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Puigdemont sitúa como prioridad del Govern revertir los recortes de las anteriores legislaturas

Puigdemont expondrá a Rajoy el proceso soberanista y los "incumplimientos" del Estado

Arturo Puente

El pretendido giro social que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiere imprimir en esta nueva legislatura ha tenido su puesta de largo este martes, en la presentación del plan de gobierno para la legislatura, coincidiendo con los primeros 100 días de la formación del Ejecutivo. Puidemont ha fijado como máxima prioridad revertir los recortes sociales, la mayoría de ellos llevados a cabo por su predecesor en el cargo, Artur Mas, además de dejar a Catalunya “a las puertas del Estado propio”, esto es, con las llamadas estructuras de estado listas para ponerse en marcha.

El president ha presentado un plan de gobierno que prevé la aprobación de hasta 45 leyes y 750 medidas ejecutivas, la mayoría de ellas vinculadas a la aprobación de nuevos presupuestos. Esta ambiciosa batería legislativa debería ser aprobada en 15 meses para ceñirse a lo que los independentistas se autoimpusieron como plazo para acabar la legislatura, lo que significaría aprobar un volumen de leyes similar al de la legislatura pasada pero en la mitad de tiempo.

Pese a eso, Puigdemont ha soltado lastre respecto a los plazos que debe durar su mandato, asegurando que no descarta una “prórroga técnica” después de los 18 meses, 15 a estas alturas. “No podemos ser prisioneros de una armadura en forma de calendario”, ha asegurado tras reconocer que “quizás se equivocaron” al asegurar que el independentista era un proceso de 18 meses.

El plan de Gobierno presentado por Puigdemont contempla tres ejes: el primero en el plano social y de Estado de Bienestar, un segundo de activación económica, centrado principalmente en el empleo, y el tercero respecto a la regeneración y buen gobierno. Todo ello incorporado bajo una lógica de legislatura “de transición”, que el Govern no abandona pese al reconocimiento en las últimas semanas de que la independencia no llegará antes de las próximas elecciones.

Sobre el plan social, los compromisos del Govern son los recogidos en el programa electoral de JxSí y los pactados con la CUP en el “plan de choque”. Puigdemont ha subrayado la voluntad de mejorar la Renta Mínima de Inserción, ampliando su cobertura y limitando sus trámites, mejorar la partida en becas comedor, desarrollar la ley de acceso universal a la sanidad ya anunciada por el Conseller de Sanitat o desplegar la ley antidesahucios catalana, impulsada como ILP por la PAH. Además ha marcado como “único marco de referencia” educativa la LEC y se ha vuelto a comprometer a reducir las listas de espera en la atención, prueba e intervención médica.

Todo este catálogo de medidas está vinculado a la aprobación de los presupuestos, unas cuentas que llegarán “durante las próximas semanas” al Parlament de la mano del vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, y de las que ha prometido “blindarán las partidas sociales y el Estado de Bienestar”.

Reunión de contenido con Rajoy

Respecto a la reunión que mantendrá este miércoles con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Puigdemont ha asegurado que acudirá con diversos objetivos. En primer lugar, explicarle la situación en el proceso soberanista que vive Catalunya, con el primer Parlament con mayoría absoluta independentista. Sobre el 'procés', el líder catalán reclamará diálogo entre gobiernos y negociar un referéndum sobre la independencia.

En el capítulo de la gestión, Puigdemont volverá a llevar los 23 puntos esgrimidos por Artur Mas en verano de 2014, también ante Mariano Rajoy. A aquellos puntos se le suman ahora otras cuestiones, como las leyes y medidas del Govern paralizadas en el Constitucional o en vías de paralizarse. “La judicialización de la política”, ha considerado Puigdemont, “no se está produciendo solo en el ámbito soberanista”, en referencia a los impuestos y medidas recaudatorias recurridas, o a la intención de llevar la ley antidesahucios al TC. Otro asunto espinoso que se tratará en Moncloa será el reparto del déficit entre comunidades autónomas, que Puigdemont ha calificado de injusto.

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