.600 personas sin techo de París protestaron por la rápida aparición de tantos euros para reparar el tejado de una iglesia mientras que nunca hay ni un céntimo para poner un techo sobre sus cabezas. ¿Pero qué sabrán los pobres sobre lo sublime? Desde el resto de la platea, el aplauso era ensordecedor.

“A veces pueden ser útiles los millonarios”, señalaba el editor de Moneyweek. “Tenemos a todo el mundo a los pies de nuestra cama”, afirmó el presentador de televisión Stéphane Bern. Bañado en dinero, el presidente Emmanuel Macron prometió que la joya gótica sería reconstruida en un plazo de cinco años. Después de protagonizar portadas y muchas horas de televisión, el mundo siguió a lo suyo. Casi seguro que no habéis oído el resto de la historia, pero deberíais, porque ha dado un giro inesperado.

Pasaron semanas, luego meses, y no llegó nada de los millonarios a Notre-Dame. Las promesas de abril fueron olvidadas en junio. “Los grandes donantes no han entregado nada. Ni un céntimo”, contó un funcionario a la prensa en la catedral. Personas mucho menos acaudaladas enviaron sumas más generosas. “Hermosos gestos”, calificó el director de una organización de caridad, pero no eran los premios gordos que se esperaban.

Tras salir en las noticias, dos de los donantes ricos soltaron 10 millones de euros cada uno. Luego, silencio. Las preguntas que les envié esta semana a varios donantes y organizaciones de caridad no tuvieron respuesta. (Quizá sus oficinas estaban ocupadas o vacías por las vacaciones de verano).

Pero por ahora, llamemos a esta historia La Parábola de los ricos esfumados, un cuento que apunta a todo lo que está mal con la filantropía moderna. Ya sea ofrecida por la famosa familia Sackler, cuya fortuna proviene de los opioides, o patrocinada por la petrolera BP, como en el Museo Británico, la filantropía suele ir acompañada de condiciones e instrucciones por parte de los ricos. La generosidad épica implica un regateo mucho mayor.

En el momento del incendio cerca del Sena, todo eran expresiones de preocupación. Por ejemplo, la familia y la fundación detrás de L’Oréal declararon en ese momento que se sentían “conmovidos” por “este drama que trasciende culturas y creencias y queremos formar parte del esfuerzo colectivo para hacer frente a este inmenso desafío que llega al corazón de nuestra nación”. A mediados de junio aún no habían entregado ni un euro. Igual que la gigante petrolera Total.

“Más bienaventurado es dar que recibir”, dijo Jesús. Cualquiera que haya analizado el caso de Notre-Dame le aconsejaría al hijo de Dios que se consiga un gerente de mejor. Porque los millonarios que prometieron esas sumas enormes se llevaron todo el crédito pero no donaron más que una fracción del dinero.

Se han beneficiado de la publicidad, alegando ahora una letra pequeña que no existía en la primavera. “Es una donación voluntaria, así que las empresas están esperando los planes del gobierno para ver exactamente qué quieren financiar”, declaró Célia Vérot, directora de otra organización social. Es como si el proyecto de reconstrucción de una obra maestra del siglo XII fuera un desayuno bufé en el que cada uno puede elegir lo que quiera.

Mientras tanto, se tienen que pagar los salarios de los 150 empleados trabajando en el lugar. Las cerca de 300 toneladas de plomo del tejado de la catedral representan una amenaza tóxica que se debe retirar antes de comenzar las tareas de reconstrucción. Y se están realizando exámenes médicos a las mujeres embarazadas y los niños que viven cerca para descartar posibles casos de envenenamiento. Pero financiar esas cosas tan sucias y poco glamorosas no es para las fortunas provenientes de los productos de lujo. Como el mes pasado dijo un empleado de Notre-Dame, no quieren que su dinero vaya “sólo a pagar salarios”, ¡el cielo no lo permita! No cuando uno podría dejarles a las futuras generaciones la Basílica Gucci o una tienda de regalos Moët Hennessy para que todos puedan disfrutar del milagro de las bebidas espumosas, o una nave financiada por L’Oréal —con el eslogan: 'porque Cristo lo vale'—.

Para los super ricos, dar también es ganar. Ganar poder sobre el resto de la sociedad. Los multimillonarios tendrán acceso exclusivo a los planes de reconstrucción de un símbolo nacional y pueden vetar el proyecto, porque si no les gusta pueden retener las donaciones. El dinero siempre es el voto más poderoso, y ellos lo tienen. No importa que mucho de ese dinero en realidad provenga de las arcas públicas, porque las leyes francesas otorgan un asombroso 66% de alivio fiscal a cualquier donación, el poder se mantiene siempre dentro de la esfera privada. El límite anual a esas contribuciones sin duda debe de ser una prudente razón por la que los grandes donantes escalonan su generosidad.

Ya sea en Francia, en el Reino Unido o en Estados Unidos, los ricos dan dinero a las grandes instituciones que están en el corazón de nuestras culturas para asegurarse estatus social en forma de placas y fotografías. De la misma forma, financian partidos políticos y luego disfrutan los beneficios cuando estos forman gobierno. Como ha señalado Julia Cagé, economista del Instituto de Estudios Políticos de París, algunos de los que han prometido donaciones para Notre-Dame han sido los mismos que ayudaron económicamente a Macron a llegar a la presidencia.

En su reciente y premiado libro, que se publicará el próximo año en inglés con el título 'The Price of Democracy' ('El precio de la democracia'), Cagé calcula que unos 600 ricos de Francia donaron entre 3 y 4,5 millones de euros a la campaña de Macron. En otras palabras, el 2% de los donantes representó entre el 40 y el 60% de toda la financiación del partido En Marche. Pasados de unos meses, el flamante presidente recortó los impuestos a los más ricos, otorgándoles a sus donantes “una devolución de casi el 60.000% por su inversión”. Igual que en Notre-Dame: un pequeño desembolso a cambio de mucha influencia y una compensación abismal.

Quizás lo hemos malinterpretado. Los multimillonarios podrían, con la floritura de una firma, entregar todo el dinero junto y sin condiciones. Ya lo veremos. Pero la ironía de todas estas fortunas es lo extrañas que suponen para la imagen que Francia tiene de sí misma. A mitad de esta década, el entonces presidente François Hollande se jactaba de que no le caía bien la gente rica. Pero en ese momento el país todavía podía consolarse con el recuerdo de los Treinta Gloriosos: las tres gloriosas décadas de posguerra de economía keynesiana y relativa igualdad. Eso ya no existe. Un estudio reciente coescrito por Thomas Piketty, entre otros, remarca que desde la era de François Mitterrand en las décadas de 1980 y 90, ha habido otros 30 gloriosos años… para los más ricos, cuyos ingresos reales han ascendido a una velocidad tres veces mayor que los del resto de población.

Ahora nos estamos enfrentando las consecuencias políticas y culturales.

Macron puede pasar de los bancos de inversiones al Palacio del Elíseo donde dice estar en contra de Trump, pero —igual que su “bête noire”— se da prisa para reducirles los impuestos a sus amigos ricos, mientras recorta prestaciones y presupuesto en educación para que le cuadren los números. Las donaciones a instituciones de beneficencia también han sido 'americanizadas'. Como dijo Thomas Roulet de la Universidad de Cambridge, los grandes donantes de París ahora imitan a los bebedores de champagne y vendedores de influencias de Wall Street.

La tragedia de Notre-Dame vino con un final feliz: los millonarios de Francia se metieron las manos en los bolsillos para salvar un trozo de patrimonio mundial. Pero lo que en un momento pareció trágico, ahora parece grotesco: un puñado de ricos que son mucho comunicado de prensa y pocos cheques y que confían en que miles de franceses de a pie acaben dando dinero, incluso en un momento en que la economía está patas para arriba justamente por beneficiar a los que más tienen.

Sentid pena por el pobre multimillonario, pues hoy está sintiendo algo nuevo e inquietante: miedo. El orden mundial al que se aferraba se está viniendo abajo más rápido que el valor de la libra esterlina. Teme que sobrevenga el caos. Recordad esto cuando esta semana veáis a los plutócratas reunirse en una esfera muy por encima de la nuestra, en un complejo de esquí en Davos: están aterrorizados.

Al margen de los típicos clichés que mencionen frente a las cámaras de televisión, lo que los preocupa es el lío de abajo. Basta con leer el nuevo informe de los organizadores de la cumbre, en el que se preguntan entre lamentaciones si “el mundo camina sonámbulo hacia una crisis”. En una encuesta complementaria, nueve de cada diez empresarios aseguran que temen una guerra comercial u otro tipo de “confrontación económica entre potencias”. La muestra está compuesta por mil directivos y agentes masculinos; el mundo de las finanzas, igual que el de la riqueza, sigue asociándose a ellos.

La mayoría de ellos confiesa sentir ansiedad por “la agenda de los populismos y los nacionalismos” y por la “furia de la gente contra las élites”. Cuando tienen que identificar la causa de este terremoto político, mencionan dos placas tectónicas en movimiento: el cambio climático y “una creciente polarización en las sociedades”.

Esta falsa inocencia y esta forma descarada de echarle la culpa al de al lado se asemeja a los pirómanos que se escandalizan de las llamas que ellos mismos provocan. Puede que el populismo, cualquiera sea su color, sea la antítesis de la clase multimillonaria, pero ellos ayudaron a crearlo. Durante décadas, nos hicieron sufrir inseguridades al resto y nos decían que era por nuestro propio bien. Amañaron el sistema económico para obtener beneficios y que a los demás nos ahogase. Han financiado a la clase política para que se los ponga todo aún más fácil.

Sea con gorras rojas de Make America Great Again (el lema de la campaña de Donald Trump) o con chalecos amarillos, este contragolpe es más feo y más violento que cualquier cosa que se pueda llegar a ver en los nevados Alpes. No obstante, los derrochadores que se reúnen allí pueden atribuirse el haber sido productores ejecutivos de toda esta podredumbre. Es una pena que los beneficios vayan a ser tan escasos.

El abismo económico no surgió de un día para el otro

El informe de Oxfam de esta semana es el más reciente en poner en cifras esta acumulación de capital y poder. En un solo minibus cabe el equivalente a la riqueza de la mitad de la población del planeta: es la que reúnen los 26 peces gordos que participan en Davos, cuya fortuna aumenta cada día en 2.200 millones de euros. Esta polarización económica es mucho más obscena que cualquier cosa que pueda detestar un hombre de Davos, y es la raíz de la grieta política y social que hace que ahora el mundo sea tan inestable.

Ninguna fuerza natural generó esta profunda injusticia. El abismo entre los súper ricos y el resto de nosotros no se abrió de la noche a la mañana: han sido décadas de trabajo y todo se hizo deliberadamente. El Reino Unido ha estado en primera línea en la guerra desencadenante de tal desigualdad: en sus primeros dos mandatos como primera ministra, Margaret Thatcher redujo a menos de la mitad la cantidad de impuestos a la renta que pagaban los millonarios. Destruyó a los sindicatos. A lo largo de sus 16 años en el poder, Thatcher y John Major vendieron más bienes públicos que Francia, Italia, España, Alemania, Australia y Canadá juntos.

Ah, pero los hombres de Davos dicen que esto es agua pasada, y que no fue tan así. Puede que Thatcher ya no esté, pero su ideología sigue llevándose dinero de cada remuneración. Si hoy los trabajadores recibieran la misma proporción de la renta nacional que en los años 70, estaríamos mucho mejor. Según cálculos del colectivo de investigadores de Economía Fundacional, un empleado de jornada completa con un salario medio de casi 34.000 euros al año, vería aumentar ese sueldo en 6.275 euros.

Mientras tanto, los jefes del FTSE reciben beneficios que se disparan por las nubes, precisamente porque los esquemas de sus primas les permiten ir comprando partes de las grandes empresas que manejan. Así, Jeff Fairburn, de la empresa constructora Persimmon, se llevó 54 millones de euros cuando lo echaron en 2018, lo que equivale a 1.000 euros por cada euro ganado por un empleado promedio de la empresa.

Y el resto de Occidente siguió por el camino que marcaron las tropas del shock de Thatcher. Líderes de todo el espectro político les dieron a los ricos lo que pedían. No importaba si habías votado por Tony Blair o por David Cameron, Bill Clinton o por George W Bush, de cualquier forma ganaba el hombre de Davos. Recortaron los impuestos de las empresas privadas y negociaron acuerdos comerciales en secreto para darles a las grandes corporaciones todo aquello que podrían soñar.

Por fin, casi una década después del colapso bancario, al régimen se la está acabando la carretera. Y de ahí surge la furia popular, tan feroz que las élites política y financiera no pueden comprenderla ni controlarla. No se me ocurre mejor metáfora para el desbarajuste actual que generó el grupo de Davos que el hecho de que Emmanuel Macron – que representa el ideal platónico de la élite, con sus ojos brillantes, su pasado como banquero de inversiones y su partido recién nacido- no pueda unirse al jolgorio de esta semana porque se tiene que quedar en su país a lidiar con los chalecos amarillos. Qué lata cuando los trabajadores pobres te arruinan tus planes de vacaciones.

Con esto no quiero decir que a ese 1% que se recluye en su centro de esquí, protegidos del resto del mundo por barricadas y francotiradores, no le importe la pobreza mundial. Hace un par de años en Davos, el diario The New York Times informó que entre las atracciones de la cumbre había “un simulador de la experiencia de un refugiado, donde los participantes tenían que gatear en cuatro patas y fingir que huían de un ejército que avanzaba hacia ellos”. El artículo remarcaba que “es una de los eventos más populares”.

Sí que les importan los problemas de los demás, siempre que puedan definirlos y nunca reconozcan que ellos son gran parte del problema. Y sí lo son. Si quieren que siga existiendo el capitalismo, los ricos van a tener que sacrificar parte de sus beneficios y ceder un poco. Pero esto no lo ven. El año pasado, al darle la bienvenida a Donald Trump, Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, elogió la reducción de impuestos a los ricos que había llevado a cabo el presidente de la intolerancia, y dijo: “Sé que su potente liderazgo se presta a ideas equivocadas e interpretaciones tendenciosas”. Los súper ricos no odian a todos los populistas; solo a aquellos que se niegan a hacerlos más ricos.

Cuando cortó el lazo de este nuevo orden económico, allá por los años 80, Ronald Reagan afirmó que las nueve palabras más aterradoras que existen son “Soy del gobierno y he venido aquí para ayudaros”. Quizás fue una broma, pero la intención era verdadera. Las últimas tres décadas hemos visto a las élites políticas y económicas derribar nuestros andamios sociales: derechos, impuestos e instituciones. Durante un tiempo les fue beneficioso, pero ahora la amenaza ha llegado a su propia puerta, y aún así le cierran el paso a las alternativas razonables de subirles los impuestos a los ricos, darles más poder a los trabajadores o que las empresas no funcionen solamente para enriquecer a sus dueños.

Las soluciones a esta crisis no les van a caer del cielo a las masas agradecidas: ellos confían en que el poder lo consigamos nosotros mismos. Tres décadas después de Reagan, las nueve palabras más rídiculas que existen son: “Soy de la élite y estoy aquí para ayudaros”.

Es agosto de 2005 y las personas que están al mando de la economía mundial se reúnen en las montañas de Wyoming. Llegan en aviones ministros de Economía y presidentes de bancos centrales. Frente a esta élite global, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional dará la advertencia más dura de su vida. Raghuram Rajan debe intentar evitar una catástrofe, pero cuando se está yendo le dice a su esposa: “En esta reunión, me consagro o quedaré como un tonto para siempre”.

Se supone que la cumbre es una gran fiesta de despedida para Alan Greenspan, quien se retira tras casi dos décadas al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. “Todos competíamos por decirle qué bueno había sido como banquero central”, me dijo Rajan en una entrevista para un programa de Radio 4 que se emitirá este mes. Relató que incluso había comenzado a recopilar datos sobre una presentación de “todas las cosas maravillosas que habían sucedido” en el mundo financiero desde que había comenzado el reinado de Greenspan. Pero cuanto más investigaba, más se atemorizaba.

Las personas a cargo de nuestros ahorros y pensiones estaban recibiendo sumas enormes a cambio de asumir riesgos extremos y vender productos financieros tan complejos que pocos eran conscientes de los peligros. Rajan pensó que, al menor resbalón, se produciría una catástrofe.

En 2005, los economistas más poderosos del mundo no reaccionan con terror, sino con risas. A Rajan le dicen que tiene un pensamiento “de la Edad de Piedra”. Nada menos que el exsecretario del Tesoro de Bill Clinton, Larry Summers, lo califica de “ludita”. ¿Acaso no sabía que las crisis bancarias eran cosa del pasado?

Tres años después, el 15 de septiembre de 2008, la historia le dio la razón a Rajan cuando el mundo financiero colapsó. Lehman Brothers se derrumbó y, sólo tres semanas después, el presidente del Royal Bank of Scotland llamó al canciller Alistair Darling para advertirle de que esa misma tarde el mayor banco del país se quedará sin efectivo. Refugiado en Downing Street, el primer ministro Gordon Brown se enfurece: “Explotará todo. Si no se puede comprar comida ni gasolina ni medicinas para los niños, la gente romperá los cristales y saqueará las tiendas. Será una anarquía. Debemos pensar: ¿declaramos el estado de sitio, enviamos al Ejército a las calles, cómo haremos para restaurar el orden?”.

Aquel noviembre, la reina visitó la London School of Economics y preguntó a los expertos reunidos allí: “¿Cómo nadie lo vio venir?”. Lo que no le dijeron es que Rajan y algunos otros sí lo hicieron, sólo que el resto se burló de ellos y los dejaron a un lado, presionándolos para que no dijeran nada más. Uno de los que presionó fue el mismísimo Brown.

Durante años antes del colapso, economistas, banqueros y políticos estuvieron fervientemente de acuerdo en que el mundo necesitaba más finanzas en todos lados. La deuda podía reemplazar a los salarios. A los estadounidenses pobres se les obligaría a aceptar hipotecas “subprime”. Los préstamos sobre el salario rescatarían a los extrabajadores de Stockport.

Ésta era la globalización financiera y, desde la caída del Muro de Berlín hasta la muerte de Lehman, fue el único juego permitido. Durante más de dos décadas, el consenso se convirtió en ortodoxia y la ortodoxia se endureció para convertirse en dogma. Los escépticos, como Rajan en Estados Unidos, Steve Keen en Australia o un pequeño sector marginal de la izquierda británica, eran considerados imbéciles. No merecían puestos jerárquicos ni académicos, ni estar a cargo de instituciones importantes.

Mucho antes de que existiera la polarización política y las multitudes enardecidas, eran los poderosos los que no soportaban la discrepancia. El resultado fue el primer colapso financiero, y luego una crisis política que finalmente ha alimentado el extremismo de esta década.

Cuando, de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008, preguntaron a Greenspan si prefería a John McCain o Barack Obama, respondió: “Gracias a la globalización, las decisiones políticas en Estados Unidos han sido en gran parte reemplazadas por las fuerzas globales de los mercado. Da casi igual quién sea el próximo presidente”. Los votantes se quejaban de que los políticos se veían y hablaban todos de la misma forma, pero para el expresidente del Banco Central de Estados Unidos y sus amigos de Wall Street, esto era una ventaja. Y la tendencia era internacional.

El mismo día de junio de 2006, Brown y David Cameron dieron sendos discursos en Londres sobre políticas bancarias. Uno de ellos es laborista, el otro conservador, sin embargo ambos le hablaron a la City londinense en los mismos términos enamorados. Para Cameron, Londres era “una gran historia de éxito en Reino Unido”. Brown creía que el “éxito de Londres” demostraba los milagros de “una regulación liviana, un ambiente fiscal competitivo… abierto a la competencia y a nuevas ideas”. En boca de Cameron, eso se transformó en: “Bajos impuestos. Menos regulación. Apertura. Innovación”. Parecían un par de cacatúas en la misma jaula.

Era casi gracioso, si uno no sabía que, según cifras del FMI, el chiste le iba a costar a cada hombre, mujer y niño de Reino Unido unos 21.386 euros en rescates al sector financiero, préstamos y garantías del Estado.

Brown y Cameron creyeron las promesas del mundo financiero: que generarían empleo, impuestos y crédito vital. Ninguna de estas promesas se cumplió. Incluso durante su mejor momento en la historia, la industria financiera casi no creó empleo, tal y como demostró el economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane.

¿Impuestos? El total de pagos del sector financiero al Tesoro Público entre 2002 y 2008 fue compensado immediatamente por el precio por adelantado de los rescates bancarios. Con respecto a préstamos a fabricantes u otros emprendedores productivos, nada de nada. El profesor Sukhdev Johal, de la Queen Mary University de Londres, calcula que ellos recibieron poco más del 6% del total de préstamos. Esta cifra queda pequeña comparada con el 33% de préstamos que los bancos ofrecieron a otras instituciones financieras.

Nuestra clase política dejó alegremente a un lado a otras industrias y regiones, priorizando los espejismos económicos que ofrecía la City. Pueblos y ciudades que fueron desangrados por Margaret Thatcher fueron sermoneados por Tony Blair sobre la importancia de atraer empresas financieras y servicios de “alto valor”. Incluso después del colapso económico, Cameron declaró que las finanzas eran de “interés nacional” y salió volando de una cumbre en Bruselas para intentar salvar al sector de ser profundamente regulado. ¿Y un pueblo industrial como Redcar? Pues, que se muera.

La política y la economía actuales no pueden escapar de las repercusiones de aquella crisis. Se puede trazar una línea recta desde Lehman hasta Donald Trump, o desde el Royal Bank of Scotland a la austeridad y al Brexit. Sin embargo, por más tomates podridos y titulares del Daily Mail que se lancen al mundo financiero, seguirán estando al mando de nuestra política.

Del sector financiero provino más de la mitad del dinero para la campaña del partido de Cameron cuando llegó al poder en 2010. Uno de cada cuatro miembros conservadores del Parlamento elegidos en 2015 tiene antecedentes en el mundo de las finanzas, más que todos los que han trabajado en escuelas, universidades, el sector sanitario, las Fuerzas Armadas y la agricultura, juntos. Todos los informes del Gobierno sobre los bancos después de la crisis están realizados por banqueros, y Mark Carney, del Banco de Inglaterra, celebra la posibilidad de que el sector financiero tenga un valor veinte veces superior al PIB.

La tarea más importante de nuestra era es construir una economía en la que el sector financiero se reduzca, responda a las necesidades de otras industrias y sea menos voraz en busca de beneficios rápidos y elevados. Diez años después de la crisis, Reino Unido apenas ha comenzado a realizar ese trabajo.

Traducido por Lucía Balducci

En los últimos días, mientras arreciaban las condenas contra Donald Trump por arrancar a niños de los brazos de sus padres inmigrantes, mis pensamientos se volvieron hacia un niño pequeño y asustado que vive mucho más cerca de casa. Ocho mil kilómetros separan la frontera de Texas con México de Folkestone, en Kent, donde Bashir Khan Ahmadzai duerme en una cama para niños bajo un calendario de hace dos años. Su situación no atraerá a presentadores de televisión ni será inmortalizada por un fotógrafo de Getty. Sin embargo, cuanto más pienso en su historia, más me preocupan él y lo que su caso revela sobre nuestra política y nuestros medios de comunicación.

Gritar contra el bárbaro de la Casa Blanca, denunciar al matón del viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, o estremecerse ante el presidente húngaro, Viktor Orbán: todo eso es muy fácil de hacer para expertos y políticos decentes. Y está bien que así sea, porque cada uno de estos hombres normaliza una crueldad racista. Pero si se detienen ahí estarán jugando a la pantomima liberal. Lo más difícil, pero igual de crucial, es apartar los ojos de las pantallas de televisión y los titulares para detectar signos de esa misma crueldad racista y cotidiana en casa, en nuestro sistema político y en un caso como el de Ahmadzai.

“Vulnerable”. Ese es el término que todos usan para referirse a Ahmadzai. Sus amigos lo dicen. La gente que trabaja con él lo dice. Incluso los severos jueces lo usan una y otra vez. Cuando lo conoces, como me pasó a mí la semana pasada, entiendes por qué. Es pura piel y huesos y unos grandes ojos marrones. En cada oído lleva un audífono del que se escucha un ruido de electricidad estática. Las autoridades lo tienen clasificado como de 21 años, pero parece una exageración. “Es como un niño, yo me encargo de que esté bien”, dice su compañero en la casa, Khalil Niazi.

Ahmadzai llegó a Gran Bretaña de niño, hace casi seis años. Venía de una provincia de Afganistán y su padre, un policía, acababa de ser asesinado por los talibanes. Luego vinieron a buscarlo, recuerda, y su madre lo envió fuera del país. A su llegada a Gran Bretaña, el niño solicitó asilo, pero por algún motivo registraron que tenía abuelos en Kabul que podrían cuidar de él.

Ahmadzai niega haber dicho tal cosa. Niazi cree que el intérprete simplemente no lo entendió: “Ni siquiera mis otros amigos afganos pueden entender lo que dice”. He visto los documentos del tribunal y confirman que tiene “dificultades graves en el habla, el lenguaje y la comunicación”.

Pero esa anotación sobre unos parientes en Kabul le ha perseguido durante todo el proceso y ha contribuido a asegurar que no le dieran asilo, sino un permiso temporal para quedarse en Reino Unido mientras fuera menor. Ahora se supone que es adulto y tiene que presentarse periódicamente en el centro de inmigración Lunar House de Croydon, a las afueras de Londres.

En mayo, Ahmadzai fue a firmar como de costumbre. Debería haber sido cosa de un momento pero el funcionario le pidió que se quedara un rato, que luego se convirtió en unas horas y que luego se transformó en su traslado a Brook House, el centro de poca altura en las inmediaciones del aeropuerto de Gatwick donde el Gobierno suele enviar a los afganos y a otros inmigrantes antes de forzarlos a subirse a un avión que se los lleve del país.

Le encerraron en una pequeña celda: un inodoro, una cama, una pequeña ventana por la que no se podía salir y una mirilla para que los funcionarios miraran hacia dentro. Ahmadzai escuchaba gritos y el motor de los aviones y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Los funcionarios no respondían cuando él les decía que no estaba bien, que tenía problemas de salud y que se sentía débil por ayunar en Ramadán. Lo que sí le decían, de una forma brusca y grosera, era: “Vamos a deportarte”. Lo hicieron tan a menudo que casi se convirtió en un canto: “Vamos a deportarte, vamos a deportarte, vamos a deportarte”.

Afganistán, según una guía del propio Ministerio del Interior, es “el segundo país menos pacífico del mundo, después de Siria”. En cada uno de los últimos cinco años, más de 10.000 civiles han muerto o resultado heridos por bombas colocadas al borde de las carreteras o por ataques suicidas, entre otras formas de violencia armada. El Gobierno británico nos advierte de que no debemos viajar a ese país, pero no tiene problemas en enviar allí a un joven que los tribunales han descrito como “dependiente de otros para su bienestar”.

Me pregunto cómo se las habría arreglado Ahmadzai en Kabul. Ni siquiera en Folkestone, dice, puede salir de casa por la noche porque unas bandas de jóvenes le golpean. Luego se imagina la vida en un país tan destrozado como Afganistán, 17 años después de una guerra iniciada por Gran Bretaña, Estados Unidos y otros aliados. Su familia vive en la provincia nororiental de Baghlan, donde los talibanes están tomando ciudades constantemente. Ahmadzai ni siquiera sabe su dirección.

Su amigo Niazi me traduce esto y luego me dice en voz baja, incluso en inglés (sabe que Ahmadzai no puede entenderlo): “Creo que en Kabul moriría”. Sabiendo lo que sabemos sobre Afganistán, no me suena a exageración.

Sin embargo, nuestro Gobierno estaba dispuesto a hacerle correr ese riesgo a un joven muy vulnerable. El Ministerio del Interior no respondió a mis preguntas sobre el caso, pero dijo: “Nos tomamos muy en serio las responsabilidades en materia de salud y bienestar y estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para garantizar que el señor Ahmadzai reciba la ayuda que necesita”.

El Consejo del Condado de Kent es uno de esos “socios” y, según tengo entendido, no sabía que Ahmadzai fuera a ser detenido. Su trabajador social escribió una solicitud pidiendo por la seguridad de Ahmadzai (el Consejo no dio una respuesta oficial).

Ahmadzai no pudo dormir en Brook House. Llamaba una y otra vez a su amigo y cuidador Niazi: ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer? “Me decía una y otra vez que tenía miedo”, cuenta Niazi. Más tarde, cuatro días después, le dejaron ir con la misma rapidez con la que se lo habían llevado.

Su historia es dramática pero, de una forma preocupante, también común entre los afganos. Según el abogado de inmigración Colin Yeo, el Ministerio del Interior suele detener a cientos de afganos cada año para luego liberar a tres de cada cuatro. Es un tipo de apuesta oportunista que juega con las vidas de personas: traerlas, golpearlas y luego mirar a ver si se pueden arrastrar hasta el asiento de un avión donde dejarán de ser un problema. Y si eso no funciona, por lo menos se llevan un buen susto. Lo mismo que hacen los guardias fronterizos de El Paso.

El Estado británico contribuyó a crear el caos en Afganistán que obligó a Ahmadzai a huir. Ahora le está castigando por escapar de ese caos. Según Sue Clayton, profesora en Goldsmiths, University of London, el Ministerio de Interior lleva desde el inicio de los 2000 reuniendo a afganos para arrastrarlos a “vuelos fantasma” que despegaban en plena noche desde las terminales de carga de los aeropuertos. La práctica sólo se detuvo en 2015, y por las enormes protestas que hubo en contra de ella.

Sucedió bajo la dirección de Tony Blair, Gordon Brown y David Cameron. Theresa May fue la responsable de Interior que pidió la expulsión de Gran Bretaña de gente como Ahmadzai. Si bien no estamos hablando de insensibles políticos extremistas, usaron las mismas tácticas que ellos y apuntaron contra las mismas personas sin avergonzarse. Incluso la cobertura mediática es similar.

Cuando la comentarista estadounidense Ann Coulter, conservadora, dice que los bebés que lloran en la frontera de Texas son “niños actores”, sólo está dando un paso más grande y audaz que el iniciado por nuestros periódicos y diputados conservadores cuando decían que los niños refugiados huyendo de Calais eran adultos disfrazados.

Hay una sensación de comodidad fácil en ese sacudir el puño ante el monstruo extranjero que sale en el plasma y no fijarse en la monstruosidad que se está cometiendo aquí mismo. Una delgada línea separa la hipocresía de la indignación justificada. La cruzamos cuando no examinamos los ultrajes que se perpetran en nuestro nombre.

Creer que esta época en la que humillamos y deshumanizamos al otro por su país de nacimiento sólo tiene que ver con el voto por el Brexit (la arrastramos desde 2016 hasta la década de los treinta) es apostar por una interpretación de la historia equivocada y por políticas erradas. Marchar contra Trump y no hacer nada cuando la extrema derecha suma decenas de miles de apoyos para Tommy Robinson es el tipo de ceguera de autosatisfacción que ve la amenaza en lugares lejanos, pero se pierde la que está justo delante de sus narices.

Niazi sabe de la nueva política de inmigración de Trump. “Lo que está pasando allí es horrible, me hace enfadar”, afirma. “Pero mira cómo trata el Gobierno a Bashir [Ahmadzai], no están teniendo ninguna compasión con él”. Este miércoles, Ahmadzai ha vuelto a tener que registrarse en el centro de inmigración Lunar House.

Traducido por Francisco de Zárate

En un pequeño pueblo rural de Finlandia, un hombre recibe dinero gratis. Casi 560 euros entran en su cuenta corriente cada mes, sin ningún tipo de ataduras. Puede usar el dinero como quiera. ¿Quién es el benefactor? El Gobierno finlandés. Parece el preludio a una película de suspense, o a lo mejor a un reality de televisión. Aunque la historia de Juha Järvinen es más interesante. Es básicamente un ratón de laboratorio en un experimento que puede definir el futuro de Occidente.

Järvinen fue elegido la Navidad pasada por el Estado para formar parte junto a otros 2.000 desempleados en un ensayo de la renta básica universal. Puede que hayas oído hablar de la renta básica universal, o la política que se basa, literalmente, en dar dinero a la gente a cambio de nada. Es una idea que emociona tanto a gente abiertamente de izquierdas –John McDonell y Bernie Sanders– como a la élite económica de Silicon Valley –Mark Zuckerberg y Elon Musk–. Y en el largo período que ha transcurrido tras la crisis financiera, esta es una de las pocas alternativas que no dejan un sabor a refrito pasado de fecha.

Aun así, casi nadie sabe cómo sería. A raíz de todo el alboroto generado por esta propuesta, Finlandia será el primer país europeo en realizar un ensayo. No es la versión purista de la renta básica universal que daría un sueldo mensual a todos, incluyendo a los millonarios. Finlandia tampoco publicará resultados hasta que el periodo de prueba de dos años finalice en 2018. Mientras tanto, dependemos de los testimonios de los participantes como Järvinen. Así que vuelo a Helsinki y conduzco cinco horas para encontrarme con él.

Pregúntale a Järvinen que ha significado para él recibir dinero gratis cada mes y te conducirá a su taller. Ahí encontrarás equipos de producción cinematográfica, una pizarra con planes para una versión de Airbnb para artistas, y un pequeño cuarto en el que hace tambores Batá que vende por hasta 900 euros. Todo esto mientras que ayuda a criar seis niños. Todos esos euros gratis le han llevado a trabajar más duro que nunca.

Nada de esto habría sido posible sin la renta básica universal. Hasta este año, Järvinen vivía de su paga de desempleo. La oficina de empleo de Finlandia siempre estaba estudiando su caso, siempre entre solicitudes de empleo y talleres de formación. Las ideas brotan de Järvinen con la misma facilidad que el agua de un grifo, pero nunca podía desarrollar sus ideas por miedo a suscitar restricciones burocráticas.

Prestaciones sociales clásicas que imponen barreras

En un caso muy debatido el año pasado, un finés llamado Christian fue pillado tallando y vendiendo púas para guitarra. Era más un pasatiempo que un negocio, le sacaba poco más de 2.000 euros al año. Pero la suma no fue lo que enfureció a las autoridades, sino el tiempo que había dedicado a realizar cada púa, que podría haber empleado en la carrera de obstáculos oficial para encontrar trabajo.

Este era también el caso de Järvinen, hasta este año. Al igual que muchos británicos que sobreviven de las prestaciones sociales, él estaba atrapado en un sistema “humillante” que le daba poco menos que para alimentarse, al mismo tiempo que le negaba cualquier esperanza de satisfacción.

Entonces, ¿a qué se debe su cambio? Al dinero de la renta básica universal está claro que no. En Finlandia, 560 euros es menos de un quinto del sueldo medio en el sector privado. “Tienes que ser un mago para sobrevivir con ese dinero”, dice Järvinen. Una y otra vez, se describe como “pobre”, sin rodeos.

Su liberación vino con la falta de condiciones ligadas al dinero. Si así desean, los finlandeses pueden meter el dinero en el banco y no hacer nada más. Pero al menos en el caso de Järvinen, la suma le ha quitado el miedo a la profunda miseria, dándole la libertad necesaria para hacer trabajos que para él son relevantes.

Suena simple. Es simple. Pero para los visitantes a la Gran Bretaña de la Austeridad, con su amplio abanico de escándalos relacionados con los subsidios sociales, desde el crédito universal a Concentrix o Atos, suena casi a fantasía.

Los parados no son vagos que no quieren trabajar

Este ensayo ha sido introducido por un gobierno de centroderecha que está llevando a cabo su propia versión de las políticas de austeridad, con grandes recortes a las prestaciones sociales y a las escuelas. Aún así, por mucho que intente imaginar a Theresa May o a Philip Hammond permitiendo el más mínimo cambio a los pobres sin cuestionarlo de manera alguna, no puedo imaginarlo.

Visito a la equivalente finlandesa del británico Ian Duncan Smith, la ministra de Asuntos Sociales, Pirkko Mattila. Recientemente alejada del partido populista Verdaderos Finlandeses, no tiene tendencias hippies a simple vista –ni siquiera unas varillas de incienso–. Aún así se muestra verdaderamente perpleja de que pueda haber resistencia política alguna a darle dinero a gente pobre para que se quede sentada en casa. “Personalmente, creo que los ciudadanos finlandeses quieren trabajar de verdad”, dice Mattila.

Esto demuestra cómo de moralmente corruptas se han vuelto las políticas de subsidios sociales en el Reino Unido en comparación con muchas otras partes de Europa. Se puede culpar a la austeridad del Partido Conservador, a los programas de trabajo a cambio de beneficios sociales del Nuevo Partido Laborista de Tony Blair, a los intentos thatcheristas de mandarnos a paseo, pero lo cierto es que hemos acabado con un sistema atravesado por dos creencias tóxicas.

Falsas creencias sobre la pobreza

En primer lugar, que la pobreza es el producto del fracaso moral personal. Para el ministro de Hacienda durante el mandato de David Cameron, George Osborne, era una cuestión de vagos contra luchadores. Para Iain Duncan Smith, la pobreza era la fruta podrida de las familias disfuncionales, la adicción o la deuda. Ninguno de ellos, ni los miembros de sus partidos, pueden admitir los que sus homólogos finlandeses sí hacen: que la pobreza no es más que la falta de dinero.

De ahí surge la segunda creencia falsa británica: la idea de que el sistema de ayudas sociales no es una red de seguridad para todos, sino un sistema de clasificación desmoralizado y falto de recursos para los vagos y los inútiles de los estratos más bajos de la sociedad.

Tratar a los pobres como a criminales en ciernes coloca al sistema de bienestar social como adjunto al sistema de justicia criminal. Significa declarar a gente moribunda como apta para el trabajo. Deja a las personas con minusvalía con temor a la próxima evaluación de su capacidad funcional; y a gente desempleada, castigada sin razón alguna.

Y todo esto es prácticamente inútil. La burocracia y los costes se trasladan a todas partes, desde la sanidad pública a la administración local y de ahí a las oficinas de atención al ciudadano. El gobierno no ha conseguido, basado en sus propias evaluaciones, en destinar una pequeña fracción de sus recortes a reformar las prestaciones por discapacidad. Piensa en todas las vidas que se han visto hechas pedazos, arruinadas. Y no se ha ahorrado casi ni un céntimo.

Si esta fuese la filosofía de los finlandeses, nunca habrían llevado a cabo este experimento, y Järvinen no estaría ahora soñando con decenas de proyectos.

Vete a Finlandia a buscar respuestas en relación a la renta básica universal, por supuesto. Pero ve preparado para volver con aún más preguntas de por qué Gran Bretaña maltrata a sus pobres.

Traducido por Marina Leiva

Uno podría llamar a los hombres y mujeres de Viome trabajadores de fábrica, pero eso no sería ni la mitad. Prueba con esto: de las personas más valientes que he conocido nunca. O con esto: organizadores de uno de los experimentos sociales más llamativos en la Europa contemporánea. Y con esto otro: una lección diaria de Grecia al Reino Unido del Brexit, tanto en la forma de trabajar como en la forma de hacer política.

En el punto más alto de la crisis griega en 2011, el personal de Viome fichó y empezó a trabajar para enfrentarse a un dilema existencial. Los dueños de la empresa estaban en quiebra y habían abandonado la fábrica, situada en la segunda ciudad más grande de Grecia, Tesalónica. Desde este momento, el guión se escribió prácticamente solo: la fábrica, que producía químicos para la industria de la construcción, se iba a cerrar. Habría despidos inmediatos y se hundiría a decenas de familias en la pobreza. Y viendo que Grecia estaba en la mayor depresión económica jamás vista en la Unión Europea, las posibilidades de que los trabajadores consiguiesen otro empleo eran prácticamente nulas.

Así que decidieron ocupar su propia fábrica. No solo eso, sino que la han puesto patas arriba. Pasé un par de días allí hace unas semanas informando para Vice News Tonight on HBO y ahora parece una fábrica normal. Tras la fachada, se ha convertido en el equivalente político a la cabina Tardis [cabina de la serie británica Doctor Who que se caracteriza por ser mucho más grande por dentro que por fuera]: cuanto más miras al interior, mayor es su importancia.

Para empezar, no hay jefes. No hay jerarquía y todo el mundo tiene el mismo sueldo. Tradicionalmente, las fábricas trabajan de acuerdo a un modelo de trabajo en cadena, donde cada persona realiza una labor de uno o dos minutos durante todo el día, todos los días: Yo pongo la pantalla, tu el protector y ella mete el iPhone en la caja. Aquí, todo el mundo se reúne a las 7 de la mañana para tomar un café griego negro y hablar sobre lo que hay que hacer. Es en ese momento cuando se reparten las tareas. Y, sí, se turnan para limpiar los baños.

A ver si nos entra en la cabeza. Un puñado de hombres y mujeres de mediana edad que han pasado toda su carrera recibiendo órdenes a modo de ladridos sobre lo que tenían que hacer y cuándo hacerlo han tomado el control de su lugar de trabajo y de su futuro laboral. Se han convertido en sus propios jefes. E inmediatamente se han alineado a los principios de la máxima igualdad posible.

“Antes solo hacía una cosa y no tenía ni idea de lo que hacía el resto”. Así recuerda Dimitris Koumatsioulis la fábrica cuando empezó a trabajar en 2004. ¿Y ahora? “Todos estamos unidos. Hemos olvidado el concepto de 'yo' y podemos funcionar colectivamente como 'nosotros'”.

El otro gran cambio se ha producido entre la fábrica y sus vecinos. Cuando los trabajadores “recuperaron” su lugar de trabajo (por utilizar el concepto local), solo lo pudieron conseguir con la ayuda de los residentes de la ciudad. Cada vez que llegaban los representantes de los antiguos dueños para requisar el equipo de la fábrica, tal y como les había permitido un tribunal, centenares de residentes formaban una cadena humana en frente de la fábrica (contacté con los abogados de Viome, pero a pesar de las promesas, no llegó ninguna declaración).

Cuando los trabajadores preguntaron a la comunidad local qué deberían empezar a producir, una solicitud era dejar de hacer productos químicos de construcción. Ahora fabrican en su mayoría jabón y detergentes ecológicos: más limpio, más verde y más agradable para el olfato de sus vecinos.

El personal de la fábrica utiliza el edificio como punto de reunión para refugiados locales y he visto cómo se entregaban las oficinas a médicos para convertirlas en una clínica para trabajadores y vecinos. El sistema sanitario griego se ha destruido por los recortes en el gasto, en ocasiones el trato a los refugiados es espantoso; y en ambos casos, los trabajadores de Viome están haciendo todo lo que pueden para reemplazarlos.

Donde el Estado ha colapsado, el mercado se ha quedado corto y los jefes han huido, estos 26 trabajadores están intentando llenar el vacío. A estas personas les ha fallado el capitalismo; y ahora rechazan el capitalismo en sí mismo como un fracaso.

Otro veterano, Makis Anagnostoy, habla de cómo su fábrica es la prueba de que “una economía alternativa es posible”. Compara esto con el modo en que normalmente pensamos sobre el trabajo. En cualquier gran fábrica u oficina, los guardias de seguridad mantienen a raya al mundo exterior. En la puerta, dejas tus principios a un lado y escuchas a los jefes. Incluso se habla sobre la conciliación entre vida personal y vida laboral como si fuesen polos opuestos. En Viome, esto se combina. Uno de los resultados es un fuerte vínculo de lealtad entre los trabajadores y su comunidad.

La tarde en que llegué, una multitud de personas se presentó para recaudar fondos. Se sentaron en sillas de plástico en medio del almacén y vieron una obra de Dario Fo, representada por una compañía nacional de teatro. La actriz principal modificó algunas de sus líneas para referirse a este lugar y a este negocio: “Venden sus jabones por todos lados ¡Y todo el mundo los compra!”. El público aplaude mientras a algunos se les saltan las lágrimas.

Viome es valiosa, pero también es frágil. Desde el tejado del edificio se puede ver la inmensa área propiedad de la empresa matriz. Solía emplear a 350 personas; ahora, los 26 hombres y mujeres operan desde un pequeño rincón del terreno.

Ganan lo mismo que si estuviesen recibiendo la prestación por desempleo. Y cuando cae la noche, uno de los trabajadores se queda de guardia —por si acaso vuelve el antiguo dueño—. Durante el día, una serie de barriles vacíos actúan a modo de barricada.

Por todas sus debilidades, Viome ofrece una lección en política a cualquier visitante británico. Un año después del referéndum de permanencia en la UE, los británicos han entrado en una era de una soberanía estúpida. Los acomodados políticos aseguran que lo han “pillado”. Hacen que escuchan, pero solo escuchan las respuestas que quieren. A los disidentes se les dice que “están menospreciando Reino Unido”. Cualquier brote de democracia, tal como puede ser que el Partido Laborista quiera más voz de sus representantes, se aplasta como un ejemplo de ley de la calle.

Mientras tanto, la política en Reino Unido se vende como lo que un aspirante a tory alfa le dijo a otro en una recepción con champán. Desde Tesalónica, ves todo eso como la mentira que realmente es. ¿Recuperar el control? Simplemente dar la posibilidad a Alexander Boris de Pfeffel Johnson de poner alguna carita en horario de máxima audiencia. ¿Referéndums? Llenos de mentiras y alarmismo.

Si estás cansado de antiguos exalumnos jugando al populismo, ven a ver cómo es la democracia cuando la pone en práctica la gente. Ven a Viome.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Cómo fruncen el ceño. Cómo fulminan a base de críticas. Cómo amenazan. Durante décadas, los presidentes y los primeros ministros, los legisladores y expertos han dicho a los votantes que solo hay una dirección de viaje: el libre comercio. Ahora llegan el Brexit y Donald Trump, y la horrible sospecha de que la sociedad ya no se lo traga. Así es cómo se desbarata un proyecto de la élite. Y la élite no sabe qué hacer, aparte de forzar a que la sociedad siga escuchando.

El mes pasado en Washington, apenas podías mover un dedo sin que los directores del FMI, del Banco Central y de la Organización Mundial del Comercio alertasen de que el libre comercio estaba en peligro mortal. La semana pasada en Otawa, mientras cientos de miles de europeos se manifestaban en contra del tratado con Canadá, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se preguntó: “Si Europa no es capaz de firmar un acuerdo comercial progresista con un país como Canadá, entonces, ¿con quién piensa Europa que podrá hacer negocios en los próximos años?”.

[El viernes Canadá anunció la ruptura y el fracaso de las negociaciones por el CETA]

Sus seguidores en la prensa han abandonado la pretendida corrección política liberal por una vergonzante hipocresía. ¡Las hordas malvadas vienen a por nuestro internacionalismo! Como si el internacionalismo fuese poco más que vuelos de primera clase y la libertad de colocar productos financieros en las diferentes franjas horarias. The Economist golpea en su portada a los manifestantes antiglobalización con el titular: “¿Por qué están equivocados?”. Nótese el uso del “ellos”, con sombra de puente levadizo siendo levantado precipitadamente . Quizá lo próximo sea: “¿Por qué no nos podemos hacer con el 99% que nos merecemos?”. 

Estoy totalmente de acuerdo en que Nigel Farage y Trump son grotescos. Pero los que defienden los acuerdos de libre comercio venden sus propias falsedades. Han insistido en que lo negro es blanco, incluso cuando los votantes imploran discrepar. En sus salas de seminarios, en sus estudios de televisión, en sus oficinas de Ginebra, han perpetrado la artimaña ideológica que iguala el internacionalismo con el libre comercio y la globalización con el descontrolado poder corporativo.

El resultado ha sido miseria para los trabajadores desde Bolton a Baltimore pasando también por Bangladesh. Pero también ha dejado a los tecnócratas con sueldos de seis cifras que supervisan nuestro sistema económico impulsando una idea zombie. Porque eso es en lo que el libre comercio se ha convertido: una idea que pierde vida y significado pero que tropieza con la falta de sustitución. Tenemos una globalización para banqueros pero no para los niños que huyen de las bombas de Siria. Tenemos seguridad para los inversores pero no para los trabajadores.

Para ver lo devastada que está la noción de libre comercio, mira el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea que está siendo votado por los parlamentarios europeos. Se llama Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) y el hecho de que apenas sea visible se diluye, en parte, gracias a la filtración de documentos, lo cual obligó a la Comisión Europea a abrirse. Esto después de que se llevasen a cabo las negociaciones en secreto durante cinco años, incluso escondiendo las directivas a millones de ciudadanos afectados.

El CETA se ha considerado como “la puerta de atrás del TTIP”, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, el cual colapsó este verano en medio de la oposición social tanto en Europa como EEUU. Como el TTIP, el CETA incluye el sistema de solución de controversias entre inversores y Estado, mecanismo que da a las grandes empresas el poder para demandar a los gobiernos, incluyendo demandas por beneficios que todavía no han obtenido. Una multinacional estadounidense con una oficina en Canadá (casi todas) podría demandar a los británicos por incorporar leyes que les hagan perder dinero. Fue el mecanismo que el gigante tabaquero Philip Morris utilizó para demandar al gobierno de Australia por eliminar el diseño de las cajetillas. En esta ocasión, la empresa tabaquera no tuvo suerte, pero costó cuatro años de cara batalla legal.

Se solía ver el libre comercio como una manera de atajar el proteccionismo. Ahora trata de proteger a las grandes empresas y va en contra de la sociedad. Si los populistas cogen una situación compleja, ofrecen una respuesta simple y alertan a cualquier inconformista de espantosas consecuencias, entonces los defensores del libre comercio son también culpables de populismo. Con el CETA o el TTIP, esto funciona así: si el acuerdo sigue adelante, entonces las economías crecerán, habrá más puestos de trabajo y una creciente marea impulsará a todos los barcos, desde los súper yates hasta a las balsas de goma. Esto es prácticamente lo que los políticos tradicionales europeos –tanto los de izquierdas como los de derechas– y sus autoridades están diciendo sobre el acuerdo con Canadá.

En la historia económica, no importa que los grandes ganadores –Estados Unidos a principios del siglo XX o China ahora– sean aquellos que rompen las reglas del libre comercio. No importa que las previsiones reales del CETA mostraran que las ganancias serían relativamente escasas. No importa que los estudios citados no se molesten en buscar quién gana y quién pierde, ni tampoco en qué medida.

Sobre todo, ignoran su suposición compartida de que después de cualquier acuerdo las economías afectadas se someten a un choque fuerte y corto antes de recuperarse. Cualquier persona ha oído esto antes o después en los últimos ocho años. Tras la crisis financiera, el Banco de Inglaterra y el Tesoro mantuvieron previsiones sobre la vuelta a la normalidad, y continúan equivocándose. Ocho años después, esta recuperación no se ha materializado. A los trabajadores británicos todavía no se les paga, después de descontar la inflación, como cuando Lehman Brothers se derrumbó.

“Pequeño sucio secreto”

Dos economistas independientes, Pierre Kohler y Servaas Storm, llamaron a esta suposición sin fundamento un “pequeño sucio secreto” en un reciente análisis de los probables efectos del CETA. Como ellos dicen, se presupone que los trabajadores despedidos “pronto encontrarán nuevos puestos de trabajo”, en cualquier industria, por muy lejano que esté el empleador. Un ingeniero de coches puede dejarlo todo y convertirse en un ingeniero de software. Y si no hay trabajos reales, pueden repartir comida a domicilio.

Estas suposiciones son tan ridículamente descabelladas y, respecto al coste que se espera que soporten los ciudadanos, asqueroso. No es de extrañar que la Unión Europea prefiriese el menor debate público posible.

Utilizando el modelo de empleo de Naciones Unidas, Kohler y Storm hallaron que los beneficios del CETA serían microscópicos en comparación con los costes. Al menos, durante los primeros siete años después de que el acuerdo se pusiera en marcha, el desempleo aumentaría, los salarios caerían y las economías verían descender sus tasas de crecimiento. Los gobiernos perderían ingresos y, por tanto, aumentaría la austeridad.

La peor parte caería sobre los más pobres, los menos cualificados, la gente mayor y las personas con diversidad funcional. El catedrático de la Universidad Tecnológica de Delft, Servaas Storm, me resumió las consecuencias: “Cuanto más débil es tu posición en una economía, más fuerte sentirás la caída”. Estas no son personas y regiones que se han quedado atrás, son personas y regiones que sus propios gobiernos han apeado del tren. Estos son los acuerdos del libre comercio que tanto la izquierda como la derecha intentan imponer a sus votantes.

¿Sorprende que los votantes sigan prefiriendo alternativas sin importar lo criticables o desastrosas que sean?

Traducido por Cristina Armunia Berges

Muy pronto podremos leer las primeras esquelas relativas a la globalización, el comercio libre y la apertura de los mercados. Cuando estos escritores reflexionen sobre cómo los países ricos se decantaron hacia las políticas de Donald Trump y de Nigel Farage deberían dedicar un extenso capítulo a Apple. La compañía más rica del mundo es un ejemplo de libro sobre cómo las promesas que se hicieron tras la caída del Muro de Berlín se han convertido en papel mojado.

Con independencia de las maravillas que esconden los nuevos iPhone, lo cierto es que estos dispositivos han servido para que crezca la exorbitante brecha entre los súper ricos y todos nosotros, estafar a los países e impedir que puedan percibir ingresos fiscales que les corresponden, oprimir a los trabajadores chinos y privar de trabajos bien remunerados a los estadounidenses. Apple ha mostrado una actitud arrogante con los gobiernos y con sus detractores, tiene una enorme liquidez pero carece de grandes ideas. Ahora mismo no es más que el símbolo de un sistema económico disfuncional.

Se supone que esta no es la percepción que tenemos de Apple; la multinacional que camina a nuestro lado pero que, al mismo tiempo, siempre busca nuevas formas de avanzar. Cuando presentó el nuevo iPhone 7 a principios de mes, el responsable de marketing, Phil Schiller, explicó que este modelo no tiene una toma para los auriculares. “Se puede resumir en una sola palabra: valentía. La valentía de avanzar, hacer algo nuevo, algo que nos haga mejores”. Los 7.000 asistentes al acto se tragaron esta verborrea californiana sin sentido y con olor a pachuli y los medios de comunicación se burlaron de la idea, aunque muy sutilmente. Lo cierto es que este tipo de discurso sirve para cubrir características mucho más siniestras del nuevo modelo de iPhone, como por ejemplo, las condiciones en las que se fabrica.

Si usted tiene un iPhone, le gustará saber que lo montaron los trabajadores de alguna de estas tres empresas de China: Foxconn, Wistron y Pegatron. Foxconn es la más grande y también la más famosa. Se hizo famosa en todo el mundo en 2010, después de que 18 trabajadores intentaran suicidarse. Al menos 14 trabajadores murieron. La compañía reaccionó instalando redes en las instalaciones, para poder atrapar a todos aquellos trabajadores que salten al vacío. Ese mismo año, los trabajadores de la fábrica de Foxconn en Longhua ensamblaron 137.000 iPhones diarios, es decir, 90 dispositivos por minuto.

Una de las trabajadoras que intentó suicidarse, una chica de 17 años que se llama Tian Yu, se tiró desde la cuarta planta del edificio de viviendas del personal de la fábrica y se quedó paralizada de cintura para abajo. Cuando tiempo después habló con los expertos que intentaban investigar lo sucedido, describió con todo lujo de detalles sus condiciones laborales y yo cubrí su declaración para The Guardian. La trataban como si fuera una gallina ponedora que funcionaba con una batería humana y que trabajaba 12 horas al día, seis días a la semana, en turnos de día y de noche y durmiendo en una habitación con otras siete personas.

Tras los escándalos del año 2010, Apple prometió mejorar las condiciones de sus trabajadores chinos. Desde entonces, ha publicado varios folletos para hacer alarde de estas intenciones. Sin embargo, nada hace pensar que la empresa californiana haya destinado un solo céntimo de sus descomunales beneficios para garantizar que las compañías que subcontrata ofrecen unas condiciones dignas a los trabajadores.

A lo largo del año pasado, la ONG China Labour Watch, con sede en Estados Unidos, publicó una serie de investigaciones en torno a Pegatron, otra fábrica de iPhone en China. Uno de sus investigadores estuvo trabajando en la cadena de montaje, entrevistó a decenas de trabajadores de la compañía y analizó cientos de comprobantes de pago.

Descubrió que la plantilla trabaja unas 12 horas diarias, seis días a la semana; todos trabajan una hora y media no retribuida. La compañía les obliga a hacer horas extras y no les proporciona la formación en seguridad necesaria.

El investigador montaba una placa base de iPhone cada 3,75 segundos y permanecía de pie durante todo su turno de diez horas y media. Este es el castigo que imponen las empresas que subcontrata Apple a los trabajadores que piden un salario digno.

En el último año, la administración local de Shanghái ha aumentado el salario mínimo. La respuesta de Pegatron no se ha hecho esperar: ha puesto fin a ayudas que tenían los trabajadores, como por ejemplo, seguro médico. De esta forma paga más salario sin pagar más dinero.

Cuando los medios le pidieron explicaciones, Pegatron emitió un comunicado en el que decía: “Nos esforzamos por garantizar que todas las fábricas de la compañía proporcionan un entorno de trabajo seguro y saludable y las afirmaciones que sugieren todo lo contrario son falsas, hemos impulsado medidas para garantizar que nuestra plantilla no trabaja más de 60 horas a la semana y seis días a la semana”.

Una ONG danesa descubrió que en otra de las grandes empresas subcontratadas por Apple, Wistron, los estudiantes tenían que hacer trabajo forzoso. Los adolescentes que estudiaban contabilidad o administración de empresas tenían que trabajar en las cadenas de montaje de Wistron durante meses. Se trata de una grave violación de la convención de la Organización Internacional del Trabajo. Los investigadores de DanWatch encontraron pruebas que demuestran que miles de estudiantes hacían el mismo trabajo que la plantilla, pero por mucho menos dinero.

Los adolescentes explicaron que les habían obligado a trabajar en contra de su voluntad. “Todos estamos deprimidos”, explicó una chica de 19 años: “No tenemos opción, ya que nuestro centro educativo nos ha dicho que si no trabajamos no nos darán el diploma”. Wistron no ha querido hacer declaraciones.

Esta investigación no tuvo lugar en una fábrica de iPhones pero Apple ha confirmado que Wistron y Pegatron son dos de sus principales fabricantes en China. Si bien no hablaron en nombre de la compañía, algunos responsables de prensa de Apple me proporcionaron información de las auditorías que han hecho a las empresas subcontratadas. Las auditorías son bastante superficiales. Como muestra, el informe de la que se hizo en Foxconn en 2012, tras los intentos de suicidio. Foxconn es el principal empleador de China. En su fábrica de Longhua trabajan 400.000 personas. Sin embargo, el informe de Apple, vinculado a una investigación impulsada por la Asociación de Trabajo Justo, solo analizó las condiciones de tres instalaciones; una por día.

Jenny Chan, experta en abusos laborales en China y coautora del libro Dying for an iPhone (Morir por un iPhone) lo llama “auditoría con paracaídas”, una forma de permitir que todo siga como está. Sin duda, una estrategia muy rentable. Los trabajadores de Pegatron que montan los iPhone ganan 1,60 dólares por hora trabajada, en cambio Apple es la empresa más rentable de Estados Unidos. En 2015 obtuvo unos beneficios de 47.000 millones de dólares.

¿Eso qué significa? Apple mueve más dinero que el gobierno de Estados Unidos: 231.000 millones de dólares, pero todo parece indicar que no está dispuesta a destinar un solo céntimo en la mejora de las condiciones de aquellos que le permiten ganar dinero. Tampoco está dispuesta a fabricar los iPhones en Estados Unidos. Esto crearía puestos de trabajo en el país y seguiría siendo la compañía de teléfonos móviles más rentable del mundo.

Probablemente los accionistas de Apple, como el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook (cuya participación está valorada en 785.000 millones de dólares), podrían acumular más dinero. Los defensores de Cook señalan su vocación filantrópica. Sin embargo, lo cierto es que aunque esté dispuesto a hacer donaciones que para él son insignificantes, se niega a pagar una factura tributaria de la Unión Europea que asciende a 13.000 millones de euros y señala que se trata de “basura política”. También afirma que los miles de millones de Apple no regresarán a Estados Unidos hasta que “no se establezca una tasa razonable, porque no es cierto que pagar más te convierte en mejor patriota”. El oligarca del sector tecnológico cree tener más autoridad que los 300 millones de estadounidenses que han elegido a unos representantes en el gobierno que establecen los impuestos que se deben pagar.

Cuando los historiadores que estudian la globalización se pregunten cómo llegó a su fin, probablemente descubrirán que compañías como Apple desempeñaron un papel clave. Los votantes tuvieron que elegir entre un modelo económico que beneficiaba a unos pocos y un discurso populista que prometía beneficiar a muchos; Cook de un lado y Farage del otro. Los votantes se decantaron por la opción que prometió “valentía”.

Traducción de Emma Reverter

Sobre el tipo de caos al que se enfrenta ahora Reino Unido, la historia es clara: algunas personas resultan más perjudicadas que otras. Ya se está viendo de forma clara y preocupante qué grupos serán los que sufran más en esta ocasión. Se puede echar un vistazo a las denuncias por delitos de odio que se han multiplicado en estos últimos días.

En Huntingdon, niños de colegios de origen polaco recibieron tarjetas en las que les llamaban “sabandijas” que debían “salir de la Unión Europea”. Las tarjetas tenían traducción al polaco, suficientemente cuidadosa. Desde Barnsley, un periodista de televisión apuntó que, en cinco minutos, tres personas diferentes gritaron: “Mándalos a casa”. En Facebook, un amigo en el este de Londres cuenta cómo, mientras intentaba dormir en una noche calurosa, escuchó a un hombre gritando fuera de su ventana: “Nos han devuelto nuestro país, lo siguiente que haré será volar esa jodida mezquita”.

Nada de esto es casual. Esto es lo que pasa cuando los ministros, los líderes de los partidos y los aspirantes a primer ministro esparcen argumentos con veneno racista. Cuando la intolerancia no solo se tolera, sino que se consiente y se fomenta. En los últimos meses hasta la votación de la semana pasada, los políticos vertieron una versión británica de 'Donaldtrumpismo' en una frágil taza de té. Contaron 350 millones de pequeñas mentiras. Fabricaron promesas rotundas que, según el propio Iain Duncan Smith ahora admite, eran solo “posibilidades”. Y la brigada del Brexit flirteó una y otra vez con el racismo.

Michael Gove y Boris Johnson vendieron su ficción sobre la posibilidad de que Turquía se integre en la UE. No hace falta ser muy listo para entender que con eso se referían a la entrada de 80 millones de musulmanes en la cristiandad. Renunciando a cualquier tipo de sutileza, Nigel Farage dijo que permitir la entrada de refugiados sirios en Reino Unido ponía a las mujeres británicas en riesgo de sufrir asaltos sexuales. Con el fin de promover sus campañas y sus carreras políticas, esos políticos profesionales añadieron la intolerancia a su arsenal de armas políticas.

Para ser claros, no estoy diciendo que los 17 millones de británicos que votaron a favor del Leave sean racistas, y sí que hay preocupación real sobre la presión migratoria. Más allá de todo esto, está claro que la votación del pasado jueves abordó otros problemas además de la migración a Europa: élites extractivas en política, negocios y finanzas; una economía llena de desigualdades; un Estado que atiborra a Londres mientras que mata de hambre al resto de la nación.

Pero durante los meses pasados, los hombres que ahora moldean el futuro de Reino Unido fuera de la Unión Europea efectivamente tiraron por la borda la decencia pública y decidieron que estaba bien ser racista. En el proceso, tal y como dijo el director del instituto de investigación Compas de la Universidad de Oxford, “lo impronunciable no solo se convirtió en nombrable, sino en común”.

Vi todo esto en la campaña, mientras visitaba el sur de Gales. Con el paso de los años, he estado en muchos sitios en los que han perdido sus industrias y sus economías, incluido el lugar en el que nací. En esta ocasión, noté un cambio entre mis entrevistados. Antes, en Derby, Gateshead o Barking, un parado o una joven madre tardaba al menos 20 minutos en sacar el tema de los inmigrantes, quizá porque tenían en cuenta que estaban hablando con un hombre asiático de un periódico progresista. Esta vez, no hubo titubeos. En una región que tiene relativamente pocos migrantes, la inmigración fue lo primero que mencionaron. Y el lenguaje que usaron iba recubierto de la diferenciación entre ellos y nosotros, y de todos los detalles que yo había asumido estúpidamente que habían quedado relegados a las actuaciones de Jim Davidson.

“No soy racista. No quiero ofenderte”, no paraba de decirme una trabajadora de una cafetería, que evidentemente no se preocupó de si lo hizo. Lo intenté de nuevo en Dorset el fin de semana anterior a la votación, con una pareja que llevaba carteles de 'Vote Leave'. La mujer detalló las dificultades que tiene su hija para conseguir casa en Londres, los toqueteos en el transporte público y cómo una cocina terminó ardiendo en el piso de debajo donde vivían cinco hombres de Europa del Este. Se estremeció de ira: “Solo quiero que me devuelvan mi país”.

Quizá estas personas siempre han albergado estos resentimientos, pero ahora sienten que pueden expresarlos públicamente sin tener cuidado de quién les pueda oír. Quizá lo que Claire Alexander de la Universidad de Manchester llama la “alegre intolerancia” de Farage y su calaña ha ayudado a encauzar su ira.

Por mi parte, me centré en la creciente tolerancia que había caracterizado a Reino Unido durante los años 90 y los 2000, y pasé por alto algunos de los embarazosos ejemplos de prejuicios residuales hacia los musulmanes y personas llegadas de Europa del Este. También obvié las portadas de los tabloides o la bilis derramada debajo de las frases de mis propios artículos y de otros. Pero quizá pueden perdonarme por querer sentirme en casa en el país en el que he nacido.

Las actitudes cambian y se hacen más duras, siempre se pueden ofrecer nuevas cabezas de turco a la sociedad. Reino Unido ha estado atravesando seis años de austeridad y rencor, en los que a las personas con discapacidad se les han recortado sus prestaciones y han sido etiquetados por los ministros como gandules. El resultado ha sido un incremento de crímenes de odio contra las personas con discapacidad.

Y en relación a los europeos del este y los musulmanes, mientras investigaba para este artículo, un profesor me dijo sin darle importancia: “Ahora tengo miedo de decirle a un taxista que soy polaco”. En Tell Mama, la organización que investiga crímenes de odio contra musulmanes, el director Fiyaz Mughal contó cómo los “comentarios” procedentes de pequeños grupos violentos de extrema derecha no habían dejado de aumentar durante la campaña. Cuando Boris Johnson habló sobre Turquía, hicieron circular imágenes de una iglesia con un minarete añadido con photoshop en la cúspide. Cuando Farage habló sobre los asaltos sexuales por parte de sirios, ellos empezaron a hablar de “refugiados-violadores” (“rape-fugees”). Estos comentarios de extrema derecha alcanzaron su punto álgido la semana en la que Jo Cox fue asesinada.

En cualquier caso, los racistas y la extrema derecha tienen ante sí un periodo fértil. Reino Unido acaba de votar a favor de un gran retroceso. Ninguna gran empresa querrá hacer grandes inversiones en un país marcado por la incertidumbre, donde la libra esterlina está en camino de convertirse en una moneda de segundo nivel. Y Reino Unido, como dijo una vez el gobernador del Banco de Inglaterra, depende de “la bondad de los forasteros” –de los extranjeros que financian nuestro déficit de cuenta corriente. Todo bien hasta que un día los extranjeros sean un poco menos indulgentes.

Una vez que resulta evidente que Gove y Johnson no van a conseguir el acuerdo con el que fantaseaban, millones de británicos se sentirán estafados y con razón. Y en antiguos bastiones del Partido Laborista en todo el norte y en Gales, la oposición real pasará a ser la de Farage y su pandilla de desechos de Westminster, obsesos y racistas extremos.

Después de haber creado este gran desastre, los políticos británicos se esforzarán por buscar gente a la que echar parte de culpa. Por mucho que espere lo contrario, sospecho que estos últimos días son los precursores de este aumento de maldad. Los políticos favorables al Brexit, como dice Mughal, “abrieron una caja de Pandora” de resentimiento y sospecha. Los antiguos alumnos del internado de élite Eton o los defensores del UKIP ataviados con sus chaquetas a rayas no serán los que se enfrenten a las consecuencias. Iran contra un anciano que vuelve a casa después de los rezos del viernes o una madre rumana pillada en un autobús hablando en su lengua materna.

Traducido por Cristina Armunia Berges

¿Cómo muere una ideología? Como en muchas otras situaciones, la ficción puede servirnos de guía. En Abundancia roja, un libro que mezcla la ficción con la historia de la Unión Soviética, Francis Spufford describe cómo se desmorona el sueño comunista que se proponía construir una sociedad mejor y más justa.

Aunque llegaron a censurar no solo lo que decían sino lo que pensaban los ciudadanos, los comunistas soñaban a lo grande. El héroe de Spufford se llama Leonid Kantorovich, el único soviético que ganó el Premio Nobel de Economía. Cuando viaja en el metro de Moscú, fantasea sobre la abundancia que pronto rodeará a los empobrecidos ocupantes de su vagón. “La ropa de las mujeres pasó a ser de seda y los uniformes militares se transformaron en impecables trajes grises y plateados, las caras, rostros delgados y alargados, perdieron todas las arrugas de expresión y el aspecto demacrado y todas las demás muestras de miseria”. 

La realidad destruye con rapidez sus castillos de arena. Las cifras no quieren que sus deseos se cumplan. Los hermosos planes que había trazado solo se pueden llevar a cabo con engaños y los técnicos lo saben mejor que cualquier disidente. Esta es una de las principales reflexiones de Spufford: que mucho antes de que se produzcan protestas públicas los que forman parte del sistema ya han susurrado que están inquietos. 

Susurro tras susurro, informe tras informe, van socavando el sistema desde dentro. El golpe de gracia final ocurrirá décadas después, pero ya se intuye en la novela. 

Cuando se publicó Abundancia roja en 2010, ya era evidente que la ideología que sustenta el capitalismo contemporáneo se tambaleaba, pero no que se estaba muriendo. Y, sin embargo, el capitalismo, herido por la crisis, está pasando por un proceso muy parecido al que describe el libro. Son los tecnócratas a cargo del sistema los que están empezando a reconocer, poco a poco y en contra de su voluntad, que es un fiasco.

Puedes oír este murmullo cuando Mark Carney, del Banco de Inglaterra, hace saltar todas las alarmas sobre el equilibrio que debe buscarse entre “el lento crecimiento, la baja inflación y un tipo de interés bajo”. O cuando el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el banco central del Banco Central, alerta sobre el hecho de que “la economía mundial no parece capaz de crecer de forma equilibrada y sostenible”. Y todavía se ha podido ver con mayor claridad hace unos días tras la publicación de un informe del FMI. 

El estudio es relevante no por lo que dice sino por su contundencia. En la publicación más emblemática del FMI, tres de sus economistas más importantes han publicado un estudio con el título “¿Se ha sobrevalorado el neoliberalismo?”.

El titular ya es un duro golpe. Durante mucho tiempo, los economistas de la corriente dominante y los políticos han negado que exista el neoliberalismo como tal, con el argumento de que este término no es más que un insulto que se inventaron los descontentos desdentados que no entienden ni la economía ni el capitalismo. En cambio, ahora el FMI describe cómo la “agenda neoliberal” se ha extendido por el mundo en los últimos 30 años. 

Lo que están diciendo es que un número creciente de países han reformado sus instituciones sociales y políticas para ponerlas al servicio del mercado. Will Davies, autor de Los límites del neoliberalismo, sugiere que dos instituciones del Reino Unido que servirían de ejemplo son la sanidad pública y las universidades, “que están convirtiendo las aulas en supermercados”. El sector público está siendo reemplazado por el sector privado y la democracia, por la competencia. 

Los expertos del FMI admiten que los resultados son nefastos. El neoliberalismo no ha propiciado el crecimiento económico; lo único que ha hecho es beneficiar a unos pocos. De hecho, provoca colapsos de proporciones épicas, con las consiguientes tragedias humanas y cuyo rescate cuesta miles de millones de dólares. Esta es una conclusión con la que la mayoría de los usuarios del banco de alimentos del Reino Unido estarían de acuerdo. Y si bien George Osborne justificaría la austeridad alegando que es como “reparar el tejado cuando hace sol”, lo cierto es que los economistas del FMI indican que más bien es como “impedir que el gobierno sea grande. Otro aspecto de la agenda neoliberal”. Aseguran que las pérdidas de estas políticas podrían ser más elevadas que los beneficios.

Es importante tener en cuenta dos hechos. El primero es que se trata de un estudio del departamento de investigación del FMI y no el que haría el tipo de empleado que viaja a países en quiebra para negociar con los gobiernos que tienen problemas de liquidez las condiciones de un préstamo y torturarlos económicamente. Desde 2008, la brecha entre lo que el FMI piensa y lo que hace es enorme. El segundo, es que si bien los investigadores han ido más allá de lo que un observador podría haber previsto, han sido prudentes en algunos ámbitos. Incluso defienden la privatización, señalando que es la mejor manera de ofrecer algunos servicios, y que el gasto público sea menor. La única respuesta posible a esta afirmación es invitarlos a un viaje en tren a la central nuclear de Hinkley Point C. 

Pese a sus limitaciones, el estudio representa una notable brecha respecto de la opinión unánime neoliberal del FMI. Los economistas y los políticos no dan ninguna importancia a las críticas en torno a la desigualdad y la falta de utilidad de muchas de las medidas económicas actuales; prefieren pensar que son excepciones aberrantes a la norma. Finalmente, una institución ha decidido analizar no solo los síntomas sino también la causa; y está subrayando la naturaleza política de esta causa. No resulta sorprendente que el economista que ha coordinado el estudio afirme que cinco años atrás el FMI no les hubiera permitido publicarlo. 

Desde la década de los ochenta, la élite política ha descartado la percepción de que tiene una agenda ideológica y afirma que, simplemente, está haciendo “lo que funciona”. 

Desde la crisis económica, los bancos centrales, los políticos y los comentaristas de la tele han intentado convencer a los ciudadanos de que todos estos miles de millones eran la solución perfecta para lograr la estabilidad económica. 

Han releído todas y cada una de las páginas de su libro de texto y de otros para explicar el rescate de los bancos, los recortes, la congelación salarial e inyectar miles de millones de euros en el mercado financiero. Pese a todo ello, la economía sigue anémica. 

Y cuanto más larga sea la caída, más se percatan los ciudadanos del hecho de que no solo el crecimiento ha sido más débil sino que también los trabajadores se han beneficiado menos de los beneficios. El año pasado, el thinktank de los países ricos, la OCDE, hizo una destacable concesión. Evaluó el crecimiento económico del país y reconoció que la porción de pastel que han asignado a los trabajadores no había sido tan diminuta desde la segunda guerra mundial. Todavía más sorprendente, indicó que los trabajadores del resto del mundo capitalista occidental están igual o peor. 

Abundancia roja termina con Nikita Khrushchev paseando por el exterior de su casa de campo. Le han obligado a jubilarse allí. “El paraíso –exclama– es el lugar donde todos quieren ir a parar no el lugar del que huir. ¿Qué clase de socialismo es este? ¿Qué clase de mierda es un lugar donde tienes que encadenar a las personas? ¿Qué clase de orden social? ¿Qué clase de paraíso?” 

Los economistas no hablan como los escritores, pero si leemos entre líneas y prescindimos del lenguaje técnico podremos constatar la larga agonía de una ideología.

Traducción de Emma Reverter

Desesperado por dinero en el corto plazo, George Osborne está perjudicando nuestro futuro con la venta de los bienes más preciados del Reino Unido. "Todo a la venta" es hoy política pública

Casi todos los que se toman en serio el asunto concuerdan en que el ministro de Economía británico, George Osborne, y el primer ministro, David Cameron, quieren transformar al Reino Unido. Los recortes de gastos, los cambios en el Servicio Nacional de Salud (NHS), y hasta la ofensiva gubernamental sobre la BBC de este mes: las señales son muchas y marcan que los próximos años, tal vez durante más de una década, serán de cambios gigantescos. Apenas comprendemos ahora cuánto puede cambiar el Reino Unido y en qué dirección.

Tomemos como ejemplo la austeridad: la palabra que definirá al actual gobierno. Hasta el más perspicaz de los críticos comete dos errores básicos: el primero, asumir que todo se resume en recortar gastos y aumentar impuestos; el segundo, creer que eso sirve para reducir la cantidad de dinero que el país pide prestado. Caer en estos lugares comunes reduce el concepto de austeridad a un proyecto técnico sobre el que se podrá dar marcha atrás sencillamente. Si fuera tan fácil, lo único que tendríamos que hacer sería abrir el grifo para que fluya el gasto nuevamente y se lleve todo rastro de la economía Osborne.

Pero la austeridad es mucho más que eso, es un proyecto irreversible para transferir el patrimonio de los sectores más pobres a los más ricos. Y está funcionando a las maravillas: mientras que el típico trabajador británico todavía gana menos de lo que ganaba antes de la inflación provocada por la crisis bancaria, la cantidad de multimillonarios con residencia en el Reino Unido se ha multiplicado por cuatro desde 2009. Hasta cuando recorta prestaciones Osborne está ejecutando un programa por el que el público británico entregará gran parte de lo que todavía le queda a los más ricos del país.

La privatización es el eje multimillonario de la austeridad de Osborne pero muy pocas veces se escucha a los políticos o a los medios mencionarla. La semana pasada, la reina habló de las privatizaciones en su discurso y los encargados de escribir los titulares ignoraron el tema. No se culpe usted si no sabe que este jueves es la fecha límite para la consulta anterior a la venta del Registro de la Propiedad del Reino Unido: yo tampoco lo he visto en los periódicos.

El programa de austeridad de Osborne no podría funcionar sin deshacerse de los bienes más preciados del Estado. En un período en el que los ingresos fiscales son más un hilo de agua que una corriente, esas ventas ingresan al tesoro público el dinero tan necesitado y permiten que las cuentas de Osborne cierren. Según la oficina independiente de Responsabilidad Presupuestaria, la única razón por la que el ministro Osborne cumplió con los objetivos para frenar la deuda del año pasado fue la venta de los bienes públicos del país. Fue una gran liquidación de activos, se deshizo de todo. En lo que fue la ola de privatizaciones más grande de toda la historia del Reino Unido, vendió desde la última participación en el Royal Mail (el servicio de correos del Reino Unido) hasta las acciones de Eurostar (el tren de alta velocidad).

Aún falta más, mucho más. El nuevo proyecto de ley de vivienda, algo casi grotesco, forzará a las autoridades locales a vender las “preciadas” viviendas sociales cada vez que una familia se mude. Es decir, entregar a los inversores lo poco que queda de viviendas sociales en el centro de Londres. Osborne quiere también que las autoridades locales “desechen los posibles bienes excedentes”. Según sus cálculos, unos 78.000 millones de euros en “propiedades que no se usan ni para educación ni para vivienda”. Se refiere a bibliotecas y piletas públicas de natación. Para un gobierno empecinado en liquidar activos, esas necesidades comunales no son más que existencias pendientes de ser vendidas.

En Whitehall, los ministros planean vender una gran porción de la emisora de televisión Channel 4 y la participación del Estado en el control del tráfico aéreo nacional. Y eso solo es el principio. Hay otro plan del que probablemente tampoco hayan leído nada: Osborne armó un paquete con todas las participaciones públicas (de todas las empresas, desde bancos colapsados hasta la Royal Mint, que es la Real Casa de la Moneda del Reino Unido) para ponerlas bajo el control de una organización gubernamental llamada UK Government Investment (UKGI). El CEO de la organización (¿qué otra cosa podría ser sino?) es el veterano de la City financiera londinense Mark Russell. En 2013, en una de sus pocas entrevistas, dijo: “No creemos que el gobierno sea un accionista particularmente bueno. A menos que haya una buena razón política para tener acciones, nuestra opinión es que hay que vender esas participaciones”. La frase “todo a la venta” dejó de ser el grito de comerciantes desesperados. Ahora es política pública.

Como empleado de los contribuyentes, Russell gana casi 210.000 euros, un salario mucho mayor que el del primer ministro. Hace tres años estuvo involucrado en un desastre del que usted sí habrá oído hablar: fue una de las personas encargadas de vender el 70% del Royal Mail. Hasta el propio gobierno admite hoy que se vendió por menos de lo que valía. Según calculó un selecto comité de miembros del Parlamento en 2014, nuestro servicio público de 500 años de antigüedad se malvendió con un descuento de 1.312 millones de euros.

La venta del Royal Mail ayuda a entender en qué consiste esto de las privatizaciones: en el mejor de los casos, ganancias a corto plazo y pérdidas de capital a largo. El público vende uno de sus bienes preciados con el objetivo de que el ministro pueda hacer caja hoy con un poco de efectivo. Según los cálculos del grupo activista We Own It difundidos este lunes, si Osborne vende el Registro de la Propiedad, los Servicios de Tráfico Aéreo Nacional, Channel 4 y el Ordnance Survey (la agencia nacional de topografía), nos podremos despedir de controlar unos 10.164 millones de euros en dividendos y ganancias durante los próximos 50 años. Por supuesto, tendremos unos miles de millones en el bolsillo hoy pero, a la larga, perderemos mucho más.

Estamos hablando de servicios que se han construido sobre la base de muchas décadas, incluso siglos, de inversión y administración pública. El Registro de la Propiedad existe desde la época victoriana y las fotografías aéreas del Ordnance Survey en territorio enemigo ayudaron al Reino Unido a ganar la Primera Guerra Mundial.

La acumulación de todo ese esfuerzo e ingenio será entregada a un pequeño grupo de inversores, ¿para qué? ¿Para una mejor administración? Un estudio reciente de la Universidad de Greenwich, concluye que “no hay una diferencia significativa entre la eficiencia de una entidad pública y la de una privada en materia de servicios públicos”.

¿Lo hacemos entonces para lograr más inversión? Los ministros que venden todo, desde la compañía ferroviaria hasta el agua, han prometido que la privatización atraerá a los grandes inversores. Llega, sí, pero es siempre el público el que termina pagando por esas inversiones. Margaret Thatcher decía que la venta de British Telecommunications (BT), British Gas y todo lo demás que privatizó haría del Reino Unido una democracia accionista. Pero según las cifras oficiales, la participación de los británicos en el mercado de valores británico es menos de la mitad que la que tenían antes de las privatizaciones de Thatcher.

Las privatizaciones de Osborne, al igual que el resto de su programa de austeridad, le permitirán transferir los bienes públicos a un grupo mucho más pequeño de inversores privados. Los trabajadores pueden esperar recortes en los trabajos, en los salarios y en las condiciones laborales, como ocurrió con los servicios públicos que ya se privatizaron. El resto de nosotros, los consumidores, tendremos que sobrellevar tarifas más caras y el pago de subsidios ocultos. ¿Y el ministro? Habrá conseguido dinero suficiente para algunos recortes impositivos durante el período electoral. Es decir, comprar votos.

Osborne llama a este proceso privatización. Para mí es otra parte de la política de austeridad. Pero hay otro término que también podríamos usar: la pérdida de nuestros bienes públicos no es más que un robo legalizado.

Traducción de Francisco de Zárate

En las últimas 72 horas nuestros políticos han experimentado un estado de pánico que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro británico ha visto cómo salían a la luz sus secretos económicos mejor guardados. Ahora, muchos desconocidos conocen la suma que heredó de su padre y de su madre y los beneficios que le ha reportado tener su dinero en el extranjero. David Cameron ha decidido dar un paso sin precedentes y dar explicaciones sobre los impuestos que ha pagado en los últimos seis años. Los líderes de los demás partidos no han tardado en proporcionar información parecida. En el Reino Unido, donde se habla con más facilidad de un adulterio que de los asuntos tributarios, esta reacción nos deja boquiabiertos. 

Sin embargo, el tema no queda zanjado. Aunque algunos comentaristas han preferido no entrar en detalles, lo cierto es que David Cameron no ha mostrado sus declaraciones de impuestos sino un informe de sus contables. Y escoger este atajo no lo sacará del atolladero. Si Jeremy Corbyn, otros destacados políticos y los medios de comunicación lo siguen atacando tan intensamente como en los últimos días, no tardaremos en conocer nuevos detalles. Downing Street no podrá encerrarse bajo llave y no indicar cuántos miembros del Gabinete tienen bienes en el extranjero: serán los propios ministros los que terminen rompiendo filas. De hecho, algunos ya lo han hecho. 

Corremos el riesgo de quedar sepultados por una pila de información: una cadena interminable de declaraciones sobre quién dio qué a quién y sobre si este último lo declaró al fisco o no. Al final, lo más importante podría parecer “la gestión” y “las explicaciones” y la culpabilidad de esa persona. La situación podría interesar a todos aquellos que les gusta señalar a los demás con el dedo y desconcertar a los que están demasiado ocupados como para prestar atención a los detalles. Lamentablemente, también podría eclipsar la realidad que ha salido a la luz con esta filtración. 

En el fondo, los papeles de Panamá no giran en torno a los impuestos. Ni siquiera giran en torno al dinero. Lo que realmente reflejan es la corrupción de nuestra democracia. 

Como ya hacía la filtración de Luxemburgo, los papeles de Panamá nos confirman que los súper ricos han abandonado el sistema económico que todos los demás tenemos que respetar. Durante 30 años han podido ocultar sus ingresos en el extranjero y han podido diseñar un sofisticado entramado legal para no tener las mismas reglas de juego que el resto de ciudadanos. 

Los paraísos fiscales solo son un reflejo de esta realidad. La deslocalización de capital da lugar a explicaciones muy técnicas pero la mejor definición que he encontrado es la del experto Nicholas Shaxson, que lo resume así: “Te llevas tu dinero a otro lugar, a otro país, para esquivar las normas y las leyes de la sociedad donde tienes tu negocio”. Cuando lo haces, privas a tu propia sociedad de la posibilidad de tener hospitales, escuelas, carreteras…

Sin embargo, los mismos que sacan su dinero de nuestro país se implican en la elaboración de las reglas del juego que nos afectan. Este 1% paga para tener un nivel de influencia política que no había tenido jamás. Piensen en los hermanos Koch, unos multimillonarios que han moldeado las elecciones presidenciales que se celebran en Estados Unidos este año. 

En el Reino Unido, los responsables de los fondos de inversión y de capital privado aportaron la mitad de la financiación de la campaña del partido Conservador en 2010 y lograron que los Tories pudieran saborear la primera victoria en 18 años. 

Para entender la actual erosión de la democracia debemos recordar a un economista berlinés, Albert Hirschman, un gran referente del pensamiento económico moderno. Falleció en 2012 a la edad de 97 años pero si analizamos Los papeles de Panamá a la luz de sus teorías, la conclusión final es realmente inquietante.

Hirschman indicaba que los ciudadanos que quieren mostrar su desacuerdo con el sistema tienen dos posibilidades: quejarse para cambiarlo o irse. ¿Estás harto de la escuela de tu barrio? Puedes quejarte ante el responsable del centro. También puedes sacar a tu hijo de la escuela y llevarlo a un centro privado. 

En el Reino Unido y en Estados Unidos, los súper ricos han roto el razonamiento de Hirschman: han optado por irse y al mismo tiempo por quedarse y tener influencia política. Tienen un pastel libre de impuestos y se lo comen. 

La información que se ha divulgado en los últimos días nos ha confirmado que David Cameron trabaja en la sucursal de los súper ricos en Downing Street. El hecho de que él pertenece al 1% está fuera de toda duda. Su padre era un importante corredor de bolsa con una fortuna en torno a los 12 millones de euros. Los periódicos hablamos con tanta frecuencia de millones de euros que es probable que los lectores no puedan hacerse una idea de su verdadero alcance. Digamos que si al dar las campanadas de fin de año recibieras un euro por segundo, tardarías unos 114 días en amasar 12 millones. 

¿Qué beneficios les ha aportado invertir en las campañas electorales del Reino Unido desde 2010? Recortes de impuestos, que George Osborne los invite a su oficina y les pida su opinión sobre el impuesto de sociedades, y la tranquilidad de saber que sus aventuras en paraísos fiscales serán tratadas con la debida indulgencia. 

Cuando estudiaba política me enseñaron que el Reino Unido era una democracia representativa. Sin embargo, 30 años de plutocracia nos han llevado a la era de la democracia no representativa. Salvo contadas excepciones, nuestros políticos ya no se parecen a nosotros, ni trabajan para nosotros. En el contexto de una crisis del mercado del alquiler, el viceministro de vivienda, Brandon Lewis, gestiona una cartera privada de viviendas de alquiler. Tenemos también a un ex banquero de inversión, Sajid Javid, que ahora asegura hacer lo que es mejor para la industria siderúrgica. Y tenemos a un primer ministro multimillonario que se ha comprometido a terminar con los paraísos fiscales pero que, al mismo tiempo, ha bloqueado cualquier intento real en esa dirección. 

Traducción de Emma Reverter

Redactan sus propias leyes fiscales y compran a los políticos. No debe sorprendernos que las grandes fortunas acumulen cada vez más riqueza

La siguiente metáfora es difícil de superar. Esta semana, algunas de las personas más ricas del planeta se han dado cita en la cima de una montaña nevada situada en el principal paraíso fiscal del mundo. Muchas de ellas pagarán grandes sumas de dinero para poder participar en este encuentro de tres días celebrado en Davos. Ser miembro del exclusivo club de Davos cuesta unos 130.000 euros. Durante su estancia, compartirán sus opiniones sobre los riesgos y las oportunidades de la situación económica mundial con los periodistas. Hablarán sobre la desigualdad de género y sobre la innovación tecnológica. Y su mensaje tendrá el impacto deseado, inmune a la turbulenta situación económica mundial.

Son nuestra élite económica y quieren que todos nosotros los observemos desde la planicie. Grandes pensadores, bienintencionados, muy trabajadores y defensores de la meritocracia. Y es así como justifican las gigantescas recompensas que obtienen: trabajamos duro, lo merecemos. El mensaje siguiente es más sutil pero sustenta todo el sistema: si trabajas duro, tú también lo conseguirás.

Esta promesa contrasta con las recientes conclusiones de Oxfam, que señala que las 62 principales fortunas acumulan más riqueza que la mitad de la población mundial, es decir, que 3.500 millones de personas.

Reflexionemos sobre esas cifras porque se trata probablemente de la comparación más grotesca de la actual situación económica mundial. Si analizamos la lista de los más ricos, sus nombres demuestran que la meritocracia es una gran mentira. Los hombres, las mujeres y los niños que forman parte de esta masa de 3.500 millones de personas no nacieron con el dinero que acumulan cinco miembros de la familia Walton, propietaria de Walmart, que está cifrada en 136.000 millones de euros. Tampoco se convertirán en un príncipe de Arabia Saudita, como el príncipe Alwaleed bin Talal, con una fortuna en torno a los 24.000 millones de euros.

Podría sacar a relucir muchos otros apellidos que perpetúan la mentira de que esta es la era del plutócrata hecho a sí mismo. Lo cierto es que las principales fortunas se han heredado. Si echamos un vistazo al escaparate de la gran chocolatería de Michele Ferrero, veremos que su viuda, Maria Franca Fissolo es a sus 98 años la quinta mujer más rica del planeta. Los vástagos de las dinastías Lidl y Aldi, y los tres hermanos Mars, tienen más de 73.000 millones de euros. No es necesario ser un bolchevique para llegar a la conclusión de que la mayoría de las personas más ricas del mundo son los beneficiarios de la lotería de la vida; nacieron en el momento adecuado y en la familia adecuada.

Esas grotescas cifras ponen en evidencia que algo más se ha ido al traste: a principios de esta década, 388 multimillonarios poseían la mitad del planeta. En 2011, esta cifra se había reducido a 117. El año pasado, ya solo eran 80. En otras palabras, tras cinco años de recesión, los más ricos no han hecho más que multiplicar su inmensa fortuna. Y esto no se debe al hecho de que la economía mundial está floreciendo, como saben todos los trabajadores a los que se les ha congelado la nómina y todas las familias que tienen menos ingresos que antes. Lo cierto es que sufrimos las consecuencias de las medidas de “goteo hacia arriba”, que propician que la clase trabajadora y la clase media entreguen su dinero a los más privilegiados.

Los ochenta fueron la década del “goteo hacia abajo”. Thatcher y Reagan promovieron los recortes fiscales para los más ricos, con la promesa de que todos los ciudadanos, con independencia de que habitaran en Easington, Port Talbot, Pittsburg o en Milwaukee, se beneficiarían de estos incentivos. En cambio, en los últimos cinco años se ha apostado por el “goteo hacia arriba” y los principales bancos centrales han lanzado políticas que a todas luces benefician a los más ricos. Desde 2009, en Estados Unidos y el Reino Unido se han destinado miles de millones de euros al Programa de Expansión Cuantitativa (QE) con el objetivo de hacer subir los precios de los activos. A nadie se le escapa que estos activos están en manos de los más ricos.

No resulta sorprendente que el Banco de Inglaterra reconociera que el 40% de los beneficios de su programa de QE, valorado en 487.280 millones de euros, fuera a un 5% de los hogares del país. Tampoco, que Stanley Druckenmiller, un administrador de fondos multimillonario, describiera al programa de QE como “la mayor redistribución de riqueza de la clase trabajadora y de la clase media a los más ricos de todos los tiempos”.

Las cifras confirman que Druckenmiller está en lo cierto. Según el economista de Berkeley Emmanuel Saez, entre 2009 y 2012 el 1% de los hogares estadounidenses más adinerados se quedó con 91 centavos por cada dólar extra que el país ganó. El 99% restante compartió los 9 centavos que sobraron.

Todo esto no pasó por descuido. Es el resultado de décadas de creciente desigualdad (el club de Davos se ha ido quedando con una tajada cada vez mayor de los beneficios del crecimiento económico). Hemos permitido que los más ricos nos hagan creer que lo que a ellos les interesa es bueno para la economía. Algunas medidas tan manifiestamente injustas como el programa de QE nunca se hubieran impulsado en un contexto económico más equitativo. El Reino Unido y Estados Unidos hubieran optado por realizar inversiones públicas e impulsar programas gubernamentales.

Esta desigualdad masiva ha permitido que el 1% tenga una influencia política sin precedentes. De hecho, las grandes fortunas prácticamente redactan las leyes fiscales, solo hace faltar recordar que el ministro de Economía británico George Osborne invitó a su despacho a los responsables de las principales empresas del país y les pidió consejo sobre una revisión del impuesto sobre sociedades. Los ricos se aseguran de que los paraísos fiscales son tratados con la indulgencia necesaria, para seguir escondiendo sus billones allí. Compran a los políticos, como los banqueros que financiaron la campaña del partido Conservador (en el Reino Unido) o los multimillonarios hermanos Koch, que utilizan su fortuna para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De hecho, los más ambiciosos incluso se pasan a la política. Pensemos no solo en Donald Trump sino también en el operador de bonos, convertido en magnate de los medios de comunicación y después en alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

El gran error que ha cometido la corriente principal de la derecha y de la izquierda, e incluso algunas ONG como Oxfam, es creer que los más ricos, que ahora acumulan una enorme fortuna, juegan siguiendo las mismas reglas que nosotros. No son “creadores de riqueza”, ni invierten en la sociedad ni nos proporcionan trabajos. Ni tampoco renunciarán a los paraísos fiscales. Esto no va a pasar, al menos por ahora. Un grupo muy reducido se ha beneficiado de los recortes masivos y de la permisibilidad de las leyes. Se han quedado con tanto dinero como ha sido posible y ahora tienen cientos de miles de millones. Mientras tanto, nosotros nos hemos convertido en su fuente de ingresos, mientras vacían nuestro estado del bienestar, congelan nuestros salarios e impiden que nuestros empleadores puedan invertir. Lamentablemente, esto no tiene ninguna importancia en Davos.

Traducción de: Emma Reverter