Nuevo revés para la política migratoria de Matteo Salvini y un respiro para los 146 rescatados a bordo. La resolución del Tribunal Administrativo de Lacio que anula la prohibición de entrada del Open Arms a aguas jurisdiccionales del país ha aumentado la presión sobre el Gobierno italiano ante su negativa a permitir el acceso a puerto del buque tras 14 días bloqueado en alta mar. El buque ya ha fondeado en aguas italianas, pero continúa sin autorización para desembarcar.

A primera hora de este jueves, los rescatados han divisado tierra por primera vez en 14 días. El Open Arms se ha resguardado del temporal que acecha el Mediterráneo central en las proximidades de la costa de Lampedusa, tras la orden judicial de permitir su acceso a sus aguas territoriales. “El decreto de Salvini ha dejado de tener efecto a pesar de las amenazas de uno nuevo. Una noche larga, pero el final se acerca”, han dicho a través de Twitter. .

Tras la decisión judicial, el Open Arms ha solicitado a través de correo electrónico el permiso de “desembarco urgente” a los centros de coordinación de salvamento marítimo de (MRCC) Italia y Malta por razones sanitarias. Junto a la petición de acceso a sus puertos, el capitán ha incluido un informe médico y psicológico de los 146 rescatados que evidencia “resultados contundentes”.

“Los informes de los equipos médicos y de mediadores que trabajan a bordo son contundentes”, ha descrito este miércoles Óscar Camps. A través de los documentos sanitarios, el Open Arms ha solicitado la evacuación médica inmediata de todos los náufragos. Además del análisis del servicio sanitario y psicológico, la ONG se apoya en la resolución cautelar para forzar a Italia y Malta a levantar el blindaje de sus puertos.

Para el juzgado administrativo de Lacio la documentación presentada por el Open Arms en el juzgado (que incluye el informe médico, informe psicológico, declaración de jefe de misión) evidencia una situación “de excepcional gravedad y urgencia” que justifica la anulación cautelar de la prohibición de entrada del Open Arms en aguas territoriales italianas. El magistrado insta a al Estado italiano a “prestar asistencia inmediata a las personas más necesitadas rescatadas, como ya se ha producido en los casos más críticos”.

A esta última frase se aferra la ONG Open Arms. Según ha asegurado Óscar Camps, la necesidad de asistencia sanitaria y psicológica queda reflejada en los documentos médicos recién enviados a las autoridades italianas y maltesas. El informe sobre la salud mental de los rescatados, al que ha accedido eldiario.es, concluye que la situación de los “muy crítica y requiere una intervención oportuna”.

“Su frustración ha hecho que surjan ideas suicidas”

El estudio evidencia la aparición de conductas “autodestructivas” entre algunos pacientes a bordo y el surgimiento de “ideas suicidas” debido debido a “la experiencia aguda de frustración y dolor”.

“La falta de esperanza acerca del futuro puede ir acompañado de una tendencia a ver el suicidio como una forma de salir de las dificultades por las que has pasado”, contextualizan los psicólogos a bordo. “Los migrantes informan de que, hasta la fecha, no han podido sentirse seguros y continúan viviendo con angustia la posibilidad de ser devuelto a Libia”.

Según alerta el equipo de psicólogos de la ONG “Emergency”, los episodios de riesgo y las molestias a las que están actualmente expuestos pueden hacer estructurales los trastornos mentales agudos de los migrantes“ por lo que ”requieren un alto nivel de protección de la salud mental con apoyo psicológico en un contexto estable“. Entre los factores que han preocupado a los profesionales se encuentra la proximidad física a Libia, el lugar ”que desata su estrés“. Por estas razones, ”solicitan la evacuación inmediata“ de todo el grupo.

El ministro del Interior italiano, sin embargo, se ha mostrado impasible ante la resolución judicial. “Vivimos en un país en el que un abogado del Tribunal Administrativo (de la Región) del Lacio quiere dar permiso para desembarcar en Italia a un barco extranjero lleno de migrantes. Yo volveré a firmar en las próximas horas mi 'no'”, ha declarado Salvini este miércoles durante un acto en Génova.

“Rechazamos la decisión del TAR y llamamos de manera urgente a una convocatoria del Consejo de Estado. No solo eso. Estoy listo para firmar otra disposición para la prohibición de entrada en aguas territoriales italianas debido a los recientes episodios”, ha insistido el ministro de extrema derecha.

A las presiones enviadas desde los tribunales se suman las originadas por las conversaciones secretas mantenidas por la Comisión Europea con algunos Estados miembros. Aunque discretos, varios países europeos se encuentran negociando con Bruselas en busca de una solución que suma 14 días de retraso. Entre los países que se han colocado en una posición protagonista en este proceso no se encuentra España, Estado de bandera del Open Arms, sino Francia.

La ONG Open Arms lleva días en contacto con las embajadas de Francia y Alemania, que han mostrado una actitud proactiva a la situación del buque, a diferencia del Ejecutivo español, según transmiten desde la organización. Desde el Ministerio del Interior francés ha confirmado su participación en las negociaciones informales con Bruselas. “Francia ha tomado la iniciativa para encontrar una solución a la situación del Open Arms, como ya ha hecho en otras situaciones de crisis de embarcaciones humanitarias en las que el gobierno francés fue proactivo”, ha destacado un portavoz del Ejecutivo de Macron.

“Debemos encontrar una solución lo más rápido posible. Hay una embarcación humanitaria con 150 migrantes a bordo que lleva cerca de dos semanas sin un puerto donde desembarcar”, han afirmado desde el Ministerio del Interior francés. “Tenemos que actuar lo más rápido posible. Pero encontrar una solución no depende solo de Francia”, ha alertado.

Para el abogado del Open Arms, Jaime Rodrigo de Larrucea, la resolución judicial prueba que “aunque Salvini vuelva a firmar otra prohibición de entrada, su Gobierno funciona al margen de la ilegalidad”. El letrado considera que, aunque las medidas cautelares dictadas se centran en el caso del Open Arms, estas suponen “un varapalo” para el decreto administrativo aprobado en agosto por el Ejecutivo italiano que conlleva la imposición de multas a las ONG que salven vidas sin permiso en el Mediterráneo central.

“El Tribunal administrativo considera que la orden de Salvini es nula de pleno derecho porque contradice los propios convenios que Italia ha firmado en materia de salvamento marítimo”, ha explicado Rodrigo de Larrucea, también profesor de Derecho Marítimo en la Universidad Politécnica de Cataluña. A juicio del letrado, la decisión puede “acelerar” la consecución de un puerto seguro para los 146 rescatados.

“Quiero pensar que el resto de Estados miembros van a presionar a Italia porque un juzgado ha concluido que tiene la obligación legal de atenderlos: en este sentido puede facilitar el desenlace”, argumenta.

Por el momento, las medidas cautelares dictadas en la región de Lacio ya han supuesto un alivio para los rescatados del Open Arms: permiten su aproximación a la costa de Lampedusa para refugiarse del temporal que estaban complicando aún más las ya precarias condiciones a bordo del buque. El fuerte oleaje, de hasta 2,2 metros de altura, ha provocado mareos entre los 146 migrantes que resisten hacinados en una cubierta que no supera los 180 metros cuadrados.

Al despertar este jueves, al menos, sentirán algo de estabilidad en el buque. El capitán del Open Arms había solicitado permiso a principios de semana para introducirse en aguas territoriales italianas, tan solo para protegerse de la tempestad. Tampoco este fue un motivo de peso para permitir su acercamiento temporal a sus costas. “Ha sido un éxito”, concluye el letrado. Pero falta lo más importante: pisar tierra firma y sentir la protección que venían a buscar a Europa.

La misma semana en la que los candidatos a presidente del Gobierno se enfrentaban a los últimos días de campaña electoral, una delegación marroquí se encontraba en Madrid para activar un nuevo proceso de deportación “voluntaria” de menores migrantes no acompañados. El mecanismo del Gobierno español tiene como precedente un plan similar de repatriación de niños marroquíes impulsado en París, pero sus resultados han dejado a su paso denuncias de irregularidades y vulneraciones de los derechos de la infancia.

La fiscalía de París empezó a colaborar en la primavera del año pasado con la policía de Marruecos para favorecer las deportaciones de menores marroquíes. Instalados en la zona de la Goutte d'Or, en el norte de la capital francesa, muchos de ellos sufrían problemas de drogadicción, a menudo dormían en la calle y su situación de exclusión los empujaba a ser víctimas o autores de actos de delincuencia (robos, tráfico drogas, prostitución, etc).

Seis funcionarios marroquíes, entre ellos cuatro agentes de policía, se desplazaron en junio de 2018 a París para identificarlos y favorecer su retorno. Este acuerdo de colaboración mantiene ciertas similitudes con las deportaciones impulsadas a finales de abril de este año por el gobierno español con la ayuda de una delegación marroquí. En el caso de Francia, ¿la cooperación con Marruecos ha dado sus frutos? ¿Ha permitido mejorar la suerte de estos adolescentes que vivían en condiciones deplorables y alteraban el orden público?

“Es evidente que este acuerdo no ha resuelto el problema”, asegura Alexandre Le Clève, miembro de la asociación Trajectoires, que describió la situación de estos jóvenes marroquíes en un extenso estudio realizado para el Ayuntamiento de París. “Ha favorecido que los jóvenes que estaban en la Goutte d'Or se dispersen por otras ciudades en el oeste de Francia, como Rennes, Tours o Brest”, añade Jean-François Martini, jurista experto en los menores extranjeros no acompañados y miembro de la asociación Gisti, que reveló el año pasado el acuerdo alcanzado de forma poco transparente entre las autoridades francesas y marroquíes para favorecer las deportaciones de estos niños y adolescentes.

Al menos una veintena de estos menores, la mayoría de ellos marroquíes, deambulaban por la Goutte d'Or, unas de las zonas más populares y multiculturales de la capital francesa, por la que han pasado en los últimos dos años más de 300 niños y adolescentes migrantes. La mayoría de ellos se resguardaban de las bajas temperaturas pasando las horas dentro de una lavandería que frecuentan desde 2017. Muchos de ellos han vivido antes en España y hablan castellano con fluidez. “Hemos venido para buscarnos un futuro”, afirma uno de ellos, que asegura residir en París “desde hace un año”. Actúan con desconfianza y cierta agresividad hacia otros adultos. Sus rostros no solo están marcados por el cansancio, también por las heridas.

“Las deportaciones voluntarias no han dado sus frutos”

“Tras unos meses en los que disminuyó su presencia, estos vuelven a ser bastante numerosos”, explica Christian Megerand, de 66 años, propietario de un restaurante en la calle Jessaint, donde se reúnen estos adolescentes, mal llamados “niños de la calle”, dado que muchos de ellos tienen familia en Marruecos, aunque sus vínculos familiares resulten frágiles. “La situación ahora es menos tensa”, reconoce Elena Tabera, sentada en un banco en el parque Alain-Bashung.

Aunque su presencia se ha vuelto un poco más discreta, algunos de ellos siguen viviendo en Francia y muy pocos regresaron a Marruecos. Según datos del Gisti, la policía marroquí identificó a 85 jóvenes de un total de 122 hasta finales del año pasado, 50 de ellos fueron considerados menores de edad y 35, mayores de 18 años. “Entre todas las familias que fueron localizadas, ninguna de ellas deseó recuperar a su hijo”, explica Martini. “La idea de que se podían lograr deportaciones voluntarias no dio sus frutos”, añade.

Contactados por eldiario.es, la embajada de Marruecos y la prefectura de la policía de París no han precisado el número de adolescentes identificados ni cuántos de ellos han sido deportados. Según el diario digital Street Press, al menos nueve adolescentes marroquíes fueron expulsados antes de finales de 2018. Aunque el consulado marroquí dijo al medio francés que todos ellos eran mayores de edad, cuatro de ellos poseían certificados de nacimiento que indicaban ser menores.

Las deportaciones desembocaron en casos controvertidos como el de Rachid B. Este joven marroquí fue detenido el pasado 8 de octubre en el norte de París. Después de interrogarlo durante su encierro en un centro de retención administrativa (el equivalente de un CIE en Francia), el grupo de agentes marroquíes lo interrogaron consideró que tenía más de 18 años, aunque Rachid B. poseía un certificado de nacimiento de diciembre de 2001.

En base a sus documentos, un tribunal administrativo francés reconoció su minoría de edad, pero la sentencia fue recurrida por la Fiscalía, lo que provocó su permanencia en el centro de internamiento. “La fiscalía de París se opuso a que mostrara su certificado de nacimiento durante la audiencia”, lamentó su abogada Olfa Ouled en declaraciones a Street Press. Solo dos días después de este segundo juicio, fue deportado a Marruecos.

Una base jurídica frágil

Como en España, los menores extranjeros no acompañados no pueden ser deportados sin el consentimiento del adolescente ni la autorización de un juez. A pesar de ello, el documento del acuerdo entre la policía de París y las autoridades marroquíes, filtrado por el Gisti, establecía como objetivo “su retorno a Marruecos”. La base jurídica para materializar las repatriaciones, reconocían los firmantes,“debe ser objeto del trabajo de los expertos”. El pacto citaba como ejemplo otro un polémico acuerdo bilateral entre Francia y Rumanía alcanzado a principios de los años 2000 para favorecer las expulsiones de adolescentes rumanos.

“El proyecto para impulsar las deportaciones de menores marroquíes es una copia de lo que se intentó hacer con los menores rumanos”, asegura Leclève, quien recuerda que el Consejo Constitucional (el equivalente del TC en Francia) declaró inconstitucional buena parte del pacto, que permitía las expulsiones de menores a través de una mera autorización de los delegados del gobierno. En el caso de la cooperación con Marruecos, las autoridades francesas avanzan con mayor prudencia y secretismo jurídico.

“Tememos que presionen a estos adolescentes para darles a entender que no tienen otra opción que su deportación”, reconoce Martini. Según el miembro del Gisti, los interrogatorios de los menores se han producido sin la presencia de sus abogados. “Los agentes marroquíes han podido registrarles incluso sus teléfonos móviles”, lamenta. Un modo de actuación que roza la ilegalidad.

“El principio que debería prevalecer es que un menor extranjero no acompañado no es expulsable”, afirma Leclève. Pese a las dificultades que comporta, “estos jóvenes lo que necesitan es asistencia social”, defiende Martini. Sin embargo, los departamentos franceses (el equivalente de las provincias), encargadas de la acogida de los menores extranjeros no acompañados, se muestran cada vez más reticentes a la hora de ofrecer asistencia social a los inmigrantes adolescentes. En Francia, hay 17.000 menores extranjeros no acompañados, según los últimos datos (2018) de la Protección Judicial de la Juventud.

Las autoridades francesas apostaron por una solución policial ante el caso problemático de los menores marroquíes de la Goutte d'Or. Un proyecto que resulta un modelo controvertido para las autoridades españolas, tanto por su escasa eficacia como por las posibles vulneraciones de derechos de los menores de las que ya empiezan alertar organizaciones especializadas en infancia y migraciones, como la Red Española de Inmigración o Save The Children.

De EEUU a Hungría, pasando por Francia, Alemania, Italia o Brasil, líderes y formaciones de extrema derecha emplean argumentos antiinmigración similares que han sido repetidos en las últimas semanas en España

El fantasma de la "islamización de Europa", el mantra de que los inmigrantes "abusan de ayudas sociales", la vinculación con la delincuencia o la criminalización de quienes defienden sus derechos son algunos de ellos

El rechazo a la llegada de migrantes, principalmente a los que profesan la religión musulmana. Exigirles que “respeten nuestras costumbres” si quieren venir a España. Defender abiertamente deportaciones masivas como medida para controlar el flujo migratorio. Insistir en que “abusan de las ayudas sociales”. Agitar la sensación de inseguridad o poner en el punto de mira a quienes defienden sus derechos.

Los principales argumentos y medidas antiinmigración que hemos escuchado en determinados discursos de campaña durante las semanas previas a las elecciones generales de este domingo resultan familiares. En numerosas ocasiones, son calcados a los que han empleado líderes y formaciones de extrema derecha en países que van de EEUU a Hungría, pasando por Francia, Alemania, Italia o Brasil.

También son similares las estrategias: ofrecer cifras desproporcionadas, repetir bulos o presentar propuestas imprecisas que muchas veces no se sostienen con los datos o la ley en la mano. A veces, estos argumentos se acaban reproduciendo en sectores políticos conservadores. En España, los ha defendido en su mayoría Vox, pero a veces se ha sumado a ellos el Partido Popular.

“No queremos una Europa islamizada”

Santiago Abascal, líder de Vox, insiste en expandir la idea de una supuesta “invasión a Europa”, alertando de un riesgo de “una Europa islamizada” que no existe. No es una estrategia nueva. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), ha agitado en numerosas ocasiones el miedo a este fantasma. En la actualidad, pide el voto de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo “para que Europa no se convierta en Eurabia”, como se lee en uno de los carteles empleados estos días la formación en Berlín.

Especialmente beligerante contra las personas de confesión musulmana han sido Orban o la francesa Marine le Pen, líder de Agrupación Nacional (AN) (antiguo Frente Nacional). Este jueves, la líder de extrema derecha acudió a Praga para apoyar el arranque de la campaña a los comicios europeos del partido ultraderechista checo SPD.

Allí defendió su postura “el islamismo” . La UE no puede estar basada en una ideología que nos es impuesta por la fuerza“. Lo mismo argumentó el jefe del Partido de la Libertad holandés, Geert Wilders, que arremetió contra Bruselas por la supuesta ”islamización de la sociedad“ y abogó por ”ley y barricadas“ para frenar la llegada de migrantes de fe musulmana.

Cifras exageradas

“España no tiene la obligación de atender a 400 millones de inmigrantes”, dijo en enero Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Vox, tras la irrupción de la formación de extrema derecha en el Parlamento Andaluz. En esta campaña, Abascal ha defendido que en 2050, “el 50% de la población de Francia será musulmana”, un dato que no es cierto.

El uso de cifras sobredimensionadas de las que, en muchas ocasiones, no revela la fuente es una de las técnicas utilizadas por el partido de extrema derecha. No han sido los únicos. En julio, Casado agitó el miedo a la llegada de “50 millones de africanos están recabando dinero” para venir a España. En el debate de Atresmedia, el presidente del PP insistió en avivar el discurso del “efecto llamada” para atacar la política migratoria de Pedro Sánchez.

Los datos oficiales sobre inmigración demuestran la desproporción de estos discursos alarmistas que también han sido enarbolados por políticos conservadores en otros países.

En Francia, el primer debate televisivo de la campaña para las europeas estuvo prácticamente monopolizado por la inmigración el pasado abril. El dirigente conservador Nicolas Dupont-Aignan (del partido Francia En Pie, una escisión de Los Republicanos) agitó el fantasma de una supuesta invasión alegando que 18 millones de inmigrantes habían entrado en la UE durante los últimos cinco años. Una cifra presentada de forma deshonesta ya que la mitad de estos “inmigrantes” son ciudadanos europeos que se desplazaron entre países del viejo continente.

“Quien quiera venir, que respete nuestras costumbres”

Entre las principales señas de identidad de Vox se encuentra el nacionalismo y la defensa a ultranza de lo que considera las costumbres y valores tradicionales españoles, un argumento que también arroja contra los inmigrantes, principalmente a aquellos que profesan la religión musulmana. “Quien quiera venir aquí tiene que respetar nuestras costumbres”, dijo el líder de la formación de extrema derecha en un mitin en Santander.

Pablo Casado también se sumó a esta defensa en la campaña para las elecciones andaluzas el pasado noviembre: “O respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país (...). Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros”, dijo en Granada. En su programa para las elecciones generales, el PP también incluye que la inmigración debe tener “voluntad de respeto a las costumbres de la nación que les acoge”.

La estrategia de presentar la inmigración como una amenaza para los “valores” y las tradiciones considerados propios del país copia a la que utilizó Donald Trump durante su campaña para las elecciones de 2016. “Simple y claro: solo debemos admitir en este país a aquellos que comparten nuestros valores y respetan a nuestra gente”, dijo el presidente de EEUU.

En Italia, el líder ultraderechista y ministro del Interior Matteo Salvini se ha acercado a sectores ultraconservadores, que en marzo celebraron un encuentro mundial en Verona para proteger la “familia tradicional”. Pese a no haber mostrado hasta ahora una estricta moral cristiana, Salvini presidió este acto, en un gesto para defender la tradición religiosa de su país ante los musulmanes que vienen de fuera. Durante la campaña a las elecciones italianas, apareció con un rosario, lo que le granjeó críticas de la Iglesia por una utilización política de los símbolos.

En Hungría, el primer ministro Viktor Orban clama recurrentemente que la inmigración “daña los valores cristianos”. Esta país, de hecho, es un ejemplo para Vox, que lleva en su programa “la creación de una Agencia para la ayuda a las minorías cristianas amenazadas, imitando la iniciativa de Hungría”.

“Suprimir las ayudas a los inmigrantes”

Se trata de uno de los mantras más repetidos por Vox, que han tenido su eco en las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular. La formación de extrema derecha exige “suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales”, que vincula con un presunto ‘efecto llamada’ que no demuestra.

“Se confunden de país” los que quieran “disfrutar de las ayudas sociales sin respetar”, ha dicho por su parte el líder del PP, que también ha argumentado en las últimas semanas que la inmigración “pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios sociales”. Sin embargo, un rastreo de las ayudas sociales de Maldita.es desmonta la idea de que los inmigrantes “tienen más facilidades de acceso” que los españoles. Según un informe de Obra Social La Caixa, aportan más al sistema de lo que reciben y usan menos el sistema sanitario.

Este tipo de bulos sobre los presuntos “privilegios” de los extranjeros son habituales en países vecinos como Italia. Especialmente famosa fue una frase de Salvini, “se acabó la buena vida”, en pleno auge de su popularidad. El ahora vicepresidente del Gobierno prometió que se acabarían las ayudas para los migrantes en los centros de acogida. Durante años atizó una dura campaña contra los 35 euros diarios que aseguraba que recibían como prestación cada uno de ellos. En realidad, era el coste de la gestión de la acogida, que en parte procedía de la UE.

También Le Pen ha echado mano de estos argumentos falsos: “¿Es normal que un inmigrante que acaba de desembarcar pueda recibir más ayudas que un jubilado modesto que ha trabajado y cotizado toda su vida?”.

“Los delincuentes son mayoritariamente extranjeros”

“Que nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente suelen ser extranjeros, le tire del bolso”, afirmó Abascal en Vistalegre a pesar de que, según los últimos datos del INE (2017), la gran mayoría de los condenados por robos con fuerza son españoles y de que España se encuentra entre los países más seguros de Europa. La vinculación de la inmigración con la criminalidad, también para defender su expulsión, es una constante en el discurso de Vox y un ataque frecuente de dirigentes políticos en muchas partes del mundo, desde EEUU a Brasil.

En este último país, la retórica criminalizadora vienen de lejos, de la mano del actual presidente, Jair Bolsonaro. “En caso de que se reduzcan los efectivos [de las Fuerzas Armadas], será menos gente en las calles para hacer frente a los marginales del MST [Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra], que están engordados ahora por senegaleses, haitianos, iraníes, bolivianos, y toda la escoria del mundo”, dijo en 2015. AfD habla de “inmigración del cuchillo” y se empeña en crear sensación de alarma, aún cuando desde el Ministerio del Interior informa de que la criminalidad está en mínimos históricos.

La idea de la inmigración vinculada a la inseguridad acapara buena parte del mensaje que llevó al poder, y todavía caracteriza, a Salvini. También la candidata del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni repite que más de la mitad de robos, violaciones o delitos relacionados con la prostitución los cometen extranjeros. Los datos del Ministerio del Interior, sin embargo, dictan que este porcentaje no llega a un tercio y que la delincuencia lleva años en línea descendente.

“Expulsar a los ilegales”

Vox lleva en su programa, entre otras promesas, la de deportar a las personas que viven en situación irregular en España. Esta intención quedó reflejada en la condición de Vox en Andalucía, aceptada por el PP, de compartir datos sanitarios para la expulsión de inmigrantes, que choca con la ley. En un mitin el pasado fin de semana en Palma, Abascal volvió a repetir cuál es su intención: “Expulsar a los ilegales”

En Francia, en las últimas décadas, las tesis xenófobas del lepenismo se han reproducido en otros partidos conservadores y, en menor medida, en el gobierno de Emmanuel Macron. Es el caso de los socios del PP en el país galo, los Republicanos, que han derechizado su discurso tras su debacle en las presidenciales de 2017. Defienden devolver de manera sistemática a las costas de África a las embarcaciones de refugiados, prohibir que los inmigrantes puedan regularizar su situación y expulsar a 300.000 inmigrantes sin papeles.

En Italia, otra de las promesas estrella de la coalición de derechas que se presentó a las pasadas elecciones (Liga, Hermanos de Italia y Forza Italia) era expulsar a unos 600.000 migrantes que, decían, se encontraban en este país en aquel momento. Los expertos apuntaban que se trataba de una medida “prácticamente imposible de cumplir”. En sus 10 meses en el Ejecutivo, Salvini ha viajado en numerosas ocasiones a Libia y Túnez para favorecer esta política. Pero Italia solo tiene acuerdos bilaterales con Túnez, Marruecos, Egipto y Nigeria, por lo que no puede expulsar a ciudadanos de otras nacionalidades. Según el Instituto de Estudios de Política Internacional italiano, de junio a febrero repatriaron a 4.800 personas, una cifra muy similar a la de Gobiernos anteriores.

“Endurecer penas para ONG que colaboren con mafias”

Vox promete “revisar los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONG, empresas o particulares”. La persecución y criminalización de la organizaciones humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo es cada vez mayor, especialmente en Italia, que lleva años de ventaja en este campo. Las trabas impuestas y la acción de varias fiscalías sicilianas, que ha inmovilizado varios barcos de ONG sin hallar nunca indicios de criminalidad, han llevado a estas a alejarse progresivamente del Mediterráneo central.

El cierre de puertos ha sido la máxima expresión de estos obstáculos, una medida que Salvini insiste en defender acusando a las ONG de “colaborar con las mafias”. En Francia, el ministro del Interior, Christophe Castaner, aseguró a principios de abril que las embarcaciones humanitarias “habían podido actuar como cómplices de los traficantes”, una sospecha que también ha extendido el canciller austríaco, Sebastian Kurz y que las ONG niegan taxativamente. En Alemania, Afd también se opone a las misiones humanitarias en el Mediterráneo.

Las acusaciones contras las ONG se remontan a la etapa del Gobierno socialdemócrata en Italia, en la que se desacreditó su trabajo de salvamento, insistiendo en que servía de “efecto llamada”. El Movimiento 5 Estrellas fue el primer partido en hablar de ellas como “taxis del mar”, aunque los datos demuestran que miles de migrantes ya trataban de alcanzar las costas italianas antes de 2014, cuando llegó la primera ONG al mar. Entonces eran rescatados por la Guardia Costera italiana y otros barcos como los mercantes.

Salvini también se ha apropiado de la expresión, pero no ha sido el único: en marzo, Vox calcaba estas palabras para criminalizar la labor de Salvamento Marítimo en una proposición no de ley en el Parlamento andaluz, acusando al servicio de rescate dependiente de Fomento de “un comportamento presuntamente irregular” por “estar actuando como auténticos taxis por el Mediterráneo”. “La presencia de salvadores pone en grave riesgo la vida de los inmigrantes”, aseguraba. Una vez más, los datos no son ciertos: el Mediterráneo cuenta con una tasa de mortalidad mayor tras la retirada de los medios de rescate, según Acnur.

Las entidades que defienden los derechos de los migrantes también han estado en el punto de mira en Hungría, que el año pasado aprobó una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a migrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.

En Brasil, Bolsonaro ha convertido a las organizaciones que luchan por los derechos humanos en uno de sus objetivos, vinculándolas con la delincuencia. En la primera medida que publicó el diario oficial con su firma otorgaba la función a la Secretaría de Gobierno de “supervisar, coordinar y monitorear las actividades –y realizar seguimiento de las acciones– de los organismos internacionales y de las ONG en el territorio nacional”. Tal ha sido la presión social y la fuerza realizada por estas entidades, que Bolsonaro ha tenido que dar un paso atrás.

Muros en Ceuta y Melilla “que debe pagar Marruecos”

En el libro ‘Santiago Abascal: la España vertebrada’, de Sánchez Dragó, el líder de Vox habla de su propuesta de construir muros fronterizos en las ciudades de Ceuta y Melilla. La explicación acerca de dónde obtendría los fondos para financiarlo resulta familiar: “Debería pagarlo Marruecos, que es quien nos lanza oleadas de inmigrantes clandestinos para chantajear a la Unión Europea”. Sonaba a Trump.

El presidente estadounidense, a lo largo de toda su campaña electoral, promovió la construcción de un muro fronterizo entre EEUU y México (en zonas donde no existía yo, o su refuerzo donde ya había una muralla) que, según defendía, pagaría el Gobierno mexicano.

“Vamos a construir un muro en la frontera con México”, prometía en cada uno de sus mítines. “¿Quién lo pagará?”, continuaba. “¡México!”, respondían sus seguidores.

Al llegar a la presidencia, mantenía su promesa. “Yo digo que empezaremos pronto, en cuestión de meses y que, en principio, lo pagaremos nosotros pero luego lo reembolsará México”, dijo Trump. Tras más de dos años en el poder, no lo ha conseguido. Se han construido el refuerzo de la barrera en algunas zonas, pero lo ha financiado EEUU.

Trump sigue empeñado en su idea.

Mamoudou Gassama dejó Mali en 2013 con el objetivo de llegar a la Unión Europea. El joven que escaló cuatro pisos en pocos segundos para salvar la vida de un niño atravesó el desierto de Níger hasta alcanzar el “infierno de Libia”. Es uno de los miles de migrantes que cruzaron el Mediterráneo a través de la ruta más mortífera del mundo. Una vez en Italia, el viaje debía seguir viaje hasta Francia, el país comunitario donde vivía su hermano y del que manejaba el idioma. Parecía un poco más sencillo construir una nueva vida en una Europa que, todo apuntaba, se lo pondría difícil. 

Los obstáculos formarían parte de su nueva vida en Francia, y la nueva ley migratoria impulsada por el presidente Emmanuel Macron pretendía elevar aún más las barreras de su integración. Le esperaban cinco años de vida en la clandestinidad, evitando controles policiales, sobreviviendo sin papeles bajo el riesgo de acabar en un centro de detención para ser deportado a Mali.

Pero este lunes Gassama ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad francesa. Tras su épico rescate, su vida en Francia ha dado un giro copernicano. “Es un gesto de heroísmo. Deseo que podamos adoptar una decisión excepcional con usted”, le prometió este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, el mismo que pretendía complicarle aún más su estancia en el país. Tras haberlo recibido en el Elíseo, el dirigente centrista le anunció la decisión de su naturalización, así como la concesión de un trabajo en el cuerpo de bomberos. 

Gassama difícilmente hubiera accedido a estas oportunidades sin su acto heroico. Si no tuviese esa fuerza y agilidad descomunales. Si fuese como la mayoría de las personas. El maliense, de 22 años, vivía hasta ahora la misma epopeya que los 300.000 migrantes que residen en Francia de forma irregular.

Trabajo sin contrato en la construcción

Después de un viaje migratorio “terrible”, no llegó a Francia hasta septiembre del año pasado, cuando se reencontró con su hemano Birama. Desde entonces, trabajaba sin contrato en el sector de la construcción y se alojaba en un albergue para inmigrantes en Montrueil, en las afueras de París. Tenía la suerte de dormir bajo un techo, a diferencia de los más de 2.500 extranjeros que malviven por las calles de la capital francesa.

Mientras buscaba el pasado sábado un sitio donde ver la final de la Champions League, Gassama tuvo la agilidad y el coraje de acudir al rescate de un niño colgado de un balcón con una sola mano. La celeridad con la que lo convocaron en el Elíseo demuestra la habilidad comunicativa de Macron, así como los malabarismos ideológicos del presidente francés.

Tras haber defendido que la acogida de refugiados era “un deber moral y político”, Macron apuesta por una política migratoria muy restrictiva. “Se trata de una operación de comunicación exitosa del presidente Macron, con la que quiere disimular el carácter represivo de su política migratoria”, critica en declaraciones a eldiario.es la jurista Violaine Carrère, integrante del Groupe d’Information et de Soutien des Immigré(e)s (Grupo de Información y de Apoyo de los Inmigrantes, GISTI).

En la línea de la mayoría de asociaciones humanitarias francesas, Carrère lamenta el “oportunismo” y la “hipocresía” de vanagloriar la gesta heroica del joven maliense, al mismo tiempo que este miércoles empezará a debatirse en el Senado francés la nueva ley migratoria, que facilitará las expulsiones de migrantes.

Los difíciles requisitos para obtener la residencia

“Si no hubiera realizado su acto heroico, seguramente Gassama hubiera tenido bastantes más dificultades para conseguir el certificado de residencia en Francia”, explica Carrère. Según recuerda esta jurista, la legislación francesa contempla la posibilidad de conceder el “titre de séjour” (certificado de residencia) por motivos excepcionales, como ha sucedido con el joven maliense. “Pero sólo suele suceder con una decena de personas cada año, sobre todo en casos mediáticos”, añade.

Para regularizar su situación en circunstancias normales, los inmigrantes deben justificar un empleo fijo, sólidos vínculos familiares en Francia o contraer matrimonio con una persona de nacionalidad francesa. Según establece la normativa francesa desde 2012, un migrante que llega a Francia en situación irregular por motivos económicos debe justificar cinco años de residencia y haber trabajado durante al menos ocho meses para obtener la documentación.

Ninguna de estas condiciones se cumplía en el caso de Gassama. A pesar de trabajar en la construcción, “los empresarios no suelen apoyar los inmigrantes en sus trámites administrativos, ya que prefieren aprovecharse de su debilidad como trabajadores sin papeles”, afirma la jurista del Gisti. 

Atendiendo a los datos del Ministerio del Interior, Francia concedió el año pasado 262.000 certificados de residencia, un 13% más que en 2016. Esta documentación fue otorgada en la mayoría de los casos a aquellos extranjeros que se instalaron en Francia para estudiar o reencontrarse con la mayor parte de su familia. Además, 27.373 migrantes fueron deportados en 2017 de suelo francés, un 10,8% más que el año anterior. 

Si Gassama no hubiese sido un “héroe”, el joven hubiera afrontado un camino aún más largo para obtener la nacionalidad francesa que acaba de solicitar.

“Para ser nacionalizado francés –y así disponer plenamente de los derechos políticos–, un inmigrante debe haber vivido durante al menos cinco años en Francia, y tener un muy buen conocimiento de la lengua francesa y un expediente penal impoluto”, explica Carrère. “A muchos inmigrantes se les deniega su proceso de nacionalización porque tienen unos ingresos demasiado bajos”, recuerda esta jurista especializada en cuestiones migratorias.

Gassama es de Mali, un país envuelto en una guerra civil en determinadas zonas y azotado por la violencia del yihadismo. Numerosos compatriotas huyen a suelo europeo en busca de protección internacional. “Después de haber considerado que se trataba de un país en conflicto, las autoridades francesas vuelven a ver Mali como un país seguro y tratan como inmigrantes económicos la mayoría de personas que provienen de este país”, explica Carrère. 

La amenaza diaria de la expulsión

La vía más factible para obtener los papeles se situaría en conseguir el requisito indispensable de residir durante cinco años en Francia hasta comenzar a tramitar los papeles. Durante este periodo, el joven maliense habría afrontado la amenaza diaria de ser expulsado del país.

Primero, correría el riesgo de ser devuelto al primer Estado miembro que pisó para entrar en la UE, en cumplimiento del Reglamento comunitario de Dublín. “Tras haber dejado sus huellas dactilares en Italia, Massana encajaba con el perfil de los migrantes que son reenviados al primer país de la Unión Europea donde fueron registrados”, explica Yann Manzi, fundador de la asociación bretona Utopia 56, que asiste a los refugiados en París y Calais.

“Probablemente, podría haber sido encarcelado en un centro de retención administrativa (el equivalente de un CIE en Francia)”, recuerda Manzi. La reforma migratoria de Macron permitiría que Gassama, en el caso de haber acabado en un centro de detención, pudiese estar retenido hasta 90 días, 45 más que el periodo máximo actual establecido en el país.

Aprobada en primera instancia en la Asamblea Nacional, la nueva ley migratoria ha ampliado de 45 a 90 días el plazo que un extranjero puede estar detenido en un CIE francés.

¿Son héroes todos los que ayudan?

Durante el debate parlamentario de este polémico texto, la mayoría macronista rechazó las enmiendas que despenalizaban el “delito de solidaridad”, que amenaza con penas de prisión a militantes que acogen a refugiados en las zonas fronterizas o les ayudan a cruzar la frontera.

Por el azar del calendario, la recepción de Mamoudou Gassama en el Elíseo se ha producido la misma semana en la que empezará en Francia los juicios de Martine Landry, una integrante de Amnistía Internacional, y otros tres voluntarios juzgados por haber ayudado refugiados en la frontera francoitaliana en los Alpes.

Tras haber rescatado un niño, Gassama ha sido exaltado como un héroe nacional. Si hubiera socorrido un compañero migrante en una zona fronteriza, todo apunta a que hubiese sido tratado como a un delincuente.

Una casita blanca se vislumbra en medio de una colina, en lo alto de un camino de piedras y arbustos. Es el hogar de Cédric Herrou, 37 años, un campesino que en 2004 decidió irse a vivir al campo “porque quería estar solo y tener una vida tranquila”, pero que ahora se ha convertido en un referente de la Francia más solidaria con los refugiados.

“Desde mayo, se han alojado varios centenares de personas en mi casa”, asegura Hérrou. Situado en las afueras de la localidad de Breil-sur-Roya, a apenas siete kilómetros de la frontera entre Francia e Italia, su domicilio se ha transformado en un lugar de paso obligado para muchos de los migrantes que alcanzan el territorio francés de forma clandestina.

Las autoridades francesas restablecieron en junio de 2015 los controles en las carreteras y trenes que comunican Italia con Francia. La vigilancia fronteriza se acentuó después del atentado de Niza del 14 de julio. “Para todas aquellas personas que tengan una apariencia sudanesa o eritrea, la frontera está cerrada”, afirma Hubert Jourdan, coordinador de la asociación Habitat et Citoyenneté.

Jourdan considera que bajo el pretexto de la amenaza terrorista se impide la libre circulación de los 180.000 refugiados que llegaron el año pasado a Europa a través de la ruta de Libia e Italia, la principal puerta de entrada al continente. Más de 36.000 personas sin documentos de entrada fueron detenidas en 2016 en la frontera francoitaliana, según datos de la prefectura de los Alpes-Marítimos.

“En este valle hay muchos menos controles”

Ante los controles sistemáticos en la frontera, los centenares de migrantes que se encuentran bloqueados en la localidad fronteriza de Ventimiglia –sudaneses y eritreos, la mayoría de ellos– suelen andar de noche siguiendo la vía del tren en medio de las montañas escarpadas. Esta ruta peligrosa –desde agosto del año pasado se han producido cinco accidentes ferroviarios, uno de ellos mortal– los lleva hasta el valle del río Roya.

Este enclave de los Alpes-Marítimos, compuesto por cinco pequeños municipios, se caracteriza por su afiliación comunista. Representa un puntito rojo en medio de una región profundamente conservadora, donde los barones regionales son Eric Ciotti y Christian Estrosi, dos lugartenientes del expresidente Sarkozy que se oponen de forma radical a la inmigración.

“En este valle hay muchos menos controles que en el resto del departamento (provincia) de los Alpes-Marítimos”, afirma Sylvain Gogois, un profesor de Educación Física jubilado que ha llegado a acoger hasta diez refugiados al mismo tiempo en su casa. Junto a más de un centenar de habitantes del Valle del Roya –Cédric Herrou entre ellos–, Gogois participa en la asociación Roya Citoyenne. Desde el pasado verano, esta agrupación de vecinos da comida, ofrece cobijo y ayuda a transportar a las varias decenas de inmigrantes clandestinos que llegan cada día a esta zona montañosa.

“Cuando estaba en la estación de tren de Breil-sur-Roya, se me acercó una mujer que me dijo que ese lugar era peligroso y me llevó hasta la casa de Cédric de Herrou”, explica Goitom Gebrselassie, de 18 años. Este eritreo anduvo durante más de dos días desde Ventimiglia hasta que fue alojado en el domicilio de Herrou, donde duerme en una caravana en su jardín.

“Aquí nos tratan mejor que en el campo de la Cruz Roja. Dormimos tranquilos, comemos lo que queremos”, asegura Moussa Suleyman, de 17 años. Durante las dos semanas que pasó en Ventimiglia, este joven del Chad fue detenido en dos ocasiones por la policía fronteriza. Aunque la legislación francesa indica que cualquier menor en territorio nacional debe ser acogido por los servicios sociales, las extradiciones de los menores son constantes.

“Nos vemos obligados a realizar tareas que deberían ser competencia del Estado”, critica Patricia Cadoret, que trabaja como enfermera voluntaria en el Valle del Roya para Médicos Sin Fronteras. Lamenta la ausencia de lugares de acogida para refugiados en los Alpes-Marítimos, el único departamento de toda Francia donde las autoridades locales se negaron a instalar Centros de Acogida y Orientación (CAO).

Lo que más le inquieta son las dificultades que se encuentran para transportar a los migrantes que necesitan asistencia médica: “Cuando nos encontramos con alguno que tiene una caries, no lo podemos llevar al dentista por el miedo a ser detenidos por la policía”.

Una “red espontánea” que transporta refugiados

Además de la presencia de policías y militares en los puestos fronterizos, en el departamento de los Alpes-Marítimos hay trece puntos de paso autorizados, donde se impide el paso a todos los migrantes en situación irregular que circulen por ellos. También existen controles en prácticamente todas las estaciones de trenes de esta región. Ese amplio dispositivo de seguridad permitió el año pasado la detención de más de cien traficantes de personas, pero también persigue a los refugiados que viven desde hace semanas en el departamento, según los activistas.

“Intentamos transportar a los inmigrantes del Valle del Roya hasta otras regiones de Francia”, explica Herrou, quien critica el riesgo que corren de ser deportados a Italia si piden asilo en este departamento. Pese a la firmeza de los controles en la frontera, asegura haber llevado a “varios centenares de personas de Italia a Francia”.

Ayudar a un extranjero sin papeles a entrar en territorio francés es delito, pero Herrou considera legítimas sus acciones: “Les resulta muy complicado llegar a Francia. Es un viaje que los hiere a nivel físico y psicológico”. En 2016, cinco personas murieron mientras intentaban cruzar la frontera francoitaliana.

Yadyllo Cereno reside desde hace más de tres meses en el centro de acogida que Cáritas ha instalado en el subsuelo de la iglesia de Sant'Antonio en Ventimiglia. Este guineano de apenas 16 años ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar el territorio francés, pero la policía francesa siempre lo ha detenido. “Les dije a los agentes que era menor de edad, pero me respondieron que la situación es la misma para los menores que para los mayores”, relata.

“La única vez en la que los ayudé a traspasar la frontera fue porque me encontré a un grupo de menores guineanos que querían ir hasta Grenoble para reencontrarse con sus padres”, explica Gogois.

“Existe una red espontánea de personas que se dedica a transportar a los refugiados”, afirma Teresa Maffeis, fundadora de la Asociación por la Democracia en Niza. Reconoce que a menudo los voluntarios se organizan para saber en qué zonas hay controles, aunque no es así en todos los casos: “Una mujer me explicó que una vez fue a Ventimiglia para dar comida a Cáritas y allí decidió recoger a un grupo de inmigrantes a los que tuvo durante unos días en su casa”.

Detenido por llevar a tres eritreas a un hospital

El 16 de octubre, mientras circulaba en coche acompañado de su hija de doce años por el Valle del Roya, Pierre-Alain Mannoni se cruzó con un grupo de cuatro jóvenes sudaneses. Este profesor universitario decidió arriesgarse a recogerlos en la carretera y alojarlos durante una noche en su casa. Al día siguiente intentó hacer lo mismo con tres chicas eritreas. “Estaban cansadas, heridas y necesitaban asistencia médica”, asegura. Las había conocido en un centro de acogida improvisado que la gente de Roya Citoyenne había abierto ese mismo día y que fue cerrado tres días más tarde por las autoridades.

Sin embargo, en esta ocasión la policía lo detuvo a las tres de la madrugada en un peaje de la autopista en las afueras de Niza. Lo esposaron y lo tuvieron retenido durante 36 horas en la comisaría. Dos de las chicas fueron devueltas a territorio italiano y a la otra, que era menor, según le dijeron, “la enviaron a un centro de acogida”, aunque duda de que sea verdad.

Al salir de la comisaría, le requisaron su vehículo personal –que aún no le han devuelto– y le prohibieron salir de Niza durante 35 días. El fiscal pide seis meses de prisión condicional por esta infracción. “Me parece que es una forma de intimidación muy perversa”, critica Mannoni. “Después de haber hablado conmigo, los agentes vieron rápidamente que no era un traficante de personas”, añade.

Además de Mannoni, otros once militantes –la mayoría de ellos vinculados a Roya Citoyenne– han sido imputados por haber transportado a inmigrantes. El campesino Cédric Herrou es uno de ellos. Lo acusan de haber permitido la entrada de 200 personas al territorio francés y haber organizado un campamento de acogida ilegal. El fiscal pide por ello ocho meses de prisión condicional.

Habría que añadir a esta lista de ciudadanos sancionados por sus actos de solidaridad a la profesora universitaria ya jubilada Claire Marsol, de 72 años. La sancionaron en diciembre de 2015 con 1.500 euros de multa por ayudar a una mujer y un menor a evadir los controles policiales en la estación de Niza.

Aunque el actual Gobierno socialista suavizó la ley que condena la ayuda a la entrada de los extranjeros en territorio francés, la legislación vigente castiga estos actos con una pena máxima de cinco años de prisión y 30.000 euros de multa. “Pero esta incorpora una cláusula de indemnidad (un eximente) en el caso de que la ayuda al extranjero sea realizada para preservar su dignidad”, explica Mirelle Damiano, abogada. Según la letrada, “tanto Mannoni como Herrou actuaron para preservar la dignidad de los inmigrantes”.

El 6 de enero la justicia declaró inocente a Mannoni, pero el fiscal recurrió esta sentencia y volverá a ser juzgado a principios de febrero. “Espero que mi caso suponga un precedente para que la policía deje de detener a personas solidarias como yo”, asegura este profesor de Geografía.

El 11 de febrero el juez dictará el veredicto sobre el juicio de Herrou, que comenzó el pasado 4 de enero. “Su caso resulta diferente porque es mucho más mediático”, explica Damiano, quien considera que “las autoridades quieren dar un verdadero mensaje de atención a los ciudadanos para que dejen de actuar de manera solidaria”.

Alissa es una niña que llegó a Catalunya con sus padres huyendo de una Bielorrusia que los perseguía por motivos religiosos

Este es un artículo de El Diari de l’Educació

Han pasado más de cinco años desde que la joven Alissa llegó a Catalunya sin saber hablar ni catalán ni castellano. Tenía sólo siete años y huía junto con sus padres de la represión política del Gobierno bielorruso de Alexander Lukashenko. Su padre, practicante de la confesión cristiana adventista, había sido condenado a cinco años de prisión por poseer un documento religioso prohibido por las autoridades bielorrusas, que restringen duramente la libertad religiosa. Esta pena forzó la familia a abandonar a toda prisa su país e instalarse en Barcelona en diciembre de 2010.

Desde entonces, Alissa no sólo ha aprendido a hablar en castellano y catalán, sino que se ha integrado perfectamente entre sus compañeros de la escuela.

¿En qué puede ayudar la escuela un niño que ha sufrido un proceso de exilio? A la espera de la llegada de los refugiados víctimas de las guerras de Siria e Irak -si es que termina habiendo la voluntad política-, casos como el de la Alissa pueden ser útiles para la comunidad educativa.

“Después de los tres primeros meses, Alissa tenía que ayudar cuando yo iba a comprar y no entendía lo que me decían. Ella aprendió el castellano más deprisa que yo”, explica su madre Alyona. Cuando la familia aterrizó en Catalunya, la matricularon en la escuela Urgell de Barcelona, un centro donde precisamente ocho de cada diez alumnos son hijos de inmigrantes. Mientras sus padres iban y venían de las oficinas del Comité Español de Ayuda a los Refugiados (CEAR) a las de la Cruz Roja para tramitar su petición de asilo, ella pudo incorporarse a la escuela. Allí fue recibida como una alumna más: asistía a las clases de refuerzo y recibía el mismo soporte que el resto de niños de origen extranjero.

“Durante los primeros meses era una niña bastante callada, no hablaba de los motivos por los que había abandonado su país”, explica Esther, la psicóloga de la escuela. Asegura que Alissa, como la mayoría de los niños inmigrantes, se sentía entonces “fuera de lugar y tenía la dificultad del desconocimiento y de la falta de comunicación”. Esta circunstancia suele acentuarse en el caso de los niños refugiados que cambian de país de forma precipitada.

Una experiencia traumática  

Los niños refugiados, cuando llegan al país de acogida, “se encuentran en una situación psicológica postraumática después de haber vivido durante mucho tiempo situaciones complicadas, de gran inestabilidad”, afirma Maryorie Dantagnan, responsable del área infantil de la asociación Exil, pionera en Catalunya en la ayuda a los niños solicitantes de asilo. Ella considera que, dado que estos niños han tenido que vivir múltiples situaciones imprevistas y de una gran dureza en muy poco tiempo, suelen estar “en una fase emocional de supervivencia y estrés y esto dificulta su aprendizaje”. Dantagnan añade que los menores refugiados se caracterizan por “tener muy poco tiempo de adaptación entre la huida de su país de origen y la llegada a un nuevo país”.  

El sufrimiento de vivir en un contexto de guerra y de represión política y el viaje a menudo tormentoso de un país a otro dejan, pues, una huella psicológica en los niños. Unos efectos, sin embargo, que varían de forma significativa en función de la experiencia vivida por cada niño. “Ha habido investigaciones científicas sobre niños refugiados que muestran que cada uno de ellos vive la situación de guerra y violencia de forma diferente”, asegura María Vergara, terapeuta infantil de la asociación Exil. “Hay algunos niños que saben sobreponerse mejor a los contextos de violencia y en cambio otros que son más sensibles a estos impactos psicológicos”, añade.  

Aunque el proceso de adaptación de los niños inmigrantes varía dependiendo de cada caso, éste resulta más difícil en el caso de los niños que huyen de una situación de guerra en comparación con los que emigran por razones económicas, según explican los miembros de la área infantil de Exil. Sin embargo, sus dificultades “dependen mucho de cómo habían vivido antes en su país de origen y en qué condiciones han viajado hacia el país de acogida”, asegura Maryorie Dantagnan.

Los niños sirios, por ejemplo, suelen sufrir efectos psicológicos mucho más profundos que los iraquíes, afganos o ucranianos, ya que estos primeros a diferencia de los otros han sido testigos directos de los enfrentamientos bélicos.

Estabilidad en casa y escuela

Alissa tuvo la suerte de no viajar hacia Catalunya en avión y de no huir de un país destruido por la guerra, como sucede en el caso de Siria. Aunque no tuvo que afrontar las mismas penurias que los refugiados sirios o iraquíes, sus padres hicieron todo lo posible para que no sufriera la dureza del exilio. “Alissa no se dio cuenta demasiado de como venía aquí, sus padres supieron explicarle una historia bonita”, asegura la psicóloga de Urgell.

“La mayoría de los niños refugiados están muy protegidos de la realidad que tienen que vivir, a veces aún más que los otros niños inmigrantes, ya que los padres intentan hacerles la vida tan fácil como sea posible”, explica Antonio Polo, el director de la escuela. Alyona reconoce que no habla demasiado con su hija sobre la vida pasada en Bielorrusia.

Según Dantagnan, la adaptación de los niños refugiados en el país de acogida requiere que estos dispongan de un contexto vital en su casa tan estable como sea posible. “La vida privada de los niños resulta fundamental”, explica, “así que hay hace falta que ayudemos económicamente a las familias, para que sus hijos puedan vivir en un entorno previsible y estable”.

De hecho, las personas solicitantes de asilo que llegan a tierras catalanas tienen todas las necesidades cubiertas a través del Ministerio de Asuntos Sociales, que delega sus funciones en Catalunya al Comité Español de Acogida de los Refugiados (CEAR-CCAR), a la asociación Accem y a la Cruz Roja. 

A pesar de los esfuerzos que los padres de Alissa hicieron para que su hija no viviera la dureza del exilio, “ella siempre intentaba llamar la atención de los profesores durante los primeros meses en la escuela”, asegura la psicóloga.

La falta de autoconfianza es, de hecho, uno de los problemas principales a los que hacen frente los niños refugiados. Para recuperarla, estos niños agradecen “el contacto y que esté muy por ellos”. Según Vergara, resulta fundamental que los niños refugiados “tengan un buen referente en la escuela y que no cambien de profesor en cada asignatura”.

El aprendizaje del idioma es, junto con la falta de confianza, la otra gran dificultad con que se encuentran los niños refugiados. “Aprender el idioma les suele resultar complicado en las escuelas catalanas, ya que tienen que cursar asignaturas en catalán, castellano e inglés”, explica Maryorie Dantagnan. Cuanto más pequeños llegan, más bien empiezan a hablar la lengua del país de acogida. En el caso de Alissa, ella fue la primera de la familia que se atrevió con el castellano, pero “todavía tiene algunos problemas de vocabulario, sobre todo con el catalán”, matiza su tutora, Isabel Prieto.

“Hay una gran sensibilidad entre maestros”

Frente a estas dificultades, las escuelas catalanas optan por integrar a los niños refugiados a través de las mismas actividades de apoyo, como las aulas de acogida, que se ponen en práctica con el resto de alumnos extranjeros. Hasta ahora no han existido planes escolares especiales para atender refugiados, aunque el Departament d’Ensenyament ya ha elaborado un programa de atención para los refugiados que ahora mismo llaman a las puertas de la Unión Europea.

La primera recibida será a través de las aulas de acogida, pero además prevén dotaciones “extraordinarias” de personal docente e intérpretes en los centros donde se acaben matriculando. En el caso de los mayores de 16 años, pondrán a su disposición orientadores para que puedan elegir entre las diversas opciones formativas.

También está previsto, según el Departament d’Ensenyament, que los maestros que hayan de acoger niños refugiados puedan acceder a formación especializada previa. En este sentido, se han diseñado unidades didácticas para facilitar que los maestros puedan presentar de forma más natural la condición de los exiliados. 

El número de peticiones de asilo en Catalunya no ha dejado de aumentar en los últimos años -4.500 en 2015 y casi 500 entre enero y febrero de este año, según los datos del CEAR-, pero estas resultan muy alejadas de las de países como Alemania, Hungría o Austria.

Después de haber acogido más de un millón de demandantes de asilo en 2015, la administración alemana ha contratado 8.500 profesores para atender la llegada de 325.000 niños y adolescentes refugiados en el sistema escolar.

“Las escuelas y la Administración educativa nunca nos hemos enfrentado a un reto como este”, aseguraba recientemente la ministra de Educación del estado de Sajonia, Brunhidla Kurth, que añadía que “tenemos que aceptar que esta situación excepcional será la norma durante mucho tiempo”. Los sindicatos de profesores alemanes, de hecho, calculan que para hacer frente a este volumen de recién llegados se necesitarían en total 20.000 docentes nuevos.  

Las cifras de menores que han pedido asilo en países de la UE no da para menos. Sólo entre los menores refugiados sin acompañante adulto a su cargo ya hay 88.300 demandas de asilo. Eso sí, sólo 125 en España, según los datos de la Oficina Estadística Europea (Eurostat). El primer país en peticiones de asilo fue Suecia, con 35.000 menores, seguido de Alemania, con 14.400, o Hungría y Austria, con 8.000 cada uno.  

A pesar del incremento de estos últimos años en el número de peticiones de asilo, Maryorie Dantagnan considera que el número de familias refugiadas no es suficientemente elevado para que en las escuelas catalanas se conceda un tratamiento especial para los niños refugiados. Destaca, además, “la gran sensibilidad que existe entre la mayoría de profesores”.

Sin embargo, entiende que es necesario que los profesores “se adapten a la situación de cada niño y que al principio no les exijan lo mismo que a sus compañeros”. Para María Vergara, la mayoría de los niños refugiados “proceden de países en los que el nivel de las escuelas resulta más bajo que los de los centros catalanes”.

Cinco años después de su llegada a Catalunya, Alissa aún arrastra algunos problemas de aprendizaje y no ha podido alcanzar el mismo nivel académico que sus compañeros. Sus padres hacen todo lo posible para que mejore y han puesto a su disposición un profesor de refuerzo. Esta ayuda representa un esfuerzo económico para una familia en la que la madre trabaja como dependienta en una tienda de ropa y el padre, ingeniero de profesión, sigue sin encontrar trabajo desde que llegó a Barcelona. El paro y las penurias económicas representan el lastre que arrastran las familias refugiadas años después de haber huido de la guerra y la represión política.

En primera persona

KAISSA OULD SALEM

KAISSA OULD SALEM“Mi hijo se negó a alimentarse”

Aksel recuerda las horas pasadas en el hospital. “La psicóloga del centro me hacía sesiones de dibujos mientras hablaba conmigo”, explica. Ahora tiene 16 años y vive en Barcelona con su familia, pero cuando estuvo ingresado tenía sólo cuatro y vivía en Cabilia, en la región de Argelia. “Te negaste a alimentarte”, le cuenta su madre, Kaissa Ould Salem, que le recuerda cómo sufrió después de que su padre se exiliara en Catalunya, por miedo a represalias una vez terminada la revuelta de 2001 en la Cabilia conocida como la primavera negra.

“Recuerdo helicópteros que volaban muy cerca de nuestra casa, y que sentíamos explosiones todo el día. Me ponía las manos en los oídos para no oír las”, hace memoria Aksel.

Traumas como estos acompañan durante años los refugiados, sobre todo si lo viven de niños. Ya en Barcelona estuvo tres meses en el aula de acogida, con la profesora Cari, que “era como una segunda madre”. “Tu tutora me decía a menudo que eras un niño ansioso por no haber tenido una infancia normal”, le cuenta su madre. Aksel recuerda sobre todo las clases de catalán, una lengua que no había sentido nunca antes. “Tranquilizaba a mi madre diciéndole que el catalán era muy fácil porque era una especie de francés deformado”.

Lo que más preocupaba a los padres, sin embargo, era que Aksel creciera sin sentir que pertenecía a un lugar, un país. “A mí, como madre, me gustaría que te pudieras sentir de aquí y de allí, sin ninguna contradicción, y que no te obligaran a elegir”, comenta Kaissa a su hijo. “Muchos exiliados viven toda su vida pensando que un día volverán, y es que también la gente de los países de acogida dan por hecho -con toda la buena intención del mundo- que lo mejor para los refugiados es volver a casa”, contrapone Kaissa, que con todo es optimista: “tenemos que vivir el presente, estamos juntos y hemos encontrado un país de acogida”.

¿Cuál es, pues, la relación de Aksel con Cabilia, aquella tierra que abandonó hace más de una década? “El pasado no se debe olvidar. Me gusta lo que estudio en el instituto, tengo amigos, disfruto como cualquier joven de la vida. Y a veces este pasado reaparece, pero la asumo y creo que me ayudará a forjar mi personalidad. Veo los refugiados en la televisión y sé que en el futuro podrán asumirlo y disfrutar de una vida mejor.

GORAN MINIC

GORAN MINIC“Lo primero que necesitan es recuperar la confianza”

“Hace más de 20 años, cuando mi madre, mi hermano y yo llegamos a la Escala (Alt Empordà) provenientes de Sarajevo, no sabíamos donde habíamos venido, ni que nos encontraríamos. No sabíamos donde viviríamos, ni siquiera como sobreviviríamos. Pero todo esto, en un primer momento, era secundario, poco importante. En nuestra mente aún estaba el mal trago que acabábamos de pasar. No queríamos estar aquí, queríamos borrar de nuestros pensamientos lo que habíamos visto y vivido, despertar de aquella pesadilla”.

Así se sentía Goran Minic el día que llegó a Catalunya con cinco años recién cumplidos. Ahora tiene 27 y, con una licenciatura en Educación por la Universidad de Girona, intenta rememorar aquel proceso desde la perspectiva de lo que necesita un niño refugiado. “Lo más importante no tiene nada que ver con la metodología, con el que se trabaja en clase, sino con los factores humano y afectivo: acompañar al niño y su familia, que vean que no están solos, que alguien está allí para ayudarles”, dice. “Debemos tener claro que las personas refugiadas llegan con la moral por los suelos, que necesitan ante todo recuperar la autoconfianza”, añade Minic.

¿Y como debe ser el acompañamiento? “Si puede ser, encontrar a alguien que hable su lengua para que la comunicación sea posible, en las dos direcciones. Tenemos que estar preparados para que el niño nos cuente su vida, qué le preocupa, qué le ilusiona, qué le gusta, sus deseos, sus aficiones. Es clave crear un clima de confianza, ya que, después de lo que ha tenido que vivir, le resultará muy significativo ver que puede confiar en nosotros y que estamos aquí única y exclusivamente para ayudarle”, sostiene.

Pero hay que tener en cuenta también que “el niño refugiado dispone de exactamente las mismas capacidades de aprendizaje que el resto de niños de la clase. Las diferencias culturales no le impiden que pueda aprender como cualquier otro. Es muy importante que pronto se sienta uno más de la clase”, expone, y concluye: “No hay que preocuparse en exceso por el idioma, no tenemos que poner ningún tipo de presión en este alumno para que lo aprenda, no debemos ni siquiera temporizar su aprendizaje ni marcarnos objetivos a corto plazo. Es necesario que sepamos que, en un primer momento, aprender el idioma es la última de sus preocupaciones”.

Crisis de los refugiados: educar la solidaridad

El debate generado en la comunidad educativa nos conduce a discutir sobre pobreza y desigualdades.

La crisis de los refugiados es sobre todo una crisis de familias que huyen de la guerra. Durante los últimos meses han surgido diferentes iniciativas ciudadanas para ayudarlas. Como a ser solidario también se aprende, creemos que esta tiene mucho potencial para trabajar la educación en valores o la educación para la justicia global. Los debates que se han generado en las escuelas, AMPA, centros recreativos o agrupamientos sobre el tema de la recogida y envío de material son una buena oportunidad para descubrir el trabajo de las ONG, pero también, y sobre todo, para hablar de pobreza o desigualdades. Cómo lo podemos hacer?

Sobre la ayuda humanitaria

¿Qué hay que preguntarse ante las demandas de ayuda para otros países? En primer lugar hay que saber cuál es su experiencia previa, qué conocimiento tiene de la zona donde va destinada la ayuda y con quien trabajará para distribuir el material. En segundo lugar, es importante que preguntamos cómo y cuándo nos informarán del trabajo hecho. Las ONG tenemos documentos de buenas prácticas que hemos elaborado a partir de nuestra experiencia. La mayoría de las grandes ONG están preparadas para dar respuesta a grandes emergencias porque se han especializado y cuentan con la logística necesaria. UNICEF explica, por ejemplo, que tiene un almacén tan grande como 3 campos de fútbol, con capacidad para 36.000 palets, que mantienen con las cuotas de los socios. Farmamundi o Medicus Mundi disponen de propuestas educativas como la de medicamentos que no curan, que hablan sobre las donaciones adecuadas.

Orientamos los trabajos de investigación

59 millones de personas desplazadas o refugiadas no son un tema menor. Algunas organizaciones de Lafede.cat apoyan centros educativos para realizar trabajos de investigación en temas de paz, derechos humanos o ciudadanía global. Podeis encontrar más información en las webs de Asamblea de Cooperación por la Paz y de la Fundación Solidaridad UB que desarrollan respectivamente los siguientes programas: búsqueda del desarrollo e investigación para la paz.

Solidaridad en el aula

Apostamos porque la solidaridad y los derechos humanos se trabajen de forma transversal en los centros. Un amplio grupo de profesionales del mundo de la educación y las ONG, después de tres años de trabajo, han elaborado una Guía de orientaciones pedagógicas para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en el currículo de primaria y secundaria, una herramienta que propone objetivos, contenidos de aprendizaje, estrategias y técnicas didácticas, y criterios de evaluación para facilitar el trabajo del profesorado sensible a estos temas

Refugiados, punto de partida

La crisis de las refugiadas es la punta del iceberg de un problema estructural: un sistema económico injusto que provoca desigualdades y conflictos. No hay mejor manera de ayudar a las personas refugiadas que educar nuevas generaciones en la convicción de que hay que cambiar un mundo profundamente injusto.

Hay problemáticas relacionadas que se pueden trabajar, sobre todo las relacionadas con las migraciones internacionales. Un buen ejemplo es el proyecto de Aprendizaje Servicio (APS) Somos migrantes, en el que, a partir de la grabación de historias de vida de personas que han migrado, los jóvenes se acercan a realidades complejas desde un enfoque global. En el contexto actual, la APS ha convertido uno de los campos de innovación educativa de las ONG. Otro ejemplo es la campaña #desfemlesdesigualtats: aprendizaje creativo para una ciudadanía global.

Como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Incluso esta inmensa crisis dejará de aparecer en los medios, y entonces habrá que seguir trabajando. Las ONG sabemos que se necesitan generaciones para ver los cambios que perseguimos. Pero los resultados siempre llegan.

Les samarretes verdes de la PAH representen el símbol més visible de la lluita en contra de les polítiques d'austeritat a Espanya. Però no són l'únic. Resulten escasses les mobilitzacions a les que no estan presents les armilles fosforescents dels Iaioflautes. Creat l'octubre de 2011, aquest col·lectiu de persones jubilades ha estat un dels moviments més actius dels que van sorgir després del 15-M. Ara celebra el cinquè aniversari de l'ocupació de les places amb la publicació del llibre “Iaioflautas. Desobediencia civil en acción”. Una obra destinada a recordar les “entremaliadures”, nom amb el que denominen a les seves accions, realitzades per aquest moviment, que aposta per la convergència de les lluites socials per reactivar la mobilització popular que ha anat decaient durant els últims anys.

“Amb aquesta obra, volem transmetre la nostra teoria de l'acció política”, afirma Felipe Aranguren, membre dels Iaioflautes i autor del llibre juntament amb un altre iaioflauta, Juan Linares, i l'activista social Luis Juberías. Segons afirmen en la seva obra, l'acció dels Iaioflautes es basa en l'ocupació pacífica d'espais públics i privats amb l'objectiu de “conscienciar la població perquè un dia hi hagi un moviment popular que prengui el poder per canviar les coses” . Unes “entremaliadures” que tenen lloc almenys un cop al mes i que estan protagonitzades per uns 100 dels 700 membres amb què compten els Iaioflautes a Catalunya.

Les accions dels Iaioflautes resulten possibles gràcies a l'avançada edat dels seus membres. “Si un grup de joves ocupés un autobús, aquests serien expulsats a cops de porra per la policia. En canvi, nosaltres ho vam fer sense cap tipus d'incident ”, assegura Felipe Aranguren, recordant una de les“ entremaliadures ”en contra de la pujada dels preus del transport públic. A causa de la vellesa dels seus membres, la policia és bastant curosa a l'hora d'intervenir en les accions dels Iaioflautes. Això afavoreix que ells s'encarreguin d'encapçalar i tancar les manifestacions, situant-se així en els punts de major fricció. A més, aprofiten la seva major disponibilitat horària, al no haver d'anar a treballar, per estar presents en gairebé totes les mobilitzacions.

Un calendari comú de mobilitzacions

PAH, Marea Blanca, Marea Pensionista, Catalunya No al TTIP; són alguns exemples dels col·lectius en què participen els Iaioflautes. Tots aquests moviments han experimentat durant l'últim any un retrocés significatiu de la seva presència al carrer. Segons dades del ministeri de l'Interior, es van organitzar el 2015 a Catalunya 2345 manifestacions, un 54% menys que el 2014, mentre que a Madrid hi va haver un descens del 27%.

“Encara segueixen havent-hi nombroses concentracions petites, però la gent es cansa d'anar a tot arreu”, explica Conchita Ribera, membre dels Iaioflautes i de la Marea Pensionista. Assegura que els col·lectius “estan intentant convergir les seves mobilitzacions”. Aquesta tasca ha començat amb l'elaboració d'un calendari comú per evitar “que hi hagi dues concentracions el mateix dia en una punta i una altra de la ciutat”, afirma Felipe Aranguren. Per a ell, cal que els diferents moviments sorgits del 15-M aprofitin les seves sinergies i així “aconsegueixin incrementar el nombre de manifestants”.

Les properes accions marcades en vermell a l'agenda dels Iaioflautes són el cinquè aniversari del 15-M i el 28 de maig, data en què se celebraran les marxes de la dignitat. Després d'aquestes accions, el moviment concentrarà els seus esforços en participar a la campanya de les eleccions generals del juny. “Com vam fer el desembre, assistirem als mítings de tots els partits i farem que els líders polítics, vulguin o no, s'interessin per les nostres demandes”, afirma Maite Melich, que participa en el col·lectiu des de la seva fundació. Malgrat el retrocés de la mobilització social, els Iaioflautes no es conformen en ser un actor passiu de la política.

Las camisetas verdes de la PAH representan el símbolo más visible de la lucha en contra de las políticas de austeridad en España. Pero no son el único. Resultan escasas las movilizaciones en las que no estén presentes los chalecos fosforitos de los Iaioflautas. Creado en octubre de 2011, este colectivo de personas jubiladas ha sido uno de los movimientos más activos de los que surgieron después del 15-M. Ahora celebra el quinto aniversario de la ocupación de las plazas con la publicación del libro “Iaioflautas. Desobediencia civil en acción”. Una obra destinada a recordar las “travesuras”, nombre con el que denominan a sus acciones, realizadas por este movimiento, que apuesta por la convergencia de las luchas sociales para reactivar la movilización popular que ha ido decayendo durante los últimos años.

“Con esta obra, queremos trasmitir nuestra teoría de la acción política”, afirma Felipe Aranguren, miembro de los Iaioflautas y autor del libro junto con otro iaioflauta, Juan Linares, y el activista social Luis Juberías. Según afirman en su obra, la acción de los Iaioflautas se basa en la ocupación pacífica de espacios públicos y privados con el objetivo de “concienciar a la población para que un día pueda llegarse a ese movimiento masivo que tome el poder para cambiar las cosas”. Unas “travesuras” que tienen lugar al menos una vez al mes y están protagonizadas por unos 100 de los 700 miembros con los que cuentan los Iaioflautas en Catalunya.

Las acciones de los Iaioflautas resultan posibles gracias a la avanzada edad de sus miembros. “Si un grupo de jóvenes ocupara un autobús, estos serían expulsados a porrazos por la policía. En cambio, nosotros lo hicimos sin ningún tipo de incidente”, asegura Felipe Aranguren, recordando una de las “travesuras” en contra de la subida de los precios del transporte público.

Debido a la vejez de sus miembros, la policía es bastante precavida a la hora de intervenir en las acciones de los Iaioflautas. Esto favorece que ellos se encarguen de encabezar y cerrar las manifestaciones, situándose así en los puntos de mayor fricción. Además, aprovechan su mayor disponibilidad horaria, al no tener que ir a trabajar, para estar presentes en casi todas las movilizaciones.

Un calendario común de movilizaciones

PAH, Marea Blanca, Marea Pensionista y Catalunya No al TTIP son algunos ejemplos de los colectivos en los que participan los Iaioflautas. Todos estos movimientos han experimentado durante el último año un retroceso significativo de su presencia en la calle. Según datos del Ministerio del Interior, se organizaron en 2015 en Catalunya 2.345 manifestaciones, un 54% menos que en 2014, mientras que en Madrid hubo un descenso del 27%.

“Aún siguen habiendo numerosas concentraciones pequeñas, pero la gente se cansa de ir a todos los sitios”, explica Conchita Ribera, miembro de los Iaioflautas y de la Marea Pensionista. Asegura que los colectivos “están intentando converger sus movilizaciones”. Esta tarea ha empezado con la elaboración de un calendario común para evitar “que haya dos concentraciones el mismo día en una punta y otra de la ciudad”, afirma Felipe Aranguren. Para él, hace falta que los distintos movimientos surgidos del 15-M aprovechen sus sinergias y así “consigan incrementar el número de manifestantes”.

Las próximas acciones marcadas en rojo en la agenda de los Iaioflautas son el quinto aniversario del 15-M y el 28 de mayo, fecha en la que se celebrarán las marchas de la dignidad. Tras estas acciones, el movimiento concentrará sus esfuerzos en participar en la campaña de las elecciones generales de junio. “Como hicimos en diciembre, asistiremos a los mítines de todos los partidos y haremos que los líderes políticos, quieran o no, se interesen por nuestras demandas”, afirma Maite Melich, que participa en el colectivo desde su fundación. Pese al retroceso de la movilización social, los Iaioflautas no se conforman con ser un actor pasivo de la política.

El PSOE encara les pròximes eleccions del 26J volent mostrar-se com la formació que ha fet un major esforç per erigir un govern alternatiu al de Mariano Rajoy, una suposada voluntat dialogant simbolitzada pel pacte amb Ciudadanos. L'estratègia del centre, basada en un acord entre PSOE, Ciudadanos i Podemos, compta, però, amb un punt feble: Catalunya. El pacte amb la formació taronja ha despertat poc entusiasme entre l'electorat català, que considera a Ciudadanos com un partit gairebé igual de conservador i espanyolista que el Partit Popular. A més, les difícils perspectives electorals dels socialistes catalans han desembocat en la retirada de la candidatura de Carme Chacón i en tensions internes a poques setmanes de l'inici de la nova campanya electoral.

Tot i que el 79% dels militants socialistes catalans van donar suport al pacte amb Ciudadanos, només el 31% d'ells van participar en aquesta consulta, enfront d'una mitjana estatal del 51,7%. Catalunya va ser, de fet, la comunitat autònoma on hi va haver una menor participació de les bases socialistes. L'acord entre Pedro Sánchez i Albert Rivera ha estat rebut amb una certa inquietud pel PSC, una formació vinculada històricament al catalanisme i defensora de la immersió lingüística a les escoles catalanes, a la qual Ciudadanos s'oposa.

Els electors catalans consideren, a més, la formació taronja, fundada a Catalunya el 2006, com un partit més de dretes que Convergència i només una mica menys que el PP (amb una qualificació de 7,58 enfront del 8,74 del PP, segons les dades del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya). I gairebé igual d'espanyolista que la formació de Mariano Rajoy (amb una nota de 2,27 enfront del 1,33 del PP en l'eix espanyolisme-catalanisme).

Un acord del qual “no es pot treure pit”

La direcció del PSC ja va advertir en el seu moment sobre la mala percepció del pacte amb Ciudadanos a Catalunya. El secretari general dels socialistes catalans, Miquel Iceta, va descriure a finals de febrer al comitè federal del PSOE la formació taronja com “una força política d'un anticatalanisme i un antinacionalisme gairebé primari”. A més, va recordar, en unes declaracions que el PSOE va difondre per error als mitjans, que el pacte amb Ciudadanos havia tingut “una lectura diferent a Catalunya”.

“L'acord amb Ciudadanos és un pacte necessari per aconseguir una majoria que permeti al PSOE conformar un govern”, assegura l'exsenador Carles Martí, que s'ha postulat ara per liderar la candidatura del PSC a les eleccions generals del juny. Aquest reconeix, però, que en una hipotètica nova campanya els socialistes catalans “no trauran pit del pacte amb Ciudadanos”. “No el podrem negar, però alguns vam pensar que era un acord impossible i després de la primera investidura caldria haver intentat un nou acord amb les altres formacions d'esquerra”, assegura un membre de la direcció del PSC.

Disputa interna per substituir Carme Chacón

El PSC va obtenir el desembre el seu pitjor resultat de la història en unes eleccions generals, amb només un 15% dels vots i 8 diputats, enfront dels 14 que va aconseguir el 2011 o els 25 del 2008, quan Catalunya va resultar clau perquè l'expresident Zapatero fos reelegit en el càrrec. Segons el politòleg Jordi Muñoz, aquests resultats encara podrien empitjorar en la propera cita electoral. “Amb el pacte amb Ciudadanos, el PSC està donant senyals als seus electors que és un partit més espanyolista i això podria fer-li perdre vots entre els electors d'esquerra que dubten entre el PSC i En Comú-Podem”, afirma aquest expert en anàlisi electoral. Assegura que l'acord amb el partit d'Albert Rivera també “podria fer-li guanyar vots procedents de sectors espanyolistes, però aquests a Catalunya són més minoritaris”.

Els pobres resultats del 20D i les difícils perspectives electorals han incentivat el fet que l'exministra Carme Chacón renunciï com a cap de llista a Barcelona. Una decisió que ha pres “per motius polítics”, segons ha anunciat ella mateixa aquest dijous al matí. L'exsenador Carles Martí va anunciar el dilluns passat que es presentarà a les primàries que s'organitzaran el 14 o el 15 de maig, en les quals competirà probablement amb Meritxell Batet, que va ocupar el número dos de la llista del PSOE per Madrid en l'anterior contesa electoral. El PSC celebrarà aquest divendres una reunió extraordinària de la seva executiva per abordar la repetició de les eleccions.

“Potser no és el millor moment per organitzar unes primàries per escollir el candidat”, assegura un dels membres de la direcció del PSC, que considera que no existeix una gran diferència entre la candidatura de Carme Chacón i la d'un nou candidat, com seria el cas de Carles Martí, que disposa d'una trajectòria de més de trenta anys en el si del partit. Una major renovació que podria encarnar la figura de Meritxell Batet, encara que aquesta assumiria el llast de ser la candidata preferida per la direcció del PSOE a Madrid.

“Em presento perquè no només hem de donar una resposta programàtica, sinó també en els valors que representa cada candidat, i que aquests ens diferenciïn del PP”, explica Carles Martí. Aquests valors, segons ell, haurien de reflectir-se en un discurs més catalanista “que mostri la nostra voluntat de diàleg que permetria que es trobi una solució acordada entre el govern català i espanyol” respecte al procés independentista.

Un canvi de cares a la llista del PSC difícilment provocarà que aquest partit deixi d'oposar-se a l'organització d'una consulta sobre la independència a Catalunya. Una font de la direcció del partit considera que s'ha de fer “una campanya en positiu en la que tindrà una gran importància la recerca de solucions a l'encaix territorial”. Però reconeix que no podran entrar en confrontació amb el partit d'Albert Rivera i “dir que PP i Ciutadans són el mateix”. Això dificultarà que el PSC es distanciï del discurs bel·ligerant que fan les forces de la dreta espanyola en contra de l'independentisme i el dret a decidir dels catalans.

El PSOE encara las próximas elecciones del 26J queriendo mostrarse como la formación que ha hecho un mayor esfuerzo para erigir un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy, una supuesta voluntad dialogante simbolizada por su pacto con Ciudadanos. La estrategia del centro, basada en un acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, cuenta, sin embargo, con un punto débil: Catalunya. El pacto con la formación naranja ha despertado poco entusiasmo entre el electorado catalán, que considera a Ciudadanos como un partido casi igual de conservador y españolista que el PP. Además, las difíciles perspectivas electorales de los socialistas catalanes han desembocado en la retirada de la candidatura de Carme Chacón y en tensiones internas a pocas semanas del inicio de la nueva campaña electoral.

Aunque el 79% de los militantes socialistas catalanes apoyaron en febrero el pacto con Ciudadanos, sólo el 31% de ellos participaron en esta consulta, frente a una media estatal del 51,7%. Catalunya fue, de hecho, la comunidad autónoma donde hubo una menor participación de las bases socialistas. El acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera ha sido recibido con cierta inquietud por el PSC, una formación vinculada históricamente al catalanismo y defensora de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, a la que Ciudadanos se opone.

Los electores catalanes consideran, además, la formación naranja, cuya trayectoria empezó en Catalunya en 2006, como un partido más de derechas que Convergència y solo un poco menos que el PP (con una calificación de 7,58 frente al 8,74 del PP, según los datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Catalunya). Y casi igual de españolista que la formación de Mariano Rajoy (con una nota de 2,27 frente al 1,33 del PP en el eje españolismo-catalanismo).

Un acuerdo del que “no se puede sacar pecho”

Un acuerdo del que “no se puede sacar pecho”La dirección del PSC ya advirtió en su momento sobre la mala percepción del pacto con Ciudadanos en Catalunya. El secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, calificó a finales de febrero en el comité federal del PSOE a la formación naranja de ser “una fuerza política de un anticatalanismo y un antinacionalismo casi primario”. Además, recordó, en unas declaraciones que el PSOE difundió a los medios por error, que el pacto con Ciudadanos había tenido “una lectura distinta en Catalunya”.

“El acuerdo con Ciudadanos es un pacto necesario para conseguir una mayoría que permita al PSOE conformar un gobierno”, asegura el exsenador Carles Martí, que se ha postulado ahora para liderar la candidatura del PSC en las  elecciones generales de junio. Éste reconoce, sin embargo, que en una hipotética nueva campaña los socialistas catalanes “no sacarán pecho del pacto con Ciudadanos”. “No lo podremos negar, pero algunos pensamos que era un acuerdo imposible y tras la primera investidura habría que haber intentado un nuevo acuerdo con las otras formaciones de izquierda”, asegura un miembro de la dirección del PSC.

Disputa interna por remplazar a Chacón

Disputa interna por remplazar a Chacón

El PSC obtuvo en diciembre su peor resultado de la historia en unas elecciones generales, con sólo un 15% de los votos y 8 diputados, frente a los 14 que consiguió en el 2011 o los 25 de 2008, cuando Catalunya resultó clave para que el expresidente Zapatero fuera reelegido en el cargo. Según el politólogo Jordi Muñoz, estos resultados aún podrían empeorar en la próxima contienda electoral. “Con el pacto con Ciudadanos, el PSC está dando señales a sus electores de que es un partido más españolista y esto podría hacer perderle votos entre aquellos electores de izquierda que dudan entre el PSC y En Comú-Podem”, afirma este experto en análisis electoral. Asegura también que el acuerdo con el partido de Albert Rivera también “podría hacerle ganar votos procedentes de sectores españolistas, pero estos en Catalunya son más minoritarios”.

Los pobres resultados del 20D y las difíciles perspectivas electorales han incentivado que la exministra Carme Chacón renuncie como cabeza de lista en Barcelona. Una decisión que ha tomado “por motivos políticos”, según ha anunciado ella misma este jueves por la mañana. El exsenador Carles Martí anunció el pasado lunes que se presentará a las primarias que se organizarán el 14 o 15 de mayo. En ellas competirá probablemente con Meritxell Batet, que ocupó el número dos en la lista del PSOE por Madrid en la anterior contienda electoral. El PSC celebrará este viernes una reunión extraordinaria de su ejecutiva para abordar la repetición de las elecciones.

“Quizás no es el mejor momento para organizar unas primarias para elegir el candidato”, asegura uno de los miembros de la dirección del PSC. Éste considera que no existe una gran diferencia entre la candidatura de Carme Chacón y la de un nuevo candidato, como sería el caso de Carles Martí, que dispone de una trayectoria de más de treinta años en el seno del partido. Una mayor renovación podría encarnarla la figura de Meritxell Batet, aunque ésta asumiría el lastre de ser la candidata preferida por la dirección del PSOE en Madrid.

“Me presento porque no solo debemos dar una respuesta programática, sino también en los valores que representa cada candidato, y que estos nos diferencien del PP”, explica Carles Martí. Estos valores, según él, deberían reflejarse en un discurso más catalanista “que muestre nuestra voluntad de diálogo que permitiría que se encuentre una solución acordada entre el gobierno catalán y español” respecto al proceso independentista.

Un cambio de caras en la lista del PSC difícilmente provocará que este partido deje de oponerse a la organización de una consulta sobre la independencia en Catalunya. Una fuente de la dirección del partido considera que deberá hacerse “una campaña en positivo en la que tendrán una gran importancia la búsqueda de soluciones al encaje territorial”. Pero reconoce que no podrán entrar en confrontación con el partido de Albert Rivera y “decir que PP y Ciudadanos son lo mismo”. Lo que dificultará que el PSC se distancie del discurso beligerante que hacen las fuerzas de la derecha española en contra del independentismo y el derecho a decidir de los catalanes.

L'Ajuntament de Barcelona ha organitzat aquest dijous i divendres la primera trobada europea entre dirigents municipals que s'oposen al Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç (TTIP per les sigles en anglès). Després de declarar-se ciutat lliure del TTIP a l'octubre, l'equip municipal d'Ada Colau ha reunit representants municipals de les més de mil ciutats que s'han declarat contràries a l'acord de lliure comerç entre els Estats Units i la Unió Europea, per exemple, l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, el regidor d'economia de l'Ajuntament de Madrid, Carlos Sánchez Mato, o els tinents d'alcalde de Birmingham i Grenoble. Els assistents han acordat un manifest conjunt en què adverteixen que el TTIP “posarà en risc la capacitat de legislar i utilitzar els diners públics” de les autoritats locals.

“Hem volgut crear un espai de diàleg europeu entre ajuntaments que faci front al secretisme amb què la Comissió Europea està negociant el TTIP”, afirma Pablo Sánchez, el director de relacions internacionals de l'Ajuntament de Barcelona. Encara en procés de negociació, el Tractat Transatlàntic pretén liberalitzar i homogeneïtzar les normes comercials entre els Estats Units i la Unió Europea. Aquest projecte inquieta els ajuntaments del canvi, com el de Barcelona o Madrid, no només per la poca transparència amb què s'està negociant, sinó també per les restriccions en l'autonomia de la política municipal que comportaria. De fet, quatre dels projectes polítics que preparen els ajuntaments del canvi podrien veure's obstaculitzats amb l'aprovació del TTIP.

1- Remunicipalització de l'aigua

1- Remunicipalització de l'aigua L'alcaldessa Ada Colau té com un dels seus objectius remunicipalitzar la gestió de l'aigua. El subministrament de l'aigua a Barcelona va ser privatitzat el 2012, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va inhabilitar a finals de març la concessió d'aquest servei. Els dirigents de Barcelona en Comú, juntament amb l'Ajuntament de Badalona, volen aprofitar aquesta decisió per recuperar el caràcter públic de l'aigua, seguint així l'exemple de París o Berlín.

No obstant això, l'aprovació del TTIP dificultaria la remunicipalització del servei públic de l'aigua. A més de proposar la liberalització dels serveis públics, aquest tractat vol establir tribunals d'arbitratge privats (ISDS) perquè dictaminin els plets entre les empreses privades i les autoritats públiques. “Els tribunals ISDS faran que molts ajuntaments dubtin abans de remunicipalitzar l'aigua, ja que incrementaran encara més la diferència de poder entre els municipis i les multinacionals”, ha assegurat Miriam Planas, del col·lectiu Aigua és vida, durant les jornades. Conformats per lletrats privats en lloc de jutges estatals, aquests tribunals solen ser criticats per actuar en benefici de les grans empreses. Per exemple, el govern de l'Equador va haver d'indemnitzar amb 2.300 milions de dòlars a la petroliera nord-americana Occidental, després que un veredicte d'un tribunal ISDS jutgés com expropiació l'haver trencat el contracte amb l'empresa després que aquesta el violés.

2- Contractació sostenible

2- Contractació sostenible El govern municipal de Barcelona prepara una llista de vint-i-dos clàusules socials que exigirà a les empreses que obtinguin adjudicacions públiques. Així, espera incrementar el salari mínim, millorar l'equitat entre homes i dones, beneficiar les petites empreses i les cooperatives i exigir un model sostenible als grups que col·laborin amb l'Ajuntament.

Tanmateix, “la compra pública responsable està amenaçada pel TTIP”, va assegurar en la seva ponència Álvaro Porro, director de l'àrea Altres Economies i Proximitat de Barcelona Activa. El TTIP pretén incorporar un organisme, conegut com Cooperació reguladora, que supervisaria les regulacions i les normatives dels Estats i les autoritats locals de la UE. Segons ha denunciat Álvaro Porro, aquest afavoriria que els lobbies empresarials influïssin en les legislacions actuals i així dificultessin que els ajuntaments estableixin clàusules socials en la contractació pública.

3- Creació d'un parc d'habitatge social

3- Creació d'un parc d'habitatge social Un dels projectes més ambiciosos de l'equip d'Ada Colau és la creació d'un parc d'habitatge social. D'acord amb el pla presentat, l'equip de Barcelona en Comú espera invertir 500 milions d'euros per construir 2.365 habitatges. Això permetria incrementar l'escàs percentatge d'habitatge social de la ciutat, que se situa en 1,5%, enfront del 15% de la mitjana europea.

La promoció de l'habitatge públic podria confrontar-se amb les noves normatives del tractat transatlàntic. Segons l'informe d'Ecologistes en Acció “La amenaza global asalta lo local. El TTIP en municipios y comunidades autónomas”, les empreses que posseeixin terres en una àrea en desenvolupament podrien “reclamar una violació de la seguretat de la inversió si l'ajuntament decideix més tard augmentar la part de la construcció d'habitatges socials o espais verds ”. Unes noves normatives internacionals que fins i tot permetrien, segons l'investigador Thomas Fritz, “afavorir la presència de centres comercials en zones que abans estiguessin protegides en benefici del comerç local”.

4- Un servei públic de neteja

4- Un servei públic de neteja La candidatura de Ahora Madrid va guanyar les eleccions del 24-M amb la promesa de recuperar la gestió pública dels serveis d'escombraries i higiene de la ciutat. L'alcaldessa Manuela Carmesa va seguir endavant amb aquest compromís i va remunicipalitzar dues plantes d'assecat de llots provinents d'aigües residuals. Però va renunciar a assumir la gestió pública del servei d'escombraries i va acceptar al març licitar aquests contractes a empreses privades.

La creació d'una empresa pública de neteja resultaria una tasca encara més complicada amb l'aprovació del TTIP. Aquest pretén liberalitzar els serveis públics i garantir així que les empreses puguin accedir a la gestió del sector de la neteja i del tractament de residus. A més, la voluntat d'aquest tractat d'homogeneïtzar les normes internacionals dificultaria que els municipis imposin unes condicions exigents de salubritat pública. Segons l'informe “La amenaza global asalta lo local”, el TTIP afavoriria que “les grans multinacionals segueixin perpetuant el seu sistema de recollida de residus, allunyat de la protecció del medi ambient i centrat en la lògica del benefici privat”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha acogido este jueves y viernes el primer encuentro europeo entre dirigentes municipales que se oponen al Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés). Tras declararse ciudad libre del TTIP en octubre, el equipo municipal de Ada Colau ha reunido a representantes municipales de las más de mil ciudades que se han declarado contrarias al acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, el alcalde de Cerdanyola del Vallés, Carles Escolà, el concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, o los tenientes de alcalde de Birmingham y Grenoble. Los asistentes han acordado un manifiesto conjunto en el que advierten que el TTIP “pondrá en riesgo la capacidad de legislar y utilizar el dinero público” de las autoridades locales.

“Hemos querido crear un espacio de diálogo europeo entre ayuntamientos que haga frente al secretismo con el que la Comisión Europea está negociando el TTIP”, afirma Pablo Sánchez, el director de relaciones internacionales del Ayuntamiento de Barcelona. Aún en proceso de negociación, el Tratado Transatlántico pretende liberalizar y homogeneizar las normas comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Este proyecto inquieta a los ayuntamientos del cambio españoles, como el de Barcelona o Madrid, no sólo por la poca transparencia con la que está siendo negociado, sino también por las restricciones en la autonomía de la política municipal que comportaría. De hecho, cuatro de los proyectos políticos que preparan los ayuntamientos del cambio podrían verse obstaculizados con la aprobación del TTIP.

1- Remunicipalización del agua

La alcaldesa Ada Colau tiene como uno de sus objetivos remunicipalizar la gestión del agua. El suministro del agua en Barcelona fue privatizado en 2012, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inhabilitó a finales de marzo la concesión de este servicio. Los dirigentes de Barcelona en Comú, junto con el Ayuntamiento de Badalona, quieren aprovechar esta decisión para recuperar el carácter público del agua, siguiendo así el ejemplo de París o Berlín.

Sin embargo, la aprobación del TTIP dificultaría la remunicipalización del suministro del agua. Además de proponer la liberalización de los servicios públicos, este tratado quiere establecer tribunales de arbitraje privados (ISDS) para que dictaminen los pleitos entre las empresas privadas y las autoridades públicas. “Los tribunales ISDS harán que muchos ayuntamientos duden antes de remunicipalizar el agua, ya que incrementarán aún más la diferencia de poder entre los municipios y las multinacionales”, ha asegurado Miriam Planas, miembro del colectivo Aigua és vida, durante las jornadas. Conformados por letrados privados en lugar de jueces estatales, estos tribunales suelen ser criticados por actuar en beneficio de las grandes empresas. Por ejemplo, el gobierno de Ecuador tuvo que indemnizar con 2.300 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental, después de que un veredicto de un tribunal ISDS juzgara como expropiación el haber roto el contrato con la empresa después de que ésta lo violara.

2- Contratación sostenible

El gobierno municipal de Barcelona prepara una lista de veintidós cláusulas sociales que exigirá a las empresas que obtengan adjudicaciones públicas. Así, espera incrementar el salario mínimo, mejorar la equidad entre hombres y mujeres, beneficiar las pequeñas empresas y las cooperativas y exigir un modelo sostenible a los grupos que colaboren con el Ayuntamiento.

No obstante, “la compra pública responsable está amenazada por el TTIP”, aseguró en su ponencia Álvaro Porro, director del área Otras Economías y Proximidad de Barcelona Activa. El TTIP pretende incorporar un organismo, conocido como Cooperación reguladora, que supervisaría las regulaciones y los actos normativos de los Estados y las autoridades locales de la UE. Según ha denunciado Álvaro Porro, éste favorecería que los lobbies empresariales influyeran en las legislaciones actuales y así dificultaran que los ayuntamientos impongan cláusulas sociales en la contratación pública.

3-Creación de un parque de vivienda social

Uno de los proyectos más ambiciosos del equipo de Ada Colau es la creación de un mayor parque de vivienda social. De acuerdo con el plan presentado, el equipo de Barcelona en Comú espera invertir 500 millones de euros para construir 2.365 viviendas. Lo que permitiría incrementar el escaso porcentaje de vivienda social de la ciudad, que se sitúa en 1,5%, frente al 15% de la media europea.

La promoción de la vivienda pública podría confrontarse con las nuevas normas que establecerá el Tratado Transatlántico. Según el informe de Ecologistas en Acción “La amenaza global asalta lo local. El TTIP en municipios y comunidades autónomas”, las empresas que posean tierras en una área en desarrollo podrían “reclamar una violación de la seguridad de la inversión si el ayuntamiento decide más  tarde aumentar la parte de la construcción de viviendas sociales o espacios verdes”. Unas nuevas normativas internacionales que incluso permitirían, según el investigador Thomas Fritz, “favorecer la presencia de centros comerciales en zonas que antes estuvieran protegidas en beneficio del comercio local”.

4-Un servicio público de limpieza

La candidatura de Ahora Madrid ganó las elecciones del 24-M con la promesa de recuperar la gestión pública de los servicios de basura e higiene de la ciudad. La alcaldesa Manuela Carmena siguió adelante con este compromiso y remunicipalizó dos plantas de secado de lodos provenientes de aguas residuales. Pero renunció a asumir la gestión pública del servicio de basuras y aceptó en marzo licitar estos contratos a empresas privadas.

La creación de una empresa pública de limpieza resultaría una tarea aún más complicada con la aprobación del TTIP. Éste pretende liberalizar los servicios públicos y garantizar así que las empresas puedan acceder a la gestión del sector de la limpieza y del tratamiento de residuos. Además, la voluntad de este tratado de homogeneizar las normas internacionales dificultaría que los municipios impongan unas condiciones exigentes de salubridad pública. Según el informe “La amenaza global asalta lo local”, el TTIP favorecería que “las grandes multinacionales sigan perpetuando su sistema de recogida de residuos, alejado del cuidado del medio ambiente y centrado en la lógica del lucro”.

A poques hores de reunir-se amb el president en funcions Mariano Rajoy, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimecres al matí que assisteix a la reunió d'aquesta tarda “amb tota la serenor”, però ha recordat que el dirigent espanyol “no ha estat atent als canvis polítics a Catalunya”. Després de mesos d'enfrontament i d'haver-se reunit amb els altres principals líders estatals, el dirigent català mantindrà aquest dimecres cap a les cinc de la tarda una reunió amb el president Mariano Rajoy.

“Nosaltres som els del referèndum. L'hem demanat setze vegades i això no ens impedirà que ho fem una altra vegada”, ha afirmat Carles Puigdemont durant la sessió de control parlamentari d'aquest matí. No obstant això, el líder de Junts pel Sí ha recordat que una consulta sobre la independència s'hauria d'emmarcar en una pregunta clara i que ja “no és el temps del pal i la pastanaga” en referència a la possibilitat que les forces independentistes pactin una reforma constitucional amb els partits estatals. “Estic al capdavant d'una majoria parlamentària independentista”, ha repetit en diverses ocasions el dirigent català.

El president ha volgut mostrar durant la seva intervenció la cara més dialogant del seu executiu, que ha qualificat com “el de la destresa”. “Ens hem reunit amb tots els líders polítics, amb diversos presidents autonòmics i amb dotze ambaixadors”, ha assegurat Carles Puigdemont. Aquest ha insistit en el fet de contraposar el caràcter constructiu del seu govern enfront de la paràlisi política que hi ha a Madrid després de les eleccions del 20-D.

Fer propostes que “puguin ser debatudes”

El líder del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha felicitat el president Puigdemont, ja que “demanant la reunió amb el president Rajoy ha fet un gran pas”. Però li ha exigit que en la reunió d'aquesta tarda “faci propostes que puguin ser debatudes”. Ha evocat així la possibilitat que abandoni el procés independentista i prioritzi qüestions com els vint-i-tres punts de greuges que va demanar el president Artur Mas a Mariano Rajoy quan es van reunir el juliol de 2014.

“Vostè es reuneix amb tothom, però arribar a acords amb aquells que pensen diferent que vostè això ja li costa bastant més”, ha retret el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, al president Puigdemont.

El referèndum és “una qüestió de correlació de forces”

El líder parlamentari de Catalunya Sí que és Pot, Lluís Rabell, ha recordat al dirigent català que per aconseguir una consulta sobre la independència pactada amb l'Estat cal reconstruir el consens entre la majoria de les forces polítiques catalanes sobre el dret a decidir. “Tinc la sensació que vostè està al capdavant d'un avió que va curt de benzina i que necessita aterrar. Aconseguir el referèndum és una qüestió de correlació de forces”, ha afirmat el portaveu de l'esquerra radical catalana.

“Molta gent agrairia un canvi de ritme i més acords i menys divisions”, ha declarat el número u del PSC, Miquel Iceta. Aquest ha recomanat, però, al president Puigdemont que “tingui present que amb el president Rajoy no trobarà cap suport”.

A pocas horas de reunirse con el presidente en funciones Mariano Rajoy, el president catalán, Carles Puigdemont, ha asegurado este miércoles por la mañana que asiste a la reunión de esta tarde “con toda la templanza”, pero ha recordado que el dirigente español “no ha estado atento a los cambios políticos en Catalunya”. Tras meses de desencuentro y después de haberse reunido con los otros principales líderes estatales, el dirigente catalán se reunirá este miércoles en torno a las cinco de la tarde con el presidente Mariano Rajoy.

“Nosotros somos los del referéndum. Lo hemos pedido dieciséis veces y esto no nos impedirá que lo hagamos otra vez”, ha afirmado Carles Puigdemont durante la sesión de control parlamentario de esta mañana. Sin embargo, el líder de Junts pel Sí ha recordado que una consulta sobre la independencia debería enmarcarse en una pregunta clara y que ya “no es el tiempo del palo y la zanahoria” en referencia a la posibilidad de que las fuerzas independentistas pactaran una reforma constitucional con los partidos estatales. “Estoy al frente de una mayoría parlamentaria independentista”, ha repetido en varias ocasiones el dirigente catalán.

El president ha querido mostrar durante su intervención la cara más dialogante de su ejecutivo, que ha calificado como “el del arreglo”. “Nos hemos reunido con todos los líderes políticos, con varios presidentes autonómicos y doce embajadores”, ha asegurado Carles Puigdemont. Éste ha insistido en contraponer el carácter constructivo de su gobierno frente a la parálisis política que hay en Madrid después de las elecciones del 20-D.

Hacer propuestas que “puedan ser debatidas”

Hacer propuestas que “puedan ser debatidas”El líder del Partido Popular en Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha felicitado al president Puigdemont de que “pidiendo la reunión con el presidente Rajoy ha hecho un gran paso”. Pero le ha pedido que en la reunión de esta tarde “haga propuestas que puedan ser debatidas”. Ha evocado así la posibilidad de que abandone el proceso independentista y priorice cuestiones como los veintitrés puntos de agravios que pidió el president Artur Mas a Mariano Rajoy durante su reunión en julio de 2014.

“Usted se reúne con todo el mundo, pero llegar a acuerdos con aquellos que piensan distinto que usted esto ya le cuesta bastante más”, ha reprochado el portavoz parlamentario de Ciutadans, Carlos Carrizosa, al president Puigdemont.

El referéndum es “una cuestión de correlación de fuerzas”

El referéndum es “una cuestión de correlación de fuerzas”El líder parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha recordado al dirigente catalán que para conseguir una consulta sobre la independencia pactada con el Estado hace falta reconstruir el consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas catalanas sobre el derecho a decidir. “Tengo la sensación de que usted está al frente de un avión que va corto de gasolina y que necesita aterrar. Conseguir el referéndum es una cuestión de correlación de fuerzas”, ha afirmado el portavoz de la izquierda radical catalana.

“Mucha gente agradecería un cambio de ritmo y más acuerdos y menos divisiones”, ha declarado el número uno del PSC, Miquel Iceta. Éste ha recomendado, sin embargo, al president Puigdemont de que “tenga presente que con el presidente Rajoy no encontrará ningún apoyo”.

El diputat de la CUP Albert Botran ha celebrat aquest dimarts que el pla de govern de Puigdemont, presentat aquest migdia, se centri en “revertir les retallades i situar el país a les portes de la República catalana”, però ha demanat al president català que demostri amb els pressupostos la seva voluntat d'acabar amb les retallades. El representant de l'esquerra anticapitalista ha assegurat que el seu partit “matisa des de l'escepticisme” el programa social de Junts pel Sí i que “seran els pressupostos en funció del què valoraran la línia del Govern”.

“És un èxit dels sindicats, les associacions de veïns i els moviments socials l'haver portat aquest govern a afirmar que cal acabar amb les retallades”, ha declarat aquesta tarda al Parlament el diputat de la CUP, subratllant el gir social de Convergència, que va arribar al poder el 2011 amb un discurs favorable a la reducció de la despesa pública.

Albert Botran ha recordat, però, que “cal dissenyar uns pressupostos desobedients, que no es circumscriguin als d'una comunitat autònoma espanyola”. La diputada de la CUP Mireia Vehí ha assenyalat, així mateix, que “no tots els problemes es resolen legislant i que el que cal és més voluntat política”, fent referència a les quaranta-cinc lleis que pretén desenvolupar el govern de Puigdemont durant aquesta legislatura.

La CUP també ha criticat la continuïtat del projecte BCN World i l'absència d'una renda mínima garantida per a tota la ciutadania en el discurs del president Puigdemont. Però s'ha mostrat confiada que les discrepàncies entre Convergència i Esquerra respecte a aquestes mesures serveixin perquè es respecti la posició de l'esquerra anticapitalista.

Pressupostos socials per acabar amb les retallades

El líder del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha mantingut un discurs més escèptic que el dels representants de la CUP. Tot i que ha reconegut que hi ha hagut un canvi en la retòrica del Govern, ha afirmat que “serà amb els pressupostos quan veurem si aquest gir social és real o no”. Ha reivindicat que la llei pressupostària no hauria de basar-se només en la desobediència, sinó també en incrementar els impostos per a les rendes més elevades i millorar la lluita contra el frau fiscal.

“El president Puigdemont vol revertir les retallades que va fer el seu predecessor, el president Mas”, ha criticat la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados. La diputada socialista ha qüestionat a més que es puguin aprovar quaranta-cinc lleis durant aquesta legislatura excepcional que, segons les previsions inicials de Junts pel Sí, hauria de durar només divuit mesos, dels quals ja han transcorregut cent dies. 

“Per què encara no tenim pressupostos?”

El diputat del Partit Popular, Enric Millo, ha criticat, per la seva banda, que el president Puigdemont hagi presentat el seu programa de govern cent dies després d'haver arribat al càrrec. “És la primera vegada que veiem un president que ens explica el que farà en lloc d'explicar-nos el que ha fet”, ha assegurat. I s'ha fet la pregunta de: “per què encara no tenim pressupostos?”.

Dubtes semblants ha expressat el portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, afirmant que “encara ens falten els pressupostos que són l'ABC de la política” i que els preocupa com els estan elaborant. “El que ha fet Puigdemont és deixar el país en mans de la CUP”, ha declarat el diputat de Ciutadans.

El diputado de la CUP Albert Botran ha celebrado este martes que el plan de gobierno de Puigdemont, presentado este mediodía, se centre en “revertir los recortes y situar el país a las puertas de la República catalana”, pero ha pedido al president catalán que demuestre con los presupuestos su voluntad de terminar con los recortes. El representante de la izquierda anticapitalista ha asegurado que su partido “matiza desde el escepticismo” el programa social de Junts pel Sí y que “serán los presupuestos en función de lo cual valorarán la línea del gobierno”.

“Es un éxito de los sindicatos, las asociaciones de vecinos y los movimientos sociales el haber llevado este gobierno a afirmar que hay que terminar con los recortes”, ha declarado esta tarde en el Parlament el diputado de la CUP, subrayando el giro social de Convergència, que llegó al poder en 2011 con un discurso favorable a la reducción del gasto público.

Albert Botran ha recordado, sin embargo, que “hay que diseñar unos presupuestos desobedientes, que no se circunscriban a los de una comunidad autónoma española”. La diputada de la CUP Mireia Vehí ha señalado, asimismo, que “no todos los problemas se resuelven legislando y que lo que hace falta es más voluntad política”, haciendo referencia a las cuarenta y cinco leyes que pretende desarrollar el gobierno de Puigdemont durante esta legislatura.

La CUP también ha criticado la continuidad del proyecto BCN World y la ausencia de una renta mínima garantizada para toda la ciudadanía en el discurso del presidente Puigdemont. Pero se ha mostrado confiada en que las discrepancias entre Convergència y Esquerra respecto a estas medidas sirvan para que se respete la posición de la izquierda anticapitalista.

Presupuestos sociales para terminar con los recortes

El líder del grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha mantenido un discurso más escéptico que el de los representantes de la CUP. Aunque ha reconocido que ha habido un cambio en la retórica del Govern, ha afirmado que “será con los presupuestos cuando veremos si este giro social es real o no”. Ha reivindicado que la ley presupuestaria no debería basarse solamente en la desobediencia, sino también en incrementar los impuestos para las rentas más elevadas y mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

“El president Puigdemont quiere revertir los recortes que hizo su predecesor, el president Mas”, ha criticado la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados. La diputada socialista ha cuestionado además que se puedan aprobar cuarenta y cinco leyes durante esta legislatura excepcional que, según las previsiones iniciales de Junts pel Sí, debería durar sólo dieciocho meses, de los cuales ya han transcurrido cien días. 

“¿Por qué aún no tenemos presupuestos?”

El diputado del Partido Popular, Enric Millo, ha criticado, por su parte, que el presidente Puigdemont haya presentado su programa de gobierno cien días después de haber llegado al cargo. “Es la primera vez que vemos a un presidente que nos explica lo que hará en lugar de explicarnos lo que ha hecho”, ha asegurado. Y se ha hecho la pregunta de: “¿por qué aún no tenemos presupuestos?”.

Dudas parecidas ha expresado el portavoz adjunto de Ciutadans, Fernando de Páramo, afirmando que “aún nos faltan los presupuestos que son el ABC de la política” y que les preocupa cómo los están elaborando. “Lo que ha hecho Puigdemont es dejar el país en manos de la CUP”, ha declarado el diputado de Ciutadans.

Josep Ramoneda (Cervera, 1949) és periodista, filòsof, escriptor i un dels referents del pensament progressista català. Va dirigir durant gairebé vint anys el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), però després de l'arribada de CiU al govern municipal de la ciutat, l'any 2011, va haver d'abandonar l'entitat. Des d'aleshores capitaneja la revista d'humanitats i economia La Maleta de Portbou i l'Escola Europea d'Humanitats..

En plena efervescència de la crisi de l'euro, Josep Ramoneda va publicar el 2012 l'assaig La izquierda necesaria. Era habitual sentir-li dir aleshores que “l'esquerra és més necessària que mai, però no se la troba”. Gairebé quatre anys després, Catalunya Plural l'entrevista en un moment en què els partits socialistes europeus segueixen en plena davallada, però en el qual també han sorgit alternatives, com Syriza a Grècia, Podemos a Espanya o En Comú i la CUP a Catalunya, que han permès l'arribada d'una esquerra alternativa a les institucions. Tanmateix, ell recorda que a aquestes alternatives encara els falta molt per consolidar-se, i sobretot per construir un programa diferent al de la socialdemocràcia clàssica.

Després de les últimes negociacions entre PSOE i Podemos sembla que l'opció d'un govern d'esquerres resulta impossible i que ens dirigim cap a noves eleccions. Per què el PSOE i Podemos no arriben a posar-se d'acord?

Si es mira objectivament el resultat de les eleccions del 20-D, només hi ha una opció de govern possible: el govern d’esquerres. PP i Ciudadanos no sumen i la gran coalició és impossible perquè suposaria la mort definitiva del PSOE. El socialisme espanyol està en una situació molt delicada i corre el risc de convertir-se en la Convergència del sud, un partit només d’Andalusia i d'Extremadura.

Pedro Sánchez ha evitat aquesta mort segura que suposaria la gran coalició. Però no ha tingut el coratge de desafiar els sectors de l’establishment del partit que encara viuen en la cultura del bipartidisme i no s’atreveixen a afrontar el difícil repte que seria conformar un govern d’esquerres. Com que les relacions internes del PSOE no li permeten sumar un govern d’esquerres, Sánchez ha acceptat el mite del centre i de la superació de la dreta i l’esquerra i ha aposta per sumar-se amb Ciudadanos. Però el PSOE oblida que el centre sol no suma mai. Les aliances acaben fent-se entre blocs, d’esquerres o de drets. I aquesta majoria acaba arrastrant el centre.

Què hauria de fer Podemos davant de la coalició PSOE-Ciudadanos?

És molt difícil per a Podemos sumar-se a un pacte amb Ciudadanos, ja que aquesta aliança representaria una fractura molt forta amb el seu electorat d’esquerres, que no voldria donar mai un vot a un partit de dretes com Ciudadanos, en alguns aspectes liberal però en d’altres més conservador que el PP.

Però si ho pensem fredament Podemos podria sortir-ne guanyant, en termes electorals, d’un govern PSOE-Ciudadanos. Aquest tindria una durada curta de dos o tres anys i a Podemos li quedaria tot l’espai de l’oposició d’esquerres. Guanyaria el temps necessari per consolidar-se orgànicament i per trobar el seu rol i el seu projecte, que continua sent molt indefinit i genèric. Però reconec que vendre aquests arguments al seu electorat no és fàcil. Ho podria justificar dient que es treu al PP i que s’obre una millor perspectiva de futur.

Quin creu que serà el partit de l’esquerra espanyola més perjudicat amb la repetició de noves eleccions?

Penso que tant el PSOE com Podemos perdran vots en el cas d’unes noves eleccions. I no els convé gens que n’hi hagi. En el cas de Podemos, hauria de començar a pensar que és fort allà on es presenta amb partits locals, com Catalunya, Galícia o el País Valencià. Però ho és menys quan es presenta sol i això l’hauria de fer reflexionar.

Per què el PSOE s’oposa amb tanta fermesa al referèndum?

Els socialistes espanyols creuen que permetre una consulta sobre la independència a Catalunya els enfonsaria electoralment a la resta d’Espanya. Però els bons resultats de Podemos a les eleccions generals han servit per trencar el tabú que fer una concessió a Catalunya et perjudica a la resta d’Espanya. Em sorprèn que els partits espanyols no hagin fet el mateix que el primer ministre britànic David Cameron amb el referèndum escocès. Si Rajoy hagués autoritzat una consulta el 2012, probablement l’hauria guanyat 70 a 30. Però si ara esperen tant, potser acabaran perdent.

La situació actual d’enfrontament entre el nacionalisme espanyol i el català es perllongarà durant els propers anys?

Aquesta mena d’empat etern s’ha de veure cap a on evoluciona. L’independentisme ha de tenir en compte que la seva única força és el vot dels ciutadans i que no disposa de cap mecanisme de coacció per imposar una sortida unilateral. Si demà el president Puigdemont proclamés la República catalana, no canviaria res i estaríem en el mateix punt en què estem ara. Però quan l’independentisme arribi al 55%, aleshores els partits espanyols hauran d’acceptar la idea d’un referèndum i ho faran quan ja sigui massa tard pels seus interessos. Però no està escrit enlloc que l’independentisme arribi a aquest 55% i ara s’endinsa en una fase molt complicada.

En què consisteix aquesta situació complicada de l’independentisme?

El govern català segueix venent al públic que arribaran a la independència en divuit mesos. Però com explicaran durant la primavera del 2017 als seus electors que no hi ha hagut una desconnexió? En algun moment ho hauran de reconèixer a la ciutadania i això provocarà problemes en el si de l’independentisme. S’ha presentat a la CUP com el gran problema de la majoria independentista, però el gran problema és la disputa entre Esquerra i Convergència per l’hegemonia de l’independentisme. I el dia en què pugi la tensió la unió entre aquests dos partís es trencarà.

En Comú, Podem i Iniciativa estan construint un nou partit d’esquerres que aspiraria a governar Catalunya. És una hipòtesi factible?

En aquests moments es planteja a Catalunya qui es farà amb l’hegemonia de l’esquerra. La va tenir durant molts anys el PSC, però aquest ha deixat de ser un partit imprescindible en l’escenari polític català. Ara la lluita és entre Esquerra Republicana i En Comú. En anar junts amb Convergència a les eleccions del 27-S, ERC va cometre un error monumental i s’està allunyant de l’espai de l’esquerra. A més, va perjudicar-los la investidura final de Puigdemont que va evitar unes noves eleccions en què ERC s’hagués presentat per separat i probablement hagués guanyat a Convergència. Aquestes dificultats d’ERC fan que En Comú tingui moltes possibilitats de fer-se amb l’hegemonia de l’esquerra catalana.

Deixant de banda Catalunya i Espanya, en quina situació es troba actualment l’esquerra europea?

Seguim en plena davallada de la socialdemocràcia que va començar durant els anys vuitanta, quan es va trencar el consens socialdemòcrata i es va imposar el mal anomenat model de governança neolliberal. Des d’aleshores la socialdemocràcia no ha trobat un discurs alternatiu. Ho simbolitza la figura de Tony Blair, que va vendre el discurs de la tercera via com la gran solució. Però en realitat era l’acceptació del marc ideològic i cultural inspirat en la nova ortodòxia econòmica, que predominava des dels mandats de Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Aquesta promovia el discurs del no hi ha límits, de la desregulació generalitzada i de la ineficiència de l’estat.

A més, la crisi econòmica i les polítiques d’austeritat han generat unes fractures socials molt profundes i han generat un malestar molt gran, capitalitzat per l’extrema dreta en la majoria de països. L’esquerra ha tardat moltíssim a reaccionar i l’extrema dreta s’està apropiant de les classes populars que s’han sentit abusades. Per exemple, a França bona part de l’electorat comunista vota ara el Front Nacional.

Una de les raons de la crisi de la socialdemocràcia és la fractura de les classes mitjanes.

La crisi ha acabat amb la utopia de l’època anterior a la crisi que deia que tots conformem una immensa classe mitja. Com ho explica la sociòloga Marina Subirats, la majoria formàvem part d’una gran classe mitjana, en què uns anaven a Zara i uns altres a Louis Vuitton, però tots érem classe mitjana. La crisi ha fet que aquesta classe mitjana s’hagi partit per la meitat. Alguns ho han perdut tot i han tornat a veure un abisme econòmic i en canvi uns altres han conservat la feina i se n’han sortit bastant bé, ja que la inflació ha baixat.

Aquesta fractura de la classe mitjana em preocupa molt. La por és molt eficaç i hi han persones que tenen por de perdre-hi encara més. Aquesta por pot consolidar la cultura de la indiferència. Pot afavorir l’establiment d’unes societats escèptiques, que contemplen d’una manera acrítica i distant els dirigents polítics i que converteixen en una assumpció fatalista la democràcia, que consisteix a votar cada quatre anys. Això ens portaria al capitalisme post-democràtic i al totalitarisme de la indiferència.

Però han sorgit alternatives com el 15-M, Podemos, Syriza o el lideratge de Jeremy Corbyn en el partit laborista britànic.

Fenòmens com el de Podemos, Jeremy Corbyn o Bernie Sanders són interessants perquè són simptomàtics d’un malestar general. Però encara els falta molt per consolidar-se i adquirir una certa dimensió. Vivim en uns temps molt ràpids i viurem sovint fenòmens emergents que decauran amb la mateixa velocitat amb què han pujat. El més sorprenent d’aquests processos d’indignació és que han permès que els moviments socials es convertissin en actors polítics. Això no entrava en la lògica del sistema, que contemplava els moviments socials perquè fessin soroll al carrer i creessin qualitat democràtica. Però sense que aquests es passessin de la ratlla. En el cas espanyol, hem vist com aquests moviments han fet el gest de disputar el poder polític i això ha canviat les regles del joc i ha provocat la ruptura d’un règim esgotat.

Però no acabo de veure que aquests processos d’indignació disposin d’un projecte diferent al de la socialdemocràcia clàssica, que s’adapti als temps actuals. No volen mirar de cara al fet que no hi ha res que garanteixi l'aliança contra natura entre capitalisme i democràcia. El món està ple de sistemes capitalistes que no tenen res de democràtic, com el capitalisme d’estat xinés o el capitalisme mafiós rus. I això ho hem de tenir en compte, perquè el sistema pot adoptar una forma suau i portar-nos cap a un model de governança, conegut com autoritarisme post-democràtic. La democràcia en el sentit fort de la paraula no estic segur que tingui una llarga vida per endavant.

Durant aquest últim any s’ha reduït la conflictivitat al carrer, et preocupa que la societat retorni a la mateixa cultura de la indiferència que hi havia durant els anys anteriors a la crisi?

Des que Podemos es va presentar a les eleccions europees amb un resultat inesperat, la conflictivitat social ha pràcticament desaparegut. Això té un aspecte positiu i és que demostra que la gent encara creu en la política. Però també té un altre factor més discutible, que és que ha desmobilitzat la societat. El pas dels moviments socials a la política institucional és molt complicat, ja que és un territori completament diferent. Amb el cas de Podemos i Barcelona En Comú, resulta interessant veure com per primera vegada s’estan situant en llocs de poder persones amb qui les elits econòmiques no havien parlat mai. Aquesta és una novetat positiva, però caldrà veure com s’adapten a aquest espai tan controlat i que no s’acabin convertint en un número de telèfon més.

Què en penses de la nova onada d’indignació a França, simbolitzada pel moviment Nuit Debout (Nit d'empeus)?

És una demostració més de la crisi dels partits socialdemòcrates. En un mateix moment li cauen totes al president Hollande. L’ala esquerra del partit l’obliga a retirar el seu projecte de reforma constitucional, el carrer es mobilitza en contra de la reforma laboral i el seu ministre d’economia, Emmanuel Macron, crea una plataforma per presentar-se a les eleccions presidencials de 2017 amb una línia social-lliberal. En aquest moment, el Partit Socialista francès potser no està a punt de desaparèixer, però és un exemple de llibre de l’enfonsament de la socialdemocràcia.

Josep Ramoneda (Cervera, 1949) es periodista, filósofo, escritor y uno de los referentes del pensamiento progresista catalán. Dirigió durante casi veinte años el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), pero con la llegada de CiU en el gobierno municipal de la ciudad en 2011 tuvo que abandonar la entidad. Desde entonces, está al frente de la revista de humanidades y economía La Maleta de Portbou y la Escuela Europea de Humanidades.

En plena vorágine de la crisis del euro, Josep Ramoneda publicó en 2012 el ensayo La izquierda necesaria. Era habitual escucharle decir entonces que “la izquierda es más necesaria que nunca, pero no se la encuentra”. Casi cuatro años después, Catalunya Plural lo entrevista en un momento en el que los partidos socialistas europeos siguen retrocediendo, pero en el que han surgido alternativas, como Syriza en Grecia, Podemos en España o En Comú y la CUP en Catalunya, que han permitido la llegada de una izquierda alternativa a las instituciones. Sin embargo, él recuerda que a estas alternativas todavía les falta mucho para consolidarse, y sobre todo para construir un programa diferente al de la socialdemocracia clásica.

Tras las últimas negociaciones entre PSOE y Podemos parece que la opción de un gobierno de izquierdas resulta imposible y que nos dirigimos hacia nuevas elecciones. ¿Por qué el PSOE y Podemos no llegan a ponerse de acuerdo?

Si se mira objetivamente el resultado de las elecciones del 20-D, sólo hay una opción de gobierno posible: el gobierno de izquierdas. PP y Ciudadanos no suman y la gran coalición es imposible porque supondría la muerte definitiva del PSOE. El socialismo español está en una situación muy delicada y corre el riesgo de convertirse en la Convergència del sur, un partido sólo de Andalucía y Extremadura.

Pedro Sánchez ha evitado esta muerte segura que supondría la gran coalición. Pero no ha tenido el coraje de desafiar los sectores del establishment de su partido que aún viven en la cultura del bipartidismo y no se atreven a afrontar el difícil reto que sería conformar un gobierno de izquierdas. Como las relaciones internas del PSOE no le permiten sumar un gobierno de izquierdas, Sánchez ha aceptado el mito del centro y de la superación de la derecha y la izquierda y ha apostado por aliarse con Ciudadanos. Pero el PSOE olvida que el centro solo no suma nunca. Las alianzas acaban haciéndose entre bloques, de izquierdas o de derechas. Y esta mayoría acaba arrastrando al centro.

¿Qué debería hacer Podemos ante la coalición PSOE-Ciudadanos?

Es muy difícil para Podemos sumarse a un pacto con Ciudadanos, ya que esta alianza representaría una fractura muy fuerte con su electorado de izquierdas, que no querría dar nunca un voto a un partido de derechas como Ciudadanos, en algunos aspectos liberal pero en otros más conservador que el PP.

Pero si lo pensamos fríamente Podemos podría salir ganando en términos electorales de un gobierno PSOE-Ciudadanos. Éste tendría una duración corta de dos o tres años y a Podemos le quedaría todo el espacio de la oposición de izquierdas. Ganaría el tiempo necesario para consolidarse orgánicamente y para encontrar su rol y su proyecto, que sigue siendo muy indefinido y genérico. Pero reconozco que vender estos argumentos a su electorado no es fácil. Lo podría justificar diciendo que se saca al PP y que se abre una mejor perspectiva de futuro.

¿Cuál crees que será el partido de la izquierda más perjudicado con la repetición de nuevas elecciones?

Pienso que tanto el PSOE como Podemos perderán votos en el caso de unas nuevas elecciones. Y no les conviene nada que las haya. En el caso de Podemos, debería empezar a pensar que es fuerte allí donde se presenta con partidos locales, como Catalunya, Galicia o la Comunidad Valenciana. Pero lo es menos cuando se presenta solo y esto debería hacerle reflexionar.

¿Por qué el PSOE se opone con tanta firmeza al referéndum?

Los socialistas españoles creen que permitir una consulta sobre la independencia en Catalunya los hundiría electoralmente en el resto de España. Pero los buenos resultados de Podemos en las elecciones generales han servido para romper el tabú que hacer una concesión en Cataluña te perjudica en el resto de España. Me sorprende que los partidos españoles no hayan hecho lo mismo que el primer ministro británico David Cameron con el referéndum escocés. Si Rajoy hubiera autorizado una consulta en 2012, probablemente la habría ganado 70 a 30. Pero si ahora esperan tanto, quizás acabarán perdiendo.

¿La situación actual de enfrentamiento entre el nacionalismo español y el catalán se prolongará durante los próximos años?

Esta situación de empate eterno hay que ver hacia dónde evoluciona. El independentismo debe tener en cuenta que su única fuerza es el voto de los ciudadanos y que no dispone de ningún mecanismo de coacción para imponer una salida unilateral. Si mañana el presidente Puigdemont proclamara la República catalana, no cambiaría nada y estaríamos en el mismo punto en el que estamos ahora. Pero cuando el independentismo llegue al 55%, entonces los partidos españoles deberán aceptar la idea de un referéndum y lo harán cuando ya sea demasiado tarde para sus intereses. Pero no está escrito en ningún sitio que el independentismo llegue a ese 55% y ahora se adentra en una fase muy complicada.

¿En qué consiste esta situación complicada del independentismo?

El gobierno catalán sigue vendiendo al público que llegarán a la independencia en dieciocho meses. ¿Pero cómo explicarán en la primavera de 2017 a sus electores que no ha habido ninguna desconexión? En algún momento deberán reconocerlo a la ciudadanía y esto provocará problemas en el seno del independentismo. Se ha presentado a la CUP como el gran problema de la mayoría independentista, pero el gran problema es la disputa entre Esquerra y Convergència por la hegemonía del independentismo. Y el día en el que suba la tensión la unión entre estos dos partidos se romperá.

En Comú, Podemos e Iniciativa están construyendo un nuevo partido de izquierdas que aspiraría a gobernar en Catalunya. ¿Es una hipótesis factible?

En estos momentos se plantea en Catalunya la cuestión de quién se hará con la hegemonía de la izquierda. La tuvo durante muchos años el PSC, pero éste ha dejado de ser un partido imprescindible en el escenario político catalán. Ahora la lucha es entre ERC y En Comú. Al ir junto con Convergència en las elecciones del 27-S, ERC cometió un error monumental y se está alejando del espacio de la izquierda. Además, le perjudicó la investidura final de Puigdemont que evitó unas nuevas elecciones en las que ERC se hubiera presentado por separado y probablemente hubiera ganado a Convergència. Estas dificultades de ERC hacen que En Común tenga muchas posibilidades de hacerse con la hegemonía de la izquierda catalana.

Dejando de lado Catalunya y España, ¿en qué situación se encuentra actualmente la izquierda europea?

Seguimos en plena crisis de la socialdemocracia que empezó durante los años ochenta, cuando se rompió el consenso socialdemócrata y se impuso el mal llamado modelo de gobernanza neoliberal. Desde entonces la socialdemocracia no ha encontrado un discurso alternativo. Lo simboliza la figura de Tony Blair, que vendió el discurso de la tercera vía como la gran solución. Pero en realidad era la aceptación del marco ideológico y cultural inspirado en la nueva ortodoxia económica, que predominaba desde los mandatos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ésta promovía el discurso del no hay límites, de la ineficiencia del estado y la desregulación generalizada.

Además, la crisis económica y las políticas de austeridad han generado unas fracturas sociales muy profundas y han generado un malestar muy grande, capitalizado por la extrema derecha en la mayoría de países. La izquierda ha tardado muchísimo en reaccionar y la extrema derecha se está apropiando de las clases populares que se han sentido traicionadas. Por ejemplo, en Francia buena parte del electorado comunista vota ahora al Front Nacional de Marine Le Pen.

Una de las razones de la crisis de la socialdemocracia es la fractura de las clases medias.

La crisis ha terminado con la utopía de la época anterior a la crisis que decía que todos conformamos una inmensa clase media. Como lo explica la socióloga Marina Subirats, la mayoría formábamos parte de una gran clase media, en la que unos iban a Zara y otros a Louis Vuitton, pero todos éramos clase media. La crisis ha hecho que esta clase media se haya partido por la mitad. Algunos lo han perdido todo y han vuelto a ver un abismo económico y en cambio otros han conservado el trabajo y las cosas les van bastante bien, ya que la inflación ha bajado.

Esta fractura de la clase media me preocupa mucho. El miedo es muy eficaz y todavía hay personas que tienen miedo de perder aún más. Este miedo puede consolidar la cultura de la indiferencia. Puede favorecer el establecimiento de unas sociedades escépticas, que contemplan de una manera acrítica y distante los dirigentes políticos y que convierten en una asunción fatalista la democracia, que consiste en votar cada cuatro años. Esto nos llevaría al capitalismo post-democrático y al totalitarismo de la indiferencia.

Pero han surgido alternativas como el 15-M, Podemos, Syriza o el liderazgo de Jeremy Corbyn en el partido laborista británico.

Fenómenos como el de Podemos, Jeremy Corbyn o Bernie Sanders son interesantes porque son sintomáticos de un malestar general. Pero todavía les falta mucho para consolidarse y adquirir una cierta dimensión. Vivimos en unos tiempos muy rápidos y viviremos a menudo fenómenos emergentes que decaerán con la misma velocidad con la que han subido.

Lo más sorprendente de estos procesos de indignación es que han permitido que los movimientos sociales se conviertan en actores políticos. Esto no entraba en la lógica del sistema, que contemplaba los movimientos sociales para que hicieran ruido en la calle y crearan calidad democrática. Pero sin que estos se pasaran de la raya. En el caso español, hemos visto cómo estos movimientos han hecho el gesto de disputar el poder político y esto ha cambiado las reglas del juego y ha provocado la ruptura de un régimen agotado.

Pero no acabo de ver que estos procesos de indignación dispongan de un proyecto diferente al de la socialdemocracia clásica, que se adapte a los tiempos actuales. No quieren mirar de frente al hecho de que no hay nada que garantice la alianza contranatura entre capitalismo y democracia. El mundo está lleno de sistemas capitalistas que no tienen nada de democrático, como el capitalismo de estado chino o el capitalismo mafioso ruso. Y esto debemos tenerlo en cuenta, ya que el sistema puede adoptar una forma suave y llevarnos hacia un modelo de gobernanza, conocido como autoritarismo pos-democrático. La democracia en el sentido fuerte de la palabra no estoy seguro de que tenga una larga vida por delante.

Durante este último año se ha reducido la conflictividad en la calle, ¿te preocupa que la sociedad vuelva a la misma cultura de la indiferencia que había durante los años anteriores a la crisis?

Desde que Podemos se presentó a las elecciones europeas con un resultado inesperado, la conflictividad social ha prácticamente desaparecido. Esto tiene un aspecto positivo y es que demuestra que la gente todavía cree en la política. Pero también tiene otro factor más discutible, que es que ha desmovilizado la sociedad. El paso de los movimientos sociales a la política institucional es muy complicado, ya que es un territorio completamente distinto. En el caso de Podemos y Barcelona En Comú, resulta interesante ver como por primera vez se están situando en puestos de poder personas con las cuales las élites económicas no habían hablado nunca. Ésta es una novedad positiva, pero habrá que ver cómo se adaptan a este espacio tan controlado y que no se acaben convirtiendo en un número de teléfono más.

¿Qué piensas de la nueva ola de indignación en Francia, simbolizada por el movimiento Nuit Debout (Noche en pie)?

Es una demostración más de la crisis de los partidos socialdemócratas. En un mismo momento le caen todas al presidente Hollande. El ala izquierda del partido le obliga a retirar su proyecto de reforma constitucional, la calle se moviliza en contra de la reforma laboral y su ministro de economía, Emmanuel Macron, crea una plataforma para presentarse a las elecciones presidenciales de 2017 con una línea social-liberal. En este momento, el Partido Socialista francés quizás no está a punto de desaparecer, pero es un ejemplo de libro del hundimiento de la socialdemocracia.

Iniciativa Catalunya Verds (ICV) va escenificar aquest cap de setmana la renovació dels dirigents de l'esquerra ecosocialista a la XI Assemblea Nacional del partit. David Cid, Marta Ribas i l'eurodiputat Ernest Urtasun van prendre el relleu de Dolors Camats i Joan Herrera, que van dirigir la formació des de 2009. Aquest canvi en la direcció no representa només una simple renovació de cares, sinó també la voluntat d'ICV de construir un nou projecte polític, basat en el referèndum i la construcció d'una coalició d'esquerres que aspiri a governar Catalunya, seguint l'exemple de Compromís a la Comunitat Valenciana.

“Volem governar però volem passar de condicionar governs a liderar governs”, ha subratllat aquest diumenge David Cid durant el discurs de cloenda de l'Assemblea. La seva companya en la direcció de la formació, Marta Ribas, ha afegit que “aquesta legislatura ha nascut amb data de caducitat, estem a 15 mesos de guanyar les eleccions a Catalunya”. Segons la direcció ecosocialista, el futur polític català es dirimirà entre la formació sorgida de la refundació de Convergència i la nova formació d'esquerres que estan construint ICV, En comú, Podem, Equo i Esquerra Unida, l'objectiu és “derrotar l'hegemonia de la dreta catalana ”, va afirmar Ribas.

Aposta pel referèndum

La construcció d'una coalició d'esquerres, reivindicada per ICV, vol aprofitar el “momentum” actual del procés independentista català. Després de la victòria d'En comú Podem, de la qual va formar part ICV, en les últimes eleccions generals a Catalunya, els dirigents ecosocialistes entenen que el sobiranisme torna a apostar pel referèndum. “Hem comès errors, però l'estratègia del referèndum era la acerrada”, va afirmar Joan Herrera aquest dissabte durant el seu discurs de comiat, “ara podem escoltar Artur Mas dient que potser hauríem de plantejar-nos el referèndum”, va afegir Herrera, que seguirà formant part de l'executiva d'ICV després de cedir el seu lideratge.

“No deixeu mai que us diguin que us heu integrar a un projecte de país. Sinó que serem nosaltres els que definirem com serà aquesta nova Catalunya”, va assegurar durant la seva intervenció a l''Assemblea Xavier Domènech, el portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats. Va afegir, a més, que les esquerres catalanes han de construir “el PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, del segle XXI”.

Coalició però “sense deixar de ser d'ICV”

La XI Assemblea d'ICV va comptar com a convidats amb Pablo Iglesias, Ada Colau i Mónica Oltra. Aquests tres referents de l'esquerra a l'Estat no només van repetir la mateixa imatge que va caracteritzar la campanya electoral de Podem i confluències del 20-D, sinó que també van escenificar la bona sintonia entre ICV, Podem i En Comú. “Evidentment ningú ha de sacrificar qui és”, va afirmar l'alcaldessa de Barcelona, apaivagant així les tensions provocades per les diferents fórmules que defensa cada formació per a la construcció del nou partit d'esquerres. Mentre que els membres d'En comú defensen un model similar a l'adoptat durant les eleccions municipals, en què els membres de Barcelona En Comú van relegar les sigles del seu partit a favor de la coalició, els dirigents d'ICV i Podem prefereixen el model de la cooperativa, que permetria que cada partit conservés les seves sigles.

“Ada Colau representa el simbolisme i l'atracció, Podem és la repolitització de la gent a la qual l'esquerra no havia arribat i ICV expressa la preparació dels seus quadres, l'experiència parlamentària i la capacitat d'elaborar un discurs plural”, va assegurar Joan Herrera , elogiant la diversitat d'identitats d'aquests partits. Un missatge semblant va transmetre Pablo Iglesias aquest dissabte durant la reunió amb els cercles catalans. “Heu demostrat que a Catalunya hi havia un espai polític de la gent humil i crec que aquest tresor és el vostre, dels militants de Podem a Catalunya”, va afirmar el secretari general de Podemos. “Seríem molt maldestres si aquest espai ha de renunciar als diferents grups que el conformen”, va afegir.

Malgrat expressar la seva voluntat de respectar totes les identitats, Ada Colau va afirmar que “hem de obrir-nos i treballar per construir un nou espai comú que desbordi la societat”. Això demostra que el debat entre les diferents formacions segueix obert. EUiA -el soci històric d'ICV- va anunciar dissabte que celebrarà a finals d'octubre la seva Assemblea Nacional. La construcció del PSUC del segle XXI ha fet un pas endavant, però sembla que encara va per a llarg.